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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 41001-23-33-000-2013-00131-02

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 41001-23-33-000-2013-00131-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo del Huila, atendiendo las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Condenar a la parte actora a pagar a favor de la parte demandada, Contraloría General de la República, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente providencia. 32 Gaceta de la judicatura. Consultado en actosadministrativos.ramajudicial.gov.co. 33 Atendiendo a que la disposición establece que en los procesos de segunda instancia con cuantía se impondrá hasta el cinco por ciento del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 67 Radicación: 41 001 23 33 000 2013 00131 02 Demandante: Amanda Cecilia Londoño de Perdomo La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 41001-23-33-000-2013-00131-02

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

3 de julio de 2025

Radicación: 41 001 23 33 000 2013 00131 02
Demandante: Amanda Cecilia Londoño de Perdomo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 41 001 23 33 000 2013 00131 02
Demandante: AMANDA CECILIA LONDOÑO DE PERDOMO
Demandado: CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA

Tesis: No es nulo el acto administrativo que declaró fiscalmente
responsable a la demandante por cuanto en calidad de
directora del departamento administrativo jurídico del
departamento del Huila dio el visto bueno al Contrato de
Prestación de Servicios nro. 185 de 2008.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el 5 de marzo de 2018
por el Tribunal Administrativo del Huila, que denegó las pretensiones de
la demanda.

I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda

La señora Amanda Cecilia Londoño de Perdomo, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto por el artículo

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Radicación: 41 001 23 33 000 2013 00131 02
Demandante: Amanda Cecilia Londoño de Perdomo

138 del CPACA, interpuso demanda en contra de la Contraloría General
de la República y, para ello, formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] PRIMERA: Se declare la nulidad parcial de la Resolución número
287 del 10 de septiembre de 2012 emanada del Despacho de la
Contraloría Departamental del Huila "Por la cual se resuelve un recurso de
apelación", en su artículo segundo mediante el cual se CONFIRMA "en
todas sus demás partes el fallo CON Responsabilidad Fiscal de fecha
veintitrés (23) de noviembre de 2011, proferido dentro del Proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 069 de 2009, de acuerdo a las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente proveído" por valor de
$268.530.304 a cargo de LUIS JORGE SÁNCHEZ GARCÍA identificado con
C.C. (…) y AMANDA CECILIA LONDOÑO DE PERDOMO identificada con
C.C. (…), solidariamente.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior la entidad
demandada cancele la declaratoria de responsabilidad de la demandante
en todos los registros y boletines de la Contraloría General de la República,
de la Contaduría General de la Nación y demás entidades en las cuales se
ordenó dicha inscripción.

TERCERA. Reintegrar todos los dineros que se hubiesen percibido,
embargado, retenido, abonado o pagado a su nombre, como producto de
las decisiones que se modifiquen, a título de capital o intereses con los
intereses moratorios a la tasa del doble del interés corriente bancario.

CUARTA. Así mismo, que la demandada reconozca y pague a la
demandante las siguientes sumas de dinero y por los siguientes
conceptos:

Daños Morales: 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes
por concepto de perjuicios morales, en virtud al impacto generado desde
la apertura del proceso fiscal, fallo de primera y segunda instancia
contrario a derecho, afectación del buen nombre y prestigio como
profesional de más de treinta años en el sector público aunado al impacto
social generado por los medios de comunicación ante la opinión pública.

Pérdida de Oportunidad: 300 salarios mínimos legales vigentes
representada por todos aquellos eventos en los cuales la demandante se
encontraba en situación de poder conseguir un provecho, de obtener una
ganancia o beneficio en ejercicio de su profesión ante entidades públicas
o de evitar una pérdida, pero ello fue definitivamente impedido por el
hecho de figurar en el boletín de responsables fiscales No. 072 con corte
31 de diciembre de 2012, con ocasión del Fallo con Responsabilidad Fiscal
de la Contraloría Departamental.

Daño Emergente: La suma de doce millones de pesos ($12.000.000)
representados en los gastos en los que ha incurrido la demandante por
concepto de pago de honorarios y gastos derivados de la defensa dentro
del proceso fiscal […]”. (mayúsculas y negrillas originales).

1
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41 001 23 33 000 2013 00131 02. Expediente digitalizado.
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Demandante: Amanda Cecilia Londoño de Perdomo

Normas invocadas como infringidas y concepto de violación

La parte demandante expuso como cargos los siguientes:

(i) Infracción de las normas en que deberían fundarse

Afirmó que desde la promulgación de la Constitución, los artículos 356 y
357 dieron origen a la Ley Marco 715 de 2001, norma general de
competencias en el manejo y conformación del Sistema General de
Participaciones, modificada por la Ley 1176 de 2007 que creó la
destinación específica del sector educación entre los demás sectores y
definió con claridad en el artículo 30 que se crearía un nuevo inciso en el
artículo 27 de la Ley 715 de 2001, el cual determinó que el valor de la
prestación del servicio educativo por parte de los departamentos
certificados y financiados con recursos del Sistema no puede ser superior
a la asignación por alumno definido por la Nación.

Indicó también que el artículo 31 creó un nuevo artículo para la Ley 715
de 2001 referido a los gastos de administración y precisó que es el
Gobierno Nacional el que determina el porcentaje de las transferencias
del servicio para garantizar el costo de la planta administrativa aprobada
y que lo demás debe ser asumido por la entidad territorial.

Agregó que bajo esos parámetros se debía tener en cuenta que el Decreto
313 de 2008 reglamentario de las normas antes citadas, estableció que
la asignación para el departamento del Huila estaba dada por la matrícula
oficial que debía atender el departamento de forma directa con su planta
de personal y/o a través de los docentes que se pudieran contratar
conforme lo permite y define el Decreto 4313 de 2004, reformado por el
Decreto 2085 de 2005.

Anotó que, con fundamento en la mencionada normatividad
constitucional, legal y reglamentaria, el gobernador del Huila del período
constitucional 2004-2007 Rodrigo Villalba Mosquera expidió la Resolución
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Demandante: Amanda Cecilia Londoño de Perdomo

nro. 476 de 2007 “por la cual se fijan las condiciones para la actualización
y conformación del banco de oferentes para el año 2008”, con la que se
pretendía actualizar el banco de oferentes para la prestación del servicio
público educativo para los años 2008 y 2009.

Explicó que, en desarrollo de dicha convocatoria pública, la Universidad
Surcolombiana presentó propuesta para la inscripción en el banco de
oferentes y mediante la Resolución nro. 0063 de 2008 expedida por el
departamento del Huila se actualizó el listado de elegibles para la
conformación del banco de oferentes para la prestación del servicio
educativo y se incluyó a dicha universidad, por cuanto fue clasificada en
el primer orden de elegibilidad para atender la población regular, ya que,
conforme a la normatividad vigente, era obligatorio contratar en el orden
de elegibilidad establecido en el banco de oferentes.

Informó que el 28 de febrero de 2008 se expidió el formato de estudios
previos nro. 0200-2008 en el que el responsable técnico y la secretaría
de educación del departamento determinaron el presupuesto asignado
para la contratación, el cual soportó el Contrato de Prestación de Servicios
nro. 185 de 2008.

Sostuvo que en cumplimiento del ajuste de distribución de los recursos
del Sistema General de Participaciones para el período 2008, ordenado
por el CONPES 112 del 6 de febrero de 2008, se suscribió entre la
gobernación del Huila y la Universidad Surcolombiana el Contrato de
Prestación de Servicios nro. 185 de 2008 y el 1 de diciembre de 2008 se
firmó entre las partes el otrosí nro. 001 mediante el cual se modificó el
valor del contrato, disminuyéndolo de $10.871.045.000 a
$10.571.000.000 y el 29 de enero de 2009 se firmó el acta de liquidación.

Expuso que “(…) a pesar de la motivación, ajustada a la normatividad de
rango constitucional, legal y reglamentario que rigió el proceso de
conformación de banco de oferentes y posterior contratación del servicio
educativo para el año lectivo 2008 en el Departamento del Huila, la
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Contraloría Departamental del Huila guio la investigación de tipo fiscal y
fundó el proceso y el fallo en normas que no eran aplicables al contrato
mencionado, como ya se ha demostrado.// Funda su hallazgo,
investigación y fallo en infracción al régimen de contratación de la Ley 80
de 1993 y el código de comercio, según los cuales la oferta económica en
el proceso de conformación del Banco de oferentes regido por la
Resolución 476 de 2007, era inmodificable y en consecuencia vinculante
para las partes. Nótese que en ninguna etapa del cuestionado proceso de
conformación y posterior selección opera la aplicación de la Ley 80 de
1993 o del Código de comercio, toda vez que la Ley 715 de 2001 y sus
respectivos decretos reglamentarios y modificatorios determinas (sic)
taxativamente el procedimiento a seguir para la conformación del banco
de oferentes del servicio educativo (…)”.

(ii) Falsa motivación

a. Proceso de actualización y conformación del banco de oferentes y
contratación del servicio educativo

Argumentó que los investigados en este asunto “gozan del beneficio de
los principios constitucionales de la buena fe, del debido proceso y del
ejercicio de la actividad pública”.

Señaló que el Decreto 313 de 2008 "por medio del cual se reglamentan
parcialmente las Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176 de 2007",
estableció que la asignación para el departamento del Huila estaba dada
por la matrícula oficial que debía atender el departamento en forma
directa con su planta de personal y/o a través de los docentes que se
pueden contratar conforme lo permite y define el Decreto 4313 de 2004,
reformado por el Decreto 2085 de 2005.

Informó que, en desarrollo de la Ley 715 de 2001, el Gobierno Nacional
expidió el Decreto 4313 de 2004, que tuvo por finalidad establecer y
reglamentar la contratación del servicio público educativo por parte de las
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entidades territoriales y en el artículo 1 definió que los costos inherentes
a la prestación del servicio educativo corresponden a una suma de dinero
por alumno atendido por cada período lectivo contratado y que la forma
de pago podría ser convenida libremente por las partes. Agregó que, lo
único que se podía convenir era la forma de pago; pero a renglón seguido,
la misma norma reglamentaria determinó que la remuneración se fijará
teniendo en cuenta los costos efectivos de los componentes básicos
ofrecidos y asumidos por el contratista necesarios para la prestación del
servicio.

Entre los varios argumentos dijo que “(…) en cumplimiento de lo dispuesto
en la normatividad legal y al haberse definido cuál era la necesidad de
contratación para completar la cobertura de la prestación del servicio
educativo, se realizaron los estudios previos y se concluyó con la
suscripción del contrato 185 de 2008, (…) contrato este que en su
clausulado cumple con todas las normas, procedimientos y garantías
vigentes y que se definió conforme a lo establecido en el Decreto 4313 de
2004, modificado por el 2085 de 2005, en su formulación y en su
aplicación de costos, toda vez que se trató de un contrato con una Entidad
Pública del Estado, que debía pagársele lo establecido en la tipología para
esta Entidad Territorial”.

Anotó que “(…) pretender en este proceso vislumbrar que el señor
Gobernador y su Directora Administrativa Jurídica, rayen con el
incumplimiento de la Ley Marco y de las normas y Decretos
Reglamentarios vigentes, como también que incumplan con las
disposiciones de la Política Económica, Política y Social establecida por el
CONPES Nacional, sin duda alguna des (sic) llevarlos al cadalsos porque
estaría incursos en la violación del Estatuto Sustantivo Penal Colombiano,
situación ésta que sería inaudita, porque el contrato que hoy se analiza
cumple con definido apego a la Constitución, la Ley Marco y sus Decretos
Reglamentarios en procura de Garantizar la prestación y cobertura del
servicio educativo al máximo de los niños, niñas y adolescentes del
Departamento; por supuesto reconociendo y pagando al presentador del
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servicio los valores definidos en los CONPES vigentes, pues esa era su
estricta obligación, ya que no se puede predicar que por interpretación de
este proceso se violaran los derechos de los niños y mucho menos los
derechos profesionales, salariales y prestacionales de los docentes
vinculados al contrato de la prestación del servicio educativo público, en
el régimen especial del Decreto 4313 de 2004 y no en la aplicación de la
Ley 80 de 1993, como pretende hacerlo ver el investigador, cuando dicha
norma no regenta este contrato especialísimo del régimen de Ley 715 de
2001 y sus normas reglamentarias”.

b. Presunta calidad de gestor fiscal de la demandante – falta de
legitimación en la causa por pasiva

Sostuvo que se desdibujan totalmente los cargos imputados y fallados
contra la hoy demandante “cuando pretende llevarla a una interpretación
de la Ley 678 de 2001 (…) en el concepto de la revisión del contrato; pues
expresa que era su deber apegarse al Artículo 845 del Código de
Comercio, en el sentido de determinar que la remuneración por tal
servicio era esa y no otra; situación ésta que contraviene todos los
principios procesales del derecho público; pues la doctora LONDOÑO DE
PERDOMO, tenía como función misional y funcional la revisión del texto
jurídico del contrato, toda vez que la misma no participó ni de la
conformación del Banco de Oferentes y aún menos de la selección de
contratista, para pretender manifestar que se encontraba obligada a
hacer análisis económicos ya que la procedencia especialísima del
contrato establecía que la normatividad legal aplicable era la Ley 715 de
2001, su Decreto Reglamentario y los CONPES vigentes para el momento,
que en nada tienen fuerza vinculante con el análisis del Código de
Comercio a que hace referencia el fallo fiscal, ya que las normas aplicables
a este contrato son normas Marco provenientes de la aplicación del
Artículo 150 Constitucional, en cumplimiento de función del servicio
público de carácter preferente y excluyente de cualquier norma de tipo
privado que pretenda aplicarse por analogía; pues la especialísima forma
de contratación no permite ello; además que es el Gobierno Nacional en
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su política económica y social el que define como y cuanto se paga por el
servicio y no el Código de Comercio, como pretendió hacerlo ver el fallo
fiscal”.

Insistió que en el caso no existe ningún tipo de daño al patrimonio del
Estado, toda vez que conforme lo define el artículo 31 de la Ley 610 de
2000 no hay prueba de la responsabilidad.

Aseguró que acorde con la certificación emitida por la secretaría de
hacienda y general del departamento del Huila, en la que consta la
relación detallada de los cargos que contaban con delegación y
competencias de ordenación del gasto al momento de los hechos, el
director del departamento administrativo jurídico del ente territorial no
tenía la calidad de gestor fiscal.

Transcribió en extenso una providencia de la Sección Primera del Consejo
de Estado2, para indicar que, eran claras las funciones y facultades
ejercidas por la demandante y que el cargo de director del departamento
administrativo jurídico no ejercía gestión fiscal. Agregó que el
departamento del Huila nunca consideró dentro de su programa de
seguros incluir dicho cargo dentro de los que representaba un riesgo
patrimonial para la entidad, comoquiera que, la ordenación del gasto no
se veía afectada o influenciada en dicho cargo, por lo tanto, la señora
Londoño de Perdomo nunca contó con póliza de manejo o póliza de
responsabilidad civil de servidores públicos y que el departamento
administrativo jurídico no tiene como función la ejecución de presupuesto
u ordenación del gasto conforme al Decreto departamental 1173 de 2004
que definió la estructura orgánica de la administración departamental.

c. Principio de restablecimiento del equilibrio económico del contrato

2
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 26 de agosto de 2004. Expediente radicación nro. 05001 23 31 000 1997 2093 01.
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Alegó que, la argumentación esgrimida por el fallador con responsabilidad
fiscal respecto de los implicados cuando expresó que fue en contravía del
principio de legalidad “(…) cuando hizo caso omiso a una oferta o
propuesta con calidad de vinculante es un craso error de interpretación
jurídica; pues pretender aplicar a este contrato normas de derecho
comercial desdibuja el contrato estatal y más aún el principio de la
especialidad del Banco de Oferentes creado en aplicación a lo preceptuado
en el artículo 27 de la Ley 715 de 2001 modificado por la Ley 1176 de
2007, que cuenta con Decreto Especial y que nada tiene que ver lo
predicado como oferta, como factor vinculante cuando lo que estaba era
constituido un banco primario de oferentes que era susceptible de
aplicarse dentro de los dos años subsiguientes a su aplicación, lo que
conlleva inexorablemente a la aplicación de los principios de movilidad
determinado en el Artículo 53 Constitucional y al principio de la Equidad
y del Equilibrio Económico en el pago de la prestación del servicio
educativo, conforme a las determinaciones vinculantes del CONSEJO
NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL - CONPES, que es el
regente del manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones
• SGP dineros de orden público que se deben manejar con apego a estas
disposiciones y no a las del Código de Comercio como mal lo interpretó la
Contraloría (…)”.

d. Solidaridad en materia laboral

Señaló que “(…) el Departamento del Huila es beneficiario directo de la
prestación del servicio educativo por encontrarse en cabeza de la entidad
dicha obligación por delegación dada por el Estado y en tal virtud,
conforme a las normas legales en materia laboral es llamado a responder
de manera solidaria en las actuaciones o reclamaciones judiciales, razón
por la cual utilizar la existencia de la cláusula de indemnidad, no servirá
de excusa judicial para exonerarse de responsabilidad”.

Sostuvo que “(…) es evidente que el Despacho de la Contraloría NO
estudió de fondo el argumento esgrimido por los apelantes respecto de la
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solidaridad en materia laboral, sobre la cual existe abundante
jurisprudencia y precisamente la ley consagra la obligatoriedad de
constituir la póliza única de garantía que ampare lo laboral ES COMO
RECONOCIMIENTO EXPRESO A ESA SOLIDARIDAD y que las pólizas
tienen un límite en el monto amparado pero que si la condena supera
éste, debe cubrirse del patrimonio de los demandados, en este caso sería
con los recursos del departamento. En el caso específico, la obligación de
garantizar el servicio educativo recae en cabeza del Departamento quien
con los fondos provenientes del Sistema General de Participaciones debe
contratar el servicio ciñéndose a los postulados y parámetros de carácter
Superior, con lo cual la responsabilidad solidaria es plena”.

Luego de citar dos declaraciones de testimonio recibidas en el proceso de
responsabilidad fiscal aseveró que las conductas desplegadas tanto por la
entidad contratante como por la contratista “(…) estuvieron siempre
destinadas a evitar perjuicios laborales y fiscales en contra del
departamento como quiera que el omitir el replanteamiento presupuestal
del contrato conforme a las directrices emitidas por el CONPES en
desarrollo del Decreto 1278 de 2002 articulo 46, vigentes para el año
lectivo 2008, hubiera implicado demandas cuantiosas contra el
Departamento y el Contratista”.

