Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2012-00116-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Vulneración del derecho colectivo al goce del espacio público
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2012-00116-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 41001-23-31-000-2012-00116-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
18 de mayo de 2017
VULNERACIÓN DEL DERECHO COLECTIVO AL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO / VULNERACIÓN DEL DERECHO COLECTIVO A LA UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE BIENES DE USO PÚBLICO / VULNERACIÓN DEL DERECHO COLECTIVO A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / NEGLIGENCIA DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRA PÚBLICA - Puente peatonal Francisco de Paula Santander
[A]l no permitirse a la ciudadanía, la utilización de un puente, que une no solo a dos municipios, sino a toda una comunidad entera para el desarrollo cotidiano de sus actividades; el simple hecho del mal estado o deterioro que se encuentra el puente, sin que la autoridad encargada del mantenimiento y sostenimiento de aquel, haga las gestiones necesarias para su rehabilitación o conservación, ello constituye no sólo un uso indebido y negligente del espacio público, sino que además atenta contra la utilización y defensa de los bienes de uso público y defensa del patrimonio público (…) Siendo así, se hace patente (…) concluir que los municipios de Neiva y Palermo, desconocieron los “derechos colectivos al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la defensa del patrimonio público derivado de las condiciones de mal estado en que se hallaba el puente Francisco de Paula Santander”, como quiera que la administración fue negligente en la conservación y rehabilitación del citado puente y no adelantaron las gestiones necesarias para su recuperación en beneficio de la población en general, lo que era un deber que se radicaba en cabeza de ellas. Las cuales estaban en la obligación de hacerlo y no esperar el pronunciamiento de un juez de la república que los conminara al cumplimiento de ese deber, tal como aconteció en este caso.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 88 / LEY 105 DE 1993 - ARTÍCULO 17 / LEY 105 DE 1993 - ARTÍCULO 19 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 2 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 4 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 5 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 7 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 9 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 12 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 15 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 37 / LEY 715 DE 2001 - ARTÍCULO 76 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 243 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 244
NOTA DE RELATORÍA: La sentencia desarrolla el marco normativo y jurisprudencial de los derechos colectivos, especialmente en lo relacionado a la protección y defensa del espacio público y los bienes de uso público, al respecto ver la sentencia del 19 de noviembre de 2009, exp. 66001-23-31-000-2004-00955-01(AP), M.P. Marco Antonio Velilla Moreno, de esta Corporación.
VALORACIÓN CONJUNTA DEL MATERIAL PROBATORIO / VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA
[P]ara determinar el alcance probatorio de las fotografías (…) obligó a la Sala a analizar los otros medios probatorios traídos al expediente y apreciarlos en conjunto y de esta manera determinar si esas imágenes plasmadas en las fotografías aportadas representaban el estado actual del puente al momento de presentación de la acción popular (…) del análisis que en conjunto se ha efectuado de las distintas pruebas traídas al expediente, se demuestra que las fotografías (…) si corresponden al puente Francisco de Paula Santander, por lo que se les otorgará toda la eficacia probatoria que en derecho corresponde; las que aunadas a la prueba documental y testimonial antes valorados, concluye la Sala, que habían razones más que suficientes para que en este caso se accediera a la protección de los derechos colectivos vulnerados, tal como se hizo en la sentencia de primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la valoración conjunta del material probatorio en el proceso de acción popular, en relación al alcance de las fotografías como prueba documental, ver la sentencia del 20 de octubre de 2014, exp. 52001-23-31-000-2001-01371-02(AG), M.P. Enrique Gil Botero, de esta Corporación y la sentencia T-930A de 2012, de la Corte Constitucional.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 41001-23-31-000-2012-00116-01(AP)
Actor: CARLOS ALBERTO LADINO TORRES Y OTROS
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Y OTROS
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por el municipio de Neiva contra la sentencia de once (11) de abril de dos mil trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, disponiéndose en la parte resolutiva lo siguiente:
“PRIMERO: Prospera las excepciones de falta de legitimidad por pasiva propuesta por el instituto Nacional de Vías- INVÍAS.
SEGUNDO: No prosperan las excepciones propuestas por el apoderado del Municipio de Palermo, de falta de legitimidad por pasiva e inexistencia de violación a derecho alguno.
TERCERO: Declarar que los municipios de Neiva y Palermo han vulnerado los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público derivado de las condiciones de mal estado en que se halla el puente Francisco de Paula Santander.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena a los municipios de Neiva y Palermo: i) Adoptar en un plazo de un mes, contado a partir de la ejecutoria de la presente decisión, medidas de información permanente que den a conocer a los usuarios del puente, las condiciones en que se encuentra mientras se define su utilidad final; permitiendo o no su utilización, ii) Dar inicio al estudio pertinente, que conlleve a determinar el destino que debe dársele al mencionado Puente Francisco de Paula Santander; decisión final que debe ser adoptada en un plazo de tres meses y la cual debe contener el plazo final en que el uso del puente debe quedar finiquitado, permitiendo el paso peatonal si es del caso.
QUINTO: Condenase, en costas a los demandados, a favor de los demandantes. Liquídense. Para estos efectos, téngase como agencias en derecho la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente de conformidad a lo establecido en el acápite 3.2 del Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
SEXTO: Conformar un comité para la verificación del cumplimiento de lo decidido integrado además del Magistrado ponente, y las partes, por los Personeros municipales de Neiva y de Palermo; y por el Secretario de Vías e infraestructura del Departamento del Huila.
SÉPTIMO: En los términos consagrados en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, se ordena enviar a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO copia de la demanda, del auto admisorio de la misma y del presente fallo.
OCTAVO: Para los efectos del artículo 36 A de la ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 274 del CPACA, por secretaría se mantendrá el expediente por el término allí indicado; de no utilizarse el mecanismo previsto, se archivará el expediente una vez realizados los registros del caso.”
