RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 41001-23-33-000-2013-00454-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2013-00454-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2013-00454-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 29 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Huila, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a Comfamiliar a favor del Municipio de Neiva, las cuales deberán ser ser tasadas y liquidadas por el tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP. Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 41001-23-33-000-2013-00454-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 24 de agosto de 2026

Radicación: 41001-23-33-000-2013-00454-01 (73.827)
Demandante: Comfamiliar de Huila EPS
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales

Temas: controversias contractuales – contrato de aseguramiento para la prestación del
servicio de salud - existencia del contrato − inexistencia del contrato – existencia de
contratos estatales sometidos al derecho privado - prestación de servicios de salud –
régimen subsidiado de salud

Síntesis del caso: Comfamiliar EPS promovió demanda de controversias contractuales
contra el Municipio de Neiva con el fin de que se declarara la existencia de un contrato
de aseguramiento para la prestación de servicios de salud a los afiliados en el régimen
subsidiado y se dejaran sin efectos las resoluciones por medio de las cuales se reconocieron
los saldos insolutos por los servicios prestados.

Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la Sentencia proferida el 29 de julio de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Huila, que declaró probada de oficio la
excepción de “caducidad de la pretensión de nulidad parcial de las
resoluciones No. 069 del 30 de mayo de 2011, No. 080 del 7 de septiembre
de 2011 y No. 316 del 28 de diciembre de 2011” y negó las pretensiones de
la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.
1.3. Sentencia de primera instancia. 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 12 de noviembre de 2013, Comfamiliar de Huila EPS (en adelante, la
EPS) presentó una demanda2, en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales, en contra del Municipio de Neiva (en adelante,
el Municipio), con las siguientes pretensiones (se trascribe):

“Primera: Que se declare que entre Comfamiliar y el municipio de Neiva existió
o se suscribió un contrato de aseguramiento del servicio de salud subsidiada
para atender los usuarios de dicho servicio en el bimestre Abril- Mayo de 2010.-

1 El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las

sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
2 Folios 1 a 12 del cuaderno principal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2013-00454-01 (73.827)
Demandante: Comfamiliar de Huila EPS
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia
______________________________________________________________________________________________________________

Sequnda: Que como consecuencia de lo anterior, el municipio está en la
obligación de pagarle a la EPSS- Comfamiliar del Huila, los valores que resulten
a su favor por el servicio de aseguramiento por el bimestre indicado antes.-

Tercera: Que, igualmente como consecuencia de lo anterior, el municipio de
Neiva le debe pagar a Comfamiliar, junto con los intereses moratorios y
perjuicios ocasionados por el no pago oportuno, la suma principal de
CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS
M/CTE ($490.422.244.93), sumas que deben ser pagada dentro de los tres días
siguientes a la ejecutoria de la sentencia respectiva.-

Cuarta: Que se paguen los perjuicios ocasionados como consecuencia de la
demanda ejecutiva y embargo interpuesto por la ESE Carmen Emilia Ospina
como consecuencia del no pago de los servicios garantizados a los usuarios
reportados para garantizar el acceso a los servicios de salud.

Cuarta (sic); Así mismo se declaran sin efecto, en lo que le sea desfavorable a
Comfamiliar, lo dispuesto en las resoluciones 069 del 30 de Mayo 080 del 07 de
Septiembre, ambas del 2011, e igualmente la 0316 de 28 de Diciembre del
mismo año proferidas por el municipio demandado. Mediante estos actos
administrativos se liquidó en forma unilateral, el contrato de aseguramiento del
servicio de salud subsidiada referida en la primera pretensión.-

Quinta: A más de condenar al pago de las sumas y conceptos anteriores, se le
condenará a pagar las costas y perjuicios ocasionados a Comfamiliar como
consecuencia del no pago de las sumas pretendidas en esta acción teniendo
en cuenta que hubo negligencia y abuso del derecho por parte del municipio
toda vez que Comfamiliar, oportunamente le envió la conceptualización y
cifras de la suma a su favor que resultaba con la liquidación del contrato
materia de demanda.”

