Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2012-00098-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada: requisitos/ RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN PRIMA TÉCNICA POR…
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2012-00098-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2012-00098-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
14 de junio de 2018
COMPETENCIA DEL JUEZ EN SEGUNDA INSTANCIA - Límites / RECURSO DE APELACIÓN – Alcance / COSA JUZGADA RESUELTA EN AUDIENCIA INICIAL – No puede ser objeto de análisis en segunda instancia
La competencia del fallador de segunda instancia tiene unos límites temporales y de fondo, pues solo puede estudiar la decisión que fue objeto de apelación y no aquellas decisiones adoptadas en otras etapas del proceso, como en la audiencia inicial, y que cobraron fuerza ejecutoria. Así como solo le es dable examinar los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos por el apelante contra la decisión recurrida, máxime si éste es el apelante único. En el caso bajo estudio, se observa que el demandado argumentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, señalando que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, frente a la sentencia que negó las pretensiones de la demanda concernientes entre otras, a la declaratoria de nulidad de la Resolución S00314 del 22 de febrero de 2000 por haber sido expedida en vigencia del Decreto 1724 de 1997 que, en forma taxativa excluye al nivel profesional del reconocimiento del incentivo económico de la prima técnica. Lo que de entrada torna improcedente el estudio de fondo del recurso de alzada con relación a este aspecto, dada la competencia que tiene el ad quem, por cuanto el demandado dentro de la contestación de la demanda, propuso la excepción de cosa juzgada, la cual fue declarada no probada en la audiencia inicial llevada a cabo el 14 de octubre de 2014, decisión contra la cual el demandado no interpuso recurso alguno, según consta en el acta de dicha diligencia. De lo anterior, la Sala concluye que la cosa juzgada alegada como excepción por el demandado, fue resuelta en etapa anterior, decisión que se encuentra debidamente ejecutoriada y que resulta improcedente estudiarla nuevamente.
EXPERIENCIA ALTAMENTE CALIFICADA – Alcance
La experiencia exigida debe ser adicional a la requerida para el desempeño del cargo y debe adquirirse en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica.El cumplimiento del requisito debe ser valorado por el Jefe del organismo, de acuerdo a la documentación que el interesado acredite. Por último, y de la simple estructura de la expresión, se deduce que no puede ser cualquier tipo de experiencia, pues ese sustantivo fue calificado por un adjetivo, el cual, a su turno, se refuerza con el adverbio «altamente». (…) no es suficiente con la simple antigüedad en el cargo, y que, en todo caso, en las entidades en las que se reconoce este beneficio ostentan competencia para regular las formas de acreditar el requisito en estudio, atendiendo, sin lugar a dudas, las exigencias establecidas en las normas de superior jerarquía. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, concepto 2081 de 2 de febrero de 2012, la Sala de Consulta y Servicio Civil
PRIMA TÉCNICA POR FORMACIÓN AVANZADA Y EXPERIENCIA ALTAMENTE CALIFICADA – Requisitos/ RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN PRIMA TÉCNICA POR FORMACIÓN AVANZADA Y EXPERIENCIA ALTAMENTE CALIFICADA -
Es importante destacar en atención al marco jurídico regulador de la prima técnica, que los requisitos para su reconocimiento son: Desempeñar cargos en propiedad, que los cargos sean ejercidos, entre otros, en el nivel directivo, asesor y ejecutivo, acreditar los requisitos exigidos para el desempeño del cargo, exceder los requisitos establecidos para el cargo que desempeñe el funcionario o empleado, acreditar título de estudios de formación avanzada y tres (3) años de experiencia altamente calificada ó terminación de estudios de formación avanzada y seis (6) años de experiencia altamente calificada.(…) En este orden ideas, conforme a la normatividad aplicable y las pruebas aportadas al proceso, resulta evidente que al señor Carlos Alfonso Sánchez Leyton no le asiste derecho al reconocimiento y pago de la prima técnica, en razón a que se desempeñó en el cargo de Profesional Universitario Código 20 Grado 13, el cual no está incluido dentro de los niveles fijados por las disposiciones normativas actualmente vigentes para el otorgamiento de la prima técnica.
FORMACIÓN AVANZADA / EXPERIENCIA ALTAMENTE CALIFICADA/ EQUIVALENCIAS
Teniendo en cuenta que el Acuerdo 0005 de 1994 establece que para tener derecho al disfrute de la Prima Técnica con requisitos por equivalencia se requiere tener experiencia profesional o en la investigación técnica o científica durante un término no menor de seis (6) años, según el parágrafo 1º artículo 2º del Decreto 1661 de 1991, revisada la documentación aportada la Sala colige que el demandado no cumplió con dicho requerimiento. Lo anterior por cuanto si bien se graduó como «Licenciado en Lingüística y Literatura» el 17 de octubre de 1986 y que acreditó 7 años de experiencia profesional a partir de dicha fecha, en los cuales desarrolló labores de archivo documentación o microfilmación, dicha experiencia no puede ser computada para el otorgamiento de la prima técnica, por cuanto las labores ejecutadas no encuadran dentro de las actividades de docencia e investigación que son las correspondientes al título obtenido, conforme al proyecto Educativo del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana que reposa en la página web de la demandada
FUENTE FORMAL : LEY 1437 DE 2011- ARTÍCULO 320 / LEY 1437 DE 2011- ARTÍCULO 328 / LEY 1661 DE 1991-ARTÍCULO 2 / DECRETO 2164 DE 1991 / ACUERDO 0005 DEL 27 DE 1994 / ACUERDO 007 DE 2001 / DECRETO 1335 DE 1999
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: SANDRA LISSET IBARRA VELEZ
Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 41001-23-33-000-2012-00098-01(3438-16)
Actor: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
Demandado: CARLOS ALFONSO SÁNCHEZ LEYTON
Asunto: Acción de lesividad – Reconocimiento prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada.
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Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la Sección de 17 de febrero de 2017, después de surtidas a cabalidad las demás etapas procesales y de establecer que no obran en el proceso irregularidades o nulidades procesales que deban ser saneadas, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 1° de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo del Huila que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
ANTECEDENTES
1.1 Pretensiones.
La Universidad Surcolombiana, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en modalidad de lesividad, presentó demanda con la finalidad de obtener la nulidad de la Resolución S00314 del 22 de febrero de 2000, por medio de la cual reconoció el pago de prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada al señor Carlos Alfonso Sánchez Leyton, desde el 1° de enero de 2000.
A título de restablecimiento del derecho, solicita condenar al demandado a restituir los dineros pagados desde el reconocimiento de la prima técnica y hasta la declaratoria de nulidad del acto acusado con la debida actualización, conforme lo establecen los artículos 177 y 178 de la Ley 1437 de 2011, así como al pago de las costas procesales.
