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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2014-00028-01

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2014-00028-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 2 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y en su lugar se dispone: SEGUNDO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional de los perjuicios causados a los demandantes por la muerte de Guillermo Léiton Carrillo, ocurrida el 23 de noviembre de 2011. TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes cantidades: 100 SMLMV para cada uno de los demandantes María Inés Carrillo, Emilia Samboní Galíndez, Deimar Léiton Samboní, Guillermo Léiton Samboní y Yeraldin Léiton Samboní y; 50 SMLMV para cada uno de los actores Delfin Léiton Carrillo, Nelson Léiton Carrillo, Carlos Eduardo Léiton Carrillo y Alexander Léiton Carrillo. 165 Cfr. Art. 365 y ss. CGP. 166 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034. 82 Radicación: 41001233300020140002801 (67160) Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar, por lucro cesante, las siguientes cantidades: para Emilia Samboní Galíndez la suma de $239’248.473,88, para Deimar Léiton Samboní $31’458.005, para Guillermo Léiton Samboní $34´376.428 y para Yeraldin Léiton Samboní $36’391.824,52. QUINTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional como medidas de satisfacción y garantías de no repetición, a las siguientes: i) Al Ministro de Defensa -o a quien éste delegue-, que publique el fallo en un medio de comunicación de amplia circulación regional (dentro de los dos meses siguientes a su ejecutoria), y que el mismo sea puesto en conocimiento de los integrantes del Ejército Nacional a través de circulares internas o publicaciones en los medios oficiales de dicha institución, escritos o audiovisuales. De dicha publicación será reportada al despacho y se allegará copia del mismo al expediente. ii) Dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria, remitir copia de la presente decisión al Director del Centro Nacional de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 41001-23-33-000-2014-00028-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 41001233300020140002801 (67160)
Demandante: NELSON LÉITON CARRILLO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL

Tema: Responsabilidad del Estado por actos de ejecución extrajudicial
– falsos positivos - / valoración de la prueba trasladada, noticias
de prensa, autenticidad de los informes militares y de policía,
entrevistas efectuadas por agentes de policía judicial,
dictámenes emitidos por el Cuerpo Técnico de Investigación
CTI de la Fiscalía General de la Nación / Valor probatorio de las
declaraciones extraprocesales / Legitimación compañera
permanente / Liquidación de perjuicios.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 2 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo del Huila,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En la mañana del 23 de noviembre de 2011, Guillermo Léiton Carrillo falleció por
proyectiles de armas de fuego disparados por miembros del Grupo Gaula Militar,
en la vereda Jericó del municipio de Palestina, Huila. Según los militares, le
“dieron de baja” durante la operación No. 35 “Naipe” para evitar el secuestro de un
agricultor de la región, pues según ellos, Léiton Carrillo pretendía secuestrarlo.

Los demandantes acusan de falsa la versión proporcionada por los miembros del
Ejército Nacional, consistente en que “dieron de baja” a un “guerrillero” al que
identificaron como Guillermo Léiton Carrillo, pues, aseguran que su familiar era un

Radicación: 41001233300020140002801 (67160)
Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

campesino, caficultor y que fue víctima de ejecución extrajudicial por parte de
miembros del Ejército Nacional.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 30 de enero de 20141, María Inés Carrillo Vargas, Delfin Léiton Carrillo, Nelson
Léiton Carrillo, Carlos Eduardo Léiton Carrillo y Alexander Léiton Carrillo; así como
Emilia Samboní Galíndez quien actúa en su propio nombre y en representación de
sus hijos menores Deimar Léiton Samboní, Guillermo Léiton Samboní y Yeraldin
Léiton Samboní mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de
reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional para que se le declarara patrimonialmente
responsable por la muerte de Guillermo Léiton Carrillo, ocurrida el 23 de
noviembre de 2011.

Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la
entidad demandada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV para cada uno
de los demandantes; por “violación de derechos fundamentales”, 100 SMLMV para
cada uno de los actores; por “daño a la vida de relación”, 100 SMLMV para cada
uno de los accionantes; por lucro cesante, la suma de $674’025.000 sin
especificar a favor de quien y; por daño emergente, la suma de $100’000.000 sin
indicar a quien se le debe reconocer.

Asimismo, como medidas de satisfacción, solicitan que se les brinde tratamiento
médico y psicológico, así como asesoría y apoyo para el restablecimiento de su
proyecto de vida. Finalmente, como garantía de no repetición suplican que la
demandada haga un acto público de reconocimiento de responsabilidad y
desagravio a la víctima y que se investigue y sancione penal y disciplinariamente a

1 Archivos “ED_CUADERNO2_03DEMANDA(.PDF) NroActua 21PDF” y
“ED_CUADERNO2_09SUBSANACIONDEMANDA(.PDF) NroActua 21.PDF”, índice 21, Samai.

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

los miembros de la fuerza pública que participaron en el homicidio de Guillermo
Léiton Carrillo.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que en el año 2002,
Guillermo Léiton Carrillo vivía con su esposa e hijos en la vereda El Triunfo del
municipio de La Hormiga, Putumayo, pero que por amenazas de grupos armados
ilegales contra sus vidas e integridad personal, decidieron desplazarse a la vereda
Monserrate del municipio de Palestina, Huila.

Señala que desde 2008, Guillermo Léiton Carrillo se desempeñó como líder
comunitario en la vereda Monserrate del municipio de Palestina, Huila,
desarrollaba diferentes actividades para el bienestar de su comunidad, trabajó
como erradicador manual de cultivos ilícitos y cultivaba café.

Sostiene que, a las 6:00 a.m. del 23 de noviembre de 2011, Guillermo Léiton
Carrillo salió de su vivienda ubicada en la vereda Monserrate del municipio de
Palestina, Huila, con destino al Banco Agrario de esa misma localidad con el fin de
realizar diligencias bancarias.

Indica que, a las 3:00 p.m. del 23 de noviembre de 2011, Emilia Samboní Galíndez
recibió una llamada telefónica de quien se identificó como William Torres del
Ejército Nacional con el fin de indagar sobre el paradero de su compañero
permanente Guillermo Léiton Carrillo.

Destaca que minutos después de la primera llamada telefónica, William Torres se
comunicó nuevamente con la señora Samboní Galíndez para solicitarle que
realizara el reconocimiento del cuerpo de Guillermo Léiton Carrillo quien había
fallecido en la vereda Jericó del municipio de Palestina.

Manifiesta que, ese mismo día, Nelson Léiton Carrillo, hermano de Guillermo
Léiton Carrillo, escuchó en la radio que el Ejército Nacional había “dado de baja” a
un “guerrillero” a quien se identificó como Guillermo Léiton Carrillo, en zona rural
del municipio de Pitalito, Huila.

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

Afirma que el 23 de noviembre de 2011, Nelson Léiton Carrillo solicitó permiso al
Ejército Nacional para ver el cuerpo de su hermano e identificarlo, lo cual no fue
posible, hasta que, al día siguiente, la Fiscalía General de la Nación autorizó la
entrega del cuerpo a los familiares.

Señala que por el homicidio de Guillermo Léiton Carrillo, tanto la Fiscalía General
de la Nación como la justicia penal militar iniciaron las respectivas investigaciones
para determinar el autor de los hechos.

Los demandantes acusan de falsa la versión proporcionada por los miembros del
Ejército Nacional consistente en que “dieron de baja” a un “guerrillero” al que
identificaron como Guillermo Léiton Carrillo. Pues, aseguran que su familiar era un
campesino, caficultor y que fue víctima de ejecución extrajudicial por parte de
miembros del Ejército Nacional.

2. Contestación

El 14 de mayo de 20142, el Tribunal Administrativo del Huila admitió la demanda y
ordenó su notificación a la demandada y al ministerio público.

2.1. La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional3 afirmó que no se
demostró una actuación irregular de miembros de la fuerza pública, quienes se
ciñeron a la operación No. 35 “Naipe” consistente en evitar el secuestro de Luis
Fernando Caquimbo. Asimismo, indicó que las investigaciones militares penales y
disciplinarias iniciadas contra los uniformados fueron archivadas. Por ello, propuso
las excepciones que denominó “culpa exclusiva de la víctima”, “ausencia de
prueba de los presupuestos de hecho”, “ausencia de responsabilidad” y “ausencia
de falla en el servicio”.

2 Archivo “ED_CUADERNO2_11AUTOADMISORIO(.PDF) NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.
3Archivo “ED_CUADERNO2_24CONTESTACIONDEMAND(.PDF) NroActua 21.PDF” índice 21,
Samai.

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

3. Audiencia inicial

El 7 de diciembre de 20154 el Tribunal Administrativo del Huila realizó la audiencia
inicial, en la que declaró saneado el proceso, resolvió excepciones, decretó
pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio señaló que se
circunscribiría a determinar “si la muerte del señor Guillermo Léiton Carrillo es
imputable a los miembros del Ejército Nacional, si dicha circunstancia se puede
circunscribir dentro del marco de la responsabilidad extracontractual del Estado y
si de la misma se pueden derivar los perjuicios cuya indemnización se depreca”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 8 de noviembre de 20165 se corrió traslado a las partes y al ministerio público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora6 y el Ejército Nacional7 reiteraron los argumentos expuestos
en la demanda y su contestación.

4.2. El ministerio público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 2 de febrero de 20218 el Tribunal Administrativo del Huila
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que no

4 Archivo “48ED_047ActaAudienciaInic(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente
digital, índice 21, Samai.
5 Archivo “ED_CUADERNO1_12AUDIENCIAPRUEBASP-CDENFOLIO2331A(.PDF)NroActua
21.PDF” índice 21, Samai.
6Archivo“ED_CUADERNO1_14ALEGATOSALEGATOSDECONCLUSIÓNDEMANDANTEYMINIST

ERIODEDEFENSA(.PDF)NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.
7Archivo“ED_CUADERNO1_14ALEGATOSALEGATOSDECONCLUSIÓNDEMANDANTEYMINIST

ERIODEDEFENSA (.PDF) NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.
8 Archivo “5_ED_004SENTENCIA(.PDF) NroActua 2.PDF” índice 2, Samai.

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existió un combate entre el Ejército Nacional y Guillermo Léiton Carrillo, por lo que
la muerte de este último ocurrió en un contexto de una ejecución extrajudicial.

Al efecto, sostuvo que: “[…] Descendiendo al asunto sub examine, los
uniformados manifestaron que en la mañana del 23 de noviembre de 2011 se
desplazaron en la camioneta del señor Caquimbo hacia la vereda Jericó del
municipio de Palestina (quien al parecer iba a ser secuestrado y decidieron darle
protección). Al llegar a la puerta de la finca un sujeto intentó el plagio y al ser
atacados tuvieron que accionar sus armas y lo dieron de baja. […] Es importante
aclarar, que la prueba de absorción atómica que se cita en el auto de archivo es la
misma en la que el perito concluyó que los rastros hallados en el cuerpo del señor
Guillermo Leiton Carrillo (plomo, bario y antimonio) no eran compatibles para
residuos de disparo en mano. En tal virtud, contrario a lo que afirma la autoridad
castrense, es claro que el occiso no accionó el arma de fuego. […] de acuerdo
con las reglas de la convencionalidad (citadas con antelación), por vía indiciaria se
puede concluir que la muerte no se escenificó en desarrollo de un combate y que
la misma es compatible con una ejecución extrajudicial; lo cual, entraña una
flagrante violación de los derechos humanos y es imputable a la entidad
accionada, a quien le corresponde resarcir los perjuicios que se demuestren
irrogados”.

Como consecuencia de la anterior declaración, el a quo reconoció lucro cesante
en favor de Deimar Léiton Samboní, Guillermo Léiton Samboní, Yeraldin Léiton
Samboní y Emilia Samboní Galíndez. Igualmente, ordenó el pago de perjuicios
morales en suma equivalente de 100 SMLMV para los demandantes María Inés
Carrillo, Emilia Samboní Galíndez, Deimar Léiton Samboní, Guillermo Léiton
Samboní y Yeraldin Léiton Samboní y de 50 SMLMV para Delfin Léiton Carrillo,
Nelson Léiton Carrillo, Carlos Eduardo Léiton Carrillo y Alexander Léiton Carrillo.
Asimismo, como reparación a la afectación relevante a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados ordenó, como medidas de
satisfacción: i) la publicación del fallo en un medio de comunicación de amplia
circulación regional y que el mismo sea puesto en conocimiento de los integrantes
del Ejército Nacional y; ii) la remisión de copia de la sentencia al director del
Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo General de la Nación.

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

Finalmente, el Tribunal Administrativo del Huila no reconoció el pago de daño
emergente y el tratamiento médico y/o psicológico solicitado por los demandantes,
por no estar acreditados. Asimismo, negó los perjuicios denominados “daño a la
vida de relación” y “violación a derechos fundamentales”, al considerar que estos
se encontraban inmersos en la categoría de daño moral.

6. Recurso de apelación

El 18 de marzo de 20219 ambas partes interpusieron y sustentaron recurso de
apelación, los que fueron concedidos el 27 de agosto de 202110 y admitidos el 24
de septiembre de 202111.

6.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional12 consideró que los
hechos narrados por el personal castrense fueron coincidentes con las pruebas
que reposan en el plenario y que su comportamiento se enmarcó en una legítima
defensa. Aseguró que el arma hallada en la escena de los hechos era de “uso y
propiedad del occiso” y que la fuerza pública no reaccionó de forma
desproporcionada, en tanto existió una agresión por parte de la víctima que tuvo
que ser repelida con el uso de la fuerza legitima. De hecho, insistió que se
configuró la causal de exoneración de responsabilidad de culpa exclusiva de la
víctima.

6.2. La parte actora13 solicitó el reconocimiento del daño emergente, pues, aunque
con la demanda no aportó recibos, facturas y cuentas de cobro de gastos
incurridos, debía presumirse la causación de este tipo de perjuicio material, en
consideración al contexto social, económico, político y de conflicto en que se
encontraban las víctimas, el cual hizo inviable la conservación de dichos soportes.

9Archivos“8_ED_007RECURSOAPELACIONE(.PDF)NroActua2.PDF”y“9_ED_008RECURSOAPEL

ACIOND(.PDF) NroActua 2.PDF”, índice 2, Samai.
10Archivo“ED_CUADERNO1_31AUTOCONCEDERECURSODEAPELACIÓNEFECTOSUSPENSIV

O (.PDF) NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.
11 Archivo “ED_CUADERNO1_35AUTOADMITEYOADMITE-ADMITERECURSODEAPELACIÓN

(.PDF) NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.
12 Archivo “8_ED_007RECURSOAPELACIONE(.PDF) NroActua 2.PDF” índice 2, Samai.
13 Archivo “9_ED_008RECURSOAPELACIOND(.PDF) NroActua 2.PDF”, índice 2, Samai.

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria
del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5° del artículo 247 del CPACA14, modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en
segunda instancia.

El ministerio público guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia del 2 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y
152 numeral 6° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor15 de la
demanda, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble
instancia ante esta Corporación16.

14 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se

tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas,
una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual
concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para
alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10)
días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.”
15 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa

impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la
demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que
estos últimos sean los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en
la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la
pretensión mayor (…)”.
16 En el presente caso para el 2014 cuando se presentó la demanda, 500 SMLMV ascendían a la

suma de $308’000.000 y la pretensión mayor de la demanda es de $674’025.000.

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14017 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque
se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la Nación -
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue
alegada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia
estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se
presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un
presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio18.

17 “Artículo 140. reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política,la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño
sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de
inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad
pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.
Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la
actuación de un particular o de otra entidad pública.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades
públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de
ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…]

respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en
primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de
manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el
artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando
verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de
reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma,
formulada como excepción de fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez
en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del
C.C.A.”

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador,
apuntando a la protección del interés general19, estableció unos plazos para poder
ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos
resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y
de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado
la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción20, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

19 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
20 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el
anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter
irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso
iure21 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del
aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o
protección de la justicia22, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo
concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de
accionar. Esta concepción de límite temporal de la figura en comento, sin
embargo, opera en favor del accionado y en contra del accionante que acude
tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues implica reconocer que el
derecho a demandar se perdió, en tanto el accionado lo puede proponer como
medio exceptivo o el juez reconocer o declarar de oficio.

A su turno, artículo 164.2.i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – CPACA, vigente para la fecha de presentación de la
demanda, determinó que “La demanda deberá ser presentada: […] so pena de

21 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.

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Radicación: 41001233300020140002801 (67160)
Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

que opere la caducidad: […] Cuando se pretenda la reparación directa, […] dentro
del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia
de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o
debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”. Lo
anterior, con excepción del término para formular la pretensión de reparación
directa derivada del delito de desaparición forzada, que “se contará a partir de la
fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo
definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal
pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que
dieron lugar a la desaparición”.

Ahora bien, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio
de 201223, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales
contenidas en el CPACA24; así como las disposiciones del CGP25, en virtud de la
integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos
mencionados26.

Con relación a la caducidad, debe tenerse en cuenta que los términos que
hubiesen empezado a correr en vigencia de una ley anterior deben computarse de

23 Páginas 1 a 58 del archivo “30_ED_CUADERNO1_DEMANDAPART(.PDF) NroActua 2.PDF” y

páginas 127 a 165 del archivo “33_ED_CUADERNO1_DEMANDAPART(.PDF) NroActua 2.PDF,
índice 2, Samai. La demanda se presentó el 22 de noviembre de 2016.
24 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)

de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así
como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
25 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo

de Estado, mediante auto del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), unificó su
jurisprudencia para indicar que el CGP entró a regir a partir del primero (1º) de enero de dos mil
catorce (2014), “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (…) las cuales
se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (…)”. Ver:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de
junio de 2014, expediente 49.299.
26 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

conformidad con ella, en atención a lo consagrado en el artículo 624 del CGP 27,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, de ahí que al sub lite, en este
puntual aspecto, le resulte aplicable el numeral 8º artículo 136 del Decreto 01 de
1984 (CCA)28, comoquiera que los supuestos de hecho constitutivos del daño
antijuridico alegado en la demanda ocurrieron el 23 de noviembre de 2011, según
se acreditará más adelante.

Finalmente, debe resaltarse que la caducidad no se suspende, salvo con la
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el
conciliador, en los términos del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 29, y sólo se
interrumpe con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y
formalidades previstas en la Ley30.

No obstante, en cuanto a la forma de abordar la exigibilidad del término para
demandar cuando se invoca un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra,
mediante sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera

27 Artículo 624. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:

“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos
interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias
iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr
los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. La
competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de
formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.
28 “Artículo 136. Caducidad de las acciones. “(…)

“8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir
del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o
por cualquiera otra causa”.
29 “Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de

conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de
caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de
conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que
se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza
el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta
suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.
30 Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Código General del Proceso,

aplicable por remisión normativa del artículo 306 del CPACA: “Artículo 94. Interrupción de la
prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda
interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el
auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del
término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al
demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación
al demandado. (…)”.

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

del Consejo de Estado31 unificó su jurisprudencia y precisó que, salvo para el caso
de desaparición forzada, que cuenta con regulación legal expresa 32, la
contabilización del plazo para acceder a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo inicia desde el momento en que los afectados conocieron o
debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial a éste, excepto que existan
situaciones objetivas que impidan materialmente el ejercicio del derecho de
acción.

Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo deberá contar el plazo de
los dos (2) años para el ejercicio oportuno de la acción a partir del momento en
que el interesado sabía o tuvo posibilidad de advertir "que el Estado tuvo alguna
injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos
del artículo 90 de la Constitución Política".

De acuerdo con lo anterior y, dado que en el proceso no se probó que los
demandantes supieron de la muerte de su familiar en la cual participaron agentes
del Ejército Nacional, en una fecha distinta a la de su ocurrencia, esto es, el 23 de
noviembre de 2011, esta se tomará para el cómputo del término de caducidad.

En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en
tiempo, teniendo en cuenta: i) que la muerte de Guillermo Léiton Carrillo tuvo lugar
el 23 de noviembre de 2011 (hechos probados 7.1.7. y 7.1.8.); ii) que el 19 de
noviembre de 2013, los demandantes presentaron solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, la cual se declaró fallida el
29 de enero de 201433; y, iii) que la demanda se presentó el 30 de enero de

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,

sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, radicado 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
32 Regulado expresamente por el inciso 2º del literal i) del numeral 2o del artículo 164 de la Ley

1437 de 2011 y antes por el numeral 8º del artículo 136 del Decreto No. 1 de 1984, adicionado por
el artículo 8º de la Ley 589 de 2000.
33 Archivo “ED_CUADERNO2_04ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.

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201434, es decir, dentro de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente
para ejercer el derecho de acción.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis35.

4.1. María Inés Carrillo Vargas (madre), Deimar Léiton Samboní (hijo), Guillermo
Léiton Samboní (hijo), Yeraldin Léiton Samboní (hija), Delfin Léiton Carrillo
(hermano), Nelson Léiton Carrillo (hermano), Carlos Eduardo Léiton Carrillo
(hermano) y Alexander Léiton Carrillo (hermano), son las personas sobre las que
recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la
causa por activa, en razón a que conformaban el núcleo familiar de Guillermo
Léiton Carrillo (víctima), según dan cuenta las copias auténticas de los
correspondientes registros civiles de nacimiento36.

