Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2013-00459-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 41001-23-33-000-2013-00459-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2013-00459-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2013-00459-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
17 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicado : 41001-23-33-000-2013-00459-01
Número interno : 1853-2019
Demandante : Yesid Orlando Perdomo Llano
Demandado : Nación – Procuraduría General de la Nación
Acción : Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Ley 1437
de 2011
Tema : Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad
general por 11 años. Al realizar una inversión de
dineros públicos sin garantizar liquidez, seguridad y
rentabilidad.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 19 de diciembre de 2018 dictada por el Tribunal
Administrativo del Huila que no accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Yesid Orlando Perdomo LLano, por
conducto de apoderado judicial, solicita las siguientes declaraciones y
condenas:
1.1 Pretensiones
La nulidad de las siguientes providencias, fallo de primera instancia del 25
de abril de 2012, proferido por la Procuraduría Segunda Delegada para la
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Número interno: 1853-2019
Demandante: Yesid Orlando Perdomo Llano
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Contratación Estatal de la Procuraduría General de la Nación emitido dentro
del proceso disciplinario IUS 2010-143714 IUC 792-267728, por medio del
cual declaró responsable disciplinariamente al actor y le impuso una sanción
de destitución del cargo e inhabilidad general por el término de 11 años; y el
fallo de segunda instancia de 20 de diciembre de 2012, proferido por la
Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación que resolvió el
recurso de apelación confirmando la sanción impuesta al demandante.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones solicita condenar a la
demandada: i) al pago de los perjuicios materiales, derivados de la inhabilidad
de desempeñar cargos públicos; ii) al pago de los perjuicios morales sufridos
por el demandante como consecuencia de la imposición de la sanción
disciplinaria en cuantía superior a los cien salarios mínimos legales mensuales
vigentes; iii) al pago de las costas que se causen con el proceso; iv) que sobre
las condenas se causen los intereses comerciales moratorios previstos en los
artículos 192 y 195 del CPACA desde la ejecutoria del fallo y hasta cuando se
verifique su pago efectivo1.
Los hechos que fundamentan las pretensiones son los siguientes:
Narra que el actor desempeñó el cargo de Director Administrativo de la
Tesorería del municipio de Neiva desde el 11 de julio de 2006 hasta el 1 de
enero de 2008. Fue encargado de las funciones de Secretario de Hacienda
entre el 26 de julio y el 10 de agosto de 2007, como consecuencia de la
comisión otorgada al doctor Luis Miguel Losada Polanco, situación
administrativa que le fue comunicada verbalmente, ya que no fue notificado o
comunicado los decretos de encargo. Tampoco se le advirtió sobre una
limitante en las competencias asignadas durante la delegación temporal.
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Folios 4 al 5 del cuaderno principal
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Número interno: 1853-2019
Demandante: Yesid Orlando Perdomo Llano
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Afirma que el actor como Tesorero el municipio, previa instrucción y
autorización del secretario de Hacienda, suscribió el 11 de julio de 2007 el
contrato de cesión de derechos económicos y realizó gestiones de giro de
recursos a las cuentas cuyo titular era la Fiducia Fiducor S.A. y de recaudo,
una vez se producía el vencimiento de las inversiones. Procede a enumerar
las inversiones realizadas.
Señala que el 22 de junio de 2010, se inició indagación preliminar contra
funcionarios indeterminados de la alcaldía de Neiva. Posteriormente, el 19 de
agosto de 2010 se abrió investigación disciplinaria contra el actor como
director de Tesorería para el año 2007.
Anota que la investigación fue reasignada a la Procuraduría Segunda
Delegada para la Contratación Estatal General de la Nación mediante auto
del 22 de agosto de 2011 y con el auto de 6 de octubre de 2011 se varió el
pliego de cargos.
Relata que, mediante fallo del 25 de abril de 2012, se declaró responsable
disciplinariamente al actor del cargo primero y se absolvió de los demás, de
la falta disciplinaria gravísima contenida en el numeral 27 del artículo 48 del
Código Disciplinario Único.
Sostiene que contra el fallo de primera instancia se interpuso el recurso de
apelación que fue resuelto el 20 de diciembre de 2012, que confirmó la
sanción impuesta, notificado por edicto desfijado el 15 de enero de 2013 2.
1.2 Normas violadas y concepto de violación
Como normas violadas el accionante citó las siguientes:
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Folios 6 al 13 del cuaderno principal
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Número interno: 1853-2019
Demandante: Yesid Orlando Perdomo Llano
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Ley 734 de 2002, el artículo 48 numeral 27.
Ley 819 de 2003, el artículo 17.
Decreto 0339 de 2009, el artículo 37.
Decretos 825 de 2007, 538 y 1525 de 2008.
La falsa motivación la hace consistir en que las inversiones no fueron
realizadas en la sociedad Toro Investment Group S.A., sino en la Fiduciaria
Fiducor S.A., vigilada por la Superfinanciera, y que la vinculación del municipio
de Neiva se efectuó por una cesión de derechos económicos de Toro
Investment Group S.A., por lo que el municipio de Neiva fue un tercero
beneficiario del negocio fiduciario y la operación permitida por el artículo 17
de la Ley 819 de 2003 al estar dicha fiducia calificada como de bajo riesgo
crediticio, además no estaban vigentes los decretos 538 y 1525 de 2008, ni la
circular 046 de 2008 que establecieron requisitos adicionales para ello, lo que
permite concluir que no se pusieron en riesgo los recursos.
Refiere que los recursos fueron entregados inmediatamente luego de los
vencimientos de las inversiones con lo cual no se afectó el patrimonio público,
sin que ello hubiera ocurrido con las dos últimas inversiones que se renovaron
en diciembre de 2007 por el entonces Secretario de Hacienda, circunstancias
que fueron desconocidas por la demandada, lo que hace que los fallos
impugnados estén falsamente motivados, pues no señalaron las razones
legales por las cuales se consideró que las inversiones efectuadas
desconocieron el artículo 17 de la Ley 819 de 2003.
Expuso que las pruebas del proceso disciplinario enseñan que fue utilizado
por sus superiores (alcaldesa y Secretario de Hacienda) para efectuar las
inversiones, quienes plantearon la falsa hipótesis en la que se le endilga haber
realizado una conducta irregular y que efectuaron restricciones a su
competencia para cuidar los recursos públicos e impedir que realizara las
inversiones; limitación que nunca conoció ya que nadie le comunicó el acto de
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Número interno: 1853-2019
Demandante: Yesid Orlando Perdomo Llano
Demandado: Procuraduría General de la Nación
delegación contenido en los Decretos 815 y 852 de 2007, de los cuales se
enteró luego de terminada la delegación, habiendo actuado por instrucciones
del Secretario de Hacienda y la alcaldesa.
Agregó que la alcaldesa tenía conocimiento de lo que se hacía con los
excedentes propios y de regalías, como se aprecia en la versión libre de la
misma, lo mismo que el Secretario de Hacienda quien previamente había
adelantado conversaciones en tal sentido como se encuentra en el documento
de julio 23 de 2017 que le fue remitido por el Gerente General de la Fiduciaria
Fiducor, por lo que no se puede afirmar que realizó clandestinamente la
colocación de dichos excedentes sino que se trató de una delegación con tal
propósito, eximiéndose de cualquier responsabilidad a los delegantes, pues
no de otra manera se explica que se le hubiera excluido la competencia para
realizar una transacción que estaba en curso y se omita advertirle que no
podía realizar dicha operación durante la delegación.
