Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 41001-23-33-000-2014-00283-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 41001-23-33-000-2014-00283-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 41001-23-33-000-2014-00283-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
27 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Número único de radicación: 41001233300020140028301
Demandante: Leasing Bolívar S.A.1
Demandada: Corporación Autónoma del Alto Magdalena-CAM
Asunto: Responsabilidad sancionatorio ambiental: Presunción de culpa o dolo del
infractor
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 21 de junio de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Huila.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Leasing Bolívar S.A, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra
la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, en adelante la parte demandada, en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRETENSIONES:
1 Empresa que fue absorbida por el banco Davivienda S.A.
2 Cfr. Índice núm.016 de SAMAI, archivo denominado “[…] ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL -
RESERVADO.(.pdf) NroActua 16”.
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Núm. único de radicación: 41001233300020140028301
Demandante: Leasing Bolívar S.A
1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1606 de fecha 29 de Agosto del
año 2012, proferida por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -
CAM-, en su Artículo Cuarto del Resuelve, en donde Declaro Responsable de los
cargos imputados a LEASING BOLÍVAR S.A. C.F. y al mismo tiempo se declare la
nulidad de la Resolución No. 3049 de fecha 24 Diciembre del año 2013, a través de
la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto.
2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1606 de fecha 29 de Agosto del
año 2012, proferida por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -
CAM-, en su Artículo Sexto del Resuelve, en donde Ordeno Decomisar
Definitivamente la maquinaria que a continuación describiré, y al mismo tiempo se
declare la nulidad de la Resolución No. 3049 de fecha 24 diciembre del año 2013, a
través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto:
Maquinaria: Excavadora Hidráulica Sobre Orugas
Marca: Caterpillar
Modelo: 320D
Equipada con Motor Diesel
Serial: A6F00860
Pin: CAT0320DTA6F00860
3. Que como consecuencia de la declaratoria de la nulidad de la Resolución No.
1606 de fecha 29 de Agosto del año 2012, en su Artículo Sexto del Resuelve,
proferida por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM- , se
ordene a la mencionada entidad, la devolución de la Maquinaria descrita en el
numeral 1 de las pretensiones y en caso que no fuese posible su devolución, se
pague el valor comercial de la misma, el cual asciende a la suma de
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000 =).
4. Que se condene a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-
, al pago de los perjuicios sufridos con ocasión del decomiso de la Maquinaria, desde
el día 25 de Febrero del año 2011, que fue cuando se decomisó, hasta el día en que
se restablezca el derecho, en cuantía de SEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE
MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($6.311.424=) mensuales, que al
momento de interponer la presente Acción, asciende a la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($252.456.960=).
5. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia por parte de la Corporación
Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, dentro del término establecido en el
Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.
6. Que en caso que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-,
no efectué el pago en forma oportuna, liquide los intereses comerciales y moratorios
como lo ordena el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
7. Que la condena respectiva sea actualizada de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del Código Contencioso Administrativo3.
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3 Transcripción literal del texto.
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Demandante: Leasing Bolívar S.A
3.1. El Director Territorial Norte de la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena, mediante el Auto núm. 131 de 21 de julio de 2011, vinculó a la compañía
Leasing Bolívar S.A a la investigación dentro del procedimiento sancionatorio núm.
103 de 2011.
3.2. Dicho Auto fue notificado a la parte demandante por medio del Auto 05 de
agosto de 2011. Indicó que, por medio de esa comunicación, tuvo conocimiento que
la maquinaria “[…] Excavadora Hidráulica Sobre Orugas, Marca: Caterpillar, Modelo:
320D, Equipada con Motor Diésel, Serial: A6F00860, Pin: CAT0320DTA6F00860 […]” fue
decomisada en forma preventiva por medio de la Resolución núm. 0332 del 25 de
febrero de 2011.
3.3. Manifestó que, por medio del Auto 006 del 05 de marzo de 2012, se le formuló
pliego de cargos y se ordenó mantener vigente el decomiso preventivo de la
excavadora hidráulica de referencia.
3.4. La parte demandante presentó descargos contra la Resolución núm. 006 del 05
de marzo de 2012, solicitando absolver a la compañía Leasing Bolívar S.A. y que
se ordenara la devolución de la maquinaria decomisada.
3.5. Mediante Resolución núm. 1606 de 2012 del 29 de agosto de 2012, se resolvió
de fondo el procedimiento sancionatorio ambiental, en el que se declaró
responsable de los cargos imputados a la parte demandante y se ordenó el
decomiso definitivo de la excavadora hidráulica sobre orugas.
3.6. La parte demandante interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm.
1606 del 29 de agosto de 2012.
3.7. El Director Territorial Norte de la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena profirió Resolución núm. 3049 el 24 de diciembre de 2013, mediante la
cual confirmó la Resolución núm. 1606 de 2012 en cada una de sus partes y notificó
que con la misma se agotó el procedimiento administrativo.
Normas violadas
4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
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• Artículo 2, 4 y 58 de la Constitución Política.
• Artículos 1602, 1603, 2347, 2350, 2353 y siguientes del Código Civil.
• Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.
• Decreto 3678 de 2010.
Concepto de violación
5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la
violación, así:
5.1. Adujo que, la Resolución núm. 1606 de 2012 transgredió el artículo 2 de la
Constitución Política, que trata sobre la propiedad privada en virtud de que la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena “[…] no garantizó dicha
propiedad y procedió a su decomiso definitivo, a pesar de existir argumentos
jurídicos válidos, […] sobre la propiedad de dicho bien inmueble”.
5.2. Indicó que, se transgredió el artículo 4° de la Constitución Política, el cual
establece que la Constitución es norma de normas pues, a su juicio, se violó el
artículo 58 superior que garantiza la propiedad privada en virtud de la aplicación
indebida del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, modificada por el Decreto 3678 de
2010. Refirió que se hizo aplicación de una sanción de decomiso definitivo sin ser
la parte demandante la causante del daño ambiental pues su actividad era
restringida y no le era permitido ejercer actividades de minería, sumado al hecho
que, se transfirió el bien al señor Gerardo Vargas Buitrago quien ejercía como
guardián jurídico de la maquinaria y debía responder por los daños que se causaran.
5.3. Manifestó que, el Decreto 3678 de 2010 modificó el artículo 5° de la Ley 1333
de 2009 y no establece presunción de responsabilidad, la cual, no le era transferible
en atención a que entregó la maquinaria a un locatario en calidad de guardián
jurídico del mismo, por ende, no le asiste responsabilidad ambiental al propietario
del bien cuando este lo ha entregado en arrendamiento o leasing.
5.4. Afirmó que, se vulneró el artículo 1602 del Código Civil respecto a que el
contrato es ley para las partes y al no respetarse el contrato firmado entre la parte
demandante y el señor Gerardo Vargas Buitrago se trasgrede la disposición.
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5.5. Argumentó que, se violó el artículo 103 del Código Civil en virtud de que el
contrato de leasing núm. 001-03-025173 se desarrolló bajo el principio de buena fe
y fue quebrantado por la Resolución núm. 1606 de 2012.
5.6. Sostuvo que, se transgredió el artículo 2347 del Código Civil el cual refiere la
responsabilidad de las personas que, para el caso aduce radica en el locatario del
contrato de leasing.
5.7. Señaló que, se transgredieron los artículos 2350 y 2353 del Código Civil que
establecen la presunción de culpa del propietario, pero habla del guardián jurídico
de la cosa quien es el que debe responder.
5.8. Por último, adujo que se desconoció el artículo 2356 del Código Civil que trata
sobre “la conducta del hombre como responsable del daño y no de la cosa como causante
del daño”.
Contestación de la demanda
6. La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena4, contestó la demanda y
se opuso a las pretensiones formuladas, así5:
6.1. Adujo que, las pretensiones invocadas por la parte demandante no tienen un
soporte fáctico, jurídico ni probatorio pues el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y la Corporación Autónoma del Bajo Magdalena- CAM
ejercieron sus facultades legales previstas en las leyes 99 y 133, sin precisar más
al respecto.
6.2. Indicó que, la imposición de las medidas preventivas y el trámite del
procedimiento sancionatorio ambiental se realizó en observancia de las garantías
legales y constitucionales de los infractores y, por el contrario, a lo manifestado por
la parte demandante, precisó que los actos administrativos demandados no están
inmersos en alguna de las causales de nulidad que vicien de ilegalidad el contenido.
4 Mediante apoderado.
5 Cfr. índice 0016 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado “[…] ED_C01_01 OTROS-CUADERNO
1 PRINCIPAL -RESERVADO.(.pdf) NroActua 16”.
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6.3. Manifestó que, la parte demandante, se limitó a enunciar los cargos, sin que se
desarrollaran los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios en los que soportan
las razones de inconformidad y las causales de nulidad presentes en los actos
administrativos demandados.
6.4. Precisó que el Decreto 3678 de 2010 es reglamentario del artículo 40 de la Ley
1333 y no modificatorio, en virtud de que en dicha normativa se establecen los
criterios para la imposición de las sanciones, entre otras, el decomiso definitivo de
los elementos utilizados para la comisión de las infracciones ambientales, en
concordancia con el artículo 47 Ibidem.