2. La parte demandante basó sus pretensiones, en síntesis, en los
siguientes hechos:

3. 1) La EPS, en cumplimiento de lo previsto en el Decreto 132 de 2010
del Gobierno nacional, asumió la prestación del servicio de salud a la
población registrada dentro del régimen subsidiado de salud en el municipio
de Neiva, durante los periodos de abril y mayo de 2010.

4. 2) La EPS contrató a la IPS ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva para la
prestación directa de los servicios a los usuarios que lo requirieran, de
acuerdo con el número de inscritos por el Municipio para el bimestre de abril
y mayo de 2010. Dicho contrato se suscribió en la modalidad de pago por
capitación.

5. 3) El total de la población reportada por el Municipio a la Red de
Servicios de la EPS, para el bimestre en cuestión, fue de 83.487 usuarios.

6. 4) En distintas oportunidades, la EPS le solicitó al Municipio que
identificara y reconociera a los usuarios no reconocidos durante los periodos
de abril y mayo de 2010 y procediera con el pago correspondiente, pero no
logró un acuerdo.

7. 5) El Municipio, mediante la Resolución 69 de 30 de mayo de 2011,
reconoció y ordenó el pago a favor de la EPS de $565.789.642.00, por

2 de 12

Radicación: 41001-23-33-000-2013-00454-01 (73.827)
Demandante: Comfamiliar de Huila EPS
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia
______________________________________________________________________________________________________________

concepto de pago de la UPC del régimen subsidiado, para los periodos de
aseguramiento de abril y mayo de 2010.

8. 6) La EPS interpuso un recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación en contra de esa resolución, con el propósito de que se aceptara
el monto señalado en una “pre liquidación” que presentó el 4 de mayo de
2011, en la cual se señaló que el monto a reconocer era de
$1.056.211.886.93, por lo que el Municipio desconoció sin justificación alguna
la suma de $490.422.244.93.

9. 7) Mediante la Resolución 80 de 7 de septiembre de 2011, la secretaria
de salud del Municipio resolvió el recurso de reposición, en el sentido de
confirmar en todo su contenido la Resolución 69 de 30 de mayo de 2011.

10. 8) El alcalde del Municipio, por medio de la Resolución 316 de 28 de
diciembre de 2011, resolvió de forma negativa el recurso de apelación y
confirmó integralmente la decisión recurrida.

11. 9) La demandante promovió conciliación extrajudicial, la cual se
declaró fallida en audiencia realizada el 14 de marzo de 2013.

1.2. Posición de la parte demandada

12. El 4 de septiembre de 2014, el Municipio contestó la demanda3 y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, luego de establecer que no
hubo contrato, ni obligación de pago adicional al monto reconocido en la
Resolución 69 de 30 de mayo de 2011, el cual correspondió a una liquidación
unilateral ajustada a derecho. Precisó que el monto que se pagó tuvo en
cuenta el número real de usuarios atendidos y validados en la Base de Datos
Única de Afiliados - BDUA, por lo que no vulneró ningún derecho de la parte
demandante.

13. Enfatizó que, entre el Municipio y la EPS no se celebró contrato alguno
para la prestación del servicio de salud a los usuarios del régimen subsidiado,
durante los periodos de abril y mayo de 2010, como lo exigía el numeral 2.3
del artículo 44 de la Ley 715 de 2001, ya que dicha disposición fue derogada
por el Decreto 132 de enero de 2010. De manera que, la prestación del
servicio aludido fue asumida directamente por el Gobierno nacional, a
través del patrimonio autónomo creado en el Decreto 1038 de 2010 y de
conformidad con lo establecido en el Instructivo 1 de 2010 del Ministerio de
la Protección Social, ya que no era jurídicamente viable suscribir un contrato.