4.2. En cuanto a Emilia Samboní Galíndez, con la demanda se allegaron
declaraciones extra procesales37, las cuales pueden ser valoradas38, dado que la
parte demandada no solicitó su ratificación, de acuerdo con lo dispuesto en el

34 Archivos “ED_CUADERNO2_03DEMANDA(.PDF) NroActua 21PDF” y
“ED_CUADERNO2_09SUBSANACIONDEMANDA(.PDF) NroActua 21.PDF”, índice 21, Samai.
35 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la

causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas
del libelo petitorio.”
36 Archivo anexos de demanda, CD 2, páginas 25, 27, 28, 29, 37 a 44 del archivo

“ED_CUADERNO2_04ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 21 .PDF” índice 21, Samai.
37 Archivo anexos de demanda, CD 2, páginas 30, 32 y 33 del archivo
“ED_CUADERNO2_04ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 21 .PDF” índice 21, Samai.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 62669 y Corte Constitucional, sentencia T-247 del 17 de
mayo de 2016, MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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artículo 222 el CGP39, como ya lo ha precisado esta Sala de Subsección en
situaciones similares40.

Es así como en declaración del 28 de marzo de 2011, Guillermo Léiton Carrillo en
vida manifestó ante el Notario Segundo de Neiva que: “convivo en unión libre
permanente y continua desde hace 11 años con Emilia Samboní Galíndez,
identificada con cédula de ciudadanía […] siendo así como compartimos techo y
lecho y mesa en una relación filial y armónica. De nuestra unión hemos procreado
tres (03) hijos de nombres Deimar, Guillermo y Yeraldin Léiton Samboní de 11, 09
y 08 años de edad respectivamente”41.

Por su parte, el 14 de marzo de 2013, José Alirio Jaramillo Muñoz declaró ante la
Comisaría de Familia del municipio de Huila que “es un hecho cierto y verdadero
que conozco de vista, trato y conocimiento a la señora Emilia Samboní Galíndez,
quien convivió en unión libre aproximadamente 11 años, con el señor quien en
vida correspondió al nombre de Guillermo Léiton Carrillo, con cédula de
ciudadanía […] expedida en Palestina, de cuya relación tuvieron 3 hijos, los
menores de edad Deimar, Guillermo y Yeraldin Léiton Samboní”.42

A su turno, en la misma fecha, Jorge Giraldo Ortíz Moncayo hizo idéntica
declaración ante la Comisaría de Familia del municipio de Huila.43

Igualmente, se allegó certificación suscrita por Alcibiades Cabrera, presidente de
la Junta de Acción Comunal de la vereda Monserrate del municipio de Palestina,
Huila, en la que señaló que “la señora Emilia Samboní identificada con cédula de

39 “Artículo 222. ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. Solo podrán ratificarse en

un proceso las declaraciones de testigos cuando se hayan rendido en otro o en forma anticipada
sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan, siempre que esta lo solicite.
Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del
testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 17 de septiembre de 2025, exp. 69063.
41Archivo anexos de demanda, CD 2, página 30 del archivo
”ED_CUADERNO2_04ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 21 .PDF” índice 21, Samai.
42 Archivo anexos de demanda, CD 2, páginas 32 del archivo
“ED_CUADERNO2_04ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 21 .PDF” índice 21, Samai.
43 Archivo anexos de demanda, CD 2, página 33 del archivo
“ED_CUADERNO2_04ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 21 .PDF” índice 21, Samai.

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ciudadanía […] de Palestina Huila, aparece en la lista de socios de la junta
comunal, que la señora Emilia Samboní vive en la vereda Monserrate y ya hace un
año que murió su esposo Guillermo Leiton Carrillo con el cual vivió 11 años,
quedando viuda con 3 hijos”.44

También se observa que en la investigación disciplinaria No. 015 de 212,
adelantada por el comandante de la Novena Brigada del Ejército Nacional por los
hechos en los que resultó muerto Guillermo Léiton Carrillo, a Emilia Samboní
Galíndez se la consideró como “esposa” del occiso y en esa calidad se le notificó
de la decisión de archivo del 1 de octubre de 201345, elemento de juicio en el que
se le reconoce como compañera o “esposa” de la víctima –hecho indicador-, el
cual constituye una circunstancia que no puede ignorarse y que indica tal calidad
respecto de la demandante -hecho indicado-, como ya lo señaló recientemente
esta Sala en un asunto similar.46

En suma, la Sala estima que Emilia Samboní Galíndez se encuentra legitimada en
la causa por activa, en razón a que era la compañera permanente de Guillermo
Léiton Carrillo.

4.3. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, pues en la
demanda se alega que esta entidad es patrimonialmente responsable por el
homicidio de Guillermo Léiton Carrillo. Pues, la víctima falleció en desarrollo de la
operación No. 35 “Naipe” ejecutada por el Grupo Gaula Militar en la vereda Jericó
del municipio de Palestina, Huila (hecho probado 7.1.9).

44 Archivo anexos de demanda, CD 2, página 34 del archivo
“ED_CUADERNO2_04ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 21 .PDF” índice 21, Samai.
45 Páginas 53 a 75 del archivo “ED_CUADERNO1_01OTROS-
MEMORIALPARTEDEMANDANTEYANEXOSCONTINUACIÓN(.PDF) NroActua 21 .PDF”
índice 21, Samai.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 21 de octubre de 2025, exp. 48587.

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5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la muerte de Guillermo Léiton Carrillo es
atribuible a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por ejecución
extrajudicial o falso positivo en operativo militar. En caso afirmativo, se estudiará el
reconocimiento de las indemnizaciones solicitadas.

6. Solución al problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre: i) la responsabilidad del Estado, ii) la responsabilidad del Estado
por actos de ejecución extrajudicial – falsos positivos y iii) el hecho o culpa
exclusiva de la víctima.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199147 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad extracontractual a quien cause la lesión
patrimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento
estructural, también se requiere de otro componente necesario e indispensable
para establecer el deber de responder por los daños que cause la Administración
con su acción u omisión y es el referido a su asignación a quien deba responder
por aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la
atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo

47 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste”.

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obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en
ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo
con los títulos de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por
la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre
con la falla del servicio, el riesgo excepcional y el daño especial48.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Responsabilidad del Estado por actos de ejecución extrajudicial – falsos
positivos – reiteración jurisprudencial

De vieja data la Sección Tercera de la Corporación ha reprochado las conductas
desplegadas por la fuerza pública, de policía o militar, que puedan significar actos
de ejecución extrajudicial de personas en condición de indefensión, ajenas al
conflicto armado o de aquellas que hayan depuesto las armas y que por ende ya
no participan en la confrontación con el Estado.

En este sentir, se ha reiterado que los derechos a la vida y a la integridad física de
las personas, además de encontrarse expresamente consagrados en el
ordenamiento interno, tienen plena protección por virtud de los tratados
internacionales de derechos humanos de los que Colombia hace parte y
conforman el bloque de constitucionalidad49, pero que exigen del Estado la

48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
49 De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política “Los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su
limitación en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno. Los derechos y deberes
consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia (…)”. El Consejo de Estado –Sección Tercera- ha
tenido oportunidad de pronunciarse en relación con el carácter absoluto e inviolable del derecho a
la vida de las personas, en aplicación de las normas del derecho interno integradas al derecho
internacional de los derechos humanos. Esos criterios fueron consignados en las siguientes
providencias: sentencia del 8 de julio de 2009, radicación n.° 05001-23-26-000-1993-00134-
01(16974), actor: Fanny de J. Morales Gil y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

obligación de fomentar y adoptar las políticas que sean necesarias y conducentes
para evitar que se presenten ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias50.

Ahora bien, dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los
comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez
ocurrido el homicidio de las víctimas, la escena de los hechos es manipulada por
la fuerza pública para hacer aparecer la muerte de una persona como un acto
legítimo de defensa, ocurrida en combate o en enfrentamiento armado.

El montaje puede entrañar, entre muchas posibilidades, poner armas en manos de
las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por
indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los subversivos y con el
enfrentamiento; o calzarlas con botas de combate, entre otras.

Asimismo, es de común ocurrencia en esta clase de eventos que las víctimas sean
presentadas por los militares y anunciadas a los medios de comunicación como
insurgentes o delincuentes abatidos en combate, a menudo reportados como
NN´s, sepultados en fosas comunes sin previa identificación, pese a los medios
existentes para obtener su individualización.

Entonces, este tipo de situaciones se caracterizan porque en torno a ellas se
realiza una verdadera mise en scene encaminada a aparentar que la muerte de
una persona ajena al conflicto armado se produjo porque esta representaba una
amenaza contra la sociedad o contra la vida e integridad de la población o de los
integrantes de las fuerzas del orden, cuando en realidad su deceso ocurrió por
actuaciones de agentes públicos que configuran una falla en el servicio por
resultar arbitrarias, injustificadas o desproporcionadas y contrarias al mandato
constitucional de protección de la vida, la seguridad e integridad de las personas.

Policía; sentencia del 23 de agosto de 2010, radicación n.° 05001-23-25-000-1995-00339-
01(18480), actor: Pedro Saúl Cárdenas y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército.
50 En el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se hace la siguiente

previsión: “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido
por ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. En el numeral 2º ibídem se dispone
que, en los países donde exista la pena de muerte, “…sólo podrá imponerse en sentencia definitiva
dictada por tribunal competente”.

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

En estos eventos, prevalidas de su control sobre la escena donde ocurrieron los
hechos, las autoridades alteran las pruebas, las suprimen, crean o implantan unas
nuevas para enmascarar la verdad de lo sucedido y figurar que la víctima era un
actor armado ilegítimo que estaba atentando contra la población o contra los
agentes públicos, o que representaba una amenaza grave contra la vida e
integridad de estos. Así, entre las múltiples maneras de alterar la verdad, la
víctima es presentada, muchas veces, con armas o con uniformes de uso
exclusivo de las fuerzas armadas, aparentando que su muerte ocurrió en combate.

Al respecto, se reitera la jurisprudencia proferida por la Sección Tercera de la
Corporación en sentencia del 11 de septiembre de 2013, Expediente No. 20601,
ante la ejecución extrajudicial de un campesino cuyo cadáver fue reportado como
el de un guerrillero dado de baja durante un combate armado llevado a cabo en el
sector de “Piedramarcada”, en la carretera que de Tello conduce a Vegalarga, en
el departamento del Huila. En esta oportunidad la Sección consideró:

“21.4.4. […] la Sala considera que se puede hacer una definición de la conducta
antijurídica de “ejecución extrajudicial” de la siguiente forma: se trata de la acción
consiente y voluntaria desplegada por un agente estatal, o realizada por un
particular con anuencia de aquél, por medio de la cual, en forma sumaria y
arbitraria, se le quita la vida a una persona que por su condición de indefensión
está protegida por el derecho internacional. En el caso de los combatientes, su
asesinato puede ser considerado una ejecución extrajudicial cuando han depuesto
las armas.

21.4.5. De conformidad con las normas pertinentes, está proscrita toda conducta
realizada por agentes del Estado que pueda poner en peligro los derechos a la
vida y a la integridad física de las personas ajenas a los enfrentamientos armados,
como lo fue la conducta cometida en el caso de autos por los militares que
participaron en la operación desplegada en la zona rural de Tello –Huila- con
ocasión de la orden n.° 44, consistente en quitarle la vida a unos campesinos no
combatientes y luego exhibirlos como guerrilleros dados de baja durante un
enfrentamiento armado.

21.4.6. La Sala recuerda que los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad
personales, además de estar expresamente consagrados en el ordenamiento
interno, tienen plena protección por virtud de los tratados internacionales de
derechos humanos en los que es parte Colombia -en un típico enlace vía bloque
de constitucionalidad51-, de acuerdo con los cuales es obligación de los Estados

51 De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política “Los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su

21

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

impedir que se presenten situaciones de ejecuciones extrajudiciales52 y, además,
fomentar las políticas que sean necesarias y conducentes para evitar ese tipo de
prácticas.

21.4.7. Dentro de dichas políticas deseables a la luz del derecho internacional, el
Estado colombiano debe propender por una administración de justicia que sea
eficaz en el juzgamiento de los eventos en los que se presentan ejecuciones
extrajudiciales, de tal manera que pueda establecerse la verdad sobre las mismas,
sea posible la imposición de sanciones y castigos a aquellas personas –servidores
públicos o particulares- que tengan responsabilidad en los hechos, y sea factible la
reparación de los derechos de los familiares de las víctimas que han padecido
esas deleznables conductas. Al respecto, en el anexo a la Resolución 1989/65
adoptada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se
establecieron los “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de
las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, en los siguientes términos:
[…].

21.4.8. El desconocimiento de esos principios, o la falla por parte de los Estados
en la implementación de las mejoras que son necesarias para prevenir y castigar
en debida forma las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales,
implican el incumplimiento de las normas de derecho internacional que consagran
los derechos que se ven conculcados por ese tipo de conductas y, si los
respectivos casos no son debidamente estudiados y decididos por las instancias
judiciales de los respectivos países, entonces los daños que sean causados por
motivo de ese incumplimiento serán, eventualmente, materia de análisis de
responsabilidad en las instancias judiciales del sistema internacional de derechos
humanos.

21.4.9. Ahora bien, en aras de concretar el papel preventivo que debe tener la
jurisprudencia contencioso administrativa en casos como el presente, es pertinente
que la Sala ponga de presente que, de conformidad con observaciones hechas
recientemente por el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias
o arbitrarias53, en algunas ocasiones se ha incurrido en la práctica de quitarle la
vida a personas ajenas al conflicto armado y que se encuentran en estado de

limitación en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno. Los derechos y deberes
consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia (…)”. El Consejo de Estado –Sección Tercera- ha
tenido oportunidad de pronunciarse en relación con el carácter absoluto e inviolable del derecho a
la vida de las personas, en aplicación de las normas del derecho interno integradas al derecho
internacional de los derechos humanos. Esos criterios fueron consignados en las siguientes
providencias: sentencia del 8 de julio de 2009, radicación n.° 05001-23-26-000-1993-00134-
01(16974), actor: Fanny de J. Morales Gil y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-
Policía; sentencia del 23 de agosto de 2010, radicación n.° 05001-23-25-000-1995-00339-
01(18480), actor: Pedro Saúl Cárdenas y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército.
52 En el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se hace la siguiente

previsión: “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido
por ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. En el numeral 2º ibídem se dispone
que, en los países donde exista la pena de muerte, “…sólo podrá imponerse en sentencia definitiva
dictada por tribunal competente”.
53 Informe dirigido a la Asamblea General de la ONU por el Relator Especial sobre ejecuciones

extrajudiciales, Philip Alston, presentado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 14
periodo de sesiones, Tema 3 de la agenda, “Promoción y protección de todos los derechos
humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”,
distribuido al público el 31 de marzo de 2010.

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indefensión, para luego presentarlas a las autoridades y a los medios de
comunicación como bajas ocurridas en combate, dentro de lo que
eufemísticamente ha dado en llamarse por la opinión pública “falsos positivos”. […]

21.4.10. En relación con el modus operandi de los llamados “falsos positivos”, el
relator de la ONU hizo la siguiente observación: (…) Una vez que estas víctimas
son asesinadas, las fuerzas militares organizan un montaje de la escena, con
distintos grados de habilidad, para que parezca un homicidio legítimo ocurrido en
combate. El montaje puede entrañar, entre otras cosas, poner armas en manos de
las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por
indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los guerrilleros; o
calzarlas con botas de combate. Las víctimas son presentadas por los militares y
anunciadas a la prensa como guerrilleros o delincuentes abatidos en combate. A
menudo se entierra a las víctimas sin haberlas identificado (bajo nombre
desconocido), y en algunos casos en fosas comunes54.

21.4.11. De modo que resulta de la mayor importancia para el Consejo de Estado
poner de relieve, en casos como el presente, las inapropiadas conductas
cometidas por los agentes estatales, con la finalidad de sentar un precedente que
obligue a la administración pública a eliminar de raíz este tipo de conductas, y para
que el caso reciba la reparación debida que haga innecesaria la recurrencia de los
ciudadanos ante las instancias internacionales.”

Asimismo, en reciente pronunciamiento esta Subsección reiteró los argumentos
antes citados y sostuvo que:

“Aplicados al caso particular los criterios antes señalados, la Sala considera que la
muerte de Eder Carvajal Bernal configura un evento de “falso positivo”,
consecuencia de una ejecución extrajudicial efectuada por el Ejército Nacional,
constitutiva de homicidio agravado, perpetrado deliberadamente por agentes
estatales cuando la víctima se encontraba en estado de indefensión e inferioridad,
posteriormente disfrazado por el personal militar para exhibirlo como un subversivo
legítimamente abatido, frente al cual la entidad demandada no pudo acreditar que
el hecho se produjo con ocasión de un combate o en cumplimiento legítimo y
proporcional de las funciones que correspondían al cuerpo militar.”55

54 En el informe se hace un relato de las posibles causas por las que el relator de la ONU considera

que se ha propiciado la práctica de las ejecuciones judiciales en Colombia, entre los que se
encuentran: presiones ejercidas por los mandos militares para la obtención de resultados en los
combates; el régimen de recompensas estatuido en las fuerzas militares; en relación con la
responsabilidad penal de las personas involucradas en los homicidios, en el informe se considera
que la “falta de atribución de responsabilidad penal ha sido un factor clave” pues “los soldados
sabían que podían cometer tales actos y salir impunes”, y se destaca la dificultad que tienen los
órganos investigativos como el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía para llevar a cabo
los levantamientos de los cadáveres en forma apropiada; y, finalmente, la atribución de
competencias a la jurisdicción penal militar para el juzgamiento criminal de los casos relacionados
con ejecuciones extrajudiciales, cuando lo cierto es que el conocimiento de los mismos debería
recaer en la jurisdicción ordinaria.
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de agosto de 2022., Exp.

60452.

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Dicho esto, frente a la verificación de las circunstancias propias de cada caso, y
comoquiera que se presenta, de una parte, la versión oficial de los agentes del
Estado y, de la otra, el relato opuesto de las víctimas, el papel del juez consiste en
establecer la mayor cercanía a la verdad material a partir de los postulados de la
sana crítica, de la autonomía judicial y de la probabilidad e inferencia lógicas.

Por ello, comoquiera que por un lado los autores y partícipes de los hechos
buscan esconder la verdad ofreciendo una apariencia diferente a la realidad y las
víctimas no siempre tienen a su alcance todos los medios necesarios o las
garantías para establecer y dar a conocer lo verdaderamente ocurrido, en este
escenario la prueba indirecta cobra especial relevancia y en consecuencia permite
reconstruir los hechos, de manera que quienes por su condición no gozan de
todas las garantías puedan lograr una justicia efectiva, sin que ello se oponga al
deber de carga de la prueba que corresponde a las partes del proceso.

Entonces, estos eventos encuentran su mayor acreditación en la prueba de
carácter indiciario que, en su labor valorativa y mediante la inferencia lógica,
construye el juez partiendo de la existencia de unos hechos debidamente
conocidos y acreditados mediante prueba directa56 para, por medio de la
aplicación de la sana crítica, la lógica y las reglas de la experiencia, establecer
aquellos supuestos fácticos que no están directamente demostrados y son
desconocidos en el plenario57.

Al respecto, ante una situación de ejecución extrajudicial, en sentencia de 31 de
mayo de 2016, Exp. 38757, la Sala reiteró que una antinomia de este tipo se debe
resolver a partir de los postulados de la sana crítica, prevista en el artículo 176 del
Código General del Proceso 58, y definida por la jurisprudencia de esta Corporación
como “la capacidad del juez para darle a las pruebas la mayor o menor

56 Artículo 240, Código General del Proceso. “Para que un hecho pueda considerarse como indicio

deberá estar debidamente probado en el proceso.”
57 Artículo 242, Código General del Proceso. “El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en

consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que
obren en el proceso.”
58 Código General del Proceso. “Artículo 176. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de

acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley
sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”.

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credibilidad, según su conexión con los hechos a demostrar y su capacidad de
convencimiento”59 y en virtud de la cual “el juez goza de cierta libertad a la hora de
apreciar el mérito probatorio de los medios de convicción, no debiendo sujetarse,
como en el sistema de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas e
indicadoras de la conclusión a la que se debe arribar, en presencia o en ausencia
de determinada prueba”60.

En el mismo sentido, esta Subsección ha señalado que, en virtud de los principios
de la sana crítica y la autonomía del juez en la valoración probatoria, los medios
de prueba que ofrezcan una mayor probabilidad lógica con respecto a la
ocurrencia de los hechos objeto de discusión, deben prevalecer en cada caso
concreto:

“Cuando en un caso particular existen diversas pruebas que apoyan diferentes
versiones o hipótesis sobre los hechos, el juez deberá elegir entre ellas prefiriendo
la versión que esté soportada por un mayor nivel de probabilidad lógica61, labor en
la cual será necesario observar cuál de las hipótesis del caso corresponde a una
mejor inferencia lógica de las pruebas que las soportan, aplicando en este examen
las llamadas máximas de la experiencia, que no son más que generalizaciones
surgidas de los hallazgos generalmente aceptados por la ciencia o el sentido
comúnmente aceptado62.