Por último, a manera de conclusión aseveró que, “la Universidad NO
solicitó restablecimiento del equilibrio contractual pero no porque no
hubiere lugar a ello en caso de haberse celebrado el contrato en las
condiciones establecidas en el documento 6 de la propuesta inicialmente
presentada, sino porque las partes tuvieron la capacidad de prever dicha
situación en virtud de los nuevos precios establecidos por los CONPES
aprobados y expedidos en el 2008 y que tienen carácter vinculante desde
el planteamiento de los estudios previos tal como se establece en la
justificación del valor estimado del contrato de dicho documento, en el
cual se manifiesta … para de los responsables de suscribirlo, la necesidad
de replantear los valores de las tipologías conforme al CONPES 112 de
febrero de 2008”.
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1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Departamento del Huila

El departamento del Huila se opuso a las pretensiones manifestando que
no intervino en el trámite del proceso de responsabilidad fiscal que
adelantó la Contraloría departamental del Huila, además porque el
artículo 3 de la Ley 1416 de 2010 que ordenaba a las entidades
territoriales asumir el pago de las condenas impuestas a las contralorías
territoriales fue declarado inexequible en la sentencia C- 643 de 2002.

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva por
inexistencia de la obligación a cargo del departamento. Excepción que fue
denegada en la audiencia inicial.

1.2.2. Contraloría departamental del Huila

La Contraloría departamental del Huila igualmente contestó la demanda
en oportunidad y se opuso a las pretensiones por considerar que carecen
de fundamento legal y probatorio conforme a las excepciones que
propuso3.

Hizo referencia a cada uno de los hechos expuestos en la demanda y
formuló como excepciones las de: (i) falta de los requisitos formales de
la demanda e incompetencia del juez para pronunciarse sobre normas
posiblemente vulneradas; (ii) la calidad de gestora fiscal de la
demandante ya había sido debatida dentro del proceso, por lo tanto, los
actos administrativos que la resolvieron gozan de presunción de legalidad
e (iii) indebida representación de la parte demandante.

En cuanto a las normas infringidas y el concepto de violación afirmó lo
siguiente:

3
Ibidem.
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Frente al primer cargo. Que no hubo violación de las normas en las que
debía fundarse la investigación y el fallo fiscal y, que la parte demandante,
en este acápite se limitó a hacer un recuento de las normas que rigieron
el proceso de conformación del banco de oferentes y el Contrato nro. 185
de 2008, más no señaló cuál de los artículos consideraba vulnerado, ni la
conducta o actuación de la Contraloría departamental del Huila contenida
en el acto acusado que configuraba tal vulneración.

Aseveró que la Contraloría fundó los actos administrativos demandados
en las normas aplicables a los hechos materia de investigación, lo que así
se consignó en cada una de las decisiones que se adoptaron, tomando
como base lo preceptuado en el artículo 27 de la ley 715 de 2001, que
indica que los valores que superen el valor asignado por tipología deberá
ser asumido por la entidad territorial con recursos propios, pero no hace
referencia a que ese valor deba ser el que deba pagarse por la
contratación del servicio, por ende la entidad territorial deberá fijar un
valor igual o menor al asignado sino quiere comprometer recursos
propios.

Alegó que, no existió violación de las normas en que debía fundarse tanto
la investigación fiscal como el fallo, como quiera que la Contraloría aplicó
las disposiciones vigentes acordes con los hechos materia de
investigación.

Frente al segundo cargo

En cuanto al literal a. “Proceso de actualización y conformación del Banco
de Oferentes y contratación del servicio educativo”

Adujo que no existió una falsa motivación como quiera que los cargos
imputados en el proceso de responsabilidad fiscal se hicieron al amparo
de lo establecido en el artículo 4 literal a) del Decreto 4313 de 2004, que
sobre la remuneración de los contratos de prestación de servicios
educativos señalaba que éste se fijará teniendo en cuenta los costos
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efectivos de los componentes básicos ofrecidos y asumidos por el
contratista necesarios para la prestación del servicio, los cuales para el
caso estaban definidos en la propuesta económica presentada por la
Universidad Surcolombiana; haciéndola de esta manera vinculante o
decisiva en el momento de la contratación, en tanto la alusión al Código
de Comercio estaba referida precisamente al carácter vinculante e
irrevocable de la misma, constituyéndose además en normas
complementarias cuya referencia no está prohibida.

En cuanto al literal b. Que no es cierto que haya existido falsa motivación
en la calificación de la señora Amanda Cecilia Londoño como gestora fiscal
con ocasión de los hechos investigados en el proceso de responsabilidad
fiscal, dado que la gestión fiscal no está circunscrita solo para aquellos
que ordenen el gasto o que se encuentren afianzados por una póliza de
seguros, y aún más, en el ámbito de la gestión fiscal incluso se admiten
comportamientos funcionales que tengan con la gestión fiscal un "nexo
próximo y necesario” con la misma “pues de esa entidad material y
jurídica surgen escenarios de administración integrales y complejos que
permiten alcanzar esos propósitos principalistas señalados en el marco de
gerencia y planeación, con lo cual se descartan las simples acciones
públicas aisladas e incoherentes por fuera de ese contexto de gestión”.

Consideró que era claro, que si bien la señora Londoño de Perdomo no
era ordenadora del gasto su participación incidió de manera directa en la
concreción de los verbos rectores que conforman la definición de gestión
fiscal y que están relacionados con la suscripción del Contrato nro. 185
de 2008, siendo suficiente para el proceso la evidente y comprobada
existencia del visto bueno del contrato en virtud de su cargo como
directora del departamento administrativo jurídico, “y de su manifestación
en versión libre y espontánea, referida a que le correspondía la revisión
de este contrato, revisión que no puede estar circunscrita de ninguna
manera a la simple revisión del texto del contrato, o su tilde o
puntuación”.

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Radicación: 41 001 23 33 000 2013 00131 02
Demandante: Amanda Cecilia Londoño de Perdomo

En cuanto a lo señalado en el literal c. Afirmó que la propuesta económica
en la que constaba además el valor de la canasta básica asumida y
ofrecida por el contratista USCO era determinante al pactar la
remuneración en los contratos de prestación de servicios educativos
según el artículo 4 literal a) del Decreto 4313 de 2004.

Que, en relación con el CONPES, en ningún aparte de la Ley 715 de 2001
se dispone que el mismo es obligatorio a la hora de pactar el contrato de
prestación de servicios educativos, y lo que establece es que no podrá
sobrepasar el máximo del valor asignado por tipología, y en el evento de
sobrepasarlo, deberá ser asumido por la entidad territorial con recursos
propios, pero no obliga a que ese sea el valor que deba pagarse por la
contratación del servicio.

En lo atinente al literal d. Alegó que “no es válido, teniendo en cuenta que
las partes se encargaron de manera juiciosa de determinar quién debía
cumplir con el pago de salarios y prestaciones sociales de los docentes
vinculados en la ejecución del contrato de prestación de servicios Nro.
185 de 2008, de suerte que siendo el contrato ley para las partes, resulta
que a quien le compete esta carga es a la Universidad Surcolombiana”.

Anotó que la relación directa entre los docentes vinculados en la ejecución
del contrato no era con el departamento sino con la Universidad
Surcolombiana, entidad a la que le competía si fuere del caso darle
aplicación a las normas que sobre salarios y prestaciones rigen a los
docentes, y no al departamento, como lo pretende hacer ver la parte
demandante, máxime cuando existe una póliza de garantía de
cumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales de los
empleados al servicio del contratista.

Solicitó fueran denegadas las pretensiones por considerar que los actos
acusados fueron expedidos con apego a la ley.

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II. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia del 5 de marzo de 2018,
negó las pretensiones y condenó en costas a la parte actora4.

Como cuestión previa indicó que haberse omitido demandar
expresamente cada acto administrativo expedido durante el proceso fiscal
no acarreaba nulidad por cuanto con fundamento en el artículo 59 de la
Ley 610 de 2000 solo es demandable el acto con el que termina el proceso
de responsabilidad fiscal una vez en firme.

Hizo un análisis del régimen de responsabilidad fiscal, la naturaleza del
concepto de gestión fiscal, el procedimiento para la contratación del
servicio público educativo, el caso concreto frente a los hechos probados
y al descender en el estudio de los cargos expuso:

a) En relación con la falsa motivación por ausencia de calidad de gestora
fiscal de la demandante

Para resolver este cargo trajo a colación lo dicho por la Corte
Constitucional en la sentencia C- 840 de 2001 al examinar la exequibilidad
de algunas normas de la Ley 610 de 2000, específicamente que “la gestión
fiscal no se puede reducir a perfiles económico- formalistas”, el cual
afirmó compartía el Consejo de Estado frente al concepto de gestión
fiscal5.

Analizó que acorde con tales planteamientos jurisprudenciales podía
afirmarse que la gestión fiscal no solamente es realizada por aquellos
servidores públicos o particulares que desempeñan funciones de
administración de recursos económicos, sino también de quienes

4
Ibidem.
5
Para lo que citó entre otras sentencias. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 26 de agosto de 2004. Expediente 05001
23 31 000 1997 2093 01.
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Demandante: Amanda Cecilia Londoño de Perdomo

participan de manera directa o a guisa de contribución en los hechos que
involucran el manejo de éstos.

Aludió que, en este caso, la Contraloría departamental del Huila atribuyó
a la demandante la calidad de gestora fiscal porque al momento de
suscribirse el Contrato nro. 185 de 2008 fungía como jefe del
departamento administrativo jurídico del departamento del Huila, es
decir, desempeñaba labores de asesora jurídica, tal como fue admitido
por la actora en la versión libre y espontánea donde afirmó que le
correspondió la revisión del contrato.

Concluyó que no era de recibo el argumento de la demandante según el
cual, al no encontrarse dentro de sus funciones la ordenación del gasto
público, no ejercía gestión fiscal, toda vez, que al efectuar la revisión
jurídica del Contrato nro. 185 de 2008, en su condición de jefe jurídica
del departamento del Huila había contribuido en la distribución y manejo
de los recursos públicos y por ende ejerció gestión fiscal; razón por la cual
no acogía la causal de nulidad planteada con base en tales argumentos.

b) Infracción de las normas en que debió fundarse el acto acusado

Para resolverlo transcribió in extenso el fallo con responsabilidad fiscal
proferido por la Contraloría departamental del Huila al abordar el
elemento del daño patrimonial y consideró que los argumentos esgrimidos
por el ente de control fiscal se ajustaban a las disposiciones que regulan
la contratación del servicio público educativo y que la modificación del
Contrato nro. 185 de 2008 suscrito entre el departamento del Huila y la
Universidad Surcolombiana carecía de fundamento fáctico y jurídico que
permitiera verificar que el aumento del valor contractual se dio con
ocasión a la adición de la oferta presentada por la universidad de algún
componente educativo necesario para la prestación del servicio o algún
beneficio adicional para el ente territorial contratante.

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Expuso, “argumentó la demandante que el aumento del valor del contrato
No. 185 de 2008, obedeció a que la propuesta económica presentada por
la universidad Surcolombiana acató los lineamientos del documento
CONPES 104 de 2007 (…), pero al tiempo de la contratación ya se había
emitido el documento CONPES 112 de 2008 que actualizó los valores por
tipologías para la prestación del servicio de educación, donde se
encuentran incluidos los costos salariales y prestacionales del personal
docente que prestaría el servicio, resultándole jurídicamente imposible a
la entidad territorial contratar por valores no vigentes que impidieran
cancelar todos los emolumentos salariales de los docentes, en los
términos del Decreto 1278 de 2002, pues eventualmente dicha
circunstancia llevaría a que la universidad Surcolombiana solicitara el
restablecimiento del equilibrio contractual”, lo que no compartía.

Lo anterior, dado que, la disposición normativa invocada regula las
relaciones del Estado con los educadores a su servicio, es decir, con los
profesionales en educación que mediante concurso de méritos han
ingresado a la carrera docente, tratándose de un supuesto fáctico muy
diferente a la relación contractual que se estableció entre el departamento
del Huila y la Universidad Surcolombiana con la suscripción del Contrato
de Prestación de Servicios Educativos nro. 185 de 2008, quedando a cargo
del ente universitario la contratación del personal docente por fuera de la
carrera propia de los educadores.

Aunado a que el artículo 18 del Decreto 4313 de 2004 estipuló de manera
clara que en ningún caso la entidad territorial contratante contraerá
obligación laboral con las personas que el contratista vincule para la
ejecución de los contratos de prestación de servicios educativos, lo cual
suponía que en el contrato celebrado se previó el pago de prestaciones
del personal docente que vinculara el contratista, quedando descartada la
responsabilidad solidaria, comoquiera que la utilización de esta modalidad
de contratación estaba expresamente autorizada en el ordenamiento
jurídico y no es un mecanismo utilizado por las entidades territoriales para
evadir el cumplimiento de obligaciones laborales, sino que, tiene como
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finalidad la prestación oportuna y eficiente del servicio de educación,
cuando se demuestre la insuficiencia en las instituciones educativas del
Estado.

Conforme con lo anterior, concluyó que en el caso no estaban
configuradas las causales de nulidad invocadas, por lo que denegó las
pretensiones y condenó en costas a la parte demandante.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido por el a quo, la parte actora interpuso recurso
de apelación que sustentó así6:

1. Fundamentos de la sentencia apelada y reparos

Manifestó que los fundamentos de hecho y de derecho, así como el
análisis efectuado por el tribunal frente a la Ley 715 de 2001 y el Decreto
4313 de 2004 “se encuentran bajo una interpretación descontextualizada
de la realidad jurídica que debe rodear, de una parte, la conformación de
banco de oferentes para la prestación del servicio educativo y, de otra
parte, la contratación de dicho servicio (…)”.

1.1. Acerca de la aplicación de la Ley 715 de 2001

Adujo que “(…) el Tribunal manifiesta que el “El artículo 27 de la Ley 715
de 2001 establece que el valor de la prestación del servicio educativo
financiado con recursos del SGP no podrá ser superior a la asignación que
por estudiante defina la Nación, pues si ello fuere así, el excedente debería
ser pagado con recursos propios de la entidad territorial, lo cual no implica
que el valor asignado por tipología en el documento expedido por el
Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, se constituya
en una camisa de fuerza para la administración territorial y deba ser el

6
Ibidem.
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valor a pagar por la contratación del servicio, en tanto ella puede pactarlo
en un valor igual o menor al asignado (…). // Esta afirmación falta a la
verdad, como quiera que conforme a la misma normatividad contenida en
la Ley 715 de 2001 (…) en el contexto en el cual se desarrolla el TÍTULO
II “SECTOR EDUCACIÓN”, la forma de calcular y distribuir los recursos
con destino a la educación se encuentra reglada en el CAPÍTULO IV.
“DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL SECTOR EDUCATIVO”, capítulo que
detalla los estándares técnicos y administrativos que deben regir la
ejecución de estos recursos, estándares que por estar contenidos en una
Ley de la República son de orden imperativo y por lo tanto de
cumplimiento obligatorio por parte de las entidades territoriales”.

Luego de citar el contenido de los artículos 15 a 19 de la Ley 715 de 2001,
indicó que, de una lectura reflexiva y dentro del contexto de la naturaleza
de la administración y distribución de los recursos con destino al sector
educativo, se colegía inequívocamente que:

i) Conforme al artículo 16 ibidem la distribución y administración de los
recursos del Sistema General de Participaciones para municipios no
certificados está en cabeza de los departamentos;

i¡) La asignación de recursos por alumno la realiza anualmente la Nación
de acuerdo con las tipologías establecidas por ella misma. Para los años
2007 y 2008 el único documento generado por la Nación donde
estableciera las tipologías que comprenden la canasta educativa y el
precio de ésta y todos sus componentes era el CONPES, por lo tanto, el
departamento debía regirse por este documento, ante la inexistencia de
otros referentes.

iii) Atendiendo al concepto de tipología y al criterio según el cual, dentro
de una misma tipología la asignación será la misma para todos los
estudiantes del país (artículo 16.1.1. Ley 715 de 2001). Para el
departamento del Huila era inviable sacrificar algún elemento de esta
tipología o montos dados por la Nación mediante documento CONPES por
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mantener una condición económica que no era vinculante en un proceso
que tuvo como resultado la conformación de un banco de oferentes y no
la adjudicación de un contrato estatal por medio de un proceso
precontractual regido por Ley 80 de 1993 destinado a la escogencia o
selección de contratistas.

iv) El mismo artículo 16.1.1. ordenó que dentro de una tipología la
asignación será la misma para todo el país.

v) El principio constitucional de igualdad obligaba al departamento a
garantizar que todos los niños del país recibieran educación de una
canasta educativa que cubriera todos los componentes que determine la
Nación, y que los docentes vinculados por medio de un contrato de trabajo
con una institución de enseñanza que a su vez ha celebrado un contrato
con el departamento percibiendo el pago por alumno, correspondiente a
la tipología vigente que garantice el pago básico del servicio y las
prestaciones de ley, lo recibieran en igualdad de condiciones con cualquier
otro docente con sus mismas calidades en cualquier parte del país.

Añadió que, bajo estos preceptos, no era posible ni viable para el
departamento del Huila desde el punto de vista técnico, administrativo y
presupuestal, celebrar un contrato de prestación de servicios educativos
con una entidad estatal pactando un costo por tipología desactualizado y
que iba en contra de los derechos de los docentes a vincular o que
sacrificara algún componente de la canasta establecida por la Nación,
situación que estaba en contravía del derecho fundamental a la educación
de los menores del departamento del Huila.

1.2. Respecto de la aplicación del Decreto 4313 de 2004

Afirmó que “(…) además del uso indiscriminado de términos jurídicos
como “costos efectivos”, “componentes básicos”, “contratista” “propuesta
económica”, “oferta”, (…)”, el tribunal había descontextualizado la
interpretación y aplicación de una norma, en este caso un decreto
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nacional, como quiera que pretendió dar alcance de un procedimiento
especial de selección de un banco de oferentes y la contratación del
servicio educativo extendiéndolos a la aplicación de la ley general de
contratación pública, aplicación que no resultaba lógica tener en cuenta
ni en el proceso de conformación de banco de oferentes, ni en la
celebración del contrato destinado a la prestación del servicio educativo.

