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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2014-00235-01

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2014-00235-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2014 por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedió las pretensiones de la demanda incoada por Libardo Perdomo Ceballos contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP). Segundo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2014-00235-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

29 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015)
Demandante: Libardo Perdomo Ceballos
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 3 de diciembre de 2014 por el Tribunal Administrativo del
Huila, que accedió las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), el señor Libardo Perdomo Ceballos, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las Resoluciones RDP 51356 del 6 de noviembre, RDP 057157 del 17 de diciembre
y RDP 058424 del 30 de diciembre, todas del 2013, mediante las cuales le fue
negado el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar al actor

1 Folios 2 al 14.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015)
Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

la pensión gracia de jubilación, por su labor como docente, desde cuando adquirió
el estatus jurídico; ii) pagar los valores adeudados con los ajustes de valor, en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y iii) pagar las costas del proceso.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, se relataron los siguientes:

i) El señor Libardo Perdomo Ceballos fue nombrado por el intendente nacional de
Caquetá, mediante Decreto 718 del 2 de febrero de 1976, como profesor de primaria
en la Miniconcentración El Triunfo del municipio de La Montañita, cargo que
desempeñó hasta el 7 de febrero de 1977.

ii) Posteriormente, prestó sus servicios en el departamento del Huila vinculado en
propiedad como nacionalizado de forma continua desde el 6 de febrero de 1985
hasta el 28 de agosto de 1986; desde el 21 de agosto de 1986 hasta el 12 de agosto
de 1993; desde el 13 de agosto de 1993 hasta el 18 de diciembre de 1997; y del 17
de diciembre de 1997 hasta la fecha de presentación de la demanda, todos los
nombramientos realizados en propiedad a través de decreto departamental,
completando así más de 32 años al servicio del departamento del Caquetá y del
Huila.

iii) Durante todo el tiempo en que se ha desempeñado como docente lo ha hecho
con honradez, idoneidad, consagración y buena conducta. El 24 de noviembre de
2006 cumplió 50 años de edad. Adquirió el status para acceder a la pensión gracia
el 25 de noviembre de 2006, razón por la que solicitó su reconocimiento el 30 de
septiembre de 2013, el que le fue negado mediante los actos administrativos
demandados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron las Leyes 4 de 1966, 114 de 1913, 116 de 1928; 37 de
1933; 91 de 1989 y 115 de 1994.

2

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015)
Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:

i) El proceso de nacionalización prescrito con la entrada en vigencia de la Ley 43 de
1975, nacionalizó la educación primaria y secundaria que oficialmente venían
prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las
intendencias y comisarías y se definió como un .servicio público a cargo de la
Nación.

ii) No es de recibo el análisis de la UGPP para negar la pensión gracia, en el sentido
de que el demandante sea docente nacional, porque entre 1976 y 1980 la educación
primaria fue entregada a la Intendencia Nacional del Caquetá para su administración
y los educadores adquirieron la calidad de nacionalizados.

iii) El señor Libardo Perdomo Ceballos fue vinculado como docente de primaria en
la Miniconcentración El Triunfo del Municipio de Montañita, nombrado por Decreto
718 del 2 de febrero de 1976, es decir, con carácter nacionalizado, por el intendente,
por lo que el tiempo laborado para la Intendencia del Caquetá es computable para
el reconocimiento de la pensión gracia.

1.2. Contestación de la demanda

La UGPP, por medio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y
expuso las siguientes razones de defensa:2

i) Para el reconocimiento de la pensión gracia no es admisible computar tiempos de
servicio de carácter nacional, por cuanto son incompatibles con los prestados en un
departamento, municipio o distrito.

ii) La entidad obró en legal forma al negarle la pensión al demandante, comoquiera
que su tiempo de servicio prestado es de carácter nacional, pues el nombramiento
como profesor de primaria en la Miniconcentración El Triunfo del municipio de La

2 Folios 84 al 90

3

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015)
Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

Montañita fue efectuado mediante el Decreto 0718 del 2 de febrero de 1976 por el
intendente nacional de Caquetá.

Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido;
ausencia de vicios en el acto administrativo demandado; y prescripción.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 3 de diciembre de 2014,
accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:3

i) A partir de la ley 43 de 1975 empezó el proceso de nacionalización de la educación
primaria y secundaria, en la que se estableció que los gastos que ocasionaran los
departamentos, intendencias, comisarías, municipios y el Distrito Especial de
Bogotá, serían por cuenta de la Nación, razón por la que el nombramiento del
personal nacionalizado continuaba siendo competencia de los funcionarios que
ejercían dicha función, de tal suerte que los intendentes, al tener tal atribución
podían nombrar al personal educativo nacionalizado.

ii) En el presente asunto se advierte que el intendente nacional del Caquetá,
invocando la Ley 43 de 1975, y, específicamente el parágrafo del artículo 1, nombró
al señor Libardo Perdomo Ceballos como docente de la Miniconcentración El
Triunfo, y si bien como lo afirma la entidad demandada la Intendencia era de
carácter Nacional y depende del Gobierno Nacional, lo que en principio llevaría a
afirmar que el nombramiento es nacional, la regulación propia del sistema educativo
le atribuyó la competencia a las Intendencias Nacionales, entre estas al intendente
nacional del Caquetá, para designar al personal docente.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que el artículo 10 de la ley 43 de 1975
prescribe que ninguna de las entidades a que hace referencia dicha ley puede crear
con cargo a la Nación nuevas plazas de maestros y profesores de la educación

3 Folios 109 al 117.

4

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015)
Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

primaria y secundaria sin contar con previa autorización del Ministerio de Educación
Nacional, se concluye que el señor Libardo Perdomo Ceballos fue nombrado
docente nacionalizado por el intendente nacional del Caquetá como, como lo
disponen las Leyes 91 de 1989 y 43 de 1975.

iii) En el proceso está demostrado que el señor Libardo Perdomo Ceballos se ha
desempeñado como docente nacionalizado a un ente territorial (Municipio de Neiva)
desde el 19 de febrero de 1985 hasta el 16 de octubre de 2013, acreditando así
mismo el haber laborado más de 20 años en dicho ente territorial, cumpliendo con
los requisitos esenciales, sin contar incluso el periodo laborado en el departamento
del Caquetá desde el 1 de febrero de 1976 hasta el 7 de febrero de 1977.

iv) Respecto de la de prescripción, se tiene que el actor adquirió el estatus pensional
el 24 de noviembre de 2006 y la primera petición que interrumpe el término de
prescripción fue resuelta mediante Resolución 59120 del 26 de diciembre de 2007,
sin embargo, como la demanda se presentó el 22 de mayo de 2014 prescribieron
las mesadas anteriores al 22 de mayo de 2011.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la accionada interpuso recurso de apelación contra la sentencia
con base en los siguientes argumentos:4

Los tiempos de servicio prestados en virtud del Decreto 0718 del 2 de febrero de
1976, expedido por el intendente del Caquetá, no son computables para la pensión
gracia, por tratarse de una vinculación de carácter nacional. Por lo tanto, el
demandante no cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por las leyes 114
de 1913 y 116 de 1928, en lo que se refiere a haber prestado 20 años de servicios
a una institución educativa que esté a cargo del departamento o municipio.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

4 Folios 120 al 124.

5

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015)
Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

Las partes reiteraron los argumentos expuestos a lo largo del proceso.5

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si el demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 19287 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley

5
Folios 169 al 175
6 Constancia secretarial obrante en el folio 199.
7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho

a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los
años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de
la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo, quedaran

nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en
establecimientos de enseñanza secundaria.

6

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Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 9

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».10

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».11

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».

9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995,

radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo
dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario
para su sostenimiento.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.

También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i)
Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección
B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia
del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse
la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.

7

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015)
Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

8

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015)
Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».13

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:14

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».15

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-

2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-

2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-02219-

01 (AC).

9

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015)
Demandante: Libardo Perdomo Ceballos
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,16 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:17

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-

04683-01 (3805-2014).
17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.

10

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015)
Demandante: Libardo Perdomo Ceballos
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».18

2.3. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-

04683-01 (3805-2014).

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Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015)
Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

• Conforme a la cédula de ciudadanía y al registro civil de nacimiento, el señor
Libardo Perdomo Ceballos nació el 24 de noviembre de 1956.19

• El 2 de febrero de 1976, mediante Decreto 718, el intendente nacional del Caquetá
lo nombró en el cargo de maestro de la Miniconcentración El Triunfo del municipio
de La Montañita.20 Tomó posesión el 10 de febrero siguiente21 y, de acuerdo con la
certificación expedida por la coordinadora de la Secretaría de Educación del
Caquetá, renunció el 7 de febrero de 1977.22

• Según certificado de tiempo de servicio expedido por la Secretaría de Educación
de Neiva, el señor Libardo Perdomo Ceballos prestó sus servicios en el nivel media,
vinculación en propiedad como nacionalizado, de forma continua, y al 24 de febrero
de 2004 se desempeñaba como rector en la Escuela Normal Superior de Neiva,
jornada completa, para un total de tiempo de servicio de 28 años, 6 meses y 8 días,
prestados así:23

➢ Del 19 de febrero al 31 de diciembre de 1985, y del 1 de enero de 1986 al 28
de agosto de 1986, en el Colegio Nacionalizado San José de Oporapa, por
nombramiento e incorporación.