SÍNTESIS DEL CASO
Los señores Carlos Alberto Ladino Torres, Daniel Díaz Salgado y Sandra Patricia Luna Morera, promovieron demanda en ejercicio de la acción popular contra el municipio de Neiva, municipio de Palermo, departamento del Huila y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - al estimar que han violado los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad pública y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, por encontrarse el puente Francisco de Paula Santander que une al municipio de Neiva con el de Palermo en mal estado y con el fin de que se repare o diseñe una correcta infraestructura, que cuente con una zona peatonal, o en su defecto, se cierre definitivamente el referido puente.
ANTECEDENTES
Lo pretendido
El 24 de febrero de 2012, los señores Carlos Alberto Ladino Torres, Daniel Díaz Salgado y Sandra Patricia Morera, actuando en nombre propio, presentaron acción popular consagrada en el artículo 88 de la Carta Política, contra los municipios de Neiva y Palermo, departamento del Huila y el Instituto Nacional de Vías- INVÍAS-, al considerar que violaron los derechos colectivos a la moralidad administrativa , el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad pública y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, por encontrarse el puente Francisco de Paula Santander en mal estado y con el fin de que este se repare o se diseñe una correcta infraestructura, con el objeto que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
“1. Ordenar a los demandados ejecutar las acciones tendientes a reparar o diseñar una correcta infraestructura del Puente Francisco de Paula Santander, con una zona peatonal para quienes transitan a pie, para evitar riesgos latentes debido al estado actual del puente y protección a sus transeúntes.
2. De no proceder lo anterior, cerrar definitivamente el puente en comento, habida consideración que por la vía al centro del país, se encuentra otra ruta que no representa ningún riesgo para sus usuarios.”
Las partes demandantes sostuvieron como fundamentos de hecho de las pretensiones, que el puente vehicular Francisco de Paula Santander, que conecta la ciudad de Neiva con el municipio de Palermo, se encuentra en mal estado, toda vez que las láminas que protegen la superficie del puente se encuentran levantadas y otras sencillamente ya no están, de igual forma, porque presenta fallas en su estructura lo que implica un riesgo para la vida e integridad física de los transeúntes. Que las autoridades competentes no han ejecutado políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura, para evitar un posible desastre en el referido puente. Que el puente es de una sola calzada, carece de señalización, no se identifica quiénes o en qué sentido está la vía, cuál es el máximo de peso que soporta el puente, no cuenta con una zona peatonal, lo que constituye una clara conducta omisiva por parte de la autoridad encargada de tal actividad y un riesgo para quienes cruzan a pie el puente y para los vehículos que se movilizan en él.
2.2.- Trámite procesal relevante
Mediante auto del 20 de marzo de 2012 el Tribunal Administrativo del Huila admitió la demanda, providencia que fue notificada a las partes demandadas, al agente del ministerio público y al defensor del pueblo. De la misma manera se le dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 472 de 1998, en el sentido de informar a los miembros de la comunidad, sobre la existencia de la acción popular, a través de un diario regional con sede en la ciudad de Neiva. E igualmente se le comunicó de la existencia de este proceso a la Superintendencia de Puertos y Transporte, al Ministerio de Transporte y a las Personerías Municipales de Neiva y Palermo, por ser autoridades administrativas encargadas de proteger los derechos colectivos presuntamente desconocidos, violados o afectados.
El Instituto Nacional de Vías – INVÍAS – en escrito radicado el 3 de mayo de 2012, contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, afirmando que carecen de fundamento fáctico, jurídico, legal, constitucional y jurisprudencial y con relación a los hechos, manifiesta no constarles ninguno de ellos, por lo que deben probarse. Planteó las excepciones de i) falta de legitimación en la causa por pasiva, alegando que el puente objeto de la demanda no hace parte de la red de carreteras a cargo del INVÍAS; ii) inexistencia de responsabilidad, porque la citada entidad no tiene injerencia alguna sobre el mantenimiento, reparación e inversión en el puente Francisco de Paula Santander; iii) falta de requisitos sustanciales para la prosperidad de las pretensiones incoadas por la parte actora, dado que no se argumenta, ni se prueba la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos.
Por su parte el departamento del Huila en escrito radicado el 4 de mayo del mismo año, dio respuesta al libelo demandatorio, arguyendo que la infraestructura del antiguo puente Santander está dentro de la zona urbana del municipio de Neiva y la zona suburbana del municipio de Palermo, toda vez que el río Magdalena a esa altura es el límite natural entre dichos municipios. La red vial o carreteable que conduce al municipio de Palermo, está catalogada como red secundaria o de segundo nivel, la cual corresponde al departamento del Huila. Empero conforme a las cotas de ingeniería y delimitación se tiene que el tramo de red secundaria hacía el municipio de Palermo empieza o inicia en el K0+000 estación de servicio El Triángulo – Puente Cuisinde – Estación el Bote de la Electrificadora del Huila – Cruce Juncal Palermo -.
Por lo que explicó que de acuerdo a la problemática de movilidad que se ha presentado para peatones y el peligro que ofrece el cruce por el respectivo puente, el municipio de Neiva a través de la Secretaría de Vías e Infraestructura del municipio de Neiva y de Tránsito municipal de Neiva, procedieron a cerrar el antiguo Puente Santander, por seguridad para evitar pérdidas de vidas humanas y daños materiales en un posible evento de accidentes sobre el puente y para poder avaluar las condiciones reales de estructura y poder realizar un presupuesto de lo que cuesta rehabilitarlo.
Terminó diciendo que la presente acción carece de fundamento para su prosperidad respecto de la entidad que representa, toda vez, que no tiene competencia para intervenir directamente en los asuntos del nivel municipal, como es el caso de la presente acción, siendo la competencia en este evento del municipio de Neiva.