Aseveró que, desde su inicio el Decreto 4313 categorizó el contrato de
prestación de servicios educativos en el grupo de contratos de prestación
de servicios profesionales estipulado en el artículo 24 literal d) de la Ley
80 de 1993, esto es, como contratos que se celebran directamente sin
someterse previamente a un proceso de selección de contratistas, de
donde consideró que, la entidad territorial establece la necesidad
educativa a suplir para cada componente de la canasta educativa, la
Nación los costos a través del documento CONPES y conforme a los
componentes ofrecidos por el contratista, se sumará el costo de cada
componente para formar la canasta educativa ofertada, de tal manera
que la remuneración, es decir, el valor a pagar será solo por los
componentes de la canasta que el contratista se comprometa cumplir o
ejecutar.

En lo que respecta al proceso de selección objetiva del contratista,
argumentó que por disposición del artículo 5 del Decreto 4313 de 2004 al
estipularse que la selección del contratista del servicio educativo se
realizará mediante la aplicación de la norma especial, no era de recibo
pretender la aplicación de la Ley 80 de 1993 como erradamente lo
manifestó el tribunal en la sentencia de primera instancia y que,
adicionalmente, conforme al artículo 8 del mismo Decreto 4313, es
obligación conformar el banco de oferentes y contratar el servicio con los
integrantes del banco en el orden de elegibilidad que arroje el proceso de
calificación, sin perjuicio del análisis de conveniencia económica.

Hizo referencia igualmente al artículo 9 del citado decreto respecto del
procedimiento para conformar un banco de oferentes, así como a los
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criterios de evaluación y calificación establecidos por el Ministerio de
Educación Nacional mediante la “guía para la conformación del banco de
oferentes versión actualizada julio 14 de 2006” y afirmó que “(…) muy a
pesar que en la Resolución No. 476 de 2007, el gobernador del
departamento del Huila solicitó oferta económica sin que el Decreto 4313
de 2004 o la guía del Ministerio de Educación lo establecieran, este hecho
no implicaba que al momento de la presentación de la oferta económica
se le hiciera extensivo o aplicable régimen de Ley 80 de 1993 y menos
aún [el] código de comercio colombiano, toda vez que en ningún acto
administrativo existió de manera taxativa la aceptación de una oferta
económica o la adjudicación de un proceso de contratación y si hubiere
sido así sería una disposición ineficaz de pleno derecho”.

En este punto también manifestó que “(…) no obstante el departamento
haber exigido en 2007 un formato diligenciado denominado propuesta
económica, al momento de efectuar una revisión jurídica integral a la
minuta del contrato 185 de 2008, ante el imperio de la jerarquía de las
normas, no es procedente desde el punto de vista jurídico darle
prevalencia a los requerimientos de la Resolución No. 476 de 2007 sobre
los mandatos del Decreto 4313 de 2004 y su respectiva guía vigente para
la fecha de los hechos investigados en el proceso fiscal demandado,
máxime cuando éstos no constituyeron un factor de calificación para la
conformación del banco de oferentes del servicio educativo, además de
enunciar que el estudio previo que soportaba la contratación se
encontraba suscrito por responsables técnicos de la secretaría de
educación que soportaban el monto a contratar”.

1.3. Precios CONPES mediante tipologías

Sostuvo que el a quo manifestó que “los documentos elaborados por el
Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES-, como máximo
organismo de coordinación de la política económica del país, fijan
lineamientos en materia presupuestal del Estado, como es la asignación
de los recursos del sistema general de participaciones para la educación
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en un determinado lapso y entidad territorial, sin embargo, no son
vinculantes al momento de contratar la prestación del servicio educativo,
habida cuenta que la entidad territorial puede contratar por un valor
menor, igual o superior al asignado por alumno según la tipología del
CONPES, solo que en el último evento dicho excedente debe ser asumido
con recursos propios” y que reiteraba lo dispuesto en el Decreto 4313 de
2004 y la respectiva guía que lo desarrolla en el sentido que el precio de
la relación costo/ alumno lo dan las tipologías y éstas a su vez están
determinadas por el CONPES que se emite para la asignación de recursos
del Sistema General de Participaciones.

Anotó que el tribunal desestimó la valoración probatoria de los
testimonios practicados tanto en el proceso fiscal como en sede judicial al
no darle crédito a testimonios con acreditación y experticia en el área,
quienes manifestaron la necesidad de actualizar los precios a las tipologías
adecuadas al CONPES 112 de 2008, para ello transcribió apartes de lo
declarado por los señores Luis Guillermo Moreno Echeverry, Juan Pablo
Murcia Delgado, Martha Clara Vanegas Silva, Álvaro Gómez Quintero, y
afirmó que el tribunal confundió “(…) dos nociones totalmente diferentes:
por un lado, están los docentes que cuentan con su escalafón, han sido
vinculados al Estado mediante nombramiento como producto de un
concurso público y se rigen por un régimen especial (decreto 1278 de
2002); por otro lado, se encuentran los docentes que estando
escalafonados, no se encuentran vinculados con el Estado y pueden ser
vinculados mediante contrato laboral a un prestador del (sic) servicios
educativos que a su vez es contratista del Estado, esta última categoría
es la destinataria de las reglas previstas en el Decreto 4313 de 2004 y a
quienes se les calcula asignación con base en las tipologías definidas por
el CONPES”.

Alegó entre otros puntos, que “(…) frente a estos preceptos, el Estado
debe tener los instrumentos técnicos, jurídicos y administrativos para
garantizar un grado significativo de igualdad y equilibrio entre estas dos
categorías y cuidando de no menoscabar la dignidad de aquellos docentes
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vinculados por contrato frente a los docentes que ya se encuentran
vinculados al sistema educativo. No encuentra este apelante argumentos
que justifiquen un incremento anual en la asignación a los docentes
vinculados por nombramiento mientras que los docentes que prestarían
servicios mediante contrato se mantuvieran tarifas de canasta educativa
por concepto de gastos de personal con tarifas por concepto de personal
desactualizadas a 2007, atentando contra el principio de igualdad y
progresividad atentando contra los cometidos del Estado Social de
Derecho”, para lo que hizo una amplia distinción entre la educación
pública y la privada y los aspectos que pueden diferenciarlas.

1.4. La presunta calidad de gestor fiscal de la demandante – falta de
legitimación en la causa por pasiva

Afirmó que se desdibujaban totalmente los cargos imputados y fallados
en contra de la señora Amanda Cecilia Londoño de Perdomo cuando
pretendía “(…) llevarla a una interpretación de la Ley 678 de 2001 (…) en
el concepto de la revisión del contrato; pues expresa que era su deber
apegarse al artículo 845 del Código de Comercio, en el sentido de
determinar que la remuneración por tal servicio era esa y no otra;
situación ésta que contraviene todos los principios procesales del derecho
público; pues la doctora LONDOÑO DE PERDOMO, tenía como función
misional y funcional la revisión del texto jurídico del contrato, toda vez
que la misma no participó ni de la conformación del Banco de Oferentes
y aún menos de la selección de contratista, para pretender manifestar
que se encontraba obligada a hacer análisis económicos ya que la
procedencia especialísima del contrato establecía que la normatividad
legal aplicable era la Ley 715 de 2001, su Decreto Reglamentario y los
CONPES vigentes para el momento, que en nada tienen fuerza vinculante
con el análisis del Código de Comercio a que hace referencia el fallo fiscal
(…)”.

Adujo que “(…) si bien es cierto, la jurisprudencia Colombiana se ha
pronunciado respecto del manejo, conducta y procedimiento a seguir de
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todos los servidores públicos del Estado, no es legal la interpretación
fragmentaria dada a la jurisprudencia traída a colación en el Auto y que a
toda luz contraviene el fallo de Constitucionalidad C-840 de 2001, de la
Honorable Corte Constitucional, (…), en el cual se hizo un análisis
detallado y pormenorizado del Concepto de Gestión Fiscal y de daño
patrimonial del Estado, en consonancia con las presunciones de la buena
fe y del debido proceso, en la cual, en las razones de su decisión
determinan que antes de abrirse el correspondiente proceso debe tenerse
la certeza de la ocurrencia del hecho y de la causación del daño
patrimonial a la entidad”.

Indicó que en el caso se podía determinar constitucional, legal,
documental y financieramente que no existía ningún tipo de daño al
patrimonio del Estado, toda vez que conforme al artículo 31 de la Ley 610
de 2000 no había prueba de la responsabilidad, por lo que “(…) no es otro
el camino para allanar buena justicia que el cesar todo procedimiento y
conforme lo autoriza el artículo 47 de la Ley 610 de 2000, que ordenar el
archivo definitivo produciéndose la des anotación en todos los libros de
registro y cancelando cualquier pretensión cautelar que se hubiese podido
surtir en el proceso”.

Mencionó también que, el criterio bajo el cual el control fiscal no se puede
practicar in sólidum o con criterio universal fue vulnerado por la
Contraloría, como quiera que se evidenció que el ente fiscalizador no hizo
un análisis serio y responsable en dos aspectos neurálgicos y que llevaban
a concluir que la señora Londoño de Perdomo no tenía el carácter de
gestora fiscal: el primero, no se analizaron los actos preparatorios para la
celebración del contrato respecto de quienes contaban con participación
en dichas etapas; la señora Londoño no participó ni en la elaboración de
los estudios previos, del presupuesto que soportaba la contratación y la
aprobación del estudio previo en el comité de contratación.

Segundo, no existe en el proceso fiscal un análisis respecto de las
obligaciones reglamentarias del director del departamento administrativo
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jurídico, sus facultades frente a la decisión de la contratación y de su nula
participación en el proceso de aprobación de un estudio previo. Alegó que
se aportaron tanto en el proceso fiscal como en el libelo, los documentos
idóneos que certifican las funciones de dicho cargo, sin embargo, nunca
fueron valoradas.

Así mismo, hizo referencia al marco constitucional y legal del proceso de
responsabilidad fiscal y a sus elementos, así como a la naturaleza del
aseguramiento de un gestor fiscal acorde con la sentencia C- 648 de 2002,
para indicar que, como se podía observar en el expediente de
responsabilidad fiscal y en las demás pruebas aportadas, que la señora
Londoño nunca contó con póliza de seguros que respaldara sus acciones
toda vez que las funciones ejercidas en virtud de su cargo no configuraban
ordenación de gasto o disposición de recursos públicos y en consecuencia
el cargo no era susceptible de cobertura de riesgo frente al manejo de
recursos públicos, por lo que, era ilegal “(…) desde el punto de vista
material que la entidad fiscalizadora haya otorgado un status que no ha
sido otorgado ni por la Ley ni por el reglamento, toda vez que le asigna
la función de revisión jurídica de un contrato el alcance de gestión fiscal”,
ya que las funciones ejercidas por la señora Amanda Cecilia Londoño de
Perdomo no tenían una relación de conexidad próxima y necesaria para
con el desarrollo de la gestión fiscal, toda vez que sus facultades no se
desenvolvían mediante planes de acción, programas, actos de recaudo,
administración, inversión, disposición y gasto en la dirección del
departamento administrativo jurídico del departamento del Huila.

Por último, expuso que el departamento administrativo jurídico “(…) no
tiene como función la ejecución de presupuesto u ordenación del gasto,
(…) de tal suerte que al momento de los hechos condenados por el fallo
fiscal, la calidad de gestora fiscal se desvirtuó” con fundamento en el
decreto departamental 1173 de 2004 que definió la estructura orgánica
de la administración departamental y que respecto del carácter y alcance
consultivo del cargo y funciones desempeñadas, debía precisarse que, el
otorgamiento de “revisado” es sobre el texto legal de una minuta
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Demandante: Amanda Cecilia Londoño de Perdomo

contractual, toda vez que los lineamientos legales sobre los cuales se
construía el procedimiento contractual, habían sido determinados en el
estudio previo y de conveniencia que soporta la contratación, documento
en el cual la demandante no tuvo incidencia alguna, incluyendo el
fundamento jurídico de la modalidad de selección y el soporte estimado
del valor del contrato.

Por lo anotado, solicitó se revocara lo decidido por el tribunal de instancia
y se accediera a las pretensiones.

El recurso de apelación fue concedido por auto del 25 de mayo de 2018
proferido por el magistrado ponente de la decisión de primera instancia 7.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

4.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de
reparto del 2 de agosto de 20188 y admitido en proveído del 4 de marzo
de 20199.

4.2. Por auto del 3 de julio de 2019, por considerarse innecesaria la
audiencia de alegaciones y juzgamiento, el despacho corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir
concepto10.

4.2.1. El apoderado de la parte actora al descorrer el traslado solicitó que
fuera revocada la sentencia de primera instancia, para lo cual reafirmó
los argumentos expuestos al interponer el recurso de apelación11.

7
Ibidem.
8
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del asunto con
radicado nro. 41001 23 33 000 2013 00131 02. Archivo PDF “02ACTAREPARTO”.
9
Ibidem, Archivo PDF “04AUTOADMITE (…)”.
10
Ibidem, Archivo PDF “09AUTOCORRETRASLADO (…)”.
11
Ibidem, Archivo PDF “CUAD1CD1FOLIO79 (…)”
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4.2.2. El apoderado de la Contraloría Departamental del Huila pidió que
se confirme la sentencia de primera instancia12.

4.2.3. El señor Agente del Ministerio Público no rindió concepto.

4.3. El expediente ingresó para fallo el 12 de agosto de 201913.

4.4. En la fecha del 2 de mayo de 2025 se registró proyecto de fallo y por
escrito del 15 de mayo de 2025 el señor consejero Germán Eduardo
Osorio Cifuentes manifestó impedimento para conocer del asunto por
considerar que estaba incurso en la causal prevista en el numeral 1 del
artículo 141 del Código General del Proceso, el cual fue declarado
infundado por la Sala por auto del 29 de mayo de 2025.

4.5. El expediente ingresó de nuevo a despacho el 24 de junio de 2025.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación,
atendiendo lo previsto por los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201914, éste último, modificado por el artículo 1
del Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre 2024 expedido por la Sala Plena
del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

5.2. Los actos acusados

Corresponden a los siguientes:

12
Ibidem, Archivo PDF “12ALEGATOS (…)”.
13
Ibidem, Archivo PDF “13INFORME (…)”.
14
Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
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5.2.1. El fallo con responsabilidad fiscal del 23 de noviembre de 2011
proferido por la jefe de la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la
Contraloría departamental del Huila, que dispuso15:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Fallar CON responsabilidad fiscal de
conformidad con el artículo 53 de la Ley 610 del 2000 en cuantía de
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA
MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($268.530.304) a cargo
de LUIS JORGE PAJARITO S[Á]NCHEZ GARC[Í]A identificado con la
cédula de ciudadanía (…) en su condición de Gobernador del
Departamento del Huila y AMANDA CECILIA LONDOÑO DE
PERDOMO identificada de la cédula de ciudadanía No. (…) en calidad
de jefe de la Oficina Jurídica del Departamento del Huila, solidariamente,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de este auto.

ART[Í]CULO SEGUNDO: Incorporar al presente Fallo CON
responsabilidad fiscal, la póliza de manejo oficial No. 1006116, vigencia
comprendida entre el 16/05/2008 al 16/05/2009, expedida por la
Compañía de Seguros La Previsora, por valor asegurado de $217
881,558.00 en su calidad de tercero civilmente responsable y hasta por
el valor del monto asegurado.

ART[Í]CULO TERCERO: Desvincular a la compañía Aseguradora
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA de conformidad con los
hechos expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

ART[Í]CULO CUARTO: Notificar personalmente la presente providencia
los imputados LUIS JORGE S[Á]NCHEZ GARC[Í]A y AMANDA
CECILIA LONDOÑO DE PERDOMO y la Compañía de Seguros
MAPFRE S.A, y LA PREVISORA S.A., respectivamente (…).

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)

5.2.2. La Resolución nro. 287 del 10 de septiembre de 2012 proferida por
la Contralora departamental del Huila “por la cual se resuelve un recurso
de apelación”, que decidió16:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR el auto de fecha 14 de mayo de
2012 ‘por el cual se decide sobre el Recurso de Reposición’, proferido
dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 069 de 2009, conforme
lo establecido en la parte motiva del presente, y en consecuencia
ordenar:

La incorporación al Fallo CON Responsabilidad Fiscal de la Póliza de
Manejo Oficial No. 1006116, vigencia comprendida entre el 16/05/2008
a 16/05/2009, expedida por LA PREVISORA SA. Compañía de Seguros,

15
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del asunto con
radicado nro. 41001 23 33 000 2013 00131 02. Archivo PDF “01ANEXOSDEMANDA”,
pág. 85.
16
Ibidem, Archivo PDF “03ANEXOS (…)”, pág. 1.
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por valor asegurado de $217.881.558.00, en calidad de tercero
civilmente responsable y hasta por el valor del monto asegurado.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR, en todas sus demás partes el
Fallo CON Responsabilidad Fiscal de fecha veintitrés (23) de noviembre
de 2011, proferido dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 069
de 2009, de acuerdo a las consideraciones expuestas en la parte motiva
del presente proveído.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar por Estado – conforme lo ordenado en
el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 el contenido de esta Resolución a
los Procesados y/o sus Apoderados.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno por la vía gubernativa.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)

5.3. Lo probado en el proceso

5.3.1. Los hechos que originaron el proceso de responsabilidad
fiscal

(i) Está acreditado en los antecedentes administrativos que mediante la
Resolución nro. 476 del 29 de noviembre de 2007, “por el cual se fijan las
condiciones para la actualización y conformación del banco de oferentes
para el 2008”, expedida por el gobernador del departamento del Huila de
la época, se dispuso17:

“[…] Que el Departamento del Huila está interesado en identificar la
oferta educativa de las personas jurídicas públicas, privadas y naturales
cuyo objeto es la prestación del servicio educativo y que están
autorizadas para ofertar el servicio en los diferentes niveles de la
educación formal regular, para ofertar modelos educativos especiales,
para ofertar educación a la población adulta, población rural y urbana,
población afectada por el conflicto armado, población reinsertada,
población con discapacidad, población con facultades excepcionales,
para ofertar modelos educativos especiales y educación para
comunidades indígenas y demás modelos de educación legalmente
aceptados.