6.5. Adujo que del artículo 8º del Decreto 3678 de 2009 se colige que, por mandato
legal, procede el decomiso definitivo de elementos utilizados para la realización de
actividades ilegales, de esta manera, señaló que, en el caso concreto, la excavadora
incautada y decomisada definitivamente fue sorprendida por la autoridad ambiental
en situación de flagrancia por actividades de minería ilegal causando impactos
ambientales negativos como se refirió en la Resolución núm. 0332 de 2011, el
concepto técnico núm. 0278 de 2011, el oficio núm. 0494 de 2011, la Resolución
núm. 1606 de 2012, el concepto técnico núm. 0891 de 2011 que obran dentro del
expediente sancionatorio ambiental núm. 103 de 2011.
6.6. Manifestó que, del parágrafo del artículo 1° y el parágrafo del artículo 4° de la
Ley 1333 de 2009, se presume la culpa o dolo del infractor en materia ambiental la
cual se sanciona en los casos en los que no se desvirtúa dicha presunción que se
trata en la sentencia C-595 de 2010 y que puede desvirtuarse por la parte
investigada a través de los medios legales de prueba o que la entidad no esté
obligada a demostrar la responsabilidad ambiental subjetiva del autor de los hechos
constitutivos de responsabilidad ambiental.
6.7. Refirió que, el artículo 5 de la Ley 1333 extrae que, no sólo se considera
infracción ambiental la acción y omisión que constituyan violación de las normas
ambientales sino también las condiciones que configuren la responsabilidad civil
extracontractual como el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el nexo causal
entre estos.
6.8. Para el caso en estudio, refirió que el que cause un daño con el uso y goce de
las cosas de las que es dueño está obligado a reparar, así mencionó el contrato de
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leasing suscrito entre Leasing Bolívar S.A y el señor Gerardo Vargas Buitrago del
que se desprendía la entrega al locatario de la mera tenencia de la excavadora para
ser usado durante el periodo del contrato y, a su terminación, ser restituido o ser
adquirido por el locatario.
6.9. Indicó que, la cláusula vigésima primera refiere a la facultad de inspección que
podrá realizar la parte demandante sobre la existencia y ubicación del objeto del
contrato. Expresó que del contrato se desprenden obligaciones recíprocas para las
partes, sin que se refiera a que el propietario se desprende del cumplimento de sus
obligaciones de inspección sobre el bien, pues no significa que el bien quede dejado
a la deriva o al abandono circunstancia que afirma la parte demandante no realizó.
6.10. Adicionalmente, manifestó que no existe prueba siquiera sumaria de que se
hayan efectuado acciones legales que permitieran establecer la debida diligencia
en la inspección sobre el bien dado al locatario. Concluyó que, respecto de esto se
demostró una actividad omisiva, negligente y permisiva de la parte demandante lo
que constituía su responsabilidad.
6.11. Indicó que, en relación con la presunta vulneración de los artículos 1602, 1603,
2347, 2350 y 2353 carecen de fundamento argumentativo en sus aspectos fácticos,
jurídicos y probatorios pues no señala en que consiste la violación de la norma
citada.
6.12. Propuso como excepciones el cumplimiento por parte de la Corporación
Autónoma Regional del Alto Magdalena al principio de legalidad, debido proceso e
inexistencia de causal de nulidad de los actos administrativos demandados al ser
expedidos de conformidad a la ley.
6.13. Igualmente, formuló la excepción de inexistencia de perjuicios a la parte
demandante por ausencia de fundamentos fácticos y probatorios, así como la
excepción de prevalencia de los derechos e intereses colectivos al tratarse el medio
ambiente de un derecho constitucional de interés general establecido en la
Constitución Política. Finalmente, refirió como excepción el cobro de lo no debido
en el caso que la parte demandante haya ejercido alguna acción por el
incumplimiento del contrato de leasing.
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Sentencia proferida, en primera instancia
7. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia de 21 de junio de 20196,
resolvió:
“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda […]”.
Consideraciones del Tribunal
8. Consideró que, la medida de decomiso definitivo de la maquinaria fue decretada
en observancia de las garantías constitucionales, del derecho al debido proceso y
del derecho de defensa dentro del procedimiento sancionatorio ambiental en el que
se declaró responsable a la parte demandante.
9. Precisó que, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena cumplió con
los lineamientos fijados por la Corte Constitucional7 para limitar el derecho de
dominio sobre la retroexcavadora y por lo mismo no trasgredió el derecho de
propiedad.
10. Adujo que, respecto al contrato de leasing suscrito entre la parte demandante y
el señor Gerardo Vargas Buitrago, en concordancia con la jurisprudencia del
Consejo de Estado8, si bien el locatario tenía la tenencia del bien, la propiedad se
mantenía en cabeza del dueño de la maquinaria, calidad en la que le fue atribuida
la responsabilidad a Leasing Bolívar S.A., así afirmó que dicha compañía no se
podía eximir de responsabilidad ambiental refiriendo la existencia del contrato pues,
el bien del que es dueño fue utilizado para cometer una infracción ambiental y,
contractualmente, Leasing Bolívar S.A. tenía la obligación de ejercer la inspección
sobre el mismo como así estaba consignado en la cláusula vigésima primera del
contrato.
11. Aduce que, de la cláusula novena la compañía tenía la facultad de autorizar el
traslado de la maquinaria, por ende, en ejercicio de esta se pudo dar cuenta del uso
que se le estaba dando a la retroexcavadora o, incluso, podía impedir o minimizar
el daño ambiental que estaba causando. Refirió que, si bien en la cláusula vigésima
6 Cfr. índice 0016 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado “[…] ED_C03_01 OTROS-CUADERNO
3 PRINCIPAL -RESERVADO.(.pdf) NroActua 16”. Folio 143.
7 Corte Constitucional; Sentencia C-364 del 16 de mayo de 2012; MP: Luis Ernesto Vargas Silva.
8 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta-Descongestión. Sentencia del 1 de
marzo de 2018. C.P: Lucy Jeannette Bermúdez. Rad. 73001-23-31-000-2012-00107-01. Demandante: Leasing
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primera se consignó que la parte demandada podía verificar la existencia y
ubicación del bien, conforme al numeral 5º del artículo 207 del Código de Comercio,
el revisor fiscal en ejercicio de sus funciones debía inspeccionar los bienes dados
en leasing en virtud a la circular básica jurídica núm. 007 de 1996 expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
12. Manifestó que, si bien en la cláusula decimoprimera del contrato de leasing se
consignó que la responsabilidad por los daños que ocasionare el bien recaía
exclusivamente en el locatario, seguidamente se dijo que el locatario tenía la
obligación de restituir todos los pagos o indemnización que tuviera que realizar por
mandato legal, administrativo o judicial y en la cláusula decimonovena se le impuso
la obligación al locatario de tomar seguros cuyo beneficiario debía ser Leasing
Bolívar S.A.
13. De conformidad con lo anterior, la parte demandante era quien debía responder
ante la autoridad administrativa por los daños que pudiera ocasionar el bien.
Respecto a la efectividad del seguro a favor de la parte demandante se debía
realizar a través de un proceso ordinario, en el que se discutiera el incumplimiento
de las obligaciones que se derivan de los contratos cuya competencia no era de la
jurisdicción vigente. Sumado a esto, indicó que el Consejo de Estado9 en un caso
similar expresó:
“[…] el hecho de que en el contrato se suscribieran diversas cláusulas de
responsabilidad a cargo del locatario, no implica que Leasing Bolívar deba ser
exonerado del trámite administrativo sancionatorio ambiental en calidad de
propietario del bien usado para cometer la infracción, pues del propio contrato se lee
que, en caso de incumplimiento de las cláusulas pactadas, de los que se derive un
proceso de responsabilidad que involucre el bien o del que se derive algún tipo de
indemnización o pago a cargo de la leasing, el locatario tiene la obligación de restituir
dichos pagos al arrendador. Adicionalmente, en el contrato puede verse claramente
que la sociedad leasing puede exigir al locatario la constitución de garantías para el
efectivo cumplimiento de lo pactado”.
14. Refirió que la responsabilidad sobre la maquinaria recae sobre quien tuviera la
vigilancia, subordinación del mando, dirección y el control. Reitera que, en principio,
según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia10, la calidad de propietario
presume la responsabilidad sobre el bien en cuestión sin que se desconociera que
esta podía desvirtuarse cuando se probara que no posee la guarda de la cosa,
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 22 de marzo de
2018, CP: Alberto Yepes Barreiro, número único de radicación 73001-23-31-000-2012-00108-01.
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 08 de abril de 2014, M.P: Fernando Giraldo
Gutiérrez, número único de radicación 11001-31-03-026-2009-00743-01
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situación que afirmó no sucede en el caso bajo estudio pues del clausulado antes
relacionado se extraía que la parte demandante mantenía el control y manejo sobre
la maquinaria.
15. Indicó que, en este caso tanto el locatario como la parte demandante compartían
la responsabilidad por el daño ambiental pues ejercieron control y dirección sobre
el bien.