Por su parte, el municipio de Neiva en escrito presentado el 10 de mayo de 2012, mediante apoderada judicial, da contestación a la demanda, manifestando que en visita técnica realizada por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal al sector objeto de los hechos, se observó que el puente Francisco de Paula Santander se encuentra sin servicio debido a su regular estado, no obstante este hecho no impide a la comunidad, la comunicación con otros municipios de la región del occidente del departamento del Huila, teniendo en cuenta que existen en el mismo sector otras vías, entre ellas, la vía que conduce a la salida de Neiva – Bogotá, la cual se encuentra en óptimas condiciones para ser transitada.
Aseveró, que una vez consultado el SIG, advirtió que la ubicación del puente Francisco de Paula Santander, se encuentra situado en la línea limítrofe entre los municipios de Neiva y Palermo, situación que hace que se desconozca con certeza a quien corresponde la intervención del mismo.
Precisó que el puente es una obra construida con elementos estructurales metálicos, y dentro del diseño de la estructura no quedó contemplado las áreas para la circulación peatonal, la cual es imposible adaptar o acondicionar, por cuanto no brindaría seguridad a la comunidad que circula sobre el mismo.
Anotó que en la Secretaría de Cultura Departamental reposan archivos históricos en donde se consignó que el puente “Francisco de Paula Santander”, fue construido con recursos de la Nación y puesto en funcionamiento en la década de los 40.
Advirtiendo, que en el evento de corresponder a dicho municipio, es importante tener en cuenta la situación que atraviesan las entidades territoriales por la escasez de recursos necesarios para cumplir en un corto plazo con el plan de desarrollo y sumado a ello a que previo a la ejecución de toda obra se requiere que se encuentre inscrita en el Banco de Programas y proyectos, y contar con disponibilidad presupuestal y adelantar los trámites contractuales pertinentes.
Por último, se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, al considerar que no se vulneró ninguno de los derechos colectivos enunciados, toda vez que existe en el mismo sector otras vías de comunicación.
El municipio de Palermo también contestó la demanda, oponiéndose a la totalidad de las pretensiones incoadas por ser fáctica y jurídicamente improcedentes.
Con relación a los hechos consideró que el puente vehicular Francisco de Paula Santander sí conecta con la ciudad de Neiva y con el municipio de Palermo, pero que no es cierta la afirmación que se hace por parte del actor, en el sentido de que su estructura no ha sido reparada jamás.
Que es cierto que el puente presenta fallas en su estructura, que las láminas que protegen la superficie del puente se encuentran levantadas y otras sencillamente no están; pero alega la falta de legitimación por pasiva del municipio de Palermo, en razón a que no ha vulnerado ni puesto en peligro la seguridad de los habitantes de ésta región y tampoco es el competente para el mantenimiento, reparación y/o reconstrucción del citado puente, toda vez que el competente es el Departamento del Huila.
Señaló luego, que la pretensión que reclama la parte actora carece de motivación coherente y demostrativa del perjuicio inminente en que se encuentra la población, por lo que no es suficiente la enunciación de un interés colectivo, sino que se necesita se aporten las pruebas que conduzcan hacer notorio este hecho.
2.2.1. Audiencia de pacto de cumplimiento
Por auto de 12 de septiembre de 2012, se citó a las partes y al agente del Ministerio Público para que tuviese lugar la audiencia de pacto de cumplimiento de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, diligencia que se celebró el 3 de octubre de 2012, con la participación de los apoderados judiciales de las partes y del agente del Ministerio Público. Sin embargo, no llegaron a ninguna fórmula conciliatoria, razón por la cual se declaró fallida.
Tras haberse corrido el término de traslado para alegar de conclusión en primera instancia, las entidades demandadas reiteraron los argumentos expuestos en sus escritos de contestación de demandas. La parte demandante y el ministerio público guardaron silencio.
2.3.- La sentencia apelada
Surtido el trámite de rigor, y practicadas las pruebas decretadas el once (11) de abril de dos mil trece (2013), el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila – Sala Tercera de Decisión del Sistema Oral –profirió fallo de primera instancia en la que se decidió: (i) Declarar fundada la excepción de falta de legitimación por pasiva planteada por el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS; (ii) declaró infundadas las excepciones de falta de legitimidad por pasiva e inexistencia de violación a derecho alguno planteadas por el municipio de Palermo; (iii) declaró que los municipios de Neiva y Palermo han vulnerado los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la defensa del patrimonio público derivado de las condiciones de mal estado en que se hallaba el puente Francisco de Paula Santander y como consecuencia de lo anterior, ordenó a los citados entes territoriales, adoptar en el plazo de un mes, medidas de información permanente que dieran a conocer a los usuarios del puente, las condiciones en que se encuentra mientras se define su utilidad final, permitiendo o no su utilización y dar inicio al estudio pertinente, que conduzca a determinar el destino que debe dársele al puente Francisco de Paula Santander y la cual deberá contener el plazo final en que el uso del puente deberá quedar finiquitado, permitiendo el paso peatonal si es del caso.
El Tribunal encontró vulnerados los derechos colectivos al goce del espacio público; a la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la defensa del patrimonio público.
Para tomar esta decisión el Tribunal expuso entre otras consideraciones, lo siguiente:
“(…)
8.4.4. Derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.
“(…) En este punto cabe mencionar que al estudiar este derecho la Corte Constitucional ha manifestado que “Los bienes de uso público del Estado, tienen como característica ser inalienables, imprescriptibles e inembargables”, los cuales se distinguen fundamentalmente en que pertenecen a todos los habitantes del territorio nacional, y por ende deben estar a su permanente disposición.
Por lo anterior, el puente Francisco de Paula Santander es un bien público territorial, dado que está en permanente uso de todas las personas que se movilizan por él, de igual forma, constituye espacio público, teniendo en cuenta que satisface las necesidades urbanas colectivas.
Como el señor Oscar Eduardo Bermeo Peña, Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de la alcaldía de Neiva, señaló que en visita técnica realizada al sector del puente Francisco de Paula Santander, este se encuentra sin servicio debido a su regular estado (fl 72. C. 2), y al no haber prueba que determine lo contrario, se da por establecido que el puente se encuentra cerrado, no obstante, no se logra identificar que de tal hecho se desprenda una imposibilidad para gozar del espacio público, toda vez que la comunidad cuenta con otra vía de acceso a los municipios de Neiva y Palermo como se ha indicado en la prueba ya relacionada.
