Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00101-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00101-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2015-00101-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C, nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 41001-23-33-000-2015-00101-01 (2750-2022)
Demandante: Caja de Compensación Familiar del Huila
Demandado: Nación, Ministerio del Trabajo
Temas: Derecho a la negociación colectiva y a la asociación sindical.
Inaplicabilidad del concepto de «prejudicialidad» en la etapa de
arreglo directo. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintisiete (27) de abril de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La Caja de Compensación Familiar del Huila (Comfamiliar del Huila) instauró
demanda en contra de la Nación, Ministerio del Trabajo, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones 555 del 17 de octubre de 2013
y 300 de 2014, por medio de las cuales se impuso una multa y se resolvió el recurso
de apelación, respectivamente. Como restablecimiento del derecho, que se ordene
la devolución del dinero y se condene en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
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3. Que el Sindicato de Trabajadores de la Caja de Compensación Familiar
(SINTRACOMFA) le presentó pliego de peticiones y en el término legal instaló la
mesa de negociación. Sin embargo, suspendió la etapa de arreglo directo por
considerar que operó el fenómeno de la prejudicialidad «civil y penal», pues
demandó ante la justicia ordinaria la nulidad de la constitución del sindicato y
denunció el delito de falsedad en documento público en relación con el mismo
asunto.
4. Que la organización sindical denunció esta conducta ante la Oficina del
Trabajo y, luego de adelantar una investigación, expidió la Resolución 555 del 2013
«por medio de la cual se impone una sanción por negativa a negociar un pliego de
peticiones», confirmada por la Resolución 300 de 2014 que resolvió el recurso de
apelación.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
5. Considera que el acto vulnera los artículos 354 (literal c) y 433 del Código
Sustantivo del Trabajo (CST) y 47 a 52 del CPACA, porque su conducta no se
subsume en el supuesto de hecho que dispone el numeral 2.° del artículo 433, pues
no se rehusó a iniciar y abrir la negociación. Agregó que la autoridad administrativa
no tuvo en cuenta la prejudicialidad, omitió la etapa del procedimiento que consiste
en el decreto de pruebas y prescindió de elaborar una ponderada, razonable y
motivada tasación de la multa.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
6. El 23 de octubre de 2015 se admitió la demanda. La entidad manifestó que se
realizaron todas las etapas del procedimiento y en cada una se garantizó el derecho
al debido proceso. Enfatizó en que el sustento de la decisión no fue el artículo 433
sino el 354 (literal c) del CST, según el cual, negarse a negociar conforme con los
procedimientos legales supone una violación del derecho de asociación sindical
objeto de sanción.
7. Que la conducta de la demandante vulneró los derechos a la negociación
colectiva y la asociación sindical, pues el sindicato contaba con personería jurídica
porque había inscrito en debida forma el acta de constitución y, en los términos del
artículo 170 del Código de Procedimiento Civil (CPC), solo un juez puede decretar
la prejudicialidad en un proceso de naturaleza judicial, pero el arreglo directo no
atiende a esta lógica, sino que se asemeja a la celebración de un contrato. Propuso
la excepción que denominó «debida motivación de los actos administrativos» y
llamó en garantía al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), como destinatario
del dinero y eventual obligado a la devolución.
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8. El llamamiento se admitió el 16 de diciembre de 2016. De forma
extemporánea, el SENA reiteró los argumentos del Ministerio del Trabajo e informó
sobre el proceso de cobro coactivo que ejecutó la medida pecuniaria. Presentó la
excepción de «presunción de legalidad» y «buena fe».
9. En audiencia inicial del 27 de julio de 2017 se fijó el litigio y se decretaron las
pruebas, cuyo recaudo se perfeccionó en audiencia de pruebas del 8 de septiembre
de 2017, cuando también se corrió traslado para alegar.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
10. Mediante sentencia del 27 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo del Huila
negó las pretensiones. Precisó que, si bien no se solicitó su nulidad, la Resolución
142 del 14 de mayo de 2014 resolvió el recurso de reposición en contra de la
Resolución 555 del 17 de octubre de 2013 y concedió el recurso de apelación, por
lo que se entiende demandada. Expuso las generalidades sobre la potestad
sancionatoria del Estado, el procedimiento administrativo aplicable y los derechos
de asociación sindical y negociación colectiva.