Al decir de Taruffo, “si se dan distintas hipótesis sobre el hecho contradictorias o
incompatibles, cada una de las cuales con un grado determinado de probabilidad
lógica sobre la base de las pruebas, la elección de la hipótesis que ha de ponerse
en la base de la decisión se realiza mediante el criterio de probabilidad

59 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 30 de enero de 1998, Exp. 8661, C.P. Delio

Gómez Leyva.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2005, Exp. 27946.
61 Cita original: “En este punto se acoge la doctrina sentada por Michele Taruffo, quien afirma:

“…Pero la situación más complicada se da cuando existen diversos medios de prueba sobre el
mismo hecho, pero “discrepantes” o “contrarios” entre ellos, porque algunos de ellos tienden a
probar la verdad y otros tienen a probar la falsedad del enunciado acerca de la ocurrencia de ese
hecho. En estas circunstancias, el juzgador tiene que elegir entre, al menos, dos versiones
diferentes del hecho, una positiva y otra negativa, ambas apoyadas por una parte de los medios de
prueba presentados. El problema es elegir una de estas versiones: la elección racional indicaría
que debe elegirse la versión, positiva o negativa, que esté sustentada por pruebas preponderantes,
es decir, por el grado relativamente superior de probabilidad lógica”. La Prueba, Madrid, 2008,
capítulo V: “La adopción de la decisión final”, num. 98, página 141”.
62 Cita original: “Dice al respecto Jordi Ferrer Beltrán: “Es interesante observar que en el esquema

de razonamiento presentado, los supuestos adicionales están integrados por generalizaciones
empíricas. Estas generalizaciones son la garantía de la inferencia que va de un hecho a otro y
otorgarán mayor o menor fuerza a la inferencia en función del grado de corroboración que las
propias generalizaciones tengan (…). Éstas pueden ser de muchos tipos e integran lo que los
juristas suelen denominar “máximas de la experiencia” que incluyen conocimientos técnicos, leyes
científicas o simples generalizaciones del sentido común”. La valoración racional de la prueba,
Madrid, 2007, num. “2.2.2.3.1. La metodología de la corroboración de hipótesis”, página 133”.

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prevaleciente. (...) En el contexto de la probabilidad lógica y de la relación hipótesis
/ elementos de prueba, en el que es racional que hipótesis contradictorias o
incompatibles adquieran grados de confirmación independientes sobre la base de
los respectivos elementos de prueba, el único criterio racional de elección de la
hipótesis que resulta más aceptable es el que se basa en la relación entre los
distintos valores de probabilidad lógica y privilegia la hipótesis caracterizada por el
valor más elevado. Debe escogerse, en resumen, la hipótesis que reciba el apoyo
relativamente mayor sobre la base de los elementos de prueba conjuntamente
disponibles. Se trata, pues, de una elección relativa y comparativa dentro de un
campo representado por algunas hipótesis dotadas de sentido, por ser, en distintas
formas, probables, y caracterizado por un número finito de elementos de prueba
favorables a una hipótesis. No obstante, se trata también de una elección racional,
precisamente por ser relativa, dado que consiste únicamente en individualizar la
alternativa más fundamentada en una situación de incertidumbre definida por la
presencia de distintas hipótesis significativas63.

De igual forma, debe señalarse que el uso de armas de fuego por parte de las
fuerzas de policía y militares únicamente puede tener lugar en los casos en que
ello sea estrictamente necesario y mediando los principios de proporcionalidad,
moderación y razonabilidad, teniendo en cuenta que sobre los agentes del Estado
recae la obligación de mitigar los daños y evitar lesiones innecesarias que se
puedan causar, garantizando la asistencia inmediata y servicio médico a las
personas que resulten heridas o afectadas, así como les corresponde procurar
que los familiares o allegados de éstas tengan conocimiento de lo sucedido en el
plazo más breve posible.

Asimismo, corresponde a los agentes estatales la obligación de informar de
inmediato a sus superiores y a las autoridades competentes del acaecimiento de
los hechos, para que se surtan las investigaciones pertinentes, dada la obligación
del Estado de iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, imparcial y
efectiva sobre lo sucedido64.

63 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 20333, C.P. Danilo

Rojas Betancourth; sentencia de 26 de julio de 2012, Exp. 23265, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
64 Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C No. 147, párrafo 143:

“la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales
efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben
ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello
dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno
ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su
jurisdicción (artículo 1.1)”; Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, Sentencia de 15 de
septiembre de 2005, Serie C No. 134, párrafo 219: “ejecuciones extrajudiciales […] en este tipo de
casos el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y

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A la sazón, se advierte que el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse con el debido
respeto de los derechos humanos, en cuyo efecto se hallan establecidos los
mencionados principios de necesidad, proporcionalidad, moderación y
razonabilidad, cuyo contenido limita la actuación oficial. Así, el criterio de
necesidad implica que el uso de la fuerza y de armas de fuego únicamente resulta
legítimo cuando se dirige a cumplir un fin superior y no exista una forma menos
lesiva para proteger los bienes jurídicos tutelados. De modo que el principio de
necesidad es la pauta fundamental en el ejercicio y uso de la fuerza y de las
armas de fuego, que solo se legitima cuando su empleo resulta inevitable o
cuando otros medios resultan ineficaces o no garantizan el objetivo previsto de
donde la respuesta a la afectación debe resultar proporcional a esta.

En idéntico sentido, la necesidad del uso de la fuerza y de las armas de fuego
fundamenta y justifica su ejercicio en la proporcionalidad, pues será proporcional
la actuación orientada a alcanzar un bien mayor o razonablemente equivalente a
la magnitud de los intereses sacrificados, de manera que se ajuste a la dimensión
o gravedad de la situación, en contraposición al interés legítimo perseguido.

De igual modo, en atención al principio de proporcionalidad se exige que el uso de
la fuerza y de armas de fuego atienda criterios de moderación, de manera que en
su despliegue se evite llegar a un punto extremo, lo cual implica la búsqueda del
equilibrio entre la actuación de los agentes y el fin perseguido. Entonces, cuando
con el uso de la fuerza o de las armas de fuego se desborda el principio de
moderación y su ejercicio excede o no está debidamente equilibrado respecto del
objetivo trazado, la actuación oficial pierde justificación, tornándose ilegitima.

efectiva256. Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de
derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser
escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en
la búsqueda de una justa compensación257. Sin embargo, la búsqueda efectiva de la verdad
corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima, o de sus familiares o
de su aportación de elementos probatorios”

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Ahora, de manera análoga se espera que el uso de la fuerza y de las armas de
fuego por parte de los agentes del Estado se despliegue bajo el concepto de
razonabilidad, lo que implica que solo se puede aplicar la fuerza o utilizar armas
de fuego cuando se satisface y se concreta el principio de proporcionalidad65, de
modo que pueda establecerse que la reacción armada fue razonable, proporcional
y justificada.

Por otra parte, conviene precisar que los pronunciamientos de la Sección Tercera
de esta Corporación en torno a los resultados de las investigaciones penales o
disciplinarias surtidas por otras autoridades frente a la actuación de los agentes
estatales involucrados en la producción de un daño antijurídico, no implican en
modo alguno, que el proceso contencioso deba llegar a las mismas conclusiones
de la justicia ordinaria.

En efecto, sobre este punto la Sala ha señalado:

La Sala reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual la sentencia penal que se
profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea ésta
condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación
que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque, conforme se ha
sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el
objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción
penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para
ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del
ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la
indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea
imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia,
diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias,
así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la
tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de responsabilidad que por
mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de
reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de
prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el
fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el
daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al
servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que
admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño
causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente
puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber
tenido nexo con el servicio.

Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye
el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con

65 Corte Constitucional, sentencia C-022 de 23 de enero de 1996.

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los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se
formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado,
conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en
los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen
de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular.

Y, finalmente, si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene
efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el
valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia
penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única
prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los
demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del
agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal
no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción
de reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el
proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de
responsabilidad66.

Así las cosas, es claro que, tratándose de procesos distintos en cuanto a la
naturaleza y fines, al objeto, a la causa, a las partes y a los principios y normas
que los rigen, así como al tipo de responsabilidad que se debate, nada impide que
se presenten decisiones distintas en el ámbito penal y en el de la responsabilidad
administrativa. De tal manera, la decisión frente a la responsabilidad del Estado no
está atada a lo resuelto por la justicia penal o disciplinaria, cuyas providencias solo
constituyen parte del cúmulo probatorio con fundamento en el cual habrá de
decidirse67.

6.3. Hecho o culpa exclusiva de la víctima

La jurisprudencia y doctrina han sostenido que es posible que el Estado se
exonere de responsabilidad extracontractual si se acredita que el daño que se
pretende indemnizar e imputar es atribuible al hecho determinante y exclusivo de
la propia víctima68 o de un tercero.

66 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, Exp. 16533; sentencia

de 29 de octubre de 2012, Exp. 19062; sentencia de 31 de mayo de 2016, Exp. 38757.
67 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 31 de mayo de 2016, Exp.

38757.
68 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1 de abril de 2019, Rad. 42671; Sentencia

del 22 de noviembre de 2017, Rad. 39848.

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Sobre los eximentes de responsabilidad, tuvo la oportunidad esta Corporación69 de
referirse, en los siguientes términos:

“Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad -fuerza
mayor o caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima-,
constituyen diversos eventos que impiden imputar, desde el punto de vista jurídico,
la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio.
Para que se estructuren se requiere lo siguiente: “Tres son los elementos cuya
concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea
procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad
y (iii) su exterioridad respecto del demandado (…) Por otra parte, a efectos de
que operen los mencionados eximentes de responsabilidad (hecho de la víctima o
de un tercero), es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u
omisivo de aquellos tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del
daño.”

De lo anterior, se deduce que cuando se alega el hecho o la culpa exclusiva de la
víctima como causal eximente de responsabilidad, no cualquier actuación de esta
puede generar un verdadero rompimiento de la imputación de la responsabilidad.
Justamente, para que la culpa de la víctima rompa la imputación existente hasta
ese momento entre una acción u omisión de la administración y un daño
antijuridico, debe acreditarse que el hecho atribuible a la víctima fue determinante
en la realización del mismo, y que fue un evento exterior, imprevisible e irresistible
respecto del demandado.

Entonces, cuando se cumplen estos elementos de juicio, se configura el hecho o
la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad y, desde el
punto de vista fáctico y jurídico, impide realizar la imputación del daño a la
Administración70.

En conclusión, para que el hecho o culpa de la víctima como causal eximente de
responsabilidad tenga plenos efectos liberatorios, resulta determinante que la
conducta del propio perjudicado sea fundamento y raíz del menoscabo, es decir,

69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de marzo de 2011, Rad.:19067.
70 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1 de abril de 2019, Rad. 42671.

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que el comportamiento de éste se erija como causa adecuada en la producción o
resultado del hecho lesivo71. De lo contrario, cuando haya contribuido a su propia
afectación debiendo o pudiendo evitarla, se configura un evento en el cual la
exoneración podrá ser parcial, con fundamento en el artículo 2357 del Código Civil.

7. El caso concreto

En los recursos de apelación presentados contra la sentencia proferida el 2 de
febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, la parte accionada argumentó que la muerte de
Guillermo Léiton Carrillo se produjo por su propia culpa y que no hubo una
reacción desproporcionada de la fuerza pública. Por su parte, los demandantes
solicitan el pago del daño emergente que fue negado en primera instancia.

En ese sentido, comoquiera que ambas partes presentaron recurso de apelación
contra la sentencia proferida el 2 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo
del Huila, el asunto se resolverá de conformidad con lo dispuesto en el artículo
328 del Código General del Proceso. Por ello, a continuación, se analizará sin
limitaciones si la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional es
patrimonialmente responsable por la muerte de Guillermo Léiton Carrillo, en lo que
se conoce como una ejecución extrajudicial.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

Antes de enunciar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
proceso, es necesario precisar que la Sala valorará sin restricción alguna las
pruebas documentales y testimoniales trasladadas de la investigación penal No.

71 Consejo de Estado; Sección Tercera, Sentencia del 9 de junio de 2010, Rad. 17605. Consejo de

Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de abril de 2010, Rad. 18562.

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646-J64IPM-201172 adelantada por el Juzgado 64 de Instrucción Penal Militar y la
investigación disciplinaria No. 015 de 201273 adelantada por el comandante de la
Novena Brigada del Ejército Nacional, ambas con ocasión del homicidio de
Guillermo Léiton Carrillo ocurrida el 23 de noviembre de 2011 en la vereda Jericó
del municipio de Pitalito, Huila, allegadas al plenario74, dado que fueron
debidamente solicitadas y decretadas en el expediente y de ellas se le corrió
traslado a la entidad demandada, de manera que ambas partes procesales
conocieron su contenido y contaron con la oportunidad de ejercer la contradicción
de las mismas.

Asimismo, debe advertirse la presunción de autenticidad de los informes militares
y de policía obrantes en el plenario, según lo dispuesto por la Sección Tercera de
esta Corporación, que ha señalado: “el documento público, es el otorgado por el
funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo,
es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones
públicas o con su intervención” (artículo 243 CGP). Como lo ha señalado la
jurisprudencia de esta Sección, “se presume auténtico y tiene pleno valor
probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea
desvirtuada mediante tacha de falsedad”75, según lo dispone el artículo 244 del
CGP. Entonces, la autenticidad del informe militar o de policía se halla en la
certeza que se tiene de haberse elaborado y suscrito por el funcionario público. No
obstante, lo que se discute en el caso de autos es, precisamente, la legalidad de la
actuación desplegada por el Ejército Nacional, reportada por los informes militares,

72 Archivos “ED_CUADERNO2_26OTROS-ANEXOSCONTESTACIÓNDEMANDA (.PDF) NroActua

21.PDF”, “ED_CUADERNO3_01OTROS-DOCUMENTORESERVADO(.PDF)NroActua21 .PDF”,
“ED_CUADERNO4_01OTROS-DOCUMENTORESERVADO(.PDF) NroActua 21 .PDF”, índice 21,
Samai.
73 Cuaderno principal No. 3, cuaderno principal No. 4, cuaderno principal No. 6, cuaderno de

pruebas No. 12.
74 “Código General del Proceso, artículo 174. Prueba trasladada y prueba extraprocesal. Las

pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán
apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a
petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá
surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a las
pruebas extraprocesales.
La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias
jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan”.
75 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010. Expediente:19056.

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de manera que su alcance probatorio se sujetará al conjunto de los demás medios
de prueba.

Sumado a lo anterior, es menester poner de presente que las entrevistas
efectuadas por agentes de policía judicial recogen las versiones de personas
determinadas que atestiguan de forma directa o indirecta un hecho sobre el cual
se indaga penalmente, de conformidad con las normas que se consideran
infringidas y que constituyen un delito, a fin de obtener información relevante que
permita la reconstrucción de la realidad, adelantar las diligencias y proferir las
decisiones judiciales correspondientes. Sin embargo, como las exposiciones que
las personas rinden ante estos servidores no se realizan bajo la gravedad de
juramento, están a merced de eventuales imprecisiones o tergiversaciones,
situación que, en principio, impide al juez reconocerle a este tipo de medios una
capacidad probatoria con mérito de valoración judicial y, por tanto, no pueden
tenerse en cuenta en juicio, en atención a lo dispuesto en el artículo 220 del
CGP76. Así las cosas, la Sala no otorga valor probatorio a las entrevistas
recolectadas por los investigadores de la Policía Judicial 77 .

En similar sentido, se hace constar que las diligencias de versión libre e
indagatorias rendidas en las actuaciones penales y disciplinarias por los militares
objeto de dichas investigaciones78 no fueron rendidas bajo la gravedad del

76 “Artículo 220. formalidades del interrogatorio. Los testigos no podrán escuchar las declaraciones

de quienes les precedan.
Presente e identificado el testigo con documento idóneo a juicio del juez, este le exigirá juramento
de decir lo que conozca o le conste sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga
conocimiento, previniéndole sobre la responsabilidad penal por el falso testimonio. A los menores
de edad no se les recibirá juramento, pero el juez los exhortará a decir la verdad. […]”.
77 Páginas 104 a 113 del archivo “ED_CUADERNO3_01OTROS-
DOCUMENTORESERVADO(.PDF) NroActua 21.PDF”. Páginas 224 a 229 del archivo
“ED_CUADERNO5_01OTROSANEXOSCONTESTACIONDEMANDACONTINUACION(.PDF)NroA
ctua21.PDF”, índice 21, Samai. Fl. 801 a 804, Cuaderno principal 5. Fl. 1750 a 1759, Cuaderno
principal 10.
78 Páginas 117 a 125, 239 a 250 del archivo “ED_CUADERNO3_01OTROS-
DOCUMENTORESERVADO(.PDF) NroActua 21.PDF”. Páginas 5 a 15 del archivo
“ED_CUADERNO4_01OTROS-DOCUMENTORESERVADO(.PDF) NroActua 21 .PDF”. Páginas 36
a 40 del archivo “ED_CUADERNO5_01OTROS-
ANEXOSCONTESTACIONDEMANDACONTINUACION(.PDF) NroActua 21.PDF”. Páginas 58 a
60, 192 a 200 del archivo “ED_CUADERNO5_01OTROS-
ANEXOSCONTESTACIONDEMANDACONTINUACION(.PDF) NroActua 21.PDF”, índice 21,
Samai. Fl. 105 a 127, 158 a 160, 162 a 163, Cuaderno principal 5. Fl. 1074 y 1075, 1105 a 1106,
1135 a 1138, 1170 y 1171, Cuaderno principal 6. Fl. 1618 a 1621, 1639 a 1641, 1718 a 1720

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

juramento, situación que impide al juez reconocerle a este tipo de medios una
capacidad probatoria con mérito de valoración judicial y, por tanto, no pueden
tenerse en cuenta en juicio, en atención a lo dispuesto en el artículo 220 del CGP.

Asimismo, no se otorga valor probatorio de testimonio a las declaraciones
rendidas por los demandantes79, toda vez que este medio de prueba no puede
provenir de los sujetos procesales80 y tampoco reúne los requisitos dispuestos por
el artículo 19181 del Código General del Proceso para la declaración de parte,
pues su deposición no comporta una confesión que favorezca a la parte
demandada o de la que se desprendan consecuencias jurídicas adversas a la
parte demandante82.

cuaderno principal 9. Fl. 1721 a 1725, 1991 a 1996, cuaderno principal 10. Fl. 2121 a 2122, 2151 a
2152, 2178 a 2181, 2212 a 2213, cuaderno principal 11.
79 Fl. 1035 a 1039, 1150 a 1152, Cuaderno principal 6.
80 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de agosto de 2020, Exp.

46057, “En tales condiciones, no resulta susceptible de valoración dicha declaración, puesto que el
testimonio debe provenir de terceros. En efecto, el artículo 213 del C.P.C. 15, que establece que
“Toda persona tiene el deber de rendir el testimonio que se le pida, excepto en los casos
determinados por la ley”, está ubicado en el Capítulo IV del Título XIII de la Sección Tercera del
estatuto procesal, y ese capítulo se refiere, precisamente, a la “Declaración de Terceros”, por lo
que se descarta que el testimonio pueda provenir del demandante o del demandado, quienes tan
sólo pueden rendir declaración dentro del proceso mediante un interrogatorio de parte, que es un
medio de prueba distinto, […] (arts. 202 a 210, C.P.C.). (…) se trata de una declaración realizada
por los propios demandantes; tener en cuenta el testimonio de una de las partes, equivaldría a “(…)
valorar la apreciación de uno de los demandantes frente a circunstancias que los benefician, como
si hubieran sido percibidas por un tercero imparcial, teniendo en cuenta que tal posibilidad es
contraria a la naturaleza de las declaraciones de terceros -prueba histórica o de reconstrucción de
hechos.”
81 “Artículo 191. Requisitos de la confesión. La confesión requiere: 1. Que el confesante tenga

capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado. 2. Que
verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que
favorezcan a la parte contraria. 3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija
otro medio de prueba. 4. Que sea expresa, consciente y libre. 5. Que verse sobre los hechos
personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento. 6. Que se encuentre
debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada. La simple declaración de parte se
valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas.”
82 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 5 de diciembre de 2022, Exp.

56466: “el artículo 194 del CPC señala que la declaración o interrogatorio de parte es la forma en la
que se provoca la confesión judicial. La declaración de parte solo puede apreciarse en los términos
del artículo 195 de la misma normativa, es decir, en aquello que le produzca consecuencias
jurídicas adversas al confesante o que favorezca a la parte contraria, y con el cumplimiento de los
demás requisitos que establece esta norma, a saber: i) que el confesante tenga capacidad y poder
dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado, ii) que recaiga sobre hechos sobre los
cuales la ley no exija otro medio de prueba, iii) que sea expresa, consciente y libre, iv) que verse
sobre hechos personales del confesante y v) que se encuentre probada, cuando fuere extrajudicial
o judicial trasladada.”

