Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2013-00493-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2013-00493-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 41001-23-33-000-2013-00493-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
11 de abril de 2025
Radicado: 41001-23-33-000-2013-00493-01 (28745)
Demandante: Caja de Compensación Familiar del Huila COMFAMILIAR
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 41001-23-33-000-2013-00493-01 (28745)
Demandante CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA COMFAMILIAR
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Impuesto sobre la renta. Año gravable 2009. Adición de ingresos.
Carga de la prueba. Inspección contable. Inspección tributaria.
Desconocimiento de costos, gastos y deducciones. Certificado de
revisor fiscal. Dictamen pericial. Sanción por inexactitud.
Favorabilidad.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 6 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila1, que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la parte actora.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.(…)”
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 15 de abril de 2010, la Caja de Compensación Familiar del Huila- Comfamiliar
presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementario del año 2009,
liquidando un saldo a pagar.
Previo requerimiento especial y su respuesta, la DIAN emitió la Liquidación Oficial
de Revisión Nro. 132412012000074 del 21 de agosto de 2012 que adicionó activos
e ingresos no operacionales, desconoció ingresos no constitutivos de renta ni
ganancia ocasional, así como devoluciones, descuentos y rebajas, rechazó costos,
gastos operacionales de administración y de ventas y otras deducciones, e impuso
sanciones por inexactitud y por no envío de información, reliquidando como
consecuencia de lo anterior el saldo a pagar por parte de la actora.
El demandante interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto a través
de la Resolución Nro. 900.387 del 28 de agosto de 2013, que confirmó la Liquidación
Oficial de Revisión.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
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Samai Tribunal, índice 143, PDF: “62SALIDASENTENC_130049300NRDCOMFAMIL(.pdf) NroActua 143”
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Demandante: Caja de Compensación Familiar del Huila COMFAMILIAR
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes
pretensiones2:
Que “en sentencia se hagan las siguientes o parecidas declaraciones: Son nulas y por
consiguiente, se anulan o revocan los siguientes actos administrativos: A) la liquidación de
revisión 132412012000074 de Agosto de 2012 mediante la cual le determinó, a la citada Caja
de Compensación, el valor a pagar por impuesto sobre la renta y le impuso una sanción en
relación con los impuestos de renta y sanciones por el año gravable 2009. B) Igualmente
revocar o dejar sin efectos jurídicos la resolución número 900.387 del 28 de Agosto de 2013
proferida por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión
Jurídica de la DIAN mediante la cual confirmó en un todo la liquidación indicada en el literal
anterior. A título de restablecimiento del derecho, se dejará en firme la declaración y liquidación
privada de impuestos sobre la renta correspondiente al año gravable 2009 presentada por
Comfamiliar. Además, se condenará en costas a la parte demandada en razón a que, como
lo demostraremos, la determinación de la Dian al modificar la declaración y liquidación privada
resulta absolutamente ilegal, abusiva, arbitraria, y contraria al procedimiento tributario e
igualmente al principio de justicia y equidad con que deben estar revestidos los actos
determinadores de los impuestos.”
A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 19-2,
107, 647, 683, 712 literal g, 742, 743, 746 y 777 del Estatuto Tributario.
Los cargos de violación se resumen a continuación.
1. Violación de los artículos 19-2 y 683 del Estatuto Tributario
Invocó el artículo 19-2 del Estatuto Tributario para sostener que están exentos del
impuesto sobre la renta los ingresos que perciban las cajas de compensación
familiar por concepto de las actividades de salud, educación, recreación y desarrollo
social que presten, así como aquellos derivados de la reinversión de su patrimonio
social. Resaltó que, bajo el mismo artículo, pueden ser sujetos del impuesto de renta
y complementarios los ingresos de estas entidades que provengan de actividades
industriales o comerciales, siempre que no se desprendan de una inversión derivada
de su propio patrimonio o que se reciban por la realización de una actividad diferente
a la de su objeto social.
Definió los elementos sustanciales y procesales del acto administrativo y el espíritu
de justicia y advirtió que las cajas de compensación familiar no persiguen fines de
lucro, de tal forma que sus ingresos se destinan a la prestación de servicios sociales
que ayudan al Estado, motivo por el cual están exentos del impuesto sobre la renta
los ingresos percibidos con ocasión de las actividades de salud, educación,
desarrollo social y aquellos provenientes de la inversión del patrimonio social.
Trajo a colación el artículo 62 de la Ley 21 de 1982, sobre las actividades de las
cajas de compensación, para concluir que la actora no tiene actividad industrial ni
financiera. Aclaró que los créditos dirigidos a sus afiliados se dan en cumplimiento
del desarrollo social, como servicio social y cuyos ingresos por tanto no están
gravados, ya que no capta dinero ni ha hecho uso de dicha facultad, por lo cual no
es una entidad financiera.
Anotó que los ingresos por mercadeo de bienes no están gravados, pues hacen
parte del servicio social prestado. Añadió que la inversión para prestar el servicio de
mercadeo proviene de su patrimonio y que la totalidad de sus ingresos no son
generadores de impuesto sobre la renta. Afirmó que, pese a considerar que todos
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CP Fls. 2 a 16.
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los ingresos no están gravados, incluyó una parte de ellos como sujetos a impuestos
y enfatizó en que “no se tuvo en cuenta la conducta contributiva de Comfamiliar”
cuando la DIAN liquidó un mayor impuesto a cargo.
2. Violación de los artículos 742, 743, 746 y 777 del Estatuto Tributario:
carga de la prueba
Hizo referencia a la presunción de veracidad de las declaraciones, a la carga de la
prueba de la DIAN y a los principios de necesidad y eficacia de la prueba para
resaltar que en ningún momento se requirió a la actora para que ésta demostrara
los ingresos no constitutivos de renta y, por tanto, la presunción de veracidad no se
desvirtuó. Explicó que dio respuesta a los requerimientos ordinarios y al
requerimiento especial, adjuntando la contabilidad y relaciones con aval de su
contador público y revisor fiscal, lo cual fungió como prueba contable.
Mencionó que en la respuesta al requerimiento solicitó la práctica de inspección
contable, como prueba para demostrar la realidad de las cifras declaradas, la cual
no decretó la Administración, sin que se indicaran las razones de la negativa.
Reparó en que, cuando la DIAN requiere revisar libros y comprobantes contables
debe decretar una inspección tributaria o contable, ya que la presentación de los
mismos debe ocurrir en las oficinas o establecimientos del contribuyente. Insistió en
que probó los datos declarados, con el aval que dio su contador y revisor fiscal, y
que la información tomada de la Superintendencia del Subsidio Familiar no
constituye prueba o si quiera indicio sobre la realidad de las cifras.
Dijo que la información de la contabilidad prevalece sobre cualquier otra, a no ser
que se demuestre error u omisión en esta, y que las pruebas recaudadas por la
DIAN no son idóneas, completas ni tienen eficacia, pues son solo indicios. Subrayó
que al no decretarse la inspección contable se violó el derecho de defensa.
3. Violación del artículo 712, literal g) del Estatuto Tributario
Reseñó que la motivación del acto administrativo debe ser fácilmente entendible y
no puede obedecer a criterios subjetivos, como ocurrió en este caso. Desarrolló que
los actos demandados no individualizaron las razones para considerar los ingresos
no constitutivos de renta como gravados y que en los mismos no se explicó en
detalle el incumplimiento de los requisitos de necesidad, causalidad y
proporcionalidad del artículo 107 del Estatuto Tributario, para rechazar la deducción
de algunos costos y gastos que en su concepto eran procedentes.
Insistió en que los actos plasmaron apreciaciones subjetivas y que la DIAN no
verificó la contabilidad del contribuyente, como era su obligación.
4. Improcedencia de la sanción por inexactitud
Precisó que el funcionario debe analizar si se omitieron datos o se incluyó
información deliberadamente para incurrir en la sanción por inexactitud y debe
demostrar el daño que se originó con la conducta. Consideró entonces
improcedente la sanción por inexactitud, pues la información declarada y la
registrada en las respuestas a los requerimientos fue cierta, completa y verdadera,
no se omitió información, y la conducta no se sustentó en un eventual perjuicio al
fisco ni tenía un propósito fraudulento o deliberado para disminuir la carga tributaria.
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Invocó una diferencia de criterios frente a la imposición del gravamen sobre los
ingresos y los demás conceptos rechazados. Agregó que la respuesta al
requerimiento ordinario fue completa, soportada y total y que, para imponer
sanciones por falta de información, ha debido emitirse un pliego de cargos.
Se pronunció frente a las glosas particulares de los actos, reiterando que no
procedían, para indicar que por tanto no debía ser objeto de sanción, así:
• Ingresos no constitutivos de renta: Reiteró que la totalidad de sus ingresos se
originan en los servicios sociales prestados por la caja de la compensación, que
derivan de su obligación legal, y por tanto estos no generan renta. Reiteró que las
cajas de compensación hacen parte del sistema de seguridad social y que los
ingresos tienen destinación específica para los servicios de salud y por esto están
exentos de impuestos. Agregó que la ley no establece que los ingresos de gastos de
administración no hagan parte de la UPC.
Señaló que la EPS Comfamiliar es aseguradora del servicio médico asistencial en el
régimen subsidiado y sus recursos provienen de los contratos de aseguramiento, sin
obtener ninguna utilidad por esto; al igual que ocurre con los demás servicios
prestados, que son recreación, vivienda, mercadeo de bienes y servicios que generan
ingresos que se afectan con costos y gastos y cuyo remanente se reinvierte para
efectos del patrimonio social. Insistió en la subjetividad del acto administrativo de
liquidación del impuesto.
• Disminución de costos: Reseñó que la partida fue rechazada por cuanto no figuraba
en los estados financieros reportados por la actora, pese a aparecer en la información
exógena. Aclaró que la operación corresponde a una compra realizada a nombre de
terceros y que las devoluciones se reportaron a título únicamente informativo, para
que la autoridad tributaria tuviera conocimiento.
