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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2014-00576-01

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2014-00576-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia de 21 de julio de 2021, proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por el señor Cesar Augusto Rangel Navarro contra la Policía Nacional, por la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia judicial. TERCERO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2014-00576-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

4 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCIÓN “B”

Consejera Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., 4 de agosto de 2022

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 41001-23-33-000-2014-00576-01 (1206-2022).
Actor: CESAR AUGUSTO RANGEL NAVARRO.
Accionado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
POLICÍA NACIONAL.
Trámite: APELACIÓN SENTENCIA - LEY 1437 DE 2011.
Decisión: CONFIRMA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE
NEGÓ PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

FALLO SEGUNDA INSTANCIA

El proceso de la referencia viene con informe de la Secretaría 1, y cumplido el trámite
previsto en el artículo 2472 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, procede la Sala a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 21 de julio de 20213
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila4, que negó las pretensiones de la
demanda5.

I. ANTECEDENTES.

1.1 La demanda y sus fundamentos6.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho7, el señor
Cesar Augusto Rangel Navarro a través de apoderado judicial8, solicitó la nulidad
de los fallos disciplinarios de 14 de junio de 20139 y 13 de febrero de 201410,
proferidos por la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía
Huila, y el Inspector Delegado Región Dos, respectivamente, por medio de los

1 De 6 de junio de 2022. Visible en folio 357 del expediente, cuaderno principal.
2 Ley 1437 de 2011, artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las
sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…).
3 Visible en índice 2 del expediente digitalizado en SAMAI, documento
“7_410012333000201400576011EXPEDIENTEDIGIREMISIONE20220310103516”.
4 M.P. Ramiro Aponte Pino.
5
Sin condena en costas
6 Visible en folio 1 del expediente, cuaderno principal Nº 1.
7 Consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 1437 de
2011, artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto,
y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales
establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. (…).
8
Abogado Martín Alberto Zuluaga Buritacá.
9 Fallo de primera instancia. Visible en folio 157 del expediente, cuaderno principal.
10 Fallo de segunda instancia. Visible en folio 186 ibidem.

1

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

cuales fue sancionado con destitución del cargo de Comandante de la Estación de
Policía de Palermo, Huila, e inhabilidad general de 10 años.

Como consecuencia de lo anterior, el apoderado de la parte demandante solicitó a
favor de éste a título de restablecimiento que se condene a la entidad demandada
a: i) pagar por concepto de daños morales y a la vida en relación la suma de 100
S.M.L.M.V., o la que resulte probada; ii) actualizar los dineros que se causen con la
respectiva indexación, de conformidad con el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011;
y iii) cumplir la sentencia que ponga fin al proceso contencioso administrativo en los
términos de los artículos 192 ibídem.

La Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica presentada en la
demanda, así:

Afirmó el apoderado del demandante que, el intendente jefe Cesar Augusto Rangel
Navarro –ahora actor- en su calidad de Comandante de la Estación de Policía de
Palermo, Huila, el 27 de diciembre de 2011, expidió una certificación 11 -acta de
consumo- con la cual dio fe que se había suministrado alimentación a 90
uniformados de la institución quienes habrían llegado a apoyar la seguridad en las
festividades del municipio durante los días 26 al 30 de diciembre de 2011, dando
con ello lugar a que se pagara la suma de $7.000.000 en favor de la señora Maritza
Rodríguez Fierro, administradora del restaurante Las Delicias de la Nana.

Expuso que el Comandante del Departamento de Policía del Huila 12, presentó oficio
Nº 6744 de 24 de julio de 201213 ante la Oficina de Control Disciplinario Interno
DEUIL solicitando que se adelantara actuación disciplinaria en contra del actor,
debido a que para las fechas del 26 al 30 de diciembre de 2011 no se envió personal
policial de apoyo al municipio de Palermo Huila, por lo cual eran falsas las
afirmaciones indicadas en la referida certificación suscrita por aquel –la cual había
dado lugar al pago de la ya mencionada suma de dinero-.

Mencionó que de conformidad con lo anterior, la Oficina de Control Disciplinario
Interno del Departamento de Policía Huila, mediante auto de 28 de julio de 201214,
dispuso abrir indagación preliminar -decisión que fue notificada de manera personal
al actor el 1 de agosto del mismo año15- y el Director General de la Policía a través
de la Resolución Nº 3215 de 4 de septiembre de 2012 aceptó la solicitud de retiro
del servicio por voluntad propia presentada por éste -con la cual quedó desvinculado
definitivamente de la institución16-.

11
Visible en folio 38 del expediente, cuaderno principal.
12
Coronel Juan Francisco Peláez Ramírez
13
Visible en folio 30 del expediente, cuaderno principal.
14
Visible en folio 79 del expediente, cuaderno principal.
15
Visible en folio 58 del Cuaderno de pruebas. En el acta de la diligencia de notificación personal sobre la apertura de
indagación preliminar el actor autorizó que se le notificaran las decisiones a la dirección de correo electrónico que suministró,
la cual se referencia, augusto.rangel@correopolicía.gov.co
16
Puesto que, cumplió 25 años 4 meses y 16 días como miembro activo de la institución

2

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

Refirió que la autoridad disciplinante, a pesar de que el actor ya se había
desvinculado definitivamente de la institución por voluntad propia, continuó la
investigación disciplinaria mediante auto de citación audiencia de 28 de febrero de
201317 en el cual dispuso adelantar el trámite bajo el procedimiento verbal y profirió
pliego de cargos por haber incurrido a título de dolo en la falta gravísima del numeral
9 artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 -realizar una conducta descrita en la ley como
delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como
consecuencia de la función o cargo-, en concordancia con el delito de falsedad
ideológica en documento público -artículo 286 de la Ley 599 de 200018.

Expresó que posteriormente la Oficina de Control Disciplinario Interno del
Departamento de Policía del Huila mediante fallo de primera instancia de 14 de junio
de 201319 sancionó al actor con destitución e inhabilidad general de 10 años -
decisión que fue apelada- y el Inspector Delegado Región Dos de la Policía en fallo
de segunda instancia de 13 de febrero de 201420 confirmó la decisión anterior.

Indicó que el Director General de la Policía por medio de Resolución Nº130421 de 3
de abril de 2014 hizo efectiva la sanción disciplinaria, dicho acto administrativo se
remitió por aviso el 20 de mayo del mismo año mediante oficio sin número dirigido
a la Diagonal 5 No 1J norte, barrio La Argentina de Piedecuesta Santander, lugar
donde reside el padre -señor Alberto Rangel- del actor, quien fue la persona que
acusó el recibo de la mencionada notificación.

Normas violadas.

El apoderado del demandante citó como violadas las siguientes disposiciones:

• Constitución Política, artículos 2, 6, 25 y 29.
• Ley 734 de 2002 -Código Único Disciplinario-
• Ley 1015 de 2006 -Régimen Disciplinario de la Policía Nacional-

Concepto de violación22.

Señaló el apoderado del demandante que la entidad accionada vulneró el debido
proceso, el derecho de defensa y contradicción, e inobservó el principio de
legalidad, en atención a los siguientes argumentos:

17
Visible en folio 103 del expediente, cuaderno de pruebas.
18
Artículo 286. Falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender
documento público que pueda servir de prueba, consigue una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10)
años”.
19
Visible en folio 157 del expediente, cuaderno principal.
20
Visible en folio 186 ibidem.
21
Visible en folio 193 ibidem.
22 Para efectos permitir una resolución ordenada de los argumentos de nulidad planteados por el actor en la demanda, estos
se agruparán en diferentes ítems. Visible en folio 4 del expediente, cuaderno principal.

3

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

Mencionó que la autoridad disciplinaria demandada vulneró al actor la garantía
constitucional de la no autoincriminación, en vista que lo obligó a rendir versión libre
en la que fue coaccionado y conminado a auto-incriminarse, por lo cual si bien en
ella reconoció que expidió una certificación espuria, lo hizo para pagar una deuda
anterior que la policía tenía con la administradora del Restaurante Las Delicias de
la Nana -señora Maritza Rodríguez Fierro- por concepto de alimentación.

Expuso que se vulneró el derecho de defensa y contradicción del investigado, en
relación con las 3 declaraciones de cargo juramentadas practicadas el 1 de
noviembre de 2014, puesto que: i) la notificación para la diligencia de recepción de
las mismas le fue enviada al correo institucional pese a que para ese momento ya
se encontraba retirado de la Policía y ii) la citación para participar en la recepción
de aquellas se hizo en un periodo de tiempo muy corto, dado que se le informó de
la diligencia el 30 de octubre de 2014 y ésta fue realizada dos días después.

Aseveró que la autoridad demandada vulneró el artículo 163 numeral 5 de la Ley
734 de 2002, y el principio de in dubio pro disciplinado, ya que, en el pliego de
cargos no expuso el mérito, la pertinencia, ni conducencia de las pruebas.

Manifestó que los actos administrativos sancionatorios demandados se expidieron
con infracción de las normas en que debían fundarse vulnerando el debido proceso,
ya que: i) el instructor disciplinario a) no aplicó la norma fijada para el procedimiento
verbal, por el contrario, se acudió a otra prevista para el ordinario, relizando un
trámite equivocado, b) negó varias pruebas documentales y testimoniales
solicitadas en la versión libre el 18 de marzo de 2013, decisión que fue apelada por
la parte, c) en la audiencia de sustentación del recurso de apelación del auto que
negó el decreto de pruebas se solicitó la nulidad de lo actuado, petición que en virtud
del inciso primero del artículo 180 del CDU23 debió haberse resuelto en la misma
audiencia, sin embargo el asunto se envió al superior jerárquico -Inspector Delegado
Región Dos- para ser resuelto junto con la apelación y ii) el superior jerárquico al
resolver el recurso de apelación no se pronunció sobre la solicitud de nulidad.

Refirió que se vulneró el debido proceso, dado que, el funcionario comisionado para
la práctica de las pruebas documentales y testimoniales decretadas en el auto de
indagación preliminar no las practicó en su totalidad sin justificación alguna.

1.2 Contestación de la demanda24.

La Policía Nacional a través de apoderado25 contestó la demanda oponiéndose a
las pretensiones del líbelo, con base en los siguientes argumentos:

23
Modificado por el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011. ARTÍCULO 59. Recursos. El artículo 180 de la Ley 734 de 2002
quedará así:
El recurso de reposición procede contra las decisiones que niegan la práctica de pruebas, las nulidades y la recusación, el
cual debe interponerse y sustentarse verbalmente en el momento en que se profiera la decisión. El director del proceso, a
continuación, decidirá oral y motivadamente sobre lo planteado en el recurso.
El recurso de apelación cabe contra el auto que niega pruebas, contra el que rechaza la recusación y contra el fallo de primera
instancia, debe sustentarse verbalmente en la misma audiencia, una vez proferido y notificado el fallo en estrados.
Inmediatamente se decidirá sobre su otorgamiento. (…)
24
Visible en folio 257 del expediente, cuaderno principal.
25
Abogada Nancy Alejandra Sandoval Sarmiento.