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Finalmente, es necesario precisar que las impresiones de las noticias de prensa
allegadas al plenario se valoraran según los criterios expuestos por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es,
que se acredita la publicación de la nota o reportaje de periódico, pero indicándose
que ella sola no es suficiente para demostrar la veracidad y certidumbre de la
información publicada. En otras palabras, la divulgación periodística por sí sola, no
otorga certeza de los hechos en ella contenidos, sino que su ocurrencia y
veracidad deben ser analizados en conjunto y de manera concurrente con otras
pruebas que hayan sido regular y oportunamente allegadas al proceso, para
constatar con certeza las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvieron
ocurrencia83los hechos que se quieren probar.

Así pues, de conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al
proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1.1. Se comprobó que, desde el 29 de octubre de 2008, Emilia Samboní
Galíndez se encuentra registrada como persona desplazada en la base de datos
de la Personería del municipio de Acevedo, Huila, y que actualmente su núcleo
familiar está compuesto por cuatro personas, tres de ellas menores de edad. De
ello da cuenta la certificación suscrita por el personero de esa localidad el 23 de
febrero de 2013.84

7.1.2. Se acreditó que, en fechas indeterminadas, Guillermo Léiton Carrillo trabajó
para la empresa Empleamos S.A. de Medellín como erradicador de cultivos ilícitos
durante dos años aproximadamente. De ello da cuenta la certificación suscrita el
15 de marzo de 2013 por Jeyer Antonio Pino Gironza.85

83 Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa Administrativa, sentencia del 29 de mayo de 2012,

exp. 11001031500020110137800. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de
febrero de 2018.
84 Página 22 del archivo “ED_CUADERNO2_04ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 21.PDF”

índice 21, Samai.
85 Páginas 23 y 24 del archivo “ED_CUADERNO2_04ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua

21.PDF” índice 21, Samai.

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

7.1.3. Se demostró que, “Guillermo Léiton Carrillo se encuentra registrado en la
base de datos de la empresa temporal como erradicador, el cual prestó sus
servicios en los años 2009 y 2010 (solo una fase laborada por año) y se informa
de igual manera que su retiro del sistema se registra de manera normal”. Así
consta en el oficio del 8 de diciembre de 2013 suscrito por el jefe de la Oficina
Jurídica de la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial.86

7.1.4. Se probó que, entre 2010 y 2011, Guillermo Léiton Carrillo fue proveedor de
café del establecimiento de comercio La Gran Esquina ubicado en San Adolfo,
Huila. De ello da cuenta la certificación del 18 de octubre de 2013 suscrita por el
propietario de dicho establecimiento.87

7.1.5. Se verificó que mediante informe de inteligencia del 31 de octubre de 2011 -
el cual se encuentra sin firmas-, proveniente del Batallón de Infantería No. 27
Magdalena, se le informó al coordinador del CTI Grupo Gaula Militar que el 29 de
octubre de 2011 “podría” efectuarse el secuestro del agricultor Luis Caquimbo en
su finca ubicada en la vereda Jericó del municipio de Palestina, Huila, por parte de
seis sujetos pertenecientes al Frente 13 “Cacica La Gaitana” de las FARC. De ello
da cuenta el referido documento88, el cual fue suscrito en fecha posterior al posible
secuestro que allí se pone en conocimiento.

7.1.6. Se comprobó que en el Anexo de Inteligencia “A” del 22 de noviembre de
2011, suscrito por el jefe de la Unidad de Inteligencia del Grupo Gaula Militar
Huila, capitán Aldemar Romero Agredo, se reseñó que, para la época de los
hechos, en ese departamento operaba el Frente 13 “Cacica La Gaitana” de las
FARC el cual estaba dividido en dos comisiones, una comandada por NN alias
“Pablo 13” y la otra por NN alias “Jimmy Negrito”. Igualmente, el documento
indicaba que dicho Frente estaba conformado también por NN alias “Ricardo el
peludo”, NN alias “Nelcy la Mona”, NN alias “Exenover Picón”, NN alias “Rigo”, NN

86 Página 26 del archivo “ED_CUADERNO2_04ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 21.PDF”
índice 21, Samai.
87 Página 28 del archivo “ED_CUADERNO2_04ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 21.PDF”

índice 21, Samai.
88 Páginas 47 a 51 del archivo “ED_CUADERNO3_01OTROS-DOCUMENTORESERVADO(.PDF)

NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

alias “Otoniel”, NN alias “Fidel”, NN alias “Cuy Esneider”, NN alias “Augusto o
Palizada”, NN Becerra alias “Ebert”, NN alias “Camila”, NN alias “Diego o
Parparos”, NN alias “Yolima o Machoman”, NN alias “Lucas”, NN alias Robinson”,
NN alias “Claudia o Coletrapo”, NN alias “Andrea o Patilica”, NN alias “Mónica”,
NN alias “Yudy”, NN alias “Vanesa”, NN alias “Edwin o Tieso”, NN alias “Adrián”,
NN alias “Álex”, NN alias “Daniela”, NN alias “Yuly”, NN alias “Salomón o Mecato”,
NN alias “Einer o El Chacho”, NN alias “Miller Medina”, NN alias “Deisy o
Policarpa”, NN alias “Alexander o Mascota”, NN alias “Brayan”, NN alias “Darwin o
Civil Carlos”, NN alias “Julián Hummer”, NN alias “Fredy” y NN alias “Andrés”. De
ello da cuenta el referido documento, en el cual también se dejó constancia del
posible secuestro del agricultor Luis Fernando Caquimbo en la finca “Zorrillo” de
su propiedad, ubicada en la vereda Jericó del municipio de Palestina, Huila, por
parte de miembros del Frente 13 “Cacica La Gaitana” de las FARC, en los
siguientes términos:89

“[…]” De acuerdo al informe de inteligencia suministrado por el Batallón de Infantería
No. 27 Magdalena, en donde fuente humana informa de posible secuestro de
agricultor Luis Caquimbo en la finca de su propiedad en la vereda Jericó del
municipio de Palestina, Huila, por parte de integrantes de milicias populares del
Frente 13 ‘Cacica La Gaitana’ de las FARC que hacen coordinación con el terrorista
alias ‘Ricardo o el Peludo’ segundo cabecilla de esta organización y jefe de
finanzas, coordinando con Andrés, líder y autor material e intelectual del posible
secuestro con el apoyo de Alex, Pirry y Juanito el otro integrante sin identificar. Se
llevará a cabo cuando el señor Luis Caquimbo llegue a la finca de su propiedad El
Zorrillo en la vereda Jericó del municipio de Palestina, Huila, al proceder a abrir su
puerta van a proceder al plagio y posteriormente entregarlo a la Comisión del NN
‘Peludo’. […]”.

7.1.7. Consta que, la operación No. 35 “Naipe” a cargo del Grupo Gaula Militar
Huila se ejecutaría el 23 de noviembre de 2011 entre las 4:00 a.m. y las 4:00 p.m.
con el fin de desarrollar “una operación de control territorial antisecuestro y anti
extorsión mediante el método de control de área utilizando maniobras de
estratagemas y métodos de engaño, utilizando el vehículo de la víctima,
camuflándonos en la carrocería y en la parte posterior de las sillas, con el fin de
capturar y en caso de resistencia, neutralizar la amenaza y neutralizar el secuestro
del señor Luis Caquimbo”. De ello dan cuenta la orden de operación No. 35

89 Páginas 21 a 46 del archivo “ED_CUADERNO3_01OTROS-DOCUMENTORESERVADO(.PDF)

NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.

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“Naipe” del 23 de noviembre de 201190 suscrita por el comandante del Grupo
Gaula Militar Huila y el informe de patrullaje suscrito el 25 de noviembre de 201191
por el comandante del Segundo Destacamento del Grupo Gaula Militar Huila.

7.1.8. Se acreditó que, el 23 de noviembre de 2011, Guillermo Léiton Carrillo
falleció de forma violenta en la vereda Jericó del municipio de Palestina, Huila. De
ello da cuenta la copia auténtica de su registro civil de defunción.92

7.1.9. Se demostró que la muerte de Guillermo Léiton Carrillo ocurrida el 23 de
noviembre de 2011, fue presentada oficialmente como resultado de la operación
No. 35 “Naipe” ejecutada por el Grupo Gaula Militar en la vereda Jericó del
municipio de Palestina, Huila. De ello da cuenta el informe del 26 de noviembre de
2011, suscrito por el comandante del Segundo Destacamento de ese grupo, del
cual se extrae lo siguiente:93

“[…] Respetuosamente, me permito informar los hechos ocurridos el día 23 de
noviembre de 2011 a las 08:50 en la vereda Jericó del municipio de Palestina (Huila)
Finca Zorrillo en coordenadas 01° 39' 57"LN-76° 09' 00"LW, así: En cumplimiento de
la orden de operaciones de antisecuestro y antiextorsión N° 35 ‘Naipe’, durante
labores de inteligencia y acompañamiento que venían haciéndose desde hace un
mes al señor Luis Caquimbo, reconocido agricultor de la región, por informaciones
de fuente humana generada por el S-2 Batallón Magdalena, en donde se tenía la
intención de secuestrar a un personaje de la región por el Frente 13 ‘Cacica
Gaitana’; fue así como se inició un planeamiento y un trabajo de campo con el fin de
identificar a la víctima. Después de un arduo seguimiento al caso; el día 23 de
noviembre de 2011 a las 04:00am se inició el planeamiento, alistamiento y
acompañamiento a la víctima en sus actividades cotidianas hacia la finca en la
vereda Jericó, municipio de Palestina (Huila), iniciando movimiento a las 05:30am
en el vehículo de su propiedad, llegando a las 07:30 al sitio mencionado; de regreso,
a eso de las 08:50am, el vehículo de don Luis es abordado por un sujeto a la
entrada de la finca, el cual le apunta con un arma corta mientras éste intenta abrir el
portón, el cual se encontraba escondido en la parte selvática, vestía prendas
oscuras, pasamontaña y una pava verde oliva; donde el mencionado sujeto le grita
‘alto señor’, posteriormente, me observa a mí que iba en la parte de atrás de las
sillas y procede a dispararme, en donde reacciono y procedo a defenderme y
proteger la integridad de la víctima, luego reacciona el personal de seguridad que va

90 Páginas 13 a 20 del archivo “ED_CUADERNO3_01OTROS-DOCUMENTORESERVADO(.PDF)

NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.
91 Páginas 6 a 8 del archivo “ED_CUADERNO2_26OTROS-ANEXOSCONTESTACIÓNDEMANDA

(.PDF) NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.
92 Página 2 del archivo “ED_CUADERNO2_04ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 21.PDF” índice

21, Samai.
93 Página 5 del archivo “ED_CUADERNO2_26OTROS-ANEXOSCONTESTACIÓNDEMANDA

(.PDF) NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.

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en la carrocería y se da la muerte en desarrollo de operación militar al sujeto.
Inmediatamente se informa a los funcionarios de Policía Judicial para que realicen
labores pertinentes del caso. […]”.

Igualmente, en el documento denominado “radiograma resultados operacionales”94
de la misma fecha, se dejó constancia de la muerte de Guillermo Léiton Carrillo
como resultado, en términos oficiales, del referido operativo militar, en los
siguientes términos:

“[…] Permítame informar a ese comando el desarrollo de la operación Soberanía
misión táctica antisecuestro y antiextorsión No. 035 ‘Naipe’ el día 23 - 08:30 -
noviembre – 11, vereda Jericó municipio Palestina Huila coordenadas ref
(01°39'57"-76°09'00"), segundo destacamento a 01-01 03 x mando ct. Romero
Agredo Aldemar que frustró plagio del señor Luis Fernando Caquimbo CC […]
Pitalito Huila, agricultor de acuerdo con informe de inteligencia en coordinación con
Unidad Investigativa CTI dando como resultado la muerte en desarrollo de
operaciones militares a sujeto identificado como Guillermo Léiton Carrillo CC […]
Palestina, de 34 años edad, perteneciente Frente 13 Cacica Gaitana ont-farc, el cual
portaba 01 revolver cal.32 mm sin serial y sin número, sitio de los hechos se
encontraron 05 vainillas percutidas pertenecientes a esta arma de acuerdo con
informe policía judicial acta 164 noticia criminal No. 416516000597201102858, MY
Alejandro Alarcón Pérez CDTE GMHUI. […]”.

7.1.10. Consta que a las 12:30 p.m. del 23 de noviembre de 2011 el CTI,
Seccional Huila realizó diligencia de inspección técnica al cadáver, en cuya acta
se dejó constancia que en la finca “Zorrillo” ubicada en la vereda Jericó del
municipio de Palestina, Huila, se encontró el cuerpo sin vida de Guillermo Léiton
Carrillo quien portaba un arma de fuego tipo revólver, según da cuenta copia del
acta de la referida diligencia95, de cuyo contenido se destaca la siguiente parte
legible:

“[…] IV. Examen externo del cuerpo. […] Descripción. Detalle las prendas de vestir
incluyendo las interiores si es posible, calzado, color, talla y textura y escriba las
condiciones en que se encuentran incluyendo daños, manchas, adherencias como
residuos de pólvora, biológicos, fibras, y otras características, que puedan ser útiles
para la investigación. Gorro pasamontaña color azul oscuro, una pañoleta color
verde con logotipo, un buso color azul oscuro, chaqueta impermeable color azul
oscuro, sudadera color negro, botas en caucho color negro, interior color azul claro
tipo bóxer. […] 3.2. Descripción de documentos. Cédula de ciudadanía y papeles
varios con números telefónicos. […]”

94 Página 76 del archivo “ED_CUADERNO3_01OTROS-DOCUMENTORESERVADO(.PDF)
NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.
95 Páginas 135 a 138 del archivo “ED_CUADERNO3_01OTROS-
DOCUMENTORESERVADO(.PDF) NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.

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7.1.11. Se acreditó que, en la alegada operación No. 35 “Naipe” del 23 de
noviembre de 2011 en la vereda Jericó del municipio de Palestina, Huila,
participaron el capitán Aldemar Romero Agredo, el cabo primero Álvaro Portilla
Quiscaltud y los soldados profesionales Óscar Fabián Castillo, Sinforoso Torres
Aldana y José Wilmer Rocha Lamprea del Grupo Gaula Militar Huila. De ello, da
cuenta el informe de patrullaje de la referida orden de operaciones suscrito el 25
de noviembre de 2011 por el comandante del Segundo Destacamento del Grupo
Gaula Militar Huila.96

7.1.12. Se comprobó que, para el 23 de noviembre de 2011, el Grupo Gaula Militar
Huila tenía identificados a los miembros del Frente 13 “Cacica La Gaitana” de las
FARC especializados en explosivos, entre quienes no se encontraba enlistado
Guillermo Léiton Carrillo. De ello, da cuenta el documento denominado “Anexo
apoyo de ingenieros” de la misma fecha, suscrito por el comandante y el suboficial
de operaciones del Grupo Gaula Militar Huila, según el cual la operación No. 35
“Naipe” tendría el apoyo de equipos EXDE especialistas en explosivos y
demoliciones.97

7.1.13. Consta que, en desarrollo de la operación No. 35 “Naipe” del 23 de
noviembre de 2011 en la vereda Jericó del municipio de Palestina, Huila, el
personal militar gastó un total de 35 municiones calibre 9mm así: el capitán
Aldemar Romero Agredo, 15 municiones; el soldado profesional José Wilmer
Rocha Lamprea, 15 municiones y el soldado profesional Óscar Fabián Castillo, 5
municiones. Igualmente, se gastó un total de 39 municiones calibre 5.56 así: el
cabo primero Álvaro Portilla Quiscaltud, 15 municiones; el soldado profesional
José Wilmer Rocha Lamprea, 5 municiones; el soldado profesional Óscar Fabián
Castillo, 16 municiones y el soldado profesional Sinforoso Torres Aldana, 3
municiones. De ello, da cuenta copia del acta de gasto de munición No. 0831 del
23 de noviembre de 2011, suscrita por los referidos militares.98

96 Páginas 6 a 8 del archivo “ED_CUADERNO2_26OTROS-ANEXOSCONTESTACIÓNDEMANDA

(.PDF) NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.
97 Páginas 65 a 72 del archivo “ED_CUADERNO3_01OTROS-DOCUMENTORESERVADO(.PDF)

NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.
98 Página 8 y 11 del archivo “ED_CUADERNO3_01OTROS-DOCUMENTORESERVADO(.PDF)

NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.

40

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7.1.14. Se probó que, en el documento del 23 de noviembre de 2011 anexo a la
operación No. 35 “Naipe” denominado “Apéndice 3 Derechos Humanos Anexo C”,
la Dirección Nacional de Gaulas Militares estableció las “reglas de encuentro” que
debían seguir los militares en caso de enfrentamiento armado. Así consta en el
referido Anexo suscrito por el suboficial de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario del Grupo Gaula Militar Huila:99

“[…] Reglas de encuentro:
Antes de disparar identifique plenamente su objetivo.
No dispare su arma de dotación contra una vivienda, sino tiene la certeza que no
hay población civil en ella.
El comandante es la persona responsable de ordenar abrir fuego.
Antes de emplear las armas lance su proclama a viva voz.
Solo use la cantidad de fuerza necesaria para proteger vidas humanas y cumplir la
misión.
El retén militar debe estar perfectamente identificado.
Mantenga la disciplina de fuego.
Responda al fuego con fuego dirigido. Siempre tiene el derecho de repeler actos
hostiles con la fuerza necesaria.
Anticipe el ataque. Use la fuerza primero si y solo si ve indicios claros de intenciones
hostiles o si identifica una fuerza hostil.
Es preferible un bandido fugitivo que un inocente muerto. […]”.

7.1.15. Se verificó que, el 24 de noviembre de 2011, un médico forense del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó la necropsia al
cadáver de Guillermo Léiton Carrillo en la Seccional Huila de ese Instituto y
determinó que aquel falleció por heridas causadas por proyectil de arma de fuego
en diferentes partes del cuerpo, como se describe a continuación:100

“[…] Análisis y opinión pericial. Conclusión pericial: se trata de un hombre de 34
años residente en la vereda Monserrate del municipio de Palestina, Huila […] quien
el día 23 de noviembre de 2011 en horas de la mañana cuando se encontraba en la
vereda Jericó del municipio de Palestina, Huila, sufrió heridas con proyectiles de
arma de fuego en la cabeza y en la espalda que le produjeron trauma
craneoencefálico severo, laceración cerebral, lesión pulmonar y la muerte. […]
Descripción de lesiones traumáticas. Descripción de las lesiones por arma de fuego
(carga única).
1.1. Orificio de entrada de 0.5X0.4 cm sin ahumamiento ni tatuaje periorificiario,
localizado en el ángulo externo del ojo izquierdo, a 5 cm a la izquierda de la línea
media anterior y 10 cm del vértice.

99 Páginas 58 a 64 del archivo “ED_CUADERNO3_01OTROS-DOCUMENTORESERVADO(.PDF)

NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.
100 Páginas 217 a 225 del archivo “ED_CUADERNO3_01OTROS-
DOCUMENTORESERVADO(.PDF) NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.

41

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1.2. Orificio de salida de bordes irregulares. de 6X4 cm localizado en la región
temporo-malar derecha, a 13 cm a la derecha de la línea media anterior y 12 cm del
vértice. 1.3. Lesiones: heridas en piel de la cara: estallido del globo ocular izquierdo: lesión
de las meninges en la región temporal derecha; fractura del cráneo de 6X4 cm en el
temporal derecho; fractura conminuta en el lado derecho de la fosa anterior,
laceración de los lóbulos parietal y temporal derecho del cerebro; fractura conminuta
del malar derecho. 1.4. Trayectoria anatómica: supero-inferior; antero-posterior; izquierda derecha
2.1. Orificio de entrada de 0.5X0.4 cm sin ahumamiento ni tatuaje periorificiario,
localizado en la parte externa del tercio superior del lado izquierdo de la espalda, a
23 cm a la izquierda de la línea media posterior y 36 cm del vértice. 2.2. Orificio de salida: No tiene. En el tercio medio de la cara anterior del brazo
derecho presenta una herida superficial de 0.8X0.1 cm, asociada a leve equimosis
perilesional, a 17 cm a la derecha del hombre derecho. Siguiendo la trayectoria del
proyectil se hallaron y recuperaron tres fragmentos de proyectil de arma de fuego
(Proyectil No. 1): un pequeño fragmento de color gris; un pequeño fragmento de
color dorado y un tercer fragmento en forma de cono de color dorado, localizados
superficialmente en el tejido muscular del tercio medio de la cara anterior del brazo
derecho, a 11 cm del hombro derecho. 2.3. Lesiones: heridas en piel y tejido muscular del lado izquierdo de la espalda;
fractura 6º arco costal izquierdo; lesión de la pleura y del tejido muscular del 6°
espacio intercostal izquierdo; herida transfixiante de 3X2 cm en el lóbulo inferior del
pulmón izquierdo: hemotórax izquierdo de 350 cm; fractura conminuta del 7º cuerpo
vertebral dorsal con lesión de la medula espinal a éste nivel; herida transfixiante de
4X3 cm en el lóbulo inferior del pulmón derecho hemotórax, derecho de 250 cm,
fractura del 7º arco costal derecho: lesión del tejido muscular intercostal y de la
pleura del 7º espacio intercostal derecho; lesión del tejido muscular axilar y piel del
brazo derecho. 2.4 trayectoria anatómica. Supero - inferior, postero – anterior, izquierda – derecha. 3.1, Orificio de entrada de 2.5X1.3 cm sin ahumamento ni tatuaje periodicial,
localizado en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen, a 10 cm a la izquierda de
la línea media anterior y 74 cm, del vértice. 3.2. Orificio de salida: No tiene. Siguiendo la trayectoria del proyectil éste se halló y
recuperó en el tejido muscular del cuadrante inferior extremo del glúteo derecho
(Proyectil metálico No. 2 de color dorado). 3.3. Lesiones: heridas en la piel; el tejido muscular del abdomen; lesión del
peritoneo, herida de la vejiga, lesión del tejido muscular del glúteo derecho. 3.4. Trayectoria anatómica: supero - inferior, antero - posterior, izquierda - derecha. 4.1. Orificio de entrada de 1X0.5 cm sin ahumamiento ni tatuaje periorificiario,
localizado en el tercio inferior de la cara externa del brazo izquierdo, a 26 cm del
hombro izquierdo. 4.2. Orificio de salida de bordes irregulares de 1.2X1 cm asociado a leve equimosis
periorificial, localizado en el tercio inferior de la cara posterior del brazo izquierdo, a
27 cm a la izquierda del hombro izquierdo. 4.3. Lesiones: heridas en piel y tejido muscular del brazo izquierdo
4.4. Trayectoria anatómica: supero - inferior: antero - posterior, izquierda - derecha. 5.1. Orificio de entrada de 0.9X0.7 cm sin ahumamiento ni tatuaje periorificiario.
localizado en el tercio inferior de la cara externa del muslo izquierdo, a 57.5 cm del
talón izquierdo. 5.2 Orificio de salida de bordes irregulares de 1.3x1 cm asociado a leve equimosis
periorificial, localizado en el tercio inferior de la cara interna del muslo izquierdo, a
50 cm del talón. 5.3. Lesiones: heridas en piel y tejido muscular del muslo izquierdo, fractura
conminuta del tercio distal del fémur izquierdo. 5.4.

