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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2014-00384-02

Fecha
25 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2014-00384-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar el fallo apelado. 2. Condenar en costas a la demandante en esta instancia. A tal efecto, se fijan las agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo. En consecuencia, ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 41001-23-33-000-2014-00384-02

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

25 de septiembre de 2026

Radicado: 41001-23-33-000-2014-00384-02 (30395)
Demandante: Caja de Compensación Familiar del Huila, Comfamiliar

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón

Bogotá, D.C., 25 de septiembre de 2026

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2014-00384-02 (30395)
Demandante: Caja de Compensación Familiar del Huila, Comfamiliar
Demandada: Municipio de Neiva

Temas: Cobro coactivo. Función pública. Competencia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante1 contra la
sentencia, del 08 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que
resolvió2:

Primero. Negar las pretensiones de la parte actora.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

El municipio libró mandamiento de pago, el 05 de noviembre de 2013, dentro del
procedimiento de cobro coactivo que tramitó en contra de la actora por valor de
$364.743.613,24, por concepto de la obligación determinada en la liquidación unilateral
del contrato de administración de recursos del régimen subsidiado 410012010001/02, del
01 de junio y 22 de diciembre de 2010, que celebró con la demandante. Luego, mediante
la Resolución 03423, del 30 de diciembre de 2013, la entidad territorial negó las
excepciones que formuló la demandante, que se concretaban en la falta de competencia,
quien por el mismo motivo planteó la nulidad del mandamiento de pago. Esta decisión
fue confirmada mediante la Resolución 202, del 18 de marzo de 2014 (índice 74 de
Samai), que resolvió el recurso de reposición.

Demanda3

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

1
Samai tribunal, índice 81.
2
Samai tribunal, índice 75.
3
La demanda fue inadmitida en auto del 30 de septiembre de 2014, con el fin de que se acreditara el agotamiento de la conciliación
extrajudicial, se indicara la estimación razonada de la cuantía y las pretensiones de la demanda. Cumplido el plazo para subsanar, la
actora guardó silencio, por lo que en auto del 06 de noviembre de 2014 se rechazó la demanda. Contra dicha decisión se interpuso
recurso de apelación para que, además de revocar el rechazo, se desestimaran los motivos de la inadmisión. La Sección Cuarta del
Consejo de Estado, en providencia del 08 de febrero de 2017, revocó el rechazo de la demanda y ordenó al tribunal proveer sobre la
admisión de la demanda, quien en acogimiento a lo decidido admitió la demanda en decisión del 14 de marzo de 2014 (índice 75 de
Samai).

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1

Radicado: 41001-23-33-000-2014-00384-02 (30395)
Demandante: Caja de Compensación Familiar del Huila, Comfamiliar

Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
(índice 74 de Samai):

Se declaren sin efecto o se decrete la nulidad de los siguientes actos administrativos procesales
proferidos dentro del proceso o expediente coactivo que le adelanta a mi mandante la citada
Secretaría de Hacienda Municipal: Resoluciones 03423 del 30 de diciembre de 2013 y 202 del 18 de
marzo de 2014.

A manera de restablecimiento del derecho y como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los
actos demandados, se declararán probadas las excepciones propuestas contra el mandamiento de
pago, lo mismo que el levantamiento de las medidas cautelares decretadas dentro del proceso
coactivo que afectan bienes de propiedad de mi cliente. En el evento de que la entidad demandada
haya terminado el proceso coactivo por pago de la obligación dineraria demandada, se ordenará que
los valores aplicados a la obligación materia del cobro coactivo se reintegren a Comfamiliar con la
indexación respectiva.

Finalmente, se condenará en costas y perjuicios a la parte demandada, teniendo en cuenta la
violación flagrante y clara de las normas sustanciales y procesales en que se fundamentaron las
excepciones y medios de defensa propuestos por nuestra parte en el citado proceso coactivo.

Al efecto, invocó como normas vulneradas los artículos 6, 142, 349, 509 y 510 del CPC
(Código de Procedimiento Civil, Decreto 1400 de 1970), bajo los siguientes conceptos de
violación (índice 74 de Samai):

-Violación directa del artículo 6 del CPC e, igualmente, de los artículos 149, 349, 509 y
510 ídem, por falta de aplicación. Tras destacar que los procedimientos son de obligatorio
cumplimiento por tener la connotación de orden público, destacó que la actora propuso
una nulidad contra el mandamiento de pago con fundamento en el ordinal 2 del artículo
140 del CPC, indicando como hecho constitutivo de esta la carencia de competencia del
funcionario o entidad que inició el proceso de cobro coactivo, frente a lo cual debió
aplicarse lo establecido en el artículo 142 del CPC, que determina el procedimiento para
resolver una nulidad; sin embargo, el demandado no lo hizo, sino que procedió a
resolverla en el mismo acto en el que definió las excepciones de fondo.

Igualmente, describió que interpuso recurso de reposición contra el mandamiento de
pago, lo cual permitía el artículo 509, ordinal 2, inciso final, ídem, para cuya resolución
debió seguirse el procedimiento indicado en el artículo 349 ibidem; sin embargo, fue
resuelto en el mismo acto en que se negaron las excepciones previas y de fondo.