Que el Departamento del Huila actualizará y conformará el Banco de
Oferentes por municipio con las personas o instituciones que posean
licencia de funcionamiento que los autorice para prestar el servicio
educativo en uno o varios Municipios del Departamento.

17
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del asunto con
radicado nro. 41001 23 33 000 2013 00131 02. Archivo PDF “01ANEXOSDEMANDA”,
pág. 26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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30

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Demandante: Amanda Cecilia Londoño de Perdomo

Que el señor Gobernador del Departamento tiene la competencia para:
a) convocar públicamente a las personas jurídicas de derecho público,
privado y naturales autorizadas legalmente para prestar el servicio
educativo en los municipios no certificados del Departamento del Huila,
para actualizar y conformar el Banco de Oferentes. b) Evaluar, calificar
y clasificar a los proponentes.

(…)
RESUELVE:

ART[Í]CULO PRIMERO: Invitar a las personas jurídicas y naturales de
derecho público o privado, de reconocida trayectoria e idoneidad en la
prestación o promoción del servicio de educación formal, para que se
inscriban y/o actualicen en el BANCO DE OFERENTES de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 4313 de 21 de diciembre de 2004.

[…]” (Mayúsculas y negrillas originales)

(ii) El 11 de enero de 2008 el representante legal de la Universidad
Surcolombiana presentó propuesta económica, atendiendo la invitación
pública citada en precedencia, así18:

“[…] El suscrito LUIS ALBERTO CERQUERA ESCOBAR como
representante Legal de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, de
conformidad con la invitación pública de fecha 29 de Julio (sic) de 2007,
para inscribirse en el Banco de Oferentes, presento propuesta con 62
folios para prestar el servicio educativo.

Declaro así mismo que:

Para la elaboración de la propuesta hemos tenido en cuenta todos los
lineamientos y requerimientos establecidos en la invitación pública.

Aceptamos que esta propuesta no obliga a la secretaría de Educación a
celebrar un contrato para la prestación del servicio educativo.

Conocemos los lugares donde proponemos prestar el servicio educativo.
No se realizará la matrícula de ningún estudiante que podría ser
beneficiado de esta propuesta, hasta tanto no se haya celebrado un
contrato de prestación del servicio educativo con la Secretaría de
Educación.

El costo total por alumno/año es de $ 924.600.00

El total de cupos ofrecido para atender el grupo de población con
discapacidad es de 10.000.

El costo por alumno/año se mantendrá, independientemente del
número de cupos que la entidad territorial certificada necesite
contratar con nosotros.

(…)

18
Ibidem, Archivo PDF “03ANEXOS (…)”, pág. 33.
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31

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Demandante: Amanda Cecilia Londoño de Perdomo

Concepto Costo mensual Costo total por
($) alumno/año
($)
a Componentes de la
Canasta Básica
1. Recurso Humano
. Docentes (705) 916.500.00 8.248.500.000
. Personal administrativo (7) 11.000.000 110.000.000
2. Material educativo
Preescolar 100.000.000 100.000.000
Primaria 100.000.000 100.000.000
Básica secundaria 100.000.000 100.000.000
Media 100.000.000 100.000.000
Materiales técnicos para
atender
3. Gastos generales
Administración 428.820.000 428.820.000
TOTAL DEL COSTO DE LA 9.187.320.000
CANASTA BÁSICA POR
ALUMNO/AÑO
B. COMPONENTES
ADICIONALES DE LA
CANASTA
Profesionales de apoyo 0 0
Apoyo nutricional 0 0
Transporte 0 0
Capacitación de docentes 58.680.00 58.680.000
Costos complementarios
Otros
Total del costo adicional de 58.680.000
la canasta por alumno/año
Total costo por 9.246.000.000
alumno/año (costo básico
+ costo adicional)

924.600. POR NIÑO

[…]” (Mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)

(iii) El 28 de febrero de 2008 en el formato de estudios previos nro. 0200
de 2008, la gobernación del Huila determinó las condiciones para la
prestación del servicio educativo de los oferentes en los siguientes
términos19:

“[…]

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DEPENDENCIA DELEGATARIA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
(…)

19
Ibidem, Archivo PDF “03ANEXOS (…)”, pág. 121.
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Demandante: Amanda Cecilia Londoño de Perdomo

TIPO DE CONTRATO O CONVENIO PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO
FUNDAMENTO JUR[Í]DICO DE LA Ley 80 del 93, Ley 1150 de 2007,
MODALIDAD DE SELECCIÓN Artículo 54 del Decreto 066 de
2008. LEY 715 DE 2001 norma
orgánica sobre recursos,
competencias y de organización
de los servicios de educación,
ARTÍCULO 27 ‘Prestación del
servicio educativo’. DECRETO
4313 DE 2004 11 Por el cual se
reglamenta la contratación del
servicio público educativo de las
entidades territoriales"
CAPITULO I Aspectos generales
de la contratación del servicio"
ARTÍCULO 30 ‘Prestación del
servicio educativo’ y ARTÍCULO
4º "OBJETO DE LOS
CONTRATOS" LITERAL a)
Contratación de la prestación del
servicio público educativo"
Resolución No 063 del 20 de
febrero de 2008 mediante la cual
se actualiza el listado de
elegibles para la conformación
del banco de Oferentes para la
prestación del servicio educativo.
PRESUPUESTO ASIGNADO $10.871.045.000,00
(…)
CONCEPTO DEL GASTO AMPLIACIÓN Y SOSTENIMIENTO
DE LA COBERTURA MEDIANTE LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO O SUBSIDIADO EN
EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
PLAN DE DESARROLLO: HUILA UNIDO PARA CONSTRUIR FUTURO
EJE TEMÁTICO: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: EDUCACI[Ó]N AL ALCANCE DE TODOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA: INCORPORAR LA POBLACI[Ó]N HUILENSE
A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS FORMALES Y NO FORMALES CON
EQUIDAD Y CALIDAD
METAS DE RESULTADO: N.D.
METAS DE PRODUCTO: N.D.
METAS DEL PROYECTO: INCREMENTAR LA COBERTURA EN
EDUCACI[Ó]N PREESCOLAR EN UN 10%, B[Á]SICA PRIMERA EN UN
2%, SECUNDARIA 5% Y MEDIA EN 7%
RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LAS METAS DEL
PROYECTO: Incorporación de estudiantes de estratos 1 Y 2. Se
garantiza la continuidad en el sistema educativo a 10350 estudiantes
que fueron atendidos en el año anterior por ampliación de cobertura y
los nuevos cupos por demanda 2008.
(…)
DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL
PRETENDE SATISFACER
Garantizar la continuidad y la ampliación de la cobertura educativa
para el año lectivo 2008, de 10350 estudiantes de los 19607 que a 18
de febrero de 2008 han aumentado por ampliación de cobertura de los
estrato[s] 1 y 2, según certificado expedido por el Líder del Proceso de

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Sistema de Información de la Secretaría de Educación del Huila, los
cuales deben ser atendidos por el departamento del Huila como
administrador del servicio público mediante contrato de prestación de
servicio educativo, por presentar insuficiencias en su capacidad
instalada en cuanto al talento docente para atender la población
incorporada al sistema educativo desde el año 2004 a la fecha, de
conformidad con la planta de cargos certificada a diciembre de 2003.
DEFINICIÓN DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD
Contratar 10350 cupos escolares a una entidad educativa o
establecimiento educativo que se encuentre en listado de elegibilidad
del Banco de oferentes de 2008, fijado según resolución No. 063 del
20 de febrero de 2008
(…)
CONDICIONES DEL CONTRATO
OBJETO Prestar el servicio educativo en
cantidad de 10350 cupos para
igual número de estudiantes de
los estratos 1 y 2 matriculados
en los establecimientos
educativos oficiales de los
municipios no certificados del
Huila.

(…)
FORMA DE PAGO El valor total del contrato en seis
(6) cuotas equivalentes cada una
a
la suma de $1.811.840.833.33,
así:
1. Marzo 30 de 2008-
presentación cuadro de
matrícula.
2. Mayo 30 de 2008-
Presentación informe refrendado
por el interventor del contrato.
3. Julio 30 de 2008 Presentación
informe refrendado por el
interventor del contrato
4. Septiembre 30 de 2008
Presentación informe refrendado
por el interventor del contrato.
5. Noviembre 30 de 2008
Presentación informe refrendado
por el interventor del contrato.
6. Diciembre 30 de 2008 Informe
final refrendado por el
interventor del contrato y
contratista-liquidación contrato.
(…)

ESTUDIO DE CONDICIONES Y PRECIOS DE MERCADO: Mediante
invitación pública se establecieron los requerimientos de carácter
técnico, capacidad económica y financiera y de carácter jurídico y se
estableció el BANCO DE OFERENTES DEL SERVICIO PÚBLICO
EDUCATIVO de 2008, del cual se seleccionará el proponente que haya
ocupado el primer lugar para la contratación del servicio.
SOPORTE ECONÓMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

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Para la atención de los 10350 cupos, se tuvo en cuenta los costos por
tipología establecidos por el CO[N]PES 112 para 2008, así: Preescolar
y primaria urbano $ 860 * 217 = 186.620.000,00; rural $
954.600x2.894= 2.762.612.400,00; Secundaria y Media, Urbano
$954.600X4.566= 4.358.703.600,00; Rural
$1.333.000X2.673=3.563.109.000,00. TOTAL $ 10.871.045.000,00
(…)

El secretario da fe que en el Comité de Contratación fueron aprobados
los estudios previos según el texto que antecede, que consta en Acta No.
113, de la reunión realizada en fecha 28/02/08

[…]” (Mayúsculas y negrillas originales)

(iv) El 14 de marzo de 2008 se celebró el Contrato de Prestación de
Servicios Educativos nro. 185 entre los representantes legales de la
gobernación del Huila y la Universidad Surcolombiana, en el que se
consignó lo siguiente frente a la naturaleza, objeto y obligaciones del
contratante y del contratista20:

“[…] OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN CANTIDAD DE
10.350 CUPOS PARA IGUAL N[Ú]MERO DE ESTUDIANTES DE LOS
ESTRATOS 1 Y 2 MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL
HUILA.

VALOR: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/TE. ($10.871.045,000.00)

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

(…) hemos convenido celebrar el presente Contrato de Prestación de
Servicios, previo Proceso en el cual se verifica que LA UNIVERSIDAD se
encuentra inscrita y calificada en el Banco de Oferentes, abierto por el
DEPARTAMENTO para la celebración de esta clase de contratos, previa
las siguientes consideraciones: 1.-) De acuerdo a los lineamientos del
plan de desarrollo departamental ‘EL HUILA UNIDO PARA CONSTRUIR
FUTURO’, se contempla dentro de los ejes temáticos DESARROLLO
SOCIAL, programa EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS, cuyo Objetivo
es incorporar la población huilense a los programas educativos formales
y no formales con equidad y calidad, y su meta de resultado es la
ampliación de la matrícula escolar en un 10% en Preescolar, 2% en
básica Primaria, 5% en básica secundaria y 7% en media y su meta de
producto es la ampliación mediante contratación del servicio educativo
de hasta 10.350 cupos, con metas del proyecto en la Asignación de
recursos para financiar docentes para la ampliación de la cobertura, y
conseguir alta retención e incorporación estudiantil en las zonas de
influencia; 2.-) LA UNIVERSIDAD se encuentra inscrito y calificado en el
Banco de Oferentes; 3.-) Que se presenta insuficiente el componente

20
Ibidem, Archivo PDF “01ANEXOSDEMANDA”, pág. 36.
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recurso humano de la canasta educativa básica, en los establecimientos
educativos estatales en los municipios no certificados del departamento,
esencial para garantizar la prestación del servicio educativo por:
Incremento de la Matrícula 2008 en general de 19607 a corte 18 de
febrero de los cuales 10350 son nuevos cupos para población en edad
escolar; incremento de requerimiento docente y en razón al cambio de
las relaciones técnicas docente/grupo al pasar de media académica a
media técnica con articulación con el SENA (pasa de 1.36 docentes a 1.7
por grupo); apertura del nivel de educación media en instituciones
rurales que tenía hasta el nivel de básica (0 a 9°); apertura del grado 6º
en sedes educativa en donde sólo se ofrecía el nivel de primaria; atención
de sedes educativas con matrícula menor a diez (10) estudiantes;
atención a tutelas para asignar maestros por ampliación de cobertura y
continuidad de grupos de estudiantes con metodología aceleración del
aprendizaje; 4.-) Que el Legislador ha previsto la contratación de la
prestación del servicio público educativo por año lectivo en los términos
del Decreto 4313 de 2002, art[í]culo 3 literal a, reglamentario de la Ley
715 de 2001, para atender las necesidades presentadas en el sector
estatal, debiéndose contratar por número de cupos requeridos; 5.-) Que
existen las certificaciones del coordinador del área de cobertura sobre el
comparativo de matrícula 2003/2008 a 18 de febrero del presente año
al igual que estudio de necesidades docentes para ampliación de
cobertura a 27 de febrero de 2008; 6.-) Que el DEPARTAMENTO tiene
competencia para administrar el servicio público de educación de
conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001 y las disposiciones
que la reglamentan; 7.-) Que en razón de la naturaleza de servicio
público dada por la Constitución Política al servicio educativo y de la
obligación de dar cumplimiento a los principios generales de la
contratación administrativa, de transparencia y selección objetiva, el
DEPARTAMENTO ha conformado el Banco de Oferentes, previa
evaluación de la trayectoria e idoneidad en la prestación y promoción del
servicio educativo por parte de los allí inscritos o registrados, obteniendo
como resultado que el (sic) LA UNIVERSIDAD ha cumplido con las
condiciones requeridas para celebrar este contrato, en los términos
establecidos en los artículos 2º y 8º parágrafo del Decreto 4313 de 2004,
modificado parcialmente por decreto 2085 de junio 20 de 2005, que
adiciona a las personas naturales como posibles contratantes, anexo
Resolución No.063 del 20 de febrero de 2008; (…); el cual queda
consignado en las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:
LA UNIVERSIDAD se obliga para con El DEPARTAMENTO DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACI[Ó]N, a ‘PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO
EN CANTIDAD DE 10.350 CUPOS PARA IGUAL N[Ú]MERO DE
ESTUDIANTES DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 MATRICULADOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DEL HUILA’. PAR[Á]GRAFO PRIMERO-. Para la
ejecución del presente contrato LA UNIVERSIDAD asume con cargo a
la suma que recibe por concepto de ejecución del presente contrato, el
costo de los elementos básicos para la planeación, desarrollo y
culminación de los procesos administrativos y pedagógicos y el
suministro del personal de docentes, debiendo constituir una unidad
administrativa especial para su ejecución PAR[Á]GRAFO SEGUNDO:
LA UNIVERSIDAD cumplirá especial y celosamente las obligaciones
contempladas en el presente contrato, así como las que fueren objeto de
discriminación en los estudios previos del contrato, en su propuesta, al
igual que aquellas que sean consustanciales o inherentes a las mismas,
así no estén expresamente mencionadas en los documentos
contractuales, CLÁUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
DE LA UNIVERSIDAD: (…). CL[Á]USULA TERCERA. VIGENCIA Y
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es
decir, el tiempo durante el cual LẠ UNIVERSIDAD se compromete a

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Demandante: Amanda Cecilia Londoño de Perdomo

prestar el servicio contratado, será hasta el 31 de [d]iciembre de 2008,
contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio. LA vigencia
se contará a partir de la fecha de perfeccionamiento, y contendrá el plazo
de ejecución y citado y un (1) mes más. PAR[Á]GRAFO PRIMERO: Por
tratarse de un contrato de tracto sucesivo, se verificará su cumplimiento
total hasta el vencimiento del término previsto para su ejecución. Para
el cumplimiento parcial de las obligaciones, se verificará de acuerdo con
los informes presentados por LA UNIVERSIDAD al DEPARTAMENTO, y
dentro de los plazos previstos en este contrato, en sus estudios previos
aprobados y en la propuesta presentada por LA UNIVERSIDAD,
PAR[Á]GRAFO SEGUNDO: LA UNIVERSIDAD atenderá la formación
de los educandos objeto del presente contrato de conformidad con el
calendario académico previsto en el Anexo 1 y ajustará el mismo para
dar cumplimiento a la duración del contrato PAR[Á]GRAFO TERCERO:
LOCALIZACIÓN: LA UNIVERSIDAD deberá ejecutar el contrato en los
33 municipios no certificados del Departamento del Huila, teniendo como
sede central la ciudad de Neiva. CL[Á]USULA CUARTA. VALOR DEL
CONTRATO: El valor del presente contrato será la suma de DIEZ MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS M/TE. ($10.871.045.000,00), con este valor se atenderá el
número total de nuevos cupos requeridos sin consideración de la
cantidad y los requerimientos por modificaciones de las relaciones
técnicas en el nivel de media técnica y nuevas modalidades de post
primaria y telesecundaria, así: 1.70 docentes por grupo de media técnica
y un docente por grupo en post primaria o telesecundaria.
PAR[Á]GRAFO: Dentro del presente valor se entienden incluidos todos
los costos directos e indirectos, impositivos o tributarios que afectan el'
servicio contratado, conforme a la oferta presentada por LA
UNIVERSIDAD. (…). CLÁUSULA OCTAVA. PERSONAL DE LA
UNIVERSIDAD: LA UNIVERSIDAD se obliga a vincular a la ejecución
contractual, el personal idóneo que sea requerido para el cabal
cumplimiento del mismo, el cual dependerá exclusivamente de éste,
quién será su empleador directo y responderá por sus salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones. EL DEPARTAMENTO se reserva
el derecho de solicitar a LA UNIVERSIDAD los cambios de personal que
considere convenientes, cuando así lo amerite el servicio y éste se obliga
a realizarlos (…). (…). CL[Á]USULA VIG[É]SIMA CUARTA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este
contrato los siguientes documentos: a) Estudios previos aprobados; b)
La oferta de LA UNIVERSIDAD; c) El Registro Presupuestal; d) Las actas
que se produzcan durante la ejecución del contrato; e) Recibos de pago
de la publicación en la Gaceta Departamental y de los impuestos a que
haya lugar; g) Los que se produzcan durante el desarrollo del mismo.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y
REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El presente contrato se considera
perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para su
ejecución se requiere: 1. Registro Presupuestal. 2. Pago de la publicación
en la Gaceta Departamental y la cancelación del impuesto de timbre, si
a ello hubiere lugar. PARAGRAFO: Los gastos que se causen en la
legalización del presente contrato correrán por cuenta de LA
UNIVERSIDAD. CLÁUSULA VIG[É]SIMA SEXTA. DOMICILIO: Para
todos los efectos legales del presente contrato el domicilio será la ciudad
de Neiva (Huila). Para constancia se firma en la ciudad de Neiva a los
(sic) 14 marzo de 2008.

