Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2015-00165-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2015-00165-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 41001-23-33-000-2015-00165-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
1 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., primero (1) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Radicación: 41001233300020150016501 (66602)
Demandante: ARIEL REINALDO RAMÍREZ YUNDA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Tema: Responsabilidad del Estado por error jurisdiccional. Proceso
ejecutivo laboral. Sanción moratoria por el pago tardío de
cesantías a docentes públicos. Ausencia parcial de condiciones
uniformes del grupo respecto de la causa lesiva. No se incurrió
en error judicial por aplicar retrospectivamente el cambio
jurisprudencial. Límites al recurso de apelación. Condenas en
costas en el trámite de segunda instancia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación presentado por el extremo activo contra la
sentencia del 24 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 10 de septiembre de 2010, Gloria María Bastos Valderrama presentó demanda
ejecutiva laboral en contra del Ministerio de Educación, para reclamar la sanción
moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantías, al cual tenía derecho como
docente pública. En consecuencia, el 23 de septiembre de 2010, el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Neiva libró mandamiento ejecutivo. Posteriormente, el 2 de
noviembre de 2011, Israel Meneses y otros presentaron demanda ejecutiva por el
mismo concepto y solicitaron su acumulación al proceso instaurado por la señora
Bastos Valderrama. No obstante, mediante auto del 3 de noviembre de 2011, el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva negó la acumulación de demandas
solicitada, providencia que fue recurrida por los accionantes.
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Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
Mediante auto del 17 de abril de 2013, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva rectificó su postura en relación con los documentos requeridos para integrar
el título ejecutivo complejo para el cobro judicial de la sanción moratoria. En
consecuencia, al amparo de este nuevo criterio jurisprudencial, el 9 de abril de 2014
el citado tribunal negó la acumulación de demandas, revocó de oficio el
mandamiento de pago y decretó la terminación del proceso ejecutivo laboral
instaurado por los aquí accionantes, al constatar que los documentos aportados
para acreditar el título ejecutivo no cumplían con los requisitos fijados en el
mencionado auto del 17 de abril de 2013.
El grupo accionante considera que la Rama Judicial incurrió en un error
jurisdiccional en las providencias que aplicaron retrospectivamente el cambio
jurisprudencial fijado mediante auto del 17 de abril de 2013, proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva, lo cual les ocasionó i) una afectación a los
derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso y ii) una
pérdida de la oportunidad de obtener el pago de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías, de haberse estudiado su caso al amparo del precedente
anterior.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 16 de abril de 20151, Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y otros2, mediante apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios causados a
un grupo, presentaron demanda en contra de la Nación – Rama Judicial, para que
fuera declarada responsable por los errores jurisdiccionales contenidos en las
providencias que aplicaron retrospectivamente el cambio jurisprudencial fijado
1 Fl. 1 a 21, C.1. Fl. 266 y 267, C. 2. (Subsanación de la demanda).
2 Ariel Reinaldo Ramírez Yunda, Armando Bobadilla Carvajal, Essau Castellanos Bedoya, Eunice
Triviño Chávez, Fabiola Pascuas Pascuas, Fidel Forero Yáñez, Fredy García Cuetocue, Gloria María
Bastos Valderrama, Gloria Elena Charry Charry, Luz Marina Guataquira Moreno, Luz Mary Farfán
Murcia, Marcy Julie Polania Perdomo, María del Rosario Perez Galeano, María Dolly España de
Bravo, María Eugenia Martínez Gómez, Yeimy Hernández Valenzuela, María Marleny Vargas
Plazas, Martha Cecilia Buyucue Caviedes, Nely Rodríguez Castellanos, Orlando Villareal
Valenzuela, María Cristina Moreno Hernández, Patricia Ortiz Trujillo e Ismael Rodrigo Guevara
Barrios.
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Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
mediante auto del 17 de abril de 2013, proferido por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva, lo cual les ocasionó i) una afectación a los derechos de acceso a
la administración de justicia y al debido proceso y ii) una pérdida de la oportunidad
de obtener el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, de
haberse estudiado su caso al amparo del precedente anterior.
Las pretensiones de condena formuladas en el escrito de la demanda fueron las
siguientes:
i) En primera medida, el extremo activo solicita condenar a la Rama Judicial
a pagarle, por perjuicios morales y “violación a derechos constitucionales”,
100 SMLMV a cada uno de los accionantes. El fundamento de la pretensión fue
el siguiente:
“[…] Que se reconozcan y paguen los perjuicios de carácter inmaterial sufridos por
los docentes demandantes y por el Doctor Ismael Rodrigo Guevara, en virtud del
cambio jurisprudencial emanado por lo dispuesto mediante auto calendado el día 17
de abril de 2013 bajo el radicado 41001-31-05-001-2010-00806-02, emitido por la
Sala Especializada Civil Familia del Tribunal Superior de Neiva con ponencia del
Magistrado Edgar Robles Ramírez […]”.
ii) En segundo lugar, el grupo demandante solicita condenar a la citada entidad
demandada a pagarle, por lucro cesante, los montos que a continuación se
relacionan:
1 Ariel Reinaldo Ramírez $ 8.752.416
2 Armando Bobadilla Carvajal $ 5.643.456
3 Essau Castellanos Bedoya $ 12.410.519
4 Eunice Triviño Chávez $ 6.050.692
5 Fabiola Pascuas Pascuas $ 13.074.289
6 Fidel Forero Yáñez $ 4.427.476
7 Fredy García Cuetocue $ 9.539.738
8 Gloria María Bastos Valderrama $ 19.838.467
9 Gloria Elena Charry Charry $ 12.979.415
10 Luz Marina Guataquira Moreno $ 7.626.579
11 Luz Mary Farfán Murcia $ 13.335.346
12 Marcy Julie Polania Perdomo $ 11.051.390,66
13 María del Rosario Pérez Galeano $ 12.443.262,66
14 María Dolly España de Bravo $ 10.916.081,40
15 María Eugenia Martínez Gómez $ 12.535.905,24
16 María Marleny Vargas Plazas $ 6.702.416,38
17 Martha Cecilia Buyucue Caviedes $ 15.177.600,00
18 Nely Rodríguez Castellanos $ 6.172.720
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Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
19 Nely Rodríguez Castellanos (sic – repetido) $ 12.456.655,20
20 Orlando Villareal Sánchez $ 12.325.307,40
21 Patricia Ortiz Trujillo $ 8.376.181,92
22 Yeimy Hernández Valenzuela $ 13.155.472,50
23 María Cristina Moreno Hernández $ 10.410.132,96
En apoyo de las pretensiones, el grupo demandante afirma que, en fecha
indeterminada, solicitaron al Ministerio de Educación el pago del auxilio de
cesantías, al cual tenían derecho en su calidad de docentes públicos.
Sostiene que, entre los años 2007 y 2010, el Ministerio de Educación reconoció y
ordenó el pago del auxilio de cesantías solicitado por los accionantes.
Indica que, el auxilio de cesantías les fue pagado extemporáneamente, de forma
que los docentes demandantes adquirieron el derecho a que se les reconociera la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, de conformidad con el artículo
5 de la Ley 1071 de 20063.
Señala que, el precedente fijado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva admitía que la pretensión de cobro de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías se ventilara por vía de proceso ejecutivo laboral, una vez vencido
el término con que contaba la Administración para efectuar el respectivo pago.
Explica que, de acuerdo con el precedente transversal y pacífico del mencionado
tribunal, el título ejecutivo para el cobro de la sanción moratoria por el pago tardío
del auxilio de cesantías se conformaba por los siguientes documentos: “1) La copia
auténtica de la resolución por medio de la cual la administración reconoce la
cesantía parcial o definitiva, con la constancia de su notificación y ejecutoria, 2)
Prueba del no pago o del pago tardío (relevo de prueba para el primero y carga de
3 “Artículo 5. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la
liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación
social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. Parágrafo. En caso de mora
en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada
reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no
cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra
el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este”.
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Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
la prueba para el segundo supuesto) y 3) Prueba de la fecha en que se realizó la
solicitud, como quiera que, a partir de la misma, se contabiliza el aludido término de
65 días, lo mismo que del salario devengado por el accionante en la fecha en que
se consolida el derecho a percibir la sanción moratoria, si se trata de cesantías
parciales y, del último salario devengado si de las definitivas se trata”.
Relata que, en fecha indeterminada, los miembros del grupo demandante
presentaron demanda ejecutiva laboral en contra del Ministerio de Educación,
pretendiendo el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, a
las cuales tenían derecho como docentes públicos. Asimismo, aduce que anexaron
los documentos que la jurisprudencia vigente en ese momento exigía para
conformar el título ejecutivo.
Afirma que, mediante auto del 17 de abril de 2013, la Sala Plena Especializada del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva rectificó el precedente jurisprudencial
imperante en dicha corporación e indicó que el cobro de la sanción moratoria no
procedía por la vía del proceso ejecutivo laboral, sino que dicha pretensión debía
ventilarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Indica que, mediante auto del 8 de abril de 2014, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva, en aplicación del nuevo criterio jurisprudencial de dicha
corporación, negó las pretensiones de la demanda ejecutiva laboral instaurada por
el grupo accionante.
Explica que, como consecuencia de lo anterior, los docentes demandantes no
contaban con otra vía judicial para reclamar el pago de la sanción moratoria, pues,
para la fecha en que se profirió el auto del 8 de abril de 2014, ya había operado la
prescripción del derecho a reclamar dicha sanción por el pago tardío del auxilio de
cesantías.
Relata que, mediante providencia del 11 de diciembre de 2014, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al dirimir un
conflicto negativo de competencia, dispuso que la jurisdicción ordinaria era la
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Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
competente para conocer del cobro de la sanción moratoria por vía de proceso
ejecutivo.