Adicionalmente, planteó que el Estatuto Tributario Municipal no era aplicable en este
caso, pues acorde con el artículo 2 ídem, se excluían de su ámbito de aplicación las
deudas generadas en contratos de mutuo o de obligaciones civiles y comerciales en las
que las entidades, allí señaladas, desarrollaran una actividad de cobranza similar o igual
a la de los particulares, en ejercicio del régimen privado que se aplica al giro principal de
sus negocios, cuando dicho régimen estuviera consagrado en la ley o en los estatutos de
la sociedad -art. 5 del ETM-. Entonces, como en este caso se trataba del cobro de sumas
diferentes a las determinadas en el mencionado estatuto, este no era aplicable, sino que
se tenía que acudir a las normas del CPC, como lo establecía el ordinal 3 del artículo 100
del CPACA.

A modo de conclusión, señaló que el demandado transgredió el debido proceso por no
haber aplicado los «caminos procesales determinado por el C de PC» y por la improcedencia de
acudir al ETM o al estatuto nacional. Consecuentemente, solicitó que se anulara toda la
actuación y se declarara la falta de competencia del municipio para cobrar la obligación
dineraria, se levantaran las medidas cautelares y se devolvieran los recursos.

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2

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Demandante: Caja de Compensación Familiar del Huila, Comfamiliar

-Violación directa de los artículos 216 de la Ley 100 de 1993. Explicó que la deuda sobre
la que versaban los actos acusados provenía de la liquidación unilateral de un contrato
de aseguramiento del servicio de salud subsidiado, suscrito entre la caja de
compensación y el municipio demandado, cuyo objeto contractual fue la prestación del
servicio de salud, en el marco del sistema de seguridad social en salud. Señaló que la
demandante se regía por el derecho privado, acorde con el artículo 39 de la Ley 21 de
1982, al igual que los citados contratos, conforme lo precisó la Circular Externa Conjunta
018 MS-074 SMS, del 30 de junio de 1998. Igualmente, a modo de conclusión, afirmó
que el municipio carecía de competencia para promover el proceso de cobro coactivo por
la suma establecida en la liquidación del contrato de aseguramiento de servicios de salud.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones (índice 74 de Samai). Explicó que para
cuando se emitió el acto de liquidación unilateral del contrato suscrito con la demandante,
estaba vigente el CPACA y, por ello, era aplicable el procedimiento de cobro coactivo,
mediante la dependencia competente para dichos asuntos. En función de ello, no había
en su estructura un jefe de cobro coactivo, sino un profesional especializado 222-14,
quien actuó conforme al Decreto 934 de 2012 y la resolución que adoptó el manual de
funciones de la planta de personal del municipio, esto es, la 277, del 23 de octubre de
2012, junto con las normas subsiguientes que internamente rigieron la estructura de la
alcaldía y ajustaron el manual de funciones -Dctos. 590 de 2016 y 0764 de 2016-.

Explicó que, con ocasión de la vigencia del CPACA -02 de julio de 2012-, las entidades
quedaron facultadas para recaudar obligaciones a su favor, mediante el procedimiento
de cobro coactivo. Clarificó que el artículo 216 de la Ley 100 de 1993 estaría acotado a
la celebración, ejecución y liquidación de los contratos del sector salud y no al trámite
para el cobro de obligaciones derivadas de los mismos, pues para ello, el artículo 98 y
las normas siguientes del CPACA establecían que las entidades públicas deben recaudar
las obligaciones creadas a su favor, siempre que consten en títulos que presten mérito
ejecutivo, dentro de estos, los que liquidan contratos del ordinal 3 del artículo 99 ídem,
sin distinción alguna. En línea con ello, manifestó que no violó las disposiciones
mencionadas por la actora y, por el contrario, su actuación se circunscribió a la ley, en
concordancia con los estatutos tributarios -nacional y municipal- y, además, le otorgó
garantías a su contraparte. En particular, señaló que contra el mandamiento de pago no
procedía recurso alguno y que la nulidad planteada contra el cobro durante la actuación
administrativa estaba sustentada en que se aplicaban normas del CPC, en lugar de las
normas de cobro coactivo, por lo que se refirió nuevamente a que su actuación se regía
por el artículo 98 y siguientes ídem.

Planteó que la demanda incumplía el presupuesto de tener un concepto de violación claro
y preciso -art. 162.4 ídem-. Y propuso excepciones de fondo sobre el cobro de lo no
debido frente a las pretensiones de reintegro de la demandante, puesto que el
procedimiento se ajustaba a derecho y la suma solicitada en devolución superaba la
obligación dineraria del cobro adelantado. Además, no estaba obligado a reintegrar valor
alguno, porque no incurrió en ilegalidad. También planteó la inexistencia de alguna
violación normativa, pues insistió en que su actuación se ajustó a los postulados jurídicos
de la Constitución y del ordenamiento sustantivo, sin vulnerar el debido proceso. Por
último, invocó la excepción genérica o innominada4.

4
El despacho sustanciador del tribunal, en audiencia inicial del 02 de mayo de 2018, ordenó que las excepciones de fondo se
dirimieran en la sentencia y no hizo un pronunciamiento expreso sobre el reparo del demandado, acerca de que el concepto de
violación no fuera claro y preciso e incumpliera el artículo 162.4 del CPACA (índice 74 Samai).