[…]” (Mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)

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(v) El precitado contrato fue modificado mediante el otrosí nro. 01 suscrito
por las partes el 1 de diciembre de 2008, en el siguiente sentido 21:

“[…] OTROSI No. 01 DE MODIFICACI[Ó]N AL CONTRATO DE
PRESTACI[Ó]N DE SERVICIOS No. 185 DE 2008 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA-SECRETARIA DE
EDUCACI[Ó]N Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Entre los suscritos a saber LUIS JORGE PAJARITO S[Á]NCHEZ
GARCÍA, mayor de edad y vecino de Neiva, identificado con la cédula
de ciudadanía número (…), quien obra como Gobernador del
Departamento del Huila, según consta en el Acta de posesión No. 001 de
2007, quien para los efectos de este CONTRATO se denominará EL
DEPARTAMENTO; por una parte; y por la otra, la (sic) LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NEIVA, ente Universitario
Autónomo de orden nacional, creado por Ley 55 de 1968, transformado
mediante Ley No.0013 del 30 de [e]nero de 1976, su naturaleza jurídica,
la organización administrativa y la estructura académica será la misma
de la Universidad Nacional de Colombia, con Nit. 891.180.084-2,
reconocida institucionalmente como Universidad mediante la Resolución
No.9062 de [o]ctubre 26 de 1976, por el Ministerio de Educación
Nacional, representada por H[É]CTOR HERN[Á]N ZAMORA CAICEDO,
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No.(…), según
consta en la Resolución No. 010 del 10 de [j]unio de 2008 del Consejo
Superior de la Universidad Surcolombiana, ‘Por la cual se designa Rector
Encargado en la Universidad Surcolombiana’, y quien actúa en nombre
y representación de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, conforme el
Acta de Posesión expedida por el Consejo Superior Universitario de
[j]unio 10 de 2008, debidamente autorizado para suscribir contratos,
quien para efectos del presente contrato se denominará LA
UNIVERSIDAD, hemos acordado modificar la Cláusula Cuarta ‘VALOR
DEL CONTRATO’ del Contrato de Prestación de Servicios No.185 de 2008,
suscrito el 14 de [m]arzo de 2008, previas las siguientes
consideraciones: a) Que el Departamento del Huila - Secretaria de
Educación celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 185 de
2008, cuyo objeto es ‘PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN CANTIDAD
DE 10.350 CUPOS PARA IGUAL N[Ú]MERO DE ESTUDIANTES DE LOS
ESTRATOS 1 Y 2 MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL
HUILA’, el cual se encuentra vigente; b) Que el soporte económico del
valor estimado del contrato No. 185 de 2008, presentado en los estudios
previos No.0200 del 28 de [f]ebrero de 2008, se hizo teniendo como
base los costos de tipología establecidos en el CO[N]PES 112 de [f]ebrero
6 de 2008, dando un valor total de $10.871.045.000.oo, según los cupos
y precios por nivel escolar y zona, valores estos conforme a los
establecidos con las normas nacionales; c) Que mediante CO[N]PES 116
del 25 de Agosto de 2008, se establece la nueva tipología para la
asignación por estudiante dando como resultado que el valor total del
contrato debe ser de $10.571.000.000.00, lo que implica una reducción
al contrato inicial de $300.045.000.00, atendiendo el cómputo financiero
establecido en al (sic) Acta de Justificación Modificación al Contrato No.
185 de 2008; d) Que el Contrato No. 185 de 2008 se celebró por un valor
de $10.871.045.000.00, y a la fecha se ha ejecutado
$7.245.363.332.00, faltando por ejecutar $3.625.681.668.00, de la cual
se puede descontar dicho valor; e) Que la UNIVERSIDAD

21
Ibidem, Archivo PDF “01ANEXOSDEMANDA”, pág. 52.
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SURCOLOMBIANA, acepta la reevaluación y en consecuencia en forma
univoca se hace conforme al nuevo valor, como resulta del cómputo
financiero. Que según Acta de Justificación de [o]ctubre 28 de 2008, que
hace parte integrante de este OTROSI, se hace indispensable modificar
la Cláusula Cuarta del Contrato de Prestación de Servicios No.185 de
2008, el cual en adelante se regirá por las siguientes Cláusulas:
PRIMERA. - Modifíquese la Cláusula Cuarta "VALOR DEL CONTRATO"
del Contrato de Prestación de Servicios No.185 de 2008, en el sentido
de disminuir el valor total del contrato, la cual quedará así: CLÁUSULA
CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato será la
suma de DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS
M/TE. ($10.571.000.000,00). SEGUNDA. - El presente OTROSI se
perfecciona con las firmas de las partes, adicionalmente LA
UNIVERSIDAD se obliga a publicar en la Gaceta Departamental y la
cancelación del impuesto de timbre, estampillas e impuestos a que haya
lugar. TERCERA. - Las demás Cláusulas del Contrato de Prestación de
Servicios No.185 de 2008 no sufren modificación alguna, por lo tanto,
continúan vigentes. En constancia se firma el presente adicional en
Neiva, a los (sic) 01 dic 2008.

[…]” (Mayúsculas y negrillas originales)

(vi) El Contrato de Prestación de Servicios nro. 185 del 14 de marzo de
2008 y el Otrosí nro. 01 del 1 de diciembre de 2008, fueron liquidados
mediante el acta de liquidación del 29 de enero de 2009 suscrita por las
partes, en donde quedó consignado lo siguiente22:

“[…] En Neiva (Huila), a los 29 días del mes de enero de 2009, se
reunieron las siguientes personas: HERNANDO RAM[Í]REZ PLAZAS,
en calidad de representante legal de LA UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA, [Á]LVARO G[Ó]MEZ QUINTERO en calidad de
supervisor de contrato y LUIS JORGE PAJARITO S[Á]NCHEZ -
Gobernador, para suscribir el Acta de LIQUIDACI[Ó]N del contrato
Prestación de Servicios No. 185 de 14 de marzo de 2008 y Otrosí No. 01
del 1 de diciembre de 2008, del en los siguientes términos:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

(…)

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

(…)

3. Acta Final

Aclaraciones Sobre El Valor Del Contrato

En la propuesta presentaría (sic) por la Universidad Surcolombiana en
enero 11 de 2008, se calculó el valor promedio de cada niño a razón de
$924.600 tomando como referencia el documento Conpes 107 del 1º
octubre de 2007, el cual estaba vigente en el momento de presentar la
propuesta. A la firma del contrato 185 de 2008, Planeación Nacional,

22
Ibidem, Archivo PDF “01ANEXOSDEMANDA”, pág. 106.
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había expedido la nueva tipología para calcular el costo por niño
especificando nivel educativo y zona urbana y rural ‘Conpes 112 de
febrero 6 de de (sic) 2008’; basado en esta tipología se firmó el contrato
entre la Gobernación Del Huila y La Universidad Surcolombiana.

El día 1 de diciembre de 2008 y dado que mediante Conpes 116 del 25
de agosto de 2008 se estableció una nueva tipología para la asignación
por estudiante se firma un otrosí No. 01 del 1 de diciembre de 2008,
donde se modifica el valor total del contrato el cual se establece en la
suma de $10.571.000.000,00, lo cual significa que al valor inicial del
contrato se redujo en la suma de $300.045.000,00., por consiguiente las
partes mediante acta redujeron el valor del convenio, reintegrando a la
Gobernación del Huila la suma de $300.045.000,00.

Dentro de la ejecución del contrato la Universidad Surcolombiana
presupuesto vincular únicamente profesionales de diferentes áreas y
licenciados para atender todos los requerimientos de personal docente,
dado que esto no fue posible, se recurrió a los normalistas superiores y
en tal sentido se dejó de cancelar la suma de $473.842.153 por concepto
de pago de docentes, monto que se dejó de ejecutar. Además, dado que
no se atendieron durante algunos meses la totalidad de niños
inicialmente pactados debido a que no se consiguió el personal con los
perfiles inicialmente definidos se dejó de ejecutar la suma de
$278.708.940, según discriminación presentada en el informe final de
ejecución a la Gobernación Del Huila. En tal sentido la Universidad deja
de ejecutar en total el valor de $752.551.093,00.

INFORME FINANCIERO

DESCRIPCION VALOR
1. Valor Inicial del contrato $10.871.045.000.00
2. Valor final del contrato (otrosí $10.571.000.000.00
No. 01 al contrato de Prestación
de Servicios No. 185 de 2008)
3. Valor Primer pago $1.811.840.833.00
4. Valor Segundo pago $1.811.840.833.00
5. Valor Tercero pago $1.811.840.833.00
6. Valor Cuarto pago $1.811.840.833.00
7. Valor Quinto pago $1.811.840.833.00
8. VALOR PAGADO $9.059.204.165.00
9. VALOR REINTEGRO AL $300.045.000.00
DEPARTAMENTO (Otrosí No. 01)
10. VALOR PAGADO MENOS $8.759.159.165.00
REINTEGRO
11. Valor ejecutado Aporte $9.818.448.907.00
Gobernación del Huila
12. VALOR NO EJECUTADO $752.551.093.00
(Saldo a favor del
Departamento)
13. VALOR PENDIENTE POR $1.059.289.742.00
CANCELAR

(…)

8. ESTADO JUR[Í]DICO

NOVEDAD RESOLUCI FECHA CUANTÍA OBSERVACIONE
ÓN NO. S

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Otrosí 1/12/20 300.045.00 Dado que
08 0.00 mediante Conpes
116 del 25 de
agosto de 2008 se
establece una
nueva tipología
para la asignación
por estudiante se
firma un otrosí
no. 01 del 1º de
diciembre de
2008, donde se
modifica el valor
total del contrato
el cual se
establece en la
suma de
($10.571.000.00
0,00), lo cual
significa que al
valor inicial del
contrato se
redujo en la suma
de
($300.045.000,0
0).
Prórrogas No hubo
Adiciones No hubo
Multas No hubo
Incumplimi No hubo
ento
Sanciones No hubo

(…)

11. CAUSA DE LIQUIDACIÓN

CAUSAS OBSERVACIONES
Por realización del objeto del Por cumplimiento de las
contrato obligaciones del contrato
(cláusulas primera y segunda) se
liquida a la fecha de la presente
acta.

(…)

Las partes se declaran a satisfacción en la realización del objeto del
contrato y manifiestan quedar a paz y salvo por todo concepto, una vez
se surta el ultimo desembolso correspondiente a $1.059.289.742, oo
respecto al CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 185 DEL 14 DE
MARZO DE 2008 y Otrosí No. 01 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2008, suscrito
entre el Departamento del Huila y la Universidad Surcolombiana. Así
mismo, las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o
extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral o contenciosa
administrativa relacionada con esta Acta de Liquidación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Neiva (Huila)
a los veintinueve (29) días de [e]nero de 2009, por los que en ella
intervinieron.

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[…]”. (Mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)

5.3.2. El proceso de responsabilidad fiscal

Del expediente de responsabilidad fiscal nro. 069-2009 se desprenden las
siguientes actuaciones que son relevantes para el caso concreto23:

5.3.2.1. Por auto del 27 de octubre de 2009 proferido por la jefe de la
Oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría departamental del
Huila se dispuso la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, así:

“[…] ART[Í]CULO PRIMERO: abrir Proceso de Responsabilidad Fiscal
No. 069 -2009, del DEPARTAMENTO DEL HUILA, cuyo representante
legal es LUIS JORGE S[Á]NCHEZ GARC[Í]A por el término de tres (3)
meses, prorrogables hasta por dos (2) meses más, mediante auto
debidamente motivado, según lo establecido en el Artículo 45 de la Ley
610 del 2000.

(…)

ART[Í]CULO OCTAVO: Notificar personalmente la presente providencia
a LUIS JORGE S[Á]NCHEZ GARC[Í]A Y AMANDA CECILIA
LONDOÑO PERDOMO haciéndoles saber que contra este Auto no
procede recurso alguno. En caso de no ser posible su notificación
personal, se fijará el correspondiente edicto en los términos y
condiciones dispuestos en el Código Contencioso Administrativo.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)

5.3.2.2. Conforme consta en el citado auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal, según el informe de auditoría gubernamental con
enfoque integral modalidad especial, OCF nro. 660 del 3 de julio de 2009,
suscrito por el jefe de la Oficina de Control Fiscal de la Contraloría
departamental del Huila, se practicó auditoría al departamento del Huila
– secretaría de educación departamental, en el que se encontró el
siguiente hallazgo:

“[…] En los estudios (No. 200 de febrero 26 de 2008), se fija un valor
para contratar el servicio educativo de $10.871.0 (sic) millones atender
10.350 estudiantes de población regular en los 36 municipios no

23
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2013 00131 02. Archivo PDF “01ANEXOSDEMANDA (…)”.
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certificados del departamento teniendo en cuenta el tope máximo de
recursos del CONPES anualmente definido.

(…)

Así las cosas, el Departamento del Huila celebró el Contrato de prestación
de servicios No. 185 de 2008, teniendo en cuenta la resolución No. 063
de 2008 y cuyo objeto reza ‘Prestar el servicio educativo en cantidad de
10.350 cupos para igual número de estudiantes de los estratos 1 y 2
matriculados en los establecimientos educativos oficiales de los
municipios no certificados’.

(…)

Del análisis al balance financiero del contrato Nro. 185 de 2008 se tiene
que el valor final pagado al contratista USCO es de $9.918.448.907 y al
hacer el comparativo de las (sic) presento daño patrimonial al Estado
corresponde a la suma de $2.494.786.987.

Aunado a lo anterior, se logró establecer que una variación de las
condiciones de selección, representada en que en la celebración del
contrato en mención no se tuvo en cuenta la propuesta económica
presentada por la Universidad Surcolombiana para la inscripción en el
banco de oferentes, teniendo en cuenta que estimó el costo total por
alumno/año en la suma de $924.600, suma está que multiplicada por el
número de cupos (10.350) para estudiantes arrojaría la suma de
$9.569.610.000.

Que, por el contrario, se estipuló como valor la suma de
$10.871.045.000 pesos mcte para atender 10.350 estudiantes de la
población regular, teniendo en cuenta los costos definidos en el CONPES
112 para el 2008 atendiendo el presupuesto definido en los Estudios
Previos No. 200 de 2008.

(…)

Teniendo en cuenta el valor propuesto por la USCO para la atención de
los 10.350 estudiantes durante el año 2008, de $9.569.610.000, frente
al valor final del contrato 185-08, por una suma de $9.818.448.907, para
atender la población estudiantil definida en el Departamento, se
configura un presunto detrimento patrimonial en la suma de
$248.838.907.

Con fundamento en lo anterior, se determinó la existencia de un daño
patrimonial al Estado, así como la individualización de los presuntos
autores de este, en su condición de gestores fiscales, profiriendo por
tanto el Auto de Apertura de proceso de Responsabilidad fiscal No. 050-
2009, en el que se incluyeron las dos conductas constitutivas de daño
patrimonial al Estado relacionadas en el hallazgo fiscal mencionado
inicialmente.

[…]”. (mayúsculas originales, subrayas ajenas)

5.3.2.3. Por auto del 17 de junio de 2010 la jefe de la Oficina de
Responsabilidad Fiscal de la Contraloría departamental del Huila profirió

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auto de imputación de responsabilidad fiscal, entre otros, en contra de la
señora Amanda Cecilia Londoño de Perdomo, así24:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Imputar responsabilidad fiscal de
conformidad con el artículo 48 de la Ley 610 del 2000 contra las
siguiente[s] personas: LUIS JORGE PAJARITO S[Á]NCHEZ
GARC[Í]A identificado con la cédula de ciudadanía No. (…) en su
condición de Gobernador del Departamento del Huila y AMANDA
CECILIA LONDOÑO DE PERDOMO identificada con la c[é]dula de
ciudadanía No. (…) en calidad de Jefe de la Oficina Jurídica del
Departamento del Huila, por el daño patrimonial producido al erario
público con ocasión de los hechos que son objeto del proceso de
responsabilidad fiscal No. 069 de 2009, adelantado en las dependencias
administrativas del DEPARTAMENTO DEL HUILA SECRETARIA DE
EDUCACI[Ó]N, en cuantía de Doscientos Cuarenta y Ocho Millones
Ochocientos Treinta y Ocho mil novecientos siete pesos m/cte
($248.838.907), solidariamente, de conformidad con lo señalado en
la parte motiva de este auto;

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
De dicho auto se destaca lo siguiente frente a las razones por las que se
imputó responsabilidad a la hoy demandante:

“[…] De la señora AMANDA CECILIA LONDOÑO DE PERDOMO

De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 3 de la Ley 610 se
entiende por Gestión fiscal ‘(…) el conjunto de actividades económicas,
jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las
personas de derecho privado que manejen o administren recursos o
fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición,
planeación, conservación, administración, custodia, explotación,
enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de
los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de
sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con
sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia,
equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y
valoración de los costos ambientales’.

A cerca de gestión fiscal, la Honorable Corte Constitucional en sentencia
C-840 del 09 de agosto de 2001 indicó ‘Como bien se aprecia, se trata
de una definición que comprende las actividades económicas, jurídicas y
tecnológicas como universo posible para la acción de quienes tienen la
competencia o capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados
al tráfico económico de los recursos y bienes públicos, en orden a cumplir
los fines esenciales del Estado conforme a unos principios que militan
como basamento, prosecución y sentido teleológico de las respectivas
atribuciones y facultades. Escenario dentro del cual discurren, entre
otros, el ordenador del gasto, el jefe de planeación, el jefe jurídico, el
almacenista, el jefe de presupuesto, el pagador o tesorero, el
responsable de la caja menor, y por supuesto, los particulares que
tengan capacidad decisoria frente a los fondos o bienes del erario público
puestos a su cargo. Siendo patente que en la medida en que los
particulares asuman el manejo de tales fondos o bienes, deben

24
Ibidem, Archivo PDF “01ANEXOSDEMANDA (…)”, pág. 128.
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someterse a esos principios que de ordinario son predicables de los
servidores públicos, al tiempo que contribuyen directa o indirectamente
en la concreción de los fines del Estado’.