4

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

Indicó que el demandante pretende reabrir el debate probatorio que ya se decidió
en sede administrativa, y que la jurisdicción contencioso administrativa no es una
tercera instancia.

Expuso que se garantizó el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción
del investigado, en vista que, la decisión sancionatoria se fundamentó en las
pruebas legalmente recaudadas durante el procedimiento el cual se adelantó
acatando la normatividad aplicable al caso y la notificación del acto de ejecución se
hizo por aviso a la dirección suministrada por el propio disciplinado.

Mencionó que en el proceso disciplinario se logró demostrar que el investigado –
ahora demandante- incurrió en una falta gravísima a título de dolo (falsedad
ideológica en documento público), porque en su condición de Comandante de la
Estación de Policía de Palermo suscribió la constancia de 27 de diciembre de 2011,
con el fin de que se pagara el suministro de alimentos de 90 policiales durante 5
días, aduciendo que consumieron desayunos, almuerzos y comidas por un valor de
$7.000.000, siendo esto ajeno a la realidad. La falsedad antes mencionada fue
demostrada entre otras por medio de pruebas documentales tales como los libros
de servicio y de población de acuerdo con los que resultó evidente que no existió
apoyo extra de policiales a la Unidad Policial en cita y por ende no hubo suministro
alguno de alimentación.

Refirió que la autoridad disciplinaria respetó el debido proceso disciplinario, en vista
que, se ajustó a las prerrogativas establecidas en la Ley 734 de 2002 -código único
disciplinario-, y en la Ley 1015 de 2006 -régimen especial de la Policía Nacional-,
además los fallos sancionatorios demandados fueron expedidos por autoridades
competentes con observancia de las garantías fundamentales del investigado.

Propuso las excepciones de i) presunción de legalidad26; ii) inexistencia de derecho
y falta de fundamento para las pretensiones27; así como iii) cobro de lo no debido28.

1.3 La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia de primera instancia
de 21 de julio de 202129, negó las pretensiones de la demanda -sin condena en
costas-, con base en los siguientes argumentos:

Indicó que del material probatorio recaudado en el proceso disciplinario y en el
contencioso administrativo se desprende que el actor en su condición de

26
En razón a que los actos acusados los expidieron “funcionarios competentes, en forma regular y en ejercicio de las
atribuciones Constitucionales y legales...”. Y en razón a que la jurisdicción contencioso-administrativa no es una tercera
instancia, es evidente que operó la cosa juzgada.
27
Teniendo en cuenta que la sanción fue proferida legalmente y que en la investigación se garantizó el derecho de
contradicción, no es de recibo reabrir el debate en la instancia judicial; aunado al hecho de que no demostraron los perjuicios
morales que reclama.
28
La sanción se impuso con base en el principio de proporcionalidad, siguiendo los criterios de graduación; es decir, teniendo
en cuenta la gravedad de la falta
29
Visible en índice 2 del expediente digitalizado en SAMAI, documento
“7_410012333000201400576011EXPEDIENTEDIGIREMISIONE20220310103516”.

5

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

Comandante de la Estación de Policía de Palermo, Huila, el 27 de diciembre de
2011, suscribió el documento denominado “acta de consumo”, donde hizo constar
que la señora Maritza Rodríguez Fierro, administradora del restaurante Las Delicias
de la Nana, suministró alimentación al supuesto personal de apoyo en las
festividades decembrinas (del 26 al 30 de diciembre de esa anualidad), por valor de
$7.000.000, siendo falsa esta información.

Expuso que no se vulneró el consentimiento del actor cuando rindió su versión libre,
dado que fue advertido al momento de la diligencia -1º de agosto de 2012- sobre el
artículo 33 de la Constitución Política, el cual señala que no se encontraba obligado
a declarar contra sí mismo, y aunque manifestó encontrarse anímicamente
indispuesto porque ese día solicitó el retiro del servicio, aceptó libremente que firmó
el acta espuria, y que lo hizo para facilitar el pago del suministro de alimentos que
supuestamente con antelación se le adeudaba a la dueña del restaurante, por lo
que, no se observa que haya sido constreñido u obligado a declarar contra sí mismo.

Señaló que el funcionario instructor no trasgredió el derecho de defensa del actor,
en vista que, remitió la comunicación de diligencias testimoniales a la dirección
electrónica suministrada por éste para que asistiera a la práctica de las mismas o
remitiera el respectivo cuestionario, y si bien aquella fue enviada el 30 de octubre
de 2012 y la recepción testimonial se llevó a cabo el 1 de noviembre -dos días
después-, el interesado guardó silencio.

Mencionó que el operador disciplinario respetó el debido proceso, ya que, adelantó
el procedimiento bajo la ritualidad verbal al considerar satisfechos los presupuestos
consagrados en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, pues al momento de valorar
sobre la apertura de investigación disciplinaria estaban dados los requisitos para
proferir pliego de cargos, por lo tanto de forma acertada convocó a la
correspondiente audiencia pública, ordenó notificar personalmente la decisión,
convalidó las pruebas recaudadas, y corrió traslado al investigado de todas las
diligencias.

Afirmó que la autoridad disciplinaria realizó una valoración probatoria adecuada, al
analizar de manera integral y con observancia de las reglas de la sana crítica los
elementos de convicción, en vista que, contrario a lo afirmado por el actor, en el
acápite del pliego de cargos denominado “análisis de las pruebas que fundamentan
el cargo único formulado” se relacionaron 5 piezas documentales respecto de las
cuales se mencionó su contenido, así mismo los testimonios de Maritza Rodríguez
Fierro y Alex Andrade Parra fueron analizados con base en el correspondiente
resumen de sus versiones.

Mencionó que la autoridad disciplinante no vulneró el derecho de defensa del
investigado, ya que, la negativa sobre las pruebas solicitadas por el demandante en

6

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

su versión libre30 se dio porque no indicó su conducencia ni pertinencia, decisión
que fue recurrida en apelación, y al sustentar el recurso solicitó la nulidad de todo
lo actuado (a partir del auto que abrió el debate probatorio, cuestionando que el
investigador no practicó todos los medios de convicción decretados, configurándose
una omisión en el proceso). Por lo anterior, teniendo en cuenta que la parte actora
apeló la decisión de no practicar las pruebas solicitadas y en la sustentación de ese
recurso alegó una nulidad, se tiene que a quien le correspondía pronunciarse sobre
el asunto era al Ad quem disciplinario31, tal y como efectivamente lo hizo en virtud
de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 115 de la Ley 734 de 2002 de
acuerdo con el cual “la impugnación del auto que deniega totalmente la práctica de
pruebas se concede en el efecto suspensivo”.

Advirtió que si bien el funcionario comisionado no logró practicar todas las pruebas
testimoniales decretadas, y no dejó constancia de las razones por la cuales no pudo
hacerlo, tal circunstancia no se puede erigir en una causal que vicie toda la
actuación, ya que, en la investigación se pretende contar con los medios de
convicción que permitan fallar de fondo y las pruebas recaudadas llevaban a
establecer que el demandante en su condición de servidor público suscribió un
documento que contiene una información contraria a la verdad con el fin de certificar
gastos inexistentes.

1.4. El recurso de apelación32.

El apoderado de la parte demandante presentó recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia solicitando que se revoque el fallo apelado y se
acceda a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

Reiteró los cargos de nulidad presentados en el libelo, para lo cual señaló que el ad
quo realizó un análisis errado de los hechos, normas y pruebas.

Indicó que el tribunal se limitó a hacer un análisis y valoración de las pruebas
allegadas al plenario, concluyendo que se encuentra acreditada la responsabilidad
disciplinaria sin embargo, se apartó del estudio y solución de los argumentos de
inconformidad alegados en contra de la decisión sancionatoria, inobservando los
tópicos que fundamentaron la demanda, omitiendo determinar si se presentaron o
no las irregularidades alegadas.

Adujo que el fallador de primera instancia solo hizo valoración probatoria para
corroborar la responsabilidad disciplinaria, apartándose así del análisis de fondo

30
que se oficiara a “...la oficina correspondiente”, para que certifique cuantas veces se envió apoyo al municipio de Palermo,
y a esa misma entidad territorial para que informara si a la contratista le cancelaron $7.000.000 (correspondiente a la invitación
pública IP SG-105-2011). Y sin mencionar el objeto concreto, también solicitó que se recepcionaran cinco testimonios.
31
El ad quem disciplinario confirmó la decisión de no decretar las pruebas porque no se justificó la pertinencia, conducencia,
utilidad y necesidad de la prueba, tenido en cuenta que se pretendía verificar la expedición de la certificación que da fe de
que el servicio de restaurante se prestó a los policiales que apoyaron las festividades de navidad y fin de año 2011, y que
esos medios de convicción no sirven para esclarecer esa situación, y que con ese mismo objeto ya se practicaron otras
pruebas, y negó la solicitud de nulidad por considerar que el recurrente no demostró la sustancialidad de la irregularidad que
dice se presentó, así mismo plasmar las garantías que afecta al sujeto procesal, exigencia que no se advierte.
32
Visible en índice 2 del expediente digitalizado en SAMAI, documento
“7_410012333000201400576011EXPEDIENTEDIGIREMISIONE20220310103516”.

7

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

integral y total que debe realizar la jurisdicción de lo contencioso administrativo en
relación con las pruebas a efectos de establecer la veracidad de los cargos de la
demanda.

1.5. Alegatos de segunda instancia y concepto del Ministerio Público.

Las partes demandante y demandada así como el Ministerio Público guardaron
silencio en esta oportunidad procesal, tal y como se observa en el informe de
Secretaría de la Sección Segunda fechado el 6 de junio de 2022, visible en folio 357
del expediente del cuaderno principal.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Problema jurídico.

Analizados los argumentos del recurso de apelación, así como la decisión
impugnada, encuentra la Sala que para resolver el presente asunto deberá atender
el siguiente problema jurídico:

Problema jurídico: ¿Determinar si el Tribunal a quo resolvió integralmente, con
base en un análisis imparcial del acervo probatorio, los argumentos de nulidad
presentados por el demandante, o incurrió en incongruencias en la valoración de la
evidencia?

2.2. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO.