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Sentencia

El a quo negó las pretensiones de nulidad (índice 75 de Samai). En primer lugar,
desestimó las excepciones propuestas, pues consideró que los argumentos de cobro de
lo no debido, inexistencia de violación normativa y la genérica o innominada —planteadas
por el municipio en su contestación— no configuraban, en estricto sentido, excepciones,
sino que correspondían a razones de defensa de la legalidad de los actos demandados.

Por otra parte, estableció que para la época en que se liquidó unilateralmente el contrato
de prestación de servicios de salud, regía el artículo 98 del CPACA, conforme al cual las
entidades públicas debían adelantar el cobro de las obligaciones a su favor que constaran
en documentos que prestaran mérito ejecutivo y para ello estarían revestidas de la
facultad de cobro coactivo. Aludió al artículo 99 ídem, relativo a los actos que constituyen
títulos para la ejecución, y al artículo 100, concerniente a las reglas del procedimiento de
cobro. De acuerdo con ello, consideró que, contrario al planteamiento de la actora, no se
violó el debido proceso, pues el trámite no debía adelantarse según el CPC que, además,
fue derogado por el artículo 626 del CGP -Ley 1564 de 2012, corregido por el art. 17 Dcto.
1736 de 2012-, pues el mandamiento de pago se emitió el 05 de junio de 2013 y, para
esa época, estaba vigente el CPACA. Puntualizó que, según este ordenamiento, en
principio regían las normas especiales y solo de forma supletoria aplicaba la remisión al
Estatuto Tributario nacional y, en segundo lugar, al procedimiento administrativo y, en
último lugar, a la normativa civil, pero solo en lo que no resultara incompatible.

Seguidamente, aseguró que, bajo los artículos 1 y 5 de la Ley 1066 de 2006, todas las
entidades del Estado tenían jurisdicción coactiva para hacer efectivo el recaudo de
obligaciones a favor del tesoro público, no estando excluidos los entes territoriales,
quienes también contaban con atribuciones de cobro coactivo. Estableció que, bajo los
artículos 98 y 104 del CPACA, el municipio, como ente territorial, podía recaudar las
obligaciones creadas en su favor, sin consideración a la naturaleza de la deuda, lo cual
ni siquiera ha sido condicionado por la Corte Constitucional. Agregó que, si bien el artículo
194 de la Ley 100 de 1993 preveía que la prestación de los servicios de salud se hacía
por intermedio de las empresas sociales del Estado -ESE-, cuyos contratos se sometían
al régimen privado, ello no significaba que las obligaciones generadas en favor del ente
territorial escaparan de constituir una función administrativa y del cobro coactivo. Más
aún, el régimen privado alude a la libertad e inmediatez para garantizar el servicio de
salud a los usuarios del sistema y no a que esos recursos no tengan el sometimiento al
control fiscal del artículo 229 ibidem.

Puntualizó que la decisión C-666 de 2000, de la Corte Constitucional, se circunscribió a
la expresión de organismos «vinculados» del artículo 112 de la Ley 6 de 1992, a los efectos
de concluir que la facultad de cobro coactivo solo se ejercía ante obligaciones en ejercicio
de la función administrativa o imperium, pero que dentro de esa prerrogativa cabía la
obligación originada en la liquidación unilateral del contrato, el cual era el título ejecutivo.
Igualmente, señaló que el anexo técnico del contrato objeto del cobro demandado daba
la apariencia de que se regía por el derecho público, en vista de que lo suscribió el
municipio como administrador de los recursos de salud del régimen subsidiado —que son
recursos públicos— y en ejecución de funciones propias del aseguramiento en salud.
Advirtió que el objeto contractual comprometía el cumplimiento de una función pública,
financiada con dineros públicos; además, contemplaba la aplicación de las leyes 80 de
1993, 1150 de 2007 y demás disposiciones del régimen subsidiado, pudiendo pactarse
cláusulas excepcionales, tener interventoría estatal, limitaciones a la cesión contractual y
vigilancia de organismos de control, de modo que la autoridad local tenía la potestad de
cobro coactivo.

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Sostuvo que la Corte Constitucional, en la sentencia C-898 de 2003, precisó que la
contratación de las administradoras del régimen subsidiado —art. 216-2 de la Ley 100 de
1993— se realizaba mediante concurso y se regía por el régimen privado, sin perjuicio
de que podían pactarse cláusulas exorbitantes propias del régimen del derecho público;
lo cual también ha sido concluido por el Consejo de Estado5.

Por las mismas razones de los párrafos precedentes, desestimó que, bajo el artículo 216
de la Ley 100 de 1993, el contrato, al regirse por el derecho privado, excluyera el
procedimiento de cobro coactivo, pues al permitirse pactar cláusulas exorbitantes, como
sucedió en el contrato del sub lite, el municipio liquidó unilateralmente dicho negocio y
con ello constituyó el título ejecutivo sobre el que versaba el cobro coactivo y precisó que,
en este asunto, no era debatible la naturaleza de dicho contrato.

Frente a que la demandante excepcionó contra el cobro aduciendo que el funcionario
ejecutor profesional especializado era incompetente, sostuvo que la actora no indicó
quién tenía dicha competencia ni la disposición que invocaba para sustentar ese reparo,
por lo que no prosperaba dicho cargo. Sin perjuicio de esto, estimó que tal empleado era
competente para tramitar el cobro, de acuerdo con la estructura funcional del municipio,
pues el secretario de Hacienda podía comisionar y autorizar el cobro en un funcionario -
art. 29.35 Dcto. 934 de 2012- y, a su turno, la Resolución 277, del 23 de octubre de 2012,
también fijaba dentro de las funciones del profesional especializado la de adelantar el
cobro coactivo.