14. Añadió que, aunque inicialmente validó un total de 69.924 usuarios
asignados a la EPS, para efectos de la liquidación y reconocimiento
económico, únicamente 47.212 usuarios accedieron de forma efectiva a los
servicios prestados por esa entidad. Por tal razón, indicó que la diferencia

3 Folios 157 a 170 del cuaderno principal.

3 de 12

Radicación: 41001-23-33-000-2013-00454-01 (73.827)
Demandante: Comfamiliar de Huila EPS
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia
______________________________________________________________________________________________________________

entre los usuarios efectivamente atendidos y los reportados sirvió para
sustentar la legalidad y la razonabilidad del monto reconocido, razón por la
cual, en lugar de acceder a la suma reclamada por la demandante de
$1.056’211.886,93, efectuó el pago de $565’789.642, tal como lo señaló en la
Resolución 69 de 30 de mayo de 2011.

15. Consecuentemente, formuló las siguientes excepciones de mérito (se
trascribe):

“1. EL COBRO DE LO NO DEBIDO: Partiendo del hecho cierto que las
declaraciones y condenas están erigidas al fracaso total, la entidad territorial
que represento no es responsable de los presuntos perjuicios reclamados por la
actora. Por ende, no se le puede condenar a reconocer y pagar valor alguno
precisamente porque los actos acusados se ajustan a derecho.

2. INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE NORMATIVIDAD ALGUNA POR OCASIÓN DE
LA EXPEDICIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS: De
conformidad a las pretensiones de la demanda y los fundamentos fácticos
jurídicos señalados en la contestación de la demanda, se puede establecer
claramente que los actos acusados, fueron expedidos de conformidad con la
normatividad que reglamenta la materia. En consecuencia, se encuentran
ajustados a los postulados de nuestra constitución y al ordenamiento sustantivo.
Además, no se puede dejar de lado que no se ha demostrado que los mismos
fueron expedidos por desviación del poder ni falsa motivación.

3. GENERICA O INNOMINADA: De manera comedida me permito solicitar a los
Honorables Magistrados, que en la Sentencia de Primera Instancia, declare de
oficio las exceptivas que llegaren a demostrarse durante el trámite procesal,
con fundamento en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.”

1.3. Sentencia de primera instancia

16. El 29 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Huila profirió
sentencia de primera instancia4, en la que negó la pretensión de
declaratoria de existencia del contrato de aseguramiento y las pretensiones
derivadas. Adicionalmente, declaró probada, de oficio, la excepción de
caducidad de la pretensión de nulidad parcial de las Resoluciones 69 del 30
de mayo de 2011, 80 de 7 de septiembre de 2011 y 316 de 28 de diciembre
de 2011 y, en consecuencia, negó las pretensiones de restablecimiento del
derecho5.

17. Para arribar a esa conclusión estableció que, desde el 1 de abril de
2010, el modelo de aseguramiento en salud fue sustituido por un esquema
centralizado sin contratos entre EPS y entidades territoriales, de conformidad
con el Decreto 1038 de 2010, por lo que los recursos fueron canalizados
mediante un patrimonio autónomo fiduciario, con giros directos a las EPS y
prestadores habilitados, a partir de la información validada en la BDUA.

4 Índice 78 de SAMAI, expediente 41001-23-33-000-2013-00454-00.
5 “PRIMERO: NEGAR la pretensión de declarar la existencia del contrato de aseguramiento, al igual que las
pretensiones consecuenciales o dependientes de aquélla.
SEGUNDO: DECRETAR de oficio la excepción de caducidad de la pretensión de nulidad parcial de las resoluciones
No. 069 del 30 de mayo de 2011, No. 080 del 7 de septiembre de 2011 y No. 316 del 28 de diciembre de 2011 y,
en consecuencia, NEGAR las pretensiones de restablecimiento del derecho.
TERCERO: NO CONDENAR en costas.”

4 de 12

Radicación: 41001-23-33-000-2013-00454-01 (73.827)
Demandante: Comfamiliar de Huila EPS
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia
______________________________________________________________________________________________________________

18. Por otra parte, indicó que los Instructivos 1 a 4 de 2010 del Ministerio
de Protección Social reglamentaron los procedimientos de validación,
asignación y giro de los recursos por los servicios prestados, en los cuales se
excluyó a los entes territoriales de la competencia contractual para el
bimestre de abril y mayo de 2010. Al respecto precisó que, si bien el modelo
fue transitorio, produjo efectos jurídicos entre el 23 de diciembre de 2009,
fecha de expedición del Decreto 4975, y el 19 de mayo de 2010, cuando la
Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-252 lo declaró
inexequible.