Para resolver el cuestionamiento jurídico, dado que el apelante reitera los cargos de
nulidad en clave de un indebido y parcializado análisis probatorio por parte del
Tribunal a quo, es necesario con la videncia que obra el expediente analizar jurídica
y fácticamente los cargos del libelo, para lo cual se abordará: (2.2.1) el marco
normativo disciplinario de la Policía Nacional, el derecho al debido proceso y la
garantía de no auto incriminación; (2.2.2) el alcance de la competencia del juez
contencioso administrativo en el control del acto administrativo disciplinario -en el
marco de las Leyes 200 de 1995 y 734 de 2002-, y finalmente (2.2.3) procederá a
resolver el cargo de apelación -analizando con las pruebas que obran en el
expediente, los argumentos de nulidad expuestos en la demanda y en contraste con
lo decidido por el Tribunal a quo-.

2.2.1 El marco normativo disciplinario de la Policía Nacional, el derecho al
debido proceso y la garantía de no auto incriminación.

En virtud de las funciones específicas que cumplen los miembros de la fuerza
pública (fuerzas militares y Policía Nacional), el constituyente en los artículos 217
(inciso tercero) y 218 (inciso segundo) de la Carta Política, facultó al legislador para
determinar los regímenes disciplinarios especiales de tales servidores.

8

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

En desarrollo de lo anterior, la Ley 1015 de 2006 fijó el régimen disciplinario de la
Policía Nacional y en el artículo 23 dispuso que son destinatarios: “[…] el personal
uniformado escalafonado y los Auxiliares de Policía que estén prestando servicio
militar en la Policía Nacional; aunque se encuentren retirados, siempre que la falta
se haya cometido en servicio activo”; el artículo 58 prevé que el procedimiento
aplicable a los sujetos pasivos del régimen disciplinario de la institución será el
establecido en la Ley 734 de 2002, o la norma que la modifique.

Por consiguiente, las autoridades disciplinarias, en las actuaciones que adelanten
contra los destinatarios de la Ley 1015 de 2006, deben aplicar esta normativa en lo
concerniente a la parte sustancial y el Código Disciplinario Único -Leyes 200 de
1995 o 734 de 2002- en el ámbito procedimental.

Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la
garantía del debido proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y
formales de obligatorio acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias, en
cuanto constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre
otras cosas, en la posibilidad de defenderse, presentar y controvertir pruebas e
impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el sancionado puede
acudir ante el juez de lo contencioso administrativo a demandar la nulidad de las
decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos, si se evidencia una
violación del debido proceso.

Congruente con lo anterior, también la jurisprudencia constitucional ha sido
particularmente reiterativa en que, en los trámites de naturaleza disciplinaria, los
respectivos funcionarios deberán observar de manera rigurosa el derecho
fundamental al debido proceso, lo que incluye, además de aquellas garantías que,
según se explicó, conforman su contenido básico aplicable en todos los casos, las
que la jurisprudencia ha señalado como propias de este tipo de procedimientos.

A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado el mínimo de
aspectos inherentes a la noción de debido proceso, cuya vigencia es indispensable
en las actuaciones disciplinarias. Esos criterios, que se traducen en deberes de la
autoridad disciplinaria, son los siguientes33:

“i) La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona
a quien se imputan las conductas pasibles de sanción;
ii) La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita,
siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas
disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las
conductas como faltas disciplinarias;
iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan
los cargos formulados;

33
Sobre este tema ver especialmente la sentencia T-301 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), reiterada en otras
posteriores, entre ellas T-433 de 1998 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), T-561 de 2005 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-
1034 de 2006 y C-213 de 2007 (en estas dos M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) y C-542 de 2010 (M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio).

9

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

iv) La indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus
descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere
necesarias para sustentar sus descargos;
v) El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto
motivado y congruente;
vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y
vii) La posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos
pertinentes, todas y cada una de las decisiones.” (Negrilla fuera de texto)

En la misma línea, la jurisprudencia constitucional se ha referido también a los
siguientes elementos o principios, derivados del artículo 29 superior y aplicables a
todas las actuaciones disciplinarias34: “(i) el principio de legalidad de la falta y de la
sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii) el derecho de defensa y
especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba, (iv)
el principio de la doble instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio
de imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem, (viii) el principio de cosa
juzgada y (ix) la prohibición de la reformatio in pejus” 35.

En relación con las aludidas garantías procesales, el artículo 33 de la Constitución
Política específicamente consagra la “no auto incriminación” con el siguiente tenor
literal “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge,
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil", respecto de la cual la Corte Constitucional ha
establecido su alcance en distintos pronunciamientos especialmente en relación con
la prueba de confesión -a la cual se hace referencia el demandante en el presente
litigio-36. En la sentencia C-102 de 200537 la Corporación de justicia en mención
expresó lo siguiente:

"La garantía constitucional a la no autoincriminación no se opone en ningún caso a
la confesión como medio de prueba, siempre que ésta sea libre, es decir, sin que de
manera alguna exista coacción que afecte la voluntad del confesante, requisito
igualmente exigible en toda clase de procesos. La confesión, esto es la aceptación
de hechos personales de los cuales pueda derivarse una consecuencia jurídica
desfavorable, como medio de prueba no implica por sí misma una autoincriminación
en procesos civiles, laborales o administrativos. De la misma manera, ese medio de
prueba es admisible en el proceso penal, pero en todo caso, en ninguna clase de
procesos puede ser compelida la persona a la aceptación de un hecho delictuoso,
que es en lo que consiste la autoincriminación, que la Constitución repudia."
(Subrayado fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior cabría señalar que, las personas no pueden ser
obligadas a declarar contra sí mismas o contra sus allegados, lo cual ubica tal
asunto, en principio, en el ámbito del debido proceso para excluir la posibilidad de
que la persona sea compelida por cualquier medio a declarar contra sí misma o
contra sus allegados, e incluso implica un derecho al silencio, a utilizar las

34
Cfr. especialmente la sentencia C-555 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), además de las ya citadas T-1034 de
2006, C-213 de 2007 y C-542 de 2010.
35
Sentencia T-429 de 2014, M. P. Andrés Mutis Vanegas.
36
Entre otros muchos, ver los contenidos en las Sentencias C-426 de 1997, C-776 de 2001, C-442 de 2002, C-431 de 2004,
C-102 de 2005, C-782 de 2005 y C-258 de 2011.
37
Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra.

10

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

estrategias que se consideren más adecuadas para la defensa, sin que ésta se
extienda a las conductas fraudulentas u obstructivas.

De esta manera la no auto incriminación se orienta a evitar que la decisión adversa
a la persona provenga de su propia declaración obtenida mediante cualquier tipo de
presión o coacción física o moral, de esta manera surge el derecho a guardar
silencio, del cual, a su vez, se deriva la consecuencia de que tal situación, esto es
la negativa a declarar, en cuanto que se encuentra constitucionalmente amparada,
no puede tener repercusiones negativas en el ámbito del proceso, en cuanto no
puede tomarse como indicio de responsabilidad.

De este modo, a partir de las disposiciones constitucionales previamente
mencionadas se puede definir el alcance de la referida garantía, la identificación de
sus componentes -con distintos matices-, su presupuesto fundamental -conforme al
cual la persona no puede ser obligada a declarar en su contra, proscribiendo toda
modalidad de presión física o sicológica-, la imposibilidad de conminar a una
persona a declarar o sancionarla por abstenerse de hacerlo, y la exigencia que en
todos los ámbitos en los cuales opere la garantía la persona sea advertida previa y
expresamente de su derecho a no declarar 38.

Sobre este último punto la Corte Constitucional ha destacado i) la elevada
importancia de la garantía constitucional a la no auto incriminación al resaltar su
estatus como derecho humano de estirpe internacional, precisando que “El artículo
33 de la Constitución Política contempla la "inmunidad penal", también denominada
principio de no autoincriminación, según el cual nadie podrá ser conminado a
"declarar", esto es "manifestar o hacer público algo", contra sí mismo o contra su
cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, precepto que amplifica lo
estatuido en el literal g del numeral 3º del artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos”39; y ii) respecto al ámbito de aplicación indicando que
“tal principio, en los términos textuales de la regla Constitucional, reviste una
amplitud mayor, pues ésta no restringe la vigencia del mismo a determinados
asuntos y por ello bien cabe su exigencia en todos los ámbitos de la actuación de
las personas.”40.

38
La Corte Constitucional se ha referido a los elementos esenciales de la no auto incriminación delineando algunos aspectos
relevantes en los siguientes pronunciamientos: i) En la Sentencia C-024 de 1994, la Corte señaló que el artículo 33 de la
Constitución se refiere a que nadie -sin excepción alguna-, podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge,
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil y que la
intención del Constituyente estaba encaminada a la proscripción e invalidación de todo procedimiento que produzca la
confesión forzada o no voluntaria de quien declara ante las autoridades. Agregó la Corte que una de las consecuencias de
esta prohibición es que ninguna autoridad puede exigir a persona alguna que preste declaración, contra sí o contra alguno de
sus parientes en los grados que indica la norma; ii) En la Sentencia T-1031 de 2001 la Corte puso de presente que la garantía
prevista en el artículo 33 de la Constitución tiene el carácter de derecho fundamental, y que, en tal condición, sólo puede ser
restringida por la ley. Así mismo, precisó que esa garantía, por otra parte, se vincula de manera indisoluble con la presunción
de inocencia, contenida en el artículo 29 de la Constitución, porque quien decide no declarar, debe tenerse como inocente y
le corresponde al Estado establecer, fuera de toda duda, la responsabilidad, y con la previsión del mismo precepto Superior
que excluye toda prueba obtenida con violación del debido proceso, como sería la declaración del sujeto investigado en cuya
producción se hubiese desconocido la prescripción del artículo 33 de la Carta.
39
Corte Constitucional Sentencia C-115 de 2008 Magistrado Ponente Nilson Pinilla Pinilla.
40
Corte Constitucional Sentencia C-258 de 2011 Magistrado Ponente Gabriel E. Mendoza Martelo.

11

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

En este orden de ideas, debe señalarse que la garantía de no auto incriminación ha
sido tenida como una de las más importantes en los procesos punitivos, de manera
que no admite matices, modulaciones o salvedades, pues se relaciona directamente
con valores y principios tan importantes como la vida o la dignidad de la persona,
los cuales son de la esencia de la Constitución Política Colombiana; por lo tanto es
claro que el inculpado no puede ser obligado a hablar cuando puede verse
personalmente comprometido, esto claro está sin perjuicio de que libre de todo
apremio renuncie expresa o tácitamente a tal prerrogativa y decidida confesar
voluntariamente su conducta reprochable atendiendo a cualquier motivación legal -
por ejemplo pretender una rebaja en la sanción, buscar evitar la sanción o cualquier
otra que considere adecuada para la prevalencia de sus propios intereses-

2.2.2 La competencia del Juez administrativo cuando ejerce el control del acto
y la actuación administrativa disciplinaria.

El Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda41, además
de señalar que los actos expedidos en ejercicio de la potestad disciplinaria por la
Procuraduría General de la Nación -bajo la vigencia de las Leyes 200 de 1995 y 734
de 2002-, constituyen ejercicio de función administrativa y no emanan, como en
algunos conceptos lo ha considerado dicho organismo, de función jurisdiccional,
también anota -de manera explícita- que el control de legalidad y constitucionalidad
sobre dichos actos administrativos por parte de la jurisdicción contencioso
administrativa, no se limita a un simple control formal, sino que se trata de un control
pleno e integral, que no admite interpretaciones restrictivas, sin que ello implique
que se trate de una tercera instancia.

En estos términos el control que ejerce la jurisdicción contencioso administrativa
sobre los actos administrativos disciplinarios proferidos por la Administración
Pública o por la Procuraduría General de la Nación -se reitera, para el caso de las
competencias establecidas bajo la vigencia de las Leyes 200 de 1995 y 734 de
2002- es pleno e integral, que se efectúa a la luz de las disposiciones de la
Constitución Política como un todo y de la ley en la medida en que sea aplicable, y
que no se encuentra restringido por aquello que se plantee expresamente en la
demanda ni por interpretaciones restrictivas de la competencia de los jueces que
conforman la jurisdicción contencioso administrativa.

Lo anterior es así porque la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991,
con su catálogo de derechos fundamentales y sus mandatos de prevalencia del
derecho sustancial en las actuaciones de la administración de justicia (art. 228, C.P.)
y de prevalencia normativa absoluta de la Constitución en tanto norma de normas
(art. 4, C.P.), implicó un cambio cualitativo en cuanto al alcance, la dinámica y el
enfoque del ejercicio de la función jurisdiccional, incluyendo la que ejercen los

41
Radicado interno 1085-2010, CP Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

12

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

órganos de la jurisdicción contencioso administrativa (los jueces, los tribunales y el
Consejo de Estado). En efecto, según lo han precisado tanto el Consejo de Estado
como la Corte Constitucional, la plena vigencia de los derechos y garantías
fundamentales establecidos por el constituyente exige, en tanto obligación, que los
jueces sustituyan un enfoque limitado y restrictivo del alcance de sus propias
atribuciones de control sobre los actos de la administración pública, por uno
garantista de control integral, que permita verificar en casos concretos si se ha dado
pleno respeto a los derechos consagrados en la Carta Política.

El hecho de que el control que ejerce la jurisdicción contencioso administrativa sobre
los actos disciplinarios sea pleno e integral, resulta confirmado por la amplísima
jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de procedencia de la acción de
tutela, en la cual se ha explícitamente afirmado que las acciones ante la jurisdicción
contenciosa –en nulidad o nulidad y restablecimiento- son, en principio, los medios
judiciales idóneos para proteger los derechos fundamentales de quienes estén
sujetos a un proceso disciplinario.

En este sentido, el Consejo de Estado42 también ha subrayado, y desea enfatizar
en la presente providencia, que la diferencia fundamental que existe entre la
actividad y valoración probatoria del fallador disciplinario, y la actividad y valoración
probatoria del juez contencioso administrativo no implica bajo ninguna perspectiva
que el control jurisdiccional de las decisiones disciplinarias sea restringido, limitado
o formal, ni que el juez contencioso carezca de facultades de valoración de las
pruebas obrantes en un expediente administrativo sujeto a su conocimiento; y
también que el control que se surte en sede judicial es específico, y debe aplicar en
tanto parámetros normativos no sólo las garantías puramente procesales sino
igualmente las disposiciones sustantivas de la Constitución Política que resulten
relevantes.

Se concluye, pues, que no hay límites formales para el control judicial contencioso-
administrativo de los actos administrativos proferidos por las autoridades
administrativas disciplinarias y la Procuraduría General de la Nación -se reitera
nuevamente, en relación con aquellos actos sancionatorios expedidos bajo la
vigencia de las Leyes 200 de 1995 y 734 de 2002-, salvo aquellos límites implícitos
en el texto mismo de la Constitución y en las normas legales aplicables.

En ese sentido, cuando se controvierte el debido proceso por el aspecto probatorio,
el marco para su prosperidad en la acción de nulidad y restablecimiento, conforme
a lo antes sostenido, es del resorte del juez contencioso administrativo analizar
que en el proceso disciplinario el inculpado haya tenido la oportunidad de conocer
los cargos en forma clara, a efectos de ejercer todos los medios de réplica, pedir las

42
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia de 6 de
octubre de 2016. Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00681-
00 (2362-2012). Actor: Piedad Esneda Córdoba Ruiz.

13

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

pruebas, obtener su decreto y práctica, así como controvertir las que lo inculpan,
presentar alegatos y en general, participar de modo activo en todo el proceso, lo
que implica un gran debate con el agotamiento de las instancias a que haya lugar y
las garantías que las mismas ofrecen.

2.2.3 Resolución de los cargos relacionados con el problema jurídico.

Con el fin de resolver el cargo de apelación, se hará referencia a cada uno de los
argumentos de nulidad presentados en la demanda, los cuales serán analizados
con las pruebas obrantes en el expediente y en contraste con la sentencia de
primera instancia objeto del presente recurso de alzada.

2.2.3.1. Sobre el cargo de violación de la garantía procesal fundamental de no
auto incriminación.

De las documentales que obran en el expediente se observa que el actor, en su
condición de comandante de la Estación de Policía de Palermo, el 27 de diciembre
de 2011, suscribió el documento denominado “ACTA DE CONSUMO”, dando fe que
la señora Maritza Rodríguez Fierro, administradora del restaurante “Las Delicias De
La Nana” le suministró alimentación al personal de apoyo en las festividades
decembrinas (del 26 al 30 de diciembre de esa anualidad), cuyo valor ascendió a la
suma de $7.000.000, en la cual se lee lo siguiente:

“Palermo-Huila, 27 de diciembre de 2011.

ACTA DE CONSUMO

EL SUSCRITO COMANDANTE DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE PALERMO
HACE CONSTAR QUE:

La señora MARITZA RODRÍGUEZ FIERRO (…) administradora del restaurante LAS
DELICIAS DE LA NANA ubicado en la calle 9 Nro 9-32 del barrio centro de esta
localidad, ha suministrado la alimentación al personal de apoyo de festividades
decembrinas fechado del 26 al 30 de diciembre del presente año así:
(…) Total SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA CTE.

La presente se expide a solicitud de la interesada a los veintisiete (27) del mes de
diciembre del presente año.

Atentamente;

Intendente Jefe RANGEL NAVARRO CÉSAR AUGUSTO.
Comandante estación policía Palermo.”.43

El Comandante del Departamento de Policía Huila, considerando que la
mencionada acta contenía información que al parecer no era correcta y fue utilizada
en el trámite de un proceso contractual en el municipio de Palermo, informó de los
hechos a la Oficina de Control Disciplinario44, quien inició la correspondiente
indagación preliminar45 en la cual decretó la práctica de varias pruebas y diligencias

43
Ver folio 38 del expediente cuaderno principal Nº 1.
44
Informe Nº 60744 de 24 de julio de 2012, que obra a folio 30 del expediente cuaderno principal Nº 1.
45
Auto de la Oficina de Control Disciplinario interno del departamento de policía de Huila, de fecha 28 de julio de 2012, que
obra a folio 79 del expediente cuaderno principal Nº1.

14

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

(versión libre, documentales y testificales), y para dicho efecto comisionó a un
subalterno, a quien le otorgó un plazo de 6 meses.

La diligencia de versión libre tuvo lugar el 1 de agosto de 2012, en la cual la cual se
lee lo siguiente:

“(…) en el despacho del Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario DEUIL,
se hizo presente la Riva mencionado con el fin de rendir versión libre, quedando
libre de todo apremio juramento. En tal virtud el suscrito funcionario le hizo conocer
el contenido del artículo 33 de la Constitución Política que establece: “Nadie podrá
ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil”. Se le hace saber que cuenta con el derecho de nombrar un
abogado para que lo represente, manifestando en el momento no hacer uso del
derecho que le asiste acceder a la defensa técnica. PREGUNTADO: se deja
constancia de que se le pone de presente el señor intendente jefe, el informe suscrito
por el señor Coronel Juan Francisco Peláez Ramírez comandante Departamento de
Policía Huila (…) A través del cual informa presuntas irregularidades cometidas por
el aquí presente para que presente su versión libre y espontánea, quien manifestó:
CONTESTÓ: En el momento no me encuentro condiciones de rendir la versión libre
porque en el día de hoy estoy solicitando el retiro de las institución y me encuentro
anímica y emocionalmente sin mente para dar esta versión pero lo que sí puedo
decir es que yo no he cometido ninguna irregularidad lo único que hice fue firmar
una constancia para que se le pagara la señora Maritza una alimentación que se le
debía con anterioridad debido a que por cuestiones de elecciones y de consulta
popular la administración no podía hacer contratos y lo único que quería la
administración municipal era quedar a paz y salvo ya que comenzaba nueva
administración. De igual forma manifiesto que si de pronto hay algún error de parte
mía es porque fue asaltado en mi buena fe ya que de este proceso no tengo
experiencia. PREGUNTADO: Libre de todo apremio y juramento diga al despacho
a que se refiere cuando usted dice textualmente “lo único que hice fue firmar una
constancia para que le pagaran a la señora Maritza una alimentación que se le debía
con anterioridad debido a que por cuestiones de elecciones y de consulta popular”.
CONTESTÓ: esos dineros se le debían de los apoyos que se habían realizado para
las fiestas de san Pedro, de los retenidos, personal de apoyo de las estaciones y
demás.”. 46

De lo anterior se observa que al rendir su versión, el demandante fue previamente
advertido de que el artículo 33 de la Carta Política no lo obligaba a declarar contra
sí mismo, y aunque manifestó encontrarse anímicamente indispuesto, libremente
aceptó que él firmo la referida acta, y que lo hizo para facilitar el pago del suministro
de alimentos que con antelación se le adeudaba a la dueña del restaurante, en ese
sentido, no se observa que haya sido forzado o inducido por el funcionario instructor
del proceso, o que se haya viciado su consentimiento.

En este orden considera la Sala que el argumento de la demanda bajo análisis -
ahora objeto de estudio en sede de apelación- no tiene asidero alguno, además
porque la decisión disciplinaria sancionatoria no se basó exclusiva ni principalmente
en el dicho del demandante rendido en su versión libre pues en esta lo único que
hizo fue reconocer que había firmado el acta espuria -lo cual ya se encontraba
probado en el expediente- sino además y esencialmente en la prueba testimonial y
documental que obraba en su contra, esto es: a) la certificación espuria, y b) los
libros de población -con los cuales se podía establecer que para las fechas

46
Ver folio 82 del expediente cuaderno principal Nº 1.

15

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

indicadas en la certificación no fue enviado al municipio de Palermo personal de
apoyo policial alguno a efectos de que diera lugar a los gastos allí certificados-.