16. Refirió que, la Corte Constitucional, en sentencia C-295 de 2016, estableció
como deberes del Estado en relación con el medio ambiente: prevenir, mitigar,
indemnizar, reparar y el deber de punición de los daños ambientales. Así, señaló
que los particulares debían cumplir con el deber constitucional contenido en el
artículo 95 superior en relación con “proteger los recursos culturales y naturales del país
y velar por la conservación de un ambiente sano” que se materializa en las normas
ambientales.
17. Concluyó que, si bien la parte demandante no fue la que realizó la actividad
minera ilegal pues, la misma no hace parte de su objeto social, la compañía Leasing
Bolívar S.A. si es responsable sobre la maquinaria de la que no ejerció su deber de
inspección desconociendo su obligación de preservar y proteger el medio ambiente.
Recurso de apelación
18. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, con base en los
siguientes argumentos11:
19. Luego de hacer un recuento sobre los antecedentes y la definición del contrato
de leasing, indicó que del contrato celebrado entre la parte demandante y el señor
Gerardo Vargas Buitrago, se entregó la tenencia del bien y se transfirió la guarda
material de la que se derivaba la responsabilidad extracontractual de que trataba
los artículos 2355 y 2356 del Código Civil.
20. Manifestó que, si bien el propietario se presume poseedor y tenedor, la misma
es una presunción de derecho que admitía prueba en contrario, así con el contrato
11 Cfr. índice 016 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado “[…] ED_C03_01 OTROS-CUADERNO 3
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de leasing se le transfirió al locatario la guarda material del bien a Gerardo Vargas
Buitrago quien ejercía la guarda, control y vigilancia del bien.
21. Refirió que, la simple condición de propietario de la maquinaria no derivaba la
responsabilidad pues en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia, según la teoría del guardián, las compañías de leasing no son
responsables. Al respecto, precisó que:
“[…] La mencionada TEORÍA DEL GUARDIAN señala responsable a quien sea
u obstante la condición de guardián, custodia y goce del bien. Esta condición
de Guardián no la ostentan las Compañías de Leasing, puesto que si bien son
las propietarias, no son las guardianes del activo, ya que estas entregan el
uso, goce y custodia de los bienes, mediante contratos de Leasing o
arrendamiento financiero, tal como se hizo en este bien objeto del litigio. Al
trasladarse la guarda, uso, goce de la cosa al locatario, las acciones jurídicas
deben de dirigirse directamente contra el locatario quien es el Guardián de la
cosa […]”. (negrillas y mayúsculas del texto original).
22. Concluyó que, estaba demostrado que la retroexcavadora no se encontraba en
guarda de la parte demandante y, por ende, se configuraba un eximente de
responsabilidad que no se tuvo en consideración en la sentencia de primera
instancia.
23. Trajo a colación diferentes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia
con los que pretendía explicar la naturaleza jurídica del contrato de leasing y la
responsabilidad civil. De este modo, aduce era clara la configuración del eximente
de responsabilidad a favor de la parte demandante e indicó que “[…] El Tribunal
Administrativo del Huila, esta haciendo cambio de Jurisprudencia y desconoce la Teoria del
Guardian de la cosa, cometiendo un yerro que debe ser corregido […]” (sic).
24. Precisó que, la cláusula vigésima primera plasmaba que la entidad demandada
podía verificar la existencia y ubicación del bien pero, no era una obligación como
mal interpreta el a quo.
25. Respecto a la obligación del revisor fiscal, indicó que no se discutía sobre la
conservación o seguridad del bien para así referirse al contenido del Código de
Comercio ni a lo ordenado por la Superintendencia Financiera de Colombia, por el
contrario, lo que se discutía era la actividad que realizaba dicho bien que, en todo
caso, reiteró dicha actividad era única y exclusivamente responsabilidad del
locatario al ser quien tenía la guarda de la retroexcavadora.
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26. Afirmó que, el Tribunal desconoció el contrato de Leasing y no tuvo en cuenta
que el mismo era ley para las partes que lo suscribían, siempre que dicho contrato
no fuera contrario al ordenamiento jurídico como se leía de la cláusula
decimoprimera así:
"[…] RESPONSABILIDAD. - EL BIEN queda bajo el efectivo y exclusivo control y
vigilancia de EL LOCATARIO ya quien es él quien ejerce la tenencia del mismo quien
lo utiliza y designa directamente la persona que lo opera. Por lo tanto es de la
exclusiva responsabilidad de EL LOCATARIO el correcto manejo, la vigilancia y
prudencia en su operación. En caso de que EL BIEN produzca algún daño o
perjuicio a cualquier persona de cualquier forma, la responsabilidad será únicamente
de EL LOCATARIO, la cual deberá mantener indemne los intereses de la LEASING
en caso de que ésta sea demandada por su causa, ya que es la persona que
materialmente detenta el bien por lo que debe ejercer su custodia y cuidado y es
quien elige libremente a las personas que lo operan, sin injerencia o intervención
alguna por parte de la compañía de leasing […]." (negrillas y mayúsculas del texto
original).
27. Concluyó que, las partes pactaron que la responsabilidad del activo quedaba en
cabeza del locatario quien, era el responsable de la utilización del bien, así era el
locatario el responsable e insistió que quedaba claro que se había trasladado la
guarda del bien objeto de decomiso y la parte demandante se había desprendido
de la misma, situación que se desconoció en la sentencia de primera instancia.
28. Refirió que, el Tribunal desestimó lo manifestado en los alegatos de conclusión
respecto a la responsabilidad por el hecho ajeno contenido en los artículos 2347 y
siguientes del Código Civil que determina que toda persona es responsable no solo
de sus acciones sino del hecho de aquellos que estuvieren bajo su guarda. Al
respecto, hizo alusión a pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de los
que refirió que en Colombia, la responsabilidad por el hecho ajeno tiene una relación
de subordinación o dependencia que admite prueba en contrario al fundarse en una
presunción de culpa.
29. Afirmó que, en el caso bajo estudio, la maquinaria causante del daño ambiental
no estaba bajo la subordinación, dependencia, ni el control de la parte demandante
pues, por medio del contrato de leasing, se transfirió el uso y goce de la excavadora
desvirtuando tanto la culpa in vigilando como in eligendo.
30. Argumentó que, no había creación ni realización de una actividad peligrosa por
la parte demandante y por ende no existía relación de causalidad pues el objeto
social y la actividad de la compañía Leasing Bolívar S.A era la financiación de bienes
por medio de la adquisición y entrega de los mismos a los locatarios mas no de la
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realización de actividades de trasporte, operación de maquinaria o actividades
mineras, de modo que se rompe el nexo causal para acreditar la responsabilidad.
Sumado a lo anterior, señaló que la parte demandante carecía de poder demando,
dirección, control y subordinación respecto del operario de la maquinaria, así como
quedó consignado en la cláusula decimoprimera que contiene la prohibición en que
la parte demandante designara la persona que opere o maneje el bien pues era el
locatario quien se responsabilizaba de dicho operario.
31. Precisó que, no existía nexo de causalidad por la imposibilidad jurídica de
realizar actividades diferentes al objeto social de la parte demandante al existir una
expresa prohibición legal a las compañías de financiamiento de realizar actividades
de operación de maquinaria, minería y conducción, así como de cualquier otra
actividad que no esté contemplada en su objeto social o aquellas que la ley les
autorice expresamente12.
32. Respecto a las actividades que la ley les permite realizar a las entidades
financieras refirió que, el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
establece dichas operaciones, luego, expresó que de dicho fundamento no se
extraía autorización que las compañías de financiamiento pudieran realizar obras
de urbanismo, movilización, trasporte, operación de máquinas o realizar actividades
mineras aspecto corroborado con el concepto 2003060357-1 expedido por la
Superintendencia Financiera.
33. Afirmó que, existía una “línea jurisprudencial ampliamente sostenida” por la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la que señalaba que las
compañías de leasing no respondían por la falta de creación o existencia de una
actividad peligrosa, en vista de ello, realizó un recuento jurisprudencial así:
“"[…] En sentencia de fecha julio 7 de 1977, de la Corte Suprema de Justicia,
Sala de casación Civil expresó de manera explícita: "El responsable de las cosas
inanimadas, es su guardián o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando
dirección y control independientes. Y no es cierto que el carácter de propietario
implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero sí lo hace presumir como
simple atributo del dominio, mientras no se prueba lo contrario".
En sentencia del 16 de julio de 1985, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en
SALA DE CASACIÓN, expediente 2919, donde reza: "Tradicionalmente se ha
dicho que la responsabilidad por el hecho ajeno tienen su fundamento en la sanción
a la falta de vigilancia para quienes tienen a su cargo el sagrado depósito de la
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 18 de septiembre
de 2003, C.P: Ligia López Díaz, número único de radicación 13353.
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autoridad. Es una modalidad de la responsabilidad que deriva de la propia culpa al
elegir (in eligendo) o al vigilar (in vigilando) a las personas por las cuales se debe
responder. También se ha sostenido que el fundamento radica en el riesgo que
implica tener personas por las cuales se debe responder, por lo cual la ley ha
querido que exista aquí una responsabilidad objetiva, esto es sin culpa; y
modernamente se sostiene que el verdadero fundamento de la
responsabilidad por el hecho ajeno está , en el poder de control o dirección
que tiene el responsable sobre las personas bajo su dependencia o cuidado."
