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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2014-00369-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2014-00369-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR los numerales primero y tercero a octavo de la sentencia de primera instancia del 7 de julio de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONFIRMAR los numerales segundo y noveno de la sentencia apelada. TERCERO. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones de Parafiscales de la Protección Social (UGPP) que inicie el procedimiento administrativo tendiente a determinar si el señor Alexander Chicue González tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez producto del accidente laboral el 8 de septiembre de 1995, en atención a las www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 12 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 41001-23-33-000-2014-00369-01 (1990-2021) Demandante: Alexander Chicue González competencias legales que he han sido asignadas en virtud de la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 1437 de 2015, a partir de la notificación de esta providencia. CUARTO. CONDENAR en costas de ambas instancias el señor Alexander Chicue González, a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones de Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Huila. QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2014-00369-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Magistrado ponente: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 41001-23-33-000-2014-00369-01 (1990-2021)
Demandante: Alexander Chicue González
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Positiva
Compañía de Seguros SA, Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones), Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones de Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión de invalidez por accidente de trabajo.
Reconocimiento. Entrada en vigencia del Sistema General de
Riesgos Laborales en el sector público. Seguros Sociales
Obligatorios. Riesgos profesionales (laborales) antes de 1996
en el sector público. Distribución de competencias.

Decisión: Revocar la decisión de primera instancia y negar las
pretensiones de la demanda, tras considerar que la
competencia para reconocer y pagar la pensión de invalidez
por accidente de trabajo reclamadas es de la UGPP como
sucesora funcional de Positiva Compañía de Seguros SA que
a su vez había asumido la administración de dichos riesgos en
virtud de una cesión celebrada con el ISS (ARP).

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la DIAN, Colpensiones y
la UGPP contra la sentencia de primera instancia del 7 de julio de 2020 proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El señor Alexander Chicue González por conducto de apoderada judicial
presentó demanda1 contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),
Positiva Compañía de Seguros SA y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones de Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el
fin de obtener la nulidad de las Resoluciones Nos. 1484 de 15 de marzo de 19962 y
2960 de 16 de mayo de 19973. Como restablecimiento del derecho solicitó el
reconocimiento y pago de una pensión de invalidez por parte de la DIAN por cuanto

1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2 «Por la cual se retira del servicio a un funcionario por invalidez».
3 «Por la cual se revoca una resolución».

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Demandante: Alexander Chicue González

no estaba amparado por el sistema de riesgos profesionales para la fecha del
accidente de trabajo.

2. Asimismo, solicitó de forma subsidiaria que se declarara la nulidad de las
Resoluciones Nos. 1776 de 14 de febrero de 1997 de CAJANAL (hoy UGPP) 4 y
2821 de 10 de marzo de 1997 de la ARP Instituto de Seguros Sociales (hoy Positiva
Compañía de Seguros SA)5 y en consecuencia que se ordenara a dichas entidades
el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez.

3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, manifestó que el 22 de
noviembre de 1991 ingresó a trabajar al servicio de la DIAN y el 27 de junio de 1995
fue asignado como escolta del entonces subdirector general de la entidad. El 8 de
septiembre de 1995 en cumplimiento de sus funciones resultó herido por un disparo.
El hecho ocurrió mientras uno de sus compañeros limpiaba su arma de dotación.

4. El accidente de trabajo le produjo al señor Chicue González disfunción
visual binocular permanente, deformidad facial permanente y un tumor (quiste)
intracraneal. Aunado a ello, fue incapacitado por 6 meses continuos y por tal motivo,
una vez CAJANAL informó a la DIAN que había definido la situación médico laboral
del demandante y emitió concepto de pensión de invalidez por accidente de trabajo6,
fue retirado del servicio mediante Resolución No. 1484 de 15 de marzo de 1996.