En este orden, tal y como la indicado la Sala en providencia anterior 47, aun cuando
hipotéticamente se aceptara que el ahora demandante fue compelido a auto
incriminarse en la versión libre -lo cual reitera la Sala no ocurrió- la única
consecuencia que jurídicamente podría desprenderse de tal situación es la
exclusión de dicha evidencia del acervo probatorio, evento en el cual, aun así la
responsabilidad disciplinaria de aquel sigue incólume, en la medida en que se
sustenta en pruebas independientes que conducen inequívocamente a establecer
que lo certificado por aquel en el mencionado documento público contenía una
falsedad.

Lo previamente indicado adquiere mayor sustento si se observa que el fallo
disciplinario de primera instancia no sustenta la responsabilidad del demandante -
ahora apelante- exclusiva ni principalmente en lo dicho en la versión libre, sino en
las demás pruebas allegadas al expediente tal y como se deduce de la siguiente
trascripción:

“(…) Folios del 1 al 49 del cartulario donde obra oficio Nº S-2012-06744 dirigido al
señor Subteniente JAVIER E. JIMENEZ SALAZAR Jefe Oficina Control Disciplinario
Interno, mediante el cual informa el señor Coronel Juan Francisco Peláez Ramírez,
Comandante Departamento de Policía Huila, posibles irregularidades en que pudo
haber incurrido el señor Intendente Jefe CÉSAR AUGUSTO RANGEL NAVARRO
quien se desempeñaba para el 27-12-2011 como Comandante de Estación de
Policía Palermo 48
(…)
informa a la Doctora HELEN PATRICIA VARGAS QUINTERO, Secretaria de
Hacienda – Tesorería Municipal de Palermo Huila que “revisado los archivos y
ordenes de servicio que reposan en la oficina de Planeación durante el periodo
comprendido del 26 al 30 de diciembre de 2011, no se evidencia el envío de apoyo
policial para el municipio de Palermo por parte de este Comando. 49
(…).
revisado los archivos y órdenes de servicio que reposan en la oficina de planeación
durante el período comprendido del 26 al 30 de diciembre de 2011, no se evidencia
el envío de apoyo policial para el municipio de Palermo por parte de este Comando
(Subrayado propio de la autoridad disciplinaria) y mencionó al señor Comandante
de Departamento de Policía Huila porque es a él, como representante legal de toda
la Unidad Policial asentada en el Departamento de Policía Huila a quién le
correspondía tener pleno conocimiento sobre cualquier movimiento o apoyo de
personal a cualquier otra unidad policial, situación que tal como lo expresa el señor
Oficial Superior, nunca existió por lo que a través del oficio Nº S-2012-
006744/COMAN-COMAN-38.10 fechado 24-07-2012 expresa que el señor
Intendente Jefe CESAR AUGUSTO RANGEL NAVARRO quien para el 27 de
diciembre del año 2011 se desempeñaba como Comandante de Estación de Policía
Palermo realizó una constancia de acta de consumo por un supuesto personal que
apoyó desde el 26 al 30 de diciembre del año pasado (2011) donde aparentemente
prestaron sus servicios policiales 90 hombres durante esos cinco (5) días aduciendo
que consumieron desayunos, almuerzos y comidas por un valor de $7.000.000; y
continúa exponiendo el señor Coronel JUAN FRANCISCO PELÁEZ RAMÍREZ que
la constancia fue tomada por la alcaldía municipal de Palermo para poder
desembolsar el dinero al parecer a la señora MARITZA RODRÍGUEZ FIERRO. 50

47
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia de 25 de
noviembre de 2021. Expediente: 10010325000201100574 00 (2201-2011). Demandante: Germán Alonso Olano Becerra.
Demandados: Nación - Procuraduría General de la Nación.
48
Visible en folio 157 reverso del expediente, cuaderno principal Nº. 1.
49
Visible en folio 158 del expediente, cuaderno principal Nº. 1.
50
Visible en folio 158 reverso (últimos 7 renglones del párrafo final) y 159 del expediente, cuaderno principal Nº. 1

16

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

(…). Folios 60 al 67 del Cartulario, Obra Oficio Nº S-2012-1302/DEUIL-ESPAL-29.25 de
fecha 9 de agosto del 2012 signado por la señora Intendente MAUREN NAYIVE
MONTAÑEZ POLANIA, Comandante Estación Policía Palermo donde remite copias
de documentos previamente solicitadas por parte del Despacho donde se evidencia
a través de la Minuta de Servicio todo el personal de servicio desde el día 26 al 30
de diciembre del año 2011 igualmente en el libro de población denota las
anotaciones realizadas para mentados días. 51
(…)
pues al ser extractadas de unos Libros Públicos como lo son la Minuta de Servicio
y el Libro de Población desde el día 26 al 30 de diciembre del año 2011 no se
evidencia por lado algun aumento considerable de personal perteneciente a la
Policía Nacional que por razones de servicio especial se hayan enviado hasta la
Estación de Policía Palermo. 52
(…)
Folio 70 al 75 del cartulario, obra diligencia de declaración de fecha 01 de noviembre
del 2012, dada por la señora MARITZA RODRÍGUEZ FIERRO quien sobre los
hechos manifestó53 (…) De esta prueba testimonial se puede inferir elementos
pertinentes y conducentes en cuanto la ciudadana declarante se refiere a los hechos
que nos interesan de manera directa como pues afirma que el que siempre certifica
para las cuestiones de comidas era el señor comandante de estación (folio 74
renglones 43 y 44) Y como bien está esclarecido en este cartulario a folio 61 al 63
dicho cargo era ejercido para la fecha del 26 al 30 de diciembre del año 2011 por el
señor Intendente Jefe (R) CESAR AUGUSTO RANGEL NAVARRO, igualmente
confirma la señora MARITZA RODRÍGUEZ FIERRO que a ellale adeuda la Alcaldía
de Palermola suma de $7.000.000 pesos, además de ello y a la pregunta textual del
despacho la ciudadana aquí declarantes expresó: “PREGUNTADO ha manifestado
usted en su relato que: “yo le he suministrado a la policía la alimentación cuando
hay apoyo o refuerzo” sírvase decirle al despacho si usted le suministró alimentación
a un personal de uniformados que llegaron de apoyo para los días comprendidos
entre el 26 al 30 de diciembre del año 2011. CONTESTO: la verdad yo no recuerdo
en qué fecha fue no recuerdo la fecha específica…”.

54
(…)
Folio 77 al 78 del cartulario, Obra diligencia de declaración del señor Patrullero ALEX
ANDRADE PRADA de fecha 02 de noviembre del 2012, quien indica para el mes de
diciembre del año 2011, se encontraba como secretario 55 (…) contestó que en
varias ocasiones le había manifestado al comandante de estación que era
aconsejable llevar a cabo comité de orden público para que quedara por acta todos
los gastos y las cancelaciones que se llevaban a cabo con los cursos de fondo
cuenta, pero siempre le manifestó que ya estaba todo cuadrado con el secretario de
gobierno que solamente necesitaba el certificado 56 (…) De esta prueba que es
igualmente contundente dentro de todo el cartapacio se pueden extractar apartes
las cuales se hacen conducente, pertinentes y útiles al plenario pues en ellas se
expresa lo siguiente: “Si, tengo conocimiento que es la investigación que se adelanta
al comandante de estación de policía Palermo, Intendente RANGEL CESAR
AUGUSTO con relación a unos gastos reportados sobre los recursos de fondos de
cuentas o fondo de seguridad los cuales registran gastos de actividades dentro de
las cuales sobresale el pago de la alimentación para un personal de apoyo para el
mes de diciembre del año 2011 que nunca se dio, según lo manifestado verbalmente
por el señor intendente éste gasto se tuvo que desarrollar por una plata adeudada
a la señora MARITZA, dueña del restaurante, LAS DELICIAS DE LA NANA, de
meses anteriores” 57.
(…)
pues Se tiene certeza que no se evidencia por lado alguno dentro del cartulario que
para el mes de diciembre del año 2011 haya existido apoyo alguno de uniformados
policiales a la Estación de Policía Palermo e incluso ello es contundentemente
demostrable a través del mismo Libro Minuta de Servicio y Libro de Población de
mentada Unidad Básica tal como se contempla a folios 2 y 61 al 67 del plenario lo
cual desvirtúa integralmente lo descrito y firmado por el aquí investigado denotado
a folio 9 siendo todo ello falso razón por la cual se ha dado pie para la dinámica del
aparato disciplinario en ejercicio de la titularidad con que cuenta esta Oficina y por
ello mismo y como quiera que la ley disciplinaria tiene la facultad de remitirse por

51
Visible en folio 159 del expediente, cuaderno principal Nº. 1
52
Visible en folio 159 (últimos 6 renglones del párrafo final) del expediente, cuaderno principal Nº.1
53
Visible en folio 159 reverso del expediente, cuaderno principal Nº. 1
54
Visible en folio 160 (segundo párrafo) del expediente, cuaderno principal Nº. 1
55
Visible en folio 160 reverso del expediente, cuaderno principal Nº. 1
56
Visible en folio 161 (últimos 6 renglones del primer párrafo) del expediente, cuaderno principal Nº. 1
57
Visible en folio 161 del expediente, cuaderno principal Nº. 1

17

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

ser tipo abierto a otros códigos como lo es al penal colombiano endilgándole lo
previamente descrito en líneas precedentes.”. 58. (Subrayado fuera de texto)

Por otra parte, una revisión de la sentencia del Tribunal de primera instancia -objeto
de la presente apelación- permite establecer que éste en relación con el referido
cargo de nulidad -vulneración de la garantía de no auto incriminación- analizó la
situación en debate conforme a los parámetros jurisprudenciales decantados en el
acápite previo de esta providencia -que refieren al control material e integró del acto
administrativo disciplinario-, al punto que tras relacionar las pruebas en las cuales
se sustentó la responsabilidad disciplinaria evidenció la inexistencia de apremio o
presión alguna al demandante en el momento de rendir la mencionada versión, tal
y como se desprende de la siguiente trascripción:

“El 1o de agosto de 2012 el demandante rindió versión libre y espontánea, y luego
de que le recordaran sus derechos y garantías, manifestó que no se encuentra
“...condiciones de rendir versión libre porque el día de hoy estoy solicitando el retiro
de la institución y me encuentro anímicamente y emocionalmente sin mente para
dar esta versión, pero lo que sí puedo decir es que yo no he cometido ninguna
irregularidad, lo único que hice fue firmar una constancia para que le pagaran a la
señora Maritza una alimentación que se le debía con anterioridad debido a que por
cuestiones de elecciones y de consulta popular la administración no podía hacer
contratos y lo único que quería la administración era quedar a paz y salvo, ya que
comenzaba nueva administración. De igual forma manifiesto que si de pronto hay
algún error de parte mía es porque fue (sic) asaltado en mi buena fe ya que de este
proceso no tengo experiencia”; aclarando que “...esos dineros se le debían de los
apoyos que se habían realizado para las fiestas de san Pedro (sic), de los retenidos,
personal de apoyo de las Estaciones y demás”;
(…)
“Al rendir su versión, el demandante fue previamente advertido de que el artículo 33
de la Carta Política no lo obligaba a declarar contra sí mismo, y aunque manifestó
encontrarse anímicamente indispuesto (porque ese día solicitó el retiro del servicio),
libremente aceptó que él firmo la referida acta, y que lo hizo para facilitar el pago del
suministro de alimentos que con antelación se le adeudaba a la dueña del
restaurante (f. 59, cuad. 1, prueb.). En tal virtud, no se infiere que haya sido forzado
por el funcionario instructor, o que se haya viciado su consentimiento.”59.