En fallo de la sentencia del 4 de junio de 1992 de la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil esta estableció: El propietario, si no se ha desprendido
voluntariamente de la tenencia o si, contra su voluntad y sin mediar culpa alguna de
su parte, la perdió, razón por la cual enseña la doctrina jurisprudencial que (la
responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la
calidad que de guardián de ellas presúmese tener ..) agregándose a reglón seguido
que esa presunción la inherente a la guarda de la actividad, puede desvanecerla el
propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud
de un título jurídico... o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el
caso de haberle sido robada o hurtada. Por ende, son también responsables los
poseedores materiales y los tenedores legítimos de la cosa con facultad de uso y
goce y demás. Cual ocurre con los arrendatarios, comodatarios,
administradores, acreedores con tenencia anticrética, acreedores
pignoraticios en el supuesto de prenda manual, usufructuarios y los llamados
tenedores desinteresados (mandatarios y depositarios)13
En providencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, mediante sentencia.
Magistrado ponente: WILLIAM NAMÉN VARGAS, Bogotá, D.C., 02 de diciembre
de dos mil once 2011 el segundo cargo desde el ámbito del error fáctico probatorio,
el Tribunal tampoco incurrió en yerro de esa naturaleza, por cuanto delanteramente
precisó si la compañía Leasing (...) estaba llamada o no responder de la reparación
de los daños pretendidos, y al encontrar que no, desde luego, no era menester
examinar los demás presupuestos de responsabilidad, el daño y la relación de
causalidad […]” (negrillas, subrayado y mayúsculas del texto original).
34. Hizo alusión a que la existencia del contrato de leasing era un eximente o una
causal de exoneración de responsabilidad por los daños ocasionados de modo que
había una inexistencia de responsabilidad de la compañía.
35. Por último, refirió que se debía dar aplicación a la presunción de inocencia de
las instituciones financieras por los daños y perjuicios ocasionados de los activos
entregados en leasing de conformidad con el literal b) del artículo 8º del Tratado de
Ottawa de 1985.
Actuación en segunda instancia
36. El Despacho Sustanciador, mediante auto del 7 de octubre de 201914, admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
13 Transcripción literal del texto.
14 Cfr. índice 016 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado “[…] ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 4
APELACIÓN SENTENCIA-RESERVADO.(.pdf) NroActua 16”. Folio 6.
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proferida el 21 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo del Huila.
37. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 7 de noviembre de
201915, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de
conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.
Alegatos de conclusión
38. La parte demandante16 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
39. La parte demandada17 estando dentro del término, presentó alegatos de
conclusión en los siguientes términos:
39.1. La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena precisó que no se
vulneró el debido proceso, el derecho de defensa, no incurrió en una omisión
administrativa ni lesionó, desconoció o vulneró derechos de la parte demandante.
Así afirmó que no existe fundamento fáctico, jurídico ni probatorio para declarar la
nulidad de los actos administrativos demandados ni su consecuente
restablecimiento del derecho.
39.2. Manifestó que, en atención a las afectaciones ambientales, la medida
preventiva de decomiso y la posterior resolución sancionatoria se expidieron en
estricto apego a la Ley 1333 de 2009, normativa aplicable al caso concreto.
39.3. Expresó que la maquinaria fue incautada cuando realizaba actividades de
minería ilegal que afectaban al medio ambiente de modo que, hay una inexistencia
de perjuicios causados a la parte demandante pues no se podía “[…] sacar provecho
de omisiones respecto del control e inspección del bien mueble encontrado en
actividades ilegales”.
39.4. Señaló que la parte demandante no presentó, ni siquiera de forma sumaria,
elemento probatorio con el que se observara la diligencia, el control y la vigilancia
15 Cfr. índice 016 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado “[…] ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 4
APELACIÓN SENTENCIA-RESERVADO.(.pdf) NroActua 16”. Folio 14.
16 Cfr. índice 016 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado “[…] ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 4
APELACIÓN SENTENCIA-RESERVADO.(.pdf) NroActua 16”. Folio 23.
17 Cfr. índice 016 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado “[…] ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 4
APELACIÓN SENTENCIA-RESERVADO.(.pdf) NroActua 16”. Folio 47.
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sobre el bien de su propiedad de conformidad con la cláusula vigesimosegunda del
contrato de leasing, ni demostró actividad que diera cuenta del control sobre las
prohibiciones y obligaciones del locatario de acuerdo con la cláusula decimoséptima
y décimo octava. Por el contrario, la actitud permisiva, descuidada y negligente de
la parte demandante permitió que el locatario utilizara la maquinaria para desarrollar
actividades ilegales.
39.5. Indicó que, el medio ambiente es un derecho constitucional de interés general
y establece el deber de conservación de un medio ambiente sano, la protección a
las riquezas ecológicas/ naturales y la preservación de la vida lo que no desplazaba
la guarda de la maquinaria al locatario.
39.6. Relató que, la Corte Constitucional18 había señalado que el decomiso
administrativo estaba dentro de las limitaciones permitidas del derecho a la
propiedad y que el mismo responde a una medida de interés social como es la
salvaguarda del medio ambiente.
39.7. Concluyó que, los actos administrativos acusados se expidieron de
conformidad al debido proceso, el principio de legalidad y proporcionalidad y que la
parte demandante incurrió en una omisión ante la falta de control, seguimiento y
vigilancia de la maquinaria.
Concepto del Ministerio Público
40. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
41. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo; y v) el análisis del caso
en concreto.
Competencia de la Sala
18 Corte Constitucional. Sentencia C-364 de 2012, MP: Carlos Andrés Echeverry Restrepo.
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42. Vistos el artículo 15019 de la Ley 1437, sobre la competencia del Consejo de
Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos del artículo 30820 de la Ley
1437 de 201121, sobre el régimen de transición y vigencia; y el artículo 1322 del
Acuerdo núm. 80 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer del presente asunto en segunda instancia.
43. Agotados los trámites inherentes al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho23, sin que se observe causal de nulidad que pueda
invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante.
44. Vistos los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201224, sobre los
fines de la apelación y la competencia del superior, la Sala procederá a examinar
únicamente los argumentos expuestos por la parte demandante en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila el 21 de junio de 2019, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
Actos acusados
45. Los actos acusados son los siguientes:
19 “[…] Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que
se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código […]”.
20 “[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el
dos (2) de julio del año 2012. […] Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la
entrada en vigencia. […] Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el
régimen jurídico anterior […]”.
21 “Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
22 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, ”por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
23 “[…] Artículo 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada
en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le
repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo
anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general,
el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”.
24 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
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45.1. La Resolución núm. 1606 del 29 de agosto de 201225 […]"Por medio del cual
se resuelve de fondo un proceso administrativo sancionatorio y se dictan otras
medidas […]" expedido por el Director Territorial Norte de la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena que resolvió lo siguiente:
25 Cfr. índice 016 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado ““[…]ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL -RESERVADO.(.pdf) NroActua 16” Folio 14.
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45.2. La Resolución núm. 3049 del 24 de diciembre de 201326 “[…]Resuelve un
recurso de reposición […]" expedido por el Director Territorial Norte de la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena en uso de sus atribuciones
legales y estatutarias, en especial las conferidas en la Ley 99 de 1993 y la
Resolución núm. 1719 del 10 de septiembre de 2012, que resolvió:
26 Cfr. índice 016 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL -RESERVADO.(.pdf) NroActua 16” folio 58.
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Problema jurídico
46. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 21
de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo del Huila, determinar si:
46.1. Leasing Bolívar S.A. está incursa en el eximente de responsabilidad por el
hecho ajeno dentro del procedimiento sancionatorio ambiental núm. 103 de 2011,
en el que fue sancionada con el decomiso definitivo de la excavadora Hidráulica
Sobre Orugas, modelo 320D, serial A6F00860.
46.2. En consecuencia, la Sala determinará si hay lugar a confirmar, modificar o
revocar la sentencia proferida, en primera instancia.
47. El problema jurídico planteado se desarrollará infra, de la siguiente manera:
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las afectaciones al medio
ambiente: infracciones y sanciones
48. Visto el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 (dejar Ley y corregir cursiva) que
dispone:
“[…] Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de
1994, las demás normas ambientales vigentes y en los actos administrativos con
contenido ambiental expedidos por la autoridad ambiental competente. Será
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber:
El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos.
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil “[…] En concordancia con el parágrafo 1° que establece que
“[…] En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien
tendrá a su cargo desvirtuarla, en los términos establecidos en la presente ley […].
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49. En consonancia con lo anterior, el artículo 40 ibidem prescribe las sanciones
así:
“[…] Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o
accesorias al responsable de la infracción ambiental. La autoridad ambiental
competente impondrá al (los) infractor (es), de acuerdo con la gravedad de la
infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes
sanciones: 1. Amonestación escrita. 2. Multas hasta por cien mil salarios mínimos
mensuales legales vigentes (100.000 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente). 3.
Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 4. Revocatoria
o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 5.
Demolición de obra a costa del infractor. 6. Decomiso definitivo de especímenes,
especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o
implementos utilizados para cometer la infracción.7. Restitución de especímenes de
especies de flora y fauna silvestres o acuática […]”.