Trayectoria anatómica: infero - superior, izquierda - derecha.

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Radicación: 41001233300020140002801 (67160)
Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

6.1 Orificio de entrada de 0.8X0.4 cm sin ahumamiento ni tatuaje periorificial,
localizado en la cara interna del talón del pie izquierdo a 5 cm del talón izquierdo.
6.2. Orificio de salida de bordes irregulares, de 0.8X0.3 en localizado en la cara
posterior del talón del pie izquierdo, a 5.5. cm del talón izquierdo.
6.3. Lesiones: heridas en piel y tejido muscular del talón del pie izquierdo.
6.4. Trayectoria anatómica: infero-superior; antero - posterior, derecha - izquierda.
7.1. Orificio de entrada de 1.2X1 cm sin ahumamiento ni tatuaje penorificiario,
localizado en el tercio superior de la cara anterior del muslo derecho, a 68 cm del
talón derecho.
7.2. Orificio de salida de bordes irregulares de 1.5X1 cm asociado a leve equimosis
periorificial, localizado en el tercio superior de la cara externa del muslo derecho, 3
92 cm del talón derecho.
7.3. Lesiones: heridas en piel y tejido muscular del muslo derecho.
7.4. Trayectoria anatómica: antero – superior, antero – posterior, izquierda-derecha.
8.1. Orificio de entrada de 1X0.5 cm sin ahumamiento ni tatuaje periorificiario,
localizado en el tercio superior de la cara anterior de la pierna derecha, a 98 cm del
talón derecho.
8.2. Orificio de salida de bordes irregulares: de 1X0.7 cm asociado a muy leve
equimosis periorificial, localizado en el tercio superior de la cara externa de la pierna
derecha, a 37 cm del talón derecho.
8.3. Lesiones: heridas en piel y tejido subcutáneo.
8.4. Trayectoria anatómica: supero – inferior, antero – posterior, izquierda-derecha.
NOTA: las heridas superficiales en las manos pudieron haber sido causadas por
esquirlas con proyectil de arma de fuego”

Igualmente, con la necropsia se acompaña imagen de trayectorias y heridas así:

7.1.16. Se comprobó que, en su edición del 24 de noviembre de 2011, el periódico
“La Nación” de Neiva publicó la noticia titulada "Frustran secuestro en Palestina”,

43

Radicación: 41001233300020140002801 (67160)
Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

en la que se indica que cuatro presuntos guerrilleros de las Farc intentaron
secuestrar a un comerciante y que, en desarrollo de un operativo militar, el Ejército
frustró el plagio y dio muerte a uno de los presuntos guerrilleros, pero sin señalar
el nombre del occiso. De ello da cuenta el recorte de prensa de esa misma fecha
que se allegó al plenario.101

7.1.17. Se demostró que, el 5 de diciembre de 2011, un funcionario instructor del
Grupo Gaula Militar Huila de la Novena Brigada del Ejército Nacional abrió
indagación preliminar disciplinaria en contra del capitán Aldemar Romero Agredo,
el cabo primero Álvaro Portilla Quiscaltud y los soldados profesionales Óscar
Fabián Castillo, Sinforoso Torres Aldana y José Wilmer Rocha Lamprea, por los
hechos en los que murió Guillermo Léiton Carrillo, ocurridos el 23 de noviembre de
2011 en la vereda Jericó del municipio de Palestina, Huila. De ello da cuenta copia
del auto de la misma fecha.102

7.1.18. Consta que, a través de informe del 21 de diciembre de 2011, un
investigador del Laboratorio de Balística del CTI de Pitalito, Huila, determinó que el
revólver calibre 32L marca Llama se encontraba apto para funcionar pues “se
accionaron sus mecanismos de disparos con un cartucho calibre 32L puestos por
este gabinete, en donde se ejecuta el disparo. El ejercicio anterior da a conocer
que el arma de fuego en mención está en óptimas condiciones para la plena
realización del disparo. […] de igual forma, por las características morfológicas del
arma de fuego tipo revólver se concluye que es un arma de fabricación original
marca Llama, calibre 32L, modelo Cassidy, fabricado en Colombia por la casa
fabricante industria militar (INDUMIL)”. De ello. da cuenta el informe de balística
referido.103

7.1.19. Se verificó que, mediante informe del 20 de enero de 2012, el investigador
criminalístico del Laboratorio de Balística del CTI, Huila, concluyó que los residuos

101 Página 29 del archivo “ED_CUADERNO2_04ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 21.PDF”
índice 21, Samai.
102 Páginas 154 a 157 del archivo “ED_CUADERNO4_01OTROS-
DOCUMENTORESERVADO(.PDF) NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.
103 Fl. 1005 a 1012, Cuaderno principal 6.

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Radicación: 41001233300020140002801 (67160)
Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

encontrados en ambas manos de Guillermo Léiton Carrillo no eran compatibles
con residuos de disparo en mano, según da cuenta el mencionado informe.104

7.1.20. Se acreditó que, mediante informe del 19 de abril de 2012, un perito
forense del Laboratorio de Toxicología del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, determinó que en la prueba de alcoholemia tomada al occiso
Guillermo Léiton Carrillo “no se detectó alcohol etílico”. De ello da cuenta el
informe referido.105

7.1.21. Se constató que, mediante informe del 15 de mayo de 2012, un técnico de
balística de la SIJIN del Departamento de Policía del Huila, determinó que los dos
proyectiles calibre 32L recolectados en la escena de los hechos en que falleció
Guillermo Léiton Carrillo, no pudieron ser cotejados con el revólver calibre 32L
marca Llama también hallado en el mismo lugar, pues “no presenta zonas aptas
para cotejos”, según da cuenta el informe mencionado.106

7.1.22. Se demostró que, el 5 de junio de 2012, un funcionario instructor del Grupo
Gaula Militar Huila de la Novena Brigada del Ejército Nacional abrió investigación
disciplinaria formal en contra del capitán Aldemar Romero Agredo, el cabo primero
Álvaro Portilla Quiscaltud y los soldados profesionales Óscar Fabián Castillo,
Sinforoso Torres Aldana y José Wilmer Rocha Lamprea, por los hechos en los que
murió Guillermo Léiton Carrillo, ocurridos el 23 de noviembre de 2011 en la vereda
Jericó del municipio de Palestina, Huila. De ello da cuenta copia del auto de la
misma fecha.107

7.1.23. Consta que al 11 de septiembre de 2012 Guillermo Léiton Carrillo no
registraba antecedentes judiciales, según da cuenta la certificación expedida ese
mismo día por la Policía Nacional, la cual se obtuvo por medio de consulta que

104 Páginas 56 a 58 del archivo “ED_CUADERNO4_01OTROS-DOCUMENTORESERVADO(.PDF)

NroActua 21 .PDF” índice 21, Samai.
105 Páginas 97 y 99 del archivo “ED_CUADERNO4_01OTROS-DOCUMENTORESERVADO(.PDF)

NroActua 21 .PDF” índice 21, Samai.
106 Páginas 81 a 85 del archivo “ED_CUADERNO4_01OTROS-DOCUMENTORESERVADO(.PDF)

NroActua 21 .PDF” índice 21, Samai.
107 Fl. 1040 a 1044, Cuaderno principal 6.

45

Radicación: 41001233300020140002801 (67160)
Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

realizó en la página web de esa institución, el funcionario instructor de la
investigación disciplinaria, en la fecha mencionada.108

7.1.24. Se acreditó que, el 13 de septiembre de 2012, el funcionario instructor de
la investigación disciplinaria dejó constancia de que “no fue posible allegar al
proceso experticio técnico a fin de establecer las impresiones dactilares que
registraba el revólver sin número marca Llama Cassidy, calibre 32L y de
fabricación colombiana, a pesar de los oficios No. 0836 del 25 de junio de 2012,
0994 del 30 de julio del año que avanza y 1102 del 14 de agosto de la presente
anualidad”, según da cuenta la referida constancia.109

7.1.25. Se comprobó que, el 14 de enero de 2013, el Juzgado 64 de Instrucción
Penal Militar resolvió “no iniciar investigación” penal por los hechos ocurridos el 23
de noviembre de 2011 en la vereda Jericó del municipio de Palestina, Huila, en los
que falleció Guillermo Léiton Carrillo, según da cuenta la providencia de la misma
fecha.110

7.1.26. Consta que, el 1 de octubre de 2013, el comandante de la Novena Brigada
del Ejército Nacional archivó la investigación disciplinaria No. 015 de 212 por los
hechos en los que resultó muerto Guillermo Léiton Carrillo, ocurridos el 23 de
noviembre de 2011 en la vereda Jericó del municipio de Pitalito, Huila, en favor del
capitán Aldemar Romero Agredo, el cabo primero Álvaro Portilla Quiscaltud y los
soldados profesionales Óscar Fabián Castillo, Sinforoso Torres Aldana y José
Wilmer Rocha Lamprea. De ello, da cuenta copia de dicha providencia, de la cual
se destaca o siguiente:111

[…] para el caso en concreto, el análisis probatorio testimonial denota que el
desarrollo de la orden de operaciones ‘Naipe’ se fundamentó en los principios
básicos y en la protección de derechos prevaleciendo la seguridad de la víctima Luis
Caquimbo, a quién se le iban a afectar sus derechos personales inherentes y
constitucionalmente protegidos; afirmación que se basa en las declaraciones del

108 Fl. 1156 y 1157, Cuaderno principal 6.
109 Fl. 1158, Cuaderno principal 6.
110 No se trascriben apartes de la providencia, dado que la copia allegada es poco legible. Páginas

121 a 138 del archivo “ED_CUADERNO4_01OTROS-DOCUMENTORESERVADO(.PDF) NroActua
21.PDF” índice 21, Samai.
111 Fl. 1228 a 1250, Cuaderno principal 7.

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Radicación: 41001233300020140002801 (67160)
Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

personal militar, donde se ve claramente que en el lugar de los hechos se
respetaron normas para el desarrollo de operaciones militares en el marco de los
Derechos Humanos, en vista de que resultaron atacados con arma de fuego y en
protección de derechos propios y ajenos, como lo era su vida e integridad y la del
señor Luis Caquimbo. Por lo anterior, este Comando determina que el actuar de los
investigados carece de irregularidad en el desarrollo de conductas constitutivas de
falta disciplinaria, por el contrario, actuaron acorde a los parámetros dados para este
tipo de situaciones, al igual la aplicación de directrices y manuales que consignan
las respectivas maniobras de la Táctica Militar, con la aplicación de la normatividad
tanto interna como externa, y como se observa en el material probatorio que reposa
en el expediente, la conducta del personal involucrado en los hechos fue
proporcional a la agresión que realizaron los delincuentes […]”.

7.1.27. Se probó que, para el 18 de octubre de 2013, Guillermo Léiton Carrillo
estaba registrado en la base de datos de la Federación Nacional de Cafeteros -
Comité del Huila, como caficultor y dueño de un lote de 1.78 hectáreas cultivadas
con café en el municipio de Acevedo. De ello da cuenta la certificación de la
misma fecha suscrita por un agente del Distrito Guácharos de esa organización en
el referido municipio.112

7.1.28. Consta que entre 2012 y 2013, el Frente 13 “Cacica La Gaitana” de las
FARC operaba en el departamento del Huila. De ello da cuenta el oficio del 23 de
diciembre de 2015 suscrito por analistas de la Sección de Análisis Criminal del
CTI.113

7.1.29. Se acreditó que, el 22 de diciembre de 2015, la directora del banco Agrario
sede Palestina, Huila, certificó que Guillermo Léiton Carrillo no poseía créditos
vigentes con ese banco y que su cuenta de ahorros se encontraba cerrada, según
da cuenta copia de la referida certificación.114

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver los cargos invocados en los recursos de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende

112 Página 27 del archivo “ED_CUADERNO2_04ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 21.PDF”
índice 21, Samai.
113 Fl. 1370 y 1371, Cuaderno principal 7.
114 Fl. 1327, Cuaderno principal 7.

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Radicación: 41001233300020140002801 (67160)
Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace
necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico
y ii) su imputación frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración56-57, en tanto la prueba de todos los elementos de
la responsabilidad extracontractual es indispensable e ineludible para que nazca la
obligación resarcitoria.

7.2.1. El daño antijurídico

Para comenzar, debe señalarse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a
un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación
que no está amparada por la ley o el derecho 115, que contraría el orden legal116 o
que está desprovista de una causa que la justifique117, resultado que se produce
sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al
lesionar una situación reconocida o protegida118, violando de manera directa el
principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico
dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula
reducida, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber
jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en términos generales el
fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

En el caso sub examine se probó el daño consistente en la muerte de Guillermo
Léiton Carrillo ocurrida el 23 de noviembre de 2011 en la vereda Jericó del

115 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
116 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
117 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
118 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

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Radicación: 41001233300020140002801 (67160)
Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

municipio de Palestina, Huila, según dan cuenta copia auténtica del registro civil
de defunción, copia del acta de inspección de su cadáver y el protocolo de
necropsia (hechos probados 7.1.8., 7.1.9., 7.1.10. y 7.1.15.). Además, el daño
tiene el carácter de antijurídico, pues se trata de la afectación de un interés
legítimo protegido por el ordenamiento jurídico, cuya lesión no encuentra
justificación legal.

En efecto, la vida es uno de los derechos inherentes e inalienables de la persona y
se constituye en presupuesto esencial para la realización de los demás derechos.
Además, este derecho se encuentra protegido en el Preámbulo de la Constitución
Política, que proclama dentro de los fines del Estado asegurar la vida de sus
integrantes, y en el artículo 11 Superior, que establece que "el derecho a la vida es
inviolable", de donde la vulneración de tales postulados y los daños que sobre
ellos se generen resultan antijurídicos.

7.2.2. La imputación

Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico a la Nación - Ministerio
de Defensa - Ejército Nacional, es menester establecer si este le es atribuible
fáctica y jurídicamente.

Así, en aras de resolver el problema jurídico, aunado a los elementos de prueba
que vienen de describirse, con ocasión de la investigación penal adelantada por el
Juzgado 64 de Instrucción Penal Militar, el 26 de enero de 2012, Luis Fernando
Caquimbo119 rindió declaración en la cual manifestó que unos 20 días antes de los
hechos, el teniente Barahona del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena fue a su
lugar de residencia y le informó que existía un plan para secuestrarlo (al testigo),
según se lo había hecho saber al uniformado una persona residente en Pitalito de
apellido Mage. Según el testigo, días después, junto con dicho teniente fue a
reunirse con el comandante del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena en San
Agustín, Huila, quien a su vez informó de la situación al Grupo Gaula Militar Huila.

119 Páginas 89 a 93 del archivo “ED_CUADERNO3_01OTROS-DOCUMENTORESERVADO(.PDF)

NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.

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Radicación: 41001233300020140002801 (67160)
Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

Manifestó el testigo Caquimbo que, días después, miembros de ese grupo Gaula
fueron en varias ocasiones a inspeccionar la finca “Zorrillo” de su propiedad,
ubicada en la vereda Jericó del municipio de Palestina, Huila, para revisar los
caminos y rutas de acceso al lugar, sin precisar en qué fechas. Indicó que días
después, sin precisar cuándo, Deiber Astaiza Astaiza, trabajador de la finca, le
informó que a unos 3 o 4 metros de la puerta principal vio a un sujeto escondido
que vestía pasamontañas.

El testigo declaró que, el 23 de noviembre de 2011 se encontraba en su casa en el
municipio de Pitalito, Huila y de ahí salió entre las 5:30 a.m. y 6:00 a.m. en
compañía de “cuatro soldados y el capitán” hacia la finca “Zorrillo” de su propiedad
en la vereda Jericó del municipio de Palestina, Huila “y en la puerta en la que le
digo, yo llegué paré el carro y nos encontramos con uno de los trabajadores que
nos ayudan por días, el trabajador estaba parado en la puerta y le pregunté qué
pasó, por qué está acá parado, y me dijo que no tenía las llaves, yo le dije acá
tengo las llaves y le abrí, pues se sorprendió todo, pero yo le abrí la puerta él
cogió la moto y se fue adelante, yo me fui atrás, yo llegué detrás como a las cinco
minutos y demoramos allá como una hora más o menos arriba en la finca, y al
regreso el capitán me dijo vámonos, me dijo maneje muy despacio de acá para
abajo y nos vamos suave hasta llegar a la puerta, yo paré como a unos cuatro
metros de distancia, dejé el carro prendido para abrir la puerta, entonces me dijo el
capitán bájese don Luis, ya que él iba en la parte de atrás del carro, entonces
cuando yo me bajé yo voltee a mirar cuando vi al tipo agazapado allá, de una vez
me encañonó y me dijo ‘quieto ahí señor’, entonces yo dije ‘dios mío’ y me tendí,
cuando yo escuché fue los disparos del bandido y pues yo cogí alrededor de la
camioneta y me estuve quieto a un lado escuchando la reacción de los tiros, ya
después de que pasó la cuestión, miramos que le habían pegado dos tiros a la
puerta de atrás, otro que entró por la puerta de atrás y el vidrio que estaba bajito
pegó en la manecilla del lado izquierdo de la camioneta y otro que atravesó una
chompa y parte del cojín del descansadero y quedó incrustado en el lateral
derecho del parabrisas, pues ya ahí luego llegó el carro de la Fiscalía a hacer el
levantamiento, el otro sujeto que estaba al lado derecho arrancó a huir por medio
de la selva, dejó una chompa debajo de un árbol grueso que estaba caído, dejó un
galón plástico y una pava verde, eso fue hasta ahí”.

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Radicación: 41001233300020140002801 (67160)
Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

El señor Caquimbo aclaró que antes de esos hechos no había recibido amenazas
y no conocía al sujeto que murió ese día en el encuentro armado, pero que el
trabajador de la finca dijo que era el mismo que había visto cerca al portón antes
del intento de secuestro. Señaló que el día de los hechos, el sujeto sospechoso
portaba un revólver que “al momento de caer le quedó en la mano”. Indicó que el
occiso vestía una chaqueta impermeable negra y un pantalón oscuro, botas de
caucho, pasamontañas y una pava verde. En cuanto al orden público en ese
sector, señaló que para la época de los hechos ya llevaba tres años sembrando
granadilla y tomate de árbol en esa finca “y nunca había pasado nada, no se
escuchaba nada, era muy tranquilo hasta ese día”.

Por otro lado, el 26 de enero de 2012, Deiber Astaiza Astaiza120, trabajador de la
finca “Zorrillo” de propiedad de Luis Fernando Caquimbo, declaró ante el Juzgado
64 de Instrucción Penal Militar que el 23 de noviembre de 2011 se encontraba en
la puerta de dicha finca esperando al administrador para ir a trabajar – sin indicar
una hora exacta-. Señaló que no sabía nada de los hechos en que falleció
Guillermo Léiton Carrillo, pero que días antes vio a una persona al lado de la
puerta de la finca, le preguntó qué hacía ahí y esta le dijo que estaba haciendo sus
necesidades, luego lo vio irse hacia un hueco y luego el testigo continuó su
camino en su motocicleta, después se encontró con el administrador de la finca y
le comentó que había visto a un sujeto en la puerta de la finca y este le dijo que
había que llamar a Luis Fernando Caquimbo para informarle. Sostuvo que antes
de esa ocasión “nunca” había visto al sujeto sospechoso. Finalmente, en cuanto al
orden público en el sector, el testigo manifestó que era tranquilo.