5. Solicitó a CAJANAL el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez,
la cual fue negada tras considerar que no le correspondía a la entidad la
administración de dichos riesgos, toda vez que para la fecha del accidente el
demandante estaba afiliado al ISS7. Esta decisión fue confirmada a través de las
Resoluciones Nos. 11090 de 3 de julio de 19978 y 4361 de 19 de diciembre de
19979.

6. Posteriormente, el demandante solicitó ante el ISS el reconocimiento y pago
de una pensión de invalidez derivada del accidente de trabajo, ocurrido el 8 de
septiembre de 1995. No obstante, mediante Resolución No. 2821 de 10 de marzo
de 1997 dicha entidad negó la prestación reclamada al considerar que, para la fecha
de ocurrencia del accidente, el actor no se encontraba amparado por el seguro de
riesgos profesionales administrado por esa entidad.

7. Mediante Resolución No. 2960 de 16 de mayo de 1997, la DIAN revocó la
Resolución No. 1484 de 15 de marzo de 1996 y ordenó su reubicación 10 y a través
de la Resolución No. 3287 de 17 de diciembre de 1997, dicha entidad reconoció y

4 «Por la cual se niega una pensión por invalidez»
5 «Por la cual se resuelve una solicitud de prestaciones económicas [en el Sistema] General de Riesgos
Profesionales».
6 Oficio de 6 de marzo de 1996.
7 Resolución No. 1776 de 14 de febrero de 1997.
8 «Por el cual se resuelve un recurso de reposición».
9 «Por el cual se resuelve un recurso de apelación».
10 En la División de Servicios Generales de la Subsecretaría Financiera y Administrativa de la DIAN, como

auxiliar III, nivel 12, grado 09.

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Demandante: Alexander Chicue González

pagó a favor del señor Chicue González una indemnización por concepto de daños
fisiológicos y perjuicios materiales y morales.

8. A través del Dictamen No. 16712010 de 5 de julio de 2012 la Junta Nacional
de Calificación de la Invalidez determinó que el demandante tuvo una pérdida de
capacidad laboral del 75%, cuya fecha de estructuración fue el 8 de septiembre de
1995.

9. El 2 de enero de 2014, presentó una solicitud a Positiva Compañía de
Seguros SA que le reconociera una pensión de invalidez, la cual fue negada
mediante Oficio de 13 de enero de 2014.

10. Como fundamento de la vulneración, indicó que la prestación que se
reclama tiene por objeto cubrir el mínimo vital a un empleado que perdió su
capacidad laboral en un porcentaje superior al 50%, producto de un accidente de
trabajo.

11. Señaló que de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 776 de 2002, la pensión
de invalidez debe ser reconocida y pagada por la administradora de riesgos
laborales a la cual se encuentre afiliado el empleado al momento del accidente y
sostuvo que la misma ley establece que para los casos en los que la pérdida de
capacidad laboral sea mayor al 66%, la pensión equivale al 75% del ingreso base
de liquidación.

12. Manifestó que según el Decreto 1295 de 1994, todos los empleadores
deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales, la afiliación de los
trabajadores dependientes es obligatoria para los empleadores y el empleador que
no afilie a sus trabajadores al sistema será responsable de las prestaciones de que
trata esa norma, entre ellas, la pensión de invalidez.

Contestación de la demanda

13. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las
excepciones de inexistencia de la obligación demandada, ausencia de vicios en el
acto administrativo demandado, prescripción e innominada. Señaló que, al
momento del accidente el señor Chicue González estaba cotizando al ISS, hoy
Colpensiones, siendo ello razón suficiente para considerar que no está obligada a
reconocer la prestación reclamada.

14. Sostuvo que los actos demandados se presumen legales y no se demostró
ninguna causal de nulidad que los viciara. Indicó que la normativa aplicable al caso
era el Decreto 1295 de 1994, por estar vigente para la época del accidente.