50. Por su parte, el artículo 47 ibidem, refiere que el decomiso definitivo de
elementos utilizados para cometer una infracción consiste en: la aprehensión
material y definitiva de los productos, elementos, medios e implementos utilizados
para cometer la infracción.
51. La Sentencia C-364 de 2012 proferida por la Corte Constitucional en la que
precisó que el decomiso definitivo como sanción ambiental está:
“[…] dentro de las limitaciones permitidas del derecho de propiedad porque ha sido
definida por el legislador, en el artículo 47 de la Ley 1333 de 2009, y responde a una
medida de interés social como lo es la salvaguarda del medio ambiente en
cumplimiento de la función ecológica de la propiedad […]”.
52. Igualmente, la Corte precisó que es el legislador quien tiene las facultades para
limitar el derecho de propiedad así, los criterios limitaciones pueden provenir de
aspectos relacionados con el interés social, la utilidad pública o la función social o
ecológica que cumpla.
53. Visto el artículo 8° del Decreto 3678 de 2010 establece que:
“[…] El decomiso definitivo de especímenes de especies silvestres, exóticas,
productos y subproductos de la fauna y la flora, elementos, medios o implementos
utilizados para cometer infracciones ambientales, se impondrá como sanción por
parte de las autoridades ambientales, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Los especímenes se hayan obtenido, se estén movilizando, o transformando y/o
comercializando sin las autorizaciones ambientales requeridas por la ley o los
reglamentos; b) Para prevenir y/o corregir una afectación al medio ambiente; c) Para
corregir un perjuicio sobre los especímenes. Serán también objeto de decomiso
definitivo los productos, elementos, medios o implementos, tales como trampas,
armas o jaulas, utilizados para la caza y captura de fauna o aquellos empleados
para la realización del aprovechamiento forestal ilegal. El decomiso definitivo de
productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer otras
infracciones ambientales procederá cuando quiera que se encuentre por la autoridad
ambiental que los mismos, han sido utilizados para la realización de actividades
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ilegales […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el régimen de
responsabilidad ambiental
54. Visto el artículo 16 de la Ley 23 de 1973 que determina:
“[…] El Estado será civilmente responsable por los daños ocasionados al hombre o
a los recursos naturales de propiedad privada como consecuencia de acciones que
generan contaminación o detrimento del medio ambiente. Los particulares lo serán
por las mismas razones y por el daño o uso inadecuado de los recursos naturales
de propiedad del Estado[…]”.
55. El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009 que dispone:
“[…] En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará
lugar a las medidas preventivas y sancionatorias. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa, en los términos establecidos en la presente ley, la
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar
todos los medios probatorios legales […]”.
56. Por su parte, el artículo 9 ibidem establece que:
“[…] Son eximentes de responsabilidad: 1. Los eventos de fuerza mayor o caso
fortuito, de conformidad con la definición de los mismos contenida en la Ley 95 de
1890. 2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto terrorista”.
57. En consonancia con lo anterior, el artículo 1° de la Ley 95 de 1890 establece que:
“[…] se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir,
como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de
autoridad ejercidos por un funcionario publico. Etc. Ver artículo. 64 Código Civil
[…]” (sic).
58. Por su parte, el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 determina que:
“[…] Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto
de apertura de la investigación. La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que
le sean conexos […]”
59. La Corte Constitucional en Sentencia C-595 de 2010 estudió la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009 del que
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precisó que, el derecho sancionatorio administrativo es la potestad para imponer i)
sanciones disciplinarias con el objetivo de reprimir acciones u omisiones
antijurídicas en las que pueden incurrir los servidores públicos o las personas que
cumplen, de forma transitoria, funciones públicas y ii) sanciones correctivas
aplicables a los particulares que infringen las obligaciones y restricciones que se
han impuesto.
60. Precisó que, no todo asunto sancionatorio es de carácter de derecho penal.
Afirmó que existen reglas y procedimientos de diferente naturaleza (civil,
administrativo, policivo, disciplinario, económico, entre otros) que no son
comparables o asimilables al ordenamiento penal pues son sanciones de diferentes
categorías que, si bien coinciden sobre los mismos hechos (sin ser incompatibles o
excluyentes) pueden corresponder a órdenes jurídicas especializadas con sus
propias reglas, y normativas.
61. Indicó que, en el derecho sancionador, la presunción de inocencia y el elemento
de culpabilidad, resultan aplicables como criterio general, no obstante, podía ser
sujeto de matices en el ámbito de la responsabilidad objetiva como subjetiva.
62. Adujo que, las presunciones son un razonamiento orientado a eximirse de la
prueba, no son un juicio anticipado que desconozca la presunción de inocencia,
permiten probar en contrario lo que se deduce de la existencia o no de un hecho,
corrige la desigualdad material frente al acceso de la prueba y protege a la parte
que se encuentra en indefensión. A modo de ejemplo, citó las disposiciones en las
que se ha invertido la carga probatoria como son: presunción de culpa o dolo en
acción de repetición contra agentes del Estado, presunción de culpa en materia
tributaria, presunción de culpa sobre administrador de sociedad comercial,
presunción de acoso laboral, presunción de devengar al menos el salario mínimo
de alimentos, presunción de paternidad y presunción en materia de servicios
públicos domiciliarios.
63. Todo lo anterior, para llegar a las siguientes consideraciones. Manifestó que la
Ley 1333 de 2009 tiene una función preventiva, correctiva y compensatoria de las
sanciones administrativas ambientales. Indicó que la ley cuestionada contiene un
régimen de responsabilidad de carácter subjetivo en virtud a que el elemento de
culpa y dolo permanecen vigentes por disposición del legislador.
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64. Manifestó que, la presunción de referencia hace parte de las presunciones iuris
tantum pues admiten prueba en contrario. Indicó que la norma está ajustada a la
Constitución Política en la medida en que respondía a la lógica, la experiencia y
persigue un fin constitucionalmente valioso, útil, necesario y estrictamente
proporcional que es “[…] la protección al medio ambiente y la garantía de un modelo
sostenible de desarrollo que se soporte en pro de la vida […]”.
65. Refirió que, la norma no desconocía el principio de presunción de inocencia, por
el contrario, la disposición correspondía a la libertad de configuración de las
instituciones procesales, al régimen de responsabilidad administrativo ambiental y
a bienes jurídicos de importancia como es el medio ambiente sano. Puntualizó que:
“[…] Los parágrafos demandados no establecen una “presunción de
responsabilidad” sino de “culpa” o “dolo” del infractor ambiental. Quiere ello decir
que las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas
actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo
22, Ley 1333).
No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del
comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la
culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos
en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el
mismo infractor a través de los medios probatorios legales.
La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el
daño al medio ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en
forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones
generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales, a
pesar de las dificultades que en ciertos eventos pueda representar su
demostración […]” (negrillas fuera del texto)
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de disposiciones sobre el medio
ambiente
66. Visto el artículo 58 de la Constitución Política:
“[…] Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo
a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. […] La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como
tal, le es inherente una función ecológica […]”.
67. El artículo 79 de la Constitución Política dispone que:
“[…] Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. […]. Es
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines […]”.
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68. El artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado:
“[…] deberá prevenir y controlar los factores del deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados […]”.
69. Por su parte, el artículo 95 prescribe que:
“[…] La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad
nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la
persona y del ciudadano: […] 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país
y velar por la conservación de un ambiente sano […]”.
70. La Corte Constitucional en la Sentencia T-411 de 1992 indicó que:
“[…] los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa,
gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al
ambiente […]”.
71. El principio 2° de la Declaración de Estocolmo de 1972 en el que se establece
que los recursos naturales deben preservarse para el beneficio de las generaciones
presentes y futuras mediante planificación y ordenación. Igualmente, el principio 17
establece el deber de confianza a las instituciones nacionales para la planificación,
administración o control de la utilización de los recursos ambientales con el fin de
mejorar la calidad del medio ambiente.
72. La Declaración de Rio de Janeiro de 1992 que establece que los Estados son
responsables de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o
bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas.
73. Por su parte, la Sección Primera del Consejo de Estado27 ha precisado que el
derecho al medio ambiente reviste diferentes dimensiones así:
“[…] (i) derecho fundamental (por encontrarse estrechamente ligado con los
derechos fundamentales a la vida y a la salud); (ii) de derecho-deber (todos son
titulares del derecho a gozar de un ambiente sano pero, además, tienen la obligación
correlativa de protegerlo); (iii) de objetivo social (conservación de las condiciones
del medio ambiente para garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales
por parte de las generaciones presentes y futuras); (iv) de deber del Estado
(conservación del medio ambiente, eficiente manejo de los recursos, educación
ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e imposición las sanciones a que haya
lugar); y (v) de derecho colectivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 88
superior […]”.
27 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primera. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés.
núm. único de radicación 760012331000201101300-01(AP).
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74. La Corte Constitucional en Sentencia C-259 de 2016 precisó que:
“[…] La importancia de combatir la minería ilegal se encuentra en los efectos
negativos que produce en el ámbito económico, social y ambiental.