En ese orden, el argumento de apelación de indebido análisis probatorio del A quo
respecto de la vulneración de la garantía de no auto incriminación, no tiene vocación
de prosperidad.

2.2.3.2 Sobre el cargo de vulneración de la garantía de defensa y contradicción
en relación con las declaraciones juramentadas practicadas por la autoridad
disciplinaria.

Se observa en el expediente que, la autoridad disciplinaria de primera instancia
mediante auto de 28 de julio de 201260 dispuso la apertura de la indagación
preliminar y decretó la práctica de pruebas entre ellas la recepción de los
testimonios de los señores Maritza Rodríguez Fierro, Juan Francisco Peláez
Ramírez y Alex Andrade Prada61, para lo cual el día 30 de octubre de 2012 remitió
la comunicación respectiva62 al investigado -ahora demandante- mediante un e-mail
al buzón electrónico institucional indicado por éste en la diligencia de notificación

58
Visible en folio 174 (últimos 13 renglones del segundo párrafo) del expediente, cuaderno principal Nº. 1.
59
Visible en folio 17 de la Sentencia de primera instancia de 21 de julio de 2021, inciso b.-.
60
Visible en folio 79 del expediente, cuaderno principal Nº 1.
61
Quien para el día de los hechos se desempeñaba como secretario de la Estación de Policía de Palermo.
62
Visible en folio 93 del expediente, cuaderno principal Nº1.

18

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

del auto de apertura de indagación preliminar 63 a saber
augusto.rangel@correo.policia.gov.co, disponiendo además que la práctica de
tales testimoniales se llevaría a cabo el 1 de noviembre de 2012 a efectos de que
participara en ésta y ejerciera su derecho de contradicción.

En el acta de notificación del auto de apertura de indagación preliminar del ahora
demandante expresamente señaló:

“En la fecha y hora que aparecen al pie de la firma se deja constancia que se le
notificó personalmente al señor Intendente Jefe CESAR AUGUSTO RANGEL
NAVARRO (…) del contenido del auto de fecha 28 de julio de 2012 suscrito por el
señor Subteniente JAVIER E. JIMENEZ SALAZAR Jefe Grupo Control Disciplinario
Interno del Comando del Departamento de Policía Huila mediante el cual se ordenó
dar apertura a la Indagación Preliminar Nº. P-DEUIL-2012-107 en su contra por
presunta Falta Disciplinaria (…)

DERECHOS DEL INVESTIGADO:

1. Acceder a la investigación.
2. Designar defensor o solicitarlo.
3. Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del fallo
de primera instancia.
4. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas, e intervenir en su práctica.
5. Rendir descargos.
6. Impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello.
7. Obtener copias de la actuación a su costa.
8. Presentar alegatos de conclusión antes del fallo de primera instancia.
Con el fin de garantizar sus derechos, se le solicita suministrar la dirección y los
teléfonos de su oficina y residencia, igualmente y de acuerdo al artículo 102 de la
mencionada ley; el número del FAX o dirección de su Correo Electrónico a los que
se le puedan enviar las notificaciones de lo decidido en la actuación procesal, siendo
su responsabilidad revisar el correo institucional donde se le enviarán las
notificaciones. En constancia de lo anterior se firma como aparece:

Subteniente JAVIER E. JIMENEZ SALAZAR
Jefe Grupo Control Disciplinario Interno DEUIL.

Señor IJ. CESAR AUGUSTO RANGEL NAVARRO
C.C. Nº. 91.426.786 expedida en Barrancabermeja
Fecha 01-08-12 hora 15:40
Dirección Diagonal 5 #15 norte 02
Teléfono 3102466800
Autorizo SI X No_ Ser notificado a la dirección de correo electrónico
augusto.rangel@correo.policia.gov.co “

Por su parte en el correo electrónico enviado por el funcionario disciplinario
instructor para comunicar la fecha de realización de la diligencia de recepción
testimonial64 se lee lo siguiente:

“De: DEUIL CODIN-SECRETARIO
Enviado el: Martes, 30 de Octubre de 2012 05:07 p.m.
Para: augusto.rangel@correo.policia.gov.co
Asunto: Comunicar práctica de pruebas
Importancia: Alta
Carácter: Privado

Señor Intendente Jefe

63
Visible en folio 81 reverso del expediente, cuaderno principal Nº1.
64
Visible en folio 93 del expediente, cuaderno principal Nº1.

19

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

CESAR AUGUSTO RANGEL NAVARRO
E.S.E.

Con toda atención me permito informarle las práctica de pruebas que se llevaran a
cabo en este despacho ubicado en la calle 21 Nº12-50 barrio Tenerife, para los días
del mes de noviembre del año en curso, dentro de la Investigación Preliminar
radicada bajo el número P-DEUIL-2012-107 cuyas actuaciones se especifican a
continuación:
1. Señora MARITZA RODRIGUEZ, el día 01 de noviembre del año en curso a las
09:00.
2. Señor Cr. JUAN FRANCISCO PELAEZ RAMIREZ el día 01-11-2012 a las 15:00.
3. Señor patrullero ANDRADE PRADA ALEX el día 02-11-2012 a las 8:00 horas

Si es su deseo, puede asistir a las práctica de citada diligencia o en su defecto enviar
a su apoderado, con el fin de que ejerza su derecho a la defensa y contradicción.
De igual forma si no es posible su asistencia ni la de su apoderado, si lo desea,
puede enviar cuestionario en medio magnético para que este sea resuelto por los
declarantes.

Atentamente,

Original firmado
Patrullero ELIGIO ANTONIO ACOSTA SOCARRAS
Funcionario Oficina Control Disciplinario Interno DEUIL.”

De acuerdo con lo expuesto se observa que frente a lo anterior el investigado -ahora
demandante- guardó silencio, no solicitó el aplazamiento de la diligencia, no censuró
tal situación mediante el ejercicio de recursos ni envió cuestionario alguno para que
fuera absuelto por los testigos en el evento de no poder asistir a la referida diligencia,
motivo por el cual aceptó su realización en la fecha referida.

Se tiene que, el hecho de que al momento del envío de la comunicación antes
mencionada al correo electrónico institucional el ahora demandante no estuviera
vinculado a la Policía Nacional -por habérsele aceptado una solicitud de retiro
voluntario-, comporta una situación ajena al proceso correctivo que el instructor
disciplinario no estaba en la posibilidad de conocer, a más que era obligación del
investigado actualizar en la causa sancionatoria la dirección de correo electrónico
si pretendía que las notificaciones dejaran de enviarse al buzón electrónico que
expresamente y desde el comienzo del instructivo había indicado.

Por otra parte debe reiterarse lo dicho en el acápite anterior de esta providencia en
relación con el alcance del derecho de defensa en materia probatoria, esto es que,
aquel no se agota necesariamente a la presencia del investigado en la práctica de
la prueba, sino que, se extiende a la posibilidad que tiene de ejercer la contradicción
de la misma una vez aquella es practicada e incorporada al expediente.

En ese orden el investigado -ahora demandante- una vez recepcionadas las
pruebas testimoniales –diligencia a la que no asistió ni censuró en su oportunidad-
pudo ejercer la contradicción de las mismas a través de la solicitud de ampliación
de tales declaraciones pero no lo hizo, a más que pudo cuestionarlas en la etapa de
alegatos pertinente. Así las cosas, no puede entenderse que se presentó violación

20

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

del debido proceso disciplinario en la garantía de defensa, por la programación de
las declaraciones testimoniales.

Ahora bien, el Tribunal a quo en la sentencia objeto de apelación expresamente se
refirió al cargo de nulidad bajo análisis esgrimiendo su tesis negativa de las
pretensiones del demandante con sustento en el análisis de las pruebas obrantes
en el expediente, tal y como se puede corroborar con la siguiente trascripción:

“El 30 de octubre de 2012 el funcionario comisionado le remitió un correo a la
dirección electrónica del investigado, informándole que el 1o de noviembre se
llevaría a cabo la recepción de tres testimonios, y que puede asistir a su práctica
(personalmente o por conducto de apoderado), o remitir el respectivo cuestionario
(f. 75, cuad. 1, pueb.) (…).
El 28 de julio de 2012 el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno ordenó la
apertura de una indagación preliminar, dispuso notificar personalmente al hoy actor
(quien sería escuchado en versión libre); de igual manera, solicitó la expedición de
varias piezas documentales (minutas de guardia de los días 26 al 30 de diciembre
de 2011), y el testimonio de algunos servidores del municipio de Palermo (alcalde,
asesor jurídico, secretaria de hacienda, secretario general), a la contratista y al
secretario de la estación de policía. (…).
El referido auto fue notificado personalmente al demandante el 1o de agosto de
2012, quien manifestó que su dirección era la diagonal 5 #15 norte 02 (sin precisar
la ciudad o el barrio), y autorizaba ser notificado en el correo electrónico
augosto.rangel@.correo.policía.gov.co (f.58, cuad. 1, prueb.) (…).
Con fin de que asistiera a la recepción de tres testimonios (personalmente, por
medio de apoderado o para que remitiera el respectivo cuestionario), el funcionario
instructor le remitió un correo a la dirección electrónica que había suministrado el
investigado (f. 75, cuad. 1, pueb.). No obstante que la comunicación se remitió el 30
de octubre de 2012 y la diligencia se llevó a cabo el 1o de noviembre, el interesado
guardó silencio, no solicitó el aplazamiento de la diligencia y no discrepó que no se
hubiera citado con mayor antelación. Aunado al hecho de que expresamente
autorizó la notificación en la referida dirección. De suerte que esa mera circunstancia
no vulneró el derecho de defensa. (…)

En ese orden, el análisis probatorio del Tribunal en cuestión no merece censura
alguna en la medida en que analizó críticamente la evidencia esgrimiendo la fuerza
probatoria que le otorga la misma concluyendo la inexistencia de vulneración alguna
a los derechos de la hora demandante, motivo por el cual el argumento de apelación
de indebido análisis probatorio del A quo respecto de la violación de las garantías
de defensa y contradicción, no tiene vocación de prosperidad.