Señala que, como consecuencia de las posturas contrarias del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva y del Consejo Superior de la Judicatura se generó una
situación en la que “los docentes públicos no puedan acceder ni a la jurisdicción
ordinaria laboral, ni a la contencioso administrativa para acceder al cobro de la
sanción moratoria a que tienen derecho por el no pago o pago tardío de las
cesantías parciales”.
Relata que, Ismael Rodrigo Guevara Barrios fungió como apoderado judicial de los
accionantes en el trámite de las demandas ejecutivas laborales que interpusieron
para cobrar la sanción moratoria. Así, afirma que, como consecuencia de los
resultados desfavorables de las demandas presentadas por sus poderdantes, no
recibió el pago por concepto de honorarios profesionales y, además, sufrió
afectaciones a su buen nombre y credibilidad profesional.
El grupo accionante considera que la Rama Judicial incurrió en error jurisdiccional
en las providencias que aplicaron retrospectivamente el cambio jurisprudencial
fijado mediante auto del 17 de abril de 2013 proferido por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva, lo cual les ocasionó i) una afectación a los derechos de
acceso a la administración de justicia y al debido proceso y ii) una pérdida de la
oportunidad de obtener el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías, de haberse estudiado su caso al amparo del precedente anterior.
Asimismo, subsidiariamente, los accionantes solicitaron que, en caso de no
encontrarse acreditado el error jurisdiccional, el daño fuera imputado a la Rama
Judicial a título de “daño especial”, toda vez que “el cambio de precedente impuso
una carga desproporcionada a los demandantes”.
Textualmente, se expuso en el escrito de la demanda:
“El deber de responder en este asunto se justifica de manera principal por el error
jurisdiccional (artículo 66 ley 270 de 1996) en que incurrió la Rama Judicial, al haber
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Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
aplicado el cambio abrupto de precedente en total desatención del principio de buena
fe y seguridad jurídica.
En efecto, la demanda no cuestiona los fundamentos jurídicos del precedente y
la dinámica de la decisión judicial que implica la no petrificación de la justicia,
lo cuestionable en este asunto y que determinó el daño causado, fue que el
precedente se aplicó a los casos en curso, cuando lo válido sería su aplicación
ultractiva.
El planteamiento se centra en que la aplicación retrospectiva del precedente
transgrede los principios enunciados soporte del ordenamiento jurídico, causando un
daño ilícito, pues constituye una carga injustificada que los demandantes no están en
la obligación de soportarla.
Para los demandantes el cambio de precedente era justificado siempre y
cuando se aplicara a casos posteriores, pero no para aquellos iniciados o
tramitados bajo el precedente anterior.
De no aceptarse como fundamento el error jurisdiccional, bajo el principio de iura novit
curia y bajo el entendido de que los hechos enunciados, habilitan el traslado de
régimen, en el presente asunto es inevitable aceptar, la aplicación del fundamento
rompimiento del principio de igualdad en las cargas públicas bajo la modalidad del
daño especial. De considerarse la aplicación de (sic) precedente ajustada a derecho
aun a casos iniciados con anterioridad, debe entenderse que a los demandantes se
les causó un daño especial. El cambio de precedente impuso una carga
desproporcionada a los demandantes, frente a todos ellos que bajo el precedente
anterior pudieron satisfacer sus derechos económicos. Entonces para restablecer el
equilibro en las cargas públicas se hace necesario la indemnización”. (se resalta)
2. Contestación
El 9 de noviembre de 20154, el Tribunal Administrativo del Huila admitió la demanda
y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.
2.1. La Rama Judicial5 se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando
que no incurrió en un error jurisdiccional en el auto del 17 de abril de 2013 proferido
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. En sustento, señaló que la
providencia acusada se dictó conforme a la jurisprudencia pacífica y reiterada del
Consejo de Estado, la cual estableció los requisitos del título ejecutivo para efectuar
el cobro de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías por vía de
proceso ejecutivo laboral. Explicó que, ante la ausencia de alguno de dichos
requisitos, la vía judicial idónea para el cobro de la sanción moratoria era a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
4 Fl. 269 y 270, C.2.
5 Fl. 279 a 304, C.2.
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Asimismo, argumentó que en la providencia del 11 de febrero de 2015, el Consejo
Superior de la Judicatura, al resolver un conflicto de competencia, se extralimitó en
sus funciones y desconoció la jurisprudencia pacífica del Consejo de Estado, al
pronunciarse sobre los requisitos formales y sustanciales que debía contener el
título ejecutivo para el cobro de la sanción moratoria, para concluir errónea y
abruptamente que la jurisdicción ordinaria era la competente para conocer del cobro
de la sanción moratoria por vía de proceso ejecutivo laboral.
Adicionalmente, la demandada señaló que los actores no acreditaron la certeza del
daño alegado. Propuso como excepciones las que denominó “improcedencia de la
presente acción de grupo”, caducidad, culpa exclusiva de la víctima, “falta de causa
para demandar”, “inexistencia del derecho”, “inexistencia de perjuicios”, “temeridad
y mala fe” y la “innominada”.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 29 de septiembre de 20176 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
3.1. La parte demandante7 y la Rama Judicial8 reiteraron los argumentos expuestos
en el escrito de la demanda y en la contestación de esta, respectivamente.
3.2. El ministerio público9 rindió concepto en el que solicitó negar las pretensiones
de la demanda, dado que no se probó el daño, no se acreditaron condiciones
uniformes del grupo respecto de la causa lesiva y tampoco se configuró un error
jurisdiccional.
3.3. La Defensoría del Pueblo del Huila10 guardó silencio.
6 Fl. 2527, C.13.
7 Fl. 2549 a 2551, C.13.
8 Fl. 2531 a 2548, C.2.
9 Fl. 2552 a 2558, C. 13.
10 Mediante memorial radicado el 16 de septiembre de 2016, el defensor público para los asuntos
colectivos de la Defensoría del Pueblo del Huila solicitó ser reconocido como coadyuvante de la parte
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4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 24 de febrero de 202011-12, el Tribunal Administrativo del
Huila negó las pretensiones de la demanda, al advertir que la Rama Judicial no
incurrió en un error jurisdiccional en las providencias en las que aplicó
retrospectivamente el criterio jurisprudencial fijado por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva mediante auto del 17 de abril de 2013.
Sobre el particular, señaló que el citado proveído se adoptó conforme a la
jurisprudencia vigente y unificada del Consejo de Estado, que establecía que, para
efectuar el cobro de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, los
docentes primero debían realizar la reclamación previa ante la Administración. Así,
ante la negativa del reconocimiento y pago de la sanción moratoria, la vía judicial
procedente era el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Asimismo, explicó que, incluso si anteriormente el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva sostuvo una postura contraria a la tesis fijada mediante el proveído
del 17 de abril de 2013, aquello fue en desconocimiento del precedente imperante
del Consejo de Estado. En similar sentido, sostuvo que, si bien mediante
providencia del 11 de diciembre de 2014, el Consejo Superior de la Judicatura
señaló que el cobro de la sanción moratoria debía realizarse vía proceso ejecutivo
ante la jurisdicción ordinaria, tal decisión fue adoptada con posterioridad al auto del
17 de abril de 2013 y, además, era totalmente contraria a la jurisprudencia unificada
del Consejo de Estado. De esta forma, el a quo concluyó que la aplicación del nuevo
criterio jurisprudencial fijado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva
era de aplicación inmediata con efectos retrospectivos.
actora (Fl. 329 a 331, C. 2), petición a la que el tribunal accedió mediante auto del 28 de noviembre
de 2016 (Fl. 1472 a 1483, C. 8).
11 Fl. 2714 a 2722, C.P.
12 Mediante auto del 7 de julio de 2020, el Tribunal Administrativo del Huila negó la solicitud de
aclaración formulada por la Rama Judicial (fl. 2733 y 2734. C.P) y corrigió de oficio el numeral tercero
de la parte resolutiva, en lo que respecta a la condena en costas (fl. 2748 y 2749, C.P).
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Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
Por otro lado, el tribunal indicó que no se causó un daño cierto al grupo demandante,
toda vez que la sola presentación de la demanda ejecutiva laboral no aseguraba
que les pagasen la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantías.
Finalmente, el a quo condenó en costas a la parte actora.
Al efecto, sostuvo que: “[…] no puede predicarse la existencia de un daño cierto en
cabeza de los demandantes e integrantes del grupo por cuanto, de un lado existía
un precedente jurisprudencial de un órgano de cierre como lo es el Consejo de
Estado que no permitía que por vía ejecutiva, sin reclamación y pronunciamiento
previo se pudiese demandar por esa vía; y de otro porque, el hecho de haberse
demandado por la vía ejecutiva no existía reconocido el derecho a la sanción
moratoria en los demandantes. Aún más, aceptada la existencia de los precedentes
en las Salas de Decisión de la Sala Especializada del Tribunal Superior, no por eso
quedaban atadas al mismo, al encontrar que la interpretación del derecho realizada
en esos precedentes, no se correspondía a la que realmente era y que ya había
realizado el órgano máximo de la jurisdicción contencioso administrativa, por lo que
no era un tema que requería un reexamen de los hechos, de la norma o de la
hermenéutica desarrollada con anterioridad, sino en sana sindéresis, de acoger las
razones ya existentes por lo que no fue abrupta ni sorpresiva la decisión del 17 de
abril de 2013. En consecuencia, la aplicación del "nuevo" precedente de la Sala
Especializada del Tribunal Superior de Neiva era de aplicación retrospectiva frente
a todos los casos en trámite, porque no se estaba restringiendo el acceso a la
administración de justicia de los aquí demandantes e integrantes del grupo, pues de
hecho lo habían realizado bajo una premisa que era con desconocimiento del
precedente real e imperante definido por el Consejo de Estado […]”
5. Recurso de apelación
El 10 de marzo de 202013, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue concedido el 18 de diciembre de esa anualidad14 y admitido el 26 de marzo
13 Fl. 2735 a 2746, C.P.
14 Fl. 2753, C.P.
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Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
de 202115.