1.2 Hechos.
La Sala resume los hechos de la demanda de la siguiente manera:
Se indicó, que mediante Acuerdo 005 de 27 de enero de 1994 el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana determinó el régimen de prima técnica de su planta de personal, el cual fue derogado por el Acuerdo 007 del 14 de febrero de 2001, que estableció que el citado beneficio se orientaría por las normas del nivel nacional para sus funcionarios administrativos.
Refirió, que el demandado se vinculó en 1974 a la Universidad Surcolombiana en un cargo del nivel asistencial, el cual ocupó en propiedad por más de 15 años. A partir del febrero de 1990 fue ascendido al empleo de «Coordinador» y posteriormente fue incorporado por proceso de restructuración por ascenso como «Profesional Universitario código 3020 grado 13», a partir del 1° de agosto de 1996, que para su ejercicio exige título profesional y un año de experiencia.
Adujo, que el accionado ostenta título de «Licenciado en Lingüística y Literatura» obtenido en octubre de 1986 y de «Profesional en Ciencia de Información, Bibliotecología y Archivística» otorgado en septiembre de 1999, el cual tiene relación directa con las funciones que desempeña.
Comentó, que el reconocimiento de la prima técnica otorgada en favor del demandado se realizó a través de la Resolución S00314 del 2000 y en cumplimiento de un fallo de tutela emitido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva el 11 de noviembre de 1999; en el que le fueron amparados los derechos de igualdad, petición, trabajo y negociación colectiva consagrados en la Constitución Política.
Señaló, que la designación de la prima técnica es ilegal por cuanto contraría el Decreto 1724 de 4 de julio de 1997, ya que para la fecha de su entrada en vigencia, el demandado no superaba los requisitos del cargo que desempeñaba para ser beneficiario de aquella, en cuanto a la experiencia altamente calificada y a los títulos de formación avanzada.
Mencionó, que la accionante previamente había demandado la nulidad del acto enjuiciado dentro del sub examine, proceso que fue conocido por el Tribunal Administrativo del Huila; que mediante sentencia del 20 de octubre de 2009 negó las pretensiones, la cual fue confirmada por el Consejo de Estado a través de fallo del 23 de junio de 2011, y cuyo concepto de violación se sustentó en que al momento de otorgamiento del beneficio salarial al demandado desempeñaba un empleo del nivel profesional, ante lo cual resultaba improcedente reconocerlo en su favor, por cuanto el Decreto 1724 de 1997 lo contempló únicamente para los cargos de los niveles directivo, asesor o ejecutivo.
Explicó, que en el presente proceso lo que sustenta las pretensiones es que el demandado incumplió los requisitos para ser beneficiario de la prima técnica para la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997, que su experiencia no fue calificada en debida forma al momento de otorgar dicho beneficio, y que el acto de su reconocimiento fue expedido sin atender los procedimientos y formalidades previstos para ello por el Decreto 1661 de 1991 y sus normas reglamentarias, ante lo cual no hay cosa juzgada.
1.3 Normas vulneradas y concepto de violación.
La parte demandante citó como disposiciones violadas las siguientes:
Los artículos 1° y 2° del Decreto 1661 de 1991, 6° del Decreto 2164 de 1991; y, 2° y 4° inciso 2° del Decreto 1724 de 1997.
Argumentó que el acto administrativo acusado fue expedido con desviación de poder, falsa motivación y vulneración de las normas en que debía fundarse.
Respecto de las dos primeras causales de nulidad invocadas, señaló que se configuran por cuanto el demandado no cumplía con el requisito de formación avanzada al momento en que le fue reconocida la prima técnica; toda vez que obtuvo el título de posgrado en junio de 2002 como «archivista», esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997, lo cual desconoce que dicho emolumento debe ser otorgado por la entidad al verificarse el cumplimiento de ciertas exigencias, dentro de las cuales se encuentra la de exceder los requisitos establecidos para el cargo susceptible del reconocimiento.
Argumentó, que de los requisitos establecidos como obligatorios para el goce y disfrute de la prima técnica en las normas del nivel nacional, es claro que el demandado tan solo cumple con estar vinculado en propiedad como profesional universitario a partir del 1º de agosto de 1996, y no acredita el requisito de superar los requisitos del cargo desempeñado, siendo improcedente reconocer el beneficio reclamado en su favor, máxime si se tiene en cuenta que al momento en que le fue otorgado la entidad demandante omitió efectuar la ponderación de su hoja de vida para determinar el porcentaje respectivo.
2. Contestación de la demanda.
Dentro de la contestación de la demanda, el demandado se opuso a la prosperidad de las pretensiones, señalando que el acto enjuiciado no se encuentra incurso en causal de nulidad por cuanto fue expedido por la autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones legales, con la suficiente motivación y con el objetivo de dar cumplimiento a lo previsto por el Decreto 1661 de 1991, por el cual se modifica el régimen de prima técnica, se establece un sistema para otorgar estímulos especiales a los mejores empleados oficiales y se dictan otras disposiciones.
Adujo, que en el presente caso operó la cosa juzgada por cuanto la pretensión de nulidad de la Resolución S00314 del 22 de febrero de 2000, mediante la cual fue reconocida prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada al demandado, fue objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Administrativo del Huila mediante la sentencia de fecha 20 de octubre de 2009, ratificada por el Consejo de Estado a través de fallo del 23 de junio de 2011, en los cuales fueron negadas las suplicas de la demanda.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia proferida el 1º de junio de 2016: i) decretó la nulidad del acto administrativo demandado; ii) denegó la pretensión de devolución de dineros percibidos por el demandado durante el término de vigencia de la resolución enjuiciada; y iii) condenó en costas a la parte accionada. Para estas decisiones señaló:
A la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997, el accionado no tenía el título de formación avanzada que excediera los requisitos del cargo que desempeñaba para ese momento, esto es, el de Profesional Universitario código 3020 Grado 13; cuyos requisitos mínimos conforme a la Resolución 3183 del 28 de junio de 1996, eran: título de formación universitaria o profesional en Bibliotecología, Informática y Documentación o Lingüística o Literatura y 1 año de experiencia profesional, toda vez que culminó el programa de especialización en archivística en junio de 2002.
Para el momento en que entró a regir el Decreto 1724 de 1997, el demandado contaba con más de 10 años de haber obtenido el título de licenciado en Lingüística y Literatura, y adicionalmente había ejercido el cargo de Coordinador código 5005 Grado 15, adscrito a la sección de Servicios Generales mediante la Resolución 2107 del 1º de julio de 1987, tomando posesión de dicho empleo en la misma fecha, el cual ocupó hasta el 11 de octubre de 1994 cuando fue nombrado como Profesional Universitario código 2040 grado 03 adscrito a la División de Personal.