15. Positiva Compañía de Seguros SA igualmente se opuso a las pretensiones
de la demanda e invocó como excepciones la falta de legitimación pasiva en la
causa, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin justa
causa, prescripción, falta de causa jurídica, buena fe y la innominada. Indicó que

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Demandante: Alexander Chicue González

CAJANAL, hoy UGPP, sería la entidad llamada a reconocer la pensión de invalidez
que solicita el demandante, pues no solo tuvo conocimiento del accidente de trabajo
sino que estuvo al frente de los trámites derivados del mismo.

16. Adujo que para la época en que ocurrió el accidente del demandante (8 de
septiembre de 1995) estaban vigentes las normas anteriores al Decreto 1295 de
1994, como quiera que en él se estableció que el Sistema General de Riesgos
Profesionales para los empleados públicos entraría en vigencia el 1 de enero de
1996 y en ese sentido, no estaba afiliado al ISS en riesgos laborales.

17. La DIAN alegó que había operado la caducidad del medio de control dado
que los actos demandados son de 1996 y 1997. El primero por medio del cual se
retira del servicio al funcionario (Resolución No. 1484 de 1996) y el segundo que
revoca el anterior y ordena su reubicación (Resolución No. 2960 de 1997). Agregó
que los argumentos presentados por el demandante no cuestionan la legalidad de
los mencionados actos administrativos sino de aquellos que negaron el
reconocimiento de una pensión de invalidez.

18. Indicó que, para la época de los hechos la norma vigente era el Decreto
1848 de 1969, pues el Decreto 1295 de 1994 entraba en vigencia para los
empleados públicos hasta el 1 de enero de 1996. Así las cosas, como para 1995, el
señor Chicue González estaba afiliado al ISS como entidad de previsión social, era
esta la llamada a reconocer la prestación reclamada.

19. Colpensiones11 sostuvo que los actos demandados fueron expedidos por la
DIAN, CAJANAL y el ISS como ARL y en todo caso, no existe prueba que dé cuenta
de que se haya presentado petición a la entidad para el reconocimiento y pago de
una pensión de invalidez. Señaló que la pensión de invalidez de origen profesional
es la causada única y exclusivamente por un accidente de trabajo o una enfermedad
profesional y es concedida y pagada por la ARL a la que la persona esté afiliada.

20. Aunado a ello, formuló las excepciones de falta de jurisdicción y
competencia por factor territorial, ineptitud de la demanda por falta de agotamiento
de la actuación administrativa como requisito de procedibilidad, falta de legitimación
pasiva en la causa, inexistencia de la obligación a cargo de Colpensiones, no
causación de interés moratorios, no causación de indexación, prescripción y la
innominada.

Decisión de excepciones

21. En audiencia de 17 de enero de 2018, el Tribunal Administrativo del Huila
declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda frente a la
Resolución No. 2821 de 10 de marzo de 1997 proferida por el ISS, comoquiera que
el demandante no presentó contra ella los recursos de reposición y apelación ante
la Administración y tuvo como actos demandados las Resoluciones Nos. 2960 de

11 Vinculada como demandada a través de auto dictado en audiencia inicial de 28 de junio de 2017.

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16 de mayo de 1997 de la DIAN, 1776 de 14 de febrero de 1997, 11090 de 3 de julio
de 1997 y 4361 de 19 de diciembre de 1997 proferidas por CAJANAL, hoy UGPP.

22. Asimismo, declaró no probada la falta de legitimación pasiva en la causa de
Positiva Compañía de Seguros SA y Colpensiones, en tanto la relación material y/o
sustantiva con el objeto del pleito debía definirse en la sentencia, y negó las
excepciones de caducidad del medio de control frente a la Resolución No. 2960 de
16 de mayo de 1997 y falta de jurisdicción y competencia. Para ello, precisó que
dicho acto administrativo fue demandado por su incidencia en el reconocimiento o
negación de la pensión de invalidez y no por la situación laboral que en él se resolvió
y señaló que el conflicto negativo de competencias había sido dirimido por el
Consejo de Estado, mediante Auto de 16 de junio de 2016.