Sin embargo, en cuanto a la utilización del puente, se infiere que se ha visto truncada, por el mal estado en que se encuentra, conforme a las fotografías aportadas por el demandante (fls. 8 a 15 C.1), y conforme al testimonio de Helman González García, Profesional Universitario adscrito al Departamento de Planeación del municipio de Neiva, en el que indicó que el puente Santander cuenta con una estructura metálica de la edad que tiene el municipio de Neiva, el cual se ha dejado deteriorar. (fl. 158 C2). Así las cosas, la Sala procederá a proteger el derecho colectivo enunciado.
8.4.5. Derecho Colectivo a la defensa del patrimonio público.
“(…)
Como ya se indicó, el puente Francisco de Paula Santander es un bien público, el cual requiere de una especial protección por parte de los municipios demandados, los cuales deben garantizar la preservación del mismo, en aras de garantizarle a la comunidad los derechos adquiridos por la existencia de dicho bien.
En efecto, de las pruebas fotográficas (fls. 8 a 15 C1) se establece el estado en el que se encuentra el puente Santander, pues su piso se halla deteriorado lo que no permite un adecuado tránsito por él.
Oscar Eduardo Bermeo Peña, Director Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Neiva, señala que en visita técnica realizada al sector, se observa que el puente Santander se encuentra sin servicio debido al regular estado del mismo. (fls. 71 a 72 C2). Por lo que se infiere que el puente se encuentra en mal estado por lo que se protegerá el Derecho Colectivo enunciado.
“(…)”
La sentencia de primera instancia fue notificada mediante edicto fijado el 29 de abril de 2013 y desfijado el 2 de mayo del mismo año.
El recurso contra la sentencia
El municipio de Neiva interpuso oportunamente, el 7 de mayo de 2013, recurso de apelación contra la anterior decisión, con el fin de provocar su revocatoria y en su lugar se desestimen las pretensiones de la demanda.
Para sustentar su inconformidad, estimó que si bien el puente Francisco de Paula Santander no se encuentra en condiciones para ser transitado, no puede desconocerse que existe otra vía de comunicación, la de Neiva – Bogotá, que permite la circulación segura a los peatones y vehículos que por el sitio se desplazan.
Señaló a continuación que la Secretaría de Tránsito y Transporte de Neiva – hoy Secretaría de la Movilidad -, expidió la Resolución No. 03 de 2012, restringiendo temporalmente su paso en el sentido Oriente – Occidente, para la seguridad de quienes por allí transitan.
Que el municipio no ha sido ajeno a las medidas y obras que deben ejecutarse en el puente y se encuentra comprometido con los trabajos que deben efectuarse al mismo, siempre y cuando se cuente con el apoyo económico que el Departamento y el municipio de Palermo han ofrecido.
Que para la rehabilitación del puente, era necesario adelantar estudios de vulnerabilidad sísmica, que permitieran establecer las condiciones de la subestructura y superestructura del puente, que por su complejidad, requiere de profesionales especializados con los que no cuenta la administración, lo que implicaría la contratación de los mismos, previo el trámite presupuestal y contractual respectivo, lo que representa un costo de $ 1.500.000.000.oo.
Después de transcribir algunas sentencias del Consejo de Estado, finalizó diciendo que, si bien el puente Francisco de Paula Santander se encuentra sin servicio, tal situación no imposibilita el desplazamiento del peatón y la comunicación de la población en general con otros municipios, toda vez, que el sector cuenta con otra vía de acceso segura, como lo es la vía que conduce a la salida de Neiva – Bogotá, la cual se encuentra en buenas condiciones; razón por la cual, no hay violación alguna al goce del espacio público, toda vez que las medidas adoptadas se han dado para la protección de quienes circulan por dicho sector, sin que con ello se le estén vulnerando sus derechos.
En conclusión, el reproche del citado ente territorial se circunscribe a decir, que se deben revocar los numerales 3º a 5º de la parte resolutiva de la sentencia, al considerar que aquel no ha vulnerado los derechos colectivos al goce del espacio público; a la utilización y defensa de los bienes de uso público, y a la defensa del patrimonio público, pues como se ha manifestado, si bien el puente objeto de la presente acción, no está en buenas condiciones para ser transitado, lo cierto es que existe otra vía de comunicación, la vía Neiva – Bogotá, que permite la circulación segura a los peatones y vehículos en general; y que fue precisamente para brindar seguridad a quienes por allí transitan, que la Secretaría de Tránsito y Transporte – hoy Secretaría de la Movilidad -, que se restringió temporalmente el tránsito hacia el puente Francisco de Paula Santander en el sentido Oriente – Occidente y evitar así posibles accidentes.
2.5.- Trámite en segunda instancia
El recurso así interpuesto fue admitido el nueve (9) de julio de dos mil catorce (2014). Mediante providencia del treinta (30) de julio del mismo año, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y este emitiera concepto, los cuales guardaron silencio. Por auto del catorce (14) de marzo de dos mil dieciséis (2016), se decretó de oficio prueba de inspección judicial con intervención de perito sobre el puente vehicular Francisco de Paula Santander, con el fin de establecer los puntos relacionados en el citado proveído.
III.- CONSIDERACIONES
Sobre los presupuestos materiales de la sentencia de mérito
La Subsección es competente para resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 37 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de las acciones populares originadas en “actos, acciones u omisiones de las entidades públicas”; y procederá el recurso de apelación contra la sentencia que se dicte en primera instancia dentro del trámite de las referidas acciones – hoy medios de control -; correspondiéndole a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conocer en segunda instancia del citado recurso, cuando intervienen entidades del orden nacional o en aquella se ventilen asuntos contractuales o mediante las cuales se pretenda la protección del derecho colectivo a la moralidad administrativa., tal como lo prevé el artículo 13 del Acuerdo No. 99 de 1999 con las modificaciones introducidas por el artículo 1 del Acuerdo 55 de 2003, que a su vez fue adicionado por el acuerdo No. 117 del 2010.