La experiencia de 7 años acumulada por el demandado en el empleo de Coordinador código 5005 Grado 15, adscrito a la sección de Servicios Generales no puede ser computada como profesional para efectos de acceder a la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, debido a que dentro de dicho periodo no desarrolló actividades de docencia e investigación, sino a labores de archivo, documentación y microfilmación, las cuales resultan ajenas al programa académico cursado por el interesado.
En virtud de lo anterior, tampoco es posible acceder por equivalencia al reconocimiento de la prima técnica por cuanto el accionado incumple el requisito de contar con 6 años de experiencia profesional o en investigación técnica o científica conforme lo establece la reglamentación contenida en el Acuerdo 005 de 1994 expedido por la demandante para su otorgamiento, y menos aún a lo estipulado en el Decreto 1661 de 1991 donde aquella no corresponde a 6 años de experiencia profesional sino de experiencia altamente calificada.
Entendida como aquella que excede a la requerida para el ejercicio del empleo y a la adquirida por el funcionario en la ejecución de tareas que demandan aplicación de conocimientos altamente especializados con niveles de capacitación y practica distintos a los ordinarios o básicos, conforme fue señalado por esta subsección del Consejo de Estado en la sentencia del 15 de mayo de 2013 dictada dentro del proceso 2010-00196-01.
En lo concerniente a la cosa juzgada, señaló que dicha excepción fue resuelta en la audiencia inicial sin que la decisión de declararla no probada fuera recurrida por las partes del sub-lite; ante lo cual y por encontrarse en firme, resulta improcedente pronunciarse de nuevo sobre ella en la sentencia de primera instancia.
4. Recurso de apelación.
La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, dentro del cual formuló dos cargos tendientes obtener su revocatoria.
El primero de ellos lo sustentó señalando que, se configuran las condiciones para declarar configurada la cosa juzgada, por cuanto existe identidad de objeto entre el presente asunto y lo debatido en el proceso 2011-01134-00, en los que se pretende la nulidad de la Resolución S00314 del 22 de febrero de 2000, mediante la cual fue reconocida prima técnica por formación avanzada al demandado; y que a pesar de que fue objeto de pronunciamiento en la audiencia inicial, ello no obsta para que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre ella en el fallo que finiquite la controversia conforme lo establecen los artículos 187 inciso 2° y 189 de la Ley 1437 de 2011.
El segundo cargo lo planteó argumentando que, el demandado cumple los requisitos para el otorgamiento del beneficio económico pretendido, conforme fue reconocido por el Tribunal Administrativo del Huila y el Consejo de Estado en las sentencias proferidas el 20 de octubre de 2009 y el 23 de junio de 2011 dentro del proceso 2011-01134; ya que según lo previsto por el Decreto 1661 de 1991 y el Acuerdo 005 de 1994, acreditó estar vinculado en un empleo del nivel profesional y contar con 6 años de experiencia profesional, ante lo cual el acto enjuiciado es legal y respecto de su contenido no se configura ninguna causal de nulidad.
Alegatos en segunda instancia.
Dentro de esta etapa procesal únicamente la parte demandada allegó el escrito contentivo de las alegaciones de conclusión, en el cual reiteró los argumentos del recurso de apelación que interpuso.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Problemas Jurídicos.
De acuerdo a los motivos de oposición aducidos por el apelante, se extrae que en el sub-lite el problema jurídico se contrae a determinar, si resulta viable declarar probada la excepción de cosa juzgada en la sentencia a pesar de que respecto de ella el juez de primera instancia se pronunció en la audiencia inicial.
Luego de superar el anterior derrotero, la Sala se referirá a determinar si el demandado reúne los requisitos para el reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada conforme a la reglamentación establecida para ello en los Decretos 1661 de 1991 y 1724 de 1997, y en el Acuerdo 005 de 1994 expedido por la Universidad Surcolombiana.
2.2 De la cosa juzgada, su resolución en la audiencia inicial y su formulación dentro del recurso de apelación contra la sentencia.
Según lo manifestado dentro del recurso de apelación presentado por el demandado, fue posible establecer que la demandante instauró otra demanda dentro de la cual formuló la pretensión nulidad de la Resolución S00314 del 22 de febrero de 2000 por haber sido emitida en vigencia del Decreto 1724 de 1997 que excluye el beneficio de la prima técnica al nivel profesional al que pertenecía el demandado, correspondiendo al proceso con radicado 41001-23-31-000-2001-01134-00, de conocimiento del Tribunal Administrativo del Huila, dentro del cual se profirió sentencia el 20 de octubre de 2009, que negó las pretensiones de la demanda, la cual fue confirmada a través del fallo del 23 de junio de 2011 proferido por esta Subsección del Consejo de Estado con ponencia de la Doctora Bertha Lucía Ramírez de Páez.
Ahora bien y en lo concerniente a la cosa juzgada, debe señalar la Sala que es una institución jurídica procesal mediante la cual, se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y a otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, advirtiéndose que los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica.
El artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone:
«La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. (…). La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quién hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor. Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la formalidad del registro de acuerdo con la ley.»
El contenido de la norma citada revela que en esta jurisdicción, la figura de la cosa juzgada está atada a los efectos de la sentencia, por lo que si en ésta, se declara la nulidad de un acto administrativo, dicha determinación genera la cosa juzgada de manera general y para todos, esto es, erga omnes.
Mientras que, si en la sentencia se niegan las pretensiones de nulidad de un acto administrativo, se produce el fenómeno de la cosa juzgada pero únicamente en lo que atañe a la causa petendi, es decir, en lo que se refiere a los argumentos o motivos alegados en la demanda resuelta.
La importancia de este atributo de las sentencias judiciales, deviene de su propia finalidad, cual es la de conferir estabilidad, firmeza y certeza a las decisiones judiciales, evitando que el mismo asunto pueda ser debatido indefinidamente ante la jurisdicción.
Ahora bien, sobre la procedencia del recurso de apelación contra las sentencias, el artículo 247 del CPACA, establece:
«Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.
2. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior, quien decidirá de plano si no se hubiese pedido la práctica de pruebas. Si las partes pidieron pruebas, el superior decidirá si se decretan según lo previsto en este Código.
3. Recibido el expediente por el superior, si este encuentra reunidos los requisitos decidirá sobre su admisión.
4. Admitido el recurso o vencido el término probatorio si a él hubiere lugar, el superior señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días. Si el Magistrado Ponente considera innecesaria la celebración de audiencia ordenará, mediante auto que no admite recurso alguno, la presentación de los alegatos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de los veinte (20) días siguientes. En las mismas oportunidades concedidas a las partes para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene.NOTA: Texto subrayado HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48425" \l "623" Modificado por el art. 623, Ley 1564 de 2012.