Dijo que, de aceptarse que las compras no fueron por mandato o hechas a nombre
de terceros, estas no podían reportarse en los estados financieros dado que usó el
sistema de inventarios permanentes.
• Ingresos brutos no operacionales: Estimó que la información reportada a la
Superintendencia de Subsidio Familiar no sirve de fundamento o como patrón de
medición de ingresos, pues esta debe ser cotejada con los registros contables de los
libros oficiales. Explicó que la información reportada a la Superintendencia difiere de
la presentada a la DIAN por corresponder a conceptos con distinta conformación.
Frente a los ingresos reportados por Comfamiliar Huila que no figuran en los estados
financieros, pero si en lo reportado a la Superintendencia, dijo que estos son
correspondientes a devoluciones por retenciones y acotó que estos no son ingresos
pues corresponden a un reembolso de capital.
• Devoluciones, descuentos y rebajas: Sostuvo que el rechazo se originó en la
información reportada por Comfamiliar Huila a la Superintendencia y expuso que debe
considerarse la información contable, que prevalece y es plena prueba, sobre la
información reportada a la Superintendencia.
• Gastos operacionales de administración: Cuestionó que no se indicaron las
razones por las cuales los gastos no eran necesarios bajo el artículo 107 del Estatuto
Tributario. Indicó que estos se derivaron de operaciones propias del objeto social,
guardan relación de causalidad y derivan de los acuerdos pactados en la convención
colectiva de trabajo. Anotó que la DIAN no estableció entonces que estas expensas
no fueran necesarias o fueran desproporcionadas.
• Gastos operacionales de ventas: Insistió, frente a parte de estos, en que no se
indicaron las razones por las cuales los gastos no eran deducibles. Sobre los gastos
que fueron desconocidos porque los beneficiarios no estaban registrados en el RUT,
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afirmó que los pagos se realizaron efectivamente y estaban debidamente soportados
y registrados en la contabilidad y se relacionaban con la actividad.
Con relación a los gastos laborales, dijo que la ley sanciona la ausencia de realización
de aportes a seguridad social, más no el cálculo incorrecto y que la DIAN debió
verificar la diferencia que, según ella es consistente con la contabilidad y soportes de
pago.
• Patrimonio: No encontró razón que justificara el incremento y recalcó que las cifras
son reales.
Oposición de la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda3, así:
Definió el debido proceso y relató que solicitó con los requerimientos ordinarios
información pertinente, útil y necesaria y que adelantó cruces de información con
empresas que tuvieron transacciones con la actora. Sostuvo que el decreto de una
inspección contable es facultativo o discrecional por parte de la Administración, para
soportar indicios de irregularidades contables u otras revisiones, las cuales no
fueron indispensables en este caso, y que dicha prueba es un mecanismo optativo
más no obligatorio.
Precisó que la práctica de la inspección contable era inútil e innecesaria en este
caso dados los soportes probatorios obrantes en el expediente eran suficientes y
que esta no era el único mecanismo para soportar una investigación tributaria, ya
que se admiten todos los medios de prueba dentro del proceso de fiscalización. Hizo
hincapié en que las pruebas recaudadas no son solo indicios, sino que se revisó la
contabilidad, se efectuaron cruces con proveedores y terceros y se verificó la
información exógena, las certificaciones de contador público y revisor fiscal, todo en
ejercicio de las amplias facultades de fiscalización con que cuenta la DIAN.
Insistió en que la inspección no fue necesaria ni conducente, ya que los soportes
contables obraban en el expediente, lo cual se explicó en los actos demandados.
Reparó en que el hecho de no haberse decretado la prueba, por ser esto
discrecional, no deriva en una violación al derecho de defensa y contradicción.
Afirmó que los actos estaban debidamente motivados4, contenían todas las glosas
propuestas, debidamente soportadas y no existió error de hecho ni de derecho.
Acotó que el desacuerdo del contribuyente con las pruebas recaudadas y el rechazo
de las solicitadas no implica que no exista motivación del acto administrativo.
Indicó que, con la Ley 488 de 1998, las cajas de compensación pasaron a ser
contribuyentes del impuesto sobre la renta bajo el régimen ordinario respecto de sus
ingresos provenientes de actividades industriales, comerciales y financieras,
definidas en el Decreto 433 de 1999 y en los artículos 20 y 21 del Código de
Comercio, diferentes a la simple inversión de su patrimonio, y respecto de aquellos
ingresos distintos a los generados con ocasión de las actividades de salud,
educación, recreación y desarrollo social que prestan.
Especificó que cuando la norma se refiere a la obtención de rendimientos
financieros diferentes a los derivados del manejo patrimonial de la entidad, se asocia
a aquellos obtenidos a través de préstamos de capital, es decir, contratos de mutuo,
independiente de cómo ejerza otras actividades. En ese sentido, las actividades
3
CP. Fls. 120 a 154.
4
Al respecto, citó las sentencias del 10 de abril de 2008, exp. 15204 y del 7 de julio de 1995, C.P. Delio Gómez Leyva del
Consejo de Estado.
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financieras no deben corresponder a las que se tienen que ejercer para efectos del
desarrollo del objeto social principal y dichos ingresos están gravados.
Afirmó que no todos los valores declarados en el renglón de ingresos no
constitutivos de renta ni ganancia ocasional tenían tal calidad en este caso, pues
algunos pertenecían a ingresos derivados por actividades de administración de
recursos financieros, arrendamientos, indemnizaciones, ventas y recuperación de
deducciones y retenciones. Precisó que dichas actividades son operaciones
mercantiles sin relación directa con aquellas referentes a la salud, educación,
recreación y el objeto de la caja de compensación y, por ende, están gravados.
Sobre el desconocimiento de costos, consideró que los argumentos de la
demandante eran contradictorios e improcedentes, pues con la información
exógena se evidencian devoluciones por compras o gastos, las cuales no se
visualizaron en el estado de pérdidas y ganancias ni en los formatos de la
declaración de renta. Clarificó que el hecho de usar el sistema de inventarios
permanente no lo excluye la obligación de reflejar en el estado de pérdidas y
ganancias las devoluciones o los costos y gastos, pues en él se debe expresar la
afectación en el debido y crédito.
Frente a los ingresos brutos no operacionales, advirtió que las diferencias
detectadas entre la información exógena y la cuenta de mercadeo y la devolución
de retenciones no se evidencia en los estados financieros y que la información
reportada por ingresos, costos y deducciones a la DIAN y a la Superintendencia es
la misma, pese a que los formatos cambien, con lo cual dicha información si podía
utilizarse para ser contrastada contra los ingresos reportados en la contabilidad.
Con respecto a las retenciones, afirmó que no existe evidencia de que el valor
adicionado sea un reembolso de capital ya que no hay pruebas de las operaciones
efectuadas ni de las retenciones practicadas y su valor.
Estimó, con relación a las devoluciones, rebajas y descuentos, que el
desconocimiento se originó con ocasión de la diferencia entre el valor declarado y
el reportado a la Superintendencia del Subsidio Familiar, informe que es prueba
idónea.
En lo que toca a los gastos operacionales de administración, explicó el alcance de
la necesidad y causalidad a partir del Concepto DIAN 008240 de 2001 y las
sentencias del 27 de septiembre de 2007, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y del
10 de marzo de 2011, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, ambas del Consejo
de Estado, para anotar que los gastos relativos a auxilios, relaciones públicas y
sociales e indemnizaciones, provisiones contables y servicios sin identificar no son
necesarios ni tienen relación de causalidad, y que en los actos esto fue el sustentó
del rechazo.
En relación con los gastos rechazados por falta de inscripción en el RUT de los
beneficiarios de estos, concluyó que dichos gastos no cumplieron con ese requisito
formal y, por tanto, no eran procedentes, todo a partir de lo indicado en los
Conceptos DIAN 0910001 de 2007 y 002382 de 2006.
Finalmente, respecto a los gastos operacionales de ventas por el no pago de
aportes parafiscales, dijo que los argumentos del demandante no controvierten la
glosa propuesta, pues la DIAN estableció una diferencia en el cálculo de los
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parafiscales que debió pagar la demandante versus lo contabilizado, a partir de los
documentos contables allegados. Subrayó que la caja de compensación tenía la
carga de la prueba en ese caso si quería comprobar que aun así esos gastos eran
deducibles.
Sobre el incremento del patrimonio, reparó en que la actora no presentó
fundamentos de derecho susceptibles de análisis y valoración y que se adicionó la
diferencia en los aportes de las acciones declaradas. Estimó improcedente la
inspección contable, por cuanto ya obraba en el expediente prueba de dicha
naturaleza.
Consideró procedente la sanción por inexactitud dado que la demandante incluyó
datos equivocados en materia de patrimonio, ingresos, ingresos no constitutivos de
renta, así como costos y deducciones improcedentes en la declaración. Descartó la
diferencia de criterios, pues no se presentó una interpretación diferente, sino que
hubo un desconocimiento del derecho aplicable por parte de la actora.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Huila negó las pretensiones de la demanda, con
fundamento en las siguientes consideraciones:5
Consideró que los ingresos originalmente declarados como no constitutivos de renta
sí estaban gravados dado que se generaron por una actividad financiera o en su
defecto comercial, que derivó en intereses o rendimientos, y estos no estaban
relacionados con las actividades de salud, educación, recreación y desarrollo social
de la caja de compensación, por lo cual no pueden estar exentos del impuesto sobre
la renta. Para esto, citó la sentencia del 15 de noviembre de 2012, exp. 18584, C.P.
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, del Consejo de Estado.
Resaltó que el contribuyente incluyó ingresos de administración de aportes,
financieros derivados de otras áreas y de administración y recuperación, rubros
todos que no se relacionan con las actividades exentas, y que, en todo caso, la
actora no dio claridad suficiente sobre el origen de las rentas, pues en lugar de dar
mayores explicaciones y aportar pruebas, se limitó a exigir la práctica de una
inspección contable. Enfatizó en que no hay discusión sobre la naturaleza de caja
de compensación del demandante sino sobre los ingresos que esta calificó como
no constitutivos de renta.