Los señores Carlos Alberto Ladino Torres, Daniel Díaz Salgado y Sandra Patricia Luna Morera se encuentran legitimadas en la causa por activa, en razón a que el artículo 12 de la ley 472 de 1998, establece que “Podrán ejercitar las acciones populares: 1. Toda persona natural o jurídica (…) cuando adviertan que se presenta una acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares, que violen o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.
Los municipios de Neiva y Palermo, se encuentran legitimados en la causa por pasiva, por estar ubicado el puente Francisco de Paula Santander en jurisdicción de los citados municipios y ser las autoridades encargadas del mantenimiento del referido puente.
3.2.- Sobre la prueba de los hechos
Para demostrar la posible afectación de los derechos colectivos citados como vulnerados, en el expediente se encuentran, entre otras, las siguientes pruebas:
Los actores aportaron con la demanda en original y a color distintas fotografías tomadas al puente Francisco de Paula Santander – sentido Neiva – Palermo – con las que se pretende demostrar el estado que tenía el puente al momento de la presentación de la acción popular.
Documento suscrito el 30 de abril de 2012, por el Director Territorial (E) Huila del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS – donde certifica que el “tramo en donde se encuentra ubicado el puente vehicular Francisco de Paula Santander que conecta a la ciudad de Neiva con el municipio de Palermo, NO se encuentra en el inventario de las vías que pertenecen a la red de carreteras a cargo del INVIAS”.
Documento firmado el 2 de mayo de 2012, por el Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, dirigido al apoderado del departamento del Huila, donde le informa entre otras consideraciones que “…en reunión realizada para tratar el tema del antiguo Puente Santander, en el despacho del señor alcalde de Neiva, en la que participaron el director encargado de la regional del INVÏAS, Secretaría de Vías e Infraestructura del Departamento, Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Palermo, Secretaría de Vías e Infraestructura del municipio de Neiva y de Tránsito Municipal del mismo municipio…se concluye: Que en estos momentos el antiguo Puente Santander está en la zona urbana del Municipio de Neiva y la zona Suburbana del Municipio de Palermo…Que el municipio de Neiva a través de la Secretaría de Vías e Infraestructura del municipio de Neiva y de Tránsito Municipal del Municipio de Neiva, proceden a cerrar el Antiguo Puente Santander, primero por seguridad, para evitar pérdida de vidas humanas y daños materiales en un posible evento de accidente sobre el puente y segundo para poder evaluar las condiciones reales de estructura y poder realizar un presupuesto de lo que cuesta su rehabilitación…Una vez se realiza la evaluación por parte del municipio de Neiva y en la medida que el Departamento disponga de los recursos, se priorizan las obras mediante Convenio con los municipios de Neiva y Palermo…”
Comunicación fechada 10 de mayo de 2012, suscrita por el Director Departamento Administrativo de Planeación Municipal del municipio de Neiva, dirigida al Director del Departamento Administrativo Jurídico del mismo municipio, en donde le informa que, “…en visita técnica realizada al sector se pudo observar que el citado puente – Francisco de Paula Santander – se encuentra sin servicio debido al regular estado del mismo…Sin embargo, este puente no está impidiendo a la comunidad la comunicación a otros municipios de región del occidente del departamento del Huila, toda vez que existe en el mismo sector otras vías de comunicación que la comunidad pueden utilizar y desplazarse, entre ellas, la vía que conduce a la salida de Neiva – Bogotá, la cual se encuentra en óptimas condiciones para ser transitadas…”. – Se adjunta toma fotográfica-—
Acta de reunión 03 celebrada el 23 de noviembre de 2012 de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cusinde, donde se hicieron presentes representantes de la comunidad y del gobierno, en la cual se hace constar la situación actual del puente Francisco de Paula Santander y los compromisos adquiridos por los representantes de los entes del Estado que participaron en ella, para la rehabilitación del citado puente.
Documento suscrito el 21 de enero de 2013, por el Jefe Seccional de Tránsito y Transporte adscrito al Departamento de Policía del Huila, dirigido al Tribunal de instancia, en donde se hace una relación del registro de accidentes ocurridos en la zona urbana, rural y sobre el puente Santander, durante los últimos 6 meses, más concretamente durante el período comprendido entre el 30/06/2012 hasta el 31/12/2012.
TESTIMONIALES
Dentro del trámite del proceso, se recepcionaron los testimonios de los señores: Carlos Libardo Gómez Ramírez y Helman González García. El primero de los citados, rindió declaración en su condición de Secretario de Vías del municipio de Neiva, quien manifestó que el citado municipio tiene una corresponsabilidad frente al puente Santander, la cual le compete tanto a dicho municipio como al municipio de Palermo, debido a que el mismo se encuentra ubicado en la zona urbana de Neiva y suburbana de Palermo. Refirió que el puente Santander requiere que se le haga un diagnostico o un estudio de vulnerabilidad sísmica para determinar cuál es la intervención a adoptar, por lo que dijo que una vez se realice dicho estudio, el municipio de Neiva respaldará y cofinanciará lo que sea pertinente. Finalizó diciendo que la Gobernadora ha destinado una partida de $ 1.500.000 millones a través del OCAD para el puente Santander.
El otro declarante, Helman González García, quien para la época se desempeñaba como Profesional Universitario adscrito al Departamento de Planeación del municipio de Neiva, consideró que el puente Santander cuenta con una estructura metálica de la edad que tiene el municipio de Neiva, el cual se ha dejado deteriorar, no tiene circulación para peatones. Concluyó diciendo que si el puente se acondiciona, lo anterior generaría una situación de inseguridad, porque sería un escenario propicio para que la gente se suicidara.