En cuanto al componente económico, porque al ser la minería una actividad que
impacta de forma irremediable en el medio ambiente, lo que justifica su control por
parte del Estado, cuando la misma se realiza por fuera del derecho, conduce a que
ese deber de supervisión no sea efectivo y, por ende, a que no exista la posibilidad
de garantizar el equilibrio entre el desarrollo económico y el uso razonable de la
oferta ambiental. Esta circunstancia perjudica la planeación macroeconómica y las
posibilidades de crecimiento del Estado. Por otra parte, la ilegalidad disminuye las
rentas fiscales y afecta la generación de regalías, como recursos que se destinan
para financiar proyectos de desarrollo social, económico y ambiental de las
entidades territoriales, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la
población.
En el ámbito social la informalidad minera evita el control efectivo sobre las
condiciones laborales en las que se lleva a cabo la explotación de las minas (v.gr.,
mediante la proscripción del trabajo infantil), y niega la posibilidad de verificar el
contexto de seguridad en el que se desenvuelve su práctica, por ejemplo, en lo
referente al uso de maquinaria y de medidas de prevención y seguridad en las
labores mineras.
En el campo ambiental, la minería ilegal como actividad carente de control ha estado
ligada a fenómenos como la erosión del suelo, la liberación de sustancias tóxicas
(v.gr. el cianuro y mercurio), el manejo inadecuado de fuentes de agua y la
producción de polvo y ruido por encima de los niveles permitidos […]”.
75. En concordancia con lo anterior, la Sección Tercera del Consejo de Estado28, al
resolver una acción popular en la que una empresa concesionaria realizó
actividades de extracción de materiales de construcción sobre el río Magdalena sin
permisos ni concepto técnico favorable, indicó que la responsabilidad de proteger el
medio ambiente no corresponde solo al Estado sino, “[…] por expresa disposición
constitucional en los particulares y es por ello que toda conducta que atente contra los
recursos naturales debe ser sancionada, sin mirar el origen público o privado de la afrenta
[…]”.
76. La Corte Constitucional en Sentencia C-431 de 2000 indicó que la conservación
del medio ambiente es una garantía constitucional así:
“[…]Cabe destacar que los derechos y las obligaciones ecológicas definidas por la
Constitución Política giran, en gran medida, en torno al concepto de desarrollo
sostenible, el cual, en palabras de esta Corporación, pretende “superar una
perspectiva puramente conservacionista en la protección del medio ambiente, al
intentar armonizar el derecho al desarrollo -indispensable para la satisfacción de las
necesidades humanas- con las restricciones derivadas de la protección al medio
ambiente.”29 Así, es evidente que el desarrollo social y la protección del medio
ambiente imponen un tratamiento unívoco e indisoluble que progresivamente
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera. Proceso 25307- 33-31-701-
2010-00217-01 (AP) (C. P. Stella Conto Díaz del Castillo: 29 de abril de 2015).
29 Corte Constitucional. Sentencia C-058 de 1994. M.P: Alejandro Martínez Caballero.
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permita mejorar las condiciones de vida de las personas y el bienestar social, pero
sin afectar ni disminuir irracionalmente la diversidad biológica de los ecosistemas
pues éstos, además de servir de base a la actividad productiva, contribuyen en forma
decidida a la conservación de la especie humana[…].”
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del contrato de arriendo financiero
o leasing
77. Visto el Decreto 2555 de 2010 en su artículo 2.2.1.1.1. se establece la definición
del contrato de arrendamiento financiero como:
“[…] la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto
financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un
plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del
período una opción de compra. En consecuencia, el bien deberá ser de propiedad
de la compañía arrendadora derecho de dominio que conservará hasta tanto el
arrendatario ejerza la opción de compra. Así mismo debe entenderse que el costo
del activo dado en arrendamiento se amortizará durante el término de duración del
contrato, generando la respectiva utilidad”.
78. El capítulo II del Libro 4 del Código Civil que trata sobre el contrato de
arrendamiento.
79. Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado30, en un caso de similares
características manifestó que:
“[…] contrario a lo expuesto por el impugnante único, el acto enjuiciado estudió de fondo
la responsabilidad de la compañía de financiamiento, no como sujeto que materialmente
ejercitó la conducta de violación a la normativa ambiental sino a partir de su
responsabilidad como titular del derecho de dominio, devenido del contrato de leasing,
concluyendo que habría lugar a imponer las sanciones contempladas en la ley, para el
caso concreto, las fijadas por el artículo 40 de la Ley 1333 de 2008, modificado por el
Decreto 3678 de 2010 […]”
80. Asimismo, la Sección Quinta del Consejo de Estado31 precisó que:
“[…] no es, como dice la demandante, que la sanción de decomiso fue impuesta de
manera arbitraria, en tanto que no había sido declarada responsable de la conducta
constitutiva de daño ambiental, pues de la simple motivación del acto demandado
es posible determinar que la simple titularidad sobre el bien con el que se cometió
la conducta infractora es suficiente para imponer la sanción de decomiso sobre el
objeto usado para cometer dicha infracción, independientemente de quien ostente
el derecho de la propiedad del mismo […]”
Acervo probatorio
30 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Quinta. C.P: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. Núm. único de radicación 73001-23-00-000-2012-00107-01.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. C.P: Alberto Yepes Barreiro. Núm
único de radicación 73001-23-31-000-2012-00108-01.
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81. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub examine
son las siguientes32:
• Auto núm. 131 del 21 de julio de 2011 “POR EL CUAL SE VINCULA A UN
PROCESO SANCIONATORIO Y SE DICTAN OTRAS MEDIDAS”.
• Concepto técnico núm. 0278 del 24 de febrero de 2011 y núm. 0891 del 20
de junio de 2011.
• Auto núm. 006 del 05 de marzo de 2012 “MEDIANTE EL CUAL SE FORMULA
PLIEGO DE CARGOS CONTRA LA LEASING BOLÍVAR S.A”.
• Informe en el que se rinden descargos a la Resolución núm. 006 del 05 de
marzo de 2012.
• Resolución núm. 1606 del 29 de agosto de 2012 “POR MEDIO DEL CUAL
SE RESUELVE DE FONDO UN PROCESO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO Y SE DICTAN OTRAS MEDIDAS”.
• Recurso de reposición contra la Resolución núm. 1606 del 29 de agosto de
2012.
• Resolución núm. 3049 del 24 de diciembre de 2013 “RESUELVE UN
RECURSO DE REPOSICIÓN”.
• Contrato de Leasing N°001-03-025173 suscrito entre leasing Bolívar S.A. y
el señor Gerardo Vargas Buitrago con fecha 15 de abril de 2010.
• Oficio núm. 4120-E1-12409 del 04 de febrero de 2011 expedido por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
• Oficio núm. 20112104722 del 08 de marzo de 2011 expedido por la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR.
32 Cfr. índice 016 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1
PRINCIPAL -RESERVADO.(.pdf) NroActua 16” folio 14.
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• Oficio núm. 1248 de 2016 del 09 de marzo de 2016 expedido por Banco
Davivienda.
• Las demás pruebas documentales que obran dentro del expediente.
82. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas obrantes en el expediente,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
de la Ley 156433, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación el problema jurídico planteados en el caso sub examine.
Análisis del caso concreto
83. De conformidad con los marcos normativos y desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
84. La Sala advierte que la parte demandante en el recurso de apelación manifestó
que la maquinaria objeto de decomiso definitivo no estaba bajo su guarda lo que
configuraba un eximente de responsabilidad por el hecho ajeno del locatario.
Precisó que el Tribunal desconoció que el contrato suscrito entre Leasing Bolívar
S.A. y el señor Gerardo Vargas Buitrago era ley para las partes y que del mismo se
desprendía que era el locatario el responsable del activo.
85. Con el propósito de determinar, en el caso sub examine, si se configuró o no el
eximente de responsabilidad, es pertinente traer los elementos de la
responsabilidad en el régimen sancionatorio ambiental en concordancia con el
artículo 5º de la Ley 1333 de 2009.
El daño causado al medio ambiente
86. Para la Sala, se encuentra probado el daño causado al medio ambiente pues
del informe técnico núm. 0278 del 24 de febrero de 2011 se consignó que la
actividad de explotación minera ilegal había dejado las siguientes afectaciones
ambientales:
33 Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.