Sentencia apelada

23. Mediante sentencia de 7 de julio de 2020, el Tribunal Administrativo del
Huila declaró la nulidad de las Resoluciones Nos. 2960 de 16 de mayo de 1997 de
la DIAN, 1776 de 14 de febrero de 1997, 11090 de 3 de julio de 1997 y 4361 de 19
de diciembre de 1997 proferidas por CAJANAL, y ordenó el reconocimiento y pago
de una pensión de invalidez a cargo del ISS, hoy Colpensiones.

24. Para ello, precisó que bajo la vigencia del Decreto 1848 de 1969 se
realizaban aportes como un todo denominado previsión social sin discriminar el
riesgo asegurado. Luego, la Ley 100 de 1993 estableció el Sistema de Seguridad
Social Integral, conformado a su turno por los subsistemas de pensiones, salud y
riesgos profesionales, y centralizó en el ISS la administración del régimen de prima
media y de riesgos profesionales. Sin embargo, este sistema entró en vigencia para
los empleados públicos hasta el 1 de enero de 1996 (Decreto 1295 de 1994).

25. En ese sentido, estableció que para la época del accidente de trabajo que
sufrió el señor Chicue González la normativa aplicable era el régimen anterior a la
Ley 100 de 1993 y en consecuencia, la regla sobre la efectividad de la pensión de
invalidez establece que dicha prestación estaría a cargo de la entidad de previsión
social a la que estuviera afiliado el trabajador o por defecto del empleador si no
estuviere afiliado a ninguna.

26. Asimismo, determinó que para el momento en el que el demandante ingresó
a la DIAN (diciembre de 1992) estaba vigente el Decreto 1848 de 1969, el cual
igualmente regía para la época del accidente laboral y encontró probado que de
enero de 1995 a diciembre de 1998, los aportes se hicieron de forma separada a
CAJANAL (salud) y al ISS (pensiones). En consecuencia, pese a que el Sistema
General de Riesgos Profesionales no había entrado en vigencia, ello no eximia al
ISS de reconocer el derecho del señor Chicue González de conformidad con la
cobertura del seguro social obligatorio y la reestructuración que tuvo esa entidad a
partir del Decreto 2148 de 1992.

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27. Agregó que en el proceso no quedó demostrado vínculo material alguno con
Positiva Compañía de Seguros SA, porque la afiliación del demandante se dio solo
hasta el 1 de julio de 2005, siendo ello razón suficiente para declarar su falta de
legitimación.

28. Sostuvo que no había operado la prescripción tomando en consideración la
fecha del dictamen que calificó la pérdida de capacidad laboral y supeditó el pago a
que se demuestre la desvinculación (retiro del servicio) y se aporte prueba del último
salario devengado o promedio mensual si fuere variable para efectos de la
liquidación de la prestación en comento.

29. Finalmente, condenó en costas a Colpensiones, en aplicación del criterio
objetivo-valorativo y fijó en 1 SMLMV las agencias en derecho.

Recursos de apelación

30. Colpensiones señaló que no era procedente condenarla a reconocer una
pensión cuando el acto administrativo expedido por el ISS no había sido objeto de
recursos ante la Administración, ni objeto de pronunciamiento por parte del tribunal,
ya que se había declarado probada la excepción de inepta demanda contra el
mismo. Recalcó que de conformidad con el Decreto 600 de 2008, la llamada a cubrir
pensiones o indemnizaciones por riesgos laborales era Positiva Compañía de
Seguros SA en virtud de la cesión de activos, pasivos y contratos entre
administradoras de riesgos. Así las cosas, solicitó que se revocara la sentencia de
primera instancia por ser contraria al debido proceso.

31. La UGPP solicitó que se revocara parcialmente la decisión de primer grado.
Planteó que al ser Colpensiones la entidad que debe responder por el
reconocimiento y pago de la pensión reclamada no debía declararse la nulidad de
los actos expedidos por CAJANAL, los cuales fueron proferidos en cumplimiento de
ley y no cuentan con vicio de legalidad alguno.