5.1. El extremo activo16 reiteró que el criterio fijado por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva mediante el auto del 17 de abril de 2013 debió ser aplicado
de forma prospectiva y no retroactiva, con el fin de no defraudar las expectativas
legítimas de los demandantes de obtener una respuesta de fondo frente a sus
pretensiones. Esto, dado que antes de que se profiriera dicha providencia la
pretensión del cobro de la sanción moratoria “eran ventiladas y falladas de forma
favorable por vía ejecutiva a través de la jurisdicción ordinaria laboral”. Así, explicó
que como consecuencia del “cambio abrupto de jurisprudencia”, el mencionado
tribunal declaró su falta de competencia para conocer de los procesos ejecutivos
laborales para el cobro de la sanción moratoria, con lo cual vulneró el derecho de
acceso a la administración de justicia y al debido proceso del grupo demandante.
Finalmente, indicó que, si bien dentro del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva, e incluso al interior del Consejo Superior de la Judicatura, no existía una
postura clara sobre cuál era la vía judicial procedente para reclamar el pago de la
sanción moratoria, lo cierto es que, en la práctica, el citado tribunal admitía que
dicha pretensión se ventilara a través del proceso ejecutivo laboral.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 24 de mayo de 202117 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
6.1. La parte demandante18 y la Rama Judicial19 reiteraron los argumentos
expuestos en el recurso de apelación y en el trámite de la primera instancia,
respectivamente.
6.2. La Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público guardaron silencio.
15 Fl. 2760, C.P.
16 Fl. 2735 a 2746, C.P.
17 Fl. 2752, C.P.
18 Índice 11, Samai.
19 Índice 10, Samai.
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Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
III. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa – normatividad aplicable
Mediante auto de unificación del 6 de agosto de 202020, la Sala Plena de la Sección
Tercera dispuso que la integración normativa de la pretensión de reparación de
perjuicios causados a un grupo debe realizarse con la Ley 1437 de 2011 21, y en
consecuencia, la remisión prevista en el artículo 6822 de la Ley 472 de 199823 solo
resulta viable en aquellos eventos en los cuales no existan normas contenidas en el
CPACA que regulen de manera expresa la materia y que tengan relación con el
medio de control específico.
Al efecto, comoquiera que el 16 de abril de 201524, los demandantes ejercieron el
derecho de acción bajo la pretensión de reparación de perjuicios causados a un
grupo, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la
Ley 472 de 1998 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia uniforme y pacífica de
esta Corporación, dicho estatuto modificó la referida disposición – Ley 472 de 1998
• en lo atinente a las normas que regulan la pretensión, caducidad y competencia25.
2. Competencia
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 24 de febrero de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda, en
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 6 de agosto
de 2020, Rad. 64778.
21 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
22 Artículo 68. Aspectos no regulados. “En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente
título, se aplicarán a las acciones de grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.
23 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de acciones populares y de grupo, y se dictan otras disposiciones.
24 Fl. 1 a 21, C.1. Fl. 266 y 267, C. 2.
25 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Providencias del 10 de febrero de 2016, Exp. 2015-00934, del 31 de enero de 2013, Exp. 2012-
00034, del 18 de mayo de 2017, Exp. 2016-00131, del 18 de julio de 2017, Exp. 2013-00583, del 2
de julio de 2021, Exp. 2018-00153 y del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211.
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virtud de lo establecido en los artículos 5026 de la Ley 472 de 1998 y, 15027 y
152.1628 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, sin la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021.
Asimismo, el conocimiento del presente asunto corresponde a la Sección Tercera
del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.12.12 29
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la
Corporación.
3. Medio de control procedente - Condiciones uniformes del grupo respecto
de la causa lesiva cuya reparación se pretende.
La acción de grupo se encuentra consagrada en el inciso 2º del artículo 88 de la
Constitución Política, con la finalidad de que un número plural de personas
demanden la reparación de daños ocasionados por una misma acción u omisión por
parte del Estado. En desarrollo de dicha disposición constitucional, la Ley 472 de
1998 reguló dicha acción y en el artículo 3º la definió como aquella que “son
interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen
condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios
individuales para dichas personas".
26 “Artículo 50. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los
procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la
actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones
administrativas. La jurisdicción civil ordinaria conocerá de los demás procesos que se susciten con
ocasión del ejercicio de las acciones de grupo”.
27 “Artículo 150. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se
susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la actividad de las
entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. […]”.
28 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de
daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las
personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas”.
29 “Acuerdo 080 de 2019. Artículo 13.12. 12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de
Estado”.
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En consonancia con lo anterior, los artículos 330 y 4631 de la Ley 472 de 1998
establecen los requisitos de procedencia de la acción de grupo. Para el efecto,
prescriben que ésta deberá ser presentada por un número plural de personas que
no podrá ser inferior a 20, que reúnan condiciones uniformes respecto de una causa
común que generó los perjuicios individuales. Sin embargo, la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha admitido un número inferior de
demandantes, siempre que se señalen los criterios que permitan identificar la
vocación grupal de las pretensiones, es decir, que la causa del daño haya podido
perjudicar al menos a 20 personas. Sobre este punto, la Corte Constitucional señaló
en la sentencia C-116 de 200832:
“[…] Explicó la Corte en la Sentencia C-898 de 2005, acorde con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, que la interpretación que debe darse al
inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, es la de que, la
exigencia de que el grupo debe estar integrado al menos por veinte
personas, no puede entenderse como un obstáculo para la presentación
de la demanda, en cuanto no se requiere la concurrencia de todos ellos
para tal acto, toda vez que, de conformidad con el artículo 48 del mismo
ordenamiento, en la acción de grupo el actor o quien actúa como demandante,
representa a las demás personas que hayan sido afectadas por los hechos
lesivos. Por ello, lo que resulta exigible al actor al momento de presentar la
demanda, a la luz del numeral cuarto (4°) del artículo 52 del mismo
ordenamiento, es el deber de señalar en ella la identidad de por lo menos veinte
de los miembros del grupo afectado o, en todo caso, señalar los criterios que
permitan su identificación por parte del juez. Sobre este particular, la Corte
sostuvo en el referido fallo:
‘Así mismo que en relación con el número mínimo de 20 personas, el Consejo
de Estado, luego de dicha decisión de constitucionalidad ha precisado que el
número mínimo aludido no puede entenderse tampoco como una limitante para
la presentación de la demanda pues no es indispensable la concurrencia de
todos ellos al momento de dicha presentación, toda vez que, de conformidad
con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998, ‘[e]n la
acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las
demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos
vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por
separado su propia acción, ni haya otorgado poder’. El Consejo de Estado ha
advertido que si bien la acción puede ser interpuesta por una persona esta
debe actuar en relación con el daño causado a un grupo no inferior de 20
30 "Artículo 3. Acciones de grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un
conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó
perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
31 "Artículo 46. Procedencia de las acciones de grupo. Las acciones de grupo son aquellas acciones
interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes
respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
32 Corte Constitucional, sentencia C-116 del 13 de febrero de 2008.
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personas y que la demanda debe, en todo caso establecer los criterios que
permitan la identificación del grupo afectado.’
De esta manera, en la Sentencia C-898 de 2005, la Corte concretó el alcance
de la exigencia contenida en el inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472
de 1998, en el sentido de precisar que no se requiere conformar un grupo
para demandar en acción de grupo, pues cualquier persona puede
instaurarla en nombre y representación del colectivo afectado con el
mismo daño, debiendo sí proporcionar en la demanda el nombre de por lo
menos veinte de los integrantes del mismo grupo, o en su defecto, señalar
los criterios para identificarlos y definirlos[…]”33. (Se resalta)
A su turno, el artículo 145 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, reguló el medio de control de los perjuicios causados a
un grupo, en los siguientes términos:
“[…] Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas
que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó
perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización
de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma
especial que regula la materia (...)”
Sobre la exigencia referente al número de integrantes del grupo, la Corte
Constitucional34 sostuvo que ello no puede entenderse como un obstáculo para
presentar la demanda, toda vez que no se requiere que las 20 personas acudan
ante el juez, sino que quien actúa señale la identidad de los demás integrantes o, al
menos, indique los criterios que permitan su identificación por parte del juez.
Ahora bien, en lo relativo a la exigencia de que existan condiciones uniformes
respecto de una causa común contenida en los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de
1998 ya citados, la Corte Constitucional ha señalado que dicho requisito exige al
juez analizar la relación causal desde una perspectiva jurídica más que fáctica y
verificar la existencia de una relación de identidad entre los diversos hechos lesivos
que pueden generar un daño común al interés del grupo35. Así, para el tribunal
33 Esta postura ha sido acogida por el Consejo de Estado, entre otras más, en las siguientes
providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del
10 de febrero de 2005, Exp. 2001 – 00213 -01 y, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Subsección C, sentencias del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211
y del 23 de febrero de 2026, Rad. 69319.
34 Corte Constitucional, sentencia C-898 de 2005.
35 Corte Constitucional, sentencia C-569 de 2004.
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constitucional, "[…] una exigencia de uniformidad estricta desde el punto de vista
fáctico, que confundiera la idea de causa jurídica común con la existencia de un solo
hecho que ocasiona el perjuicio, haría fracasar la protección del interés de grupo
por la vía del resarcimiento de los perjuicios individuales sufridos por sus miembros,
pues una tal uniformidad es excepcional, desde una perspectiva puramente fáctica".
En este orden de ideas, la Sección Tercera de la Corporación sostuvo que para que
el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo – antes acción
de grupo - sea procedente, debe verificarse la posibilidad de que la misma admita
una decisión unitaria de la controversia, lo que exige la existencia de aspectos de
hecho o de derecho que sean comunes entre los miembros del grupo 36. Ello no
significa que las situaciones particulares de los integrantes del grupo sean idénticas,
sino que exista un común denominador que se extienda a todos ellos y que se derive
del hecho lesivo del demandado.