11. Descartó la violación del artículo 433 del CST porque la decisión no se
sustentó en ella, pues no se discutió el «inicio» de las negociaciones sino la
obligación de continuar el proceso que, ante su omisión, constituyó una conducta
en contra del derecho de asociación sindical objeto de una consecuencia
desfavorable en virtud del literal c) del artículo 354. Agregó que la prejudicialidad es
una institución procesal prevista para los juicios civiles o aquellos donde su
regulación es aplicable de forma supletoria o complementaria; sin embargo, la
negociación colectiva no es un escenario procesal-judicial, razón por la cual, la
demandante no podía arrogarse la potestad propia de un juez.
12. Concluyó que: i) la empresa atentó contra los derechos a la negociación
colectiva y la asociación sindical e incurrió en una conducta sancionable; ii) se
cumplió con la etapa procesal del decreto de pruebas y iii) la tasación de la multa
atendió a un criterio objetivo de graduación, según el grado de vulneración a los
bienes jurídicos protegidos y que tuvo un carácter ejemplarizante.
RECURSO DE APELACIÓN
13. La parte demandante interpuso recurso de apelación por considerar que el
CST no reguló la prejudicialidad laboral administrativa en la etapa de negociación
de los pliegos de peticiones y la regla del CPC era aplicable de forma supletoria,
además, que el Sindicato no se opuso a la suspensión por este motivo. Adujo que
no se valoraron los elementos de convicción y que, de haberlo hecho, se habría
concluido que no suspendió la negociación de forma abusiva, caprichosa o
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arbitraria. Que cumplió con el deber de iniciar la negociación y su conducta no se
inscribe en ninguno de los supuestos taxativos del 354 del CST. En cuanto a la
tasación de la multa, afirmó que no comprende el carácter «ejemplarizante» si no
se demostró mala fe o argucias para limitar el derecho o el grave daño causado a
la organización de trabajadores.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
14. El 14 de julio de 2022 se admitió el recurso de apelación y concedió el término
para presentar alegatos de conclusión.
15. Las partes y el ministerio público guardaron silencio.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
16. De acuerdo con el recurso, el problema que debe resolver la Subsección
consiste en determinar si la imposición de la multa a Comfamiliar del Huila por
suspender la negociación colectiva con SINTRACOMFA fue legal.
Marco normativo y jurisprudencial
El derecho a la negociación colectiva
17. El artículo 55 de la Constitución Política de 1991 dispone: «Se garantiza el
derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las
excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los
demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo». Esta
norma, en orden: i) establece un derecho, ii) admite que encuentra excepciones en
la ley y iii) consagra un deber estatal.
18. Como garantía constitucional, está estrechamente relacionada con el derecho
de asociación y libertad sindical del artículo 391. Consiste en la posibilidad de que
los empleados provoquen y resuelvan conflictos colectivos de trabajo a través del
diálogo, la escucha y el acuerdo conjunto con los empleadores. Es un deber positivo
para que los reclamos de los empleados y sus organizaciones sean atendidos, no
concedidos. Su razón de ser está implícita en el reconocimiento del otro (el
trabajador) como un interlocutor válido en el marco de una controversia laboral
colectiva, lo que permite el diálogo y optimiza la solución pacífica de los conflictos.
1 Corte Constitucional. Sentencia C-466 del 14 de mayo de 2008. M.P. Jaime Araujo Rentería.
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19. Aunque cuenta con un fundamento constitucional claro, amplio y suficiente, es
posible rastrear fuentes convencionales, como es el caso de los Convenios 87 de
19482, 97 de 19483, 98 de 19494 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El más relevante es el Convenio 154 de 19815 sobre el fomento de la negociación
colectiva. El artículo 1 extiende el convenio a «[…] todas las ramas de actividad
económica […]» y el artículo 2 dispone que esta categoría comprende todas las
negociaciones que tienen lugar entre un empleador (o un grupo) y un empleado (o
un grupo) con el fin de fijar las condiciones del empleo, o regular las relaciones entre
empleadores y trabajadores o sus organizaciones.
20. En cuanto a las excepciones que admite este derecho, la Corte Constitucional
ha sostenido que, según la redacción expresa de la Constitución, existen y tienen
fundamento en la ley; sin embargo, el legislador debe atender a criterios de
proporcionalidad que garanticen que el límite no alcance o transforme el núcleo
esencial del derecho que, en todo caso, encuentra fuerte respaldo convencional y
constitucional. Es el caso del límite temporal para las conversaciones en la etapa
de arreglo directo del conflicto colectivo de trabajo previsto en el artículo 434 del
CST6.