5. En la audiencia de alegaciones y juzgamiento se aplicarán las mismas reglas establecidas para esa audiencia en primera instancia.
6. En la sentencia se ordenará devolver el expediente al juez de primera instancia para su obedecimiento y cumplimiento […]»
De lo anterior, se concluye que uno de los requisitos que la norma consagra para la procedencia del recurso de apelación, es la sustentación del mismo, esto es, la indicación de los motivos de inconformidad que pretende le sean estudiados por el Juez de segunda instancia, a través de los cuales busca llevar al convencimiento del ad quem, que los argumentos esgrimidos por el fallador de primera instancia deben ser modificados o revocados, bajo unas premisas fácticas y jurídicas.
Lo anterior va en concordancia con los artículos 320 y 328 del CGP, los cuales consagran la finalidad del recurso de apelación y la competencia del ad quem, bajo los siguientes términos:
«Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.»
«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
Conforme al contenido de las normas transcritas, es evidente que la competencia del fallador de segunda instancia tiene unos límites temporales y de fondo, pues solo puede estudiar la decisión que fue objeto de apelación y no aquellas decisiones adoptadas en otras etapas del proceso, como en la audiencia inicial, y que cobraron fuerza ejecutoria.
Así como solo le es dable examinar los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos por el apelante contra la decisión recurrida, máxime si éste es el apelante único.
En el caso bajo estudio, se observa que el demandado argumentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, señalando que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, frente a la sentencia que negó las pretensiones de la demanda concernientes entre otras, a la declaratoria de nulidad de la Resolución S00314 del 22 de febrero de 2000 por haber sido expedida en vigencia del Decreto 1724 de 1997 que, en forma taxativa excluye al nivel profesional del reconocimiento del incentivo económico de la prima técnica.
Lo que de entrada torna improcedente el estudio de fondo del recurso de alzada con relación a este aspecto, dada la competencia que tiene el ad quem, por cuanto el demandado dentro de la contestación de la demanda, propuso la excepción de cosa juzgada, la cual fue declarada no probada en la audiencia inicial llevada a cabo el 14 de octubre de 2014, decisión contra la cual el demandado no interpuso recurso alguno, según consta en el acta de dicha diligencia.
De lo anterior, la Sala concluye que la cosa juzgada alegada como excepción por el demandado, fue resuelta en etapa anterior, decisión que se encuentra debidamente ejecutoriada y que resulta improcedente estudiarla nuevamente.
Frente a este punto debe la Sala señalar que, las decisiones proferidas en la audiencia inicial, concretamente en este caso, en la etapa de excepciones previas (artículo 180-6 CPACA) se notifican en estrados como lo ordena el artículo 202 del CPACA, es decir, al declararse no probada la excepción de cosa juzgada, dicha providencia se notificó en estrados a las partes. Luego es en esta oportunidad procesal que se deben presentar los recursos procedentes, en caso de reparo contra la decisión. De lo contrario, el auto queda ejecutoriado y en firme, como ocurrió en el sub lite.
De allí que no sea posible un nuevo estudio posterior de dicho medio exceptivo, porque se entiende que ya fue resuelto mediante providencia debidamente ejecutoriada, contra la cual no se presentaron recursos.
Al respecto la Subsección A de esta Sección del Consejo de Estado ha señalado:
«Las decisiones tomadas en la audiencia inicial y en general, en la parte oral del proceso en vigencia de la Ley 1437 de 2011 tienen la misma validez y efectos de las providencias proferidas por escrito. Por ello, tanto el juez, como las partes, deben respetar el debido proceso, en la medida que las providencias dictadas en audiencia, se contradicen en esa etapa procesal y si las partes guardan silencio, se entiende que están conformes.
Lo precedente adquiere relevancia para no sorprender al juez en otra etapa del proceso o al ad quem, en el trámite del recurso de apelación, con debates o nuevos cuestionamientos respecto de decisiones ejecutoriadas y en firme en etapas procesales anteriores, cuyo objeto ya no es el estudio de las mismas.»
Precisado lo anterior, para la Sala en el presente caso es improcedente el estudio del argumento concerniente a la configuración de la cosa juzgada, conforme a las razones expuestas, sin embargo a continuación se referirá al segundo de los cargos propuestos contra la sentencia de primera instancia, dentro del recurso de apelación presentado por el demandado.
2.3 Requisitos para acceder a la Prima Técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada - Referencia específica al caso de la Universidad Surcolombiana.
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2º del Decreto Ley 1661 de 1991, uno de los dos criterios en virtud de los cuales se adquiere el derecho a devengar la prima técnica es el de «formación avanzada y experiencia altamente calificada», indicándose que se tendrían en cuenta requisitos superiores a los exigidos como mínimo para el ejercicio del cargo ocupado. En concreto este supuesto se reguló en los siguientes términos:
«(…) Criterios para otorgar Prima Técnica (…)
Título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo durante un término no menos de tres (3) años; o,
…
Parágrafo 1º. Los requisitos contemplados en el literal a) podrán ser reemplazados por experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo durante un término no menor de seis (6) años.
Parágrafo 2º. La experiencia a que se refiere este artículo será calificada por el jefe de la entidad con base en la documentación que el funcionario acredite.
(…)”.
Posteriormente, a través del Decreto 2164 de 1991, que reglamentó parcialmente el Decreto Ley 1661 de 1991, se precisaron los siguientes aspectos relevantes:
La prima técnica por este concepto se predica frente a personas que desempeñan cargos en propiedad, en los niveles ya referidos previamente. El título de formación avanzada puede reemplazarse por 3 años de experiencia, siempre que se acredite la terminación de estudios.
Por título universitario de especialización se entiende el obtenido en estudios de postgrado, durante mínimo un (1) año.
Finalmente, el artículo 7º del decreto ibídem confirió facultades al Jefe de la Entidad o Junta o Consejo Directivo o Superior, según sea el caso, de establecer con sujeción al Decreto ley 1661 de 1991, las necesidades del servicio, la política de personal y la disponibilidad presupuestal, los niveles, escalas o grupos ocupacionales, dependencias y empleos susceptibles de prima técnica.
En ejercicio de esta facultad, el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana profirió el Acuerdo 0005 del 27 de enero de 1994, por el cual se aplica el régimen de prima técnica a los empleados oficiales de la planta de personal.
Antes de señalar los aspectos principales de esa normativa, conviene advertir que en vigencia del artículo 1º del Decreto 1661 de 1991 tenían derecho a la prima técnica los funcionarios o empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público. El inciso 2º del artículo 1º del Decreto reglamentario 2164 de 1991, por su parte, dispuso que: «(…) También tendrán derecho los empleados de las entidades territoriales y de sus entes descentralizados. (…)». Normas estas de las que no cabe duda de que los empleados o funcionarios de la Universidad Surcolombiana, siempre y cuando acreditaran los requisitos legales, podían acceder a este beneficio.