19. Señaló que, al no haberse celebrado ningún contrato para la
prestación del servicio de salud entre el Municipio y la EPS, las pretensiones
derivadas de la declaratoria perseguida no estaban llamadas a prosperar.
Consecuentemente, respecto de las pretensiones acumuladas de nulidad
de las Resoluciones 69 de 30 de mayo de 2011 y 80 de 7 de septiembre de
2011, suscritas por la secretaria de salud municipal de Neiva, y la 316 de 28
de diciembre de 2011, suscrita por el alcalde del Municipio, manifestó que,
debieron tramitarse a través de la nulidad y restablecimiento del derecho, y
al momento de la presentación de la demanda, esto es, el 12 de noviembre
de 2013, ya había caducado.

1.4. Recurso de apelación

20. El 25 de septiembre de 2025, la parte demandante presentó un
recurso de apelación6 contra la sentencia de primera instancia, con el fin
de que se accediera a las pretensiones de la demanda, puesto que el
mecanismo judicial idóneo para obtener la declaratoria de existencia del
contrato de aseguramiento era, en su criterio, el de controversias
contractuales y, de conformidad con los artículos 1495 y 1602 del Código
Civil, hubo un acuerdo entre las partes para la prestación del servicio de
salud, lo que llevaba naturalmente a la existencia de un contrato.

21. Argumentó que la existencia de dicho contrato tenía respaldo
jurisprudencial, en los siguientes términos (se trascribe):

“Adicionalmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha pronunciado
con la validez del contrato a saber Exp. 2000-00239-01 (21130), por lo que no es
de recibo que se establezca por parte del H. Tribunal que ‘se ratifica con los
instructivos 02 a 04 de 2010 anteriormente citados, no existió contrato alguno
para la prestación del servicio de salud durante el bimestre abril-mayo de 2010
entre las EPS con afiliados al régimen subsidiado y los entes territoriales. En su
lugar, los derechos, obligaciones y competencias de estos últimos fueron
definidos por normas del orden nacional, a través de decretos legislativos,
reglamentarios e instructivos. Por tanto, ni si quiera estamos ante que
presuponen la existencia de un contrato y su incorporación al mismo por efecto
de la ley , sino frente a actuaciones administrativas regladas, ejecutadas en
cumplimiento directo de disposiciones legales, ajenas a la lógica contractual,
lo que descarta por completo el acuerdo de voluntades.’”

6 Índice 83 de SAMAI, expediente 41001-23-33-000-2013-00454-00.

5 de 12

Radicación: 41001-23-33-000-2013-00454-01 (73.827)
Demandante: Comfamiliar de Huila EPS
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia
______________________________________________________________________________________________________________

22. Con base en lo anterior, determinó que hubo un acuerdo de
voluntades sobre el objeto del contrato y la contraprestación de este, y mal
podría la jurisprudencia exigir una solemnidad consistente en llevar a escrito
un acuerdo, cuando era claro que el Municipio tenía plena capacidad
jurídica para contraer obligaciones.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Análisis sustantivo - 2.2. Condena en costas

2.1. Análisis sustantivo

23. La Sala confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Huila, en
la que determinó que entre las partes no hubo contrato alguno y declaró
probada de oficio la excepción de caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento en lo atinente a la pretensión de nulidad parcial de las
resoluciones 69 del 30 de mayo de 2011, 80 del 7 de septiembre de 2011 y
316 del 28 de diciembre de 2011.

24. El primer asunto que ocupa la atención de la Sala es el relativo a la
existencia de un contrato de aseguramiento que, en criterio de la parte
demandante, se celebró entre ella y el Municipio para la prestación de los
servicios de salud a los afiliados en el régimen subsidiado, durante los
periodos de abril y mayo de 2010. Al respecto, se advierte que, para aquel
bimestre, el Gobierno nacional, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 215 de la Constitución, sustituyó transitoriamente el modelo de
aseguramiento basado en la suscripción de contratos entre entidades
territoriales y EPS, por un esquema centralizado de administración de
recursos y giro directo, por lo que esa fue la figura a la que se acudió para
garantizar la prestación del servicio de salud a la población registrada en el
régimen subsidiado del Municipio. Además, no se tiene ningún soporte en el
expediente que de forma fehaciente demuestre que las partes involucradas
en la controversia llegaron a un acuerdo de voluntades para la prestación
del comentado servicio, tal como pasa a explicarse.