Precisó que el Decreto 433 de 1999 no circunscribió las actividades financieras a
las realizadas exclusivamente por una entidad financiera, sino a aquellas realizadas
en forma habitual y que el Código de Comercio establece como actividad mercantil
el recibo de dinero en mutuo a interés. Reconoció que la DIAN aceptó algunos
ingresos exentos, por estar relacionados con la actividad propia de la caja de
compensación, y descartó una violación al espíritu de justicia, circunstancia que en
todo caso tampoco probó la demandante.
Indicó que la inspección tributaria o contable es una prueba facultativa de la
Administración y que la demandada decretó las pruebas que consideró pertinentes,
con lo cual la ausencia de la inspección, por no considerarse útil, pertinente o
conducente, no vulneró el debido proceso de la actora. Reseñó la información
solicitada mediante los requerimientos ordinarios y el análisis efectuado por la DIAN
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frente a la información exógena, los informes de otras entidades y las respuestas
de terceros a los requerimientos de información, para recalcar que se accedió a la
información del contribuyente a través de los distintos medios de prueba, con lo cual
la falta de la inspección tributaria o contable no derivó en una violación del
procedimiento.
Concluyó que los actos demandados se soportaron en pruebas y se presumen
legales, con lo cual el demandante debió infirmar probatoriamente las glosas.
Agregó que, además, los actos estaban debidamente motivados y que las
apreciaciones de la Administración allí contenidas no eran subjetivas, para lo cual
resaltó argumentos de la liquidación oficial.
Reiteró que no encontró prueba de que los ingresos no constitutivos de renta se
derivaran de servicios de salud, educación, recreación y desarrollo social prestados
por la actora, para no estar sujetos al impuesto sobre la renta y complementarios y
que, por el contrario, advirtió que, a partir de la información remitida a la
Superintendencia de Subsidio Familiar, entre otros, podía concluirse que los mismos
si eran objeto de gravamen, circunstancia que no desvirtuó el actor con soportes.
Precisó que la certificación del contador y revisor fiscal de la demandante no fue
suficiente para acreditar el origen de los hechos económicos registrados en la
contabilidad, por carecer de los detalles necesarios para comprobar los hechos que
se pretendían probar, y que, pese a que se rindió dictamen pericial dentro del
proceso, el mismo no pudo ser considerado como una prueba válida para soportar
el registró correcto de las operaciones en la contabilidad y en la declaración del año
2009 de la actora, pues el perito se distrajo en apreciaciones jurídicas que
desbordaron el alcance de la prueba pericial, de acuerdo con lo sostenido por el
Consejo de Estado en sentencia del 10 de marzo de 2011, exp. 17492, C.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas.
Sobre el rechazo de costos, reparó en que la glosa se sustentó en la información
exógena, la cual podía fungir como prueba indicativa de que lo declarado no era
consistente con lo registrado contablemente. Acotó además que, una vez invertida
la carga de la prueba por parte de la DIAN, la demandante no anexó documentos
para acreditar que se tratara de compras hechas a nombre de terceros como ella
misma lo indicó.
Con respecto al incremento de los ingresos brutos no operacionales, iteró que el
actor no explicó la diferencia detectada entre lo declarado y lo registrado en la
cuenta de mercadeo, y que los registros contables y los estados financieros
corresponden a información sucinta que refleja la situación económica y financiera
de la actora, cuya eficacia y veracidad se deriva de los soportes documentales,
internos o externos, que obran como comprobantes de las operaciones que se
registran en la contabilidad. Afirmó que la glosa se sustentó en la información
aportada por el contribuyente a una entidad pública, y que la misma no fue
desconocida ni por la actora ni por la entidad.
Sobre las retenciones, destacó que el demandante no demostró que se tratara de
un reembolso de capital, pudiendo aportar documentos que soportaran dicha
afirmación hecha por la propia actora.
Con respecto a las devoluciones, rebajas y descuentos, estimó inviable aludir a los
asientos contables porque con fundamente en estos la propia caja de compensación
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Demandante: Caja de Compensación Familiar del Huila COMFAMILIAR
presentó información disímil a dos entidades públicas. Explicó que la demandante
aportó certificación de contador público, que fue desestimada por la DIAN, porque
el contador no se encontraba facultado para probar hechos económicos sino
contables, posición frente a la cual la parte actora no hace ningún reparo de
legalidad en su demanda, pues simplemente insiste en que debe prevalecer la
contabilidad frente a lo que ella misma reportó a la Superintendencia. Es decir, no
se planteó un reparo concreto que permitiera discutir en esta instancia la falta de
prueba del hecho económico alegado por la demandante.
En lo atinente a los gastos operacionales de administración, sostuvo que la DIAN sí
explicó de manera concreta y razonada los motivos del rechazo y que las sumas
por auxilio de personal, gastos de representación y relaciones públicas, sociales,
provisión de otros activos y otros servicios no se relacionaban con el objeto social
de Comfamiliar, quedando simplemente demostrado que esos gastos eran
meramente útiles o convenientes y su pago dependía de la liberalidad de la actora.
Añadió que las indemnizaciones laborales no podían aceptarse, dado su carácter
sancionatorio.
Con relación a los gastos rechazados por falta de inscripción de los beneficiarios en
el RUT, advirtió que la actora no aportó prueba alguna para refutar la falta de estos
soportes, ya que esta tenía la obligación de solicitar copia del RUT a cada uno de
los beneficiarios de sus pagos, ni tampoco acreditó que operaran las excepciones
del artículo 177-2 del Estatuto Tributario, para no prescindir de dichos documentos
como requisitos para la deducibilidad de esos gastos.
En lo que toca al cálculo de los aportes parafiscales, adujo que el acto hizo el cálculo
a partir del anexo de la declaración, y no con base en meras operaciones
aritméticas, y que en todo caso los sobresueldos o bonificaciones o aportes pagados
en exceso son deducibles solo si satisfacen los requisitos del artículo 107 del
Estatuto Tributario. No obstante, señaló que la caja de compensación no indicó nada
sobre la relación causalidad de estos pagos, ni explicó la razón por la cual los
mismos (en exceso de lo obligatorio) tenían incidencia en la generación utilidades
de la empresa.
Consideró procedente las sanciones por inexactitud y por no envío de información
y descartó la diferencia de criterios. No condenó en costas al no advertir su
causación.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión de primera instancia.6 Empezó por señalar que si
bien respetaba la posición del Tribunal, la misma mostraba que no hubo suficiente
análisis del material probatorio que obraba en el expediente, y que, por cuenta de
esto, el a quo terminó manteniendo la posición jurídica de la DIAN.
Explicó que no hay discusión frente a la naturaleza del demandante como caja de
compensación, cuyos ingresos operacionales devienen de los aportes parafiscales
y los derivados de la prestación de servicios a sus afiliados, para lo cual deben hacer
las inversiones necesarias dirigidas a su prestación.
Describió el patrimonio de las cajas de compensación. Advirtió que la Ley 21 de
6
Samai Tribunal, índices 150 y 151. PDFs: “68_RecursoApelaciónSentenciaParteDemandante(.pdf) NroActua 150” y
“69_AdicionRecursoDeApelacion(.pdf) NroActua 151”
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1962 únicamente les permite prestar servicios en los campos autorizados y que la
actora no tiene actividades industriales, comerciales o financieras distintas a la
inversión de su patrimonio, sino que se dedica únicamente a prestar servicios de
recreación, mercadeo, crédito, vivienda y educación a la comunidad en general, de
acuerdo con lo permitido en dicha ley.
Resaltó que dentro de los ingresos declarados como no constitutivos se encuentran
aquellos relacionados con el servicio de crédito y de mercadeo, los cuales a primera
vista podrían parecer que provienen de actividades gravables, como erradamente
lo hizo la DIAN y el Tribunal, pero lo que debe observarse en este caso es que para
producir y recibir este tipo de ingresos se utilizó el patrimonio propio de la Caja que
deviene de las actividades anteriormente señaladas, es decir no se acudió a medios
económicos diferentes. Subrayó que, para que dichas actividades se consideren
comerciales, la DIAN debió demostrar que estas eran distintas a la inversión de su
patrimonio y que no se hubiese utilizado este, al contrario de lo que ocurrió en el
presente caso.
Anotó que el artículo 19-2 del Estatuto Tributario condiciona el gravamen de los
ingresos de las cajas de compensación a que estos provengan de fuentes distintas
a la inversión de su patrimonio, circunstancia no desvirtuada por la demandada.
Indicó que tampoco fue desvirtuada la presunción de veracidad de la declaración
que presentó para el año gravable 2009. Insistió en que, de haberse practicado la
inspección contable, solicitada por ella, o tenido en cuenta el informe de su revisor
fiscal y contador público, el proceso no existiría. Comentó que la sentencia del 15
de noviembre de 2012, exp. 18584, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez del
Consejo de Estado le era aplicable.
Reprochó que la sentencia replicara los argumentos de la DIAN sin analizar las
pruebas. Sostuvo que la presunción de veracidad de la declaración no puede
desvirtuarse únicamente con indicios y que la Administración tomó los informes
rendidos por terceros para sustentar las glosas, siendo que se requería a la luz de
las normas una prueba plena y completa para desvirtuar la presunción. Clarificó que
la información de terceros no es suficiente, pues se requiere verificar si corresponde
a la verdad, actividad que se extrañó por parte de la DIAN y que, de haberla hecho,
debía trasladarla a la caja de compensación para ser controvertida. Dijo que el
informe rendido a la Superintendencia del Subsidio Familiar es meramente
administrativo y no tributario.
Precisó que arrimó pruebas contables como la certificación expedida por su
contador y revisor fiscal, que contenía toda la información y cifras incluidas en la
declaración, siendo esta prueba suficiente, la cual no fue desvirtuada por la
Administración. Agregó que solicitó inspección contable, la cual era obligatoria dado
que fue pedida por el declarante, pero que a pesar de esto no fue decretada por la
DIAN.