Igualmente, el 11 de mayo de 2012, Yenny Fernanda Jiménez121, vecina de
Guillermo Léiton Carrillo para la época de los hechos, declaró ante el Juzgado 64
de Instrucción Penal Militar que no conocía muy bien a la víctima, solo lo vio
algunas veces porque eran vecinos. En cuanto al supuesto secuestro de Luis

120 Páginas 114 a 116 del archivo “ED_CUADERNO3_01OTROS-
DOCUMENTORESERVADO(.PDF) NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.
121 Páginas 63 a 66 del archivo “ED_CUADERNO4_01OTROS-DOCUMENTORESERVADO(.PDF)

NroActua 21.PDF” índice 21, Samai.

51

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Fernando Caquimbo y los hechos en que resultó muerto Guillermo Léiton Carrillo
el 23 de noviembre de 2011, la testigo manifestó: “lo único que yo sé es que mi
marido Jesús Marino Salazar Majin, él (mi marido) estaba dentro del grupo que se
iban a llevar a ese señor, eso pasó como un miércoles y mi esposo se fue de la
casa el lunes, porque lo llamaron que tenían que estarce metidos en la montaña
para ver quién llegaba o quién salía de la casa de ese señor, nosotros
escuchamos las noticias como a las 2.00 de la tarde de ese miércoles que habían
matado a un guerrillero y habían herido a otro en la vereda Jericó, yo me preocupé
harto, porque más o menos yo tenía conocimiento lo que estaba haciendo mi
esposo, y yo lo llamaba y nunca me contestó, entonces yo pensé que el muerto
había sido él, a la madrugada del viernes llegó mi esposo embarrado, raspado y le
pregunté qué le había pasado y no me quiso contestar y no me dijo nada más, se
quitó esa ropa, la quemó y se acostó a dormir, y al otro día volví y le pregunté y no
me quiso decir nada. Cuando supimos que habían matado a Guillermo él no se
sorprendió ni nada porque él estaba con ellos, pero él tampoco fue ni al velorio ni
al entierro de ese señor, mi esposo tenía varias simcares y celulares y las quemó,
eso es todo”. A la pregunta de si la testigo sabía si Guillermo Léiton Carrillo hacía
parte de algún grupo al margen de la ley, la testigo contestó: “decían que él era
miliciano, que él mandaba a los milicianos de la vereda, que era como el
comandante de un grupo de la guerrilla”, pero, seguidamente, la testigo declaró
que no sabía a qué se dedicaba Guillermo Léiton Carrillo. Sostuvo que no informó
a ninguna autoridad sobre estos hechos porque tenía miedo de su esposo, puesto
que era agresivo con ella. En cuanto a las conversaciones entre Guillermo Léiton
Carrillo y el esposo de la testigo, esta manifestó que el hoy occiso nunca fue a
casa de ella y “solo sé que él lo llamaba y cuando yo contestaba le preguntaba
que de parte de quién y él me decía que de Guillermo”.

Igualmente, dentro de la indagación preliminar disciplinaria, el 26 de enero de
2012, Luis Fernando Caquimbo122 hizo igual declaración ante el funcionario de
instrucción de la Oficina de Control Disciplinario de la Novena Brigada del Ejército
Nacional, en cuanto a la forma como se enteró del posible secuestro, la reunión

122 Páginas 41 a 43 del archivo “ED_CUADERNO5_01OTROS-
ANEXOSCONTESTACIONDEMANDACONTINUACION(.PDF) NroActua 21.PDF”, índice 21,
Samai.

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Radicación: 41001233300020140002801 (67160)
Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

con el teniente Barahona del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena en su casa
y luego en San Agustín con el comandante del mismo Batallón. Reiteró que los
miembros del Grupo Gaula Militar Huila fueron a inspeccionar la finca “Zorrillo” y
las rutas de acceso a esta y que, días antes del 23 de noviembre de 2011, el
trabajador de la finca Deiber Astaiza Astaiza había observado a un sujeto
sospechoso escondido cerca al portón del inmueble. No obstante, en esta
declaración el testigo añadió que ese día llevaba chaleco antibalas, que cuando el
sujeto le dijo “quieto ahí señor” se tiró debajo del carro, pero no se pudo meter,
entonces siguió de rastras y en ese momento el sujeto disparó contra la parte de
atrás del carro y ahí se dio la confusión de disparos, que en medio de la balacera
otro sujeto salió corriendo “porque había dos, uno del lado derecho y otro del lado
izquierdo” y el que huyó se fue hacia la selva. Sostuvo que cuando llegó el CTI
“llamamos al muchacho que había visto días atrás a un tipo escondido en la
maraña y dijo que ese era el mismo que él había visto escondido”. Señaló que el
acompañamiento del Grupo Gaula Militar Huila duró unas cuatro o cinco semanas
antes del suceso del 23 de noviembre de 2011.

Por su parte, también el 26 de enero de 2012, Deiber Astaiza Astaiza 123 hizo igual
declaración ante el funcionario de instrucción de la Oficina de Control Disciplinario
de la Novena Brigada del Ejército Nacional. Agregó que al sujeto que vio
escondido cerca al portón de la finca “Zorrillo” solo lo volvió a ver “el día que
apareció muerto cuando intentaba secuestrar a don Luis, estaba preparando
venenos para fumigar tomate y me llamó la esposa de don Luis para ver si se
trataba de la misma persona, cuando lo vi muerto estaba vestido de negro, igual
que como lo había visto días atrás”.

Finalmente, el 15 de marzo de 2012, el sargento Henry Anderson López Arévalo124
declaró ante el funcionario de instrucción de la Oficina de Control Disciplinario de
la Novena Brigada del Ejército Nacional que “el día 20 de diciembre del año 2011
siendo aproximadamente las diez de la mañana, se acerca a las instalaciones del

123 Página 45 del archivo “ED_CUADERNO5_01OTROS-
ANEXOSCONTESTACIONDEMANDACONTINUACION(.PDF) NroActua 21.PDF”, índice 21,
Samai.
124 Fl. 944 y 945, Cuaderno principal 5.

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

GAULA con sede en Pitalito, el señor Miguel Chilito, a poner en conocimiento de
que está siendo víctima de llamadas extorsivas, yo atendí y cuadramos que ese
mismo día a las dos de la tarde íbamos a la casa de la víctima, que estaba
ubicada en la vereda El Carmen Corregimiento de Bruselas Municipio de Pitalito,
en el sector donde estaba ubicada la vivienda se hizo el análisis del terreno para
montar un posible dispositivo y se escucharon las grabaciones de las llamadas
que él tenía de llamadas extorsivas en donde le pedían la cantidad de diez
millones de pesos, siendo las dieciséis y treinta horas nos retornamos al municipio
de Pitalito”. Luego, en la declaración hace referencia a “la finca del señor Luis
Fernando Caquimbo” y a que posteriormente salió de permiso y no supo nada
más, pero el acta del testimonio fue allegada de forma incompleta al expediente,
de modo que es difícil comprender a qué se refiere el testigo cuando hace
mención a la finca de Luis Fernando Caquimbo.

Ahora bien, a juicio de la Sala y en los términos del artículo 211125 del Código
General del Proceso, se observa que los testimonios de Luis Fernando Caquimbo,
Deiber Astaiza Astaiza y Yenny Fernanda Jiménez no presentan sospechas de
parcialidad. Aunque el primero de ellos habría sido víctima de Guillermo Léiton
Carrillo, según su dicho, no hay indicios de una relación especial con la entidad
demandada que pueda interpretarse como un posible conflicto de intereses pues,
tanto este como los demás declarantes se limitaron a testificar sobre su
conocimiento de los hechos.

Por su parte, el testimonio del sargento Henry Anderson López Arévalo tampoco
es considerado sospechoso, toda vez que, aunque al momento de su declaración
tenía vínculo laboral con la entidad demandada, no participó de forma directa ni
indirecta en los hechos, incluso, su declaración no se refiere a los acontecimientos
en que murió Guillermo Léiton Carrillo, de modo que su testimonio, aunque válido,
no es útil para el esclarecimiento de los hechos.

125 “Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de

las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el
testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso”.

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

Pues bien, en el escrito de demanda la parte actora argumenta que es falsa la
versión proporcionada por los miembros del Ejército Nacional sobre el deceso de
Guillermo Léiton Carrillo y aseguran que su muerte se produjo en hechos
constitutivos de un falso positivo o una ejecución extrajudicial.

Sin embargo, la versión oficial afirma que la muerte del antes mencionado tuvo
lugar en desarrollo de la operación No. 35 “Naipe” que tenía como fin hacer
labores de inteligencia y acompañar a Luis Fernando Caquimbo para evitar su
posible secuestro.

Es así como el capitán Aldemar Romero Agredo, comandante del Segundo
Destacamento del Grupo Gaula Militar Huila señaló en el informe del 26 de
noviembre de 2011, que la muerte de Guillermo Léiton Carrillo se produjo en un
enfrentamiento con la fuerza pública, pues la víctima accionó su arma de fuego
contra él, cuando se encontraba en la parte de atrás del vehículo de propiedad de
Luis Fernando Caquimbo, mientras estaban estacionados “en el portón” de la finca
“Zorrillo”. Dicho ataque habría provocado la reacción del militar y de los otros
soldados que se encontraban escondidos en el vehículo, dando como resultado la
“baja” del agresor (hechos probados 7.1.7. y 7.1.9.).

De acuerdo con la prueba documental, la operación No. 35 “Naipe” tuvo como
fundamento el informe de inteligencia del 31 de octubre de 2011 proveniente del
Batallón de Infantería No. 27 Magdalena y el documento denominado Anexo de
Inteligencia “A” del 22 de noviembre de 2011 suscrito por el jefe de la Unidad de
Inteligencia del Grupo Gaula Militar Huila, capitán Aldemar Romero Agredo, en los
cuales se advierte del posible intento de secuestro del agricultor Luis Fernando
Caquimbo en la finca “Zorrillo” de su propiedad, ubicada en la vereda Jericó del
municipio de Palestina, Huila, por parte de miembros del Frente 13 “Cacica La
Gaitana” de las FARC (hechos probados 7.1.5. y 7.1.6.).

Así las cosas, se observa en el plenario que el capitán Aldemar Romero Agredo,
no declaró ni ratificó lo manifestado en el informe del 26 de noviembre de 2011,
según el cual, Guillermo Léiton Carrillo apuntó con un arma de fuego (corta) a Luis
Fernando Caquimbo cuando este intentaba abrir el portón de la finca “Zorrillo” y

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

que luego les disparó a los militares que estaban en el vehículo de propiedad de
del señor Caquimbo (hecho probado 7.1.9.).

No obstante, se observa una inconsistencia en el informe de inteligencia del 31 de
octubre de 2011, pues en este, el Batallón de Infantería No. 27 Magdalena
pretendió informarle al coordinador del CTI Grupo Gaula Militar Huila de la
posibilidad de que sujetos pertenecientes al Frente 13 “Cacica La Gaitana” de las
FARC secuestraran a Luis Fernando Caquimbo el 29 de octubre de ese mismo
año, es decir, el informe de inteligencia fue suscrito en fecha posterior al posible
intento de secuestro (hecho probado 7.1.5.).

Igualmente, en el Anexo de Inteligencia “A” del 22 de noviembre de 2011 suscrito
por el capitán Aldemar Romero Agredo, sorprende el grado de detalle de la
información del supuesto secuestro de Luis Fernando Caquimbo, al afirmarse que
este “[…] se llevará a cabo cuando el señor Luis Caquimbo llegue a la finca de su
propiedad El Zorrillo en la vereda Jericó del municipio de Palestina, Huila, al
proceder a abrir su puerta van a proceder al plagio y posteriormente entregarlo a
la Comisión del NN ‘Peludo’ […]”.

En otras palabras, el anterior anexo genera suspicacia a la Sala por cuanto no se
estableció la fuente de esta información, salvo por la referencia que Luis Fernando
Caquimbo hizo en sus declaraciones en las investigaciones penal y disciplinaria en
la que menciona a una persona de apellido Mage, quien habría informado a
miembros del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena de su supuesto plagio, pero
en la información de inteligencia no se verificó esta fuente, ni se detalló cómo
conoció del posible secuestro ni por qué la información resultaba confiable, como
tampoco en alguna de las actuaciones judiciales realizó declaración que
respaldara ese hecho en el que se fundó tanto el Anexo “A” de inteligencia como
la misma operación No. 35 “Naipe”.

Además, cabe advertir que, aunque en el informe del 26 de noviembre de 2011
como en el “radiograma resultados operacionales” de la misma fecha se identificó
a Guillermo Léiton Carrillo como “perteneciente Frente 13 Cacica Gaitana ont-farc”
(hecho probado 7.1.8), lo cierto es que ni en el Anexo de Inteligencia “A” del 22 de
noviembre de 2011 ni en el documento denominado “Anexo apoyo de ingenieros”

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

aparecía o registraba el nombre de Guillermo Léiton Carrillo como miembro de ese
grupo armado ilegal (hechos probados 7.1.6. y 7.1.12).

De hecho, aunque la testigo Yenny Fernanda Jiménez señaló frente a Guillermo
Léiton Carrillo que “decían que él era miliciano, que él mandaba a los milicianos de
la vereda, que era como el comandante de un grupo de la guerrilla”, su
declaración no ofrece credibilidad al carecer de sustento, pues la misma testigo da
cuenta de que esto no le constaba personalmente y se desconoce quién le
transmitió esa información y, en la misma deposición, manifestó que no sabía a
qué se dedicaba Guillermo Léiton Carrillo.

Además, tampoco se allegó alguna otra información del Ejército Nacional o de
algún otro organismo de inteligencia en el que se le relacionara a Guillermo Léiton
Carrillo con este u otro grupo armado ilegal, al menos, que se le conociera por un
alias o apodo, es decir, no se acreditó con certeza que la víctima perteneciera a
dicha organización criminal.

Igualmente, en las dos declaraciones que rindió Luis Fernando Caquimbo sobre la
forma como ocurrieron los hechos en que falleció Guillermo Léiton Carrillo, se
tiene que ante el Juzgado 64 de Instrucción Penal Militar manifestó que cuando el
hoy occiso le apuntó con su arma “me tendí, cuando yo escuché fue los disparos
del bandido y pues yo cogí alrededor de la camioneta y me estuve quieto a un lado
escuchando la reacción de los tiros. Sin embargo, ante el funcionario de
instrucción de la indagación disciplinaria, sostuvo que cuando el sujeto le dijo
“quieto ahí señor” se tiró debajo del carro, pero no se pudo meter, entonces siguió
de “rastras” y en ese momento el sujeto disparó contra la parte de atrás del carro y
ahí se dio la confusión de disparos. De modo que, en su primera declaración
indicó que después de los disparos se desplazó alrededor de su camioneta y en
su segunda declaración manifestó que se tiró debajo del carro, luego se arrastró,
después Guillermo Léiton Carrillo disparó y se desató el enfrentamiento. De ahí
que no es claro en qué momento el atacante (Léiton Carrillo) habría disparado, ni
hay certeza de la secuencia de los acontecimientos.

Además, en su segunda declaración, Luis Fernando Caquimbo añadió que ese día
vestía chaleco antibalas, aspecto que omitió referir ante el Juzgado 64 de

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Instrucción Penal Militar. También señaló ante el funcionario penal que otro sujeto
también estaba en el lugar y huyó hacia la selva, sin precisar en qué momento lo
vio ni cuando exactamente huyó, si lo hizo antes, durante o después de los
disparos. No obstante, al funcionario que realizó la indagación disciplinaria sí le
precisó que en medio de la balacera otro sujeto salió corriendo “porque había dos,
uno del lado derecho y otro del lado izquierdo” y el que huyó se fue hacia la selva,
pero tampoco aclaró desde qué momento vio al otro sujeto.

De modo que las inconsistencias puestas de presente tanto en los documentos
oficiales como en la declaración de la supuesta víctima de intento de secuestro,
impide otorgarles credibilidad, toda vez que no ofrecen claridad acerca de la forma
como se procesó y verificó la información de inteligencia que dio lugar a la
operación militar antisecuestro, operación No. 35 “Naipe”, ni de cómo ocurrió el
presunto enfrentamiento, en el que resultó muerto Guillermo Léiton Carrillo.

Además, si bien se determinó que el revólver calibre 32L marca Llama hallado en
el lugar de los hechos y atribuido a la víctima se encontraba apto para funcionar
(hecho probado 7.1.18), lo cierto es que el investigador criminalístico del
Laboratorio de Balística del CTI, Huila, concluyó que los residuos encontrados en
ambas manos de Guillermo Léiton Carrillo no eran compatibles con residuos de
disparo en mano (hecho probado 7.1.18) y no se comprobó que los dos proyectiles
calibre 32L recolectados en la escena de los hechos fueron percutidos por dicha
arma, dado que no pudieron ser cotejados con el referido revólver, pues según el
técnico de balística de la SIJIN del Departamento de Policía del Huila, esta unidad
“no presenta zonas aptas para cotejos” (hecho probado 7.1.21.).

Incluso, no se demostró que las impresiones dactilares que registraba el revólver
calibre 32L marca Llama correspondieran a las de Guillermo Léiton Carrillo, a fin
de verificar que este la portó o al menos la empuñó, puesto que no se practicó el
experticio técnico para ello, como lo hizo constar el funcionario instructor de la
investigación disciplinaria (hecho probado 7.1.24.).

Por otro lado, según el acta de legalización de gasto de material de guerra, el
personal militar gastó un total de 35 municiones calibre 9mm y 39 municiones
calibre 5.56mm (hecho probado 7.1.13.), en cambio, aunque en la escena de los

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hechos se encontró el revólver calibre 32L marca Llama que supuestamente fue
accionado por Guillermo Léiton Carrillo (hecho probado 7.1.9.), no se acreditó la
uniprocedencia entre la munición hallada en la escena y el referido revólver, como
tampoco se hallaron residuos de disparo en las manos de la víctima ni hubo
correspondencia entre sus impresiones dactilares y las halladas en el arma que se
le atribuyó usar, de modo que existe duda de cuál fue el ataque armado que Léiton
Carrillo inició y al que habrían respondido los militares.

Asimismo, se constató que Guillermo Léiton Carrillo no registraba antecedentes
judiciales (hecho probado 7.1.23), que fue erradicador de cultivos ilícitos durante
dos años aproximadamente (hechos probados 7.1.3. y 7.1.4.) y que para la época
de los hechos se dedicaba al cultivo y venta de café (hechos probados 7.1.5. y
7.1.27.).

De hecho, aunque se desconoce por qué Guillermo Léiton Carrillo se encontraba
ese día y hora en el lugar de los hechos o si su intención era cometer un delito,
respecto a su posible participación en actividades delictuales, conviene resaltar
que, al margen de su inocencia o responsabilidad penal, conservaba sus derechos
a la vida y a ser judicializado con el pleno de garantías procesales y sustanciales,
como lo recordó recientemente esta Sala de Subsección126.

Siendo así, no es posible determinar con certeza que, el 23 de noviembre de
2011, en la vereda Jericó del municipio de Palestina, Huila, ocurrió un combate
entre Guillermo Léiton Carrillo y miembros del Grupo Gaula Militar Huila, pues, se
itera, si bien se desconoce por qué la víctima se encontraba ese día en ese lugar,
no se comprobó con certeza que hubiera atacado o disparado armas de fuego
contra los militares.

Con todo, la Sala considera justificado establecer en este caso, como ya lo ha
hecho en asuntos similares127, un estándar probatorio flexible y favorable a la

126 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 23 de agosto de 2024, exp. 51235.
127 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 14 de julio de 2025, exp. 53967; sentencia del 21 de octubre de 2025, exp. 48587;

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parte demandante por no haber tenido control sobre los hechos ni circunstancias,
que sí lo tuvo la demandada por haber participado en los hechos y haber tenido
acceso y control de la zona donde ocurrieron aquellos y, ante la dificultad de
establecer una hipótesis del caso factible, lo cual ha sido admitido por esta
Corporación en asuntos similares al formulado en este proceso, sin que ello
comporte, en modo alguno, la creación de una presunción de responsabilidad,
pero sí permite la morigeración del régimen y carga de las pruebas de la
demandante, lo que, sin embargo, no suple el deber de prueba que asiste a los
extremos que integran la litis de establecer “el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, como lo prevé el artículo
167 del CGP.

Lo anterior por cuanto, como lo ha señalado la Corte Constitucional128, tanto la
jurisprudencia nacional como internacional ha reconocido la dificultad que
representa para las víctimas cumplir con el rigor probatorio en las acciones
judiciales, por lo que se ha establecido la posibilidad de flexibilizar los estándares
probatorios en casos en que ocurran graves violaciones de derechos humanos,
como, por ejemplo, las llamadas ejecuciones extrajudiciales, sumarias y
arbitrarias.