25. La prestación de servicios de salud a la población vulnerable del
Municipio por parte de Comfamiliar se encuentra acreditada con el Oficio
de 1 de agosto de 2011, mediante el cual la ESE Carmen Emilia Ospina de
Neiva le informa a Comfamiliar que, durante el período aludido
previamente, en virtud del contrato celebrado entre ambas, fueron
efectivamente atendidos 832 usuarios y que el número de afiliados
registrados en la base de datos para el mes de abril fue de 83.487, mientras
que para mayo fue de 81.5647. Esa información se complementa con el
contrato de prestación de servicios celebrado directamente entre
Comfamiliar como EPS del régimen subsidiado y la ESE Carmen Emilia Ospina
de Neiva como IPS, durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo de

7 Folios 93 a 95 del cuaderno principal.

6 de 12

Radicación: 41001-23-33-000-2013-00454-01 (73.827)
Demandante: Comfamiliar de Huila EPS
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia
______________________________________________________________________________________________________________

2010 y el 30 de abril de 20118. No obstante, estos soportes no dan cuenta de
la concurrencia de voluntades que, según la parte demandante, hubo para
poder atender a la población inscrita en el régimen subsidiado.

26. Al respecto, es preciso aclarar que el artículo 215 de la Ley 100 de 1993
asignó a las entidades territoriales, a través de las direcciones locales,
distritales y departamentales de salud, la función de suscribir contratos de
aseguramiento en salud con las EPS encargadas de afiliar a los beneficiarios
del régimen subsidiado. El artículo 44.2.3 de la Ley 715 de 2001, por su parte,
fijó la obligación para las entidades territoriales y especialmente para los
municipios, de contratar el aseguramiento y la administración del régimen
subsidiado de salud.

27. El régimen de estos contratos, de acuerdo con el numeral 2 del
artículo 216 de la Ley 100 de 1993, es de derecho privado, aunque su
naturaleza es eminentemente estatal, dado que su celebración se efectúa
con entidades territoriales con aplicación de los principios y mecanismos
propios de la contratación pública, lo que ciertamente permite incluir
cláusulas exorbitantes características del derecho público9. En el marco de
estos negocios jurídicos, las EPS se obligan a asegurar, administrar y ejecutar
los recursos del régimen subsidiado de seguridad social en salud para la
prestación de los servicios de salud a las personas vulnerables relacionadas
en la lista de focalización respectiva y las entidades estatales les reconocen
un valor per cápita denominado Unidad de Pago por Capitación – UPC.

28. Al tratarse de un contrato sometido a las reglas del derecho privado,
tal como lo puso de presente la parte demandante en el recurso de
apelación, no se encuentra sometido a la formalidad escrita, a diferencia
de interpretado por el Tribunal. Sin embargo, ese aspecto no es relevante
para atacar la decisión de fondo adoptada en la primera instancia, ya que
la cuestión verdaderamente importante en el caso concreto la constituye el
hecho de que para el periodo reclamado la prestación del servicio de salud
no dependió de un acuerdo de voluntades con el municipio, sino de un
mecanismo excepcional de giro directo.

29. Con ese panorama en mente, se tiene que el Gobierno nacional,
mediante el Decreto 4975 de 23 de diciembre de 2009, declaró el estado de
emergencia social, a partir de lo previsto por el artículo 215 de la
Constitución, con el fin de atender la crisis estructural del sistema de salud.
Esa medida le permitía adoptar decretos con fuerza de ley para reorganizar
temporalmente el esquema de aseguramiento del régimen subsidiado, por
lo que, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorgaba el
ordenamiento jurídico para atender la situación comentada, expidió el
Decreto Legislativo 132 de 2010, por medio del cual creó unos mecanismos

8 Folios 97 a 117 del cuaderno principal.
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2016, rad. 34.097 y Consejo

de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 11 de diciembre de 2024, rad. 62.319.