Respe[c]to de la señora Amanda Cecilia Londoño de Perdomo Jefe de la
Oficina Jurídica del Departamento y quien con su firma dio el visto bueno
al Contrato de prestación de servicios No. 185-2008, considera el
despacho que Fue Omisiva en el cumplimiento de sus funciones relativas
a la revisión del contrato Nro. 185-2008, teniendo en cuenta que omitió
la revisión de la propuesta, la cual como se dijo hace parte integral del
contrato(art[í]culo 845 Código de Comercio), permitió que el
Departamento del Huila-Secretaria de Educación Departamental
cancelara un mayor valor a toda luces injustificado por un servicio
definido por el objeto contractual como ‘LA UNIVERSIDAD se obliga para
con EL DEPARTAMENTO DEL Huila SECRETARIA DE EDUCACION, a
‘PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN CANTIDAD DE 10.350 CUPOS
PARA IGUAL N[Ú]MERO DE ESTUDIANTES DE LOS ESTRATOS LY2
MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES
DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL HUILA’ y cuyo precio para
su realización la Universidad Surcolombiana había determinado en su
propuesta a un precio mucho menor, discriminado claramente el valor
de la canasta básica más canasta adicional en beneficio propio y de la
entidad territorial, de suerte que por su inobservancia el Departamento
del Huila cancelo de más la suma de $248.838.907, que corresponde a
la diferencia entre el valor propuesto por la Universidad Surcolombiana
para la prestación del servicio educativo año 2008 y el valor realmente
pagado por el Departamento del Huila.

Así las cosas, la conducta omisiva desplegada por la señora Londoño de
Perdomo encuadra dentro de los presupuestos de la culpa grave a la luz
de lo preceptuado por el art[í]culo 6 de la ley 678 de 2001, toda vez que
omitió sus funciones de revisión del Contrato, del cual la propuesta
presentada por la USCO forma parte integral del mismo de conformidad
con lo preceptuado por el Código de comercio en el art[í]culo 845 y según
se desprende del mismo texto del contrato en su parágrafo segundo de
la Cláusula primera, as[í] como de la omisión de la normatividad aplicada
al caso la cual regla la forma en la que se debe establecer la
remuneración por tal servicio, lo cual implica en si una transgresión, un
desconocimiento de los principios de legalidad, transparencia, moralidad,
lo que conllevó a contribuir en la causación de un daño Al respecto es la
misma doctora Londoño de Perdomo quien en su versión libre y
espontánea advierte tal omisión ‘(…) Dentro de mis funciones me
correspondía la revisión de los contratos y entre esos revisé el contrato
No. 185 de 2008 que corresponde al contrato de prestación de servicios
celebrado entre el Departamento del Huila - Secretaria de Educación y
la Universidad Surcolombiana para prestar el servicio educativo de
10.350 cupos para igual n[ú]mero de estudiantes de los estratos 1 y 2
matriculados en los establecimientos educativos no certificados yo reviso
ese contrato de conformidad con las normas que rigen en materia
educativa como son ley 715 y demás normas reglamentarias.
PREGUNTADO: Para la suscripción del contrato 185 de 2008 tuvo en
cuenta usted la propuesta presentada por la Universidad Surcolombiana.
CONTESTO: Que me acuerde haberla visto No, pero quiero aclararles que
para estos casos no es necesaria la propuesta o el valor determinado
cuando se trata de un establecimiento educativo oficial ya que no se rige
esta contratación por ley 80 y sus decretos reglamentarios(...)’
(subrayas propias).

[…]”. (mayúsculas, subrayas y negrillas originales)

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5.3.2.4. Mediante fallo con responsabilidad fiscal del 23 de noviembre de
2011, proferido por la jefe de la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la
Contraloría departamental del Huila, se falló con responsabilidad fiscal
solidaria en cuantía de doscientos sesenta y ocho millones quinientos
treinta mil trescientos cuatro pesos ($268.530.304), entre otro, en contra
de la señora Amanda Cecilia Londoño de Perdomo, en calidad de ex jefe
de la oficina jurídica del departamento del Huila25.

En dicho fallo quedó consignado lo siguiente frente al detrimento:

“[…] 3.1 Del daño Patrimonial al Estado

El daño que puede dar lugar a derivar en responsabilidad fiscal es
definido legalmente en el artículo 6 de la ley 610 del 2000 en los
siguientes términos:

‘Artículo 6. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se
entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público,
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento,
pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a
los intereses patrimoniales del estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de
los fines esenciales del estado, particularizados por el objetivo funcional
y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y
control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u
omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de
derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente
o contribuyan al detrimento al patrimonio público’.

(…)

En este orden de ideas, razona el despacho que se causó un daño cierto,
real y cuantificable con arreglo a su real magnitud al Departamento del
Huila, DEPARTAMENTO DEL HUILA, cuantificado en la suma de
$248.838.907, que corresponde a la diferencia entre el valor propuesto
por la USCO para la atención de los 10.350 estudiantes durante el año
2008, tal y como se observa en el Documento 6 ‘PROPUESTA
ECON[Ó]MICA’ obrante a folio 28 del cuaderno del proceso de
$9.569.610.000 que corresponde al valor de $924.600 multiplicado por
de número de cupos, frente al valor final del contrato 185-08 que
correspondió a la una suma de $9.818.448.907 para atender la población
regular estudiantil definida en el Departamento, pues si bien es cierto el
contrato se celebró de conformidad con la competencia otorgada por la
ley 715 de 2001 para tal fin y previo el agotamiento del procedimiento
establecido en el Decreto reglamentario 4313 de 2004, también lo es,
que este último (decreto) estableció de manera expresa la remuneración
a pactar en este tipo de contratos de prestación de servicios educativos,

25
Ibidem, Archivo PDF “01ANEXOSDEMANDA (…)”, pág. 85.
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los cuales fueron previamente conocidos por el Departamento a través
de la propuesta económica por la Universidad, en donde se hacía el
ofrecimiento de la canasta básica + la adicional a entregar y el valor de
los mismo[s], determinado por alumno, así y de conformidad con lo
estipulado en este decreto respecto a la remuneración aplicable en estos
contratos y en vista que no sobrepasaba lo establecido en el CONPES
vigente y por supuesto que en términos económicos era más beneficioso
para la entidad Departamental, y que si se quiere el pago de más que
hizo la entidad pública no represento ningún beneficio adicional en
términos también de prestación del servicio, no encuentra el despacho
justificación que permitiera pactar el valor fijado en el contrato 185-
2008.

[…]” (mayúsculas, subrayas y negrillas originales)

En cuanto a la cuantía del detrimento se estableció:

“[…] CUANT[Í]A DEL DAÑO

Conforme a lo establecido en el artículo 53 de la ley 610 de 2000 y
teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor se debe actualizar
a valor presente el detrimento de $248.838.907 en el periodo
comprendido a enero de 2009, fecha en que se liquidó el contrato, y
hasta octubre de 2011, esto es, al momento de producirse el presente
fallo con responsabilidad fiscal.

Por tal razón VEINTITR[É]S MILLONES CUATROCIENTOS PESOS MCTE
($23.000.400) desde [e]nero de 2009 hasta febrero de 2011, equivalen
a la suma de VEINTITR[É]S MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA
Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE
($23.945.220.00) de acuerdo con la siguiente fórmula:

VPVH x IF/II
Donde: VP es igual a Valor Presente
VH es Valor Histórico = $248.838.907

(…)

Por lo tanto, Valor presente de $248.838.907) de enero de 2009 a
octubre de 2011 es:

VP=$248.838.907x 108.55 / 100.59 = $268.530.304

En razón a lo anterior, se debe fallar con responsabilidad fiscal por valor
de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS
TREINTA MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS MCTE
($268.530.304) de acuerdo con los artículos 3, 4, 5, 6 y 53 de la Ley
610 de 2000, contra del Departamento del Huila Doctor LUIS JORGE
PAJARITO S[Á]NCHEZ GARC[Í]A y la Doctora AMANDA CECILIA
LONDOÑO DE PERDOMO Ex Directora de la Oficina Jurídica del
Departamento, y contra la Compañía LA PREVISORA S.A., que afianzó el
manejo oficial del. Señor LUIS JORGE SANCHEZ GARC[Í]A, de
conformidad con lo expuesto; en tal sentido la Jefe de la Oficina de
Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Huila,

[…]”. (mayúsculas, subrayas y negrillas originales)

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5.3.2.5. Mediante la Resolución nro. 287 del 10 de septiembre de 2012,
“por la cual se resuelve un recurso de apelación” proferido por la
Contralora departamental del Huila, al analizar el recurso de apelación
interpuesto, entre otros, por la defensa de la señora Amanda Cecilia
Londoño de Perdomo, en lo que concierne a esta implicada expuso26:

“[…] 5.2. De los argumentos expuestos por la doctora AMANDA CECILIA
LONDOÑO DE PERDOMO

En síntesis fundamenta la pretensión de solicitud de revocatoria en su
totalidad el fallo en el que fue declarada responsable fiscal, con base en
dos situaciones: 1) Las supuestas irregularidades existentes en el
proceso, en reiterar las supuestas nulidades procesales a que hubiere
lugar en aplicación de lo dispuesto en el artículo 36 y ss. de la Ley 610
de 2000 y que no era ordenadora del gasto; esto, sin que medie
señalamiento expreso alguno con relación a la supuesta nulidad alegada
y mucho menos con argumentos diferentes a los ya discutidos en la
primera instancia. 2) La necesidad del restablecimiento del equilibrio
contractual y de aplicar normas reglamentarias superiores en defensa de
los derechos salariales que amparan a trabajadores públicos y privados.

Para este Despacho no es de recibo lo argumentado por la doctora
Amanda Cecilia Londoño de Perdomo en consideración a que en su
condición de Jefe del Departamento Administrativo Jurídico del
Departamento del Huila, participó e incidió directamente en la
suscripción del Contrato de Prestación de Servicios No. 185 de 2008, su
labor no sólo se limitaba a revisar el contenido del texto contractual, sino
que abarcaba el estudio minucioso de todas las distintas etapas que se
deben surtir para que la entidad pública lograra la satisfacción en la
prestación de un servicio. Es más, su conducta fue omisiva al no verificar
las condiciones en que se adelantó la conformación del banco de
oferentes y reprochable cuando permite que se suscriba un contrato en
condiciones económicas completamente diferentes a las inicialmente
ofertadas por la Universidad Surcolombiana; en el mismo texto del
contrato en su parágrafo segundo de la Cláusula Primera, se advierte
cómo la propuesta presentada por el contratista hace parte integral de
éste, lo cual significa en si una transgresión, un desconocimiento de los
principios en las actuaciones contractuales de la entidad estatal, lo que
conllevó de manera directa a contribuir en la causación de un daño.

Es más, según se desprende del contenido de la Resolución No. 476 de
2007 ‘Por la cual se fijan las condiciones para la actualización y
conformación del Banco de Oferentes para el 2008’ (Folio 80 Cuad. 1),
el Jefe del Departamento Administrativo Jurídico tenía conocimiento del
proceso que se estaba adelantando para satisfacer la necesidad de la
Entidad, a tal punto que en Acta No. 02 de Comité de Evaluación y
Calificación para la Actualización y Conformación del Banco de Oferentes,
de fecha 6 de febrero de 2008, se registra la asistencia del abogado
David Huepe del Departamento Administrativo Jurídico, según se dice
comisionado según Resolución No. 006 de 10 de enero de 2008; por tal
motivo en sentido común se deduce que la doctora Amanda Cecilia
Londoño de Perdomo, en su condición de Directora del Departamento

26
Ibidem, Archivo PDF “03ANEXOSDEMANDA (…)”, pág. 1.
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Jurídico conocía el trámite anterior que se había llevado a cabo para la
conformación del Banco de Oferentes, en donde además de manera clara
se había establecido como requisito para participar en la convocatoria la
presentación de propuesta económica por parte de los interesados.

Así mismo, en cuanto a las causales de nulidades señaladas de manera
general, habrá de reiterarse que de conformidad con lo establecido en el
artículo 38 de la Ley 610 de 2000, las causales de nulidad pueden
invocarse hasta antes de proferirse el fallo definitivo, por lo tanto, una
vez superada esta etapa y contándose con fallo de primera instancia, no
existe la posibilidad de continuar su estudio por haberse sobrepasado la
oportunidad procesal idónea.

En lo que respecta a que no se ostenta la calidad de ordenadora del
gasto, es un concepto que no comparte este Despacho, sobre la base
indiscutible que se trata de un asunto especial en donde la conducta
omisiva desplegada por la jefe del Departamento Administrativo Jurídico
coadyuvo en la causación del detrimento patrimonial; teniendo que en
tal sentido la Oficina de Responsabilidad Fiscal, en primera instancia, se
pronunció en los términos siguientes:

En este orden de ideas, tenemos claramente definido que para efectos
del caso sub examine, la señora AMANDA CECILIA LONDOÑO DE
PERDOMO, es gestora fiscal quien con ocasión del incumplimiento de sus
funciones y de la normatividad que reglaba la forma de remuneración de
los contratos de prestación de servicio educativo, la cual a su vez estaba
claramente definida en la propuesta económica presentada por la
Universidad Surcolombiana, permitió la causación del daño que por este
medio se pretende su restablecimiento.

(…)

Ahora bien, en lo que respecta a la necesidad del restablecimiento del
equilibrio contractual y de aplicar normas reglamentarias superiores en
defensa de los derechos salariales que amparan a trabajadores públicos
y privados; al momento de resolver los cuestionamiento[s] efectuados
por el otro declarado responsable fiscal, doctor LUIS JORGE PAJARITO
S[Á]NCHEZ GARC[Í]A, con relación a la ecuación contractual se indicó
que se trata de un mecanismo cuyo fin es restablecer la igualdad de las
condiciones contractuales para las partes, sin que sea posible su uso
caprichoso, por cuanto las situaciones en que puede utilizarse este
mecanismo son especiales, y siempre enmarcados bajo unos parámetros
precisos: los términos de referencia, o pliegos de condiciones, y el
contrato mismo. Y en cuanto a la supuesta necesidad de ajustar el valor
del contrato en acatamiento de las normas laborales superiores, también
se puso de presente que la responsabilidad en términos de prestaciones
sociales con el personal utilizado por el contratista en el desarrollo de su
labor, según los términos fijados al momento de conformarse el banco
de oferentes y la suscripción del contrato, estaban única y
exclusivamente en cabeza de la Universidad Surcolombiana.

[…]”. (mayúsculas, subrayas y negrillas originales)

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5.4. Análisis de la Sala

La Sala para resolver, recuerda que en la demanda se formularon dos
cargos de violación, así: (i) infracción de las normas en que deberían
fundarse los actos acusados y (ii) falsa motivación: a. en el proceso de
actualización y conformación del banco de oferentes y contratación del
servicio educativo; b. en la calidad de gestora fiscal de la demandante; c.
el principio de restablecimiento del equilibrio económico del contrato y d.
la solidaridad en materia laboral.

El a quo examinó los cargos propuestos y denegó las pretensiones, y en
el recurso de apelación la parte actora cuestionó lo analizado por el
tribunal frente a: (i) la aplicación de la Ley 715 de 2001; (ii) la aplicación
del Decreto 4313 de 2004; (iii) los precios CONPES mediante tipologías y
(iv) la presunta calidad de gestora fiscal de la demandante.

En consecuencia, la Sala abordará el estudio de los reproches formulados
en la apelación respecto de lo resuelto en primera instancia, aclarando
que, los tres primeros puntos se examinarán de manera conjunta en el
concepto de infracción de las normas en que deberían fundarse los actos
acusados y, el último, esto es, el de la calidad de gestora fiscal en el cargo
de falsa motivación.

5.4.1. Infracción en las normas en que deberían fundarse los actos
acusados

La parte recurrente consideró en concreto que el fallo de responsabilidad
fiscal proferido en su contra desconoció las disposiciones contenidas en la
Ley 715 de 2001, así como en el Decreto 4313 de 2004 y que conforme
a la normatividad especial que regula la contratación del servicio público
educativo debían acatarse las tipologías previstas en el documento
CONPES para el sector de educación en la anualidad 2008, ya que, de no
hacerlo, se habría generado un posible rompimiento del equilibrio
contractual y, debían precaverse “demandas judiciales de los docentes
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prestadores del servicio con ocasión a la solidaridad en materia laboral”,
todo lo cual según aduce, dio lugar a que se modificaran los costos al
momento de celebrar el Contrato de Prestación de Servicios nro. 185 de
2008 con la Universidad Surcolombiana. Agregó que no es cierto que la
oferta económica presentaba por la dicha universidad al momento de
participar en la invitación pública para la conformación del banco de
oferentes fuera obligatoria e inmodificable.

En relación con la Ley 715 de 2001, estimó que, no era posible ni viable
para el departamento del Huila desde el punto de vista técnico,
administrativo y presupuestal, celebrar un contrato de prestación de
servicios educativos con una entidad estatal pactando un costo por
tipología desactualizado y que iba “en contra de los derechos de los
docentes a vincular” o que sacrificara algún componente de la canasta
establecida por la Nación, situación que iría en contravía del derecho
fundamental a la educación de los menores del departamento del Huila.

Respecto del Decreto 4313 de 2004, aseguró que por disposición del
artículo 5 al estipularse que la selección del contratista del servicio
educativo se realizaría mediante la norma especial, por lo que no era
aplicable la Ley 80 de 1993 como erradamente lo manifestó el tribunal y
que, adicionalmente, conforme al artículo 8 del mismo Decreto 4313,
debía conformarse el banco de oferentes y contratar el servicio con los
oferentes integrantes en el orden de elegibilidad que arrojara el proceso
de calificación, sin perjuicio del análisis de conveniencia económica.

Por último, en cuanto a las tipologías CONPES, insistió en que el precio de
la relación costo/ alumno lo dan las tipologías que están determinadas
por el CONPES que se emite para la asignación de recursos del Sistema
General de Participaciones y que el tribunal desestimó la valoración
probatoria de los testimonios practicados tanto en el proceso fiscal como
dentro del proceso en sede judicial, quienes manifestaron la necesidad de
actualizar los precios a las tipologías del CONPES 112 de 2008.