El Acuerdo 0005 de 1994, en sus artículos 1º y 2º estableció lo concerniente a los empleos beneficiarios de la prima técnica y a los requisitos para dicho reconocimiento en los siguientes términos:
«Artículo 1º: Determinar que los cargos en propiedad, del nivel profesional, ejecutivo, asesor o directivo, de todas las dependencias de la Universidad Surcolombiana son susceptibles de asignación de la prima técnica, de acuerdo con los artículos 3º del Decreto 1661 de 1991 y 4º del Decreto 2164 de 1991.
Se exceptúan los cargos de Rector y Vicerrector de la Universidad y el de Secretario General, que están reglamentados respectivamente en los Decretos 1624 de 1991 y 046 de 1993.
Artículo 2º: A los empleados que desempeñen en propiedad los cargos de los niveles determinados en el artículo anterior, se les otorgará la prima técnica si reúnen alternativamente uno de los siguientes requisitos:
1º. Título de formación avanzada y tres (3) años de experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo, según el artículo 4º del Decreto 2164 de 1991.
2º. Equivalencia del título de formación avanzada y su correspondiente formación académica por tres (3) años de experiencia profesional específica o relacionada, según estipula el numeral 1º del Artículo 28 del Decreto 590 de 1993, concordante con el Parágrafo 1º artículo 2º del Decreto 1661 de 1991.
En todo caso para tener derecho al disfrute de la Prima Técnica con requisitos por equivalencia se requiere tener experiencia profesional o en la investigación técnica o científica durante un término no menor de seis (6) años, según el parágrafo 1º artículo 2º del Decreto 1661 de 1991.
PARAGRAFO: Para los empleados de que trata el éste Artículo y que soliciten la asignación de la prima técnica, se tendrá en cuenta solamente la experiencia que exceda la establecida para el desempeño del cargo, según el Artículo 6° del Decreto 1661 de 1991.»
A partir del contenido de las normas transcritas, es oportuno resaltar los siguientes elementos:
Los empleos susceptibles del reconocimiento de la prima técnica eran los del nivel profesional, ejecutivo, asesor o directivo de todas las dependencias de la Universidad Surcolombiana, siempre y cuando fueran desempeñados en propiedad.
Para su otorgamiento se requería acreditar título de formación avanzada y tres (3) años de experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo.
Se estableció una equivalencia para dicho reconocimiento, siendo necesario para ello tener experiencia profesional o en la investigación técnica o científica durante un término no menor de seis (6) años.
Los requisitos para acceder al beneficio son adicionales a los exigidos para el cargo que se ocupa.
Con posterioridad a este acto administrativo y con objeto similar, el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana profirió el Acuerdo 007 de 2001, por el cual se adopta el régimen de prima técnica de sus empleados, en el cual se señaló que de conformidad con lo establecido por el Decreto 1724 de 1997, aquel beneficio solo podrá reconocerse por cualquiera de los criterios existentes, a quienes estén nombrados con carácter permanente en un cargo de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o su equivalente en los diferentes órganos de la Rama Ejecutiva del poder público.
Ahora bien, el régimen de la prima técnica previsto en el Decreto Ley 1661 de 1991, reglamentado por el Decreto 2164 de 1991, fue modificado por el Decreto 1335 de 22 de julio de 1999 con el objeto de ajustarlo, principalmente, a los niveles beneficiarios en virtud de lo estipulado en el Decreto 1724 de 1997.
Finalmente, el artículo 1º del Decreto 2177 de 2006 estipuló que para adquirir la prima en estudio se requerían 5 años de experiencia altamente calificada y que no era válido compensar el título de formación avanzada por experiencia.
Efectuado el anterior recuento se detiene la Sala en el alcance de la expresión «experiencia altamente calificada». Con tal objeto, se verifica que de las normas generales pueden extraerse algunos aspectos relevantes, así:
La experiencia exigida debe ser adicional a la requerida para el desempeño del cargo y debe adquirirse en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica.
El cumplimiento del requisito debe ser valorado por el Jefe del organismo, de acuerdo a la documentación que el interesado acredite.
Por último, y de la simple estructura de la expresión, se deduce que no puede ser cualquier tipo de experiencia, pues ese sustantivo fue calificado por un adjetivo, el cual, a su turno, se refuerza con el adverbio «altamente». Al respecto, en el concepto 2081 de 2 de febrero de 2012, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado sostuvo que:
«(…)
La expresión “altamente calificada” como criterio para acceder a la prima técnica no es equivalente a la “experiencia profesional”. La primera alude a condiciones profesionales de excelencia que por razones de estudios, conocimientos, talentos, destrezas y habilidades, exceden los requisitos establecidos para ocupar un empleo. La experiencia profesional, en cambio, es una de las condiciones que junto con el requisito de estudio, forma parte del perfil de competencias que ordinariamente se requieren para ocupar el empleo.
(…)
La experiencia altamente calificada como criterio para acceder a la prima técnica puede haberse conseguido o completado en el ejercicio del cargo sobre el cual se está solicitando su reconocimiento o también en otros empleos públicos o privados. En todo caso debe tener la calidad de “calificada” a que se ha hecho referencia en la respuesta anterior.(…)».
En la parte motiva la Sala señaló, además, que no es suficiente con la simple antigüedad en el cargo, y que, en todo caso, en las entidades en las que se reconoce este beneficio ostentan competencia para regular las formas de acreditar el requisito en estudio, atendiendo, sin lugar a dudas, las exigencias establecidas en las normas de superior jerarquía.
Ahora bien, revisados los antecedentes judiciales proferidos por esta Corporación, se encontró que en algunas oportunidades se consideró que solo podía validarse por tal, la experiencia adquirida con posterioridad a la obtención de un título profesional de formación avanzada. Esta tesis se esgrimió en las sentencias de la Sección Segunda - Subsección B de 8 de marzo de 2012 y 14 de junio del mismo año, que indicaron, respectivamente, lo siguiente:
« (…) Conforme lo anterior, debe decirse que a partir del 26 de abril de 1996, fecha en que la demandante adquirió su título en formación avanzada, como Especialista en Derecho Administrativo, comenzó a contabilizar su experiencia altamente calificada la cual, en vigencia de los Decretos 1661 y 2164 de 1991, ascendía a 1 año, 2 meses y 9 días, lapso que no supera los 3 años requeridos por las referidas normas.
(…)».