Con todo, en una reciente decisión de la Subsección A de la Sección Tercera de
esta Corporación se concluyó que el grupo está debidamente constituido "si el
conjunto de personas que hacen parte del mismo tienen condiciones uniformes
respecto del hecho generador del daño y no de los demás elementos que conforman
la responsabilidad; por ende, si bien la causa generadora debe ser la misma para
todos los integrantes del grupo, el daño causado y las reparaciones concretas a
favor de cada uno de ellos pueden ser disímiles" 37. De esta manera, le
corresponderá al juez en cada caso valorar la existencia de una causa común que,
al ser compartida por todos los miembros del grupo, permita su resolución en una
misma providencia38.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de abril de 2007, radicado: 25000-23-25-
000-2002-00025-02.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 12 de julio de 2019, radicación:
66001-23-31-000-2017-00654-01(AG).
38 Sobre este punto, es pertinente señalar que la ley colombiana carece de cualquier dispositivo que
incorpore argumentos pragmáticos o casuísticos, como los que caracterizan las denominadas class
actions en el derecho norteamericano, reguladas por la Regla No. 23 - Rule 23 – de las Federal
Rules of Civil Procedure. A diferencia de ese sistema, en Colombia no existe referencia alguna a lo
que un sector de la doctrina ha denominado el litisconsorcio pragmático, criterio que en el modelo
estadounidense permite al juez evaluar con amplitud la procedencia de la acción grupal. Por el
contrario, la norma colombiana – Ley 472 de 1998 – define el contenido de la acción a partir de su
pretensión, que requiere una naturaleza indemnizatoria y, condiciona su procedencia a la existencia
de un daño sufrido por un grupo determinado de personas. No existe, pues, un catálogo fáctico –
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Pues bien, en el caso en concreto, se plantea como causa común generadora del
daño, la aplicación retrospectiva del cambio jurisprudencial fijado por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva mediante auto del 17 de abril de 201339, hecho
que – se alega – ocasionó a los miembros del grupo accionante i) una afectación a
los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso y ii) una
pérdida de la oportunidad de obtener el pago de la sanción moratoria, de haberse
estudiado su caso al amparo del precedente anterior. De esta forma, en el libelo
introductorio se indicaron los siguientes criterios para identificar el grupo:
“- Sostener la calidad de docente público o haberla sostenido.
• Haber solicitado las cesantías parciales.
• Que no se hayan cancelado las cesantías parciales o que se hayan pagado
tardíamente, generando así el derecho a reclamar la sanción moratoria.
• Haber iniciado proceso ejecutivo laboral reclamando el pago de la sanción moratoria
a que tienen derecho los docentes públicos por el no pago o pago tardío
de las cesantías parciales.
• Haber sufrido daños y/o perjuicios con ocasión al intempestivo y sorpresivo cambio
jurisprudencial materializado mediante auto con radicado 41001-31-05-001-2010-
00806-02 de la Sala Plena Especializada Civil, Familia, Laboral del
Tribunal Superior de Neiva.
• O Haber sufrido daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza intempestivo y
sorpresivo por cambio jurisprudencial materializado mediante auto con radicado
41001-31-05-001-2010-00806-02 de la Sala Plena Especializada Civil, Familia,
Laboral del Tribunal Superior de Neiva”.
Asimismo, respecto a la integración del grupo se observa que la demanda fue
presentada por 23 demandantes40. Posteriormente, mediante auto del 28 de
noviembre de 201641, el Tribunal Administrativo del Huila admitió al grupo 121
personas y se abstuvo de integrar otras 70. El grupo accionante presentó recurso
de reposición42 en contra de dicha decisión. En consecuencia, en el curso de la
audiencia de conciliación celebrada el 8 de marzo de 201743, el a quo repuso el
casuístico en Colombia que permita al juez aplicar criterios amplios de calificación o certificación de
la acción. Guayacán Ortíz, Juan Carlos. Las acciones populares y de grupo frente a las acciones
colectivas. Elementos para la integración del derecho latinoamericano. Universidad Externado de
Colombia 2015.
39 Fl. 2327 a 2348 C. 13. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Plena Especializada
de Decisión, Sala Civil Familia Laboral, auto del 17 de abril de 2013, Rad. 41001-31-05-001-2010-
00806-02, M.P.: Edgar Robles Ramírez. Demandante: William Yáñez Herrera. Demandado: la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
40 Fl. 1 a 21, C. 1.
41 Fl. 1472 a 1484, C. 8.
42 Fl. 1487 a 1492, C. 8.
43 Fl. 2171 a 2177, C. 11.
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anterior auto y dispuso integrar al grupo 67 personas más.
Ahora bien, se advierte que, contrario a lo manifestado en la demanda y a lo
considerado por el Tribunal Administrativo del Huila en la providencia de primera
instancia, la fuente de los daños alegados no es el auto del 17 de abril de 2013
proferido por la Sala Especializada Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva, sino cada una de las providencias de la jurisdicción ordinaria
laboral que aplicaron el criterio jurisprudencial fijado en el citado proveído y
resolvieron de forma concreta e individual, las demandas ejecutivas laborales
presentadas por los aquí accionantes. En efecto, fueron dichos proveídos los que
resolvieron desfavorablemente las pretensiones de los demandantes, lo cual, a su
juicio, les ocasionó afectaciones a los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, así como una pérdida de la oportunidad de obtener el
pago de la sanción moratoria.
De esta forma, no puede predicarse la existencia de una causa común generadora
del daño respecto a todas las providencias que aplicaron retrospectivamente el
criterio jurisprudencial fijado mediante auto del 17 de abril de 2013, pues cada
asunto litigioso goza de una identidad procesal y probatoria propia, de manera que,
no es posible emitir una decisión unitaria y uniforme frente a si las providencias
acusadas incurrieron en un error jurisdiccional al aplicar retrospectivamente dicho
precedente.
Al efecto, se advierte que las demandas ejecutivas que dieron origen a las
providencias de la jurisdicción ordinaria laboral acusadas de contener un error
judicial –proferidas entre los años 2012 y 2016-, fueron presentadas entre el 2010 y
2016, esto es, algunas con anterioridad y otras con posterioridad a que el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva profiriera el auto del 17 de abril de 2013. Por
lo cual, no es posible resolver de manera general y uniforme sobre si cada uno de
los proveídos acusados aplicó indebidamente el precedente fijado por el citado auto.
Más aún, se evidencia que tampoco se puede efectuar un cómputo de la caducidad
común y simultáneo frente a todos los miembros del grupo, pues este debe
contabilizarse respecto a cada una de las providencias judiciales atacadas, las
cuales, se reitera, fueron proferidas a lo largo de un periodo de cinco años.
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No obstante lo anterior, una vez valorados los documentos allegados al proceso, se
evidencia que las 33 personas que concurrieron al proceso ejecutivo laboral No.
2010-01069, sí tienen vocación para integrar el grupo demandante, en la medida en
que se acreditó la existencia de condiciones uniformes respecto a una causa común
generadora del daño, concretada en el auto proferido el 9 de abril de 2014, mediante
el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva ordenó la terminación del
proceso ejecutivo laboral promovido por ellos. En efecto, para acreditar el requisito
de existencia de condiciones frente a la causa común del daño, los mencionados
demandantes aportaron los siguientes documentos:
Pruebas que acreditan su vocación
Demandantes
como miembros del grupo actor:
1) Ariel Reinaldo Ramírez Yunda
2) Armando Bobadilla Carvajal
3) Essau Castellanos Bedoya
4) Eunice Triviño Chávez
5) Fabiola Pascuas Pascuas
6) Fidel Forero Yáñez
Proceso ejecutivo laboral 2010-01069:
7) Fredy García Cuetocue
i) acta de reparto, ii) mandamiento
8) Gloria María Bastos Valderrama
ejecutivo en favor de Gloria María
9) Gloria Elena Charry Charry
Bastos Valderrama, iii) solicitud de
10) Luz Marina Guataquira Moreno
acumulación de demandas ejecutivas,
11) Luz Mary Farfán Murcia
iv) auto del 3 de noviembre de 2011,
12) Marcy Julie Polania Perdomo
Juzgado Primero Laboral del Circuito
13) María del Rosario Pérez Galeano
de Neiva, v) Auto del 9 de abril de
14) María Dolly España de Bravo
2014, Tribunal Superior del Distrito
15) María Eugenia Martínez Gómez
Judicial de Neiva, Sala Tercera de
16) María Marleny Vargas Plazas
Decisión, y vi) resoluciones que
17) Martha Cecilia Buyucue Caviedes
reconocen cesantías parciales (Fl. 22
18) Nely Rodríguez Castellanos
a 200, C. 1.; Fl. 202 a 237, C.2.; Fl.
19) Orlando Villareal Sánchez
2560 a 2574, C.13.).
20) Patricia Ortiz Trujillo
21) Yeimy Hernández Valenzuela
En dicho proceso también fungieron
22) Israel Meneses
como demandantes Rosalba
23) Ludivia Díaz Quisaboni
Castañeda Fierro, Olga Lucía Tejada
24) María de Jesús Pulido Hernández
Suaza, Jenny Andrea Delgado y
25) Julio César Medina Hernández
Martha Patricia Díaz Suárez, quienes
26) Leyda Nury Quina Pillimue
no concurrieron al proceso sub
27) Catalina Rodríguez Gutiérrez
examine.