2.2.3.3 Sobre la acusación de violación de las garantías procesales en el pliego
de cargos disciplinario.

De las pruebas que obran en el expediente se observa que el Jefe de la Oficina de
Control Disciplinario Interno del Huila mediante auto de 28 de febrero de 2013 65,
consideró que se satisfacían los presupuestos consagrados en el artículo 175 de la
Ley 734 de 2002, por lo cual resolvió tramitar la actuación por el procedimiento
verbal, para tal fin convocó la correspondiente audiencia pública, ordenó notificar
personalmente esa decisión, convalidó las pruebas recaudadas por el funcionario
comisionado, le corrió traslado al investigado de todas las diligencias y le notificó el
pliego de cargos en el cual le imputó a título de dolo la falta gravísima del artículo

65
Visible en folio 117 del expediente, cuaderno principal Nº1.

21

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

34 numeral 9 de la Ley 1015 de 2006 en concordancia con el delito de falsedad
ideológica en documento público -artículo 286 de la Ley 599 de 2000-.

Ahora bien, respecto del argumento de inconformidad del demandante -ahora
apelante- referido a que el pliego de cargos carece de una adecuada valoración de
las pruebas, la Sala observa que tal acusación no tiene asidero pues en la referida
pieza procesal se observa que el funcionario instructor disciplinario identifica las
pruebas en las cuales erige la acusación -a saber las declaraciones de los señores
Maritza Rodríguez Fierro y Alex Andrade Parra, y así como la documental remitida
por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Palermo al comandante de la policía
del Huila-, las califica y les otorga el mérito correspondiente, cuestión distinta es
que, como es natural, la tesis de defensa del ahora demandante discrepe de los
postulados interpretativos del funcionario instructor, situación que por sí sola no
conlleva la nulidad de los actos administrativos disciplinarios acusados.

En ese mismo orden se observa que el Tribunal A quo, contrario a lo manifestado
por el demandante -ahora apelante-, analizó materialmente y en debida forma el
aludido cargo de nulidad, al punto que identificó y verificó en la actuación acusada
la presencia de todos los elementos señalados en la norma disciplinaria como
necesarios para que la autoridad disciplinaria hubiera proferir pliego de cargos:

“El 21 de febrero de 2013 el instructor citó al demandante para que compareciera a
recibir una notificación personal, pero en razón a que designó un apoderado de
confianza, el 7 de marzo de esa anualidad le notificaron a éste el auto de citación a
audiencia (f. 122, cuad. 1, prueb.). Dicha providencia dispuso que la actuación se
tramitaría por la cuerda del procedimiento verbal, y como sustento, adujo que el
disciplinado incurrió en una presunta falta gravísima.
(…)
El auto contiene una relación de los hechos, el procedimiento a aplicar (citando las
respectivas normas), la identidad del autor, la descripción y determinación de la
conducta investigada (indicando las circunstancias de modo, tiempo y lugar), las normas
presuntamente violadas y el concepto de la violación (concretando la modalidad
específica de la conducta: Ley 1015, artículo 34, numeral 9o), el análisis de las pruebas
(documentales y testimoniales), los criterios para determinar la gravedad o levedad de
la falta, la forma de culpabilidad y el análisis de los argumentos del sujeto procesal (f.
103 y ss. cuad. 1, prueb.).
(…)
El 18 de marzo de 2013 se llevó a cabo la audiencia; a la misma compareció el
disciplinado y su apoderado. El primero rindió su versión, insistiendo que él firmo el acta
para que el municipio le cancelara a la contratista el servicio de alimentación que
efectivamente le prestó al personal que colaboró en una consulta popular y en las
elecciones para la alcaldía; ya que por limitaciones de la ley de garantías, en ese
momento no se podía suscribir ningún contrato. Acto seguido, se realizó la imputación
del cargo. El apoderado hizo uso de la palabra, cuestionando las conclusiones
arribadas. En esencia, considera que el actor suscribió la certificación acatando la
normatividad de contratación del municipio; con el fin de garantizar el pago de una
deuda acumulada. De suerte que no incurrió en ninguna falsedad ideológica, amén de
que su conducta no es dolosa y no se lesionó el patrimonio público. Posteriormente
solicitó que se oficiara “a la oficina correspondiente” para que les certificaran cuantas
veces se envió personal de apoyo al municipio de Palermo en el año 2011, y al municipio
para que informara sí ya se le canceló el valor del contrato.
(…).
Sin precisar el objeto, también solicita llamar “durante la presente audiencia pública” a
quien fuera alcalde de Palermo en la época de los hechos, al secretario general, al
asesor jurídico, a la contratista y al patrullero Álex Andrade Parra. La petición fue
denegada, considerando que no se justificó la pertinencia, conducencia, utilidad y

22

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

necesidad de la prueba. Recordando que se pretende verificar es la expedición de la
certificación que da fe de que el servicio de restaurante se prestó a los policiales que
apoyaron las festividades de navidad y fin de año 2011, y que esos medios de
convicción no sirven para esclarecer esa situación, y que con ese mismo objeto ya se
practicaron otras pruebas.”
(…).
A diferencia de lo que afirma el actor, en el acápite denominado “análisis de las pruebas
que fundamentan el cargo único formulado”, inicialmente se relacionan 5 piezas
documentales, y en cada una de ellas se menciona su contenido. De igual manera, se
relacionan los testimonios de Maritza Rodríguez Fierro y Alex Andrade Parra, haciendo
un resumen de sus versiones (f. 111 y ss. cuad. 1, prueb.). Por lo tanto, no es cierto que
el operador disciplinario se haya limitado a hacer una mera relación de esos medios de
prueba. Aunado al hecho de que la información vertida en esos medios de prueba,
sirvieron de sustento para formular el pliego de cargos y para imponer la respectiva
sanción.”.

Visto lo anterior la Sala encuentra que no hay motivo de reproche alguno a la
valoración probatoria y la conclusión desestimatoria del cargo de nulidad a la que
arribó el Tribunal de primera instancia en la sentencia objeto de apelación, motivo
por el cual el argumento de apelación referido a un indebido análisis probatorio del
A quo respecto de aparentes vicios del pliego de cargos disciplinario, no tiene
vocación de prosperidad.

2.2.3.4 Sobre el cargo de violación de las normas superiores en el trámite de
apelación del auto que negó el decreto de algunas pruebas dentro del proceso
disciplinario.

Del acervo probatorio se observa que la audiencia de juzgamiento disciplinario se
adelantó en presencia del investigado y de su apoderado, en la cual aquel solicitó
que se oficiara a “...la oficina correspondiente”, para que certificara cuantas veces
se envió apoyo al municipio de Palermo, y a esa misma entidad territorial para que
informara si a la contratista le cancelaron $7.000.000 (correspondiente a la
invitación pública IP SG-105-2011); y sin mencionar el objeto concreto también
solicitó que se recepcionaran cinco (5) testimonios.

El operador disciplinario de primera instancia mediante auto de 18 de marzo de
201366 negó el decreto de las referidas pruebas aduciendo falta de conducencia y
pertinencia, en atención a que la documental pretendida escapaba al objeto de la
investigación y las testimoniales carecían de argumentos que sustentaran su
finalidad, por lo cual esta decisión fue apelada por el investigado sustentando tal
recurso además en una supuesta nulidad de todo lo actuado -a partir del auto que
abrió el debate probatorio-.

Ahora bien, se observa que de conformidad con el inciso segundo del artículo 115
de la Ley 734 de 2002 –tal y como se dejó indicado en acápite previo de esta
providencia, aplicable al procedimiento disciplinario adelantado contra el
demandante-, la impugnación del auto que deniega la práctica de prueba se
concede en el efecto suspensivo, motivo por el cual a quien le correspondía decidir
sobre ésta -incluyendo el argumento de nulidad en que se sustentó el recurso- era

66
Visible en folio 128 del expediente, cuaderno principal Nº1.

23

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

al superior -como en efecto se hizo-, y no al inferior pues una vez este último
concede la alzada su competencia para pronunciarse sobre el proceso se suspende
hasta que se resuelva la impugnación.

Se debe destacar en este punto que: i) la referida nulidad hacía parte del recurso
de apelación, ya que, el investigado en ese momento expresamente señaló “Por lo
expresado anteriormente y con el debido respeto en esta sustentación del recurso
de apelación, solicito la nulidad del proceso desde el auto de fecha 28 de julio de
2012, por cuanto las pruebas solicitadas en ese auto no se realizaron en forma
completa y no existe certificación, constancia, auto que determine por qué no se
realizaron”, esto es evidente además si se observa que aquel omitió precisar la
causal de la supuesta nulidad, por lo cual resulta evidente que no se trataba de una
solicitud independiente sino que constituía un argumento de la apelación que
necesariamente debía resolverse por el superior al desatar la alzada, y ii) el
investigado -y ahora demandante- no esgrimió ningún reproche al momento en que
fue concedido el recurso de apelación.

También se observa en el expediente que el superior jerárquico del operador
disciplinario instructor, esto es el Inspector Delegado Región Dos de Policía,
mediante auto de 19 de abril de 201367 resolvió la apelación confirmando la
providencia que negó el decreto de las pruebas solicitadas por el investigado
ratificando la falta de conducencia y pertinencia de las mismas, y además, se
pronunció expresamente sobre el argumento de nulidad desestimándolo al
considerar que no se demostró “la sustancialidad de la irregularidad que dice se
presentó, así mismo plasmar las garantías que afecta al sujeto procesal, exigencia
que no se advierte”.

Además de lo anterior debe señalarse que de acuerdo con la jurisprudencia del
Consejo de Estado68 en los eventos donde el demandante pretenda la nulidad del
acto disciplinario sancionatorio bajo el argumento de la falta de decreto de pruebas
solicitadas en el proceso disciplinario, no solo debe acreditar el hecho en el que
sustenta su pretensión anulatoria esto es que las pruebas requeridas fueron
negadas injustificada e ilegalmente, sino también demostrar que aquellas habrían
tenido la entidad suficiente para dar lugar a una decisión disciplinaria diferente y
favorable a sus pretensiones, siendo para ello necesario aportarlas o solicitarlas en
el proceso contencioso administrativo a fin de que el juez pueda valorarlas; sin
embargo en el presente caso el demandante no cumplió con la mencionada carga
probatoria, dando como resultado en consecuencia que las actuaciones del
funcionario instructor disciplinario -al conceder el recurso de apelación contra el auto
que negó la prueba- y de su superior jerárquico –al resolver el recurso de apelación

67
Visible en folio 144 del expediente, cuaderno principal Nº1.
68
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia de 25 de
noviembre de 2021. Expediente: 10010325000201100574 00 (2201-2011). Demandante: Germán Alonso Olano Becerra.
Demandados: Nación - Procuraduría General de la Nación.