La Sala quiere precisar, que si bien es cierto que por auto de 14 de marzo de 2016, esta Subsección ordenó la práctica de una inspección judicial con intervención de perito, con el objeto de determinar los puntos que allí se relacionaron, para cuyo efecto se comisionó a un Juzgado Administrativo del Circuito de Neiva; dicha prueba no alcanzó a practicarse por distintas razones, entre ellas (i) el perito exigía unos dineros por concepto de gastos de la experticia que no le fueron pagados por las partes; (ii) algunos de los sujetos intervinientes se opusieron a la práctica de la prueba, entre ellas el departamento del Huila, alegando que si bien es cierto esa entidad territorial no era la responsable de rehabilitar el “Puente Santander Antiguo”, toda vez que dicho tramo vial no está a cargo suyo, manifestó que “…habiendo obtenido los estudios para la rehabilitación del Puente Santander y la disponibilidad de los recursos económicos para la ejecución de la obra, el departamento del Huila celebró el Contrato número 1188 de 2015 con el Consorcio Puente Santander, cuyo objeto es la: Rehabilitación para tráfico liviano Puente Santander, K0+00 vía Neiva – Palermo, departamento del Huila, por valor de $ 1.552.242.791.oo.
Igualmente precisaron que el departamento del Huila suscribió el contrato de interventoría número 656 de 2016, con el ingeniero Víctor Guillermo Rodríguez Ramírez, cuyo objeto es: Interventoría técnica administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: Rehabilitación para tráfico liviano Puente Santander, K0+00 vía Neiva – Palermo, Departamento del Huila, por valor de $ 109.370.832.oo.
Para acreditar lo anterior la Gobernación del Huila, allegó copia auténtica de los referidos contratos y de las actas de inicio de los mismos.
De la misma manera el ingeniero Víctor Guillermo Rodríguez Ramírez – Representante legal del contrato de interventoría 656 de 2016 – presentó informe ejecutivo de obra número 1, acerca de las labores desarrolladas por el Contratista desde el 30 de agosto al 5 de octubre de 2016, en cumplimiento del contrato de obra número 1188 del 2015, referente a la rehabilitación para tráfico liviano del antiguo Puente Santander y aportando registro fotográfico sobre el estado en que se encontraba el puente y el estado actual del mismo.
3.3.- Problema jurídico
La Subsección deberá establecer, teniendo en cuenta los hechos probados y lo sustentando en el recurso de alzada, si, en el presente asunto se vulneraron los derechos colectivos a la moralidad administrativa, al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público y la seguridad y salubridad públicas y el acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública, como consecuencia de que el puente Francisco de Paula Santander que une al municipio de Neiva con el de Palermo, se encontraba en mal estado, lo que condujo a la protección de los citados derechos, ordenando la reparación o diseño de una correcta infraestructura, que cuente con una zona peatonal, o en su defecto, se cierre definitivamente el puente.
3.4. Análisis de la Subsección
Como en este caso, en la sentencia de primera instancia se consideró que los municipios de Neiva y Palermo Huila vulneraron los derechos colectivos al goce del espacio público; a la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la defensa del patrimonio público derivado de las condiciones de mal estado en que se hallaba el puente Francisco de Paula Santander y el recurso de apelación se contrae a cuestionar tales puntos, la Sala circunscribirá su estudio a esos aspectos, es decir, a determinar si se encuentra demostrada la violación o amenaza de los derechos colectivos que fueron protegidos por el a quo.
Es claro que la acción popular está consagrada en el artículo 88 de la Constitución como un instrumento procesal para la protección de los derechos e intereses colectivos. Esta disposición fue desarrollada por la Ley 472 de 1998, la cual señaló, en su artículo 2º, que las acciones populares son los “mecanismos procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos” y “se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.
De tal manera que la primera condición de procedencia de la acción popular se relaciona con la defensa de derechos e intereses colectivos, pues si no se invoca la acción popular no procedería. Es así como el artículo 88 de la Constitución señaló con claridad que el patrimonio público, la moralidad administrativa, el espacio público, la seguridad y la salubridad pública son derechos colectivos que pueden protegerse por medio de la acción popular.
De otra parte, el artículo 4° de la Ley 472 de 1998 dispuso que son derechos e intereses colectivos, entre otros, la moralidad administrativa (literal b), el "goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público" (literal d), la defensa del patrimonio público (literal e) y la seguridad y salubridad públicas (literal g). En este sentido, resulta evidente que la búsqueda del adecuado uso del espacio público constituye un interés de toda la colectividad y, al mismo tiempo, su goce y utilización es un derecho difuso cuya protección puede intentarse por cualquier persona. En consecuencia, la acción popular procede para proteger, preservar y restituir el espacio público que puede ser afectado por acción u omisión de autoridades públicas o particulares (artículo 9° de la Ley 472 de 1998).
En el sub lite tanto el demandante, como el Tribunal de instancia sostienen que el puente Francisco Paula Santander se encuentra cerrado por su evidente deterioro lo que ha imposibilitado su uso por la comunidad. A su turno, el demandado sostuvo que, aunque efectivamente está acreditado el mal estado del citado puente, no se vulneraron los derechos colectivos invocados por los demandantes, toda vez que la comunidad cuenta con otra vía de acceso a los municipios de Neiva y Palermo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 472 de 1998, la interpretación de los derechos colectivos se hará de acuerdo a como están definidos y regulados en la Constitución y las leyes.
El artículo 5º de la Ley 9 de 1989 define el espacio público como:
“[…] el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes”.
El Legislativo, dada su incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos, le otorgó al concepto del espacio público un grado de importancia tal, que decidió elevarlo a rango constitucional como derecho colectivo. En la ponencia presentada para primer debate ante la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, los miembros de la Comisión encargada manifestaron al respecto:
“La Comisión acogió la propuesta de algunos de los proyectos presentados a consideración de la Asamblea Nacional Constituyente, a fin de mantener la integridad y calidad del espacio público, de elevar a canon constitucional el principio de su prevalencia sobre el interés particular y el deber del Estado, las personas y la colectividad de enriquecerlo, mantenerlo, de impedir su deterioro y reparar su integridad y calidad, cuando se daña.