28) Mercy Trujillo de Trujillo
29) María Delcy Gómez Barrios
30) María Jeomar Beltrán Anacona
31) Sandra Milena Bustos Rojas
32) Elena Chávez Arcos
33) Nury Cristina Chavarro Mañosca
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Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
Según lo expuesto, se advierte que las 33 personas enlistadas en el cuadro que
antecede tienen vocación para integrar el grupo demandante, en la medida en que
se acreditó la existencia de condiciones uniformes respecto de la causa común
generadora del daño, concretada en el auto del 9 de abril de 2014, proferido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el cual, según se narra en la
demanda incurrió en un error jurisdiccional al aplicar retrospectivamente el criterio
jurisprudencial fijado por ese mismo tribunal mediante el auto del 17 de abril de
2013, circunstancia que alegan les ocasionó afectaciones al derecho al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, así como una pérdida de la
oportunidad de obtener el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías, de haberse estudiado su caso al amparo del precedente anterior.
No acontece lo mismo con el grupo de personas que a continuación se relacionan,
comoquiera que ninguna de las pruebas del proceso permitió establecer su
condición uniforme respecto de una causa común generadora del daño. En efecto,
frente a la mayoría de los demandantes, su proceso ejecutivo laboral fue resuelto
de manera individual e independiente. Asimismo, aunque algunos docentes
presentaron de manera conjunta las demandas ejecutivas laborales en las que se
profirieron las providencias acusadas, lo cierto es que en cada uno de dichos
procesos ejecutivos el número de demandantes no supera las 16 personas. De esta
forma, frente a los mencionados proveídos tampoco puede predicarse la existencia
de una causa común del daño con la entidad suficiente para conformar un grupo de
al menos 20 personas afectadas. En consecuencia, las personas que a continuación
se relacionan no mantienen una unidad de causa que permita decidir unitariamente
la controversia frente a ellas ni tienen vocación para conformar un grupo de al menos
20 personas:
Demandantes Procesos ejecutivos laborales
1) Ismael Rodrigo Guevara Barrios Apoderado judicial de los docentes
(abogado) que interpusieron las demandas
ejecutivas laborales (e.j. solicitud de
acumulación de demandas
ejecutivas presentada en el Proceso
ejecutivo laboral 2010-01069, Fl. 23 a
62, C.1).
2) María Cristina Moreno Hernández Proceso ejecutivo única instancia
2010-01125, Juzgado Primero
Municipal de Pequeñas Causas
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Laborales de Neiva: i) Acta individual
de reparto del 26 de mayo de 2010,
ii) demanda ejecutiva laboral, iii) Acta
de audiencia de resolución de
recurso de reposición, y iv)
resoluciones que reconocen
cesantías parciales (F. 239 a 244,
246 a 258, C. 2.).
3) Fredy Chavarro Cabrera Proceso ejecutivo laboral, 2011-
00251: i) acta de audiencia oral del
23 de mayo de 2013, Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de
Neiva, ii) auto admite apelación,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Primera de Decisión
(Fl. 595 a 600, C. 3.) y iii) acta
audiencia de decisión del 19 de
marzo de 2014, Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva (Fl. 603 a
607, C. 4.).
4) Efraín Burbano Cleves Proceso ejecutivo laboral 2015-
00079: Autos del 23 de junio de 2015
y 7 de 2015, Juzgado Segundo
Promiscuo del Circuito de La Plata
(Fl. 609 a 612, C. 4.).
5) Ciro Vargas Garzón Proceso ejecutivo laboral 2015-
00399: Autos del 26 de junio de 2015
y 12 de febrero de 2016, Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de
Neiva (Fl. 613 a 619, C.4.).
6) Isabel Cristina Rivas Aquite Proceso ejecutivo laboral 2015-
00444: i) auto del 6 de mayo de 2015,
Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Neiva (Fl. 2604 a 2605, C. 13.), y
ii) Auto del 18 de febrero de 2016,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Primera de Decisión
(Fl. 620 a 625, C.4.).
7) Jair Antonio Alvarado Padilla Proceso ejecutivo laboral 2015-
00056: i) auto del 10 de septiembre
de 2015, Juzgado Primero
Promiscuo del Circuito La Plata (Fl.
2230 a 2232, C. 12.), y ii) auto del 17
de febrero de 2016, Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva, Sala
Quinta de Decisión (Fl. 627 a 634,
C.4.).
8) Lilia Constanza Portela Medina Proceso ejecutivo laboral 2015-
00524: i) acta de reparto, y ii) auto del
24 de junio de 2015, Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de
Neiva (Fl. 636 a 639, C.4.).
9) María Mercedes León Delgado Proceso ejecutivo laboral 2015-
00655: i) acta de reparto, ii) auto del
5 de junio de 2015, Juzgado Tercero
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Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
Laboral del Circuito de Neiva, y iii)
auto del 17 de febrero de 2016,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Quinta de Decisión
(Fl. 640 a 652, C. 4.).
10) Luz Mery Sánchez Cuellar Proceso ejecutivo laboral 2015-
00652: i) acta de reparto, ii) auto del
5 de junio de 2015, Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Neiva, y iii)
auto del 17 de febrero de 2016,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Quinta de Decisión
(Fl. 653 a 663, C. 4.).
11) José Alberto Castro Tamayo Proceso ejecutivo laboral 2015-
00523: i) acta de reparto, ii) auto del
26 de mayo de 2015, Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Neiva
(Fl. 2423 a 2427, C. 13.), iii) auto del
15 de marzo de 2016, Tribunal
Superior del Distrito Judicial de
Neiva, Sala Segunda de Decisión (Fl.
664 a 671, C. 4.).
12) Diego Edisson Olaya Díaz Proceso ejecutivo laboral 2015-
00522: i) acta de reparto, y ii) auto del
23 de junio de 2015, Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de
Neiva (Fl. 672 a 676, C. 4.).
13) María Viela Lozano Proceso ejecutivo laboral 2015-
00427: i) acta de reparto, y ii) auto del
30 de junio de 2015, Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de
Neiva (Fl. 677 a 681, C. 4.).
14) Mauricio Penagos Proceso ejecutivo laboral 2015-
00448: i) acta de reparto, ii) auto del
26 de mayo de 2015, Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Neiva
(Fl. 2520 a 2524, C. 13.), y iii) auto
del 15 de marzo de 2016, Tribunal
Superior del Distrito Judicial de
Neiva, Sala Segunda de Decisión (Fl.
682 a 689, C. 4.).
15) Alirio Delgado Murcia Proceso ejecutivo laboral 2015-
00628: i) auto del 5 de junio de 2015,
Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Neiva (Fl. 2693 a 2694, C. 13.), ii)
auto del 15 de marzo de 2016,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Segunda de Decisión
(Fl. 690 a 695, C. 4.).
16) Alba Lucía Quintero Duque Proceso ejecutivo laboral 2015-
01091: Autos del 12 de abril y 19 de
mayo de 2016, Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Neiva (Fl. 696
a 702, C. 4.).
23
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
17) Lino del Carmen Rojas Suárez Proceso ejecutivo laboral 2015-
00522: i) acta de reparto, ii) auto del
26 de mayo de 2015, Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Neiva
(Fl. 703 a 708, C. 4.).
Proceso ejecutivo laboral 2015-
00379: i) acta de reparto y ii) auto del
12 de febrero de 2016, Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Neiva
(Fl. 709 a 711, C. 4.).
18) Yaneth Rojas Vargas Proceso ejecutivo laboral 2012-
00475: i) acta de reparto, y ii) auto del
6 de mayo de 2013, Juzgado Tercero
Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Neiva (Fl. 712 a 717, C.
4.).
19) Consuelo Pérez Clavijo Proceso ejecutivo laboral 2015-
00242: i) auto del 15 de abril de 2015,
Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Neiva (Fl. 2618 a 2619, C. 13.), y
ii) auto del 4 de febrero de 2016,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Primera de Decisión
(Fl. 712 a 724, C. 4.).
20) Inés del Rosario Vega Revollo Proceso ejecutivo laboral 2015-
00449/2014-444: i) auto del 6 de
mayo de 2015, Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
2606 a 2607, C. 13.), y ii) auto del 24
de febrero de 2016, Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva (Fl. 725
a 732, C. 4.).
21) Lía Evelyn Ribón Castañeda Proceso ejecutivo laboral 2015-
00474: i) auto del 12 de mayo de
2015, Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Neiva (Fl. 2691 a 2692, C.
13.), y ii) auto del 15 de marzo de
2016, Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva, Sala Tercera de
Decisión (Fl. 733 a 738, C. 4.).
22) Luz Mery Tovar Rojas Proceso ejecutivo laboral 2015-
00428: i) acta de reparto y ii) auto del
30 de junio de 2015, Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de
Neiva (Fl. 742 a 746, C. 4.).
23) Fabiola Tovar Rojas Proceso ejecutivo laboral 2015-
00654: i) acta de reparto, ii) autos del
5 de junio y 29 de septiembre de
2015, Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Neiva, iii) auto del 13 de
octubre de 2015, Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva (Fl. 747
a 763, C. 4.).
24
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
24) Diana Fernanda Manrique Proceso ejecutivo laboral 2012-
Quimbaya 00577: acta audiencia de decisión del
19 de marzo de 2014, Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva
(Fl. 603 a 607, C. 4.)
25) Nury Guzmán Sánchez Proceso ejecutivo laboral 2015-
26) Martha Rocío David Fierro 00980: i) acta de reparto, ii) auto del
7 de septiembre de 2015, Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de
Neiva, y iii) auto del 17 de febrero de
2016, Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva (Fl. 772 a 784, C.
4.).
27) Carmen Ruth Rojas Forero Proceso ejecutivo laboral 2012-
00193: i) acta de audiencia de
decisión del 26 de noviembre de
2012, Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Neiva (Fl. 2411 a 2415, C.
13.), y ii) acta audiencia de decisión
del 30 de octubre de 2013, Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva
(Fl. 785 a 789, C. 4.).
28) Alba Luz Hernández Quintero Proceso ejecutivo laboral 2015-
00057: Autos del 27 de mayo y 11 de
junio de 2015, Juzgado Segundo
Promiscuo del Circuito de la Plata (Fl.
790 a 793, C. 4.)
29) Aleidy Lozano Castro Proceso ejecutivo laboral 2015-
00087: Autos del 18 de junio y 13 de
julio de 2015, Juzgado Único Laboral
de Pitalito, y ii) auto del 15 de marzo
de 2016 (Fl. 794 a 804, C. 4.; Fl. 2250
a 2255, C. 12).