21. Y como deber estatal, el fomento de la negociación colectiva excede el artículo
55 de la Constitución y tiene desarrollo en el artículo 5 del Convenio 154 antes
citado, que ordena:
«1. Se deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para
fomentar la negociación colectiva.
2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo deberán tener por
objeto que:
a) la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y
a todas las categorías de trabajadores de las ramas de actividad a que
se aplique el presente Convenio;
b) la negociación colectiva sea progresivamente extendida a todas las
materias a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 2 del
presente Convenio;
c) sea fomentado el establecimiento de reglas de procedimiento
convenidas entre las organizaciones de los empleadores y las
organizaciones de los trabajadores;
2 Aprobado mediante Ley 26 de 1976.
3 Aprobado mediante Ley 1595 de 2012.
4 Aprobado mediante Ley 27 de 1976. El artículo 4 del Convenio impone: «Deberán adoptarse medidas
adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los
empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por
otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por
medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo».
5 Aprobado mediante Ley 524 de 1999.
6 Corte Constitucional. Sentencia C-466 del 14 de mayo de 2008. M.P. Jaime Araujo Rentería; Corte
Constitucional. Sentencia C-741 del 23 de octubre de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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d) la negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia
de reglas que rijan su desarrollo o la insuficiencia o el carácter impropio
de tales reglas;
e) los órganos y procedimientos de solución de los conflictos laborales
estén concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la
negociación colectiva».
22. La jurisprudencia constitucional reconoce este propósito estatal7, que no tiene
un contenido difuso y abstracto, sino que se concreta a través de normas y
procedimientos, judiciales y administrativos, estructurados por el legislador. Este
mandato supera la protección de los derechos de los trabajadores a sindicalizarse
y ser escuchados, en el fondo es una previsión de paz y estabilidad en las relaciones
sociales para la construcción de un auténtico Estado social y democrático de
derecho.
23. De este modo, el artículo 433 del CST dispone que, una vez los trabajadores
presentan un pliego de peticiones, el dueño de la empresa o su representante está
en la obligación de recibir «[…] la delegación de los trabajadores […]», pero si
estima que no está autorizado para resolver sobre él, debe solicitar autorización o
trasladar al «patrono» y notificarlo a los trabajadores.
24. El inciso final prevé una consecuencia desfavorable para quien desatienda
este deber, consistente en una multa de 5 a 10 veces el salario mínimo mensual
más alto por cada día de mora, impuesta por las «autoridades del trabajo» y en favor
del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Por último, establece que la
procedencia de los recursos en contra de aquella medida está sujeta al pago de las
sumas impuestas8.
25. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que cuando la
autoridad del trabajo certifica la inscripción y vigencia de una organización sindical,
se produce un acto administrativo revestido de presunción de legalidad y «[…] frente
a la presentación de un pliego de peticiones por parte de una organización sindical
inscrita y vigente, certificada como tal por la autoridad competente, como la del
asunto de marras, la empresa FENOCO S. A. no podía resistirse a iniciar las
negociaciones directas cuestionando la capacidad y la idoneidad del sindicato
promotor del conflicto, con el simple argumento de no ser una asociación
relacionada con la actividad ferroviaria que desarrolla, pues esa situación bien podía
7 Ibid.
8 Declarado exequible en: Corte Constitucional. Sentencia C-741 del 23 de octubre de 2013. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
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ventilarla judicialmente en otros escenarios, sin que se pueda sustraer a sentarse
en la mesa de discusiones […]» (énfasis fuera de texto)9.
26. Es decir que mientras la personalidad jurídica del sindicato esté vigente, el
empleador no puede poner en tela de juicio su capacidad e idoneidad para promover
conflictos colectivos de trabajo. Así lo ha sostenido la Sección Segunda del Consejo
de Estado:
«[…] mientras un sindicato de industria se encuentre debidamente registrado
y/o inscrito ante el Ministerio del Trabajo, se encuentra plenamente habilitado
para presentar el respectivo pliego de peticiones ante las empresas que
considere llamadas a atender los reclamos de los trabajadores afiliados, y estas
últimas, en garantía del derecho de negociación colectiva, y en aplicación del
artículo 433 del CST, están en la obligación de recibir a los negociadores de los
trabajadores, para iniciar conversaciones, dentro de las 24 horas siguientes a
la presentación del pliego petitorio» (énfasis fuera de texto)10.