Recalcó en que la información exógena no es suficiente como prueba y se requiere
su ampliación, con el objetivo de establecer cuál de los dos sujetos está diciendo la
verdad, procedimiento que no realizó la DIAN en el proceso de fiscalización.
Mencionó que desvirtuó la información aportada por la Administración con pruebas
contables y documentales.
Reparó en que la prueba pericial no fue rebatida o desvirtuada por la DIAN y el
Tribunal no efectuó un análisis probatorio comparativo, pese a que dicha prueba
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acreditaba que las cifras y conceptos correspondían a la verdad contable. Estimó
que respecto de dicha pericia hubo una indebida apreciación probatoria.
Explicó que la imposición de la sanción por inexactitud debe considerar la mala fe o
fraude del declarante y la existencia de diferencias de criterios. Dijo que las cifras
corresponden a la verdad documental contable, dado que no se incluyeron
retenciones indebidas, ni costos, deducciones o datos falsos ni se omitieron
ingresos y que la actora no pretendió eludir ni disminuir los impuestos, ni tuvo
intención de defraudar al fisco ya que no dificultó la labor de fiscalización.
Señaló que debía aplicarse la Ley 1819 de 2016 a la sanción del artículo 647 del
Estatuto Tributario.
Oposición a la apelación
La demandada7 reiteró los argumentos de la contestación frente a la sujeción de
los ingresos al impuesto sobre la renta y desestimó la procedencia de inspecciones
tributarias, contables y pruebas periciales, dado que obran los soportes contables
en el expediente y el juez de primera instancia efectuó el análisis probatorio
correspondiente. Se opuso a la condena en costas dado que se discute un asunto
de interés general.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con los cargos de apelación formulados por la parte demandante
respecto de la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la
demanda, juzga la Sala la legalidad de los actos que modificaron la declaración del
impuesto sobre la renta del 2009 presentada por la Caja de Compensación Familiar
del Huila COMFAMILIAR. En particular, corresponde determinar si: i) la
reclasificación de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional se
ajustó a derecho, ii) se configuró una indebida valoración probatoria, iii) si procede
la aplicación de la sanción por inexactitud y iv) si opera el principio de favorabilidad
para efectos de las sanciones impuestas.
Previamente se precisa que, comoquiera que no hubo cuórum decisorio se ordenó
sorteo de conjuez en los términos del artículo 115 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, designándose al Dr. Julio
Fernando Álvarez Rodríguez.
1. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
En los actos demandados, la Administración reclasificó parte de los ingresos no
constitutivos de renta ni ganancia ocasional registrados en la declaración del año
2009, dado que, al verificar la relación de ingresos remitida por el demandante a la
Superintendencia del Subsidio Familiar, la DIAN evidenció que se habían incluido
rubros de ingresos por diversos conceptos tales como dividendos, arrendamientos,
servicios, recuperaciones, indemnizaciones, otras ventas y utilidad en venta de
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Samai, índice 16, PDF:” 18_MemorialWeb_Alegatos-Memorialpronunciami(.pdf) NroActua 16”
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inversiones, entre otros, actividades que consideró mercantiles y sin relación directa
con el objeto de la caja de compensación y, por ende, gravadas.
La sentencia de primera instancia confirmó la aproximación de los actos al anotar
que los rubros desconocidos no se relacionaban con las actividades exentas propias
del objeto de la actora y que el demandante no dio claridad suficiente sobre el origen
de las rentas. Con la apelación, la actora insiste en que los ingresos no estaban
gravados dado que no realiza actividades industriales, comerciales o financieras,
distintas a la inversión de su patrimonio para efectos de desarrollar su objeto social,
que se concentra en la prestación de servicios de recreación, mercadeo, crédito
vivienda y educación a la comunidad en general.
Subraya, además la demandante que, para que dichas actividades se consideren
comerciales, la DIAN debió demostrar que estas eran distintas a la inversión de su
patrimonio y que no se hubiese utilizado este.
Anota que el artículo 19-2 del Estatuto Tributario condiciona el gravamen de los
ingresos de las cajas de compensación a que estos provengan de fuentes distintas
a la inversión de su patrimonio, circunstancia no desvirtuada por la demandada.
Finalmente, comenta que la sentencia del 15 de noviembre de 2012, exp. 18584,
C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez del Consejo de Estado le era aplicable en
forma favorable.
Para decidir esta glosa, sea lo primero precisar que las cajas de compensación
familiar son entidades sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones según
el Código Civil, cuyo objeto es la realización de actividades de interés público,
reguladas y vigiladas por el Estado. La Ley 21 de 1982 delimitó las obras y
programas a cargo de las cajas de compensación en las áreas de salud8, programas
de nutrición y mercadeo de productos alimenticios, educación integral, vivienda,
créditos de fomento, recreación social y mercadeo de productos.
Posteriormente, dichas actividades fueron ampliadas con la expedición de la Ley
789 de 2002, que las facultó a participar en el sistema financiero y amplió las
posibilidades de oferta de servicios en el sector educativo y de recreación. A
continuación, la Ley 920 de 2004 señaló que se “entenderá como actividad financiera la
captación en moneda legal por parte de las secciones especializadas de ahorro y crédito de las
Cajas de Compensación Familiar de recursos en depósitos a término, ahorro programado y ahorro
contractual de sus trabajadores, pensionados, independientes y desempleados afiliados para
colocarlos nuevamente y de forma exclusiva entre estos a través de créditos. (…)” (negrilla fuera
del texto original).
En la órbita tributaria, las cajas de compensación solo son contribuyentes del
impuesto sobre la renta y ganancia ocasional respecto de sus ingresos provenientes
de actividades industriales, comerciales y financieras, distintas a la inversión de su
patrimonio para el desarrollo de su objeto social y/o diferentes a las relacionadas
con salud, educación, recreación y desarrollo social, conforme lo dispone el artículo
19-2 del Estatuto Tributario. El alcance de las actividades de salud, educación y
desarrollo social ha sido definido por la Constitución, en su artículo 67, la Ley 488
de 1998, artículo 1, y el Decreto 124 de 1997, mientras que las actividades
industriales, comerciales y financieras a que hace referencia el artículo 19-2 del
8
Pueden administrar recursos del régimen subsidiado de salud y prestar servicios en este sistema de protección social,
dentro de los alcances de la ley 100 de 1993.
12
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Estatuto Tributario están definidas en el artículo 1 del Decreto 433 de 1999 9, que
obliga a las cajas de compensación a llevar dichos ingresos en cuentas separadas.
En el presente caso la Administración identificó, a partir de la relación de ingresos
no operacionales por cuenta y centro de costo allegada por la actora a la
Superintendencia de Subsidio Familiar (fl. 681 Caa), que hace parte de la
transmisión de los estados financieros a esa entidad de control, del anexo de la
declaración de renta (fl. 621 Caa) del año 2009 y del balance y estado de resultados
de comprobación que fue allegado al expediente como parte del proceso de
fiscalización (Folio 126 y siguientes Caa), que la demandante había incluido dentro
de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional los rubros
correspondientes a otras ventas, ingresos financieros, ingresos por subsidios no
cobrados, dividendos y participaciones, arrendamientos, servicios, recuperaciones,
utilidad en la venta de bienes e indemnizaciones, los cuales indicó que se originan
en operaciones que no son el objeto primario de la caja de compensación, “(…)por
cuanto estos rubros son generadores de ingresos por concepto de otras labores diferentes a su
objeto social”, de acuerdo con las pruebas del expediente, entre estas la propia
contabilidad, por lo que fueron entonces reclasificados en la Liquidación Oficial
como gravados.
El apelante insiste en la subjetividad del acto administrativo en cuanto a esta
reclasificación y, se ha limitado a explicar que dichos rubros corresponden al
desarrollo del objeto y las actividades propias de la caja de compensación que dan
lugar a la exención y de inversión en su patrimonio, como da cuenta la contabilidad.
Respecto de lo anterior, se observa en las pruebas consideradas por la
Administración para hacer la reclasificación que:
• De acuerdo con la página 9 de la Liquidación Oficial de Revisión, fueron reclasificados como
ingresos gravados la suma de $3.329.597.000, correspondientes a administración de aportes
por $ 7.467.000, ingresos financieros otras áreas por $1.782.553.000, ingresos por
administración y recuperación otras áreas de $1.539.577.000.
• Según el anexo de renta10 dentro de los ingresos que fueron clasificados como ingresos no
constitutivos de renta, están registrados como ingresos brutos operaciones aquellos
correspondiente a los denominados administración de aportes por $ 7.467.000, y como
ingresos brutos no operacionales están los ingresos por administración de $164.676.000,
ingresos por recuperaciones de otras áreas de $1.374.962.000, e ingresos por ingresos por
intereses y rendimientos financieros, específicamente una cuenta denominada ingresos
financieros por $1.782.500.000.
• De la lectura de los reportes de estados financieros que la actora envió a la Superintendencia
de Subsidio Familiar (entre otros Folio 589 Caa) y los estados financieros de la misma (folio
717 Caa) aportados dentro de la investigación realizada por la DIAN, se comprueba que los
ingresos denominados administración de aportes, corresponden a la cuenta contable 4175.
Los ingresos por rendimientos financieros están registrados en la cuenta 4210.
9
Artículo 1º. Obligación para los nuevos contribuyentes. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 19-2 del Estatuto
Tributario, los contribuyentes del impuesto sobre la renta allí señalados, deberán llevar en su contabilidad cuentas
separadas para las actividades industriales, comerciales, financieras distintas a la inversión de su patrimonio, y diferentes
a las relacionadas con salud, educación, recreación y desarrollo social.
Para tal efecto se consideran:
1. Actividades industriales: Las de extracción, transformación o producción de bienes corporales muebles que realicen
en forma habitual, incluidos aquellos bienes corporales muebles que se convierten en inmuebles por adhesión o
destinación.