30) Ana Ruth Medina Quintero Proceso ejecutivo laboral 2015-
00525: i) auto del 26 de mayo de
2015, Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Neiva (Fl. 2450-2454, C.
13.), y ii) auto del 18 de marzo de
2016, Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva (Fl. 807 a 814, C.
5.).
31) Blanca Ligia Botello Aguirre Proceso ejecutivo laboral 2015-
00429: auto del 30 de junio de 2015,
Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Neiva (Fl. 815 a 819, C.
5.).
32) Carlos Alberto Aroca Perdomo Proceso ejecutivo laboral 2013-407:
Acta de audiencia especial, 23 de
septiembre de 2013. Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Neiva
(Fl. 820 a 823, C. 5.)
33) Carmen Elisa Díaz Carabaly Proceso ejecutivo laboral 2015-
00129: Auto del 17 de febrero de
2016, Tribunal Superior del Distrito
25
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
Judicial de Neiva (Fl. 824 a 831, C.
5.)
34) Carmen Rita Chávez Fajardo Proceso ejecutivo laboral 2015-
35) Doris Guaca 00199: Autos del 27 de noviembre de
2015 y 5 de febrero de 2016.
Juzgado Único Laboral del Circuito
de Pitalito (Fl. 832 a 840, C. 5.)
36) Dora Lilia Gallego Fernández Proceso ejecutivo laboral 2013-
00227: i) Auto del 2 de mayo de 2013,
Juzgado Tercero Laboral del Circuito
de Neiva (Fl. 2374 a 2378, C. 12.), y
ii) auto del 31 de enero de 2014,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Segunda de Decisión
(Fl. 841 a 847, C. 5.).
37) Edna María Giraldo Morales Proceso ejecutivo laboral 2012-
00553: i) acta de audiencia oral, 27
de mayo de 2013, Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Neiva, y ii)
Acta de audiencia, sin fecha, Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva
(Fl. 848 a 853, C. 5.).
38) Elizabeth Salazar Díaz Proceso ejecutivo laboral 2015-
00075: i) Auto del 9 de septiembre de
2015, Juzgado Primero Promiscuo
del Circuito de La Plata, Huila (Fl.
2214 a 2216, C. 12.), y ii) Auto del 17
de febrero de 2016, Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva (Fl. 854
a 861, C. 5.).
39) Elsa Juliana Sánchez Jara Proceso ejecutivo laboral 2015-
00058: Autos del 27 de mayo y 11 de
junio de 2015, Juzgado Segundo
Promiscuo del Circuito de la Plata (Fl.
862 a 865, C. 5.).
40) Gladys Bahamón Lugo Proceso ejecutivo laboral 2015-
00204: i) auto del 15 de abril de 2015,
Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Neiva (Fl. 2622 a 2623, C. 13.), y
ii) auto del 15 de marzo de 2016,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Tercera de Decisión
Judicial (Fl. 866 a 871, C. 5.).
41) Jeison Martínez Montealegre Proceso ejecutivo laboral 2015-
00443: i) auto del 26 de mayo de
2015, Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Neiva, y ii) auto del 17 de
febrero de 2016, Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva (Fl. 872
a 885, C. 5.).
42) Leonor Esguerra Marciales Proceso ejecutivo laboral 2012-
00053: i) oficio dirigido al Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Neiva
(Fl. 1425, C. 8.), y ii) acta de
audiencia oral No. 106-13 del 20 de
26
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
noviembre de 2013, Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva
(Fl. 2668 a 2670, C. 13.).
43) María Clara Paredes Muñoz Proceso ejecutivo laboral 2015-
00418: i) acta de reparto, y ii) auto del
30 de junio de 2015, Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de
Neiva (Fl. 886 a 890, C. 5.).
44) Martha Adela González Ortiz Proceso ejecutivo laboral 2015-
00088: i) auto del 18 de junio y 13 de
julio de 2015, Juzgado Único Laboral
del Circuito de Pitalito (Fl. 891 a 901,
C. 5.), y ii) Auto del 19 de diciembre
de 2016, Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva (Fl. 2264 a
2274, C. 12.).
45) Mauricio Salgado Sánchez Proceso ejecutivo laboral 2015-
00415: i) auto del 5 de mayo de 2015,
Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Neiva (Fl. 2614 a 2615, C. 13.), y
ii) auto del 18 de marzo de 2016,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Segunda de Decisión
(Fl. 902 a 907, C. 5.).
46) Nancy Perdomo Proceso ejecutivo laboral 2015-
00059: Autos del 27 de mayo y 11 de
junio de 2015, Juzgado Segundo
Promiscuo del Circuito de La Plata
(Fl. 914 a 917, C. 5.).
47) Raquel Betulia Gómez Villota Proceso ejecutivo laboral 2015-
00419: i) auto del 5 de mayo de 2015,
Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Neiva (Fl. 2616 a 2617, C. 13.), y
ii) auto del 18 de marzo de 2016,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Segunda de Decisión
(Fl. 918 a 923, C. 5.).
48) Rosalba Márquez Bolívar Proceso ejecutivo laboral 2015-
00606: Auto del 11 de febrero de
2016, Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Neiva (Fl. 924 a 928, C.
5.).
49) Teresa de Jesús Leiva Aguirre Proceso ejecutivo laboral 2015-
00240: Auto del 17 de febrero de
2016, Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva (Fl. 929 a 939, C.
5.).
50) Yanira Barragán Losada Proceso ejecutivo laboral 2015-
00061: Autos del 27 de mayo y 11 de
junio de 2015, Juzgado Segundo
Promiscuo del Circuito de La Plata
(Fl. 935 a 938, C. 5.).
51) Gloria Elcy Paredes Córdoba Proceso ejecutivo laboral 2015-
00233: i) acta de reparto, y ii) auto del
3 de junio de 2015, Juzgado
27
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
Segundo Laboral del Circuito de
Neiva (Fl. 939 a 943, C. 5.).
52) Lucy Castro Villalba Proceso ejecutivo laboral 2015-
00078: Autos del 23 de junio y 7 de
julio de 2015, Juzgado Segundo
Promiscuo del Circuito de La Plata
(Fl. 944 a 947, C. 5.).
53) Saen Mercedes Mañosca Guaraca Proceso ejecutivo laboral 2015-
00062: Autos del 27 de mayo y 11 de
junio de 2015, Juzgado Segundo
Promiscuo del Circuito de La Plata
(Fl. 948 a 951, C. 5.).
54) Zally María Paternina Amaya Proceso ejecutivo laboral 2015-
00400: i) acta de reparto, y ii) auto del
26 de junio de 2015, Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de
Neiva (Fl. 952 a 957, C. 5.).
55) Álvaro Cano Penagos Proceso ejecutivo laboral 2015-
00525: i) acta de reparto, y ii) auto del
23 de junio de 2015, Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de
Neiva (Fl. 959 a 962, C. 5.).
56) Ana Ederleth Matiz Polo Proceso ejecutivo laboral 2013-
00332: i) acta de reparto, ii) auto del
7 de junio de 2013, Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Neiva, y iii)
auto del 27 de febrero de 2014,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Tercera de Decisión
(Fl. 963 a 969, C. 5.).
57) Clara Inés Buenaventura Cruz Proceso ejecutivo laboral 2011-
00929: Acta de audiencia de decisión
del 27 de noviembre 2013, Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva
(Fl. 970 a 976, C. 5.).
58) José Joaquín Puentes Manrique Proceso ejecutivo laboral 2012-
00448: i) acta de reparto, y ii) auto del
23 de agosto de 2012, Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva
(Fl. 977 a 984, C. 5.).
59) María del Rosario Méndez Carrillo Proceso ejecutivo laboral 2012-218:
i) acta de reparto y ii) acta de
audiencia especial del 29 de agosto
de 2013, Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Neiva (Fl. 985 a 987,
C. 5).
60) Marina Javela Pérez Proceso ejecutivo laboral 2012-
00283: i) acta de reparto, y ii) acta de
audiencia que resuelve excepciones
de fondo del 17 de mayo de 2013,
Juzgado Tercero Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de
Neiva (Fl. 988 a 1004, C. 5.).
61) Oscar Rafael España López Proceso ejecutivo laboral 2011-
01000: i) acta de audiencia pública
28
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
del 26 de noviembre de 2012,
Juzgado Tercero Laboral del Circuito
de Neiva (F. 2444 a 2448, C. 13.), y
ii) auto del 3 de julio de 2013, Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva
(Fl. 1007 a 1019, C. 6.).
62) Jesús Hernando González García Proceso ejecutivo laboral 2011-
00722: i) auto del 22 de noviembre de
2011, Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Neiva (Fl. 2671 a 2672, C.
13.), y ii) auto del 9 de julio de 2013,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Segunda de Decisión
(Fl. 1020 a 1028, C. 6.).
63) Marina Correa Blanco Proceso ejecutivo laboral 2012-
00502: i) acta de reparto, y ii) auto del
24 de septiembre de 2013, Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de
Neiva (Fl. 1029 a 1032, C. 6.).
64) Yamileth Ariza Erazo Proceso ejecutivo laboral 2012-
00265: Acta de realización de
audiencia del 19 de noviembre de
2013, Juzgado Único Laboral del
Circuito de Pitalito (Fl. 1033 a 1034,
C. 6.).
65) Félix Antonio Ariza Coy Proceso ejecutivo laboral 2015-
00086: i) Autos del 18 de junio y 13
de julio de 2015, Juzgado Único
Laboral del Circuito de Pitalito (Fl.
1035 a 1045, C. 6.), y ii) auto del 17
de febrero de 2016, Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva (Fl. 2244
a 2259, C. 12.).