27. Nótese que el ordenamiento impone y garantiza el deber de negociar, no de
llegar a un acuerdo, pues la etapa de arreglo directo del conflicto colectivo de trabajo
es eminentemente auto compositiva, depende de la voluntad y la buena fe de las
partes para poner fin a una controversia laboral con alto impacto en la esfera social.
Por el estrecho vínculo entre los derechos a la negociación colectiva y la asociación
sindical11, el artículo 354 del CST dispone una serie de protecciones, entre estas:
«Artículo 354. Protección del Derecho de Asociación. […]
2. Toda persona que atente en cualquier forma contra el derecho de asociación
sindical será castigada cada vez con una multa equivalente al monto de cinco
(5) a cien (100) veces el salario mínimo mensual más alto vigente, que le será
impuesta por el respectivo funcionario administrativo del trabajo, sin perjuicio de
las sanciones penales a que haya lugar. Considéranse como actos atentatorios
contra el derecho de asociación sindical, por parte del empleador:
c) Negarse a negociar con las organizaciones sindicales que hubieren
presentado sus peticiones de acuerdo con los procedimientos legales; […]».
28. La facultad administrativa reconocida en favor de las autoridades del trabajo
es coherente con la relevancia constitucional de ambos derechos y el deber estatal
de resguardarlos, pues la garantía de asociación sindical es reconocida como un
derecho fundamental, mientras que el derecho a la negociación colectiva alcanza
9 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 15 de septiembre de 2009. Rad. 24.753.
M.P. Luis Javier Osorio López. Esta decisión fue confirmada en: Corte Constitucional. Sentencia T-251 del 16
de abril de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 8 de agosto de 2019. Rad. 11001-03-25-
000-2014-00716-00 (2229-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
11 Para la Corte Constitucional: «De esta forma, la negociación colectiva resulta ser una garantía indispensable
para las organizaciones sindicales, dado que de no tener la posibilidad de llegar a acuerdos con su empleador
los fines de la agrupación resultarían frustrados. Cabe resaltar, que la protección al derecho a la negociación
colectiva no implica per se llegar a un acuerdo u obligar a alguna de las partes a acoger las condiciones que no
comparten, pues lo que busca la Constitución es garantizar el inicio de las conversaciones correspondientes»
(Corte Constitucional. Sentencia T-248 del 11 de abril de 2014. M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo).
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dicho estándar cuando se verifica una vulneración que, a su vez, supone la violación
o amenaza del primero o del derecho al trabajo12.
29. Simultáneamente, el derecho a la negociación colectiva goza de relevancia
constitucional y convencional autónoma, y en función de la protección del derecho
a la asociación sindical. Para su garantía, el legislador estableció procedimientos y
facultó autoridades administrativas para que verifiquen su cumplimiento. Aquellas
son competentes para imponer sanciones cuando adviertan la renuencia de los
particulares para satisfacer los deberes legales que emanan de este derecho «[…]
que tiene una connotación amplia, que no se reduce a los pliegos de peticiones y a
las convenciones colectivas, pues abarca todas las formas de negociación entre
trabajadores y patronos entabladas con el propósito de regular las condiciones de
trabajo»13.
Resolución al caso concreto
30. El disenso de la demandante con la sentencia de primera instancia se centra
en que el CST no reguló la prejudicialidad laboral administrativa en la etapa de
negociación de los pliegos de peticiones y la regla del CPC era aplicable de forma
supletoria. De allí que no suspendió la negociación de forma abusiva, caprichosa o
arbitraria y no era procedente imponer la sanción.
31. En criterio de la demandante, conservó ánimo de garantizar el derecho a la
negociación, pues acreditó que instaló la mesa; pero, por estimarlo «prudente»,
propuso la suspensión por considerar que existía prejudicialidad «civil y penal»,
pues demandó ante la justicia ordinaria la nulidad de la constitución del sindicato y
denunció el delito de falsedad en documento público en relación con el mismo
asunto.
32. Al respecto, es importante precisar que la etapa de arreglo directo regulada
entre los artículos 432 y 436 del CST no tiene carácter procesal judicial y el entonces
vigente artículo 170 del CPC sobre la «suspensión del proceso» no resultaba
aplicable de ninguna forma. Tampoco se identifica una regla de remisión o
integración normativa como aquella del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo
(CPT), según la cual «A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del
Trabajo, se aplicaran (sic) las normas análogas de este Decreto, y, en su defecto,
las del Código Judicial».