Adujo que el actor fue víctima de una investigación penal en la que puso en
evidencia que el Decreto 815 de 2007, fue alterado luego de su posesión,
advirtiendo que al solicitar la Fiscalía el original del mismo no fue encontrado
en los archivos de la alcaldía y al existir versiones de que dicho acto
administrativo había sido adulterado pues el original no contenía la limitación
para colocar excedentes de liquidez, el ente investigador ordenó acceder al
computador donde se había elaborado pero el mismo no existía ya que había
sido reemplazado.
Explicó que hasta el momento de la presentación de la demanda, los
hallazgos del proceso penal indican que el decreto que sirvió de fundamento
a la sanción disciplinaria fue alterado y que nunca supo sobre la limitación de
su competencia como Secretario de Hacienda Encargado, lo cual impone la
nulidad de los actos administrativos demandados y de todas maneras sin
perjuicio del resultado de la investigación penal, al haber inducido en error no
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Número interno: 1853-2019
Demandante: Yesid Orlando Perdomo Llano
Demandado: Procuraduría General de la Nación
puede atribuírsele responsabilidad disciplinaria bajo ningún grado de
culpabilidad.
La violación al debido proceso, derecho de defensa y principio de congruencia
la atribuye al hecho de haber sido sancionado por una conducta que no hizo
parte de la formulación del cargo, para lo cual adujo que fue disciplinado al
encontrarse probado el primer cargo que se le formuló como Director del
Departamento de Tesorería por invertir $6.000´000.000 de excedentes de
regalías y recursos propios del municipio de Neiva sin garantizarse su liquidez,
seguridad y rentabilidad entre julio y agosto de 2007 al disponer el depósito
de dicha suma a nombre de Fiducor y TIG SA.
Aduce que no obstante, la sanción disciplinaria le fue impuesta al actor por
transgredir el Decreto 815 de 2007 que lo encargó como Secretario de
Hacienda y excluyó la función de realizar inversiones de excedentes de
liquidez en términos del artículo 17 de la Ley 819 de 2003 como se aprecia en
el fallo de segunda instancia.
De lo anterior, concluyó que fue sancionado por extralimitación de funciones
en el cargo de Secretario de Hacienda Encargado, conducta que no se le
imputó en el cargo primero por el cual se le sancionó y que le fue formulado
como Tesorero y no le atribuyó responsabilidad por haber desconocido el acto
de delegación3.
2. La contestación de la demanda
La Procuraduría General de la Nación, a través de apoderado, contestó la
demanda señalando que se opone a todas y cada una de las
pretensiones, toda vez que la actuación de la demandada estuvo ajustada al
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Folios 13 al 26 del cuaderno principal
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Número interno: 1853-2019
Demandante: Yesid Orlando Perdomo Llano
Demandado: Procuraduría General de la Nación
ordenamiento jurídico. Igualmente se pronunció sobre los hechos de la
demanda.
En cuanto a la falsa motivación derivada de la existencia de violación del
artículo 48-27 de la Ley 734 de 2002, la ausencia de culpa en la conducta del
investigado y la indebida valoración probatoria, que lo pretendido por el
demandante es reabrir el debate probatorio y jurídico surtido ante la
Procuraduría, recordando el criterio jurisprudencial según el cual no puede
volverse sobre dicho debate sino verificar el respeto del debido proceso en
todos sus componentes por parte del operador disciplinario.
Citó la sentencia T-117 de 2013 referente a las deficiencias probatorias
establecidas por la Corte Constitucional que generan una vía de hecho
judicial, la cual consideró, mutatis mutandi, aplicable en este asunto, sin que
los actos aquí demandados adolezcan de dichas deficiencias pues se
analizaron lógica, racional y jurídicamente los argumentos del disciplinado,
quien pretende en esta oportunidad desviar la atención de la verdadera
conducta por la cual se le sancionó, al indicar que los dineros se invirtieron en
Fiducor S.A. (quien estaba autorizada para ello), desconociendo que se
cuestionó que las referidas inversiones se efectuaron en principio en favor de
Toro Investment Group S.A. y no del municipio de Neiva, sin que dicho tercero
fuera por ley destinatario de la inversión poniéndose en riesgo los recursos.
En lo referente a que para el año 2007 no estaban vigentes los Decretos 538
y 1525 de 2008 y la Circular 046 de 2008 que establecieron requisitos
adicionales para la inversión de recursos, adujo que ello no se discute y
desconoce el demandante que dichas normas no fueron sustento de la
tipicidad de la conducta y por ello dicho argumento no debe prosperar.
Sobre la falsificación del Decreto 815 de 2007, manifestó que el mismo se
presume legal hasta tanto la autoridad competente resuelva lo contrario y al
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Número interno: 1853-2019
Demandante: Yesid Orlando Perdomo Llano
Demandado: Procuraduría General de la Nación
no existir prueba de ello, se debe rechazar dicho argumento que se sustenta
en simples comentarios de empleados de la alcaldía de Neiva.
Respecto a la violación al debido proceso, defensa y principio de congruencia
por imponer sanción de una conducta que no hizo parte de la formulación del
cargo, señaló que se considera falta disciplinaria la conducta que es típica,
antijurídica y culpable, siendo el primer requisito el encuadramiento del
comportamiento en las normas señaladas como transgredidas, por lo que
advierte que al disciplinado no se le imputó como transgredido el Decreto 815
de 2007 sino los artículos 17 de la Ley 819 de 2003, 37 del Decreto 339 de
2006 y 48-27 de la Ley 734 de 2002, existiendo total congruencia entre las
normas imputadas en el pliego de cargos y las normas que soportan la
declaratoria de tipicidad de la conducta.
Insiste en la legalidad de los actos acusados y corresponder su motivación
con los argumentos jurídicos, probatorios y tipificación de las conductas
irregulares, expresando con claridad y precisión las razones que se tuvieron
en cuenta para sancionar disciplinariamente al demandante, además, la
evaluación del ente investigador se efectuó en cumplimiento de sus funciones,
sin que la sanción disciplinaria pueda considerarse como causa de un daño o
perjuicio y sin que el control jurisdiccional de dichos actos se constituya en
una tercera instancia en la que se reabra el debate probatorio4.
3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante la sentencia del 19 de diciembre
de 2018, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en los
siguientes argumentos:
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Folios 278 al 295 del cuaderno principal
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Número interno: 1853-2019
Demandante: Yesid Orlando Perdomo Llano
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Como cuestión previa para resolver el fondo del asunto se da respuesta a la
solicitud de reconocimiento de la prescripción, acogiendo en su totalidad la
tesis imperante en el órgano de cierre de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, en el sentido que el término prescriptivo del artículo 30 de la
Ley 734 de 2002 se interrumpe con la notificación de la sentencia de primera
o única instancia.