[…] El concepto de espacio público [...] hace relación no sólo a los bienes de uso público, sino a aquellos bienes de propiedad privada que trascienden lo individual y son necesarios para la vida urbana. Los antejardines, las zonas de protección ambiental, los escenarios privados a los cuales accede el público (como los teatros), caen bajo ese concepto que permite un manejo urbano en el que el elemento público y colectivo prevalece sobre el particular.
Igualmente, ésta Corporación refiriéndose al derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, ha dicho lo siguiente:
“(…)
De los artículos 63, 72, 82, 102, y 332 de la Constitución Política se deduce que se consideran bienes de dominio público los destinados al desarrollo o cumplimiento de las funciones públicas del Estado o los que están facultados al uso común (…) Y los bienes de uso público universal, igualmente conocidos como bienes públicos del territorio, son aquellos cuyo dominio resulta también del Estado pero su uso pertenece a todos los habitantes del territorio y están a su servicio permanente. Como ejemplo de ello se relacionan las calles, plazas, parques, puentes, caminos, ejidos, etc. A partir de tales características se impone que ninguna entidad estatal tiene sobre ellos la titularidad de dominio equivalente a la de un particular, por estar destinados al servicio de todos los habitantes. Sobre ellos el Estado ejerce básicamente derechos de administración y de policía, con miras a garantizar y proteger su uso y goce común, por motivos de interés general”.
De acuerdo con lo anterior, se tiene que entre los componentes de ese espacio público, entre otros, se destacan las plazas y plazoletas; las vías peatonales; las zonas de control ambiental, los separadores, los retrocesos, y otros tipos de franjas de terreno entre las edificaciones y las vías; los paseos y alamedas; los puentes y túneles peatonales.
En este orden de ideas se tiene que al no permitirse a la ciudadanía, la utilización de un puente, que une no solo a dos municipios, sino a toda una comunidad entera para el desarrollo cotidiano de sus actividades; el simple hecho del mal estado o deterioro que se encuentra el puente, sin que la autoridad encargada del mantenimiento y sostenimiento de aquel, haga las gestiones necesarias para su rehabilitación o conservación, ello constituye no sólo un uso indebido y negligente del espacio público, sino que además atenta contra la utilización y defensa de los bienes de uso público y defensa del patrimonio público, entendido que este concepto “… cobija la totalidad de bienes, derechos y obligaciones, que son propiedad del Estado y que se emplean para el cumplimiento de sus atribuciones de conformidad con el ordenamiento normativo. La defensa del patrimonio público, conlleva a que los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente, oportuna y responsable, de acuerdo con las normas presupuestales, evitando con ello el detrimento patrimonial”.
Por su parte, la Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones, dispone en su artículo 17 lo siguiente:
“Integración de la infraestructura distrital y municipal de transporte. Hace parte de la infraestructura Distrital Municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del Municipio, las instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos.
Parágrafo 1º.- En los casos en que se acometa la construcción de una vía nacional o departamental, su alterna, podrán pasar a la infraestructura municipal si reúne las características de ésta, a juicio del Ministerio de Transporte. ”. (…)
Artículo 19º.- Construcción y conservación. Corresponde a la Nación y a las Entidades Territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la presente Ley”.
Igualmente la Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias, preceptúa:
“Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:
(…)
76.4. En materia de transporte
76.4.1. Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa o indirectamente.
Las vías urbanas que forman parte de las carreteras nacionales seguirán a cargo de la Nación.
76.4.2. Planear e identificar prioridades de infraestructura de transporte en su jurisdicción y desarrollar alternativas viables”.
Con relación a la prueba documental de las fotografías se ha dicho que representan la imagen de terceros o de cosas, y que siendo documentos representativos, su apreciación y valoración puede lograrse por el reconocimiento que de ellas haga el autor del documento o si ello no es posible, pueden valorarse en conjunto con otros medios probatorios existentes en el expediente, tales como indicios, testimonios, documentos, etc, que permitan al juez con base en la sana critica hacer comparaciones y por ende otorgarles eficacia probatoria aquellas.
La jurisprudencia de la Sala, sobre el valor probatorio de aquellas ha sentado la siguiente posición: “Debe advertirse que para acreditar los daños ocasionados a la vivienda se aportaron con la demanda unas fotografías (fls. 12-17 c. 1 y 177-185 c. de pruebas), las cuales, sin embargo, no tienen mérito probatorio porque no existe certeza de que correspondan a los daños causados al inmueble de que se trata en este proceso, es decir, sólo son prueba de que se registró una imagen, pero no es posible determinar su origen, ni el lugar y la época en que fueron tomadas, dado que no fueron reconocidas por los testigos ni cotejadas con otros medios de prueba dentro del proceso.”
Así mismo, la Corte Constitucional refiriéndose a la fotografía como prueba documental, ha dicho que “…es un medio probatorio documental de carácter representativo, que muestra un hecho distinto a él mismo, el cual emerge del documento sin que tenga que hacerse un ejercicio de interpretación exhaustiva de su contenido. Esto significa que “la representación debe ser inmediata, pues si a simple vista la fotografía muestra una variedad de hechos posibles, ‘ella formará parte de la prueba indiciaria, ya que está contenida en la mente de aquél (el intérprete), y no en el objeto que la documenta’”, advirtiéndose en esta misma sentencia T-269 de 2012 que “el Juez debe valerse de otros medios probatorios, apreciando razonablemente el conjunto”, tal como dispone la preceptiva procesal penal. Al igual que otro documento y que el dictamen pericial, la fotografía es un medio que el juez está en la obligación de valorar dentro del conjunto probatorio, siguiendo las reglas de la sana crítica. Por ser un documento, se determinará si es privado o tiene las connotaciones para ser asumido como público y se verificará su autenticidad y genuinidad, conforme a la preceptiva correspondiente. El valor probatorio de las fotografías no depende únicamente de su autenticidad formal, sino de la posibilidad de establecer si la imagen representa la realidad de los hechos que se deducen o atribuyen, y no otros diferentes, posiblemente variados por el tiempo, el lugar o el cambio de posición, lo que, como se indicó, obliga al juzgador a valerse de otros medios probatorios y a apreciar razonadamente el conjunto”.