32. La DIAN alegó que no existe sustento jurídico para declarar la nulidad de la
resolución por medio del cual se reubicó al señor Chicue González, pues en ella no
se definió su derecho pensional. En ese sentido, afirmó que el acto administrativo
no presenta ningún vicio de nulidad que lograra cuestionar su legalidad y solicitó
que se revocara la providencia apelada en lo que respecta a la nulidad de la
Resolución No. 2960 de 1997.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

33. Mediante auto de 22 de septiembre de 2022, se admitieron los recursos de
apelación y, por auto de 16 de febrero de 2023, se corrió traslado para alegar de
conclusión.

34. La DIAN insistió en que el objeto del litigio era el reconocimiento y pago de
una pensión de invalidez y por tal razón no había lugar a declarar la nulidad de un

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acto administrativo que no incidió en la determinación del derecho pensional.
Agregó que la decisión de primera instancia no estudió ni explicó en qué consistía
la ilegalidad del acto de reintegro y reubicación del demandante a la entidad.

35. La UGPP reiteró que las resoluciones de CAJANAL fueron expedidas de
conformidad con la normativa vigente para la época del accidente de trabajo. Adujo
que en el proceso quedó demostrado que el señor Chicue González estaba afiliado
al ISS y por lo tanto, al ser esta la entidad la facultada para administrar el sistema
de riesgos profesionales, era también la competente para el reconocimiento
pensional.

36. Colpensiones alegó que el reconocimiento y pago de la prestación
reclamada corresponde a Positiva Compañía de Seguros SA (antes La Previsora
Vida SA) al haber asumido las funciones de ISS como administradora de riesgos
profesionales. Ello en virtud de los artículos 155 de la Ley 1151 de 2007 y 80 de la
Ley 1753 de 2015, así como los Decretos 600 de 2008 y 1437 de 2015.

37. La parte demandante, Positiva Compañía de Seguros SA y el Ministerio
Público guardaron silencio en esta etapa.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

38. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.

Problema jurídico

39. Corresponde a la Sala determinar cuál es la entidad responsable de asumir
el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que solicita el señor Alexander
Chicue González derivado del accidente de trabajo ocurrido el 8 de septiembre de
1995, dado que para aquella fecha no había entrado en vigencia el Sistema General
de Riesgos Profesionales para los empleados públicos.

Análisis del problema jurídico

40. La Sala revocará la sentencia de primera instancia del 7 de julio de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, al considerar que, si bien la
competencia para administrar y asumir las obligaciones pensionales originadas en
riesgos profesionales a cargo del ISS fue atribuida a la UGPP en virtud de lo
dispuesto en la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 1437 de 2015, no resulta procedente
imponer una condena en su contra dentro del presente proceso. Lo anterior, en

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razón de que el acto administrativo expedido por el ISS mediante el cual se negó la
prestación fue excluido del debate judicial, la controversia relativa a la condición de
la UGPP como sucesora funcional del ISS en materia de riesgos profesionales no
hizo parte de la fijación del litigio y además, no se acreditó reclamación
administrativa previa ante dicha entidad.

41. Para resolver el presente caso, debe precisarse, en primer lugar, que no
existe controversia respecto de la ocurrencia del accidente de trabajo ocurrido el 8
de septiembre de 1995 ni sobre el origen laboral de las secuelas derivadas de dicho
evento12. En consecuencia y teniendo en cuenta que para la fecha aún no estaba
vigente el Sistema General de Riesgos Profesionales (hoy laborales) para el sector
público de conformidad con el Decreto 1295 de 199413, resulta necesario examinar
el marco normativo que regulaba la protección de los riesgos derivados del trabajo
en el sector público, con el fin de establecer la entidad llamada a asumir la
responsabilidad prestacional derivada de la contingencia objeto de estudio14.

42. En ese contexto, los artículos 27, 60, 61 y 64 del Decreto 1848 de 1969,
preveían que los empleados oficiales que se sufrieran una pérdida de capacidad
laboral igual o superior al 75%, como consecuencia de un accidente de trabajo
procedente por cualquier causa no provocada intencionalmente ni por culpa grave
o violación injustificada de los reglamentos de previsión social, tendrían derecho al
reconocimiento de una pensión de invalidez.