➢ Del 29 de agosto de 1986 al 18 de agosto de 1987 y del 19 de agosto de
1987 al 31 de marzo de 1991, en el Colegio María Auxiliadora de Iquira, por
nombramiento y ratificación.

➢ Del 1 de abril de 1991 al 12 de agosto de 1993, en Moyitas, Palermo, por
traslado.

➢ Del 13 de agosto de 1993 al 2 de octubre de 1997, en Vegalarga (Neiva), por
permuta.

➢ Del 3 de octubre al 18 de diciembre de 1997, en el Colegio municipal San
Antonio de Anaconia (Neiva), por Incorporación.

19 Folios 17 y 18.
20
Folio 23.
21
Folio 22
22
Folio 21
23
Folios 26 y 27

12

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015)
Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

➢ Del 19 de diciembre de 1997 al 11 de febrero de 2002, en la Escuela Normal
Superior de Neiva, por nombramiento.

➢ Del 12 de febrero de 2002 al 23 de febrero de 2004, en Francisco de Paula
Santander (Neiva), por designación.

➢ Del 24 de febrero de 2004 a la fecha de expedición del certificado, 16 de
octubre de 2013, en la Escuela Normal Superior de Neiva, por
incorporaciones.

• Según Certificación de salarios mes a mes del 19 de septiembre de 2013, expedida
por el municipio de Neiva, en el año 2005 y 2006 el señor Perdomo Ceballos
devengó asignación básica mensual, sobresueldo como rector, horas extras, prima
de vacaciones y prima de navidad.24

• La Procuraduría General de la Nación certificó que el actor no registraba
antecedentes disciplinarios.25

• El 26 de diciembre de 2007, en cuanto a la historia laboral, se especificó:26

24
Folio 28
25
Folio 20
26 Folios 233 a 234. Esta información coincide con la que se había certificado en virtud del requerimiento realizado por el

a quo (folios 142 a 143).

13

Radicación: 41001 23 33 000 2014 00235 01 (0842-2015)
Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

• La Procuraduría General de la Nación certificó que el actor no registraba
antecedentes disciplinarios.27

➢ Actuación administrativa

• El 30 de septiembre de 2013, el demandante peticionó ante la UGPP el
reconocimiento de la pensión gracia.28

• El 6 de noviembre de 2013, a través de la Resolución RDP 051356 del 6 de
noviembre de 2013, la UGPP negó la solicitud, con el argumento de que el tiempo
que estuvo vinculado mediante Decreto 0718 del 2 de febrero de 1976 expedido por
el intendente nacional del Caquetá es un nombramiento como nacional y no puede
tenerse en cuenta para acceder a la pensión gracia y que, además, al 31 de
diciembre de 1980 no se encontraba vinculado a la docencia oficial.29

• El 17 de diciembre de 2013, mediante la Resolución RDP 057157, se decidió el
recurso de reposición y el 30 de diciembre siguiente, por Resolución RDP 058424,
se resolvió la apelación, confirmando la decisión.30

27 Documento 39 del cd que contiene el expediente administrativo (folio 118 A).
28 Según se extracta de la Resolución RDP 051356 del 6 de noviembre de 2013 (folios 30).
29
Folios 30 al 35
30
Folios 42 al 46 y 48 al 52, respectivamente.

14

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Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta el recuento fáctico que antecede, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en precedencia, la Sala confirmará la decisión
del a quo que accedió al reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos:

i) El señor Libardo Perdomo Ceballos acreditó como tiempo de servicio computable
para obtener la pensión gracia el período comprendido entre el 1.° de febrero de
1976 y el 7 de febrero de 1977.31 Esta vinculación obedeció al nombramiento
efectuado por el intendente nacional del Caquetá, junto con el secretario de
educación (encargado). Al respecto, el mencionado acto señaló:

DECRETO No. 0718 DE 1976
(Febrero 2)
Por medio del cual se hace el nombramiento del personal docente para el año
lectivo de 1976.
EL INTENDENTE NACIONAL DEL CAQUETA
en uso de sus facultades legales y especialmente de las que le confiere el
parágrafo del artículo 1 de la Ley 43 de 1975,
DECRETA:
Artículo primero. A partir del primero del mes en curso se ratifica y nombra en
los cargos de maestros, a las personas que a continuación se detallan y según
la redistribución siguiente:
[…]
MINICONCENTRACIÓN EL TRIUNFO