«(…)
La Sala no pasa por alto, que cuando los Decretos 1661 y 2164 de 1991 exigen tres años de experiencia para el reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada se están refiriendo a experiencia altamente calificada con posterioridad al título de especialización, la cual de acuerdo con la Resoluciones (sic) 3682 de 1994 y 2227 de 2000, se acredita mediante: (…), circunstancia que, a juicio de la Sala, no fue satisfecha por la demandante, por cuanto, mediante la certificación (…) se verificó que la demandante contaba con 15 años de servicios a favor de la entidad demandada, no obstante la señora Gladys Niampira contaba con tan sólo 1 año y 4 meses de experiencia altamente calificada después de la obtención del título de formación avanzada, por lo que no superó los 3 años de experiencia altamente calificada requeridos con posterioridad al título de especialización (…)».
En pronunciamiento posterior, proferido por esta Subsección, se analizó del cumplimiento del requisito de la experiencia altamente calificada sin atenerse al momento en el que se adquirió el título de formación avanzada, pues, como allí se refirió, el interesado ni siquiera acreditó esa condición. Con tal objeto, se precisó que:
«(…) Así las cosas, a juicio de la Sala, resulta razonable que el literal a, del artículo 2 del Decreto 1661 de 1991 exija como mínimo 3 años de experiencia “cualificada” para efectos del reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, pues sólo en el desempeño de las funciones del cargo respecto del cual se exigen los anotados requisitos podrá el funcionario de que se trate adquirir la “experiencia altamente calificada”, la cual, en todo caso deberá ser calificada por el jefe del organismo.
(…)
Teniendo en cuenta lo anterior, y descendiendo al caso concreto, se advierte que el demandante sólo ocupó en propiedad el cargo de Profesional Universitario, código 3020, grado 12, respecto del cual hoy solicita el reconocimiento de una prima técnica, a partir de su inscripción en el escalafón de la carrera administrativa, esto es, del 4 de agosto de 1995 lo que le permite a la Sala afirmar, que al 4 de julio de 1997 fecha en que entró en vigencia el Decreto 1724 de 1997, el demandante no contaba con 3 años de experiencia altamente calificada respecto del empleo de Profesional Universitario, código 3020, grado 12, lo que le impedía a la administración ordenar el reconocimiento y pago de la prestación requerida.».
Más recientemente, en la providencia de 22 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda, Subsección A, se abordó un caso en el que se discutió el derecho a la prima técnica por formación avanzada en la DIAN, destacándose que con miras a determinar lo que debe entenderse por experiencia altamente calificada era válido analizar el alcance que, dentro del marco general y obligatorio, había dado la misma entidad. Al respecto, se puntualizó lo siguiente:
«(…)
5.4.- Finalmente, en cuanto al requisito de experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica, en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo, durante un término no menor de tres (3) años, para la Sala es claro que se encuentra satisfecho, por cuanto la actora acreditó más de 30 años de experiencia profesional en el sector hacendario, desempeñándose inicialmente en la Dirección General de Impuestos Nacionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y luego en la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
En la reglamentación que ha hecho la DIAN al respecto, se acepta como experiencia profesional altamente calificada la adquirida en dicho sector. Sobre el punto, el numeral 4 literal A. del artículo 5 de la Resolución No. 3682 de 1994 señaló:
“A.- EN CUANTO A LA EXPERIENCIA
Se entiende por tal, los conocimientos, las habilidades, y las destrezas adquiridas a través del ejercicio del empleo y la práctica profesional en el ejercicio de cargos en entidades públicas o privadas, y el ejercicio independiente de la profesión.
Será aceptada como experiencia profesional altamente calificada, en primer lugar, la adquirida en el desempeño de los cargos del sector hacendario (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Aduanas Nacionales, la Superintendencia de Control de Cambios y la actual Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). En segundo lugar, la adquirida en el desempeño de cargos públicos o privados con posterioridad a la terminación de los estudios universitarios y en tercer lugar, la experiencia anterior a la terminación de estudios universitarios en el sector privado o público, caso en el cual deberá ser calificada por el Director”. (Se destaca).
(…)”.
De lo hasta aquí referido, entonces, cabe concluir que la valoración del cumplimiento del requisito de experiencia altamente calificada exige tener en cuenta los supuestos que se derivan de los decretos citados, y la situación concreta del empleado en el marco de la entidad a la que se le solicita el reconocimiento, de cara a garantizar la finalidad que subyace al beneficio económico.
En este sentido, pese a que se está en presencia de un concepto con indeterminación lingüística por vaguedad, lo cierto es que las normas generales ofrecen pautas que deben advertirse por el funcionario judicial, resultando, además, de utilidad acudir a las normas internas de las entidades frente a las cuales se reclama el beneficio con la pretensión de concretar su entendimiento.
2.4 Del caso concreto.
Ahora bien, se procederá a analizar el material probatorio aportado al proceso, para determinar si el demandado cumplió con los requisitos consagrados en la normatividad reguladora de este beneficio por el criterio de formación avanzada y experiencia altamente calificada.
Para ello, es importante destacar en atención al marco jurídico regulador de la prima técnica, que los requisitos para su reconocimiento son:
Desempeñar cargos en propiedad,
Que los cargos sean ejercidos, entre otros, en el nivel directivo, asesor y ejecutivo.
Acreditar los requisitos exigidos para el desempeño del cargo,
Exceder los requisitos establecidos para el cargo que desempeñe el funcionario o empleado,
Acreditar título de estudios de formación avanzada y tres (3) años de experiencia altamente calificada ó terminación de estudios de formación avanzada y seis (6) años de experiencia altamente calificada.
De la documental obrante en el plenario, la Sala se observa lo que sigue:
El señor Carlos Alfonso Sánchez Leyton fue nombrado mediante Resolución 0163 del 24 de junio de 1974 en el cargo de auxiliar de biblioteca I-9.
Mediante la Resolución 0730 de 1977, fue incorporado en la planta de personal de la Universidad Surcolombiana en el cargo de Auxiliar de Biblioteca Grado 6.
A través de la Resolución 0377 del 15 de mayo de 1978, fue nombrado en el empleo de Ayudante de Oficina Código 5155 Grado 05, el cual desempeñó hasta el 30 de septiembre de 1981, fecha en la cual le fue aceptada la renuncia.
A partir del 1° de octubre de 1981 suscribió contrato con la universidad demandante para realizar labores de operario de equipos con microfilmación, el cual se prorrogó hasta el 30 de junio de 1987, mediante 9 adiciones.
El accionado obtuvo el título de «Licenciado en Lingüística y literatura» el 17 de octubre de 1986, el cual fue otorgado por la Universidad Surcolombiana.
Por medio de la Resolución 2107 del 1° de julio de 1987 fue nombrado provisionalmente en el cargo de Coordinador Código 5005 Grado 15, adscrito a la Sección de Servicios Generales, del cual tomó posesión en la misma fecha.