Reafirmó que el procedimiento de cobro coactivo aplicaba para todas las obligaciones
claras, expresas y exigibles a favor del Estado sin distinción en el origen de la deuda y
que, en el caso, no eran objeto de debate los actos que conformaban el título ejecutivo,
sumado a que estos eran susceptibles del cobro desde que adquirieron firmeza, sin que
la actora hubiera acreditado que estos hubieran sido objeto de demanda judicial ni se
hubieran observado circunstancias de suspensión, de acuerdo con el artículo 101 del
CPACA. Desestimó la declaratoria de silencio administrativo positivo que reclamó la
demandante al haberse emitido el acto que decidía excepciones por fuera del mes
establecido en el artículo 623 del ETM, puesto que esto solo fue planteado en las
alegaciones finales, así que se trataba de un hecho adicionado en esa fase. Además, esa
norma no preveía un silencio positivo.

Consideró como legal y no violatorio del debido proceso el hecho de que el municipio
hubiera tramitado la petición de nulidad del procedimiento de cobro junto con la decisión
de excepciones contra el mandamiento de pago, en virtud de los principios de eficacia,
economía y celeridad. Igualmente, estimó que la demandante pretendía dilatar la
actuación al querer someter a la demandada a la aplicación del CPC para cada solicitud
y exigir traslados no previstos en el procedimiento de cobro coactivo, máxime cuando la
petición de nulidad y de formulación de excepciones reproducían los mismos argumentos.

Por último, determinó como legales las medidas cautelares que se practicaron meses
después de haberse emitido el mandamiento de pago, por lo que no fueron de naturaleza
anticipativa y porque el 13 de noviembre de 2013 la ejecutada informó sobre
conversaciones con el alcalde respecto de alternativas para el cumplimiento de las
obligaciones, la solvencia económica como garantía de pago y la petición del
levantamiento de las medidas cautelares. Tras ello, concluyó que las medidas podían
decretarse antes o de forma concomitante con el mandamiento de pago y en el caso no
fueron sorpresivas, pues con antelación la ejecutada fue citada para la notificación del
mencionado mandamiento.
5
Sentencia del 29 de octubre de 2018, exp. 37975, CP: María Adriana Marín.

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Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión del tribunal (índice 81 de Samai). Adujo que esa
corporación no analizó detalladamente el problema jurídico-procesal planteado en la
demanda, lo cual se sustentaba en dos aspectos: uno procesal y otro sustancial.

En relación con el aspecto procesal, señaló que, tratándose de un proceso (coactivo), el
municipio estaba en la obligación de cumplir con las normas de procedimiento aplicables
al caso. En ese sentido, manifestó que le planteó a la Administración: (i) la nulidad contra
el mandamiento de pago, a la cual debió darle el funcionario ejecutor el correspondiente
trámite procesal, atendiendo las normas del CPC, aplicables para la fecha en que se
planteó el vicio procesal, lo cual debió materializarse en el procedimiento del artículo 142
ídem. Al respecto, aclaró que el CGP empezó a regir a partir del primero de enero de
2014, por lo que la petición se hizo estando en vigencia dicha normativa y (ii) propuso
excepciones contra el mandamiento de pago, a las que tampoco se les dio el trámite
procesal legal, con la afirmación de que se trataba de un proceso ejecutivo y no de una
decisión administrativa; sin embargo, «el Tribunal …no se detiene a estudiar esta irregularidad, que
insistimos es procesal. Si existió la irregularidad procesal como claramente existió, obviamente que nuestra
pretensión expuesta en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debió prosperar ordenando el
trámite procesal adecuado y dejando sin efecto el acto acusado. Agreguemos en esta parte, que el artículo
100 del CPACA permite la aplicación de las normas del C. de Procedimiento Civil vigente para la fecha en
lo relativo al proceso ejecutivo singular. Entonces, el funcionario debió darle el trámite a la proposición de
nulidad, aplicando el procedimiento establecido en dicho código, e igualmente, a las excepciones
propuestas. Agreguemos finalmente, que lo es materia de discusión en la demanda y decisión que nos
ocupa, NO es la validez o el origen del acto mediante el cual el municipio liquidó unilateralmente el contrato
que dio lugar al proceso de cobro. La discusión se centra al procedimiento de cobro coactivo ».

En relación con el aspecto sustancial, sostuvo que se materializaba en que la demandada
carecía de competencia para promover el pago de la obligación dineraria mediante el
procedimiento de cobro coactivo, dado que el contrato que fue objeto de liquidación
unilateral (cláusula exorbitante) y que dio lugar al cobro era de prestación de servicios
médico asistenciales, así que su ejecución y cumplimiento estaban regulados por las
normas del derecho privado, como lo establecía el artículo 195-6 de la ley 100 de 1993.