2. Actividades comerciales: Las actividades definidas como tales por el Código de Comercio.
3. Actividades financieras: Las actividades de captación y colocación de dineros del público en general, en forma
habitual.
10
Inicial en folio 100 del Caa.
13
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• Los ingresos totales registrados en los estados financieros, el anexo de renta y los reportes a
la Supersubsidio por rendimientos fueron de $ 1.886.679.000. A su vez, en el anexo de renta
se ve una clasificación de rendimientos por mercadeo de $104.178.74711 e ingresos
financieros por valor de $1.782.553.000, siendo esta última partida la que desconoció la DIAN.
• En cuanto a los ingresos por administración de $164.676.000 e ingresos por recuperaciones
de otras áreas de $1.374.962.000, que totalizan los $1.539.577.000, se observa que los
mismos hacen parte de la cuenta 42 de ingresos no operacionales, pero no es posible como
en las demás cuentas establecer cómo la actora realizó la sumatoria en el anexo, o cómo este
o esos valores se conectaban con la contabilidad y lo reportado a la Superintendencia.
Tampoco hay mayor explicación de la DIAN.
Considerando que la demandante es una caja de compensación familiar, que la
DIAN no probó que la entidad realizara actividades financieras de captación y
colocación de sus recursos con sus afiliados y que, como le recordó la
Administración en los actos demandados, para el período en cuestión las mismas
debían llevar sus estados financieros de acuerdo con la Resolución 0537 de 2009,
Plan Único de Cuentas para el Sistema de Subsidio Familiar en Colombia, se
encuentra que en dicha norma se señala que en la cuenta “4175 Administración de
Aportes” se debía registrar “el valor de los ingresos recibidos por concepto de administración
de aportes del SENA, ICBF, ESAP e Institutos Técnicos”. A su vez, en la cuenta de ingresos
no operacionales “4210 FINANCIEROS” se reportaba “el valor de los ingresos obtenidos
por concepto de rendimientos financieros y otros recibidos por actividades diferentes a las del objeto
social”.
De acuerdo con lo anterior, es claro entonces que, lo registrado en la cuenta 4175
administración de aportes por valor de $7.467.000 correspondía a ingresos propios
del desarrollo de las actividades de la actora, que bajo el artículo 19-2 del Estatuto
Tributario no deberían estar sujeto a impuesto y, por ende, no procede su
reclasificación.
Ahora, en lo que tiene que ver con los rendimientos financieros, como de la
descripción de la dinámica de la cuenta 4120 se observa que en la misma puede
haber rendimientos relacionados con las actividades que darían lugar a tratar estos
como ingresos no constitutivos de renta, pero que también se deben registrar allí
los no relacionados con esto12, es importante en ese caso tener mayor detalle de la
información para establecer si las fuentes de dichos rendimientos corresponden a
recursos parafiscales, de salud, de educación, recreación y desarrollo social, para
clasificarlos como no gravados.
En el reporte a la Superintendencia de Subsidio Familiar denominado Relación de
Ingresos No Operacionales por Cuenta y Centro de Costo (folios 681 y 682) se encuentra que
de los rendimientos financieros totales, $104.179.000 (redondeado) son
rendimientos por mercadeo, que como se indicó líneas arriba no es objeto de debate
por las partes. En ese mismo reporte se observan otros centros de clasificación de
rendimientos financieros, de los cuales se identifican fácilmente como actividades
relacionadas con los aspectos de que trata el artículo 19-2 del Estatuto Tributario
los siguientes; Salud A.R.S EPS $1.458.343.000, Salud IPS $3.287.000, Educación
Formal $125.000, Vivienda $ 3.640.000, Recreación y Deporte $ 19.944.000,
Crédito Social $81.795.000. Así, es posible concluir en este punto, a partir de las
mismas pruebas utilizadas por la Administración en su fiscalización que
11
La información de los rendimientos de mercadeo del anexo de renta y los reportes de la super concuerdan.
12
Sobre este aspecto, por ejemplo, la Superintendencia de Subsidio Familiar en la Circular Externa Nro. 2017-00020 dijo
“En el tratamiento contable de los rendimientos financieros es importante separar aquellos que se generan con los
recursos del 4% parafiscal correspondientes a los subsidios monetarios girados no entregados, subsidios monetarios
girados no cobrados, excedentes del 55%, entre otros, de aquellos generados con otros recursos.”
14
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$1.567.134.000, suma de los anteriores conceptos, corresponde a réditos de
actividades que no dan lugar a ingresos gravados para las cajas de compensación,
y por tanto no procede la recategorización de esa suma, como parte de los
$1.782.500.000 que la DIAN reclasificó de la cuenta ingresos financieros otras
áreas.
En cuanto a los ingresos por administración e ingresos por recuperaciones de otras
áreas, declarados también como ingresos no constitutivos de renta, se ha venido
mencionando que en el expediente no hay piezas probatorias adicionales que
permitan determinar si los ingresos registrados en esas cuentas, y que fueron
reclasificados en la Liquidación Oficial, corresponden verdaderamente a la
ejecución de los programas propios de la demandante como caja de compensación,
o a inversiones del patrimonio de esta para ejecutar su objeto social. Tampoco se
conoce la naturaleza de las recuperaciones, para entender si fueron costos o gastos
gravados o no en periodos anteriores, aspecto sobre el cual además la actora nada
dijo.
A este respecto, debe advertirse que, por expresa disposición legal, la carga de la
prueba respecto de la demostración de ingresos no constitutivos de renta es del
contribuyente. Precisamente, el artículo 786 del Estatuto Tributario establece que
cuando existan pruebas sobre la existencia de ingresos y el sujeto pasivo manifieste
haberlos recibido en circunstancias que los hacen calificar como no constitutivos de
renta, está en la obligación de demostrar tal circunstancia.
En ese sentido, no bastan las afirmaciones generales y abstractas relativas al hecho
de que todos los ingresos de la caja de compensación se obtuvieron en desarrollo
de su objeto o para inversión de su patrimonio dado que, ante los hallazgos de la
Administración que ponen en duda la veracidad de lo declarado por la actora en el
año 2009 dentro del renglón de ingresos no constitutivos de renta o ganancia
ocasional, y en virtud de la carga de la prueba consagrada en el ya mencionado
artículo 786, le correspondía a la demandante acreditar, a través de cualquier medio
de prueba, que los ingresos registrados en las cuentas cuestionadas si se derivaron
de operaciones o circunstancias que daban lugar a calificar los mismos como no
gravados. Es decir, estaba en manos de la actora comprobar que dichos ingresos
no correspondían o se derivaban de actividades industriales, comerciales o
financieras.
En virtud de lo expuesto, dado que en el proceso judicial y en sede de apelación se
mantiene la inactividad probatoria del recurrente frente a estos últimos aspectos, no
es dable aceptar los reparos propuestos, dado que no está demostrado con pruebas
que la caja de compensación recibió esos ingresos por el desarrollo de actividades
no gravadas y, en su lugar, a partir de las pruebas presentadas por la
Administración, si se pone en duda que algunos de los ingresos percibidos por la
actora en el año gravable 2009 correspondiera a ingresos no constitutivos de renta,
desvirtuándose así la presunción de veracidad de la declaración para este aspecto.
Se insiste en que la carga probatoria correspondía al contribuyente, según lo ya
indicado, y no a la DIAN como erróneamente afirma el demandante.
Por último, en lo que respecta a la aplicación de la sentencia del 15 de noviembre
de 2012, exp. 18584, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez del Consejo de
Estado, se precisa que la misma no es aplicable en este evento dada la ausencia
de identidad fáctica con este caso. En dicha oportunidad, la Sala ratificó que los
ingresos percibidos por la caja de compensación no estaban gravados, toda vez
15
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que se comprobó que los servicios prestados por ese contribuyente eran de turismo
social a través de hoteles y tiendas y de cafetería y llamadas telefónicas, los cuales
estaban vinculados a las actividades de recreación; circunstancia que no se predica
ni relaciona en este evento.
En consecuencia, el cargo prospera parcialmente.
2. Indebida valoración probatoria
Obsérvese que los actos administrativos demandados propusieron:
i) el incremento en el rubro de patrimonio, como consecuencia de la diferencia detectada entre
los estados financieros y el valor declarado por concepto de “acciones y aportes”,
ii) la inclusión de ingresos no operacionales de mercadeo, dadas las diferencias detectadas entre
el estado de pérdidas y ganancias y el estado de ingresos y egresos reportado a la
Superintendencia del Subsidio Familiar,
iii) el aumento de ingresos no operacionales por las diferencias entre la información exógena
presentada por el demandante, el valor declarado y las sumas reportadas en los estados
financieros. En particular frente a sumas reportadas por la actora en su información exógena
como una devolución de retenciones de años anteriores 13, que posteriormente dijo que
correspondían a flujos de dinero recibido por efectos de un reembolso de capital, sin presentar
pruebas de ninguno de los dos aspectos, y el valor total de los ingresos.
iv) la disminución del renglón de devoluciones, rebajas y descuentos porque se encontraron
diferencias entre lo reportado en la contabilidad, las declaraciones de IVA y el estado de
ingresos y egresos presentado a la Superintendencia del Subsidio Familiar, diferencias que el
actor no explicó en los requerimientos de información, ni la respuesta al requerimiento especial
o en el recurso de reposición, ni sobre las cuales aportó pruebas.
v) el rechazo parcial de costos y deducciones por diferencias de devoluciones en compras
hechas con mandato, reportadas en la información exógena por los mandatarios de la actora,
que no figuran en el estado de pérdidas y ganancias, y respecto de las cuales la demandante
tampoco dio mayor información14.
vi) el desconocimiento parcial de gastos operacionales de ventas y administración, porque
algunos no cumplieron los requisitos de causalidad y necesidad y de gastos derivados de
erogaciones efectuadas a personas que no estaban inscritas en el RUT. Adicionalmente, se
rechazaron parcialmente los gastos correspondientes a pagos de aportes parafiscales, dado
que la DIAN consideró que no procedía aceptar el gasto registrado en exceso por este
concepto, a partir del cálculo que realizó sobre los pagos salariales.