578. Libardo Perdomo Ceballos
[…]
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

ii) Esta corporación se ha referido a la naturaleza jurídica que tenían las
Intendencias Nacionales antes de la expedición de la Constitución Política de 1991,
en los siguientes términos:32

31 En esta fecha se radicó la demanda (folio 11, reverso).
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, radicado 05001-23-33-000-

2014-00638-01 (2753-16). Ver también las siguientes sentencias: i) 17 de mayo de 2018, radicado 81001-23-33-000-2013-

15

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Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

[…] a través de la Ley 22 del 18 de enero de 198533 se establece que la
administración de esas intendencias en cada entidad territorial correspondería a los
Consejos Intendenciales y Comisariales y a los Intendentes y Comisarios34,
confirmando de esta manera lo dispuesto en la Constitución y el art. 1º de la Ley 2ª
de 1943, según los cuales si bien la administración de las intendencias y comisarias
correspondía al Gobierno Nacional ellas se asimilaban a los departamentos,
pudiendo establecer los mismos impuestos y contribuciones y tendrían las mismas
rentas que aquellos.

Finalmente con la Constitución de 1991 dichas intendencias y comisarías fueron
erigidas como Departamentos, tal como lo ordenó el art. 309 de la C.P35.

Así entonces, para la parte demandada el tiempo de servicios como docente prestado
por el actor con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 es del orden nacional, tal
como se advirtió líneas atrás, no obstante, para la Sala el mismo deviene del orden
territorial, puesto que fue efectuado por entidad territorial, la cual si bien era
administrada por el Gobierno Nacional, tenía la misma calidad de entidad territorial,
esto es gozaba de autonomía e independencia como de ellos se predica, tal como se
prevé en la Ley 2ª de 1943 y 22 de 1985, como se dejó advertido.

Lo anterior sumado a lo dispuesto en la Ley 43 de 1975 art. 1º en el cual se nacionalizó
la educación que venían prestando los Departamentos, Distrito Especial de Bogotá,
los municipios, intendencias y comisarías, por lo que con fundamento en la anterior
norma quedaron nacionalizada el servicio de educación que venía prestando las
intendencias, para el caso concreto la de Intendencia Nacional de Arauca, por lo tanto
los nombramientos efectuados por este se entienden de naturaleza nacionalizada, tal
como lo ordenó la norma.

Argumento que a su vez se confirma con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 91 de
1989 que considera como docente territorial el nombrado por entidad territorial, en
este caso, la Intendencia Nacional de Arauca, con posterioridad al 1º de enero de
1976.

De acuerdo con el anterior lineamiento, antes de la Constitución de 1991, la
Intendencia Nacional del Caquetá era una entidad territorial y con la nueva Carta se
convirtió en un departamento. Por su parte, los docentes tenían la condición de
territoriales o nacionalizados, teniendo en cuenta que dicha intendencia también se

00119-01(1466-15); ii) del 15 de junio de 2017, radicado 81001-23-33-000-2013-00025-01 (4571 – 2014); iii) del 21 de
abril de 2017, radicado 19001-23-33-000-2014-00336-01(4362-15); y iv) 6 de noviembre de 2014, radicado 15001-23-33-
000-2013-00455-01 (0322-2014).
33 “por la cual se dictan normas sobre el Régimen Administrativo de las Intendencias y Comisarías, se faculta al Presidente

de la República para reorganizar el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías, modificar el Régimen
Administrativo, Contractual y Fiscal en estas entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”.
34 “Artículo 1°. La Administración de las Intendencias y Comisarías corresponde al Gobierno Nacional, al Departamento

Administrativo de Intendencias y Comisarías y en cada entidad territorial a los Consejos Intendenciales y Comisariales y a
los Intendentes y Comisarios, conforme a las disposiciones de la presente ley. “
35 “ARTICULO 309. Erígense en departamento las Intendencias de Arauca, Casanare, Putumayo, el Archipielago de San

Andres, Providencia y Santa Catalina, y las Comisarías del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada. Los bienes y
derechos que a cualquier título pertenecían a las intendencias y comisarías continuarán siendo de propiedad de los
respectivos departamentos.”

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Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

sometió al proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de
1975.