Mediante la Resolución 418 del 2 de febrero de 1990 el demandado fue inscrito en el escalafón de la carrera administrativa en el cargo de Coordinador, dentro del cual ejerció labores en las áreas de archivo, documentación o microfilmación hasta el 11 de octubre de 1994.
Desde el 12 de octubre de 1994 estuvo encargado de varios empleos de forma ininterrumpida hasta el 30 de julio de 1996.
A través de la Resolución 003842 del 1° de agosto de 1996, fue incorporado por ascenso en la nueva planta de personal en el cargo de Profesional Universitario Código 20 Grado 13, adscrito al Grupo de Administración de documentos y recepción.
Obtuvo el título de «Profesional en Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología, Archivística y Documentación» el 24 de septiembre de 1999, el cual le fue otorgado por la Universidad Surcolombiana.
Por medio de la Resolución S00314 del 22 de febrero de 2000, el rector de la demandante reconoció el pago de la prima técnica al demandado a partir del 1° de enero de 2000, por acreditar los requisitos previstos para ello en los Decretos 1661 de 1991, 2164 de 1991 y en el Acuerdo 0005 de 1994 de dicha universidad.
Con la Resolución P0903 del 9 de octubre de 2000 el demandado fue trasladado al cargo de «Profesional Universitario Código 20 Grado 13» adscrito al Centro de Documentación e Información, del cual tomó posesión en la misma fecha, cuyos requisitos según el manual específico de funciones y requisitos para los empleos de planta de personal, eran: Título de Formación Universitario o Profesional en Bibliotecología, Informática, Documentación o Lingüística o Literatura, y 1 año de experiencia profesional.
Al respecto, se tiene que mediante los Decretos 1661 y 2164 de 1991 se modificó el régimen de prima técnica existente, en ese momento, estableciendo los criterios para su concesión entre ellos, el de formación avanzada y experiencia altamente calificada; y, así mismo, aquellas normas delimitaron los niveles de la Administración a los cuales se les podía otorgar la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, entre ellos el de profesional, ejecutivo, asesor y directivo.
Cabe anotar que, para el caso de la Universidad Surcolombiana, el Consejo Superior de esa entidad reglamentó los empleos a los cuales podía concedérseles la prima técnica, así: “Determinar que los cargos en propiedad, del nivel profesional, ejecutivo, asesor o directivo, de todas las dependencias de la Universidad Surcolombiana son susceptibles de asignación de la prima técnica, de acuerdo con los artículos 3º del Decreto 1661 de 1991 y 4º del Decreto 2164 de 1991”.
Sin embargo, con la expedición del Decreto 1724 de 1997 se restringieron los niveles susceptibles del reconocimiento de la prima técnica al Directivo, Asesor y Ejecutivo, dejando de lado la posibilidad de su reconocimiento en los niveles profesional, técnico, administrativo y operativo. Sin que ello suponga el desconocimiento de los derechos de los empleados que en vigencia de los Decretos 1661 y 2164 de 1991 tenían derecho a gozar de una prima técnica.
En consonancia con lo anterior el ente universitario demandante profirió el Acuerdo 007 de 2001, por el cual se adopta el régimen de prima técnica de sus empleados, en el cual se señaló que de conformidad con lo establecido por el Decreto 1724 de 1997, aquel beneficio solo podrá reconocerse por cualquiera de los criterios existentes, a quienes estén nombrados con carácter permanente en un cargo de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o su equivalente en los diferentes órganos de la Rama Ejecutiva del poder público.
Posteriormente, se expidió el Decreto 1336 de 2003 en el que se determinó que la prima técnica solo debía reconocerse a los empleados nombrados en propiedad en organismos del Orden Nacional, pertenecientes a los niveles directivo y asesor, así como a los empleados adscritos a los Despachos del Ministro, Viceministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente y Director de Unidad Administrativa Especial o sus equivalentes en los diferentes órganos y Ramas del Poder Público.
En este orden ideas, conforme a la normatividad aplicable y las pruebas aportadas al proceso, resulta evidente que al señor Carlos Alfonso Sánchez Leyton no le asiste derecho al reconocimiento y pago de la prima técnica, en razón a que se desempeñó en el cargo de Profesional Universitario Código 20 Grado 13, el cual no está incluido dentro de los niveles fijados por las disposiciones normativas actualmente vigentes para el otorgamiento de la prima técnica.
Sumado a esto, la Sala evidencia que los requisitos del cargo de Profesional Universitario Código 20 Grado 13 conforme a la reglamentación contenida en la Resolución 3183 del 28 de junio de 1996, eran título de formación universitario o Profesional en Bibliotecología, Informática, Documentación o Lingüística o Literatura, y 1 año de experiencia profesional, los cuales fueron acreditados por el demandado, quien obtuvo los títulos de «Licenciado en Lingüística y Literatura» el 17 de octubre de 1986, y de «Profesional en Ciencias de la Información y la Documentación» el 24 de septiembre de 1999.
De otra parte la Sala advierte que para el momento de entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997, el demandado no contaba con título de formación avanzada que excediera los requisitos del cargo, máxime si se tiene en cuenta que no aportó diploma o certificación que acredite dicho requisito, ante lo cual resulta improcedente en su caso la aplicación del régimen de transición previsto en dicha norma para el otorgamiento de la prima técnica reclamada.
Ahora bien y teniendo en cuenta que el Acuerdo 0005 de 1994 establece que para tener derecho al disfrute de la Prima Técnica con requisitos por equivalencia se requiere tener experiencia profesional o en la investigación técnica o científica durante un término no menor de seis (6) años, según el parágrafo 1º artículo 2º del Decreto 1661 de 1991, revisada la documentación aportada la Sala colige que el demandado no cumplió con dicho requerimiento.
Lo anterior por cuanto si bien se graduó como «Licenciado en Lingüística y Literatura» el 17 de octubre de 1986 y que acreditó 7 años de experiencia profesional a partir de dicha fecha, en los cuales desarrolló labores de archivo documentación o microfilmación, dicha experiencia no puede ser computada para el otorgamiento de la prima técnica, por cuanto las labores ejecutadas no encuadran dentro de las actividades de docencia e investigación que son las correspondientes al título obtenido, conforme al proyecto Educativo del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana que reposa en la página web de la demandada.
Así las cosas, teniendo en cuenta los anteriores razonamientos, la Sala confirmará la Sentencia del Tribunal Administrativo del Huila, en cuanto declaró la nulidad del acto demandado, más no en lo concerniente a la condena en costas impuesta al demandado.
Lo anterior, por cuanto la Sala reitera lo expuesto por ambas subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación sobre el particular, en la medida que el artículo 188 del CPACA entrega al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del CGP; descartándose así una apreciación objetiva que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.
En el caso, la Sala observa que el a quo no hizo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, echándose de menos además, alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la parte demandada, quien dentro de sus facultades hizo uso mesurado de su derecho de defensa. Por ello, se revocará este aparte de la sentencia apelada.