En cuanto al cargo por Falsa Motivación lo estudió conforme los siguientes
argumentos:
i) Inexistencia de una conducta violatoria del artículo 27-48 del CDU
Precisa que dentro de la investigación que se adelantó se advierte que TIG
S.A., no se encontraba bajo el control y vigilancia de la Superintendencia
Financiera, entonces está demostrado como se indicó en los fallos
disciplinarios que no se ejerció control para la época de los hechos sobre Toro
Investment Group S.A. y el municipio de Neiva no mantuvo relación directa ni
indirecta con la Fiduciaria Fiducor, originando que al momento de reclamarse
los recursos invertidos en virtud del encargo fiduciario no fueran devueltos en
forma inmediata cuando el municipio de Neiva los solicitara.
Además que al demandante le estaba prohibido efectuar las inversiones
mencionadas en atención a lo establecido en el Decreto 815 de 2007, en virtud
del cual se le encargó de las funciones del Secretario de Hacienda, salvo las
asignadas en el Decreto 1149 de 2004, referentes a la inversión de
excedentes de liquidez en términos de la Ley 819 de 2003, siempre y cuando
se obtenga la calificación de bajo riesgo crediticio.
Aclara que lo que se cuestionó al actor es que la inversión debió efectuarse
conforme a la ley, esto es, en condiciones que garanticen su liquidez,
seguridad y rentabilidad en el mercado, por lo que las falencias que predica el
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Número interno: 1853-2019
Demandante: Yesid Orlando Perdomo Llano
Demandado: Procuraduría General de la Nación
actor en relación con el decreto que lo encargó de la Secretaría de Hacienda,
excluyendo las funciones consagradas en el Decreto No 1149 de diciembre
15 de 2004, resultan irrelevantes.
Resalta que si bien el municipio de Neiva adquirió la condición de titular de los
derechos económicos del contrato de fiducia en virtud de la cesión de
derechos económicos, Fiducor S.A., no conoció de la misma y en esa medida
el ente territorial no tuvo relación contractual ni fue beneficiario de contrato
alguno con Fiducor S.A., al punto que era TIG S.A. el único responsable del
contrato de encargo fiduciario disponiendo el monto y beneficiario de los giros
y nunca informó que se trataban de recursos públicos.
Observa que los recursos invertidos no fueron puestos a disposición del
municipio de Neiva oportunamente, al punto que en varias ocasiones se
requirió al representante legal de TIG S.A. para que procediera a ello, con lo
cual se pusieron en riesgo los recursos municipales.
De lo anterior concluye que se configuraron los elementos necesarios para
declarar la responsabilidad del actor, pues le correspondía analizar y evaluar
las inversiones de la administración para cuidar que se ejecuten en óptimas
condiciones de seguridad y rentabilidad sin que lo hubiera hecho.
ii) Ausencia de culpa en la conducta del investigado.
Arguye que no hay prueba donde se desprenda que el demandante hubiera
sido inducido a error por sus superiores o utilizado para efectuar las
inversiones, por el contrario, como el mismo lo indicara tuvo a la mano toda la
documentación del encargo fiduciario la cual revisó considerando que estaba
en regla y procedió a colocar los recursos, sin que hubiera sido constreñido
para efectuar las inversiones reprochadas.
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Número interno: 1853-2019
Demandante: Yesid Orlando Perdomo Llano
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Precisa el Tribunal que en el proceso disciplinario no se cuestionó si al
demandante como Secretario de Hacienda Encargado, le asistía la facultad
para invertir excedentes de liquidez, lo reprochado y que condujo a la sanción
impuesta fue que en su calidad de Tesorero no garantizó la seguridad y
liquidez de los recursos invertidos poniéndolos en riesgo, por lo que de
haberse probado la supuesta falsedad alegada ello no desvirtúa la existencia
de la falta disciplinaria.
iii) Violación al debido proceso, defensa y principio de congruencia por
imponer sanción de una conducta que no hizo parte de la formulación del
cargo.
Asegura que la demandada no violó el principio de congruencia pues la
conducta sancionada correspondió con la formulación del pliego de cargos,
con lo cual se delimitó el marco de acción del derecho a la defensa y
contradicción del investigado y ello permitió que impugnara o atacara en
debida forma las decisiones adoptadas5.
4. El recurso de apelación
La parte actora presentó recurso de apelación contra la sentencia del 19 de
diciembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, así:
Señala que no está conforme con lo decidido respecto a la prescripción de la
acción, toda vez que esta posición vulnera el derecho de defensa de los
disciplinados, al dar fuerza ejecutiva a una decisión que aún no ha quedado
en firme. Agrega que mientras esto no suceda ha de entenderse que durante
su tramitación se debe contabilizar el término prescriptivo de 5 años, tal como
ocurre en el presente caso, donde la decisión de segunda instancia se adoptó
mucho mas de ese lapso.
5
Folios 489 al 508 del cuaderno principal
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Número interno: 1853-2019
Demandante: Yesid Orlando Perdomo Llano
Demandado: Procuraduría General de la Nación
En cuanto a la inconformidad con la decisión de fondo afirma:
i) Por inexistencia de una conducta violatoria del numeral 27 del artículo 48 de
la Ley 734 de 2002
Argumenta la parte demandante que las inversiones no fueron realizadas en
la sociedad Toro Investment Group S.A. TIG S.A., sino que fueron hechas en
la Fiduciaria FIDUCOR S.A., sociedad vigilada por la Superintendencia
Financiera. Se evidencia que la vinculación del municipio de Neiva se realizó
a través de una cesión de derechos económicos de Toro Investment Group,
como fideicomitente cedente, a favor del municipio de Neiva, éste último como
cesionario en el contrato de encargo fiduciario celebrado entre Toro
Investment Group y Fiducor S.A. y nunca con este último en calidad de
fiduciario. La anterior operación estaba permitida por el artículo 17 de la Ley
819 de 2003. Para el año 2007 no estaba vigente el decreto 538 de 2008,
decreto 1525 de 2008, ni la circular 046 de 2008, que establecieron requisitos
adicionales a la inversión de excedentes de liquidez. Los recursos del
municipio fueron entregados a este por la fiducia en forma inmediata.
Por lo que concluye, que los actos demandados están afectados de falsa
motivación en su aspecto jurídico, al no explicarse en forma razonada y
ponderada cual es el motivo para considerar que las operaciones mercantiles
realizadas desconocían lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 819 de 2003.
ii) Postura del a quo en la sentencia objeto de recurso.
Insiste el recurrente en que el argumento central de la parte actora para que
declare la nulidad de los actos administrativos, es rebatir que TIG S.A., nunca
fue una fiducia en la relación comercial que se discute, sino un fideicomitente
que cedió al municipio de Neiva sus derechos fideicomisarios que tenía en
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Número interno: 1853-2019
Demandante: Yesid Orlando Perdomo Llano
Demandado: Procuraduría General de la Nación
FIDUCOR S.A., por lo que ha de tenerse al municipio de Neiva como
subrogatario o cesionario de TIG S.A. en el contrato de fiducia suscrito por
ésta última con FIDUCOR. Y si el municipio de Neiva era cesionario del
contrato de fiducia, fue lo que llevó a que se consignara y/o colocara los
recursos excedentes por regalías en la cuenta constituida para esa fiducia
inicial.
iii) Violación del debido proceso
La cual sustenta en que el actor fue sancionado como Secretario de Hacienda
encargado, por haber realizado inversiones con excedentes de liquidez en los
términos del artículo 17 de la Ley 819 de 2003, pero esa no fue la conducta
que se le imputó en el primer cargo por el cual se le sancionó y que le fue
formulado como Tesorero, en el que no se le atribuyó responsabilidad por
haber desconocido el acto de delegación, lo que desconoce el derecho a la
congruencia6.