En la apelación, el demandante sostuvo que la sentencia de primera instancia no
analizó las pruebas aportadas para efecto de controvertir todos los anteriores
cambios, dado que la presunción de veracidad de la declaración no puede
desvirtuarse únicamente a partir de indicios y que la demandada tomó los informes
rendidos por terceros para sustentar las glosas, siendo que se requería una prueba
plena y completa.
Clarificó que la información de terceros no es suficiente, pues se requiere verificar
si corresponde a la verdad, actividad que según ella no ejecutó la DIAN en el
proceso de fiscalización. Dijo que el informe rendido a la Superintendencia del
Subsidio Familiar es meramente administrativo y por tanto no puede fungir como
13
En el Folio 21 del Caa se observa que la actora llevó en su declaración de renta del año gravable 2008 retenciones en
la fuente por valor de $178.055.000, con lo cual su recuperación sería un ingreso.
14
De acuerdo con el artículo 15 de la Resolución 7935 de 2009, “El valor de los ingresos brutos recibidos, devoluciones,
rebajas y descuentos se informará en el FORMATO 1017 Versión 8, en el concepto 4040, teniendo en cuenta lo
establecido en el artículo 8 de la presente Resolución.” Esta información debía ser suministrada por quienes actuaron
como mandatarios. En la información exógena reportada por terceros sobre la actora, folios 466 y 477 de Caa, se observa
que los terceros mencionados en la sentencia de primera instancia reportaron, bajo el concepto 4040 el respectivo valor
de la compra hecha bajo el mandato, así como el valor de la devolución de esa compra o gasto. Los $47.106.833
corresponden al total de los valores reportados como devolución en compras.
16
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prueba alguna para los efectos de la Administración.
Precisó que arrimó al expediente pruebas contables, como la certificación expedida
por su contador y revisor fiscal que contenía toda la información y cifras incluidas
en la declaración y que es prueba suficiente, la cual no fue desvirtuada por la
Administración. Agregó que solicitó inspección contable, la cual debía ser decretada
de manera obligatoria, dado que fue pedida por el declarante. Recalcó que la
información exógena no es suficiente como prueba y se requiere su ampliación. Que
desvirtuó la información presentada por la DIAN con pruebas contables y
documentales. Reparó en que la prueba pericial no fue rebatida o desvirtuada por
la Administración y que el Tribunal no efectuó un análisis probatorio comparativo de
la misma, pese a que esta acreditaba que las cifras y conceptos declarados por ella
correspondían a la verdad contable.
Para resolver, sea lo primero precisar que, frente a la obligatoriedad de las
inspecciones tributarias y contables, esta Sección se pronunció en la sentencia del
05 de diciembre de 2024, exp. 28066, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. En
dicha oportunidad, se precisó que, en virtud del artículo 684 del Estatuto Tributario,
la Administración cuenta con amplias facultades de fiscalización para la correcta y
oportuna determinación de los tributos, las cuales le permiten adelantar las
investigaciones, decretar las pruebas y adelantar las diligencias que estime
convenientes a estos efectos.
Así, en desarrollo de las facultades de fiscalización, el artículo 779 del Estatuto
Tributario establece que la Administración “podrá” practicar inspecciones tributarias
en orden a verificar la existencia de hechos gravables, entre otros, para lo cual
habilita que dentro de esta diligencia se decreten todos los medios de prueba que
sean pertinentes. Así mismo, el artículo 782 del Estatuto Tributario prevé que la
Autoridad Tributaria “podrá” ordenar la práctica de la inspección contable al
contribuyente, para verificar la exactitud de las declaraciones.
A su vez, sobre la inspección contable, la Sala ha explicado que esta es una
“diligencia encaminada a verificar la exactitud de los estados financieros de los obligados, a fin de
validar si estos pueden ser tenidos como prueba de los hechos debatidos en el procedimiento
tributario, razón por la cual debe ser llevada a cabo por un contador público.” 15 Sin embargo, tal
como lo establecen textualmente las normas y se desprende de las amplias
facultades de fiscalización, la Administración Tributaria puede decretar las pruebas
que a bien tenga lugar, conforme con los hechos que son objeto de investigación,
sin que el decreto de alguna de estas pruebas sea de carácter obligatorio cuando la
misma ha sido solicitada por la parte sujeta a investigación.
Es decir, el decreto de inspecciones tributarias y contables es facultativo de la
Autoridad, sin que el hecho de que se requiera la revisión de información contable
implique necesariamente que se practique una inspección de dicha naturaleza, sino
que también puede verificarse este tipo de información en el marco del despliegue
de las amplias facultades de fiscalización de la DIAN, como por ejemplo a través de
información que reciba con ocasión de los autos de verificación o cruce o de
requerimientos de información.
En ese sentido, no le asiste razón al recurrente cuando estima de carácter
obligatorio que la DIAN hubiese practicado una inspección contable y/o tributaria
15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 3 de junio de 2021, exp. 24703,
C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
17
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para verificar la contabilidad o los hechos registrados en esta, debido a que podía
requerir la información a través de otros medios y en ejercicio de sus amplias
facultades de fiscalización, como, en efecto, lo hizo en este caso a través de los
requerimientos emitidos a lo largo del proceso.
Ahora bien, en lo que respecta a la valoración probatoria efectuada por la sentencia
de primera instancia y en los actos demandados, la Sala advierte que, contrario a lo
que manifiesta el apelante, estos últimos no se basaron en indicios, sino en las
diferencias detectadas por la DIAN entre la información contable, la información
exógena y el reporte remitido a la Superintendencia del Subsidio Familiar, así como
en el incumplimiento sustancial y formal de los requisitos de deducibilidad de los
gastos. Con lo cual, no es dable ampararse en la presunción de veracidad de las
declaraciones para indicar que las glosas no proceden, dado que, ante los
cuestionamientos de la Administración, el demandante estaba llamado a demostrar
la realidad de las cifras declaradas, pues se había invertido la carga de la prueba.
En lo que respecta a la información exógena, esta Sección, en sentencia del 10 de
septiembre de 202016 , la definió como “el conjunto de datos que las personas naturales y
jurídicas presentan a la DIAN sobre las operaciones realizadas con sus clientes, que permite a la
Administración en su facultad de fiscalización, efectuar los estudios y cruces de información para el
debido control de los impuestos”. Y, en la misma providencia, manifestó que dicha
información no es el único medio probatorio para demostrar las inconsistencias de
las declaraciones, pues su idoneidad (como la de cualquier otro medio de prueba)
depende de los hechos que se pretendan probar y del valor de convencimiento que
pueda atribuírsele a la misma con base en las reglas de la sana crítica, según lo
prevé el artículo 743 del Estatuto Tributario, con lo cual, dentro de un mismo
expediente debe valorarse todo material probatorio en su conjunto y no supeditar la
decisión a una única pieza probatoria.
De acuerdo con lo anterior, para resolver este caso la Sala advierte que, contrario
a lo que afirma el recurrente, los hallazgos que fundamentan las glosas realizadas
por la Administración no están soportados únicamente en la información exógena.
De la revisión de los actos demandados, se evidencia que la DIAN valoró un
conjunto de diversas pruebas17 y tuvo en consideración la información contable y
otras pruebas allegadas por el demandante. En efecto, tal como se reseñó
previamente, las modificaciones al patrimonio se derivaron de las diferencias entre
la información contable y la fiscal, las glosas relativas a los ingresos no
operacionales de mercadeo, las devoluciones, rebajas y descuentos se originaron
en la discordancia entre la información consagrada en los estados financieros, las
declaraciones de IVA y la información reportada a la Superintendencia del Subsidio
Familiar y el rechazo parcial de gastos de ventas y administración se sustentó en el
incumplimiento de requisitos legales, tanto formales como sustanciales para efectos
de su deducibilidad.
A partir de lo expuesto, puede entonces concluirse que, únicamente se sustentaron
las glosas relativas al aumento de ingresos no operacionales y el rechazo de costos
y deducciones por devoluciones en la discrepancia existente entre la información
exógena y la contable. No obstante, como ya se explicó líneas arriba, ni en la
16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 10 de septiembre de 2020, exp.
23435, CP: Milton Chaves García.
17
La Administración valoró, entre otras, las siguientes pruebas; estados financieros, información exógena reportada por
terceros, reportes realizados por la actora a la Superintendencia de Subsidio Familia, Informe de Auditoría Gubernamental
realizado por la Contraloría a la demandante, certificado suscrito por el contador y revisor fiscal, RUT de terceros
proveedores.
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respuesta al requerimiento especial ni en el recurso de reconsideración ni en la
demanda o el recurso, el apelante ha explicado las diferencias detectadas, ni ha
suministrado pruebas adicionales para desvirtuarlas, aun teniendo la carga de la
prueba sobre estos aspectos, de tal forma que no se ha desvirtuado los hallazgos
de la Administración, obtenidos a partir del contenido de la información exógena y
la propia contabilidad de la actora y el anexo de la declaración de renta de esta,
habiendo tenido la demandante varias oportunidades para cumplir con su carga y
desvirtuar lo alegado por la DIAN.
Sobre la certificación aportada con el recurso (fl. 1068 Caa), se evidencia que esta
no demuestra ni justifica las diferencias encontradas, pues se limita a determinar
que la declaración de renta se diligenció con base en los registros contables y que
las cuentas están soportadas en comprobantes; afirmaciones generales que no
logran desvirtuar los hallazgos de la investigación. Además, dicho documento no
cumple con los requisitos que ha establecido esta Sección para que funja como
plena prueba, los cuales son18: “(i) expresar si la contabilidad se lleva de acuerdo con las
prescripciones legales, (ii) si los libros se encuentran registrados en la Cámara de Comercio19, (iii) si
reflejan la situación financiera del ente económico, (iv) debe tener algún grado de detalle en cuanto
a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que se pretenden demostrar y estar
respaldados por comprobantes internos y externos y, (v) llevar al convencimiento del hecho que se
pretende probar, con sujeción a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad 20”.