66) Carolina Perez Quimbaya Proceso ejecutivo laboral 2011-
00385: Acta de audiencia que
resuelve excepciones de fondo del
24 de abril de 2013, Juzgado Tercero
Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Neiva (Fl. 1046 a 1062,
C. 6.).
67) Constanza Artunduaga Cruz Proceso ejecutivo laboral 2012-
00285: i) acta de audiencia que
resuelve excepciones de fondo del
26 de noviembre de 2012, Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de
Neiva, y ii) acta de audiencia de
decisión del 13 de noviembre de
2013, Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva (Fl. 1063 a 1074, C.
6.).
Proceso ejecutivo laboral 2015-930:
i) acta de reparto, ii) auto del 28 de
agosto de 2015, Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Neiva (Fl. 739
a 741, C. 4.), y iii) resoluciones
29
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
68) Leyda Nury Quina Pillimue (segundo mediante las cuales se reconocen
proceso ejecutivo)44 cesantías parciales a Luz Dary
69) Luz Dary Hernández Valenzuela Hernández Valenzuela (Fl. 1530 y
70) Catalina Rodríguez Gutiérrez 1531, C. 8.).
(segundo proceso ejecutivo)44
71) María Delcy Gómez Barrios En dicho proceso también fungió
(segundo proceso ejecutivo)44 como demandante Rosalba
72) Sandra Milena Camacho Joven Castañeda Fierro, quien no concurrió
73) Sandra Milena Bustos Rojas al proceso sub examine.
(segundo proceso ejecutivo)44
74) Crisanto Gutiérrez Méndez Proceso ejecutivo laboral 2013-
00134: i) Acta de reparto, y ii) auto del
24 de septiembre de 2013, Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de
Neiva (C. 6., Fl. 1075 a 1078.).
75) Doris Guevara Perdomo Proceso ejecutivo laboral 2011-
01049: i) acta de audiencia del 21 de
enero de 2013, Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
2505 a 2506, C. 13.), y ii) acta de
audiencia del 25 de marzo de 2014,
Tribunal Superior del Circuito Judicial
de Neiva (Fl. 1079 a 1087, C. 6.)
76) Nury Cristina Chavarro Mañosca Proceso ejecutivo laboral 2015-
(segundo proceso ejecutivo)45 00600: i) Acta de reparto, y ii) Auto
del 26 de junio de 2015, Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de
Neiva (Fl. 1088 a 1092, C. 6.).
77) Ana Liber España Carvajal Proceso ejecutivo laboral 2013-101:
Acta de audiencia especial del 12 de
junio de 2013, Juzgado Primero
Laboral del Circuito (Fl. 1093 a 1100,
C. 6.).
78) Marlon Vladimir Téllez Murcia Proceso ejecutivo laboral 2013-0300:
Auto del 30 de mayo de 2013,
Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Neiva (Fl. 1101 a 1102, C. 6.)
79) Fulvia Beltrán León Proceso ejecutivo laboral 2012-
00856: i) Actas de reparto, y ii) Auto
del 29 de julio de 2013, Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de
Neiva (Fl. 1103 a 1108, C. 6.).
80) Jesús Enrique Monje Bonilla Proceso ejecutivo laboral 2012-
00255: Acta de audiencia de decisión
del 21 de agosto de 2013, Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva
(Fl. 1109 a 1111, C. 6.).
44 Leyda Nury Quina Pillimue, Catalina Rodríguez Gutiérrez, María Delcy Gómez Barrios y Sandra
Milena Bustos Rojas también fungieron como demandantes en el proceso ejecutivo laboral No. 2010-
01069.
45 Nury Cristina Chavarro Mañosca también fungió como demandantes en el proceso ejecutivo
laboral No. 2010-01069.
30
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
81) Elena Chávez Arcos (segundo Proceso ejecutivo laboral 2015-
proceso ejecutivo)46 00200: Autos del 27 de noviembre de
82) María Jeomar Beltrán Anacona 2015 y 5 de febrero de 2016,
(segundo proceso ejecutivo)46 Juzgado Único Laboral del Circuito
de Pitalito (Fl. 1112 a 1120, C. 6.).
83) Gloria Álvarez Díaz Proceso ejecutivo laboral 2015-
00077: Autos del 12 de junio y 3 de
julio de 2015, Juzgado Segundo
Promiscuo del Circuito de La Plata
(Fl. 1121 a 1124, C. 6.).
84) Fanny Gutiérrez Anturi Proceso ejecutivo laboral 2015-
00398: i) acta de reparto, y ii) auto del
26 de junio de 2015, Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de
Neiva (Fl. 1126 a 1129, C. 6.).
85) Dora Rodríguez Zúñiga Proceso ejecutivo laboral 2013-
00402: auto del 5 de septiembre de
2013, Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Neiva (Fl. 1130 a 1135, C.
6.).
86) Sandra Jhovanna Bello Gutiérrez Proceso ejecutivo laboral 2012-0531:
Acta de audiencia del 13 de
noviembre de 2014, Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
1136 a 1137, C. 6.).
87) Sandra Patricia Tafur González Proceso ejecutivo laboral 2010-
001171: Auto del 16 de abril de 2013,
Juzgado Tercero Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de
Neiva (Fl. 2390 a 2399, C. 12.).
88) Robinson Granada Aguilar Proceso ejecutivo laboral 2010-
01279: Auto del 16 de mayo de 2013,
Juzgado Tercero Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de
Neiva (Fl. 1147 a 1154, C. 6.).
89) Blanca Imelda Ortiz Ocampo Proceso ejecutivo laboral 2015-
00095: Auto del 8 de abril de 2016,
Juzgado Primero Promiscuo del
Circuito de La Plata (Fl. 1155 a 1157,
C. 6.).
90) Sara Rita Castañeda Díaz Proceso ejecutivo laboral 2013-
00334: i) actas de reparto, y ii) Auto
del 5 de diciembre de 2013, Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Neiva
(Fl. 1158 a 1164, C. 6.).
91) Claudia Patricia Guarnizo Perdomo Proceso ejecutivo laboral 2011-
00832: i) acta de audiencia del 30 de
enero de 2013, Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
2680 a 2684, C 13.), y ii) acta de
audiencia del 19 de noviembre de
2014, Tribunal Superior del Distrito
46 Elena Chávez Arcos y María Jeomar Beltrán Anacona también fungieron como demandantes en
el proceso ejecutivo laboral No. 2010-01069.
31
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
Judicial de Neiva, Sala Primera de
Decisión (Fl. 1165 a 1167, C. 6.).
92) Armando Macias Contreras Proceso ejecutivo laboral 2013-
00151: Auto del 17 de mayo de 2013,
Juzgado Tercero Laboral del Circuito
de Neiva (Fl. 1168 a 1171, C. 6.)
93) Consuelo Méndez Barrios Proceso ejecutivo laboral 2012-
00486: Auto del 4 de febrero de 2014,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva (Fl. 1176 a 1186, C. 6.)
94) Carmen Ligia Bobadilla Moreno Proceso ejecutivo laboral 2013-
00306: Acta de audiencia del 25 de
noviembre de 2013, Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
1187 a 1188, C. 6.)
95) Elmer Herrera Cuellar Proceso ejecutivo laboral 2013-
00146: Auto del 17 de mayo de 2013,
Juzgado Primero Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de
Neiva (Fl. 1189 a 1192, C. 6.)
96) Carmen Nayibe Beltrán Cubides Proceso ejecutivo laboral 2012-0047:
Acta de audiencia del 25 de abril de
2013, Juzgado Tercero Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de
Neiva (Fl. 1201 a 1220, C. 7.)
97) Angelica Rocío Valbuena Proceso ejecutivo laboral 2015–
Bohórquez 00212: i) Auto del 15 de abril de 2015,
Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Neiva (Fl. 2628 a 2629, C. 13.), y
ii) Auto del 17 de febrero de 2016,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Primera de Decisión
(Fl. 1221 a 1227, C. 7.).
98) Luis Eliecer González Lara Proceso ejecutivo laboral 2012-
00447: i) Acta de reparto, y ii) Auto
del 24 de septiembre de 2013,
Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Neiva (Fl. 1228 a 1231, C.
7.).
99) Luis Enrique Leiva Melo Proceso ejecutivo laboral 2015-
261/2015-00227: i) Auto del 15 de
abril de 2015, Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
2612 a 2613, C.13.), y ii) Auto del 24
de febrero de 2016, Tribunal Superior
del Distrito de Neiva, Sala Quinta de
Decisión (Fl. 1232 a 1238, C. 7.).
100) Malka Irina Arciniegas Jaramillo Proceso ejecutivo laboral 2015-
00449: i) Acta de reparto, ii) auto del
26 de mayo de 2015, Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de
Neiva, y iii) auto del 24 de febrero de
2016, Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva (Fl. 1239 a 1248, C.
7.).
32
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
101) Magda Liliana Vargas Proceso ejecutivo laboral 2010-870:
Fernández Acta de audiencia especial del 16 de
octubre de 2013, Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
1249 a 1257, C. 7.).
102) Neyfi Quesada Sepúlveda Proceso ejecutivo laboral 2015-
00447: i) acta de reparto, ii) auto del
26 de mayo de 2015, Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de
Neiva, y iii) auto del 17 de febrero de
2016, Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva (Fl. 1258 a 1270, C.
7.).
103) María Amira Cangrejo Rújeles Proceso ejecutivo laboral 2011-
00930: i) auto del 22 de noviembre de
2011, Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Neiva (Fl. 2685 a 2686, C.
13.), y ii) acta de audiencia de
decisión del 17 de mayo de 2013,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Cuarta de Decisión
(Fl. 1271 a 1283, C. 7.).
104) Jaime Flórez Dussan Proceso ejecutivo laboral 2015-
00479: i) Auto del 12 de mayo de
2015, Juzgado Primero del Circuito
de Neiva (Fl. 2697 a 2698, C. 13.), y
ii) Auto del 15 de marzo de 2016,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Tercera de Decisión
Civil (Fl. 1284 a 1289, C. 7.).