5. Alegatos de conclusión
Mediante auto del 22 de noviembre de 2019, el Despacho sustanciador
corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera el concepto7.
Las partes guardaron silencio durante esta etapa procesal tal como consta en
el informe secretarial de febrero 26 de 2020, y el agente del ministerio público
no emitió concepto8
II.CONSIDERACIONES
6
Folios 516 al 531 del cuaderno principal
7
Folio 549 del cuaderno principal
8
Folio 653 del cuaderno principal
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Número interno: 1853-2019
Demandante: Yesid Orlando Perdomo Llano
Demandado: Procuraduría General de la Nación
1. Competencia
El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con
lo establecido en inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo
de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
2. Control judicial
El Consejo de Estado se ha manifestado en repetidas oportunidades sobre el
control judicial9 que ejerce respecto de las decisiones, pruebas y demás
actuaciones que se presentan en desarrollo del proceso administrativo
sancionatorio y actualmente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
en sentencia del 9 de agosto de 201610, consideró frente el alcance de aquél:
“En conclusión: El control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, es integral.
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo
cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del
juez administrativo es plena, sin "deferencia especial" respecto de las
decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La
presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento
disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe
el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria
hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que
impone la Constitución y Ia ley. 5) Las irregularidades del trámite
procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo,
bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6)
El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la
legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial
integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8)
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B Consejero ponente:
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E) Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil catorce (2014). - Radicación
número: 11001-03-25-000-2012-00902-00(2746-12) Actor: Víctor Virgilio Valle Tapia Demandado: Nación - Ministerio
de Defensa - Policía Nacional.
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. William Hernández Gómez (e), proceso con
radicado 11001-03-25-000-2011-00316-00 y número interno 1210-11
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Número interno: 1853-2019
Demandante: Yesid Orlando Perdomo Llano
Demandado: Procuraduría General de la Nación
El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva”.
Conforme a esta línea jurisprudencial, la Sala indica que tiene plena
competencia para abordar el asunto y estudiar los cargos formulados en la
demanda.
3. Problema jurídico
La Sala debe estudiar en los términos del recurso de apelación interpuesto
por el actor si procede revocar el fallo de primera instancia, pues en criterio
del disciplinado se incurrió en causal de nulidad de falsa motivación así como
desconocimiento del debido proceso, evidenciándose la prescripción de la
acción disciplinaria.
Con el fin de resolver el problema jurídico la Sala abordará los siguientes
aspectos: 3.1 Actuación disciplinaria y 3.2 Caso concreto.
3.1 Actuación disciplinaria
La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, a través
de auto del 22 de junio de 2010 ordenó la apertura de la indagación preliminar
en contra de funcionarios indeterminados de la alcaldía de Neiva.
A través del auto de 19 de agosto de 2010 se dispuso iniciar la investigación
disciplinaria en contra del demandante.
Con auto de 25 de enero de 2011, la Procuraduría Delegada para la Economía
y la Hacienda Pública formuló pliego de cargos en contra del señor Yesid
Orlando Perdomo Llanos, así:
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Número interno: 1853-2019
Demandante: Yesid Orlando Perdomo Llano
Demandado: Procuraduría General de la Nación
“CARGO PRIMERO: Efectuar la inversión de $6.000.000.000
correspondiente a los excedentes de regalías y recursos propios del
Municipio de Neiva en condiciones que no garantizaron la liquidez,
seguridad y rentabilidad entre los meses de julio y agosto de 2007 al
disponer el depósito de la suma indicada en la cuenta 000762963 del
Banco de Bogotá a nombre de FIDUCOR 732-921 y TIG S.A.
correspondiente al encargo fiduciario a favor de TORO INVESMENT
GROUP S.A.
(…)”.
Mediante fallo de primera instancia del 25 de abril de 2012 proferido por la
Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal se declara
disciplinariamente responsable al señor Yesid Orlando Perdomo Llano con
destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 11 años11.
El 20 de diciembre de 2012, en el fallo de segunda instancia expedido por la
Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación en el informativo
disciplinario resolvió confirmar el fallo de primera instancia del 25 de abril de
201212.
3.2 Caso concreto
En el sub lite el señor Yesid Orlando Perdomo Llano solicita la nulidad de los
actos administrativos por los cuales fue sancionado con destitución e
inhabilidad general de 11 años, al haber incurrido en la falta gravísima
consagrada en el numeral 27 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en calidad
de director administrativo de tesorería del municipio de Neiva, al invertir
dineros correspondientes a excedentes de regalías en condiciones que no
garantizaron la liquidez, seguridad y rentabilidad.
El Tribunal Administrativo del Huila negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que no se evidenció la prescripción de la acción disciplinaria, pero
11
Folios 31 al 139 del cuaderno principal.
12
Folios 140 al 211 del cuaderno principal
17
Número interno: 1853-2019
Demandante: Yesid Orlando Perdomo Llano
Demandado: Procuraduría General de la Nación
si la existencia de una conducta violatoria del artículo 27-48 del CDU,
ausencia de culpa en la conducta del investigado, además no se demostró la
violación al debido proceso, defensa y principio de congruencia por imponer
sanción de una conducta que no hizo parte de la formulación del cargo.
Inconforme con esta decisión, el demandante recurre la sentencia de primera
instancia afirmando que se presenta una decisión viciada de nulidad por: i)
prescripción de la acción disciplinaria; ii) falsa motivación y ii) desconocimiento
del debido proceso, derecho de defensa y principio de congruencia.
Determinado el marco objeto de la litis, procede la Sala a estudiar los cargos
del recurso incoado.
i) Prescripción de la acción disciplinaria
Señala el actor que no está conforme con lo decidido respecto a la
prescripción de la acción, toda vez que esta posición vulnera el derecho de
defensa de los disciplinados, al dar fuerza ejecutiva a una decisión que aún
no ha quedado en firme. Agrega que mientras esto no suceda ha de
entenderse que durante su tramitación se debe contabilizar el término
prescriptivo de 5 años, tal como ocurre en el presente caso, donde la decisión
de segunda instancia se adoptó mucho mas de ese lapso.
Para resolver el presente cargo, aclara la Sala, que el día 25 de abril de 2012,
la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal profirió fallo
de primera instancia dentro del proceso administrativo disciplinario IUS-2010-
143714 – IUC 792-267728, por medio del cual se decide en forma definitiva la
situación del actor, sin importar si este fue objeto de recursos, en razón a que
esta decisión fue la que resolvió la situación jurídica. Debe hacerse diferencia
entre la terminación de la vía administrativa con el agotamiento de la misma,
esta última se evidencia con la interposición de los recursos procedentes, y la
18
Número interno: 1853-2019
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inicial con la expedición y notificación del acto administrativo principal (primera
instancia).
En suma, el actor estuvo sub judice a la acción disciplinaria por un espacio
inferior al concebido por el legislador para evacuar las dos instancias
procesales.