El anterior nombramiento fue certificado el 23 de septiembre de 2013,36 por la
Secretaría de Educación Departamental del Caquetá, en donde, además, se indicó
que se prestaron los servicios en el nivel básica primaria con vinculación en
propiedad como nacionalizada.

36
F ol i o 2 1.

17

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Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

iii) Por su parte, la Secretaría de Educación de Neiva, certificó que el actor prestó
sus servicios docentes con vinculación en propiedad como nacionalizada, en forma
continua, durante 28 años, 6 meses y 8 días, así:

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Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

De lo anterior, se observa que la vinculación ocurrida el 6 de febrero de 1985, por
medio del Decreto 063, permaneció vigente, por lo menos, hasta la fecha de la
certificación. Sumado a ello, y teniendo en cuenta que la designación del actor se
produjo con posterioridad a la nacionalización de la educación, de acuerdo con la
Ley 45 de 1973 y el artículo 1.° de la Ley 91 de 1989, se entiende que el vínculo
referido es de carácter nacionalizado, tal como se certificó.

iii) Bajo este contexto, el tiempo laborado por el señor Libardo Perdomo Ceballos
como docente al servicio de la Intendencia Nacional del Caquetá le permite acceder
a la pensión gracia reclamada, pues la entidad tenía la categoría de territorial,
asimilable a un departamento y expresamente fue erigida en tal condición con la
expedición de la Constitución Política de 1991.

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Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

v) Las pruebas aportadas al plenario demuestran que el actor fue vinculado como
docente nacionalizado por primera vez en el año 1976, sin que el hecho de no
encontrarse vinculado al 30 de diciembre de 1980 sea óbice para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia, pues la sentencia de unificación del 11 de
agosto de 2022 fijó la regla de que tienen derecho a que se les reconozca la pensión
gracia aquellos docentes que hayan tenido una vinculación en una plaza
nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumplan con las
exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin exigir
que para la mencionada fecha el vínculo estuviera vigente.

vi) El carácter nacionalizado de la designación del demandante encuentra respaldo
en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados
aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1
de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975». En similar sentido, la Corte Constitucional,
mediante Sentencia C-085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son
«los vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales»,
conforme ocurrió en el sub lite.

vii) Así las cosas, la Sala advierte que el demandante acreditó con suficiencia el
ejercicio de la profesión docente en plazas del orden territorial y nacionalizadas por
más de 20 años y cumplió con la exigencia de haberse vinculado antes del 31 de
diciembre de 1980, tal como lo determinó el a quo; por lo tanto, cumplió el requisito
del tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación
pretendida. Además, cuenta con más de 50 años de edad y durante su ejercicio
como docente no se registraron sanciones disciplinarias, es decir, que también
acreditó los requisitos de edad, buena conducta y desempeño laboral con honradez
y consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento del
beneficio pensional reclamado.

Ahora bien, respecto de la prescripción, se tiene que el accionante consolidó el
estatus pensional el 24 de noviembre de 2006, cuando cumplió los 50 años de edad,
momento para el cual había completado más de veinte de servicio. Sin embargo,

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Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

teniendo en cuenta que la petición de reconocimiento pensional, que dio lugar a los
actos acusados, fue radicada el 30 de septiembre de 2013 y la demanda se presentó
el 22 de mayo de 2014, es evidente que se configuró la prescripción de las mesadas
causadas con anterioridad al 30 de septiembre de 2010.

Sin embargo, el a quo tomó como punto de partida una petición anterior, que fue
resuelta mediante Resolución 59120 del 26 de diciembre de 2007, acto que no fue
enjuiciado, y al advertir que entre esta y la presentación de la demanda transcurrió
un lapso superior a los tres años, declaró la efectividad de la pensión a partir del 22
de mayo de 2011. En este orden, en aplicación del principio de la non reformatio in
pejus, la decisión del a quo no puede modificarse, teniendo en cuenta la calidad de
apelante único de la UGPP y, por ende, la sentencia se confirmará en sus precisos
términos.

2.5. De la condena en costas

Teniendo en cuenta que la decisión que aquí se adopta es fruto de lo dispuesto en
las reglas jurisprudenciales trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio
de 2018 y 11 de agosto de 2022, no se impondrán costas a cargo de ninguna de las
partes con el fin de salvaguardar los principios de buena fe y confianza legítima.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser confirmada,
excepto lo relacionado con la prescripción, que se modificará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Demandante: Libardo Perdomo Ceballos

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2014 por el Tribunal
Administrativo del Huila, que accedió las pretensiones de la demanda incoada por
Libardo Perdomo Ceballos contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP).

Segundo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

JORGE IVAN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

22

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