Igualmente, adujo que el municipio, al liquidar unilateralmente dicho contrato, no obró en
cumplimiento de funciones administrativas propias de una entidad pública, sino que lo
hizo en relación con una obligación puramente contractual, mientras que la Ley 1066 de
2006, para su aplicabilidad, hacía referencia a «funciones administrativas», con lo cual la
deuda solo podía tramitarse ante la justicia ordinaria y no mediante el cobro coactivo.
Adicionalmente, el propio Estatuto Tributario Municipal de Neiva, en sus artículos 2 y 5,
excluía de su aplicación las obligaciones civiles o comerciales en donde estuviera
involucrado, para este caso, el municipio.

Pronunciamientos sobre el recurso

El ministerio público guardó silencio en esta etapa procesal.

Por su parte, el demandado, además de insistir en que la decisión debía confirmarse,
cuestionó que la apelación se limitaba a traer argumentos de la demanda sin oponerse o
controvertir las consideraciones del a quo. Adujo que los argumentos podían catalogarse
como personales, en tanto que no invocaron fundamentos legales o constitucionales
(índice 13 de Samai).

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos administrativos acusados atendiendo los cargos
de apelación de la demandante contra la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de nulidad.

Problema jurídico

2- Corresponde a la Sala establecer si: (i) el tribunal no analizó el problema jurídico-
procesal planteado en la demanda, en la medida en que la entidad demandada no tenía
competencia para obtener el pago de la obligación dineraria, mediante el procedimiento
de cobro coactivo, dado que el contrato liquidado unilateralmente (cláusula exorbitante),
que dio lugar al mismo, versó sobre la prestación de servicios médicos asistenciales,
regido por el derecho privado; sin que el municipio actuara en cumplimiento de funciones
administrativas. Y (ii) si la demandada debió tramitar, con fundamento en el artículo 142
del CPC, la solicitud de nulidad del procedimiento de cobro adelantado, e igualmente,
tramitar las excepciones contra el mandamiento de pago, con las normas del
ordenamiento civil.

Preliminarmente, se desestima lo argumentado por el municipio en su intervención contra
el recurso de apelación de la parte actora, acerca de que no hubo reproches de oposición
o contradicción contra las consideraciones del a quo, pues se observa que la actora, en
su impugnación, claramente censura que el tribunal hubiera avalado que el municipio
tenía competencia para adelantar el recaudo de una obligación derivada de la liquidación
unilateral de un contrato de administración de recursos del régimen subsidiado, mediante
el procedimiento de cobro coactivo.

Igualmente, se advierte que el abogado de la actora informó el 13 de mayo de 2026 que
la caja de compensación familiar se liquidó el 26 de noviembre de 2024, mediante
Resolución 512 de 2024, y además renunció al apoderamiento. En la misma oportunidad,
allegó la Escritura Pública 3105, otorgada por el liquidador de la caja de compensación,
confiriendo un mandato con representación con Soto Legal Investment SAS « para efectos
de garantizar la atención de situaciones jurídicas no definidas, mandato que no se extinguirá con la
terminación de la existencia legal del mandante, puesto que está destinado a ejecutarse después de dicha
circunstancia legal, por lo que … permanecerá o se sustituirá a favor de dicha persona jurídica [la aludida
sociedad] …, esto en consonancia con lo dispuesto por el artículo 2195 del Código Civil Colombiano … »
(índice 14 de Samai), el cual se celebró en los términos de los artículos 9.1.3.6.3 -letra
b.- y 9.1.3.6.4 del Decreto 2555 de 2010 (índice 14 de Samai).

En relación con lo anterior, la Sala advierte que la extinción de la demandante no culmina
el proceso judicial, conforme al inciso 2 del artículo 68 del CGP, y la sentencia producirá
efectos.

Análisis del caso concreto

3- En relación con el primer problema jurídico, que la impugnante identificó como
sustancial, adujo que, al parecer, la conclusión del tribunal partía de que la sola
liquidación unilateral del contrato bastaba para que el municipio pudiera ejercitar el cobro
coactivo para recaudar el valor respectivo. Sin embargo, el demandado no tenía
competencia para obtener el pago de la obligación dineraria mediante el procedimiento
de cobro coactivo, puesto que el contrato suscrito con el municipio, objeto de liquidación
unilateral (cláusula exorbitante), era para la prestación de servicios médicos
asistenciales, de modo que su ejecución y cumplimiento se regía por las normas del
derecho privado, como lo establecía el artículo 195-6 de la ley 100 de 1993. Al respecto,

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Radicado: 41001-23-33-000-2014-00384-02 (30395)
Demandante: Caja de Compensación Familiar del Huila, Comfamiliar

expuso que el demandado, al liquidar unilateralmente dicho contrato, no actuó en
cumplimiento de funciones administrativas de una entidad pública, sino bajo una
obligación puramente contractual. Afirmó que la deuda en el caso debatido solo era
pasible de tramitarse ante la justicia ordinaria y no mediante cobro coactivo, dado que la
Ley 1066 de 2006 se refería al ejercicio de funciones administrativas. Adicionalmente, los
artículos 2 y 5 del ETM excluyeron de su aplicación los cobros de obligaciones civiles o
comerciales en donde estuviera involucrado el municipio.