Ciertamente, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, sin ninguna de las
modificaciones efectuadas, preveía que la acción disciplinaria prescribía en 5
años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación
y, para las de carácter permanente o continuado desde la realización del
último acto, término que fue cumplido por la Procuraduría General de la
Nación, de ahí que no se presentó transgresión de los derechos al debido
proceso y a la defensa del actor.
Como corolario de lo expuesto, la Sala destaca que, el artículo 29 de la
Constitución Política dispone que el implicado tiene derecho a un debido
proceso sin dilaciones injustificadas, contenido normativo que conlleva a
determinar que los términos y plazos en los procedimientos administrativos y
judiciales no son indefinidos, por ende el ejercicio del poder sancionatorio del
Estado debe circunscribirse dentro del lapso que establece el legislador, 5
años, y en el caso de sub examine las dos instancias procesales se
cumplieron en el término de prescripción que prevé el artículo 30 de la Ley
734 de 2002.
Para disipar el vicio de nulidad propuesto por la parte demandante, la Sala
precisa que ciertamente la sentencia del 29 de septiembre de 2009 de la Sala
Plena del Consejo de Estado unificó la jurisprudencia sobre la prescripción en
materia disciplinaria, al sostener:
“En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis según la
cual entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se
impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer
19
Número interno: 1853-2019
Demandante: Yesid Orlando Perdomo Llano
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esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación
administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no
el que resuelve los recursos de la vía gubernativa.” 13.
Posteriormente, esta sentencia del 29 de septiembre de 2009 de Sala Plena
del Consejo de Estado fue revocada por el fallo de tutela del 17 de abril de
2013, proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, volviendo a la tesis anterior, esto es, que la sanción
se debía considerar impuesta dentro del plazo de 5 años contados desde la
comisión de la falta hasta la expedición y notificación de la decisión
disciplinaria inicial, o cuando se interpusieron recursos éstos debían fallarse y
notificarse dentro del lapso referido14.
Sin embargo, la citada sentencia de tutela del 17 abril de 2013 fue impugnada,
y la Sección Cuarta de esta Corporación resolvió ésta mediante providencia
del 6 de marzo de 2014, disponiendo:
“2.- REVÓCASE la sentencia de 17 de abril de 2013, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Sala de
Conjueces (…).
En su lugar,
NIÉGASE por improcedente la solicitud de tutela instaurada por Álvaro
Hernán Velandia Hurtado contra el fallo de 29 de septiembre de 2009
proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado.”15.
En consecuencia, la tesis imperante es la establecida en la sentencia del 29
de septiembre de 2009 de la Sala Plena del Consejo de Estado, jurisprudencia
que viene siendo reiterada por la Sección Segunda de la Corporación, verbi
gracia, las sentencias del 4 de septiembre de 2017 y 21 de julio de 2017, al
indicar:
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente Susana Buitrago Valencia,
sentencia del 29 de septiembre de 2009.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 23 de mayo de 2002, Consejero ponente Jesús
María Lemos Bustamante, radicado 17112, Actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado.
15
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Consejera ponente Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, radicado 11001-03-
15-000-2010-00076-03
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Subsección A,
“Ahora, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante
sentencia del 29 de septiembre de 20093 señaló que la autoridad
competente dentro de los cinco años siguientes al cometimiento de la
conducta investigada, únicamente debía concluir la actuación
administrativa, lo que se traduce en que basta con la expedición y
notificación del acto administrativo principal (primera instancia) pues es
el que resuelve de fondo el proceso sancionatorio, para evitar que
prescriba la acción disciplinaria. Conforme a esa postura, no es
necesario que dentro del término señalado se decidan los recursos
interpuestos contra la decisión principal.”16.
Subsección B,
“Con base en esta norma (artículo 30 de la Ley 734 de 2002) el término
prescriptivo se empieza a contar desde el día de la celebración del
contrato, toda vez que son faltas instantáneas, siendo consumadas el
día de la suscripción de los acuerdos de voluntades y se interrumpe con
el acto sancionatorio de primera instancia y su notificación, tal como lo
estableció la Sala Plena de lo Contencioso en la sentencia del 29 de
septiembre de 2009, al sostener que: “la Sala adopta la tesis según la
cual entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se
impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer
esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación
administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no
el que resuelve los recursos de la vía gubernativa” 17.
Sentado lo anterior, y observando el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 que
antes de ser modificado por Ley 1474 de julio de 201118, regulaba la
prescripción de la acción disciplinaria en los siguientes términos:
“Artículo 30. Términos de prescripción de la acción
disciplinaria. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados
para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las
de carácter permanente o continuado desde la realización del último
acto (…)”.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Consejero ponente William Hernández Gómez, radicado
11001-03-25-000-2012-00118-00 (0524-12).
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Magistrado ponente César Palomino Cortés, radicado 11001-
03-25-000-2012-00152-00 (0668-12).
18
ARTÍCULO 30. TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. <Artículo modificado por el
artículo 132 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La acción disciplinaria caducará si transcurridos
cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este
término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter
permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el
deber de actuar.
21
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Finalmente, la Sala considera que el cargo señalado por el apoderado del
actor no tiene vocación de prosperidad, en la medida que la conducta
reprochada al señor Yesid Orlando Perdomo Llanos tiene como punto de
partida la inversión de la suma de $6.000.000.000 de los excedentes de
liquidez de regalías en condiciones que no garantizaron la liquidez, seguridad
y rentabilidad durante los meses de julio y agosto de 2007. En este sentido, y
como el acto primigenio dentro del proceso disciplinario se profirió el 25 de
abril de 2012, y este fue notificado al apoderado del actor el 30 de abril del
mismo año19, es claro que no han trascurrido los 5 años previsto en el artículo
30 de la Ley 734 de 2002, tal como lo estableció la Sala Plena de lo
Contencioso en la sentencia del 29 de septiembre de 2009. En consecuencia,
en el sub examine no operó la prescripción de la acción disciplinaria.
ii) Inexistencia de una conducta violatoria del numeral 27 del artículo 48
de la Ley 734 de 2002
Argumenta la parte demandante que las inversiones no fueron realizadas en
la sociedad Toro Investment Group S.A. TIG S.A., sino que fueron hechas en
la Fiduciaria FIDUCOR S.A., sociedad vigilada por la Superintendencia
Financiera. Se evidencia que la vinculación del municipio de Neiva se realizó
a través de una cesión de derechos económicos de Toro Investment Group,
como fideicomitente cedente, a favor del municipio de Neiva, éste último como
cesionario en el contrato de encargo fiduciario celebrado entre Toro
Investment Group y Fiducor S.A. y nunca con este último en calidad de
fiduciario.
Está probado dentro del expediente que mediante decreto 0815 de 25 de julio
de 2007 se encargó al señor Yesid Orlando Perdomo Llanos en su condición
19
Folio 161 del cuaderno de pruebas No 12
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de Director Administrativo de Tesorería de las funciones de la Secretaría de
Hacienda Municipal.
Con el Decreto 1149 de 15 de diciembre de 2004 se asignó a la Secretaría de
Hacienda del municipio de Neiva, las funciones de: “1. Ordenar en los
términos del artículo 17 de la Ley 819 de 2003, la inversión de los excedentes
transitorios de liquidez en títulos de deuda pública interna de la Nación o en
títulos que cuenten con una alta calificación de riesgo crediticio o que sean
depositados en entidades financieras calificada como de bajo riesgo crediticio.