43. En cuanto a la entidad responsable de la prestación, el decreto dispuso que
su reconocimiento y pago correspondía a la entidad de previsión social a la cual
estuviera afiliado el empleado al momento de estructurarse la contingencia. A falta
de afiliación, la obligación recaía directamente sobre la entidad empleadora.

44. De igual manera, los artículos 6, 10, 20 y 22 del Decreto 433 de 1971
establecieron que el Seguro Social Obligatorio creado por la Ley 90 de 1946 y
administrado por el ISS, amparaba de forma integral los riesgos derivados tanto de
las contingencias comunes como profesionales comprendidos entre otros, los
riesgos de enfermedad no profesional y maternidad; accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales (ATEP); invalidez, vejez y muerte; y asignaciones
familiares. En otras palabras, este sistema tenía vocación de cobertura integral de
los riesgos laborales y comunes de los trabajadores afiliados.

45. Posteriormente, la Ley 100 de 1993 introdujo una nueva estructura del
Sistema de Seguridad Social Integral y dispuso que las cajas, fondos y entidades
del sector público, debían financiar y administrar en forma independiente y en
cuentas separadas cada uno de los riesgos asegurados15. No obstante, en materia

12 Está debidamente acreditado que el señor Alexander Chicue González sufrió un accidente de trabajo el 8 de

septiembre de 1995, en desarrollo de sus funciones como servidor de la DIAN, el cual le generó una pérdida de
capacidad laboral del 75% estructurada en esa misma fecha.
13 Decreto 1295 de 1994, artículo 97.
14 Entendida como la administración del riesgo profesional (hoy laboral) conforme al esquema vigente al

momento del accidente.
15 Ley 100 de 1993, articulo 132.

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de pensiones de invalidez originadas en accidente de trabajo o enfermedades
profesionales, el artículo 249 ibidem previó la conservación del régimen jurídico
vigente hasta entonces, salvo en lo relacionado con la calificación del estado de
invalidez y pensiones integradas.

46. Ahora bien, la estructura institucional del sistema de seguridad social
experimentó importantes transformaciones con posterioridad a la ocurrencia de los
hechos que originaron la presente controversia. En ese contexto, resulta relevante
señalar que el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 creó la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a la cual se le atribuyó la administración
estatal del régimen de prima media con prestación definida, incluidos los beneficios
económicos periódicos previstos en el Acto Legislativo 01 de 2005. Asimismo, dicha
disposición autorizó al Gobierno nacional para adelantar la liquidación de CAJANAL
EICE, CAPRECOM y del Instituto de Seguros Sociales (ISS) 16, en lo relacionado
con la administración del régimen pensional.

47. Mediante el Decreto 600 de 2008 se autorizó la cesión de activos, pasivos,
derechos, obligaciones y contratos asociados a la administración de los riesgos
profesionales a cargo del ISS, operación que culminó con la transferencia de tales
negocios a La Previsora Vida SA Compañía de Seguros (hoy Positiva Compañía de
Seguros SA), entidad que asumió las funciones correspondientes en dicha materia.

48. Finalmente, el artículo 80 de la Ley 1753 de 2015 dispuso que las
obligaciones pensionales derivadas de riesgos profesionales originalmente
causadas en el ISS y que se encontraba a cargo de Positiva Compañía de Seguros
SA, serian administradas por la UGPP y pagadas a través del Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional (FOPEP). Esta disposición fue reglamentada a través
del Decreto 1437 de 2015, que definió las condiciones y la oportunidad en que la
UGPP asumiría la función/competencia en comento17 y determinó que la defensa
judicial de aquellos procesos judiciales relacionados con las obligaciones
pensionales iniciados con posterioridad deberá ser ejercida por esta última
autoridad18.