33. Basta con verificar que se trata de un mecanismo autocompositivo de solución
de conflictos y, en esa medida, ninguna de las partes podría arrogarse la facultad
de suspender el trámite porque en su criterio procesos judiciales en curso pueden
12 Corte Constitucional. Sentencia C-288 del 17 de julio de 2024. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
13 Corte Constitucional. Sentencia C-280 del 18 de abril de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
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tener relación sustancial o formal con lo discutido14. Es la naturaleza del asunto la
que excluye la prosperidad de este argumento. Incluso, aunque la prejudicialidad es
una figura propia de escenarios hetero compositivos, la Corte Suprema de Justicia
también ha descartado que sea aplicable en los arbitramentos de conflictos
colectivos porque conduce a la dilación del asunto:
«[…] se aviene al criterio de esta Corporación, de conformidad con el cual los
actos administrativos emitidos durante el proceso de negociación colectiva se
presumen legales hasta que la jurisdicción competente declare lo contrario, por
lo que permitir la suspensión del trámite arbitral lo único que conduce es a la
dilación injustificada de la resolución definitiva del conflicto en desconocimiento
del carácter trascendental y esencial de este tipo de controversias y de la paz y
armonía que debe reinar entre las partes»15 (énfasis fuera de texto).
34. Este análisis es aplicable al presente caso, pues la suspensión de la
negociación colectiva, so pretexto de un presunto escenario de prejudicialidad,
supone una dilación indeterminada del arreglo directo que, además de vulnerar el
término preclusivo del artículo 434 del CST, frustra el desarrollo de las demás
etapas del conflicto colectivo de trabajo que se habilitan al cierre de esta16.
35. Precisamente esta es la conducta que la autoridad administrativa califica como
una negativa a negociar que atenta contra el derecho de asociación sindical en los
términos del artículo 354 del CST, pues no basta con iniciar el arreglo directo para
garantizar el derecho, sino que es preciso «[…] negociar todos los puntos de buena
fe, con la suficiente seriedad, respeto y compromiso, sin el recurso a conductas
meramente dilatorias o que obstaculicen la concertación»17. Recuérdese que el
trasfondo constitucional de este asunto es escuchar al otro (trabajador), aun cuando
esto no suponga la celebración de un acuerdo.
36. Para la Sala, Comfamiliar del Huila incurrió en una práctica violatoria del
derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva que se inserta en
14 Sobre la naturaleza auto compositiva de la etapa de arreglo directo, la Corte Suprema de Justicia ha expuesto:
«[…] pues los interlocutores sociales en su autonomía tienen todo el poder para definir las materias que integran
la negociación colectiva y, dentro de ese marco, además de buscar unas nuevas y mejores condiciones
laborales para los trabajadores y sus organizaciones sindicales, fruto del pliego de peticiones, pueden
aprovechar el escenario del conflicto para actualizar o dinamizar normas convencionales previas, para
adaptarlas a nuevas realidades o a ciertas necesidades del esquema de relaciones laborales, como
consecuencia de una denuncia empresarial.
Ahora bien, cuestión diferente es cuando el conflicto colectivo no alcanza su resolución en el ámbito de la
autocomposición, de manera que se traslada para su decisión al conocimiento de un tribunal de arbitramento,
en el ámbito de la heterocomposición» (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia
SL2139 del 10 de septiembre de 2025. Rad. 68001-22-05-000-2024-00047-01. M.P. Marjorie Zúñiga Romero).
15 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia SL3153 del 8 de marzo de 2017. Rad.
74.307. M.P. Rigoberto Echeverry Bueno.
16 Así lo ha sostenido la Corte Constitucional en relación con el inició de la negociación, «[…] pues su negativa
a iniciar conversaciones acarrea la imposibilidad de iniciar la etapa de arreglo directo y posteriormente los
mecanismos alternativos de solución de controversias colectivas, establecidos previamente por el Legislador en
caso de fracasar la primera etapa» (Corte Constitucional. Sentencia T-248 del 11 de abril de 2014. M.P. Mauricio
Gonzáles Cuervo).
17 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia SL2139 del 10 de septiembre de 2025. Rad.