2. Ordenar la colocación de los excedentes de liquidez en institutos de
fomento o desarrollo, siempre y cuando estos obtengan la calificación de bajo
riesgo crediticio”.
Al señor Yesid Orlando Perdomo Llanos se le sancionó disciplinariamente por
“efectuar la inversión de $6.000.000.000 correspondiente a los excedentes de
regalías y recursos propios del Municipio de Neiva en condiciones que no
garantizaron la liquidez, seguridad y rentabilidad entre los meses de julio y
agosto de 2007, al disponer el depósito de la suma indicada en la cuenta
000762963 del Banco de Bogotá a nombre de FIDUCOR 732-921 y TIG S.A.
correspondiente al encargo fiduciario a favor de TORO INVESMENT GROUP
S.A.”, es decir por desconocer el artículo 17 de la ley 819 de 2003 y el artículo
37 del decreto municipal de Neiva 0339 de 2006, por lo que incurrió en la falta
disciplinaria gravísima estipulada en el numeral 27 del artículo 48 de la Ley
734 de 2002, que dice:
“27. Efectuar inversión de recursos públicos en condiciones que no
garanticen, necesariamente y en orden de precedencia, liquidez,
seguridad y rentabilidad del mercado”.
Los actos disciplinarios hicieron alusión sobre la naturaleza contractual de las
inversiones con ocasión de los negocios fiduciarios al señalar que, con la
consignación de recursos, el inversionista está aceptando que conoce el
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Número interno: 1853-2019
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contrato fiduciario celebrado entre el oferente y la fiduciaria, que además
acepta los términos de este y el estado del fideicomiso y de los bienes del
fideicometidos.
Adicionalmente se precisa que las sociedades fiduciarias podrán desarrollar
operaciones de fideicomiso de inversión mediante contratos de fiducia
mercantil, celebrados con arreglo a las formalidades legales, o a través de
encargos fiduciarios. Entiéndese por "fideicomiso de inversión" todo negocio
fiduciario que celebren las entidades con sus clientes, para beneficio de éstos
o de los terceros designados por ellos, en el cual se consagre como finalidad
principal o se prevea la posibilidad de invertir o colocar a cualquier título
sumas de dinero, de conformidad con las instrucciones impartidas por el
constituyente y con lo previsto en la ley.
Observa la Sala que el operador disciplinario sancionó al investigado,
respecto del primer cargo al considerar que efectuó la inversión de seis mil
millones de pesos ($6.000.000.000) de los excedentes de regalías y recursos
propios del municipio de Neiva en condiciones que no garantizaron la liquidez,
seguridad y rentabilidad y respecto de los cargos segundo, tercero, cuarto y
quinto fue absuelto, al considerar que no existía material probatorio suficiente
que acreditara la comisión de las citadas conductas.
Insiste el demandante en que no hubo transgresión del artículo 17 de la Ley
819 de 2003, toda vez que la colocación del dinero no fue hecha en la
sociedad Toro Investment Group S.A. TIG S.A., sino que fueron hechas en la
Fiduciaria FIDUCOR S.A., sociedad vigilada por la Superintendencia
Financiera. Por lo que la vinculación del municipio de Neiva se realizó a través
de una cesión de derechos económicos de Toro Investment Group, como
fideicomitente cedente, a favor del municipio de Neiva, éste último como
cesionario en el contrato de encargo fiduciario celebrado entre Toro
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Número interno: 1853-2019
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Investment Group y Fiducor S.A. y nunca con este último en calidad de
fiduciario.
Del material probatorio allegado al proceso disciplinario se pudo establecer el
contrato de encargo fiduciario de administración e inversión de recursos 732-
0921 de julio de 2007, celebrado entre Juan Camilo Vallejo Arango,
representante de FIDUCOR S.A., en calidad de Fiduciaria, y Raúl Toro Pérez,
representante legal de TORO INVESTMENT GROUP S.A. TIG S.A, en calidad
de Fideicomitente, cuyo objeto es “la administración por parte de la Fiduciaria
de los recursos que el Fideicomitente le entregue para que, realice la inversión
de los mismos y cumpla con las instrucciones de retiro con cargo a estos
recursos, todo en los términos y condiciones que se señalen”, cuyo término
quedó pactado en la “duración requerida para el cumplimiento de su fin, sin
que la misma pueda superar el máximo término legal de veinte (20) años”.
Igualmente se arrimó copia de anexo de inversión del contrato de encargo
fiduciario de administración e inversión de recursos 732-0921 de 12 de julio
de 2007, suscrito por Raúl Toro Pérez, representante legal de TORO
INVESTMENT GROUP S.A. TIG S.A, quien en su calidad de fideicomitente
dispuso a la fiduciaria FIDUCOR S.A. “para que invierta los recursos producto
del Contrato de Encargo Fiduciario en lo siguiente: Inversiones en fondos
comunes especiales administrados por sociedades Fiduciarias, incluido el de
FIDUCOR S.A., Inversiones en fondos comunes ordinarios administrados por
sociedades Fiduciarias, incluido el de FIDUCOR S.A., Operaciones de compra
y venta de títulos, Fondeos y Repos, y Operaciones de liquidez temporal en
títulos de deuda pública emitidos por la República de Colombia”.
Así mismo obra copia del contrato de cesión de derechos económicos de 27
de julio de 2007, celebrado entre Raúl Toro Pérez, representante legal de
TORO INVESTMENT GROUP S.A. TIG S.A, en calidad de cedente y Yesid
Orlando Perdomo, secretario de hacienda encargado del municipio de Neiva,
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Número interno: 1853-2019
Demandante: Yesid Orlando Perdomo Llano
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en calidad de cesionaria, según el cual se ceden los derechos, y/o
remuneraciones y/o beneficios económicos de que era titular FIDUCOR – TIG
S.A, en el Contrato Fiduciario 732-0921, suscrito entre TIG S.A. y la FIDUCOR
el 5 de julio de 2007 a favor de la Alcaldía Municipal de Neiva, por tres mil
noventa y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y un mil ocho cientos setenta
pesos ($3.094’441.870).
Se agregó también copia de contrato de cesión de derechos económicos de
2 de agosto de 2007, celebrado entre Raúl Toro Pérez, representante legal de
TORO INVESTMENT GROUP S.A. TIG S.A, en calidad de cedente y Yesid
Orlando Perdomo, secretario de hacienda del municipio de Neiva, en calidad
de cesionaria, según el cual se ceden los derechos, y/o remuneraciones ,y/o
beneficios económicos de que era titular FIDUCOR - TIG S.A, en el Contrato
Fiduciario 732-0921, suscrito entre TIG S.A. y la FIDUCOR el 5 de julio de
2007 a favor de la Alcaldía Municipal de Neiva, por mil treinta millones ciento
setenta y seis mil quinientos nueve pesos ($1.030’176.509).