De tal manera, que para determinar el alcance probatorio de las fotografías relacionadas en el numeral 3.2. “Sobre la prueba de los hechos”, obligó a la Sala a analizar los otros medios probatorios traídos al expediente y apreciarlos en conjunto y de esta manera determinar si esas imágenes plasmadas en las fotografías aportadas representaban el estado actual del puente al momento de presentación de la acción popular.
Para la Sala es claro que todos los documentos relacionados, a excepción del acta de reunión de la junta de acción comunal, son documentos públicos porque fueron otorgados por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o con su intervención, por lo tanto se presumen auténticos en los términos del inciso 2º del artículo 243 del CGP, en concordancia con el inciso 2º del artículo 244 ejusdem.
Las anteriores pruebas documentales demuestran con claridad la ubicación del puente Francisco de Paula Santander y son contundentes al determinar que el referido puente para la época de presentación de la acción popular se encontraba en muy mal estado y que fue necesario su cierre preventivo para evitar accidentes y distintos funcionarios vinculados al departamento del Huila y a los municipios de Neiva y Palermo mostraron su voluntad de querer arreglar el puente.
Para la Sala es evidente la eficacia probatoria de los citados testimonios para acreditar los hechos en que se fundamentaron las pretensiones de la acción popular; en razón a que los dichos de los testigos son creíbles, porque provienen de personas vinculadas al municipio de Neiva y han tenido contacto directo con la situación actual que presentaba el puente Francisco de Paula Santander, al momento de instaurar la acción popular. Además, son singulares y contestes en sus dichos, porque están de acuerdo sobre el hecho fundamental por el cual rindieron declaración, que era la de corroborar el mal estado que presentaba el puente, lo que dio lugar a que se instaurara esta acción. Situación que es corroborada por las fotografías allegadas y la prueba documental arriba relacionada.
Los últimos documentos relacionados en el numeral 3.2., página 17, son de la misma naturaleza que los primeramente analizados, es decir, son documentos públicos porque fueron otorgados por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o con su intervención, por lo tanto se presumen auténticos en los términos del inciso 2º del artículo 243 del CGP, en concordancia con el inciso 2º del artículo 244 ibídem y con los cuales se está demostrando, reconociendo y ratificando el mal estado que presentaba el puente Francisco de Paula Santander. Lo que conllevó a las entidades territoriales correspondientes, a suscribir el contrato de obra y de interventoría para la rehabilitación y puesta en funcionamiento del puente Francisco de Paula Santander al servicio de la comunidad.
Pues bien, del análisis que en conjunto se ha efectuado de las distintas pruebas traídas al expediente, se demuestra que las fotografías visibles a folios 8 a 15 del cuaderno número 2, si corresponden al puente Francisco de Paula Santander, por lo que se les otorgará toda la eficacia probatoria que en derecho corresponde; las que aunadas a la prueba documental y testimonial antes valorados, concluye la Sala, que habían razones más que suficientes para que en este caso se accediera a la protección de los derechos colectivos vulnerados, tal como se hizo en la sentencia de primera instancia.
Siendo así, se hace patente que el sentenciador de primer grado no cometió desacierto, al concluir que los municipios de Neiva y Palermo, desconocieron los “derechos colectivos al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la defensa del patrimonio público derivado de las condiciones de mal estado en que se hallaba el puente Francisco de Paula Santander”, como quiera que la administración fue negligente en la conservación y rehabilitación del citado puente y no adelantaron las gestiones necesarias para su recuperación en beneficio de la población en general, lo que era un deber que se radicaba en cabeza de ellas. Las cuales estaban en la obligación de hacerlo y no esperar el pronunciamiento de un juez de la república que los conminara al cumplimiento de ese deber, tal como aconteció en este caso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E:
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, el 11 de abril de 2013, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase,
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente Sala
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Folios 190 a 212. C. Consejo de Estado.
Folios 1 a 6.c.1.
Folios 4 a 7. C. 1
Folios 1 a 6. C. 2
Folios 7 reverso, 13, 20, 28, 79 y 101. C.1.
Folios 30 a 32. C. 1.
Folios 43 a 45, ídem.
Folios 56 a 62, ídem.
Folios 80 a 83, ídem.
Folio 110 CD contentivo de la audiencia
Folios 213 y 214. C. 1.
Folios 215 a 221. C. Consejo de Estado.
Folio 236. C. Consejo de Estado.
Folio 238, ib.
Folios 240 y 241. C. Consejo de Estado.
Folios 8 a 15. C. 2.
Folio 39 C. 1.
Folios 46 a 48 ídem.
Folios 71,72, 73 ídem
Folios 159 a 163 ídem
Folio 168 idem
Ver CD contentivo de la audiencia de testimonios. Fl. 158, ib.
Folios 290 y 291. C. Consejo de Estado.
Ver folio 62. C. despacho comisorio.
Folios 306 a 308. C. Consejo de Estado y 74 a 76. C. despacho comisorio.
Folios 404 a 423. C. Consejo de Estado.
Folios 424 a 440, ib.
Continúa el artículo: “Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.”
Ver Gaceta Constitucional No. 58, p. 38 y 39.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2009. Rad. 66001233100020040095501 (AP)
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2009. Rad. 2003-00013-01
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, sentencia de veinte (20) de octubre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 52001-23-31-000-2001-01371-02(AG)
Corte Constitucional, Sentencia T-930A/13
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