El demandado sostuvo que, con ocasión de la vigencia del CPACA -02 de julio de 2012-
las entidades estaban facultadas para recaudar obligaciones a su favor mediante el
procedimiento de cobro coactivo. Adujo que el artículo 216 de la Ley 100 de 1993 estaría
acotado a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos del sector salud y no al
trámite para el cobro de obligaciones derivadas de los mismos, pues para ello, el artículo
98 y las normas siguientes del CPACA establecían que las entidades públicas debían
recaudar las obligaciones creadas a su favor, siempre que constaran en títulos que
prestaran mérito ejecutivo, dentro de estos, los que liquidaban contratos del ordinal 3 del
artículo 99 ídem, sin distinción alguna, como en el caso controvertido.

El tribunal coincidió con la postura del municipio, pues, según los artículos 1 y 5 de la Ley
1066 de 2006 y 98 y 104 del CPACA, todas las entidades del Estado tienen jurisdicción
coactiva para hacer efectivo el recaudo de obligaciones a favor del tesoro público,
incluidos los entes territoriales y sin consideración a la naturaleza de la deuda. Agregó
que, si bien el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 preveía que la prestación de los
servicios de salud se hacía por intermedio de las empresas sociales del Estado -ESE-,
cuyos contratos se sometían al régimen privado, ello no significaba que las obligaciones
generadas en favor del ente territorial escaparan de constituir una función administrativa
y de que su recaudo se hiciera mediante cobro coactivo. Estimó que el régimen privado
aludía a la libertad e inmediatez para garantizar el servicio de salud a los usuarios del
sistema, pero estos seguían sometidos al control fiscal del artículo 229 ibidem.
Igualmente, señaló que, aunque el artículo 216 de la Ley 100 de 1993 permitía que el
contrato se rigiera por el derecho privado, esto no lo excluía del procedimiento de cobro
coactivo, pues al permitirse pactar cláusulas exorbitantes, como sucedió en el contrato
del sub lite, el municipio lo liquidó unilateralmente y con ello constituyó el título ejecutivo
sobre el que versó el cobro coactivo y, en este asunto, no era debatible la naturaleza de
dicho contrato.

4- El artículo 356 constitucional, al regular la distribución de competencias, señaló que la
ley fijaría los servicios a cargo de la nación y las entidades territoriales. En desarrollo de
ello, el artículo 215 de la Ley 100 de 1993, al regular la administración del régimen
subsidiado, asignó a las direcciones locales, distritales o departamentales de salud la
celebración de contratos de administración del subsidio con las entidades promotoras de
salud (EPS), que afiliaran a los beneficiarios del subsidio. Por su parte, el artículo 211 de
la Ley 100 de 1993 definió dicho régimen como el conjunto de normas que rigen la
vinculación de los individuos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando
tal vinculación se hace a través del pago de una cotización subsidiada, total o
parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad de que trata esa ley.

En el mismo contexto, el artículo 44 de la Ley 715 de 20016, que reguló la competencia
de los municipios, determinó que a estos les competía «dirigir y coordinar el sector salud y el
Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción», en desarrollo de lo

6
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios
de educación y salud, entre otros.

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cual debían cumplir las funciones allí señaladas, dentro de las que estableció en su
ordinal 44.2.3 que estos debían «celebrar contratos para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado
de la población pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y control directamente o por medio de
interventorías», con cargo a los recursos con los que se cofinancia dicho régimen, dentro
de ellos los transferidos al ente local por mandato de los artículos 356 y 357
constitucionales «para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la presente
ley» -art. 1 de la Ley 715 ídem-.

Este tipo de contratación que celebra la entidad territorial en cumplimiento del deber
asignado constitucionalmente y desarrollado en la ley tiene carácter privado, tal como lo
señala el ordinal 2 del artículo 216 de la Ley 100 de 1993, al indicar: «cuando la contratación
se haga con una entidad que no sea propiedad de los usuarios como las Empresas Solidarias de Salud, la
contratación entre las direcciones seccionales o locales de salud con las Entidades Promotoras de Salud
se realizará mediante concurso y se regirá por el régimen privado, pudiendo contener cláusulas
exorbitantes propias del régimen de derecho público»78; en su día, todas estas entidades fueron
denominadas como administradoras del régimen subsidiado, en adelante ARS.

En el marco anterior, se advierte que el municipio contratante, entidad pública y autoridad,
no interviene en dicha relación contractual como un particular en igualdad de condiciones
con otros particulares que prestan servicios de salud, pues su función es garantizar la
prestación del servicio de salud subsidiado a la población pobre y en situación de
vulnerabilidad, lo que deviene de una obligación asignada por la Constitución y
desarrollada por la ley, con lo cual no es el municipio quien directamente presta el servicio
de salud ni como EPS ni como IPS -sin perjuicio de los municipios certificados autorizados
para ello, parág. art. 44 Ley 715 de 2001-, sino que el ente territorial interviene en la
medida en que es a quien se le asigna y debe destinar los recursos dirigidos a ese
régimen, para que los proveedores de servicios de salud se encarguen de prestarlos o
contratarlos, de acuerdo con la población afiliada dentro del ámbito de la jurisdicción
territorial respectiva; es decir, corresponde a una función pública.

Ahora bien, los recursos administrados son de naturaleza pública y, en tal sentido, ha
dicho la Corte Constitucional «En efecto, en diversos pronunciamientos la Corte ha destacado el
carácter público de los recursos que financian el régimen subsidiado … En esas ocasiones se tuvo en
cuenta que se trataba de normas que disponían o disponen sobre el destino de dineros públicos, con cargo
a los cuales debe desarrollarse una responsabilidad que la ley ha confiado a las entidades territoriales del
Estado …» (sentencia C-898 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra).