Así, en virtud de lo anterior, cabe resaltar que cuando no existe prueba directa que
permita determinar con certeza la causa del daño, como lo ha señalado esta Sala
en situaciones similares129, es posible que, a partir de la existencia y valoración de
unos hechos debidamente probados y mediante la aplicación de las reglas de la
experiencia130, se establezca la existencia de otros que a priori se desconocen y
que permiten establecer la causa, en este caso, si la víctima murió en un
enfrentamiento con miembros del Ejército Nacional o no.

sentencia del 21 de octubre de 2025, exp. 53432 y sentencia del 21 de octubre de 2025, exp.
55734.
128 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-060 del 21 de marzo de 2021, MP: José

Fernando Reyes Cuartas.
129 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24

de abril de 2024, exp. 52313.
130 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 19 de noviembre de 2021, exp. 54097.

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Al efecto, es menester poner de presente que según reiterada jurisprudencia del
Consejo de Estado el indicio es una prueba indirecta que construye el juez con
apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente
acreditados en el proceso, para así deducir determinadas consecuencias, lo
construye, dado que es una prueba representativa, que no percibe directamente
como sí lo hace, por ejemplo, con una inspección judicial131. Esa construcción
indiciaria supone una exigente labor crítica, cuya apreciación debe ser en
conjunto, en los términos del artículo 242 del CGP, teniendo en cuenta su
gravedad, concordancia y convergencia entre sí y con los demás medios de
prueba.

Así, se tiene que el indicio está integrado por los siguientes elementos: i) los
hechos indicadores, que son los hechos conocidos, los rastros o huellas que se
dejan al actuar, que deben estar debidamente probados en el proceso; ii) una
regla de experiencia, de la técnica o de la lógica o de la ciencia, que es el
instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento; iii) una inferencia
mental, que es el razonamiento, la operación mental o el juicio lógico crítico que
hace el juzgador, dando lugar a la relación de causalidad entre el hecho indicador
y el hecho desconocido; y iv) el hecho que aparece indicado, esto es, el resultado
de esa operación o inferencia mental132.

Pues bien, siguiendo la técnica de construcción de indicios antes referida, en
primer lugar, en el sub judice, se tiene:

1) Que el 23 de noviembre de 2011, durante la alegada operación No. 35
“Naipe”, los militares accionaron sus armas de dotación oficial y gastaron en

131 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 10 de julio de 2013, Exp. 27913, reiterada por la Corte Constitucional, Sala Plena, en
la sentencia SU-060 del 21 de marzo de 2021, MP: José Fernando Reyes Cuartas.
132 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de

mayo de 2007, exp. 5700. Ver, en ese mismo sentido, las siguientes providencias: i) sentencia del
10 de julio de 2013, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
exp. 27913, y ii) sentencia del 1º de octubre de 2018, proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, exp. 53990.

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total 74 municiones en la vereda Jericó del municipio de Palestina, Huila,
contra Guillermo Léiton Carrillo, quien murió a causa de dichos disparos133.

2) Que la víctima no disparó contra los militares, pues en cuanto al revólver
calibre 32L marca Llama encontrado en la escena de los hechos, pese a su
aptitud para ser accionado y percutir munición, no se probó ni se pudo
inferir de la sola existencia de tal arma que los proyectiles también hallados
en el lugar fueron percutidos por esta, dado que no fueron cotejados, es
decir, no se definió la uniprocedencia de la munición con la referida arma,
como tampoco se estableció correspondencia entre las huellas de
Guillermo Léiton Carrillo y la impresiones dactilares registradas en el arma y
la prueba de residuos de disparo resultó negativa134.

3) Que la víctima recibió 8 disparos en la cabeza y espalda desde posiciones
de superioridad, es decir, desde un plano antero - posterior (de espaldas), y
supero – inferior (desde arriba hacia abajo). Es así como Guillermo Léiton
Carrillo recibió un disparo en el ojo izquierdo desde una posición supero-
inferior y antero-posterior que le fracturó el cerebro y el malar derecho; un
disparo en la parte superior de la espalda que lo hirió en el brazo derecho,
hombro derecho y pulmón derecho; un disparo en la parte inferior izquierda
del abdomen desde una posición supero-inferior y antero-posterior; un
disparo en el hombro izquierdo desde una posición supero-inferior y antero-
posterior; un disparo en el muslo izquierdo que le fracturó el fémur
izquierdo, desde una posición infero – superior; un disparo en el talón del
pie izquierdo desde una posición infero – superior; un disparo en el talón
derecho desde una posición antero – superior, antero – posterior y; un
disparo en la cara anterior de la pierna derecha desde una posición supero-
inferior y antero-posterior. Heridas que a la postre le produjeron trauma

133 Como da cuenta el acta de legalización de material de guerra gastado en desarrollo de esta y el

informe del 26 de noviembre de 2011 (hechos probados 7.1.9. y 7.1.13).
134 Como se estableció en los diferentes informes de balística (hechos probados 7.1.18., 7.1.19 y

7.1.21.).

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craneoencefálico severo, laceración cerebral, lesión pulmonar y la
muerte135.

4) Que la víctima carecía de antecedentes judiciales y no tenía requerimientos
de ninguna autoridad, menos se comprobó su pertenencia al Frente 13
“Cacica La Gaitana” de las FARC o a alguna otra organización criminal.136

Ahora bien, es pertinente señalar que las reglas de la experiencia han sido
definidas por la doctrina137, como aquel medio a través del cual puede acudir el
operador judicial, en conjunto con su actividad intelectual, para llegar a la
constatación del hecho objeto de la controversia. Sobre este punto, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que las reglas de la
experiencia se construyen sobre hechos, cuya cualidad es su repetición frente a
los mismos fenómenos bajo determinadas condiciones, para que así puedan ser
tenidas como el resultado de prácticas colectivas sociales que por lo
consuetudinario se repiten dadas las mismas causas y condiciones, y producen
con regularidad los mismos efectos y resultados138. Sobre este concepto también
la Corte Constitucional ha precisado que una máxima de experiencia es principio
de lógica o regla de la ciencia y que debe tener fuerza argumentativa
complementada por la convergencia de los hechos demostrados139.

En segundo lugar, de acuerdo con lo anterior, se tiene como máximas de la
experiencia para razonar los anteriores hechos indicadores, que no resulta lógico
que la víctima, a plena luz del día, en el portón principal de un inmueble y portando
un arma corta intentara un secuestro y se enfrentara a miembros del Grupo Gaula
Militar, quienes portaban armas cortas y de largo alcance y estaban altamente
entrenados para el combate, pues ello no parece compatible con la estrategia de

135 De acuerdo con las trayectorias señaladas en el protocolo de necropsia (hecho probado
7.1.15.).
136 Así lo comprobó el funcionario instructor del Grupo Gaula Militar Huila de la Novena Brigada del

Ejército Nacional (hecho probado 7.1.23.).
137 Taruffo, Michele: Contribución al estudio de las máximas de experiencia, 2023, Editorial Marcial

Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, pp 25.
138 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 1º de junio de 2016, Rad:

45585.
139 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, sentencia T-073 del 21 de marzo de 2023.

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una banda criminal organizada como lo sería el Frente 13 “Cacica La Gaitana” de
las FARC al que supuestamente pertenecía Guillermo Léiton Carrillo, que, por su
estructura, según la información de inteligencia del mismo Ejército Nacional
(hecho probado 7.1.6.), debió planear y ejecutar el secuestro con más de un
miembro debidamente entrenado y equipado para cumplir su cometido y el
correspondiente transporte para llevarse al plagiado o al menos una persona más
para conducir el vehículo del secuestrado. En este caso, Guillermo Léiton Carrillo
se encontraba solo, pues, aunque Luis Fernando Caquimbo declaró que había
otro sujeto que salió huyendo hacia la selva, esta información no fue corroborada
ni siquiera por la versión oficial, que no hizo alusión alguna a la presencia de otro
supuesto secuestrador en la escena de los hechos, según da cuenta el respectivo
informe militar (hecho probado 7.1.9.).

Además, no se probó que Guillermo Léiton Carrillo fuera miembro de las FARC,
pues ni por su nombre ni por un alias se encontraba enlistado o identificado en la
información de inteligencia que el mismo Ejército Nacional poseía antes de
ejecutar la operación No. 35 “Naipe” y, tampoco, después de su deceso fue
reconocido como miembro de alguna organización criminal, dado que ni siquiera
registraba antecedentes penales o requerimientos judiciales.

Tampoco resultaba lógico que Guillermo Léiton Carrillo intentara en solitario la
comisión de un delito de tal complejidad como un secuestro, portando su cédula
de ciudadanía y otros documentos, pues no es este el comportamiento normal de
los subversivos o miembros de organizaciones criminales quienes procuran
permanecer en el anonimato y, en todo caso, no ser fácilmente identificados para
evitar requerimientos judiciales y capturas.

En tercer lugar, lo anterior permite hacer una inferencia lógico mental, en virtud de
la cual es dable colegir que la víctima no atacó a los militares, como para
desencadenar el ataque armado que recibió y, con el cual, los uniformados
causaron su muerte, con la justificación de una supuesta agresión inicial que
desató el combate.

De ahí que, en cuarto lugar, como resultado de establecer los hechos indicadores
o conocidos arriba referidos y de aplicar las máximas de la experiencia atrás

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señaladas e inferir de manera lógica que los militares dispararon contra la víctima
sin que se hubiera presentado un combate previo que justificara una reacción de
legítima defensa, resultan los siguientes hechos indicados o inferidos como
resultado de esa operación o inferencia mental:

1) Que no existió combate entre la víctima y los militares, pues las
declaraciones de los uniformados no ofrecen certeza sobre su ocurrencia y
no se comprobó que el hoy occiso hubiere accionado el arma hallada el día
y en el lugar de los hechos en que falleció, dado que la prueba de residuos
practicada a sus dos manos concluyó que estos no resultaban compatibles
con disparos.140

2) Que la víctima recibió disparos en una posición de vulnerabilidad, pues casi
todos los recibió de espaldas y desde arriba hacia abajo dado el lugar y
trayectoria de los impactos, desde la cabeza hasta los talones, es decir que
el occiso fue neutralizado, quedó completamente reducido, lo que revela
una posición de ventaja de los militares respecto de este, quienes
dispararon 74 proyectiles de corto y largo alcance, pues, a pesar de que los
uniformados manifestaron que se encontraban dentro del vehículo de Luis
Fernando Caquimbo, como lo señaló el informe del 26 de noviembre de
2011 suscrito por el comandante del Segundo Destacamento del Grupo
Gaula Militar Huila (hecho probado 7.1.9.), estos resultaron muy acertados
en causar heridas de muerte a la víctima, sin que esta les propinara lesión
alguna cuando supuestamente disparó contra el vehículo.

3) Que la víctima no representaba una amenaza para los militares, toda vez
que no se probó que hubiera disparado un arma contra estos y por las
trayectorias de los disparos que recibió (de espaldas y desde atrás), es
claro que no los enfrentó como se manifestó en la versión oficial y, por
tanto, no podía causarles daño. De hecho, no se practicó una inspección
judicial ni examen de trayectorias u otra prueba de balística que diera

140 De ello da cuenta el informe del investigador criminalístico del Laboratorio de Balística del CTI,

Huila, (hecho probado 7.1.19).

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cuenta de los impactos que recibió el vehículo, a qué distancia o la posición
del supuesto atacante o tirador.

A lo anterior se suma que no se comprobó que las municiones encontradas en la
escena correspondían al arma atribuida a la víctima, ni siquiera se verificaron las
huellas del occiso en dicho artefacto ni que este disparó algún tipo de arma de
fuego en la escena, pues no tenía residuos de disparo en sus manos, lo que
dificulta comprobar entonces la versión oficial de un supuesto enfrentamiento
armado provocado por Guillermo Léiton Carrillo. En cambio, lo que sí es posible
establecer, es una evidente desproporción del ataque recibido por el civil, es decir,
que hubo un uso excesivo e injustificado de las armas por parte de los militares.

Lo anterior, además, teniendo en cuenta que en el anexo a la operación No. 35
“Naipe” denominado “Apéndice 3 Derechos Humanos Anexo C”, la Dirección
Nacional de Gaulas Militares estableció las “reglas de encuentro” que debían
seguir los militares en caso de enfrentamiento armado y, entre las que debían
seguir los uniformados se encontraban: i) lanzar la proclama a viva voz antes de
emplear sus armas; ii) usar la cantidad de fuerza necesaria para proteger vidas
humanas y cumplir la misión y; iii) tener presente que “es preferible un bandido
fugitivo que un inocente muerto” (hecho probado 7.1.14).

No obstante, se sabe que los militares no lanzaron la proclama a viva voz de ¡alto!
y, si bien no puede afirmarse que hacerlo es un indicio de que fueron atacados,
como tampoco podría considerarse una regla de la experiencia que lanzar dicha
proclama automáticamente hace cesar el fuego, lo cierto es que hacerlo es una
regla de encuentro que debían cumplir los uniformados, pero no lo hicieron, lo que
al menos implica una irregularidad por no seguir las instrucciones del anexo a la
operación No. 35 “Naipe”. Además, como ya lo ha señalado la Sección Tercera de
esta Corporación141, “[…] la necesidad de decir a viva voz la proclama que
identifica a un pelotón como miembros del Ejército Nacional supone alertar a los
civiles o subversivos sobre la presencia de los uniformados con el fin de que se

141Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 25 de febrero de 2016, exp. 49798.

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identifiquen y entreguen en aras de evitar un enfrentamiento armado o errores que
cobren vidas humanas […]”. De manera que el cumplimiento de esta regla de
encuentro ofrece la posibilidad de evitar muertes innecesarias por parte de la
fuerza pública. Incluso, esta Sección142 también ha interpretado que privar a los
civiles o posibles combatientes de la oportunidad de que se verifique la razón de
su presencia en territorio de patrullaje de la fuerza pública o de que se les lleve
ante las autoridades judiciales competentes, de ser necesario, constituye una
omisión, en este caso, del Ejército Nacional, que contradice lo establecido
convencionalmente en los artículos 1.1143, 8.1144 y 25145 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, y en el artículo 29 de la Constitución.

Tampoco la cantidad de fuerza fue necesaria sino excesiva, pues dos vainillas
fueron recolectadas del arma del supuesto atacante frente a 74 efectivamente
disparadas por los militares.

Asimismo, tratándose el Grupo Gaula Militar Huila de un equipo entrenado para
labores antisecuestro y antiextorsión, el cual había planeado la operación No. 35
“Naipe” al menos 3 semanas antes de los hechos, planeación que consistió en
acompañar a Luis Fernando Caquimbo en su rutina normal, verificar el lugar en el
que se cometería el secuestro y sus rutas de acceso, no se explica por qué los
militares no se ubicaron en diferentes posiciones para rodear y neutralizar a la

142 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 25 de febrero de 2016, exp. 49798.
143 “Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
144 “Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal
formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
145 “Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o

a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus
funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) A garantizar que la autoridad
competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona
que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el
cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso”.

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víctima, sin necesidad de hacerle disparos mortales a fin de capturarlo en
flagrancia y ponerlo a órdenes de la autoridad judicial competente, cuando,
supuestamente, casi un mes antes de los hechos, ya sabían dónde y cómo se
efectuaría el plagio a su protegido, como consta en los informes de inteligencia
allegados al proceso (hechos probados 7.1.5. y 7.1.16.).

Asimismo, cabe precisar que, aunque para 2012 y 2013 la información de
inteligencia del Ejército Nacional daba cuenta de que el Frente 13 “Cacica La
Gaitana” de las FARC operaba en el departamento del Huila (hecho probado
7.1.28), para el 2011 cuando ocurrieron los hechos, los testigos Luis Fernando
Caquimbo y Deiber Astaiza Astaiza coincidieron en afirmar que el orden público en
la zona era tranquilo y que el dueño de la finca “Zorrillo” nunca había recibido
amenazas.

Para la Sala, todo lo anterior desestima una agresión previa de la víctima a los
militares pues, por el contrario, lo que se deduce que ocurrió fue un ataque
armado desproporcionado e injustificado de los uniformados contra Guillermo
Léiton Carrillo, quien no se acreditó que haya disparado armas contra los militares,
de lo cual solo puede inferirse que el combate referido por la versión oficial no
ocurrió.

De ahí que los militares no corrieron peligro y, por tanto, no actuaron en legítima
defensa como para justificar el uso letal de sus armas, como en efecto lo hicieron,
pues prevalecía el derecho fundamental a la vida de la víctima, a ser detenida y
puesta a órdenes de la autoridad competente para ser judicializada con todas las
garantías legales, si es que a ello había lugar.

Finalmente, analizados los anteriores hechos indicadores bajo los parámetros de
la sana crítica y las reglas de la experiencia, es posible tener como hecho indicado
que, si bien se planeó y ejecutó una operación militar antisecuestro, la víctima
falleció producto del uso excesivo e injustificado de la fuerza por parte del Ejército
Nacional, dada la desigualdad entre la actuación militar y las condiciones de la
víctima quien fue ejecutada sin que se probara que esta atacó a la tropa como
para generar tal reacción militar.

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Así, se demostró una privación arbitraria de la vida de la víctima – contraria a
derecho – en cuanto lesiona este interés del más alto raigambre y amparo
constitucional y convencional, cuya garantía posibilita el disfrute de los demás
derechos y bienes de las personas, entre tanto que su menoscabo lo inhabilita.

En concordancia, debe advertirse la inviolabilidad del derecho a la vida de las
personas, amparado por el artículo 11 de la Constitución Nacional que
expresamente proscribe la pena de muerte, en concordancia con el artículo 93 de
la Constitución Política, según el cual los tratados y convenios internacionales
ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su
limitación, incluso, en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno,
ante lo cual se tiene el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos que reconoce el derecho a la vida como inherente a la persona humana,
protegido por la ley, bajo la proscripción expresa, según la cual, “nadie podrá ser
privado de la vida arbitrariamente”, así como el artículo 4.1. de la Convención
Americana sobre Derecho Humanos que expresamente prevé el derecho de toda
persona “a que se respete su vida” bajo la prohibición según la cual “[n]adie puede
ser privado de la vida arbitrariamente”.

Igualmente, además del sacrificio de la vida de Guillermo Léiton Carrillo, se
quebrantaron bienes de igual o similar relevancia, tales como la integridad
personal, la honra, la presunción de inocencia de la víctima y el total
desconocimiento de la dignidad de la persona humana.

Adicionalmente se advierte el flagrante desconocimiento de los principios y reglas
del Derecho Internacional Humanitario – D.I.H. –, específicamente los contenidos
en el IV Convenio de Ginebra de 1949146, en el artículo 3147 común a los cuatro

146 Relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.
147 Artículo 3 - Conflictos no internacionales. En caso de conflicto armado que no sea de índole

internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las
Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 1)
Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias,
tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la
religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este

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Convenios de Ginebra y en su Protocolo Adicional II de 1977148, relativos a la
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional que
exigen distinguir entre combatientes, entendiendo por tales a las personas que
participan directamente en las hostilidades, y no combatientes, entendidos estos
como todos aquellos que no participan de tales hostilidades, bien porque se trata
de personas civiles o porque siendo combatientes, por cualquier causa, han
depuesto sus armas.

En este sentido, el artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra,
compendia las normas esenciales de dichos tratados y las hace aplicables a los
conflictos sin carácter internacional o interno, como es el caso del conflicto armado
colombiano.

Esta norma de ius cogens establece que se debe tratar con humanidad a todas las
personas que no participan en las hostilidades o que caigan en poder del
adversario, sin distinción alguna de índole desfavorable; prohíbe específicamente
los atentados contra la vida, las mutilaciones, la toma de rehenes, la tortura, los
tratos humillantes, crueles y degradantes y dispone que deben ofrecerse todas las
garantías judiciales, entre otros.

Por su parte, el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, que
desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949,
reitera la garantía de trato humanitario, el respeto por la judicialización y garantías
procesales de los infractores penales y la protección general de la población civil,
entre los cuales se resaltan las garantías fundamentales del trato humano

respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba
mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en
todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de
rehenes; c) los atenta dos contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y
degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal
legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los
pueblos civilizados. 2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Un organismo
humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios
a las Partes en conflicto. Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor,
mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente
Convenio. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el status jurídico de
las Partes en conflicto.”
148 Relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.

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dispuestas en el artículo 4 ibidem, en cuanto establece el derecho de quienes por
cualquier causa no participan en las hostilidades a que se respeten su persona, su
honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas, al trato humanitario sin
distinción desfavorable.

Corolario de todo lo expuesto, se encuentra acreditada, entonces, la falla en el
servicio como criterio de imputación del daño antijurídico al Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional, pues sus miembros hicieron uso de la fuerza de forma
desproporcionada e injustificada, contraria a la misión constitucional de proteger la
vida de los residentes en Colombia (artículos 2, inciso 2 y 11 de la Constitución
Política) e infringieron la ley (artículo 135 Código Penal), en especial instrumentos
internacionales aprobados y ratificados por Colombia en materia de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Frente a lo anterior, además, conviene precisar que no obra prueba alguna en el
plenario que acredite el hecho o culpa de la víctima como causante del daño, toda
vez que no se no se configuraron los elementos estructurales de dicha causal
eximente de responsabilidad.