49. Precisado lo anterior, la Sala encuentra acreditado que, para la fecha de
ocurrencia del accidente de trabajo, esto es, 8 de septiembre de 1995, el señor
Chicue González se encontraba afiliado a CAJANAL EPS en salud y al ISS en
pensiones, circunstancia que resulta determinante para establecer la entidad
responsable de la cobertura prestacional derivada de la contingencia laboral objeto
de análisis.

50. La circunstancia de que el demandante se encontrara afiliado a CAJANAL
en materia de salud y al ISS respecto del riesgo pensional no desvirtúa su
pertenencia al sistema del Seguro Social Obligatorio administrado por el ISS, por el

16 Mediante Decreto 2013 de 2012, se suprimió el ISS
17 Decreto 1437 de 2015, artículo 1.
18 Decreto 1437 de 2015, artículo 10.

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Demandante: Alexander Chicue González

contrario, y de conformidad con el marco normativo vigente para la época de los
hechos, corresponde concluir que el ISS era la entidad encargada de asumir la
cobertura de los riesgos asociados a la invalidez, incluidos aquellos derivados de
los accidentes de trabajo. En consecuencia, para la fecha de estructuración de la
pérdida de la capacidad laboral, el eventual reconocimiento de la pensión reclamada
se encontraba en cabeza del ISS, en su condición de administrador de los riesgos
profesionales.

51. Sin embargo, el análisis de la controversia no puede agotarse en la
determinación de la entidad originalmente responsable de la prestación. En efecto,
los sucesivos cambios organizacionales del sistema de seguridad social integral
condujeron al traslado de las obligaciones inicialmente atribuidas al ISS, primero a
Positiva Compañía de Seguros SA y luego a la UGPP.

52. Así las cosas, la Sala concluye que, en la actualidad la competencia para
administrar y asumir las obligaciones pensionales derivadas de accidente de trabajo
que originalmente le correspondía al ISS radica en la UGPP. Por consiguiente,
desde una perspectiva estrictamente competencial, dicha entidad sería la llamada
a conocer y decir sobre la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez
que reclama el señor Alexander Chicue González.

53. Sin embargo, la anterior conclusión no conduce, por si sola, a la prosperidad
de las pretensiones. Aunque la UGPP se encuentra vinculada al proceso, concurren
varias circunstancias que impiden emitir un pronunciamiento en su contra. En primer
lugar, mediante decisión adoptada en la audiencia inicial se declaró probada la
excepción de inepta demanda respecto de la Resolución No. 2821 de 10 de marzo
de 1997 del ISS (ARP) por no haberse agotado los recursos ante la Administración;
en segundo lugar, la reclamación formulada ante Positiva Compañía de Seguros
S.A en el año 2014 y la respuesta negativa emitida por dicha entidad no fueron
incorporadas dentro de los actos sometidos a control judicial ni hicieron parte de la
fijación del litigio, en tercer lugar, la vinculación de la UGPP se hizo desde el auto
admisorio (14 de diciembre de 2016) como sucesora de CAJANAL EICE en
liquidación, por lo que sus intervenciones no se hicieron en virtud del traslado de
competencias de que trató la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 1437 de 2015; y en
cuarto lugar, no se acreditó que se hubiere presentado solicitud alguna ante la
UGPP como administradora de las obligaciones pensionales originadas en riesgos
profesionales inicialmente a cargo del ISS.

54. Bajo ese contexto, condenar al restablecimiento del derecho a la UGPP
desconocería el principio de congruencia (artículo 328 del CGP) y restringiría el
derecho al debido proceso (defensa y contradicción) de la entidad, como quiera que
esa carga competencial no fue objeto de reclamación administrativa ni de la fijación
del litigio.