7 de 12

Radicación: 41001-23-33-000-2013-00454-01 (73.827)
Demandante: Comfamiliar de Huila EPS
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia
______________________________________________________________________________________________________________

para administrar y optimizar el flujo de recursos con los cuales se financiaba
el sistema.

30. El artículo 5 del Decreto Legislativo 132 de 2010 derogó, a partir del 1
de abril de 2010, la expresión "Celebrar contratos para el aseguramiento en
el Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable”, consagrada en
el artículo 44.2.3 de la Ley 715 de 2001. De manera que, desde esa fecha, el
aseguramiento dejó de depender de los contratos celebrados por las
entidades territoriales con los prestadores de servicios de salud y se debía
constituir un patrimonio autónomo para centralizar los recursos del sistema,
por lo que su administrador sería el encargado de realizar los giros directos a
las empresas promotoras del régimen subsidiado.

31. Para poner en funcionamiento ese modelo, a través de la Resolución
1035 de 19 de marzo de 2010, el Ministerio de Protección Social constituyó el
patrimonio autónomo recién aludido y asignó su administración la sociedad
fiduciaria Fiduprevisa S.A., la cual debía asignar los recursos a las EPS, con
base en los afiliados validados en la BDUA. En línea con lo dispuesto en ese
acto administrativo, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1038 de 2010,
mediante el cual reglamentó el primer giro directo de recursos
correspondiente al bimestre de abril y mayo de 2010.

32. Adicionalmente, el Ministerio de Protección Social expidió el Instructivo
DGGDS-RS-001-2010 de 31 de marzo de 201010, por medio del cual informó
a las entidades territoriales que los giros se realizarían de forma directa por
el patrimonio autónomo a las EPS y que cada entidad territorial seguiría a
cargo de la identificación, la selección de población, la afiliación, el manejo
de novedades, la participación social y la representación de los afiliados
ante aquellas entidades promotoras. Puntualizó, además, que cualquier
afiliación, traslado y validación debía estar registrado en la BDUA porque
solo de esa forma se procedería con el reconocimiento de la Unidad de
Pago por Capitación Subsidiado - UPCS.

33. Ahora bien, el rol del patrimonio autónomo adquiere relevancia
cuando se observa que la EPS recibió recursos provenientes del mecanismo
de giro directo examinado por la suma de 1.866’099.74411 y que, incluso, los
actos administrativos de reconocimiento posteriores tuvieron en cuenta
dichas operaciones para establecer si había saldos pendientes y ordenar el
pago de $565’789.64212, lo que demuestra que los recursos que se
entregaron no provenían de la ejecución de un contrato, sino de un
mecanismo excepcional de financiación cimentado sobre la base de una
normativa de emergencia.

10

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/INSTRUCTIVO%20DGDGS%20RS%20001%20201
0.pdf
11 Folio 207 del cuaderno principal.
12 Folios 210 a 215 del cuaderno principal.

8 de 12

Radicación: 41001-23-33-000-2013-00454-01 (73.827)
Demandante: Comfamiliar de Huila EPS
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia
______________________________________________________________________________________________________________

34. En este punto, debe señalarse que la Corte Constitucional, en la
Sentencia C-252 de 2010, declaró la inexequibilidad del Decreto 4975 de
2010 porque el Gobierno nacional no logró demostrar la inexistencia o
insuficiencia de medios ordinarios para conjurar la situación y, por ende, la
declaratoria de emergencia social no cumplió con los presupuestos
constitucionalmente establecidos. En similar sentido, por medio de la
Sentencia C-374 de 2010, la Corte Constitucional declaró inexequible el
Decreto 132 de 2010, luego de determinar que la normativa que le sirvió de
fundamento, el Decreto 4975 de 2009, se declaró inconstitucional.