Así las cosas, para la Sala se impone confirmar con modificación la decisión de acceder a las súplicas de la demanda, contenida en la sentencia de primera instancia conforme fue expuesto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
CONFIRMAR CON MODIFICACIÓN la sentencia del 1° de junio del 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la Universidad Surcolombiana en contra del señor Carlos Alfonso Sánchez Leyton, excepto el ordinal TERCERO de la misma que se REVOCA, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y en su lugar, abstenerse de imponer condena en costas a la parte demandada.
Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión, por los señores Consejeros.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
Informe visible a folio 118 del cuaderno 6.
Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado.
Folios 482 a 493 del cuaderno 3.
Folios 826 a 834 del cuaderno 4.
Folios 587 a 601 del cuaderno 2.
Folios 843 a 856 del cuaderno 6.
Folios 899 a 917 del cuaderno 6.
Conforme al contenido de los documentos obrantes a folios 494 a 541 del cuaderno 3.
Según CABANELLAS, Guillermo, por «causa petendi» se entiende el «fundamento de la petición». Véase su libro «REPERTORIO Jurídico de principios generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos y castellanos». Editorial Eliasta. 4ª Edición Ampliada. Buenos Aires, Argentina. 2003. Pág. 209.
Respecto de la obligación y los alcances de la sustentación del recurso de apelación ver sentencias:
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente (E): Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de 14 de abril de 2010, radicación número: 52001-23-31-000-1997-09058-01(18115), demandante: Flor María González y otros, demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Ejercito Nacional.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejera Ponente: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, sentencia de 11 de noviembre de 2010, radicación número: 25000-23-27-000-2008-00017-01(18099), demandante: Halliburton Latin America S.A., demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso, sentencia de 8 de agosto de 2013, ref.: expediente 25000232400020049069301, demandante: Hernando Lineros Carrasquilla.
Folios 482-493 del cuaderno 3. Folios 744-751 del cuaderno 4. CD de audiencia inicial obrante a folio1140, minuto 11:25 archivo: clip de película denominado “RAD. 2013-00027 INICIAL Y FALLO”
Conforme se consideró dentro de la providencia dictada el 9 de febrero de 2017 dentro del proceso con radicación 73001-23-33-000-2013-00027-02(1511-14), con ponencia del Dr. William Hernández Gómez. Conforme fue señalado en la providencia dictada por la Subsección A de esta Sección el 9 de febrero de 2017 dentro del proceso con radicación 73001-23-33-000-2013-00027-02(1511-14), con ponencia del Dr. William Hernández Gómez. Artículo 4º. Artículo 8º. A través de los Decretos posteriores, el campo de aplicación superó la Rama Ejecutiva del Poder Público, v. gr., a través del artículo 1º del Decreto 1724 de 1997, en el que se mencionaron los: “(…) diferentes Órganos o ramas del Poder Público”. Que modificó el artículo 3º del Decreto 2164 de 1991, modificado a su turno por el artículo 1º del Decreto 1335 de 1995. En caso en que esa sea una de las condiciones para su ejercicio, pues de conformidad con la normativa pertinente puede requerirse simplemente un título académico. Radicado No. 11001-03-06-000-2011-00086-00; actor: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; C.P. Dr. William Zambrano Cetina. Radicado interno No. 1885-201, C.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez, accionante: Flori Elena Fierro Manzano, demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Radicado interno No. 1883-2011, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve, accionante: Gladys Edith Niampira, demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Sentencia de 27 de junio de 2013, radicado interno No. 1880-2012, M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve, actor: Jorge Jairo Quintero Bustamante. El cual como quedó visto en precedencia restringía el reconocimiento de la prima técnica sólo a los niveles asesor. En sentido similar, en la Sentencia de 16 de enero de 2014, la Subsección B al analizar una acción de tutela contra providencia judicial, se refirió a la forma de acreditar la experiencia altamente calificada en los siguientes términos: “(…) máxime cuando de acuerdo a jurisprudencia de esta Sección sobre el tema, es posible acreditar el requisito de experiencia altamente calificada con el desempeño de funciones en el cargo para el cual solicita el reconocimiento, situación que no analizó el tribunal, pasando por alto que de acuerdo a lo probado en el proceso, la actora excede en dos años el cumplimiento de los requisitos mínimos para el desempeño del cargo que ocupa desde 1993.
(…)
Visto lo anterior, concluye la Sala que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no consideró que de acuerdo a lo señalado en la Resolución 3682 de 1994, se puede acreditar la experiencia profesional altamente calificada, entre otras formas, con el desempeño de cargos del sector hacendario, dentro del cual se encuentra la DIAN, por lo que al omitir realizar un pronunciamiento al respecto se vulneran los derechos fundamentales alegados por el accionante. (…)” Radicado No. 2013-02407-00, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve, accionante: Fanny Cecilia Otálora de Eslava. Radicado interno No. 3824-2012, accionante: Paulina de Jesús Trujillo Cortes, Consejero Ponente Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Si bien en este caso la interesada acreditó título de especialización desde el año 1980, ese supuesto no determinó el estudio que se adelantó sobre el cumplimiento del requisito de experiencia altamente calificada. Sobre el margen de regulación de las entidades públicas, en la Sentencia del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, de 10 de noviembre de 2010 [radicado interno No. 2273-07, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, accionante: Consuelo Arias Trujillo, demandado:
Departamento Administrativo de la Función Pública], se expresó lo siguiente: “(…) En efecto, la autorización otorgada a las Entidades para regular el régimen de prima técnica se encuentra completamente sujeta al marco general de consagración del derecho desarrollado por el Gobierno Nacional, en donde se encuentran definidos los criterios de asignación, los niveles y cargos susceptibles de su otorgamiento, los requisitos específicos en cada caso para su consolidación, la cuantía límite de asignación y el procedimiento a solicitud de parte que debe adelantar quien configure el derecho a su favor en aras de su reconocimiento, de manera que su otorgamiento no es facultativo por parte del Jefe del Organismo respectivo, y la potestad reguladora atribuida en tales casos, se circunscribe únicamente a la precisión y adaptación de dicho régimen general a las condiciones especiales de cada estructura y planta de personal en las Entidades del Orden Nacional inicialmente mencionadas y a la definición de la cuantía dentro del rango señalado en la norma general.
(…)”. Folios 420-421. Folios 399-402. Folios 377-378 y 396. Folios 335 y 374-376. Folio 308. Folios 332-334. Folio 277. Folios 174-227. Folios 172-173. Folio 112. Folios 116-119. Folios 126-128. Folio 758. Folio 758.
http://www.lenguacastellanausco.edu.co/sites/default/files/docs/pep_rev12014.pdf. Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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