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“[…] - Cambio en las propiedades físicas del sueño, grado de consolidación,
granulometría, permeabilidad, composición, etc (por acción de descapote y
movimiento de tierras. – Cambio en el uso del suelo (por descapote y remoción de
cobertura vegetal en áreas de rastrojo tradicionalmente usado para ganadería). –
Activación de procesos erosivos y riesgo de desestabilización de terrenos (por
remoción de suelos y de la cobertura vegetal antes existente, mayor exposición a
los agentes erosivos y debido a las dimensiones y formas de la excavaciones
realizadas). - Activación de las geoformas predominantes (por la explotación de
áreas de colinas y llanuras, así como la disposición de material aluvial, generando
áreas deprimidas y apilamientos de materiales estériles. - Alteración de la calidad
visual del paisaje (por remoción de cobertura vegetal, generando contrastes fuertes
de color y geometría respecto de las áreas circundantes no intervenidas) –
Desaparición y/o transformación de ambientes lóticos y lénticos (por alteración de
zonas y áreas de drenaje natural conectadas con cuerpos de agua superficiales al
ubicarse en las microcuencas de éstos). – Cambio en el flujo y la dinámica de
corrientes superficiales (por la alteración de parámetros como pendientes, áreas
referentes, rugosidad y permeabilidad de sueños en las zonas de drenaje natural en
las microcuencas intervenidas). – Disminución de la disponibilidad del recurso
hídrico para usos aguas abajo (por alteración de zonas y áreas de drenaje natural
conectadas). – Generación y disposición inadecuada de residuos líquidos
(directamente sobre el suelo o áreas y zonas de drenaje natural de las microcuencas
afectadas sin ningún tipo de tratamiento previo). – Generación y disposición
inadecuada de residuos sólidos (disposición de residuos sobre el suelo y/o en el
agua sin ningún tipo de manejo o tratamiento previo). – Disminución de la cobertura
vegetal (por remoción de la cobertura vegetal). – Perdida de hábitat apropiados para
la fauna terrestre, por la afectación de la cobertura vegetal antes existente […]”. (sic)
87. Así, se consignó en la Resolución núm. 1606 de 2012 que dichas afectaciones
ambientales generaron daños graves e irreversibles a los recursos naturales no
renovables. Afectaciones que fueron objeto de reproche en el procedimiento
sancionatorio ambiental y, en esta instancia, no están en discusión.
El hecho generador del daño
88. Está demostrado en el caso bajo estudio que, en desarrollo de la operación
Gaitana I, de fecha 22 y 23 de febrero de 2011, el equipo técnico y los funcionarios
de la Dirección de Licencias, Permisos y trámites Ambientales adscrito al Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial evidenciaron que, en la Mina El Pinal,
ubicada en la vereda Rincón, municipio Campoalegre, departamento del Huila se
estaban realizando actividades mineras, extracción de oro, en ocho frentes de
explotación sin título minero ni licencia ambiental como consta de los conceptos
técnicos allegados al procedimiento sancionatorio ambiental núm. 103 de 2011.
89. En vista de este, se realizó el decomiso de la maquinaria “Excavadora Hidráulica
Sobre Orugas, Marca: Caterpillar, Modelo: 320D, Equipada con Motor Diésel, Serial:
A6F00860, Pin: CAT0320DTA6F00860”.
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Presunción de Culpa o dolo
90. Ahora bien, para analizar la responsabilidad de Leasing Bolívar S.A., el
parágrafo 1º del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece que en materia
ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor quien será sancionado de forma
definitiva si no logra desvirtuar tal presunción con los medios probatorios permitidos
por la ley.
91. Sobre el particular, como se indicó supra, la Corte Constitucional en Sentencia
C- 595 de 2010 estudió si la disposición era compatible con la Constitución y con el
ordenamiento jurídico, de la que concluyó que dicha norma era razonable en la
medida en la que permitía la distribución de las cargas probatorios y perseguía un
fin constitucionalmente válido como es la salvaguarda del medio ambiente. De esta
forma precisó que, correspondía al presunto infractor probar que actuó en forma i)
diligente o prudente y ii) sin ánimo de trasgredir las disposiciones ambientales.
92. Según lo expuesto, recuerda la Sala que la presunción de culpa o dolo del
infractor supone la inversión de la carga de la prueba al estar este en mejor posición
de demostrar la ausencia de responsabilidad ambiental. Dicho esto, en el sub
examine, la Sala considera que el recurrente no desvirtuó la presunción legal por
las siguientes razones.
93. Observa la Sala que, el recurrente se cuestiona sobre el cumplimiento de la
relación contractual entre la compañía Leasing Bolívar S.A. y el señor Gerardo
Vargas Buitrago en virtud del contrato núm. 001-03-025173.
94. Al respecto, la parte demandante indicó que la responsabilidad se debía seguir
de lo consignado en las cláusulas del contrato que trata sobre la responsabilidad
del locatario respecto al “efectivo y exclusivo control y vigilancia del bien” al ser
quien materialmente ejercía la custodia, el cuidado del bien y quien elegía el
personal que operaba el mismo.
95. La Sala considera que, las cláusulas a las que hace referencia el recurrente no
lo exoneran de su responsabilidad pues se desconocerían fines del Estado como:
la protección del medio ambiente sano, el desarrollo sostenible, la integridad del
medio ambiente, la conservación de áreas ecológicas, entre otras34. Al respecto, la
34 Véase los artículos 79, 80, 95 de la Constitución Política.
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Corte Constitucional35 precisó que la conservación del medio ambiente es una
garantía de rango constitucional en la medida en que permite mejorar las
condiciones de vida de las personas y busca el bienestar social.
96. En desarrollo de este asunto, la Sección Primera del Consejo de Estado36
precisó que, el medio ambiente es un derecho fundamental por su conexidad con
otros derechos fundamentales como la vida y la salud, es un deber que conlleva
obligaciones de protección para todas las personas, es un objetivo social pues con
este se busca garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales no
renovables en beneficio de las generaciones presentes como futuras, es un deber
del Estado ejercer la potestad sancionatoria cuando se comentan infracciones
ambientales y es un derecho colectivo pues la sociedad disfrutar de un medio
ambiente, limpio, saludable y sostenible37.
97. Con todo, se considera que exculparse bajo argumentos relacionados al
incumplimiento de un contrato no son razonamientos idóneos ni válidos en la
medida en que, lo que se discute en el proceso sancionatorio ambiental es si se
cometió o no una infracción ambiental, por acción o por omisión de un presunto
infractor, supuesto que debe analizarse en relación con las normativas ambientales
y las particularidades del proceso supra.
98. Por otra parte, observa la Sala que, por medio del Auto núm. 103 del 14 de
marzo de 2011 se dio apertura al procedimiento sancionatorio ambiental. Se
consignó que en virtud a la operación Gaitana I, el 22 y 23 de febrero de 2011 se
tuvo conocimiento sobre actividades de extracción de oro en la mina El Pindal sin
tener título minero o permisos ambientales.
99. El Director Territorial Norte de la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena, por medio de la Resolución núm. 0332 del 25 de febrero de 2011 ordenó
la imposición de una medida preventiva, la suspensión de actividades y el decomiso
de los elementos ubicados en la mina.
100. Luego, el Director Territorial Norte de la Corporación Autónoma Regional del
Alto Magdalena mediante el Auto núm. 131 del 21 de julio de 2011 se vinculó a la
35 Corte Constitutional. Sentencia C-431 de 2010. M.P: Vladimir Naranjo Mesa.
36 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primera. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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37 Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución A/RES/76/300 del 28 de julio de 2022.
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compañía Leasing Bolívar S.A. dentro del procedimiento sancionatorio ambiental
adelantado en virtud de las siguientes consideraciones:
“[…] la conducta constitutiva de infracción medioambiental pueden serlo por acción
o por omisión en el caso que nos ocupa, omisión en el deber de vigilar en qué tipo
de actividades se utilizan los bienes sobre los cuales se ejerce el derecho de
dominio, los cuales han servido presuntamente, de instrumento para la comisión de
infracciones medioambientales que revisten el carácter de graves.
De otra parte, es de anotar que la potestad sancionatoria estatal cobija a los
particulares que con su actuar han producido un daño antijurídico, han permitido que
otro lo produzca o han impartido una orden que se convierte en la causante del daño.
Asimismo, existen tres tipos de responsabilidad, la que resulta de aquél que directa
o personalmente ha causado el daño, la del que responde por el hecho realizado
por una persona que está bajo su control y la de quien se considera guardián jurídico
o dueño de la cosa que ha producido el daño.
Siguiendo el mismo derrotero, y ante la existencia de daño ambiental,
presuntamente inferido utilizando como medio o instrumento la máquina
retroexcavadora decomisada preventivamente en principio por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y con posterioridad por la Policía Nacional
quien sorprendió nuevamente la ejecución de actividades mineras con la misma
retroexcavadora decomisada por el Ministerio y puesta ahora a disposición de la
CAM […]”.
101. El Director Territorial Norte de la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena por medio del Auto núm. 006 del 05 de marzo de 2012 realizó la
formulación de cargos a Leasing Bolívar S.A., en el que la Corporación Autónoma
Regional del Alto del Magdalena indicó que el proceso sancionatorio ambiental
estaba dirigido a: “[…] constatar el grado de compromiso y responsabilidad de la
Leasing Bolívar S.A. Compañía de Financiamiento Comercial, y los demás titulares
de dominio, poseedores y tenedores de los elementos incautados, y/o demás
personas naturales y jurídicas que resultaren responsables en la ejecución y/o
permisión de actividades de explotación aurífera que han ocasionado afectaciones
al medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje y han generado posible
contaminación a fuentes hídricas del sector objeto de la diligencia Acciones éstas
llevadas a cabo en la vereda El Rincón en el sitio conocido como Mina El Rosal, y/o
El Pindal, de municipio de Campoalegre[…]”38. De modo que, la autoridad
administrativa formuló cargos por “[…] daños ambientales ocasionados con la permisión
o comisión de las infracciones medioambientales que se exponen a continuación […]”.