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La Sala considera que los reparos formulados por la parte recurrente no
tienen vocación de prosperidad, por lo siguiente:

(i) Lo primero que se advierte es que, contrario a lo señalado por la
apelante, los estudios previos y la oferta presentada por la universidad sí
formaban parte integral del Contrato de Prestación de Servicios nro. 185
de 2008 celebrado entre el departamento del Huila y la Universidad
Surcolombiana.
Así se previó en la cláusula vigésima cuarta del contrato en la que se lee:

“[…]”CL[Á]USULA VIG[É]SIMA CUARTA. DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Forman parte integrante de este contrato los siguientes
documentos: a) Estudios previos aprobados; b) La oferta de LA
UNIVERSIDAD; c) El Registro Presupuestal; d) Las actas que se
produzcan durante la ejecución del contrato; e) Recibos de pago de la
publicación en la Gaceta Departamental y de los impuestos a que haya
lugar; g) Los que se produzcan durante el desarrollo del mismo.

[…]” (mayúsculas y negrillas originales)

(ii) Igualmente se verifica que en la propuesta económica presentada por
la Universidad Surcolombiana al departamento del Huila, los costos por
alumno se ofertaron de la siguiente manera:

“[…] como representante Legal de la UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA, de conformidad con la invitación pública de fecha
29 de Julio (sic) de 2007, para inscribirse en el Banco de Oferentes,
presento propuesta con 62 folios para prestar el servicio educativo.

Declaro así mismo que:

Para la elaboración de la propuesta hemos tenido en cuenta todos los
lineamientos y requerimientos establecidos en la invitación pública.

Aceptamos que esta propuesta no obliga a la secretaría de Educación a
celebrar un contrato para la prestación del servicio educativo.

Conocemos los lugares donde proponemos prestar el servicio educativo.
No se realizará la matrícula de ningún estudiante que podría ser
beneficiado de esta propuesta, hasta tanto no se haya celebrado un
contrato de prestación del servicio educativo con la Secretaría de
Educación.

El costo total por alumno/año es de $ 924.600.00

El total de cupos ofrecido para atender el grupo de población con
discapacidad es de 10.000.

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El costo por alumno/año se mantendrá, independientemente del
número de cupos que la entidad territorial certificada necesite
contratar con nosotros.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)

(iii) En ese sentido, en el proceso de responsabilidad fiscal se estableció
que, teniendo en cuenta el valor propuesto por la Universidad
Surcolombiana para la atención de los 10.350 estudiantes durante el año
2008, frente al valor final del Contrato nro. 185 de 2008, -según el valor
final ejecutado y pagado al contratista por la suma de $9.818.448.907-,
para atender la población estudiantil definida en el departamento, se
configuró un detrimento patrimonial por la suma de $248.838.907, ya
que no se atendió el presupuesto definido en los estudios previos, los
cuales hacían parte integral del contrato.

Al respecto, en el auto que dispuso la apertura del proceso de
responsabilidad fiscal, se explicó lo siguiente frente a la determinación del
daño:

“[…] De conformidad con el decreto 4313 de 2004, cuando la entidad
territorial requiera la celebración de uno o más contratos de prestación
del servicio público educativo, conformará un banco de oferentes, el cual
estará integrado de conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la
precitada norma.

En cumplimiento de la normatividad mencionada, el Departamento del
Huila secretaría de Educación Departamental realizó los estudios previos
No. 200 de 2008 para la conformación del banco de oferentes, fijando
como presupuesto oficial para la celebración del contrato de prestación
de servicios educativos la suma de $10.871.045 millones de pesos para
atender 10.350 estudiantes de población regular, teniendo en cuenta el
tope máximo estimado en el CONPES 112 de 2008.

Que en la propuesta económica presentada por la UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA para la inscripción en el banco de oferentes, se fijó el
costo total por alumno en $924.600 pesos mcte, conformada por la
canasta básica por valor de $918.732, más la capacitación de docentes
estimada en un valor de total de $58.680.000 millones de pesos como
componente adicional de la propuesta; manifestando además que "el
costo por alumno/año se mantendrá, independientemente del número
de cupos que la entidad territorial certificada necesite contratar con
nosotros".

Observa el despacho, que de conformidad con lo propuesto por la USCO
respecto al valor por alumno, esto es, $924.600 y al multiplicarlo por el
número de cupos a proveer (10.350) alcanzaría una suma de
$9.569.610.000, teniendo en cuenta que el decreto 4313 de 2004 en su
artículo 4 numeral a) dispone al respecto de la contratación de la

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prestación del servicio público educativo que ‘La remuneración se fijará
teniendo en cuenta los costos efectivos de los componentes básicos
ofrecidos y asumidos por el contratista, necesarios para la prestación del
servicio’

Así las cosas, considera el despacho que teniendo en cuenta el valor
propuesto por la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA - USCO para la
atención de los 10.350 estudiantes durante el año lectivo 2008, que
como ya se dijo arroja la suma de $9.569.610.000, frente al valor final
del Contrato No. 185 - 08 por una suma de $9.818.448.907, se evidencia
un incremento injustificado que desconoce los principios de
transparencia y economía, y se configura como un presunto daño
patrimonial por valor de $248.838.907.

[…]”. (mayúsculas y subrayas originales)

Por su parte, en el fallo con responsabilidad fiscal proferido el 23 de
noviembre de 2011, se indicó lo siguiente frente al daño patrimonial:

“[…] razona el despacho que se causó un daño cierto, real y cuantificable
con arreglo a su real magnitud al Departamento del Huila,
DEPARTAMENTO DEL HUILA, cuantificado en la suma de
$248.838.907, que corresponde a la diferencia entre el valor propuesto
por la USCO para la atención de los 10.350 estudiantes durante el año
2008, tal y como se observa en el Documento 6 ‘PROPUESTA
ECON[Ó]MICA’ obrante a folio 28 del cuaderno del proceso de
$9.569.610.000 que corresponde al valor de $924.600 multiplicado por
de número de cupos, frente al valor final del contrato 185-08 que
correspondió a la una suma de $9.818.448.907 para atender la población
regular estudiantil definida en el Departamento, pues si bien es cierto el
contrato se celebró de conformidad con la competencia otorgada por la
ley 715 de 2001 para tal fin y previo el agotamiento del procedimiento
establecido en el Decreto reglamentario 4313 de 2004, también lo es,
que este último (decreto) estableció de manera expresa la remuneración
a pactar en este tipo de contratos de prestación de servicios educativos,
los cuales fueron previamente conocidos por el Departamento a través
de la propuesta económica por la Universidad, en donde se hacía el
ofrecimiento de la canasta básica + la adicional a entregar y el valor de
los mismo[s], determinado por alumno, así y de conformidad con lo
estipulado en este decreto respecto a la remuneración aplicable en estos
contratos y en vista que no sobrepasaba lo establecido en el CONPES
vigente y por supuesto que en términos económicos era más beneficioso
para la entidad Departamental, y que si se quiere el pago de más que
hizo la entidad pública no representó ningún beneficio adicional en
términos también de prestación del servicio, no encuentra el despacho
justificación que permitiera pactar el valor fijado en el contrato 185-
2008.

[…]” (mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)

En consecuencia, lo que se observa es que la parte recurrente insiste en
que los mayores valores pagados obedecían a la actualización según
tipología del CONPES; sin embargo, no desvirtuó los fundamentos legales

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tenidos en cuenta por el órgano de control fiscal en los actos acusados
para establecer el detrimento patrimonial, carga que le correspondía en
los términos de lo previsto por el artículo 167 del Código General del
Proceso, según el cual “(…) incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

A lo dicho cabe agregar, que, conforme con lo señalado por los artículos
212, 220 y 221 del Código General del Proceso, los testigos declaran sobre
lo que les conste respecto de hechos que conozcan o hayan conocido, no
sobre la interpretación de las disposiciones legales aplicables al caso.

De modo que, indistintamente de la valoración probatoria de las
declaraciones de terceros recibidas en el proceso, las mismas no
permitían desvirtuar lo preceptuado por el Decreto 4313 de 2004 frente
a la determinación del precio de la relación costo/ alumno y la
obligatoriedad de la propuesta presentada por la Universidad
Surcolombiana al departamento del Huila, que según se estipuló en el
mismo Contrato nro. 185 de 2008 hacía parte integral del mismo.

Por último, frente al argumento atinente a que de no ajustarse los valores
se habría generado un posible rompimiento del equilibrio contractual, por
lo que debían precaverse “demandas judiciales de los docentes
prestadores del servicio con ocasión a la solidaridad en materia laboral”,
la Sala destaca y comparte lo señalado en la Resolución nro. 287 del 10
de septiembre de 2012, por la cual la Contralora departamental del Huila
resolvió el recurso de apelación en el proceso de responsabilidad fiscal27,
en el que explicó que el restablecimiento del equilibrio contractual “(…) se
trata de un mecanismo cuyo fin es restablecer la igualdad de las condiciones
contractuales para las partes, sin que sea posible su uso caprichoso, por cuanto
las situaciones en que puede utilizarse este mecanismo son especiales, y
siempre enmarcados bajo unos parámetros precisos: los términos de referencia,
o pliegos de condiciones, y el contrato mismo. Y en cuanto a la supuesta
necesidad de ajustar el valor del contrato en acatamiento de las normas

27
Ibidem, Archivo PDF “03ANEXOSDEMANDA (…)”, pág. 1.
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Demandante: Amanda Cecilia Londoño de Perdomo

laborales superiores, también se puso de presente que la responsabilidad en
términos de prestaciones sociales con el personal utilizado por el contratista en
el desarrollo de su labor, según los términos fijados al momento de conformarse
el banco de oferentes y la suscripción del contrato, estaban única y
exclusivamente en cabeza de la Universidad Surcolombiana”.

Por los motivos explicados este cargo no prospera.

5.4.2. En relación con la falsa motivación por ausencia de calidad
de gestora fiscal de la demandante

La parte recurrente reiteró que la Contraloría departamental del Huila,
desbordó su competencia y aplicó indebidamente las normas que regulan
la asignación de responsabilidad fiscal porque en ningún momento le era
atribuible la calidad de gestora fiscal, ya que los únicos cargos que
contaban con delegación de competencias de ordenación del gasto para
el momento de los hechos, fueron los certificados por la secretaría de
hacienda y la secretaría general del departamento del Huila, en los que
no estaba el director del departamento administrativo jurídico.

Aduce también que “tenía como función misional y funcional la revisión
del texto jurídico del contrato, toda vez que la misma no participó ni de
la conformación del Banco de Oferentes y aún menos de la selección de
contratista, para pretender manifestar que se encontraba obligada a
hacer análisis económicos ya que la procedencia especialísima del
contrato establecía que la normatividad legal aplicable era la Ley 715 de
2001, su Decreto Reglamentario y los CONPES vigentes para el
momento”, y que tampoco se hizo un análisis respecto de las obligaciones
reglamentarias del director del departamento administrativo jurídico y sus
facultades frente a la decisión de la contratación.

La Sala, para resolver este reproche, advierte que las inconformidades
expuestas por la recurrente no desvirtúan las razones por las cuales se
concluyó que era gestora fiscal, si se tiene en cuenta lo siguiente:

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Demandante: Amanda Cecilia Londoño de Perdomo

(i) Esta Sección ha dicho que la falsa motivación como vicio de nulidad
debe ser entendido desde tres enfoques distintos, a saber: la falsa
motivación de hecho, la falsa motivación en derecho y la indebida
motivación, aspectos estos que deben ser analizados siempre desde el
contenido mismo del acto censurado, es decir, atendiendo su alcance
interno, lo que impone que el análisis haga referencia a lo que expone el
acto administrativo en la parte motiva y en la resolutiva28.

El primero supone un juicio de certeza, es decir, el cuestionamiento sobre
ciertos hechos que se esgrimen como fundamento para expedir la decisión
cuestionada. Así, de advertir que son falsos, el juez no tiene opción
diferente que acoger la pretensión de nulidad que se funda en la
mencionada argumentación, si ellos son determinantes para la decisión
que el acto toma.

Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado
a atacar los supuestos jurídicos esgrimidos en la parte motiva y que
sustentan la expedición del acto, de modo que, si llega a acreditarse que
la normativa que invoca la administración no tiene el alcance para definir
la situación jurídica en el acto, la suerte que corre en un juicio de nulidad
será la de desaparecer del orden jurídico por ilegal.

Finalmente, la indebida motivación surge del análisis del acto a partir de
la congruencia entre la motivación y la resolución, de modo que aquella
debe ser el fundamento lógico y consecuencial de ésta.

(ii) En el asunto bajo examen, como lo analizó el a quo y la parte
recurrente no lo controvierte, en calidad de jefe del departamento jurídico
del departamento del Huila tenía la función de revisar y dar el visto bueno
al Contrato de Prestación de Servicios nro. 185 de 2008.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
28

del 28 de abril de 2022. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 47 001
23 31 000 2012 00414 01.
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Sin embargo, la apelante afirma que, aunque “tenía como función
misional y funcional la revisión del texto jurídico del contrato”, toda vez
que no participó ni de la conformación del banco de oferentes, ni en la
selección de contratista, no estaba obligada a hacer análisis económicos
del contrato, y tampoco tenía póliza de responsabilidad, por lo que, no
podía atribuírsele la calidad de gestora fiscal.

(iii) Al respecto, la Sala observa que, en el fallo con responsabilidad fiscal
proferido el 23 de noviembre de 2011 por la jefe de la Oficina de
Responsabilidad Fiscal de la Contraloría departamental del Huila, en lo
que tiene que ver con la señora Amanda Cecilia Londoño de Perdomo se
precisó lo siguiente sobre las razones por las que se le atribuyó
responsabilidad fiscal:

“[…] Respecto de la Doctora Amanda Cecilia Londoño de Perdomo Jefe
de la Oficina Jurídica del Departamento y quien con su firma dio el visto
bueno al Contrato de prestación de servicios No. 185-2008, tenemos que
la misma fue omisiva en el cumplimiento de sus funciones relativas a la
revisión de la totalidad contrato Nro. 185-2008, entiéndase con ello, los
documentos que conformaba su etapa previa y que hacían parte integral
de la misma, por ejemplo, la propuesta económica presentada por la
USCO.

Así las cosas, teniendo en cuenta que omitió la revisión de la propuesta,
la cual como se dijo hace parte integral del contrato, no solo por
disposición del artículo 845 Código de Comercio, sino también porque así
se dispuso en el contrato 185-2008, permitió que el Departamento del
Huila Secretaria de Educación Departamental cancelara un mayor valor
a toda luces injustificado por un servicio definido por el objeto
contractual como ‘LA UNIVERSIDAD se obliga para con EL
DEPARTAMENTO DEL Huila - SECRETARIA DE EDUCACI[Ó]N, a ‘PRESTAR
EL SERVICIO EDUCATIVO EN CANTIDAD DE 10.350 CUPOS PARA IGUAL
N[Ú]MERO DE ESTUDIANTES DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 MATRICULADOS
EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL HUILA’ y cuyo precio para su
realización la Universidad Surcolombiana había determinado en su
propuesta a un precio mucho menor, incluyendo el valor de la canasta
básica más canasta adicional en beneficio propio y de la entidad
territorial, aspectos estos que según lo preceptuado en el artículo 4 literal
a) del decreto 4313 de 2004 son los determinantes para establecer la
remuneración en este tipo de contratos como el que aquí nos ocupa, de
suerte que por su inobservancia el Departamento del Huila cancelo de
más la suma de $248.838.907, que corresponde a la diferencia entre el
valor propuesto por la Universidad Surcolombiana para la prestación del
servicio educativo año 2008 y el valor realmente pagado por el
Departamento del Huila.

Así las cosas, la conducta omisiva desplegada por la señora Londoño de
Perdomo encuadra dentro de los presupuestos de la culpa grave a la luz

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de lo preceptuado por el artículo 6 de la ley 678 de 2001, toda vez que
omitió sus funciones relativas a la revisión del Contrato, del cual la
propuesta presentada por la USCO forma parte integral del mismo de
conformidad con lo preceptuado por el Código de comercio en el artículo
845 y según se desprende del mismo texto del contrato en su parágrafo
segundo de la Cláusula primera, así como de la omisión de la
normatividad aplicada al caso la cual regla la forma en la que se debe
establecer la remuneración por tal servicio, lo cual implica en si una
transgresión, un desconocimiento de los principios de legalidad,
transparencia, moralidad, lo que conllevo de manera directa a contribuir
en la causación de un daño.

Al respecto es la misma doctora Londoño de Perdomo quien en su versión
libre y espontánea advierte tal omisión ‘(...) Dentro de mis funciones me
correspondía la revisión de los contratos y entre esos revisé el contrato
No. 185 de 2008 que corresponde al contrato de prestación de servicios
celebrado entre el Departamento del Huila - Secretaria de Educación y
la Universidad Surcolombiana para prestar el servicio educativo de
10.350 cupos para igual número de estudiantes de los estratos 1 y 2
matriculados en los establecimientos educativos no certificados yo reviso
ese contrato de conformidad con las normas que rigen en materia
educativa como son ley 715 y demás normas reglamentarias.
PREGUNTADO: Para la suscripción del contrato 185 de 2008 tuvo en
cuenta usted la propuesta presentada por la Universidad Surcolombiana.
CONTESTO: Que me acuerde haberla visto No, pero quiero aclararles que
para estos casos no es necesaria la propuesta o el valor determinado
cuando se trata de un establecimiento educativo oficial ya que no se rige
esta contratación por ley 80 y sus decretos reglamentarios(...)’
(subrayas propias).

En este orden de ideas, tenemos claramente definido que para efectos
del caso sub examine, la señora AMANDA CECILIA LONDOÑO DE
PERDOMO, es gestora fiscal quien con ocasión del incumplimiento de sus
funciones y de la normatividad que reglaba la forma de remuneración de
los contratos de prestación de servicio educativo, la cual a su vez estaba
claramente definida en la propuesta económica presentada por la
Universidad Surcolombiana, permitió a causación del daño que por este
medio se pretende su restablecimiento.