55. En ese orden y en consideración al contenido y alcance de los recursos de
apelación, la Sala estima necesario hacer las siguientes aclaraciones:

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Demandante: Alexander Chicue González

56. Contrario a lo concluido por el Tribunal Administrativo del Huila, la Sala
considera que en el proceso no se logró desvirtuar la legalidad de la Resolución No.
2960 de 16 de mayo de 1997 de la DIAN (reintegro y reubicación laboral) ni de las
Resoluciones Nos. 1776 de 14 de febrero de 1997, 11090 de 3 de julio de 1997 y
4361 de 19 de diciembre de 1997 proferidas por CAJANAL (que negaron la pensión
de invalidez por actuar como caja de previsión social en salud y estar afiliado el
demandante al ISS), pues ni siquiera se desarrollaron cargos de nulidad concretos
y directos contra dichos actos administrativos. Por lo anterior, existe razón suficiente
para revocar sentencia de primer grado en lo que respecta a las declaratorias de
nulidad.

57. De igual manera se revocará la condena impuesta a Colpensiones por
concepto del reconocimiento y pago de la pensión de invalidez reclamada. Lo
anterior, por cuanto no obra prueba que el demandante hubiere presentado solicitud
alguna ante esta autoridad como administradora del régimen de prima media y
resulta un error entenderla como una sucesora universal del ISS, cuando las normas
señaladas en precedencia dan cuenta de que las obligaciones pensionales
derivadas de la administración de los riesgos profesionales del ISS pasó a Positiva
Compañía de Seguros SA y, posteriormente a la UGPP.

58. No obstante, lo anterior la Sala advierte que se encuentra acreditada la
ocurrencia del accidente de trabajo, la pérdida de capacidad laboral y la fecha de
estructuración de la misma19. En ese contexto y con el propósito de garantizar la
efectividad del derecho fundamental a la seguridad social del demandante20 sin
desconocer los limites derivados del principio de congruencia y del debido proceso,
se ordenará que la UGPP en el ejercicio de las competencias atribuidas inicie el
trámite administrativo tendiente a determinar si el señor Alexander Chicue González
tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez producto del
accidente laboral acaecido el 8 de septiembre de 1995 y en atención a las
competencias legales que le han sido asignadas en virtud de la Ley 1753 de 2015
y el Decreto 1437 de 2015.

59. En ese orden, la Sala revocará los numerales 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la
sentencia apelada y negará las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho, no porque descarte la eventual existencia del derecho pensional solicitado,
sino porque en este proceso no se acreditó la reclamación previa ante la entidad
actualmente competente. Sin perjuicio de ello, se ordenará que la UGPP tramite la
respectiva solicitud pensional a partir de la notificación de esta providencia.

60. Finalmente, se precisa que se confirmarán los numerales 2 y 9 de la parte
resolutiva de la sentencia de primer grado, relativos a la falta de legitimación de
Positiva Compañía de Seguros SA y la renuncia y sustitución del apoderado de
Colpensiones, pues ellos no fue objeto de apelación.

19 Aspecto que no discutieron las apelaciones.
20 Sobre el particular puede consultarse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 25

de septiembre de 2025, Rad. 76001-23-33-000-2021-00176-01 (0921-2025)

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Demandante: Alexander Chicue González

Condena en costas

61. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

62. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

63. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

64. En consecuencia, se condenará en costas en ambas instancias al
demandante porque se revocará la decisión recurrida. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo del Huila.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR los numerales primero y tercero a octavo de la sentencia
de primera instancia del 7 de julio de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo
del Huila. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONFIRMAR los numerales segundo y noveno de la sentencia
apelada.

TERCERO. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones de Parafiscales de la Protección Social (UGPP) que inicie el
procedimiento administrativo tendiente a determinar si el señor Alexander Chicue
González tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez
producto del accidente laboral el 8 de septiembre de 1995, en atención a las

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Demandante: Alexander Chicue González

competencias legales que he han sido asignadas en virtud de la Ley 1753 de 2015
y el Decreto 1437 de 2015, a partir de la notificación de esta providencia.

CUARTO. CONDENAR en costas de ambas instancias el señor Alexander
Chicue González, a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones de Parafiscales de
la Protección Social (UGPP). Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Huila.

QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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