De lo expuesto se concluye que el contrato de encargo fiduciario fue suscrito
para la administración e inversión de recursos 732-0921 de julio de 2007 y fue
celebrado entre Juan Camilo Vallejo Arango, representante de FIDUCOR
S.A., en calidad de Fiduciaria, y Raúl Toro Pérez, representante legal de
TORO INVESTMENT GROUP S.A. TIG S.A, en calidad de Fideicomitente,
cuyo objeto es ”la administración por parte de la Fiduciaria de los recursos que
el Fideicomitente le entregue para que, realice la inversión de los mismos y
cumpla con las instrucciones de retiro con cargo a estos recursos, todo en los
términos y condiciones que se señalen», cuyo término quedó pactado en la
«duración requerida para el cumplimiento de su fin, sin que la misma pueda
superar el máximo término legal de veinte (20) años”, sin que en este
aparezca el municipio de Neiva.
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Número interno: 1853-2019
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Es decir, que quien suscribió el documento de cesión de derechos fue el señor
Raúl Toro, representante de la sociedad TIG SA, que no era una entidad que
fuera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, o estuviera
calificada como entidad de bajo riesgo crediticio. Se trataba de una sociedad
de carácter privado y fideicomitente dentro del encargo fiduciario suscrito con
FIDUCOR S.A., figura diferente de las previsiones del artículo 17 de la Ley
819 de 2003 que no permitía invertir los dineros públicos a nombre de
terceros.
Es por ello por lo que se llegó a la conclusión en los fallos sancionatorios que
las inversiones a realizar como la escogida por la alcaldía de Neiva, esto es
hacer depósitos en entidades financieras, en manera alguna se pueden hacer
a través de intermediarios o en encargos fiduciarios cuya titularidad
pertenezca a un tercero diferente del municipio.
En tratándose de inversiones de excedentes, tanto de regalías como de
recursos propios de liquidez en encargos fiduciarios, estas deben realizarse
entre la entidad territorial y la fiduciaria, ya que debe existir un vínculo
suficiente para aseverar la existencia de un depósito ante una entidad
financiera.
Es más, al estudiarse la responsabilidad disciplinaria de la señora Cielo
González Villa, en calidad de alcaldesa del municipio de Neiva, por los mismos
hechos objeto del presente debate, en sentencia de fecha 9 de diciembre de
2019 proferida por el Consejo de Estado20, sostuvo que:
“En efecto, la Ley 819 de 2003, sólo se previó tres opciones para realizar la
inversión, sin embargo, el tesorero encargado Yesid Perdomo Llano (en julio
y agosto de 2007) escogió invertir los excedentes de regalías a través de la
cesión de los derechos que un tercero, la firma TIG SA tenía en un encargo
fiduciario como era FIDUCOR SA- TIG SA No. 732-921, con lo que de ninguna
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A sentencia de 9 de
diciembre de 2019. Magistrado Ponente Gabriel Valbuena Hernández. Radicación 41001-23-33-000-2013-00512-02
(0754-15). Actor Cielo González Villa. Ddo: Procuraduría General de la Nación
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Número interno: 1853-2019
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manera se ajustó a las previsiones normativas que buscaban blindar tales
inversiones con mecanismos idóneos para la protección de los recursos. Sin
embargo, en este caso, el municipio de Neiva, pretendiendo usar la modalidad
de depósito en entidades financieras, quiso utilizar la figura del encargo
fiduciario, pero en realidad lo que hizo fue entregarle los dineros de
excedentes de liquidez de regalías a un tercero, a cambio de la cesión de los
derechos de un encargo fiduciario que éste había celebrado con la entidad
FIDUCOR SA”.
El artículo 17 de la Ley 819 de 2003, norma que regula la colocación de los
excedentes de liquidez, fue desconocido en la medida que de las pruebas
arrimadas se advertía las inversiones realizadas por la alcaldía de Neiva en el
encargo fiduciario FIDUCOR SA- TIG SA No. 732-921, por intermedio de la
firma TORO INVESTMENT GROUP SA, en las siguientes fechas y por los
siguientes valores:
1. De 27 de julio de 2007: Por valor de $ 3.094´441.870 aceptada por el
señor Yesid Orlando Perdomo, en su condición de Secretario de Hacienda
(e).
2. De 2 de agosto de 2007, por valor de $1.030´176.509, en su condición
de Secretario de Hacienda encargado.
El señor Yesid Orlando Perdomo Llano en calidad de tesorero encargado de
la Secretaría de Hacienda del municipio de Neiva, firmó con el gerente general
de la empresa TIG S.A., “contrato” de cesión de derechos económicos del
encargo fiduciario del que era titular TIG SA en la Fiduciaria FIDUCOR S.A. a
favor del municipio, lo cual, permitió realizar varias inversiones por parte del
municipio en ese encargo fiduciario, al depositar $6.000´000.000 en una
entidad que no estaba vigilada por la Superintendencia Financiera. Por esto
incurrió en la falta gravísima contemplada en el numeral 27 del artículo 48 de
la Ley 734 de 2002, que establece efectuar inversión de recursos públicos en
situaciones que no garanticen condiciones de liquidez, seguridad y
rentabilidad.
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A su vez el Decreto 0339 de 16 de marzo de 2006 “Manual específico de
funciones y competencias laborales de la Alcaldía de Neiva”, en el que se
establece como propósito principal y funciones esenciales de la Secretaría de
Hacienda a los que se hizo alusión en los fallos disciplinarios son las
siguientes:
“37. Analizar y evaluar las inversiones que realiza la Administración,
tanto de carácter financiero como las de aquellas empresas o negocios
de distinto orden en las cuales el Municipio tenga interés económico,
para cuidar que se ejecuten en óptimas condiciones de rentabilidad y
seguridad”
De acuerdo con el decreto en cita, se observa que, en efecto conforme el
Manual de Funciones vigente para la época de los hechos materia de
investigación, que como se expuso en los fallos disciplinarios acusados, la
conducta reprochada al demandante consistió en precisamente ordenar la
colocación de los excedentes en condiciones que no garantizaban la liquidez,
seguridad y rentabilidad.
En cuanto a que no se configuraron los elementos de la responsabilidad
disciplinaria pues la entidad demandada no logró acreditar que, mediante
esta, se haya ocasionado algún perjuicio al erario pues los recursos invertidos
en el encargo fiduciario fueron devueltos, sostiene la Sala, que dicho
argumento no tiene vocación alguna de prosperar, porque en materia
disciplinaria la antijuridicidad o ilicitud sustancial se materializa con la
afectación al deber funcional por parte del servidor público sin justificación
legal, independientemente si mediante la conducta objeto de reproche
disciplinario se produjo o no un daño, esto de conformidad con lo previsto en
el artículo 5º del Código Disciplinario Único – Ley 734 de 2002.
Por lo tanto, el demandante en su calidad de secretario de hacienda de Neiva
tenía el deber funcional de salvaguardar la correcta inversión de los
excedentes en Títulos de Deuda Pública Interna de la Nación, ya que la
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finalidad del legislador al establecer el artículo 17 de la Ley 819 de 2003, fue
evitar que los excedentes de liquidez de las entidades territoriales sean
invertidos en entidades financieras carentes de una alta calificación de riesgo
y que no ofrezcan seguridad respecto de los recursos del erario.