35. En todo caso, esas decisiones de la Corte Constitucional no generaron
la existencia retroactiva de contratos de aseguramiento entre los municipios
y las EPS, ni convirtió en contractual la operación que desde el 20 al 31 de
mayo de 2010 facilitó la prestación del servicio de salud. Sobre ese punto, lo
primero que se debe advertir es que no existe soporte alguno que permita
establecer que durante esos últimos días del mes de mayo las partes
acudieron a la celebración de un contrato para asegurar la prestación del
servicio y, en cambio, lo que sí se evidencia es que el Ministerio de
Protección Social expidió los instructivos DGGDS-RS-002-2010, DGGDS-RS-
003-2010 y DGGDS-RS-004-2010, con fechas de 21 de mayo, el primero, y 16
de junio, los dos últimos, con el fin de garantizar la atención de los pacientes
del régimen subsidiado de salud y definir con claridad los procedimientos
que debían atenderse para finiquitar la estrategia de reconocimiento y
pago mediante giro directo por servicios prestados durante abril y mayo de
2010.

36. En el Instructivo DGGDS-RS-002-2010 de 21 de mayo de 201013, se
reconoció la necesidad de consolidar el giro del bimestre de abril y mayo
con base en la última doceava del Sistema General de Participaciones y los
recursos del Fosyga, se exigió la restitución de los recursos mal girados y se
ordenó la liquidación del patrimonio autónomo creado en el marco de la
emergencia. Posteriormente, el 16 de junio de 2010, se expidieron los otros
dos instructivos, a saber: el DGGDS-RS-003-201014, que impartió lineamientos
para el giro de recursos asociados a 1’400.201 afiliados cuya información
tenía inconsistencias en la BDUA y exigió a las EPS que devolvieran los
recursos obtenidos con irregularidades, y el DGGDS-RS-004-201015, que
definió el giro de recursos suspendidos a EPS intervenidas o en liquidación
por orden de la Superintendencia de Salud y que los montos no girados
debían transferirse a las entidades territoriales para que, mediante actos
administrativos debidamente motivados, establecieran la ejecución y pago
de lo debido por los servicios prestados a su población para el bimestre de
abril y mayo de 2010.

13 https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/INSTRUCTIVO%20DGDGS-%20RS-%20002%20-
2010.pdf
14 https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/INSTRUCTIVO%20DGDGS%20RS-%20003-
2010.pdf
15

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/INSTRUCTIVO%20DGDGS%20RS%20004%20201
0.pdf

9 de 12

Radicación: 41001-23-33-000-2013-00454-01 (73.827)
Demandante: Comfamiliar de Huila EPS
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia
______________________________________________________________________________________________________________

37. Por lo anterior, es claro que entre el Municipio y la EPS no hubo una
relación contractual para la prestación del servicio de salud a la población
inscrita dentro del régimen subsidiado ya que, durante los periodos de abril
y mayo de 2010, se utilizó el esquema centralizado de administración de
recursos y giro directo por los servicios efectivamente prestados, a partir de
la información depositada en la BDUA. De manera que, la expedición
posterior de resoluciones de reconocimiento de recursos no evidencia la
celebración de un contrato y su correspondiente liquidación, sino el
cumplimiento de un trámite definido por el Gobierno nacional a través de
decretos legislativos, reglamentarios e instructivos.

38. Así las cosas, al no acreditarse la existencia del contrato, se deben
negar las pretensiones de la demanda. Sobre este punto se precisa que para
que la pretensión de declaratoria de existencia sea exitosa se requiere la
verificación de todos los elementos exigidos para el efecto por el
ordenamiento jurídico y, de conformidad con el artículo 1500 del Código
Civil, para que el contrato naciera efectivamente a la vida jurídica, en el
caso de un régimen donde prima el consensualismo, se necesitaba una
expresión inequívoca del consentimiento de las partes, circunstancia que,
se reitera, no ocurrió en el caso concreto.