24

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

y confirmar la negativa de la prueba desestimando los argumentos de nulidad- se
encuentren ajustados a la ley.

En ese orden debe señalarse también que, contrario a lo manifestado por el
demandante -ahora apelante-, el Tribunal de primera instancia en la sentencia
objeto de presente recurso de apelación, realizó un análisis imparcial y coherente
de la prueba obrante en el proceso contencioso administrativo para desestimar el
cargo de nulidad bajo análisis, tal y como se observa de la siguiente transcripción:

“La petición fue denegada, considerando que no se justificó la pertinencia, conducencia,
utilidad y necesidad de la prueba. Recordando que se pretende verificar es la expedición
de la certificación que da fe de que el servicio de restaurante se prestó a los policiales
que apoyaron las festividades de navidad y fin de año 2011, y que esos medios de
convicción no sirven para esclarecer esa situación, y que con ese mismo objeto ya se
practicaron otras pruebas. Inconforme, interpuso el recurso de apelación (recalcando la
importancia de los referidos testimonios y documentos). Y en razón a que extraña que
sin ninguna justificación se dejaron de practicar varias pruebas que se decretaron en el
auto del 28 de julio de 2012, solicita declarar la nulidad de lo actuado, a partir del mismo.
Reiterando que el mandatario judicial no argumentó la pertinencia ni la conducencia de
las pruebas, el instructor concedió el recurso de apelación, en el efecto suspensivo (f.
123 y ss. cuad. 1, prueb.).
(…)
El 19 de abril de 2013 el Inspector Delegado Región Dos de Policía resolvió
adversamente la apelación, compartiendo los argumentos del a quo (conducencia y
pertinencia de la prueba), y desestimó la nulidad considerando que la parte disciplinada
no demostró “...la sustancialidad de la irregularidad que dice se presentó, así mismo
plasmar las garantías que afecta al sujeto procesal, exigencia que no se advierte...”
(…).
las pruebas se negaron porque no se indicó su conducencia y su pertinencia (f. 127,
cuad. 1, prueb.). Contra dicha decisión el mandatario judicial del disciplinado interpuso
el recurso de apelación; el cual fue concedido, y al sustentarlo insistió en la práctica de
las mencionadas pruebas, y adicionalmente esgrimió la nulidad de todo lo actuado (a
partir del auto que abrió el debate probatorio); cuestionando que el investigador no
practicó todos los medios de convicción decretados: “...observándose en el expediente
que dichas pruebas no se realizaron ni tampoco se realizaron los oficios respectivos
para realizar las declaraciones, viendo claramente una acción y omisión en el proceso,
porque si el investigador es el mismo que las solicita, es porque conoce los hechos de
la investigación y sus testimonios pueden llevar al esclarecimiento de la verdad...” (f.
129, cuad 1, prueb.).
(…).
Teniendo en cuenta que la parte actora apeló la determinación de no practicar las
pruebas solicitadas, y en razón a que en la misma sustentación alegó la referida nulidad;
es indudable que a quien le correspondía pronunciarse sobre ella era al superior (como
en efecto se hizo), y no ante quien se instauró la alzada; porque una vez que la
concedió, el inferior perdió competencia, dado que en los términos consagrados en el
inciso segundo del artículo 115 de la Ley 734 de 2002, la impugnación del auto que
deniega totalmente la práctica de pruebas se concede en el efecto suspensivo.
(…)
Es tan evidente que la deprecada nulidad hacía parte del recurso de apelación, que el
propio defensor puntualizó lo siguiente: “...Por lo expresado anteriormente y con el
debido respeto en esta sustentación del recurso de apelación, solicito la nulidad del
proceso desde el auto de fecha 28 de julio de 2012, por cuanto las pruebas solicitadas
en ese auto no se realizaron en forma completa y no existe certificación, constancia,
auto que determine por qué no se realizaron” (subraya la Sala. f. 129, cuad. 1, prueb.).
Incluso, al plantear la nulidad se omitió precisar la causal, y si el apoderado consideraba
que antes de conceder la apelación era imperativo resolverla, debió cuestionar en la
audiencia la decisión contraria (cosa que no hizo). De suerte que convalidó la
actuación.”.

De acuerdo con lo previamente analizado y en especial con los apartes transcritos
de la sentencia del Tribunal de primera instancia, debe concluirse que la valoración

25

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

probatoria esgrimida por aquel es concordante con la evidencia que obra en el
expediente, motivo por el cual, el argumento de apelación referido a un indebido
análisis probatorio por parte del A quo contencioso administrativo al resolver el
cargo de nulidad bajo estudio -desconocimiento de normas superiores por parte de
los operadores disciplinarios en la negativa al decreto de algunas pruebas y en el
trámite del recurso de apelación contra esa decisión-, no tiene vocación de
prosperidad.

2.2.3.5 Sobre el cargo de violación del debido proceso por no haberse
practicado todas las pruebas que fueron decretadas en el proceso
disciplinario.

De las pruebas que obran en el expediente se desprende que el operador
disciplinario de primera instancia el 7 de junio de 201369, inició la audiencia verbal y
durante la misma cerró la etapa probatoria, considerando que “no tiene más pruebas
que aportar ni qué solicitar y teniendo en cuenta que se considera amplio y suficiente
el material probatorio arrimado al plenario”; posteriormente se corrió traslado para
alegar de conclusión, reanudándose la audiencia el 13 del mismo mes y año.
Notificado en estrados, el investigado -ahora demandante- al alegar de conclusión
señaló que no se practicaron todas las pruebas decretadas ni se justificó la razón
por la cual no se evacuaron en su totalidad, con lo cual -según su dicho- se vulneró
el debido proceso y el derecho de defensa.

Respecto de lo anterior se tiene que, si bien está acreditado que el funcionario
instructor -a través de comisionado- no practicó todas las pruebas testimoniales
decretadas, y no dejó constancia de las razones por las cuales no lo hizo, ello no
configura en una irregularidad sustancial con la suficiente envergadura que vicie
toda la actuación, ya que esto puede responder a diferentes causas, siendo lo
importante demostrar por parte del demandante que esto obedeció a la negligencia
de la autoridad disciplinaria, que con las que obraban en el expediente no se lograba
adquirir el nivel de convencimiento exigido por la ley y que aquellas no practicadas
tenían la fuerza de convicción suficiente para dar lugar a una decisión diferente a la
ahora acusada.

En ese orden, si bien es cierto que en el proceso disciplinario no se escuchó los
testimonios de varios exservidores del municipio de Palermo –que ya habían sido
decretados-, las pruebas que se recepcionaron en el trámite disciplinario permitieron
colegir al funcionario instructor que el actor incurrió en la conducta reprochada, sin
que el ahora demandante en el presente proceso hubiese cumplido la carga de
indicar de qué forma el dicho de testigos habría dado lugar a un acto disciplinario
absolutorio, y menos aún cumplió con el deber de aportar siquiera sumariamente

69
Visible en folio 149 del expediente, cuaderno principal Nº1.

26

Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

las declaraciones de aquellos o solicitarlas ante el juzgador contencioso
administrativo de primera instancia -o en la segunda instancia-.

En lo pertinente a la valoración probatoria del Tribunal de primera instancia sobre el
cargo abajo análisis se puede observar lo siguiente que aquel indicó lo siguiente:

“No obstante que el funcionario comisionado no practicó todas las pruebas
testimoniales decretadas, y no dejó constancia de las razones por las cuales no
pudo hacerlo; considera la Sala, que aunque lo deseable es que en una actuación
administrativa sancionatoria se evacue toda la fragua probatoria; esa circunstancia
ideal no se puede satisfacer en todos los casos. Sin embargo, esa limitación no se
puede erigir en una causal que vicie toda la actuación. Porque en la investigación
se pretende contar con los medios de convicción que permitan fallar de fondo. Y si
bien es cierto que no se escucharon los testimonios de varios exservidores del
municipio de Palermo (quienes pertenecían a la administración saliente y
posiblemente fue difícil ubicar); las pruebas que se recepcionaron permitieron colegir
(incluyendo la versión del propio demandante); que en su condición de servidor
público y en ejercicio de sus funciones, suscribió un documento que contiene una
información contraria a la verdad.”.

Con lo previamente analizado resulta necesario concluir que, la valoración
probatoria esgrimida por el Tribunal en la sentencia objeto de alzada, no es
discordante con la evidencia del expediente, motivo por el cual, el argumento de
apelación referido a un indebido análisis probatorio por parte de aquel al resolver el
presente cargo de nulidad – violación del debido proceso por no haberse practicado
en el trámite disciplinario todas las pruebas que fueron decretadas-, no tiene
vocación de prosperidad.

En conclusión, de conformidad con los cargos analizados, la Sala observa que, no
es acertado el argumento referido por el recurrente, cuando señaló que el Tribunal
A quo se limitó a realizar una valoración de las pruebas sin atender los argumentos
de inconformidad plasmados en la demanda, en vista que, como se pudo establecer,
la primera instancia si atendió todos las inconformidades propuestas y resolvió las
pretensiones instauradas.

Sin más consideraciones y a partir de una sana hermenéutica jurídica, la Sala arriba
a la convicción de que los actos administrativos cuestionados deben conservar su
validez al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad que los ampara, por
tanto, se confirmará la sentencia apelada que negó las súplicas de la demanda.

2.3 CONDENA EN COSTAS

En relación con la condena en costas, es importante destacar que en atención a la
Ley 1437 de 2014 y al numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso,
“(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación (…)”, en consecuencia estas no proceden de
manera automática sino que, como lo ha sostenido esta Corporación58 se requiere
advertir en la parte vencida abusó en la actuación. Así, en la medida en que, en la

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Actor: Cesar Augusto Rangel Navarro.
Accionado: Policía Nacional.

demanda ni en el recurso de apelación se observa temeridad, contienen
fundamentos razonables, y no se detecta una injustificada falta de colaboración o
proceder con interés meramente dilatorio que conduzca a considerar que se incurrió
en una conducta reprochable que obligue a correr con los gastos realizados por la
otra parte para obtener un pronunciamiento judicial, y en el trámite del proceso estos
no se causaron, la Sala no condenará en costas a la parte demandante -ahora
apelante-.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley.

III. FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia de 21 de julio de 2021, proferida en primera
instancia por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho incoado por el señor Cesar Augusto Rangel
Navarro contra la Policía Nacional, por la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia judicial.

TERCERO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

28

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