38 Transcripción del texto original.
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102. La parte demandada39, en la presentación de descargos, de la que no se
precisa fecha, manifestó que la compañía que representaba no era la responsable
por los daños ambientales investigados pues, en virtud del contrato de leasing, era
el locatario, el señor Gerardo Vargas Buitrago, el que debía responder por los daños
que se ocasionaran por actividades realizadas con la retroexcavadora. Manifestó
que no existía un nexo de causalidad entre el daño y la conducta desplegada pues
a pesar de ser el propietario del bien, el locatario era el que tenía la guarda del
mismo.
103. El Director Territorial Norte de la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena, mediante la Resolución núm. 1606 del 29 de agosto de 2012, expresó
que: los funcionarios de la Dirección de Licencias, Permisos y trámites Ambientales
39 Mediante apoderado.
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del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el 22 de febrero de
2012 , evidenciaron que en la mina el Pindal ubicada en la vereda Rincón, municipio
Campoalegre, del departamento del Huila, se realizaban actividades de extracción
de oro sin contar con un título minero y sin permisos o licencias ambientales. Precisó
que Leasing Bolívar S.A. no ejerció el seguimiento del contrato suscrito con el
locatario ni dentro del expediente se tenía prueba que permitieran verificar un actuar
diligente de la empresa. En consecuencia, asignó responsabilidad a la parte
demandante y ordenó el decomiso definitivo de la maquinaria.
104. Luego, la compañía Leasing Bolívar S.A.40 presentó recurso de reposición
contra la Resolución núm. 1606 de 2012 de la que reiteró los argumentos
presentados en el memorial de descargos.
105. Finalmente, el Director Territorial Norte de la Corporación Autónoma Regional
del Alto Magdalena por medio de la Resolución núm. 3049 del 24 de diciembre de
2013 resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución núm. 1606 del 29 de
agosto de 2012. Afirmó que Leasing Bolívar S.A. no ejerció el seguimiento del
contrato y por lo tanto, no se podía restituir el bien al comprobarse la conducta
omisiva que devino en la afectación al medio ambiente. Aduce que, en el expediente
no obra prueba ni siquiera sumaria que permitiera verificar la conducta diligente
realizada por la Leasing Bolívar S.A. respecto al bien de su propiedad.
106. Con fundamento en eso, se observa que, en el procedimiento sancionatorio
ambiental, la parte recurrente reiteró en diferentes momentos que la guarda del bien
estaba a cargo del locatario, de modo que, Leasing Bolívar S.A. no tenía control ni
la guarda sobre el mismo y por ende no debía entrar a responder por las sanciones
ambientales que se causaran con la retroexcavadora.
107. La Sala precisa que, el artículo 2.2.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 define que,
por medio del contrato de arrendamiento financiero o leasing, el arrendatario
entrega al arrendador el uso y goce del bien, pero el derecho de disposición de este
se mantiene en cabeza del arrendador. Dicho esto, observa la Sala que Leasing
Bolívar S.A. tenía el derecho de disponer sobre la maquinaria decomisada
definitivamente en el procedimiento sancionatorio ambiental.
108. Así, se encuentra que, si bien la parte demandante no cometió de forma directa,
40 Mediante apoderado.
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la infracción ambiental, lo cierto es que la compañía Leasing Bolívar S.A. tenía la
obligación constitucional de cumplir con la función ecológica de la propiedad de que
trata el artículo 58 superior. En concordancia con esto, la Corte Constitucional en
sentencia T-411 de 1992 precisó que es constitucional limitar el derecho a la
propiedad privada cuando esta no cumple con la función ecológica.
109. Igualmente, la Corte Constitucional en sentencia C-364 de 2012 precisó que la
sanción de decomiso definitivo es constitucional en la medida en que la misma
responde a un interés social como es la salvaguarda del medio ambiente en relación
con el cumplimiento de la función ecológica de la propiedad. De lo anterior, se extrae
que la parte demandante es responsable en la medida en que omitió sus
obligaciones constitucionales y ambientales teniendo el derecho de propiedad sobre
el bien decomisado definitivamente.
110. En consonancia con lo anterior, el artículo 8° del Decreto 3678 de 2010
establece que el decomiso definitivo de elementos procede cuando la autoridad
ambiental encuentre que los mismos se han empleado para cometer actividades
ilegales. Al respecto, en el caso bajo estudio el hecho que generó la apertura del
proceso sancionatorio ambiental fue la extracción de oro sin título minero ni licencia
ambiental en la Mina el Pindal.
111. La Sala estima que realizar actividades extractivas sin cumplir con los
requisitos establecidos por la normativa ambiental es una conducta reprochable por
los daños irremediables que se causa al medio ambiente. En este sentido, la Corte
Constitucional en Sentencia C-259 de 2016 indicó que, para el Estado, es
importante combatir la minería ilegal en la medida en que afecta la economía pues
impide el equilibro entre el desarrollo económico y el uso razonable de recursos
ambientales.
112. En el mismo sentido, la Sala reitera la Jurisprudencia de la Sección Quinta de
la Corporación en razón a que la simple titularidad del dominio sobre la maquinaria
objeto de decomiso definitivo dentro del procedimientos sancionatorio ambiental, es
suficiente para imponer dicha sanción de modo que no constituye una medida
arbitraria sino es ajustada a la normativa aplicable.
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113. Con todo, de las pruebas que obran en el expediente no se observa que la
parte demandante desplegara acciones diligentes y sin el ánimo de infringir la
normativa de protección al medio ambiente. Por el contrario, encuentra la Sala que
el recurrente justificó su omisión en virtud del contrato de leasing desconociendo
normativas antes relacionadas.
114. En virtud de esto, la omisión del deber de diligencia de Leasing Bolívar S.A. es
lo que configura su responsabilidad teniendo en cuenta que: este desconoció la
función ecológica de la propiedad, que con el mismo bien se cometieron actividades
ilícitas y, además, se obtuvo un beneficio económico del mismo.
Del nexo causal
115. La Sala considera que, el Director Territorial Norte de la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena por medio de la Resolución núm. 1606 de 2012, halló
responsable a la parte demandante por las actividades de extracción minera sin
contar con título minero ni con permiso o licencia ambiental.
116. Al respecto, del concepto técnico 278 del 24 de febrero de 2011, de la
Resolución núm. 332 del 25 de febrero de 2011 y de la Resolución 1606 del 29 de
agosto de 2012 se extrae que el bien objeto de decomiso es la “Excavadora
Hidráulica Sobre Orugas, Marca: Caterpillar, Modelo: 320D, Equipada con Motor
Diésel, Serial: A6F00860, Pin: CAT0320DTA6F00860” al encontrarse en
inmediación de la mina el Pindal, de modo que para la Sala no hay duda respecto
al nexo de causalidad entre el daño y el hecho generador del daño.
117. El recurrente arguye que no existe nexo de causalidad en virtud a la
imposibilidad jurídica de la compañía Leasing Bolívar S.A. en realizar actividades
distintas a su objeto social. Frente a esto, la Sala considera que el nexo de
causalidad se da en virtud a la omisión de la empresa en cumplir con las
obligaciones ambientales de vigilancia sobre el bien de su propiedad. Así, lo que se
reprocha es el actuar negligente del propietario respecto del bien con el que se
cometieron las infracciones ambientales que generaron las afectaciones al medio
ambiente por actividades de minería ilegal y del que además recibió un beneficio
económico.
118. Se concluye que, la decisión adoptada en primera instancia realizó un
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adecuado análisis respecto a la responsabilidad de la parte demandante con
relación a la Resolución núm. 1606 en la que se ordenó el decomiso definitivo de la
Excavadora Hidráulica Sobre Orugas, Marca: Caterpillar, Modelo: 320D, Equipada
con Motor Diésel, Serial: A6F00860, Pin: CAT0320DTA6F00860 por las razones
antes manifestadas.
119. Ahora bien, el recurrente solicitó se diera aplicación a la presunción de
inocencia establecida en el Tratado de Ottawa de 1985. Al respecto la Sala precisa
que la disposición a la que se hace alusión es la Convención de UNIDROIT sobre
leasing financiero internacional.
120. En consonancia con esto, la Sala observa que el contrato de leasing núm. 001-
03-025173 suscrito entre Leasing Bolívar y el señor Gerardo Vargas Buitrago no
obra disposición que contemple la referida presunción. Dicho esto, la Sala no
realizará un pronunciamiento al respecto pues dicha disposición no rige el contrato
y por el contrario se estaría vulnerando el artículo 1602 del Código Civil.
Conclusiones
121. La Sala considera que la parte demandante no desvirtuó la presunción legal
de culpa o dolo del régimen sancionatorio ambiental establecido en el parágrafo del
artículo 1° de la Ley 1333 de 2009 pues de las pruebas allegadas al plenario no se
verificó un actuar diligente y sin ánimo de infringir normativas ambientales. En
consecuencia, se confirmará la sentencia proferida, en primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
122. Vistos los artículos 18841 de la Ley 1437 y 365 de la Ley 1564, la Sala considera
que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se
condenará en costas a la parte demandante.
41 Artículo 38 “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal”.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila, del 21 de junio de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Ausente con excusa
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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