(…)

A cerca de gestión fiscal, la Honorable Corte Constitucional en sentencia
C-840 del 09 de agosto de 2001 indicó ‘Como bien se aprecia, se trata
de una definición que comprende las actividades económicas, jurídicas y
tecnológicas como universo posible para la acción de quienes tienen la
competencia o capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados
al tráfico económico de los recursos y bienes públicos, en orden a cumplir
los fines esenciales del Estado conforme a unos principios que militan
como basamento, prosecución y sentido teleológico de las respectivas
atribuciones y facultades. Escenario dentro del cual discurren, entre
otros, el ordenador del gasto, el jefe de planeación, el jefe jurídico, el
almacenista, el jefe de presupuesto, el pagador o tesorero, el
responsable de la caja menor, y por supuesto, los particulares que
tengan capacidad decisoria frente a los fondos o bienes del erario público
puestos a su cargo. Siendo patente que en la medida en que los
particulares asuman el manejo de tales fondos o bienes, deben
someterse a esos principios que de ordinario son predicables de los
servidores públicos, al tiempo que contribuyen directa o indirectamente
en la concreción de los fines del Estado’.

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Y más adelante señaló refiriéndose a la expresión 'con ocasión de ésta':

El sentido unitario de la expresión o con ocasión de ésta sólo se justifica
en la medida en que los actos que la materialicen comporten una relación
de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión
fiscal. Por lo tanto, en cada caso se impone examinar si la respectiva
conducta guarda alguna relación para con la noción específica de gestión
fiscal, bajo la comprensión de que ésta tiene una entidad material y
jurídica propia que se desenvuelve mediante planes de acción,
programas, actos de recaudo, administración, inversión, disposición y
gasto, entre otros, con miras a cumplir las funciones constitucionales y
legales que en sus respetivos ámbitos convocan la atención de los
servidores públicos y los particulares responsables del manejo de fondos
o bienes del Estado. La locución demandada ostenta un rango derivado
y dependiente respecto de la gestión fiscal propiamente dicha, siendo a
la vez manifiesto su carácter restringido en tanto se trata de un elemento
adscrito dentro del marco de la tipicidad administrativa.

Ahora, con relación a las Causales de justificación propuestas por el
apoderado Doctor NO[É] SANTIAGO PARADA PARDO, este despacho
considera que las mismas no tienen asidero ni fundamentación real,
teniendo en cuenta que como ha quedado expresado el daño es producto
de la omisión en el cumplimiento de funciones propias del cargo, así
como de la omisión de la normatividad que regía la materia, la cual debía
y era conocedora la señora Londoño de Perdomo, quien además en razón
a su formación profesional y su experiencia en el cargo, no le permitían
ser ajena a la normatividad sobre la materia.

[…]” (mayúsculas, subrayas y negrillas originales)

Conforme con lo anterior, se tiene que, lo que se le atribuyó a la hoy
demandante en calidad de jefe de la oficina jurídica del departamento,
quien con su firma dio el visto bueno al Contrato de Prestación de
Servicios nro. 185 de 2008, es que contribuyó a la causación del daño
fiscal, porque “fue omisiva en el cumplimiento de sus funciones relativas
a la revisión de la totalidad contrato Nro. 185-2008”, incluidos los
documentos que conformaban su etapa previa y que hacían parte integral
del contrato, como lo era la propuesta económica presentada por la
Universidad Surcolombiana, con lo cual “(…) permitió que el
departamento del Huila Secretaria de Educación Departamental cancelara
un mayor valor injustificado por un servicio definido por el objeto
contractual (…)”, que estaba determinado en la propuesta a un precio
menor, y que debía tenerse en cuenta acorde con lo establecido por el
literal a) del artículo 4 del Decreto 4313 de 2004, de manera que no se
advierte que los actos acusados estén falsamente motivados.

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(iii) De otro lado, en lo que concierne a lo señalado por la Corte
Constitucional en la sentencia C- 840 de 2001 citada por la recurrente, la
Sala recuerda que, precisamente en dicha sentencia la Corte al estudiar
la exequibilidad, entre otros, del artículo 6 de la Ley 610 de 2000, destacó
que el daño patrimonial puede ser ocasionado por los servidores públicos
o los particulares que causen una lesión a los bienes o recursos “(…) en
forma directa o contribuyendo a su realización”.

En ese mismo sentido, esta Sección ha dicho que, no solo son sujetos de
responsabilidad fiscal los servidores públicos que de manera directa
administren o manejen recursos públicos, sino también quienes con su
acción u omisión hayan incidido de manera determinante en la causación
del daño patrimonial, así29:

“[…] el artículo 5 [de la ley 610 de 2000], señala los elementos que deben
concurrir para acreditar la existencia de la responsabilidad fiscal, a saber:
-) una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza
gestión fiscal; -) un daño patrimonial causado al Estado y -) el nexo causal
entre los dos elementos anteriores.

En cuanto a los presupuestos que deben estar reunidos, esta Sección ha
dicho30:

“[D]e lo anterior se coligen tres elementos de la responsabilidad fiscal: i)
elemento objetivo, consistente en que exista prueba que acredite con
certeza, por un lado, la existencia del daño al patrimonio público, y, por
el otro, su cuantificación; ii) elemento subjetivo, que evalúa la actuación
del gestor fiscal y que implica que aquél haya actuado al menos con culpa
y iii) elemento de relación de causalidad, según el cual debe acreditarse
que el daño al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal.
[…]”.

(iv) Respecto al daño patrimonial, el artículo 6 precisa que debe tratarse
de una lesión al patrimonio público que se representa en el menoscabo,
disminución, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los
intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna; este puede provenir de
la acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o

29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de
noviembre de 2019. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 25000 23
41 000 2012 00710 01.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
del 12 de septiembre de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicado nro. 17001-
23-31-000-2010-00313-01.
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jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan
directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.

En tal sentido, no sólo son sujetos de responsabilidad fiscal los servidores
públicos y los particulares que de manera directa administren o manejen
recursos o fondos públicos sino también quienes encontrándose bajo esa
misma circunstancia por su acción u omisión hayan incidido de manera
determinante en causar un daño patrimonial; consideración que se
reafirma en la sentencia C-840 de 2001, a la cual hizo alusión el
recurrente, en donde la Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad
de la expresión “contribuyan”, precisó:

“[…] En efecto, el talante descriptivo de la norma censurada no provoca
duda alguna en cuanto al fin primordial de su contenido: definir el daño
patrimonial al Estado. Aclarando que dicho daño puede ser ocasionado por
los servidores públicos o los particulares que causen una lesión a los
bienes o recursos públicos en forma directa, o contribuyendo a su
realización. Se trata entonces de una simple definición del daño, que es
complementada por la forma como éste puede producirse. Donde además,
no se hace referencia alguna a las autoridades competentes para conocer
y decidir sobre las responsabilidades que puedan dimanar de unas tales
conductas.

(…)

La definición del daño patrimonial al Estado no invalida ni distorsiona el
bloque de competencias administrativas o judiciales que la Constitución y
la ley han previsto taxativamente en desarrollo de los principios de
legalidad y debido proceso. Por lo mismo, cuando el daño fiscal sea
consecuencia de la conducta de una persona que tenga la titularidad
jurídica para manejar los fondos o bienes del Estado materia del
detrimento, procederá la apertura del correspondiente proceso de
responsabilidad fiscal, sea que su intervención haya sido directa o a guisa
de contribución. En los demás casos, esto es, cuando el autor o partícipe
del daño al patrimonio público no tiene poder jurídico para manejar los
fondos o bienes del Estado afectados, el proceso atinente al resarcimiento
del perjuicio causado será otro diferente, no el de responsabilidad fiscal.

Y la Sala reitera: la responsabilidad fiscal únicamente se puede pregonar
respecto de los servidores públicos y particulares que estén jurídicamente
habilitados para ejercer gestión fiscal, es decir, que tengan poder decisorio
sobre fondos o bienes del Estado puestos a su disposición. Advirtiendo
que esa especial responsabilidad está referida exclusivamente a los
fondos o bienes públicos que hallándose bajo el radio de acción del titular
de la gestión fiscal, sufran detrimento en la forma y condiciones prescritos
por la ley. Lo cual implica que si una persona que ejerce gestión fiscal
respecto de unos bienes o rentas estatales, causa daño a ciertos haberes
públicos que no se hallan a su cargo, el proceso a seguirle no será el de
responsabilidad fiscal, pues como bien se sabe, para que este proceso
pueda darse en cabeza de un servidor público o de un particular, necesaria
es la existencia de un vínculo jurídico entre alguno de éstos y unos bienes
o fondos específicamente definidos. Es decir, la gestión fiscal está ligada
siempre a unos bienes o fondos estatales inequívocamente estipulados
bajo la titularidad administrativa o dispositiva de un servidor público o de
un particular, concretamente identificados. […]” (Se resalta)

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(…)

Asimismo, si los bienes sobre los cuales se haya causado el daño
patrimonial que se imputan se encontraban en su rango de acción y su
conducta (acción u omisión) fue determinante para producir dicho
resultado. […]”

(iv) Por último, frente a las funciones de la demandante como directora
del departamento administrativo jurídico y sus facultades frente a la
decisión de la contratación, en el expediente fiscal obra el Decreto nro.
1173 de 2004, expedido por el gobernador del Departamento del Huila
“por el cual se define la estructura orgánica de la Administración
Departamental y se dictan otras disposiciones”, que dispuso:

“[…] ARTÍCULO 123°. FUNCIONES GENERALES. Son funciones del
Departamento Administrativo Jurídico, las siguientes:

1. Asesorar al Gobernador en la atención de los asuntos legales
inherentes a las funciones y competencias de las dependencias del
nivel Central y entidades descentralizadas;
2. Representar y defender judicialmente al Departamento en los litigios
que éste demande o sea demandado y en los demás asuntos del
mismo carácter o extrajudiciales que a la Administración
Departamental le interesen;
3. Estudiar, revisar y conceptuar sobre las ordenanzas, decretos,
resoluciones y demás providencias que tengan origen en el Despacho
del Gobernador, que se relacionen con la gestión administrativa del
Departamento;
4. Resolver las consultas que sobre interpretación de normas le
formulen el Gobernador, el Consejo de Gobierno, Dependencias de la
Administración y la Asamblea Departamental;
5. Examinar los actos expedidos por los Alcaldes y los Concejos
municipales, en ejercicio del control de legalidad y demandar los que
no se ajusten a la Constitución y la Ley;
6. Dar asesoría y apoyo jurídico a los delegatarios de la contratación en
la Administración Central Departamental; sustanciar los procesos de
selección y proyectar los actos administrativos que conlleven a la
selección del contratista, revisar jurídicamente y autorizar los pliegos
y términos de referencia, elaborar la minutas y aprobar las pólizas de
garantía;
7. Llevar el control administrativo de la ejecución y liquidación de los
contratos y convenios que celebre la Administración Central
Departamental y disponer su registro y archivo;
8. Asistir al Gobernador del Departamento en lo relacionado con los
procesos disciplinarios que se adelanten en segunda instancia contra
funcionarios o exfuncionarios de la Administración Central
Departamental, al igual que de los Docentes y personal administrativo
de las Instituciones a cargo del Departamento;
9. Suministrar al Ministerio Público y a los organismos de control fiscal,
la información y documentación relacionada con los procesos
judiciales y de contratación en los que sea parte el Departamento
para la defensa de sus intereses y demás acciones pertinentes;

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10.Llevar y mantener actualizado el registro de personas y firmas
incursas en causales de inhabilidad para contratar con el
Departamento e informar a la Cámara de Comercio y a los
organismos de control de los conflictos que se presenten en la
ejecución de los contratos;
11.Atender y sustanciar las solicitudes que se formulen al Gobernador
en desarrollo del derecho de petición y estudiar y proyectar los actos
que resuelvan los recursos legales interpuestos ante el Gobernador;
12.Tramitar y resolver las peticiones y recursos interpuestos ante el
Gobernador en los asuntos policivos, y
13.Las demás que el Gobernador le delegue y correspondan a la
naturaleza del Departamento Administrativo Jurídico.
14.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)

Mientras que, el Decreto nro. 007 del 9 de enero de 2007, proferido por
el gobernador del departamento del Huila “Por el cual se modifica el
procedimiento de Contratación en la Administración Central
Departamental y se hacen unas delegaciones”, en relación con las
funciones del departamento administrativo jurídico del departamento del
Huila en materia de contratación estableció:

“[…] FUNCIONES DE APOYO JURÍDICO A LA CONTRATACIÓN: El
Departamento Administrativo Jurídico a través del Grupo de
Contratación, en apoyo de los procesos aquí regulados, cumplirá las
siguientes funciones:

1. Publicar los pliegos de condiciones o términos de referencia, con base
en los proyectos de pre pliego enviados por cada una de las
Secretarías o Departamento delegatarios de la contratación,
conforme al modelo de éste que se acompaña en los anexos del
presente Decreto.
2. Publicar la respuesta a las observaciones y sugerencias de
modificación que se presenten y tramitar los ajustes derivados de
ellas, de conformidad con el proyecto presentado por el profesional
que se haya sea designado por el funcionario delegatario en el estudio
previo, como líder o responsable administrativo para ese proceso de
contratación.
3. Publicar los actos de apertura de los procesos de selección
(invitaciones a contratar, licitaciones o concursos), de nombramiento
de las comisiones evaluadoras, los informes de evaluación de
propuestas, de ampliación de términos y de adjudicación o de
declaratoria desierta de las contrataciones, al igual que cumplir la
notificación de los actos administrativos que pongan fin a los procesos
contractuales.
4. Publicar todos los demás actos administrativos y actuaciones
contractuales referidos en el Decreto No. 2434 de 2.006, o la norma
que haga sus veces, previa remisión de la dependencia delegataria,
tanto en medio físico como en medio magnético.
5. Revisar y dar visto bueno para la firma del Gobernador, los
Secretarios de despacho y Directores de Departamento delegatarios
de la contratación, a los proyectos de actos administrativos que

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resuelvan las observaciones presentadas a los informes de
evaluación.
6. Asesorar al Gobernador, los Secretarios de Despacho y Directores de
Departamento interesados en la contratación, en las audiencias de
aclaración y de adjudicación; en las cuales será indispensable para su
iniciación y desarrollo, la presencia del funcionario titular o
delegatario de la facultad contractual.
7. Revisar las minutas y autorizar la firma de los contratos, y una vez
legalizados, conservar copia para su anotación y archivo en el registro
de contratación del Departamento, y remitir los originales junto con
los estudios previos y copia de la propuesta a la dependencia
delegataria, para que se maneje en esa como archivo de gestión,
incorporando todas las actuaciones cumplidas durante la ejecución y
hasta su liquidación.
8. Aprobar la póliza de garantía inicial con la cual se cumple la
legalización del contrato o convenio.
9. Llevar el control de la designación o contratación de interventores y/o
supervisores de los contratos o convenios que celebre la
Administración Departamental.
10. Realizar revisión y refrendación, en control de legalidad y formalidad,
de las actas de liquidación de los contratos y convenios.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)

Acorde con lo señalado es incontrovertible que la señora Londoño de
Perdomo en calidad de jefe del departamento administrativo jurídico del
departamento del Huila tenía entre sus funciones las de dar el visto bueno
a la contratación y, en el caso específico, otorgó el correspondiente visto
bueno al Contrato de Prestación de Servicios nro. 185 de 2008, con lo
cual, permitió que se produjera el detrimento patrimonial, al pagársele al
contratista un mayor valor del que le correspondía, atendiendo la
propuesta que la misma Universidad Surcolombiana había presentado y,
que se reitera, hacía parte integral del citado contrato.

Conforme con lo explicado, se concluye que la parte recurrente no
demostró que los actos acusados estuvieran falsamente motivados, por
lo que este reproche tampoco prospera.

5.5. Costas procesales en segunda instancia

El artículo 188 del CPACA estableció que, “salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil (…)”. A su vez, el artículo 47 de la Ley 2080 de

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Radicación: 41 001 23 33 000 2013 00131 02
Demandante: Amanda Cecilia Londoño de Perdomo

2021, lo adicionó en el siguiente sentido: “en todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”, no
obstante, para la fecha en que se profirió la sentencia de primera
instancia, - 5 de marzo de 2018-, esta última modificación no estaba
vigente.

El artículo 365 del Código General del Proceso dispone que la condena en
costas está sujeta, entre otras, a las siguientes reglas: - se condenará a
la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación; - debe ordenarse en la sentencia o en el auto que
resuelva la actuación que dio lugar a aquella, y - solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.

Como lo ha explicado esta Sección31, el criterio objetivo valorativo de la
condena en costas implica que es objetivo, por lo que, contrario a lo
señalado por el recurrente, no resulta de un obrar temerario o de mala
fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es el resultado de
su derrota en el proceso o en el recurso propuesto, y valorativo, porque
se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron
y en la medida de su comprobación, el pago de gastos ordinarios del
proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro de
éste.

Con fundamento en las normas citadas en precedencia, se condenará en
costas en esta instancia a la parte actora, dado que le será resuelto
desfavorablemente el recurso.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del
31

4 de febrero de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación nro.
25000234100020150018001.
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Radicación: 41 001 23 33 000 2013 00131 02
Demandante: Amanda Cecilia Londoño de Perdomo

Para ello, está acreditado que la Contraloría General de la República
acudió a este proceso por conducto de apoderado. En consecuencia, se
dará aplicación a lo previsto por el Acuerdo nro. 1887 del 27 de agosto de
200332, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, que estableció
las tarifas de las agencias en derecho para los procesos Contencioso
Administrativos, en el capítulo tercero del artículo sexto, y se impondrá
su favor, el pago de la suma equivalente a un salario mínimo mensual
legal vigente a cargo de la parte actora33.

Por último, dado que no está acreditada la causación de gastos procesales,
esta Sala no condenará en costas por dicho concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de marzo de 2018
por el Tribunal Administrativo del Huila, atendiendo las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar a la parte actora a pagar a favor de la parte
demandada, Contraloría General de la República, por concepto de
agencias en derecho, la suma equivalente a un salario mínimo mensual
legal vigente.

TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.

32
Gaceta de la judicatura. Consultado en actosadministrativos.ramajudicial.gov.co.
33
Atendiendo a que la disposición establece que en los procesos de segunda instancia con
cuantía se impondrá hasta el cinco por ciento del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia.
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Demandante: Amanda Cecilia Londoño de Perdomo

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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