68001-22-05-000-2024-00047-01. M.P. Marjorie Zúñiga Romero.
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supuesto de hecho previsto en el literal c) del artículo 354 y provocó la legítima y
legal imposición de una multa a través de la Resolución 555 del 17 de octubre de
2013, confirmada en las Resoluciones 142 del 14 de mayo y 300 del 28 de agosto
de 2014. La suspensión del diálogo enmascarada como una medida de prudencia
y prevención a la espera de un pronunciamiento judicial, apartó a los trabajadores
de la posibilidad de discutir directamente una eventual mejora de sus condiciones,
fin último y palpable del derecho.
37. Por otra parte, la demandante sostuvo que el Sindicato no se opuso a la
suspensión de la negociación, pero basta contrastar esta premisa con la información
disponible en el acta de la mesa de negociaciones del 5 de septiembre de 2012 para
desestimar lo alegado y advertir que no se trató de un consenso. El señor Pedro Nel
Hernández, negociador del Sindicato, intervino en el siguiente sentido:
«Rechazamos dentro de esta negociación las pretensiones de la empresa con
miras a desvirtuar la legalidad de este sindicato SINTRACOMFA y ratificamos
que este sindicato se constituyó bajo todos los parámetros de ley, por otro lado,
no estamos de acuerdo en parar las negociaciones del pliego petitorio realizado
por este sindicato, toda vez que no hay soporte jurídico que impida se lleven a
cabo las negociaciones dentro del plazo fijado por la ley sin desconocer las
pretensiones de la empresa, los negociadores representantes de
SINTRACOMFA, mantenemos nuestra posición de llevar a cabo las
negociaciones dentro del término de ley.
El señor Pedro Nel Hernández, reitera que no está de acuerdo con la
suspensión de la negociación y solicita que se continue con la mesa de
negociación»18
38. De allí que la suspensión no fue consensuada como lo sostiene la recurrente.
Se insiste en que, verificada la existencia y vigencia del sindicato19, los empleadores
deben iniciar y agotar la negociación colectiva. En el caso, aunque se cuestionó
judicialmente la constitución del sindicato, no existía un pronunciamiento anulatorio
para la fecha en que se suspendió la etapa de arreglo directo20.
39. Por último, Comfamiliar del Huila discutió la tasación de la multa y su carácter
«ejemplarizante», pues considera que no se demostró mala fe o argucias para
limitar el derecho o el grave daño causado a la organización de trabajadores. Al
respecto, como lo indicó el Tribunal de primera instancia, la Sala observa que la
autoridad administrativa elaboró un juicio de proporcionalidad y razonabilidad que
conservó los límites previstos en la norma y estudió la vulneración de los bienes
jurídicos tutelados. Aunque la recurrente insiste en su buena fe y en que la
«suspensión» encerraba el ánimo de «continuar» los diálogos, se verificó una grave
e injustificada limitación del derecho a la negociación colectiva y a la asociación
sindical que la autoridad administrativa podía sancionar por el monto impuesto.
18 Fl. 146. Antecedentes administrativos, página 13 del archivo digital.
19 Ibid., página 171 del archivo digital.
20 Ibid., página 233 del archivo digital.
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40. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia, pues no
se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos reprochados.
Condena en costas
41. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
42. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
43. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
44. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo del Huila.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintisiete (27) de abril de dos mil
veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.
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Radicación: 41001-23-33-000-2015-00101-01 (2750-2022)
Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.
Tercero. Reconocer personería a la abogada Laura Cecilia Bermeo Serrato,
identificada con la cédula de ciudadanía 1.075.241.167 y la tarjeta profesional
234.529 del CSJ, para que actúe en nombre de la parte demandante, según
memorial visible a índice 21 del aplicativo SAMAI.
Cuarto. Aceptar la renuncia al poder conferido por la parte demandante, presentada
por la abogada Laura Cecilia Bermeo Serrato, identificada con la cédula de
ciudadanía 1.075.241.167 y la tarjeta profesional 234.529 del CSJ, según memorial
visible a índices 23 y 24 del aplicativo SAMAI.
Quinto. Reconocer personería a la abogada Andry Tatiana Arias Méndez,
identificada con la cédula de ciudadanía 52.981.356 y la tarjeta profesional 169.127
del CSJ, para que actúe en nombre de la parte demandada, según memorial visible
a índice 26 del aplicativo SAMAI.
Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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