A la luz de estas exigencias, se observa entonces que la certificación contable
aportada por el contribuyente no se ajusta al rigor exigido por la jurisprudencia para
que tenga validez y mérito probatorio, en los términos del artículo 777 del Estatuto
Tributario. Adviértase que la misma no expresa ninguna de las ritualidades que debe
contener, ni reseña detalle alguno en cuanto a los asientos contables o cuentas, ni
mucho menos fue acompañada de comprobantes internos y externos. De tal manera
que, contrario a lo que expone el apelante, esta no era prueba contable suficiente
que acreditara la información registrada en la declaración.
En sentido semejante, el dictamen pericial obrante a fls. 225 a 233 CP carece de
admisibilidad desde el punto de vista probatorio, pues el mismo se refiere
íntegramente a apreciaciones jurídicas, en contravía de lo dispuesto en el artículo
226 del Código General del Proceso. En efecto, el perito se limitó a controvertir las
glosas de la DIAN argumentando que los ingresos del demandante se derivaban de
su objeto social y no eran constitutivos de renta y defendiendo la necesidad de los
costos y gastos, al amparo de la presunta subjetividad del propio concepto y la
imposibilidad de exigir al contribuyente controlar la inscripción en el RUT. Dichas
manifestaciones tampoco explican las diferencias numéricas advertidas por la DIAN
en la investigación, Así, es claro para la Sala, como lo fue para el Tribunal en la
sentencia de primera instancia, que lo consagrado en ese documento son
claramente apreciaciones jurídicas que escapan al dictamen pericial como medio
de prueba.
18
Entre otras, ver sentencias del 25 de septiembre de 2008, Exp. 15255 C.P. Héctor J. Romero Díaz, del 28 de febrero de
2013, Exp. 18420, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, del 22 de septiembre de 2016, Exp. 20490, C.P. Martha
Teresa Briceño de Valencia, del 16 de noviembre de 2017, Exp. 20529, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, del 14 de
marzo de 2019, Exp. 22241, C.P. Milton Chaves García y del 15 de abril de 2021, exp. 22920 C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
19
A partir de la vigencia del Decreto 19 de 2012, de supresión de trámites, los libros de comercio no se inscriben en el
registro mercantil (artículo 175).
20
Al respecto la Sala ha expuesto que no basta la simple afirmación «acerca de las operaciones contables de que dichos
funcionarios dan cuenta, pues ‘en su calidad de profesional de las ciencias contables y responsable de la contabilidad o
de la revisión y análisis de las operaciones de un ente social, está en capacidad de indicar los soportes, asientos y libros
contables donde aparecen registrados las afirmaciones vertidas en sus certificaciones». Cfr. las sentencias del 25 de
noviembre de 2004, Exp. 14155, C. P. María Inés Ortiz Barbosa y del 30 de noviembre de 2006, Exp. 14846, C.P. Héctor
Romero Díaz.
19
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En consecuencia, el dictamen en mención nunca hizo referencia a la “verdad
contable” a la que alude el apelante, pues no hubo un análisis de dicha información
y, adicionalmente, la DIAN sí lo controvirtió en el marco del trámite judicial (fls. 239
a 248 CP), en donde cuestionó la idoneidad del perito y las interpretaciones jurídicas
en el plasmadas por este. Con lo anterior, es claro entonces que no existió una
indebida valoración probatoria y el dictamen tampoco resultaba admisible como
prueba.
Ahora bien, frente a las discordancias encontradas por la DIAN entre la información
reportada por la propia actora a la Superintendencia del Subsidio Familiar y los
estados financieros de esta, si bien el objetivo del primer reporte difiere del de los
segundos, en la medida en que el reporte al ente de control tiene como fin facilitar
la labor de supervisión y control que esa Superintendencia hace a las cajas de
compensación, verificada la información plasmada en el reporte (fls. 582 a 600 Caa)
que se le entrega a dicha entidad, se advierte que la misma corresponde a lo
registrado en balance general, el estado de ingresos y egresos, de cambios en el
patrimonio y en la situación financiera, de flujos de efectivo y anexos, es decir, a los
registros contables de los estados financieros de la actora, con lo cual, no se explica
las razones que justificarían una diferencia entre lo informado a Superintendencia
del Subsidio Familiar y los estados financieros de la demandante.
Y es que, sin perjuicio de que las cajas de compensación se regían por un plan
único de cuentas especial para el sistema de subsidio familiar, regulado por la
Resolución 0537 de 2009, llama poderosamente la atención que existan diferencias
entre los valores incluidos en el reporte a la Superintendencia y los registrados en
los estados financieros allegados al proceso de fiscalización, para el mismo tipo de
conceptos, y que, además si existían razones o motivos para que esto fuera así, el
contribuyente nunca hubiera explicó el alcance de esas diferencias durante el
proceso administrativo y judicial.
Si bien el reporte a la Superintendencia es de carácter administrativo, era
plenamente admisible valorar el mismo, dado que se trata de una prueba
documental plena, susceptible de incorporarse al proceso, pues el régimen tributario
admite todos los medios de prueba, según dispone el artículo 742 del Estatuto
Tributario.
En síntesis, la Sala concluye que el apelante no explicó, demostró ni justificó las
diferencias determinadas por la DIAN a partir de la información reportada en las
anteriores pruebas sobre los renglones de ingresos y patrimonio, ni en esta sede la
actora justifica los requisitos de necesidad, causalidad y proporcionalidad de los
gastos que le fueron rechazados por incumplimiento del artículo 107 del Estatuto
Tributario o por la ausencia de inscripción en el RUT de algunos de sus proveedores
beneficiarios de pagos, siendo entonces viable para tomar una decisión centrarse
en la valoración de la información de terceros incorporada al proceso como prueba
gracias al despliegue de las actividades de fiscalización realizadas por la DIAN.
De lo anterior es claro que no hay una indebida valoración probatoria en este caso,
como en algunos momentos lo pretende hacer ver la demandante, sino que, ante la
inactividad probatoria de quien estaba llamado a demostrar la veracidad de la
información plasmada en la declaración, es decir de la actora, las pruebas aportadas
por la DIAN para controvertir la presunción de veracidad de la declaración toman
una especial relevancia como piezas procesales que serán valoradas a la luz de la
sana critica, y, que en este caso en particular, permiten llegar entonces al
convencimiento de lo planteado por la Administración, no prosperando entonces los
20
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cargos alegados por la apelante.
3. Sanciones y principio de favorabilidad
El apelante se opone a la sanción por inexactitud bajo el argumento de que, para
imponer la misma se debe considerar la mala fe o fraude del declarante y que existió
una diferencia de criterios que la hace improcedente. Así mismo solicita aplicar la
Ley 1819 de 2016.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que se configura la
sanción por: “la omisión de ingresos o la inclusión de costos y deducciones como un dato o factor
falso, equivocado, incompleto o desfigurado en la declaración a partir del cual se derive un menor
impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable, sin que para
ello se requiera acreditar la existencia de fraude, culpa o dolo.” 21. Es decir, ante la comprobada
omisión de ingresos y/o la inclusión de costos, gastos y/o deducciones equivocadas,
la sanción es procedente, sin que sea relevante el dolo o el hecho de que exista o
no la intención de defraudar al fisco, con lo cual no es de recibo el argumento de la
actora en este sentido.
Así mismo, la omisión o inclusión de datos o valores equivocados no permite que
se configure la diferencia de criterio como eximente de la pena, toda vez que, para
que esto suceda, en los términos del parágrafo 2 del artículo 647 del Estatuto
Tributario, es necesario que los hechos y cifras declarados sean veraces y
completos, y que exista una discrepancia entre el contribuyente y la Administración
sobre el derecho aplicable, en la cual se compruebe que el primero de estos basó
su tesis en una argumentación sólida que, aunque equivocada, lo hizo pensar en
que su actuación estaba amparada legalmente22. De manera que, si bien el actor
alega la diferencia de criterios, no es cierto que esa circunstancia se haya
presentado en este caso, pues, como se estableció líneas arriba, la reclasificación
de los ingresos no constitutivos de renta resultó parcialmente procedente porque la
demandante no cumplió con su carga probatoria, cuando la Dian logró desacreditar
la presunción de veracidad de la declaración de renta del año 2009.
Con todo, es preciso observar que la potestad sancionatoria tributaria, como
expresión del poder punitivo del Estado, se manifiesta a través de medidas
coercitivas que pueden adoptar las autoridades administrativas con el fin de
preservar el deber constitucional de contribuir, dentro de criterios de justicia y
equidad, los cuales deben ser garantes de los principios constitucionales ínsitos al
derecho fundamental al debido proceso, entre ellos, el de tipicidad o taxatividad.
Así las cosas, el anterior principio, que se deriva del de legalidad, se manifiesta en:
“la descripción completa, clara e inequívoca del precepto - la orden de observar un determinado
comportamiento, es decir de no realizar algo o de cumplir determinada acción - y de la sanción - la
consecuencia jurídica que debe seguir a la infracción del precepto - y busca que la descripción que
haga el legislador sea de tal claridad que permita que sus destinatarios conozcan exactamente las
conductas reprochables, evitando de esta forma que la decisión sobre la consecuencia jurídica de
su infracción, pueda ser subjetiva o arbitraria.”23
La jurisprudencia constitucional ha establecido que, para que se predique el
cumplimiento del contenido del principio de tipicidad, deben reunirse tres elementos:
21
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencias del 9 de marzo de 2023, exp. 26283 y del 24 de febrero de 2022, exp.
24441, C.P. Myriam Stella Gutiérrez.
22
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 9 de mayo de 2019, exp.18363, C.P. Milton Chaves García.
23
Corte Constitucional. Sentencias C-713 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo y C-739 de 2000, M.P. Fabio Morón
Díaz.