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta patente que los municipios contratantes no
intervienen en una relación contractual en el mismo ámbito de competencia de los
particulares para prestar servicios de salud, sino que se encargan de garantizar la
afiliación y cobertura de las personas que pueden acceder al servicio de salud bajo el
régimen subsidiado y, dadas las competencias y funciones conferidas por la ley, deben
suscribir contratos con las EPS para la administración de los recursos del régimen
subsidiado, los cuales conservan la naturaleza de ser públicos. En tal medida, la gestión
del recaudo de dichos dineros estaría inmersa en el ámbito de la potestad de cobro
coactivo que establece el artículo 98 y siguientes del CPACA, pues, además de que el
municipio es una entidad pública, en los términos del artículo 104 ibidem, tendría
7
De la misma forma, el artículo 52 del Acuerdo 415 de 2009, emanado del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, quien de
conformidad con el artículo 212 de la Ley 100 de 1993, estableció que «[c]onforme lo establece el numeral 2 del artículo 216 de la
Ley 100 de 1993, este contrato se regirá por el derecho privado y deberá detallar todas y cada una de las fuentes de financiación del
Régimen Subsidiado de Salud y, como mínimo la información que determine el Ministerio de la Protección Social, sin perjuicio de la
aplicación de las normas presupuestales vigentes».
8 En línea con ello, la Sección Tercera8 ha establecido frente a este tipo de contratos que «el régimen aplicable al contrato de
aseguramiento o de administración de recursos del régimen subsidiado de salud es el del derecho privado». Además, que en estos
contratos pueden pactarse «cláusulas excepcionales al derecho común de interpretación, terminación y modificación unilaterales,
sometimiento a las leyes nacionales, de reversión y caducidad del contrato, previstas en la Ley 80 de 1993».

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igualmente el deber de recaudar las obligaciones creadas a su favor, como lo son
aquellos recursos destinados a garantizar la prestación de servicios de salud del régimen
subsidiado, lo que correspondería a una función administrativa conferida por la
Constitución y la ley. Por lo demás, el ordinal 3 del artículo 99 ídem preceptúa que
constituye título de la ejecución «el acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad.
Igualmente lo serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión
de la actividad contractual» (subrayado propio).

5- Así, para el caso analizado, es un hecho no controvertido que las partes suscribieron,
el 22 de diciembre de 2010, el contrato 410012010001/02 para el aseguramiento del
servicio de salud subsidiado y, en su artículo décimo noveno, se pactaron cláusulas
exorbitantes o excepcionales al derecho común «de la interpretación unilateral, la modificación
unilateral, la terminación unilateral y la caducidad, contenidas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 y demás normatividad vigente» (índice 74 de Samai). Asimismo, mediante
la Resolución 119 de 2012 [no contiene fecha de mes y día], el municipio ordenó la
liquidación unilateral del indicado contrato de administración de recursos del régimen
subsidiado celebrado con la actora y estableció en favor del ente territorial que la caja de
compensación demandante adeudaba la suma de $364.743.613,24; decisión que fue
confirmada por el municipio en la Resolución 045, del 26 de diciembre de 2012 (índice
ídem), al decidir el recurso de reposición. Con base en dicho título ejecutivo, libró
Mandamiento de Pago del 05 de junio de 2013, por el monto liquidado en la Resolución
119 de 2012.

En ese marco, para la Sala resulta evidente que el municipio no interviene dentro del
contrato de aseguramiento de los recursos del régimen subsidiado como un particular
que compita en igualdad de condiciones con prestadores de servicios de salud, pues,
además de que la finalidad de estos contratos no es que el municipio preste dichos
servicios, su función es la de cumplir una obligación encomendada por la Constitución y
la ley y, además, los recursos para garantizar la cobertura de ese régimen son públicos,
teniendo a su cargo la responsabilidad de que se destinen a dicha finalidad, de manera
que para la Sección, el municipio tenía la potestad de cobro coactivo, en los términos de
los artículos 98 y 99 ibidem.

Ahora bien, es muy relevante advertir que la demandante sustenta la carencia de
competencia para el cobro coactivo por estar regido el contrato por el derecho privado en
el artículo 195-6 de la ley 100 de 1993, el cual versa exclusivamente sobre las Empresas
Sociales de Estado (ESE), naturaleza que no detenta la demandante.

Con todo, al margen de que la contratación se rija por el derecho privado, no puede
omitirse que la inclusión de cláusulas exorbitantes por disposición legal, podría derivar
en un título ejecutivo de naturaleza administrativa, cobrable bajo las potestades de cobro
coactivo previstas en el artículo 98 del CPACA; naturaleza que no fue cuestionada en
esta oportunidad, razón por la cual no será objeto de análisis y por lo mismo no incide en
la presente decisión.

No prospera el cargo de apelación.

6- En lo atinente al segundo de los problemas jurídicos, la apelante aseguró que el
municipio estaba en la obligación de cumplir con las normas del procedimiento aplicable;
puntualmente, que el funcionario ejecutor debió darle el trámite procesal a la nulidad
propuesta, atendiendo las normas del CPC, aplicables para la fecha en que se planteó el
vicio procesal y que debió materializarse en el procedimiento que contiene el artículo 142
ídem. Aclaró que el CGP empezó a regir a partir de 2014, así que por eso contempló en
su petición la normativa del CPC. Adicionalmente, reprochó que a las excepciones contra

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el mandamiento de pago tampoco se les dio el trámite procesal legal con la afirmación
de que se trataba de un proceso ejecutivo y no de una decisión administrativa.