En primer lugar, no se trató de un hecho irresistible, pues no se probó la
imposibilidad absoluta para la entidad demandada de evitar el daño, dado que los
integrantes del Grupo Gaula Militar Huila no lanzaron la proclama ni intentaron
arrestar a Guillermo Léiton Carrillo en supuestos actos de flagrancia en la
comisión del aludido secuestro, con lo que hubieran podido evitar causarle la
muerte, secuestro que en todo caso quedó desvirtuado en el análisis indiciario,
además, no se probó ataque alguno de parte de la víctima que hiciera irresistible
una respuesta armada de los uniformados.

En segundo lugar, el hecho no fue imprevisible para los uniformados, pues habían
planeado la aludida operación antisecuestro con varias semanas de anticipación,
conocían la finca “Zorrillo” y se encontraban con la supuesta posible víctima al
momento de los hechos, tiempo y razones suficientes para prever un supuesto
intento de secuestro de Luis Fernando Caquimbo en dicho lugar, el que, en todo
caso, no se probó que ocurriera.

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

Finalmente, tampoco se cumple el elemento de exterioridad, pues de acuerdo con
todo lo expuesto no puede afirmarse que el hecho causante de la muerte de
Guillermo Léiton Carrillo fue ajeno a la demandada, pues fueron los miembros del
Grupo Gaula Militar Huila quienes le dispararon sin haberse demostrado que
actuaron en legítima defensa de un ataque previo propinado por la víctima.

8. Liquidación de perjuicios

A continuación, se realizará la liquidación de perjuicios a favor de los
demandantes, teniendo en cuenta únicamente la tipología de aquellos que fueron
solicitados en la demanda.

8.1. La demanda peticionó por perjuicios morales 100 SMLMV para cada uno de
los demandantes.

En la sentencia proferida el 2 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Huila se reconoció la cantidad solicitada para cada uno de los demandantes María
Inés Carrillo, Emilia Samboní Galíndez, Deimar Léiton Samboní, Guillermo Léiton
Samboní y Yeraldin Léiton Samboní, en su calidad de madre, compañera
permanente e hijos del occiso, respectivamente. Igualmente, reconoció la cantidad
de 50 SMLMV para cada uno de los accionantes Delfin Léiton Carrillo, Nelson
Léiton Carrillo, Carlos Eduardo Léiton Carrillo y Alexander Léiton Carrillo, en
calidad de hermanos de la víctima.

Ahora bien, en la sentencia del 28 de agosto de 2014149, la Sección Tercera de
esta Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios
morales en caso de muerte. En ella indicó que había lugar a reconocer perjuicios a
quienes habían sufrido aflicción por la muerte de una persona, en atención al
grado de relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la víctima, según la
siguiente tabla:

149 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 27709.

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Radicación: 41001233300020140002801 (67160)
Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
Relación Relación Relación
Relación afectiva Relación afectiva
afectiva afectiva del 4° afectiva no
del 2° de del 3er de
conyugal y de familiar
consanguinidad o consanguinidad o
paterno – consanguinidad (terceros
civil civil
filial o civil. damnificados)

Porcentaje 100%
50% 35% 25% 15%

Equivalencia
en salarios
100 50 35 25 15
mínimos

De conformidad con los registros civiles de nacimiento150 y que, como antes se
advirtió, se probó la calidad de Emilia Samboní Galíndez como compañera
permanente de Guillermo Léiton Carrillo, dado que los demandantes se
encuentran dentro del 1º y 2º nivel de relaciones afectivas con la víctima, la Sala
confirmará los montos reconocidos por el tribunal de primera instancia.

8.2. Asimismo, en la demanda se solicitó condenar a la accionada a pagar, por
“violación de derechos fundamentales”, 100 SMLMV y por “daño a la vida de
relación”, 100 SMLMV para cada uno de los demandantes. Por su parte, el
tribunal a quo consideró que estos rubros quedaban inmersos en el perjuicio moral
ya reconocido y negó la indemnización por los mencionados conceptos.

Con relación a este rubro indemnizatorio, se advierte que los perjuicios
reclamados por los demandantes forman parte de la más reciente categoría de
perjuicio reconocida por la jurisprudencia como afectación relevante a bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados151, que establece la
compensación, de oficio o a petición de parte, a través de medidas de reparación
no pecuniarias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano.
Sin embargo, la jurisprudencia unificada fijó la posibilidad de reconocimiento de

150 Archivo anexos de demanda, CD 2, páginas 25, 27, 28, 29, 37 a 44 del archivo
“ED_CUADERNO2_04ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 21 .PDF” índice 21, Samai.
151 Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de

agosto de 2014, Exp. 26.251, 28804 y 32988.

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV única y exclusivamente para la
víctima directa del daño, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o
posibles para consolidar la reparación integral del daño152.

Así las cosas, es decir, toda vez que el reconocimiento pecuniario por afectación
relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados se
reservó única y exclusivamente para la víctima directa del daño, en el presente
caso no es procedente el reconocimiento de los 100 SMLMV peticionado para
cada uno de los demandantes, por cuanto estos acuden a la jurisdicción en
calidad de víctimas de rebote o indirectas, y no de directos damnificados.

Además, cabe advertir que, aunque el a quo negó los rubros solicitados, la parte
actora no apeló este punto de la decisión, de lo cual se advierte su conformidad al
respecto.

8.3. En la demanda se solicitó por daño emergente, la suma de $100’000.000 sin
especificar en favor de quién. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Huila
negó el pago de este rubro, dado que no se probó.

La parte actora apeló esta decisión y manifestó que, aunque con la demanda no
se allegaron recibos, facturas y cuentas de cobro de los gastos respectivos, se
debía “presumir” la causación de estos por el contexto social, económico, político y
de conflicto en que se encontraban las víctimas, que hizo inviable la conservación
de dichos soportes.

La Sala confirmará la decisión del a quo en este punto, dado que, en efecto,
aunque en la demanda se afirma que los familiares de la víctima tuvieron que
asumir los gastos funerarios, las copias de los procesos judiciales, alimentación,
alojamiento entre otros, lo cierto es que no se allegó prueba alguna de dichas
erogaciones.

152 Ibidem.

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Radicación: 41001233300020140002801 (67160)
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Asimismo, aunque los demandantes invocan la dificultad de allegar los soportes
de dichos gastos debido al contexto social, económico, político y de conflicto en
que se encontraban, los actores no explican a qué se refieren con esto, es decir,
cuáles fueron las circunstancias concretas que les imposibilitaron acreditar los
emolumentos solicitados. Tampoco se allegó testimonio u otra evidencia de haber
incurrido en ellos, sin que esté clara su cuantía, como para considerar una
condena en abstracto, por tanto, forzoso resulta concluir que no se probó que
incurrieron en dichos gastos.

8.4. También en la demanda se solicitó condenar a la accionada a brindar a los
demandantes tratamiento médico y psicológico y asesoría y apoyo para el
restablecimiento de su proyecto de vida.

El tribunal a quo negó estos conceptos, al considerar que no se comprobó que los
demandantes padecieran dolencias físicas o mentales que ameritaran el
deprecado tratamiento, como tampoco la forma en que se truncaron sus proyectos
de vida o productivos.

Con relación a este rubro indemnizatorio, la Sala debe advertir que las
denominaciones “perjuicio fisiológico”, “daño psicológico”, “daño al proyecto de
vida” o “daño a la vida de relación”, dada la nueva categoría de perjuicio
reconocida por la jurisprudencia, fundamentada en el daño psicofísico, se ajustan
al concepto de daño a la salud y debe ser reconocida conforme a los
lineamientos jurisprudenciales153, según los cuales, la indemnización está sujeta a
lo probado en el proceso, única y exclusivamente para la víctima directa, en
cuantía que no podrá exceder de 100 SMLMV, de acuerdo con la gravedad de la
lesión, debidamente motivada y razonada, conforme a la tabla señalada en la
jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera de esta Corporación154.

153 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencias del 28 de agosto de 2014, exps. 31.170 y 28.832.
154 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,

sentencias del 28 de agosto de 2014, exps. 31.170 y 28.832.

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Al respecto, se observa que no se probó que los demandantes sufrieran un daño
físico o mental a causa de la muerte de su familiar, pues no se allegó dictamen
médico que permita establecer que requieren el tratamiento que solicitaron. Por
tanto, este no se reconocerá. Como tampoco se demostró el perjuicio de
afectación a su proyecto de vida.

Tampoco se observa inconformidad al respecto, pues los demandantes no
apelaron esta decisión del a quo.

8.5. En la demanda se solicitó como garantía de no repetición que la demandada
realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad y desagravio a la
víctima y; que se investigue y sancione penal y disciplinariamente a los miembros
de la fuerza pública que participaron en el homicidio de Guillermo Léiton Carrillo.

Al respecto, el tribunal de primera instancia ordenó las siguientes medidas de
satisfacción y garantías de no repetición:

“i) Al Ministro de Defensa -o a quien éste delegue-, que publique el fallo en un medio
de comunicación de amplia circulación regional (dentro de los dos meses siguientes
a su ejecutoria), y que el mismo sea puesto en conocimiento de los integrantes del
Ejército Nacional a través de circulares internas o publicaciones en los medios
oficiales de dicha institución, escritos o audiovisuales. De dicha publicación será
reportada al despacho y se allegará copia del mismo al expediente.

ii) Dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria, remitir copia de la presente
decisión al Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo General
de la Nación para que haga parte de su registro, y contribuya a la construcción
documental del país y a la preservación de la memoria de la violencia generada por
el conflicto armado interno en Colombia.

iii) Al Ministro de Defensa, para que por conducto de la Dirección Ejecutiva de la
Justicia Penal Militar, dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de ésta
providencia, dé a conocer la presente decisión a los asesores jurídicos
operacionales de las unidades militares, a los jueces de instrucción y a los fiscales
de la justicia castrense, con el objeto de garantizar que se instruya a los integrantes
de la fuerza pública sobre el respeto a los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario. Ello, con el propósito de que al asumir la investigación de
conductas punibles de los miembros activos de la fuerza pública que se susciten en
el marco de una operación militar o procedimiento de policía, apliquen los preceptos
consagrados en el artículo 3º de la Ley 1407 de 2010.

iv) Al Ministro de Defensa, que previa autorización y consentimiento de los
demandantes, dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta decisión,
realice un acto público de perdón. El día y hora será igualmente concertado con los

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

demandantes, quienes si lo estiman conveniente designarán un representante ante
la autoridad militar.

v) Exhortar a la Fiscalía General de la Nación para que adelante la correspondiente
investigación penal por la muerte del señor Guillermo Leiton Carrillo y,
posteriormente, remita lo pertinente a la Jurisdicción Especial para la Paz”.

La Sala confirmará dichas medidas, puesto que contribuyen a la cimentación de la
memoria histórica y cumplen el propósito de que hechos como el objeto de la
presente demanda no se repitan.

8.6. Finalmente, en la demanda se solicitó condenar a la accionada a pagar, por
lucro cesante, la suma de $674’025.000, sin especificar en favor de quién.

El tribunal a quo reconoció indemnización por este concepto en favor de Emilia
Samboní Galíndez en la suma total de $163’739.179, para Deimar Léiton Samboní
$21’529.533, para Guillermo Léiton Samboní $23’526.872 y para Yeraldin Léiton
Samboní $24’906.188, en sus calidades de compañera permanente e hijos,
respectivamente, de la víctima.

Lo anterior con fundamento en que se probó que, aunque Guillermo Léiton Carrillo
no estaba vinculado laboralmente para la época de los hechos, sí era una persona
productiva quien, se presumía, al menos devengaba el salario mínimo legal
mensual vigente para el momento en que se profirió la sentencia de primera
instancia y que, con él, le prodigaba sustento a su compañera e hijos.

Así, teniendo como ingreso base de liquidación el SMLMV de $ 908.526 vigente a
2021, el a quo dedujo un 25%, que se presumía que la víctima destinaba a su
propio sostenimiento, lo cual arrojó una renta líquida de $681.395, sin
incrementarla en el 25% a título de prestaciones sociales, dado que no se acreditó
que, en el momento de la muerte, la víctima tuviera una relación laboral
dependiente. A continuación, dividió esta renta en un 50% para Emilia Samboní
Galíndez, y el otro 50% entre los demandantes Deimar Léiton Samboní, Guillermo
Léiton Samboní y Yeraldin Léiton Samboní, hijos del occiso. Posteriormente,
liquidó las sumas correspondientes por lucro cesante consolidado desde la fecha
de la muerte del causante hasta la de la sentencia de primera instancia (23 de
noviembre de 2011 a 2 de febrero de 2021). Igualmente, el lucro cesante futuro

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

para Emilia Samboní Galíndez por el resto de vida probable de su compañero
Guillermo Léiton Carrillo, quien era el mayor de los dos y para cada uno de los
hijos Deimar Léiton Samboní, Guillermo Léiton Samboní y Yeraldin Léiton
Samboní, hasta que estos cumplieron los 25 años.

Pues bien, en cuanto al lucro cesante, esta Corporación ha sostenido que se trata
de la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como
consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el daño,
habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los
perjudicados.

Asimismo, la Corporación ha considerado que, como todo perjuicio, para que
proceda el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, éste
debe ser cierto y existente155, es decir, debe probarse que la víctima era
laboralmente activa, que devengaba ingresos mensuales, que con ellos otorgaba
ayuda económica a su familia y que a consecuencia del daño dejó de percibir el
salario con el cual sustentaba su propia subsistencia y la de su familia.

La Sala confirmará la decisión del a quo en este punto, por cuanto se demostró
que Guillermo Léiton Carrillo se dedicaba al cultivo y venta de café, como dan
cuenta las certificaciones emitidas por uno de sus clientes y por la Federación
Nacional de Cafeteros - Comité del Huila, (hechos probados 7.1.4. y 7.1.27.), de lo
cual puede inferirse que de ello derivaba su sustento y el de su familia.

Igualmente, dado que el a quo tuvo en cuenta la tesis de hogaño sostenida por
esta Corporación156, según la cual, al tener probado que la víctima se dedicaba a
una actividad productiva que le proporcionaba el sustento para él y su familia, se
debe presumir que su ingreso era equivalente al valor del salario mínimo legal
mensual vigente para la fecha de la sentencia.

155 Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 21 de

mayo de 2007. Exp. 15989 y de 1 de marzo de 2006. Exp. 17256.
156 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2000, Exp. 11.842.

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

Asimismo, porque se aplicaron los criterios expuestos en la sentencia de
unificación de 18 de julio de 2019, en los que se esbozó que el incremento del
25% por concepto de prestaciones sociales procede siempre que: “i) así se pida
en la demanda y ii) [que] se pruebe suficientemente que el afectado con la medida
trabajaba como empleado al tiempo de [la ocurrencia del daño], pues las
prestaciones sociales son beneficios que operaran con ocasión de una relación
laboral subordinada”157-158.

Finalmente, puesto que el a quo aplicó la jurisprudencia de la Corporación en la
que se ha reconocido la presunción según la cual los padres contribuyen al
sostenimiento económico de sus hijos hasta que estos alcanzan los 25 años de
edad159 en virtud de la obligación alimentaria contenida en el numeral 2 del artículo
411 del Código Civil160, presunción de hombre que, desde luego, es susceptible de
ser desvirtuada dentro del proceso.

Siendo así, solo resta actualizar las sumas reconocidas por el a quo desde la
fecha de la sentencia de primera instancia hasta la fecha de esta providencia, con
aplicación de la fórmula dispuesta por la jurisprudencia para este efecto, para cada
uno de los demandantes, así:

Para Emilia Samboní Galíndez:

RA = Rh X IPC FINAL (febrero 2026)161
IPC INICIAL (febrero de 2021)

RA = $163’739.179 X 155,73
106,58

157 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18

de julio de 2019, expediente 44572.
158 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 11 de noviembre de

2020, Rad.: 50349; Sentencia del 13 de agosto de 2021, Rad.: 49571
159 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 18 de marzo de 2010. Rad.: 17047, en

Antología Jurisprudencias y Conceptos, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, disponible en
https://bit.ly/3qFJI0n
160 “Artículo 411. Se deben alimentos: […] 2. A los descendientes”.
161 El vigente a la fecha de la providencia de segunda instancia.

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RA = $239’248.473,88

Para Deimar Léiton Samboní:

RA = Rh X IPC FINAL (febrero 2026)162
IPC INICIAL (febrero de 2021)

RA = $21’529.533 X 155,73
106,58

RA = $31’458.005

Para Guillermo Léiton Samboní:

RA = Rh X IPC FINAL (febrero 2026)163
IPC INICIAL (febrero de 2021)

RA = $23’526.872 X 155,73
106,58

RA = $34´376.428

Para Yeraldin Léiton Samboní:

RA = Rh X IPC FINAL (febrero 2026)164
IPC INICIAL (febrero de 2021)

RA = $24’906.188 X 155,73
106,58

RA = $36’391.824,52

162 El vigente a la fecha de la providencia de segunda instancia.
163 El vigente a la fecha de la providencia de segunda instancia.
164 El vigente a la fecha de la providencia de segunda instancia.

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

En suma, de conformidad con lo expuesto, se modificará la sentencia proferida el
2 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo del Huila para, en su lugar,
reconocer las sumas actualizadas por concepto de lucro cesante, según lo
expuesto en precedencia.

9. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder
a la condena en costas, a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos
en este código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la
actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en
todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de
la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas a la parte demandada, toda vez que es la parte vencida en el
proceso.

La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los
términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en
consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en
cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente
probadas en el proceso.

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

Ahora, en relación con las agencias en derecho165 en segunda instancia, es
menester poner de presente que se entienden causadas en razón de la
naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte
vencedora166.

En este sentido, se advierte que en segunda instancia la parte vencedora no
desplegó actuación alguna, en consecuencia, no habrá lugar al pago de agencias
en derecho a cargo del extremo activo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 2 de febrero de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Huila, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda y en su lugar se dispone:

SEGUNDO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional de los perjuicios causados a los demandantes por
la muerte de Guillermo Léiton Carrillo, ocurrida el 23 de noviembre de 2011.

TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a
pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes cantidades: 100 SMLMV
para cada uno de los demandantes María Inés Carrillo, Emilia Samboní Galíndez,
Deimar Léiton Samboní, Guillermo Léiton Samboní y Yeraldin Léiton Samboní y;
50 SMLMV para cada uno de los actores Delfin Léiton Carrillo, Nelson Léiton
Carrillo, Carlos Eduardo Léiton Carrillo y Alexander Léiton Carrillo.

165 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
166 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034.

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Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a
pagar, por lucro cesante, las siguientes cantidades: para Emilia Samboní Galíndez
la suma de $239’248.473,88, para Deimar Léiton Samboní $31’458.005, para
Guillermo Léiton Samboní $34´376.428 y para Yeraldin Léiton Samboní
$36’391.824,52.

QUINTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
como medidas de satisfacción y garantías de no repetición, a las siguientes: i) Al
Ministro de Defensa -o a quien éste delegue-, que publique el fallo en un medio de
comunicación de amplia circulación regional (dentro de los dos meses siguientes a su
ejecutoria), y que el mismo sea puesto en conocimiento de los integrantes del Ejército
Nacional a través de circulares internas o publicaciones en los medios oficiales de dicha
institución, escritos o audiovisuales. De dicha publicación será reportada al despacho y se
allegará copia del mismo al expediente. ii) Dentro de los tres meses siguientes a la
ejecutoria, remitir copia de la presente decisión al Director del Centro Nacional de
Memoria Histórica y del Archivo General de la Nación para que haga parte de su registro,
y contribuya a la construcción documental del país y a la preservación de la memoria de la
violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia. iii) Al Ministro de
Defensa, para que por conducto de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar,
dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de ésta providencia, dé a conocer la
presente decisión a los asesores jurídicos operacionales de las unidades militares, a los
jueces de instrucción y a los fiscales de la justicia castrense, con el objeto de garantizar
que se instruya a los integrantes de la fuerza pública sobre el respeto a los Derechos
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Ello, con el propósito de que al asumir
la investigación de conductas punibles de los miembros activos de la fuerza pública que
se susciten en el marco de una operación militar o procedimiento de policía, apliquen los
preceptos consagrados en el artículo 3º de la Ley 1407 de 2010. iv) Al Ministro de
Defensa, que previa autorización y consentimiento de los demandantes, dentro de los tres
meses siguientes a la ejecutoria de esta decisión, realice un acto público de perdón. El día
y hora será igualmente concertado con los demandantes, quienes si lo estiman
conveniente designarán un representante ante la autoridad militar. v) Exhortar a la
Fiscalía General de la Nación para que adelante la correspondiente investigación penal
por la muerte del señor Guillermo Leiton Carrillo y, posteriormente, remita lo pertinente a
la Jurisdicción Especial para la Paz.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

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Radicación: 41001233300020140002801 (67160)
Demandante: Nelson Léiton Carrillo y otros

SÉPTIMO: CONDENAR en costas a la parte demandada, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.

OCTAVO: NEGAR las agencias en derecho por la segunda instancia.

NOVENO: Dar cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los
artículos 192 a 195 del CPACA.

DÉCIMO: En firme esta providencia remítase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclaración de voto

VF/EX8

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