21
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“(i) Que la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa, bien porque la
misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la
aplicación de otras normas jurídicas;(ii) Que exista una sanción cuyo contenido material este
definido en la ley; y (iii) Que exista correlación entre la conducta y la sanción” 24 (Resalta la Sala). En
consecuencia, si la conducta no está descrita en la ley de manera específica, no es
dable aplicar la sanción, so pena de violar el derecho fundamental al debido
proceso, dado que la tipicidad es regla de este.25
De hecho, la Corte Constitucional ha establecido que cuando el juez administrativo
evidencie una vulneración flagrante de un derecho fundamental de aplicación
inmediata, está en la obligación de tutelarlo, aun cuando el demandante no hubiese
planteado el reparo en la demanda, circunstancia que constituye una excepción al
principio de justicia rogada propio de la justicia contencioso-administrativa26. En
consideración a esto, debe resaltarse el carácter de derecho fundamental del debido
proceso, dentro del cual se encuentra el principio de taxatividad o legalidad en
materia sancionatoria, como una garantía de aplicación directa e inmediata, y, en
esa medida el funcionario judicial está obligado a pronunciarse, en ese caso de
oficio, cuando advierta que el mismo ha sido transgredido, pese a que esto no haya
sido un cargo de la demanda o de la apelación, para efectos de impugnar la decisión
de primera instancia.
Por consiguiente, advierta la Sala en este caso que, ha sido criterio reiterado de
esta Sección que aquellas glosas cuyo rechazo se fundamenta en la falta de
acreditación del registro de inscripción en el RUT no generan la sanción por
inexactitud, dado que dicha conducta no está tipificada en el artículo 647 del
Estatuto Tributario27:
“Entonces aunque resulte procedente el rechazo de los correspondientes gastos (...), por la
falta de cumplimiento de uno de los requisitos para la aceptación de los costos y, en
consecuencia, deba pagarse el correlativo mayor impuesto, no procedería la sanción por
inexactitud, por cuanto no se configura ninguna de las conductas tipificadas para su imposición
para la época de los hechos”.
“(...) la descripción del tipo sancionatorio se refiere a omisión de ingresos e inclusión de costos
y deducciones inexistentes y, en casos como el presente, en los que la razón principal para el
rechazo del costo es la falta de inscripción del proveedor en el RUT, la Sala ha considerado
que, aunque aquél resulte procedente por falta de cumplimiento de uno de los requisitos para
su aceptación y, en consecuencia, el contribuyente deba pagar el correlativo mayor impuesto,
no ocurre lo mismo con la sanción por inexactitud, por cuanto no se configura ninguna de las
conductas tipificadas para su imposición”.
A partir de lo expuesto, se levantará la sanción en proporción al mayor impuesto
determinado sobre el valor rechazado por gastos operacionales de ventas con
ocasión del incumplimiento de dicho requisito, valor de los gastos que corresponde
a $403.063.711, además del recálculo que debe hacerse respecto de la misma por
24
Corte Constitucional. Sentencia C-343 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
25
Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
26
La Corte Constitucional hizo está reflexión en la Sentencia C -197 de 1999. Resáltese incluso que, se demandó el aparte
del numeral 4 del artículo 137 del entonces Código Contencioso Administrativo, que se refiere al contenido de la demanda,
expresamente a que “Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas
y explicarse el concepto de su violación” y, el aparte demandado fue declarado exequible, “bajo la condición de que
cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata,
deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las
normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución
y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución.”
27
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias del 04 de julio de 2024, exp. 27891 y del 09 de julio de 2021, exp. 25061,
C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y del 23 de junio del 2022, exp. 23732, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
22
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efectos de las modificaciones correspondientes al rechazo de los ingresos no
constitutivos de renta, según lo explicado líneas arriba.
Por último, se evidencia que la sentencia de primera instancia denegó las
pretensiones de la demanda, sin modificar la cuantificación de la sanción por
inexactitud que fue liquidada en los actos demandados a tarifa del 160%. No
obstante, esta fue modificada por el artículo 288 de la Ley 1819 de 2016, que
estableció una tarifa más favorable del 100% de la diferencia entre el saldo
declarado y el determinado.
En sentido semejante, la sanción por no informar fue modificada por el artículo 80
de la Ley 2277 de 2022, que estableció una tarifa más beneficiosa del 1 % cuando
no se remite la información solicitada por la DIAN, con un límite global de 7.500
UVT.
En ese sentido, si bien el actor no solicita de manera directa en la demanda o su
apelación aplicar el principio de favorabilidad, aunque si menciona que se debe dar
aplicación a la Ley 1819 de 2016, en virtud del artículo 29 de la Constitución Política
y del parágrafo 5.° del artículo 640 del Estatuto Tributario que estableció que “el
principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley
permisiva o favorable sea posterior”, se procederá de oficio a reliquidar ambas sanciones.
4. Costas
Conforme a lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 (numeral 8) del Código
General del Proceso, no habrá condena en costas (gastos del proceso y agencias en
derecho), por no encontrarse probadas en el expediente, requisito indispensable para
su reconocimiento, contrario a lo señalado por el apelante.
5. Decisión
En atención a lo expuesto, se procederá a determinar el monto del impuesto a cargo
y el saldo a pagar, así:
Declaración Liquidación Consejo de
Concepto
privada oficial Estado
Acciones y Aportes Anónimas, Limitadas y Asimiladas 1.505.762.000 1.562.220.000 1.562.220.000
Patrimonio bruto 161.731.064.000 161.787.522.000 161.787.522.000
Pasivos 52.786.394.000 52.786.394.000 52.786.394.000
Total patrimonio líquido 108.944.670.000 109.001.128.000 109.001.128.000
Ingresos Brutos Operacionales 209.717.340.000 209.717.340.000 209.717.340.000
Ingresos Brutos No Operacionales 1.600.749.000 1.613.677.000 1.613.677.000
Intereses y rendimientos financieros 1.886.679.000 1.886.679.000 1.886.679.000
Total ingresos brutos 213.204.768.000 213.217.696.000 213.217.696.000
Devoluciones, rebajas y descuentos 205.901.000 200.086.000 200.086.000
Ingresos no constitutivos de renta 172.642.962.000 169.313.365.000 170.887.966.000
Total ingresos netos 40.355.905.000 43.704.245.000 42.129.644.000
Costos de venta (sistema permanente) 32.054.045.000 32.006.938.000 32.006.938.000
Otros costos 0 0 0
Total costos 32.054.045.000 32.006.938.000 32.006.938.000
Gastos operacionales de administración 604.318.000 589.869.000 589.869.000
Gastos operacionales de ventas 6.286.483.000 5.731.820.000 5.731.820.000
Otras deducciones 94.558.000 94.558.000 94.558.000
Total deducciones 6.985.359.000 6.416.247.000 6.416.247.000
Renta líquida del ejercicio 1.316.501.000 5.281.060.000 3.706.459.000
Renta líquida 1.316.501.000 5.281.060.000 3.706.459.000
Renta líquida gravable 1.316.501.000 5.281.060.000 3.706.459.000
Impuesto sobre la renta líquida gravable 434.445.000 1.742.749.000 1.223.131.000
Descuentos tributarios 0 0 0
Impuesto neto de renta 434.445.000 1.742.749.000 1.223.131.000
Impuesto de ganancias ocasionales 0 0 0
Total impuesto a cargo 434.445.000 1.742.749.000 1.223.131.000
Anticipo de renta por el año gravable 199.410.000 199.410.000 199.410.000
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Radicado: 41001-23-33-000-2013-00493-01 (28745)
Demandante: Caja de Compensación Familiar del Huila COMFAMILIAR
Declaración Liquidación Consejo de
Concepto
privada oficial Estado
Retenciones otros conceptos 231.570.000 231.570.000 231.570.000
Total retenciones 231.570.000 231.570.000 231.570.000
Anticipo año siguiente 139.610.000 139.610.000 139.610.000
Saldo a pagar por impuesto 143.075.000 1.451.379.000 931.761.000
Sanciones 0 2.484.021.000 821.080.000
Total saldo a pagar 143.075.000 3.935.400.000 1.752.841.000
También se reliquidó la sanción por inexactitud, aplicando la tarifa del 100% prevista
en el artículo 288 de la Ley 1819 de 2016 y excluyendo de su base el rechazo de
los gastos operacionales de ventas por la ausencia de inscripción de terceros en el
RUT, como se muestra a continuación:
Cálculo sanción de inexactitud
Saldo a pagar por impuesto 931.761.000
Saldo a pagar por impuesto liquidación contribuyente 143.075.000
Base sanción inexactitud inicial 788.686.000
(-) Gastos que no generan sanción
Gastos operacionales de ventas 403.063.711
Total gastos que no generan sanción 403.063.711
Impuesto renta 33% gastos que no generan sanción 133.011.025
Base sanción inexactitud Consejo de Estado 655.674.975
Tarifa de la sanción aplicando el principio de favorabilidad 100%
Total sanción por inexactitud Consejo de Estado 655.675.000
La sanción por no informar se cuantifica, en aplicación del principio de favorabilidad,
como sigue:
Reliquidación sanción por no informar
Base información omitida no discutida 412.513.205.803
Sanción 5 % (limitada a 15.000 UVT) Art. 651 ET (vigente anteriormente) $390.735.000
Art. 651 ET (Ley 2277/2022) Sanción 1% (limitada a 7.500 UVT) Principio de Favorabilidad $165.405.000
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley.
FALLA
1. Revocar la sentencia del del 6 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila. En su lugar:
PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión nro.
132412012000074 del 21 de agosto de 2012 y de la Resolución nro. 900.387 del 28 de agosto
de 2013, proferidas por la DIAN.
SEGUNDO: Téngase como liquidación del impuesto sobre la renta del año 2009 de la Caja
de Compensación Familiar del Huila COMFAMILIAR la efectuada en la presente providencia.
2. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
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Demandante: Caja de Compensación Familiar del Huila COMFAMILIAR
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
Salvo parcialmente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Salvo parcialmente
JULIO FERNANDO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Conjuez
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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