A su turno, el municipio defendió que el procedimiento de cobro coactivo procedía de
conformidad con el artículo 98 y ss. del CPACA, de modo que no vulneró las
disposiciones mencionadas por la actora; por el contrario, su actuación se circunscribió a
la ley, en concordancia con los estatutos tributarios nacional y municipal. En particular,
consideró que contra el mandamiento de pago no procedía recurso alguno y que la
nulidad planteada contra el cobro durante la actuación administrativa estaba sustentada
en que se aplicaban normas del CPC, en lugar de las normas de cobro coactivo, por lo
que insistió en que su actuación se regía por el artículo 98 y siguientes del CPACA.

Por su parte, el tribunal estimó que no se violó el debido proceso al tramitarse
conjuntamente la petición de nulidad del procedimiento de cobro y la decisión de
excepciones contra el mandamiento de pago, en virtud de los principios de eficacia,
economía y celeridad. Igualmente, consideró que la demandante pretendía dilatar la
actuación al querer someter al demandado a la aplicación del CPC para cada solicitud y
exigir traslados no previstos en el procedimiento de cobro coactivo, máxime cuando la
petición de nulidad y de formulación de excepciones reproducían los mismos argumentos.

6.1- Como se concluyó en el punto anterior, el municipio detentaba la potestad de cobro
coactivo, la cual ejerció en vigencia del CPACA. Ahora bien, de acuerdo con el ordinal 2
del artículo 100 ídem, los procedimientos de cobro coactivo que no tengan regla especial
«se regirán por lo dispuesto en este título [IV del CPACA] y en el Estatuto Tributario». Luego precisa
que «en todo caso, para los aspectos no previstos en el Estatuto Tributario o en las respectivas normas
especiales, en cuanto fueren compatibles con esos regímenes », aplicarían las normas de la primera
parte del CPACA «y, en su defecto, el Código de Procedimiento Civil en lo relativo al proceso ejecutivo
singular».

Atendido lo anterior, para el caso, lo procedente era aplicar las normas del Estatuto
Tributario, tanto nacional como local, acorde con las cuales, contra el mandamiento de
pago proceden excepciones y no un recurso. En desarrollo de esto, el municipio verificó
que lo alegado por la actora no se enmarcaba en las previsiones de las excepciones
reguladas en tales ordenamientos. Si bien la demandante planteó una nulidad y
excepcionó contra el mandamiento de pago, se observa que ambas actuaciones se
sustentaron en las mismas razones de falta de competencia del municipio para ejercer
potestades de cobro coactivo respecto de la obligación derivada del contrato de
aseguramiento de servicios de salud subsidiada, así que la resolución conjunta de dichos
reparos en el acto que negó excepciones no disminuyó ni afectó el núcleo esencial del
debido proceso de la demandante, en sus vertientes del derecho de defensa,
contradicción y audiencia. Como tampoco el hecho de no haberse tramitado sus
peticiones conforme al procedimiento establecido en el artículo 142 del entonces CPC,
en tanto existía norma especial que regulaba este aspecto; y, en cualquier evento, la
decisión desestimatoria de la nulidad por falta de competencia quedó definida en la
presente decisión judicial. No prospera el cargo de apelación.

Consecuentemente, se confirmará la decisión apelada.

Conclusión

7- Con base en lo expuesto, la Sala establece como criterio interpretativo de esta
sentencia que (i) el municipio no interviene dentro del contrato de aseguramiento de los
recursos del régimen subsidiado como un particular que compita en igualdad de

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condiciones con prestadores de servicios de salud, pues, además de que la finalidad de
estos contratos no es que el municipio preste dichos servicios, su función es la de cumplir
una obligación encomendada por la Constitución y la ley y, además, los recursos para
garantizar la cobertura de ese régimen son públicos, teniendo a su cargo la
responsabilidad de que se destinen a dicha finalidad; y que (ii) al margen de que la
contratación se rija por el derecho privado, no puede omitirse que la inclusión de cláusulas
exorbitantes por disposición legal podría derivar en un título ejecutivo de naturaleza
administrativa, cobrable bajo las potestades de cobro coactivo previstas en el artículo 98
del CPACA; naturaleza que no fue cuestionada en esta oportunidad.

Costas

8- Conforme al artículo 365 del CGP, en concordancia con el artículo 188 del CPACA, el
Acuerdo PCSJA25-12355, del 28 de noviembre de 2025, del CSJ, y el criterio mayoritario
de la Sección9, se condenará en costas a la parte demandante en esta instancia por haber
resultado vencida en el juicio. A tal efecto, se tasan las agencias en derecho en un salario
mínimo a la ejecutoria de esta providencia. En consecuencia, se ordenará al tribunal
tramitar el correspondiente incidente de liquidación, de conformidad con lo previsto en el
artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar el fallo apelado.

2. Condenar en costas a la demandante en esta instancia. A tal efecto, se fijan las
agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo. En consecuencia, ordenar
al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvo voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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Sentencia del 23 de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP: Wilson Ramos Girón).

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