Por consiguiente, la conducta reprochada al demandante resulta ser
sustancialmente ilícita, por cuanto pese a que no se acreditó un perjuicio a los
recursos del tesoro público, sí incumplió con las funciones propias del cargo
de Secretario de Hacienda, en consecuencia, para acreditar el citado
elemento estructurante de responsabilidad disciplinaria, la entidad
demandada no necesitaba acreditar la causación de daños o perjuicios, sino
el desconocimiento de los deberes funcionales, contrario a lo expuesto en la
demanda.
La afirmación realizada en los fallos sancionatorios, referente a que está
probado que Toro Investment Group S.A., no hacía parte de los
establecimiento bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera, se
sustenta en el oficio No 40020 de octubre 6 de 2009 remitido por el
Coordinador el Grupo de Registro de la Superintendencia Financiera al
proceso fiscal iniciado por los mismos hechos donde advierte que TIG S.A.,
no se encontraba bajo el control y vigilancia de dicha superintendencia;
además del oficio No 2015040639-001 del 6 de mayo de 2015 remitido por el
Director Legal para Pensiones y Fiduciarias de la Superfinanciera, así como
el oficio No 1962891 de mayo 24 de 2010 remitido por el Representante Legal
de Fiducor S.A., tal como lo precisó el a quo.
Frente a que para el año 2007 no estaba vigente el decreto 538 de 2008, el
decreto 1525 de 2008, ni la circular 046 de 2008, que establecieron requisitos
adicionales a la inversión de excedentes de liquidez, asegura el juez de
primera instancia que dichas disposiciones no sirvieron de fundamento para
tipificar la conducta por la cual se sancionó al disciplinado, lo que tampoco fue
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mencionado en los fallos disciplinarios, argumento que comparte la Sala, en
razón que dichas disposiciones no fueron sustento del reproche disciplinario.
De conformidad con lo señalado no tiene vocación de prosperidad el cargo
deprecado.
Violación al debido proceso, al derecho de defensa y al principio de
congruencia
La cual sustenta en que el actor fue sancionado como Secretario de Hacienda
encargado, por haber realizado inversiones con excedentes de liquidez en los
términos del artículo 17 de la Ley 819 de 2003, pero esa no fue la conducta
que se le imputó en el primer cargo por el cual se le sancionó y que le fue
formulado como Tesorero, en el que no se le atribuyó responsabilidad por
haber desconocido el acto de delegación, lo que desconoce el derecho a la
congruencia.
No se vulnera el principio de congruencia toda vez que, en el pliego de cargos
de 25 de enero de 2011, el fallo de primera instancia de 25 de abril de 2012
de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal y el de
segunda instancia de 20 de diciembre de 2012 proferido por la Sala
Disciplinaria, siempre hicieron referencia a la misma conducta reprochada que
ejecutó el demandante, como se pasa a analizar.
Pliego de cargos Fallo de Primera Instancia Fallo de Segunda
Instancia
“CARGO PRIMERO: “Una vez más esta “(…) Precisamente, le
Efectuar la inversión de Delegada reiterará los asiste la razón a la
$6.000.000.000 argumentos que han sido primera instancia cuando
correspondiente a los analizado en sostiene que la norma
excedentes de regalías y precedencia, en los que se estima como
recursos propios del cuales quedó violada -numeral 27 del
Municipio de Neiva en absolutamente claro que artículo 48 del CDU- tiene
condiciones que no fue el señor PERDOMO la finalidad de <evitar que
garantizaron la liquidez, LLANO quien los excedentes de
seguridad y rentabilidad materialmente hizo las liquidez se sometan a
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entre los meses de julio y inversiones por valor de riesgo de deteriorarse y
agosto de 2007 al $6.000.000.000 perderse>,
disponer el depósito de la correspondientes a los independientemente de
suma indicada en la excedentes de regalías y que ello ocurra o no -
cuenta 000762963 del recursos propios del agrega la Sala-. El
Banco de Bogotá a Municipio de Neiva, y en precepto subjetivo de
nombre de FIDUCOR condiciones que no determinación que
732-921 y TIG S.A. garantizaron la liquidez, contiene esta norma,
correspondiente al seguridad y rentabilidad dirigido al servidor público
encargo fiduciario a favor entre los meses de julio y que tiene deberes
de TORO INVESMENT agosto de 2007 al especialísimos con la
GROUP S.A.” disponer el depósito de la administración -quien
suma indicada en la sabe que en todo
cuenta 000762963 del momento su actividad es
Banco de Bogotá a reglada-, consiste
nombre de FIDUCOR precisamente en evitar
732-921 y TIG S.A. actividades especulativas
correspondiente al e inseguras. Es decir, que
encargo fiduciario a favor los recursos públicos no
de TORO INVESMENT se manejen al azar y
GROUP S.A., situación sometidos al infortunio o
completamente irregular y casualidad de las
contraria a la ley; incluso, condiciones tan
en abierta violación del inestables como ocurre
decreto 815 de julio de en el mercado financiero.
2007, en el cual Por ello, el ordenamiento
expresamente se le jurídico en estas materias
prohibía al Tesorero se caracteriza por ser
realizar dichas excesivamente prolijo,
inversiones; estableciendo normas de
sencillamente este obligatorio cumplimiento,
aspecto se encuentra las cuales, por obvias
plenamente analizado y razones, están dirigidas
dilucidado por parte de de manera especial a
este Despacho”. aquellos servidores
públicos que realizan este
tipo de actividades”.
En cuanto a que el demandante fue sancionado por haber transgredido el
decreto 815 de 2007, que lo encargó como secretario de hacienda y el cual
excluyó la función de realizar inversiones de excedentes transitorios de
liquidez en los términos del artículo 17 de la Ley 819 de 2003, dicho argumento
quedó superado con la aclaración efectuada, por el a quo en la decisión
recurrida cuando precisó, que tanto en el primer cargo como en los fallos
sancionatorios no se cuestionó la facultad de invertir recursos de excedentes
de liquidez, pues tal atribución está en el manual de funciones del tesorero, lo
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que se cuestionó es que dicha facultad debió efectuarse conforme a la ley,
esto es en condiciones que garanticen su liquidez, seguridad y rentabilidad en
el mercado, por consiguiente, no es del caso declarar probado el cargo
estudiado.
En síntesis, existió plena congruencia entre el pliego de cargos y los fallos de
instancia, además que la Procuraduría General de la Nación realizó el
ejercicio de la subsunción típica en forma correcta, y la sanción impuesta
estuvo dentro de los limites previstos en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002,
de acuerdo con la calificación de la falta como gravísima; el elemento subjetivo
fue motivado, al indicarle al demandante que actuó a título de dolo al realizar
las inversiones en encargos fiduciarios de forma abiertamente contraria a la
ley; y la ilicitud sustancial se le concretó al señor Yesid Orlando Perdomo
Llano por invertir los excedentes de liquidez, en un encargo fiduciario,
sometiéndolos al riesgo de deteriorarse, en los aspectos relacionados con
liquidez, seguridad y rentabilidad y más aun de perderse, de ahí que no
concurre ninguna de las causales de nulidad invocadas por la parte actora.
En atención a lo previamente señalado, la Sala comparte la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, pues el
demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos
administrativos a través de los cuales fue sancionado disciplinariamente.
III. DECISIÓN
Visto lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia del
Tribunal Administrativo del Huila que negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de diciembre de 2018, proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila, por las razones esbozadas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma
electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital
que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada
esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
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