39. De acuerdo con la información que reposa en los oficios que
Comfamiliar EPS remitió al Municipio y las circulares y actas de liquidación
que este emitió para reconocer los saldos pendientes16, se observa que,
antes del periodo comprendido entre abril y mayo de 2010, hubo unos
contratos entre las partes con vigencia del 1 de octubre de 2009 al 31 de
marzo de 2010, los cuales fueron liquidados con base en los lineamientos
establecidos en el DGGDS-RS-001-2010 de 31 de marzo de 2010. Además, las
partes reconocen que el proceso de aseguramiento durante el bimestre de
abril y mayo de 2010 se desplegó con base en lo establecido en el Decreto
132 de 2010 y que los recursos que se le debían transferir a la EPS dependían
del mecanismo directo que se creó para atender la contingencia sobre el
servicio de salud y no propiamente de un contrato, como pretendió
mostrarlo en la demanda y en la apelación la parte demandante.

40. En vista de lo anterior, es incuestionable que en el bimestre de abril y
mayo de 2010 el aseguramiento de la población registrada en el régimen
subsidiado de salud de Neiva se desarrolló por el mecanismo de giro directo
de recursos y no bajo el esquema contractual.

41. Por otra parte, la Sala estima conveniente pronunciarse acerca de la
caducidad de las pretensiones relacionadas con la nulidad de las
Resoluciones 069 del 30 de mayo de 201117, 080 de 7 de septiembre de
201118 y 316 de 28 de diciembre de 201119, por medio de las cuales la

16 Folios 13 a 38 del cuaderno principal.
17 Folios 210 a 218 del cuaderno principal.
18 Folios 239 a 252 del cuaderno principal.
19 Folios 258 a 276 del cuaderno principal.

10 de 12

Radicación: 41001-23-33-000-2013-00454-01 (73.827)
Demandante: Comfamiliar de Huila EPS
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia
______________________________________________________________________________________________________________

Administración municipal liquidó el saldo insoluto para el cierre del bimestre
abril-mayo de 2010, aun cuando no fue objeto de cuestionamiento alguno
en el recurso de apelación, por tratarse de un presupuesto procesal
necesario para decidir. En el caso concreto la controversia no giró en torno
a un contrato por las razones previamente analizadas, sino que surgió a partir
de un procedimiento al que se puso fin con un acto administrativo, por lo
que procedía aplicar el término de caducidad aplicado por el Tribunal.

42. El último acto administrativo (316 de 28 de diciembre de 2011)
expedido por el alcalde del Municipio, en el que resolvió el recurso de
apelación interpuesto contra la Resolución No. 069 del 30 de mayo de 2011,
fue notificado personalmente el 5 de enero de 201220. De ahí que, de
conformidad con el numeral 2 del artículo 136 del CCA, vigente para
entonces, Comfamiliar tenía 4 meses para interponer la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, contados a partir del día siguiente
al de la notificación del acto administrativo que puso cierre al
procedimiento administrativo, es decir, desde el 6 de enero de 2012. Sin
embargo, la demanda fue presentada el 12 de noviembre de 2013, lo que
hizo que se configurara la caducidad respecto de las pretensiones de
nulidad y restablecimiento del derecho.

43. El término para calcular la caducidad no se suspendió, como lo señaló
el Tribunal, por la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial
radicada el 18 de noviembre de 201221, porque para entonces ya había
caducado la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En
consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
declaró probada la excepción de caducidad respecto del mecanismo de
nulidad y restablecimiento del derecho.

2.2. Condena en costas

44. De conformidad con el artículo 188 del CPACA 22 y el numeral 3 del
artículo 36523 del CGP, se condenará en costas de segunda instancia a la
parte demandante. Estas deberán ser tasadas y liquidadas por el tribunal de
primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP.

3. DECISIÓN

45. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

20 Folio 280 del cuaderno principal.
21 Folio 126 del cuaderno principal.
22 Artículo 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena

en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
23 Artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena

en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…)
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda. (…)”.

11 de 12

Radicación: 41001-23-33-000-2013-00454-01 (73.827)
Demandante: Comfamiliar de Huila EPS
Demandado: Municipio de Neiva
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia
______________________________________________________________________________________________________________

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 29 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Huila, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a Comfamiliar a
favor del Municipio de Neiva, las cuales deberán ser ser tasadas y liquidadas
por el tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y 366
del CGP.

Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado

12 de 12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.