105) Héctor García Ramírez Proceso ejecutivo laboral 2015-
00653: i) Acta de reparto, ii) Auto del
5 de junio de 2015, Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Neiva, y iii)
Auto del 24 de febrero de 2016,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva (Fl. 1290 a 1300, C. 7.).
106) Aura Luisa Sterling Álvarez Proceso ejecutivo laboral 2011-
00925: Acta de audiencia de decisión
del 17 de mayo de 2013, Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva
(Fl. 1301 a 1312, C. 7.).
107) Fabiola Javela Pérez Proceso ejecutivo laboral 2012-454:
Acta de audiencia especial del 5 de
junio de 2013, Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
1313 a 1315, C. 7.).
108) Laura Celia González Calderón Proceso ejecutivo laboral 2010-1103:
Acta de audiencia especial del 16 de
septiembre de 2013, Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Neiva
(Fl. 1316 a 1317, C. 7.).
109) José Bolívar Ramos Parra Proceso ejecutivo laboral 2015-
00519: i) Auto del 2 de junio de 2015,
Juzgado Primero Laboral del Circuito
33
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
de Neiva (Fl. 2602, C. 13.), y ii) auto
del 15 de marzo de 2015, Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva
(Fl. 1318 a 1325, C. 7.).
110) Luz Aura Cerquera Medina Proceso ejecutivo laboral 2015-
00109: Autos del 13 de agosto y 2 de
septiembre de 2015, Juzgado
Segundo Promiscuo del Circuito de
La Plata (Fl. 1326 a 1330, C. 7.).
111) Andrea Carolina Lozano Prada Proceso ejecutivo laboral 2015-
00108: i) Auto del 31 de agosto de
2015 del Juzgado Segundo
Promiscuo del Circuito de La Plata
(Fl. 1331 a 1336, C. 7.), y ii) auto del
21 de junio de 2016, Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva
(Fl. 2256 a 2259, C. 12).
112) Aracelly Vélez Parra Proceso ejecutivo laboral 2011-829:
i) Acta de reparto y ii) Acta de
audiencia especial del 12 de junio de
2013, Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Neiva (Fl. 1337 a 1336, C.
7.).
113) Carlos Miguel Roa Perdomo Proceso ejecutivo laboral 2015-
00089: i) Autos del 18 de junio y 13
de julio de 2015 del Juzgado Único
Laboral del Circuito de Pitalito (Fl.
1343 a 1353, C. 7.), y ii) Auto del 13
de diciembre de 2016, Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva
(Fl. 2260 a 2263, C.12.).
114) Dora Nirsa Sepúlveda Ortiz Proceso ejecutivo laboral 2015-
00627: i) auto del 5 de junio de 2015,
Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Neiva (Fl. 2689 a 2690, C. 13.), y
ii) auto del 21 de junio de 2016,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Cuarta de Decisión
(Fl. 1354 a 1357, C. 7.).
115) Edgar Valderrama Rivera Proceso ejecutivo laboral 2012-
00354: auto del 3 de mayo de 2013,
Juzgado Tercero Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de
Neiva (Fl. 1358 a 1361, C. 7.).
116) Heiver Cardozo Díaz Proceso ejecutivo laboral 2012-
00113: i) acta de reparto, y ii) acta de
audiencia que resuelve excepciones
de fondo del 30 de abril de 2013,
Juzgado Tercero Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de
Neiva (Fl. 1362 a 1380, C. 7.).
117) Maribel Polania Rojas Proceso ejecutivo laboral 2015-
000096: Auto del 20 de junio de
2016, Juzgado Primero Promiscuo
34
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
del Circuito de La Plata (Fl. 1381 a
1385, C. 7.)
118) Marley Toledo Vásquez Proceso ejecutivo laboral 2011-
00965: Acta de audiencia del 17 de
mayo de 2013, Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva, Sala
Cuarta de Decisión (Fl 2654 a 2665,
C. 13.)
119) Martha Isabel Rojas Ruiz Proceso ejecutivo laboral 2015 –
00629: i) Auto del 5 de junio de 2015,
Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Neiva (Fl. 2687 a 2688, C. 13.), y
ii) Auto del 18 de marzo de 2016,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Segunda de Decisión
(Fl. 1400 a 1405, C. 8.).
120) Pablo Isidro Murcia Molina Proceso ejecutivo laboral 2012-
00645: Acta de audiencia de trámite
y fallo del 26 de marzo de 2014,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva (Fl. 1196 a 1999, C. 6.).
121) William Alexis Peña Riviera Proceso ejecutivo laboral 2013-
00431: i) Acta de reparto, y ii) auto del
5 de septiembre de 2013, Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Neiva
(Fl. 1406 a 1412, C. 8.).
122) Jorge Humberto Jiménez Proceso ejecutivo laboral 2013-
Pedreros 00064: i) Actas de reparto, y ii) Auto
del 12 de septiembre de 2013,
Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Neiva (Fl. 1413 a 1417, C.
8.).
123) Giraldo Solorzano Castro Proceso ejecutivo laboral 2012-
00535: i) Acta de reparto del Juzgado
Primero de Pequeñas Causas
Laborales de Neiva, demanda
ejecutiva laboral, ii) resoluciones
mediante las cuales se reconocen
cesantías parciales (Fl. 1493 a 1504,
C. 8.), y iii) auto del 14 de mayo de
2013, Juzgado Primero Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de
Neiva (Fl. 2417 a 2421, C. 13.).
124) Lucero Osorio Ardila Proceso ejecutivo laboral 2012-
00316: i) Acta de reparto del Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de
Neiva, ii) demanda ejecutiva laboral,
iii) resoluciones mediante las cuales
se reconocen cesantías parciales (Fl.
1505 a 1516, C. 8.), y iv) acta de
audiencia oral No. 0082 del 9 de
mayo de 2013, Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
2456 a 2457, C. 13.).
35
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
125) Gloria María Vargas Salas Proceso ejecutivo laboral 2016-
126) Luz Dary Hernández Valenzuela 00206: i) acta de reparto del Juzgado
(segundo proceso ejecutivo)47 Tercero Laboral del Circuito de
Neiva, ii) demanda ejecutiva laboral,
iii) resoluciones mediante las cuales
se reconocen cesantías parciales (Fl.
1517 a 1527, C. 8.), y iv) autos del 18
de abril de 2016 y 15 de septiembre
2016, Juzgado Tercero Laboral del
Circuito (Fl. 2363 a 2366, C. 12.).
En dicho proceso tambien fungieron
como demandantes Yolanda
Saavedra Córdoba y Luis Alberto
Zambrano Bermeo. No obstante, el
primero no concurrió al proceso sub
examine y frente al segundo el
tribunal se abstuvo de integrarlo al
grupo demandante (Fl. 2171, C. 12).
127) Dalila Roa Polanco Proceso ejecutivo laboral 2015-
00534: i) escrito de adecuación de
demanda, ii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1533 a 1539, C. 8), y iii) auto del 1 de
abril de 2016, Juzgado Tercero
Laboral del Circuito (Fl. 2477 a 2478,
C. 13.).
Acta de reparto, demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho,
Juzgado Primero Administrativo Oral
de Neiva (Fl. 1532, C. 8).
128) Getulio Avilés Avilés Proceso ejecutivo laboral 2015-
00234: i) adecuación demanda
ejecutiva (Fl. 2159 a 2163, C. 11) y ii)
auto del 4 de abril de 2016, Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Neiva
(Fl. 2380 a 2381, C. 12.).
Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho -sin
radicado-: i) acta de reparto, Juzgado
Cuarto Administrativo Oral de Neiva,
ii) demanda, y iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1540 a 1554, C. 8),
129) Sofía Mosquera Mosquera Proceso ejecutivo laboral 2015-
00524: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1555 a 1565, C. 8), y iii) auto del 26
de mayo de 2016, Juzgado Tercero
47 Luz Dary Hernández Valenzuela también fungió como demandante en el proceso ejecutivo laboral
No. 2015-930.
36
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
2459 a 2463, C. 13.).
130) Mercedes Ramos Sánchez Proceso ejecutivo laboral 2013–
00313: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1566 a 1577, C. 8), y iv) auto del 28
de enero de 2014, Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
2383 a 2387, C. 12.).
131) Eduardo Sánchez Cruz Proceso ejecutivo laboral 2015 -
00499: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1578 a 1587, C. 8.), y iv) auto del 26
de mayo de 2015, Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
2368 a 2372, C. 12.).
132) Vicente Armando Almeida Proceso ejecutivo laboral 2012–
Cabrera 00252: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1588 a 1599, C. 8), y iv) acta de
audiencia de decisión sobre las
excepciones del 26 de noviembre de
2012, Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Neiva (Fl. 2429 a 2433, C.
13.).
133) Luz Elida Trujillo Jojoa Proceso ejecutivo laboral 2011-
01051: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1602 a 1613, C. 9), y iv) acta de
audiencia pública del 21 de enero de
2013, Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Neiva (Fl. 2480 a 2485, C.
13.).
134) Carlos Fernando Gutiérrez Proceso ejecutivo -sin número de
Rivera radicado-: i) acta individual de reparto
135) Carmenza Tovar Gómez del 26 de agosto de 2015, Juzgado
136) Doris Cleves Calderón Segundo Laboral del Circuito de
137) Doris Vera Huege Neiva (Fl. 1614, C. 9.), ii) demanda
138) Ederleth Serrano Ochoa Ejecutiva Laboral (Fl. 1615 a 1624, C.
139) Fabio Alberto Medina 9.), y iii) resoluciones que reconocen
140) Gentil Quimbaya García cesantías parciales (Fl. 1625 a 1672,
141) Hariel Castrellón Alvira C. 9.).
142) Jairo Motta Enciso
143) Julio César Medina Hernández En dicho proceso también fungieron
(segundo proceso ejecutivo)48 como demandantes Didier Antonio
144) Luis Alfredo Cardona Cristancho Trujillo Méndez y Jhon Smith
145) Paola Andrea Moyano Vanegas Manjarrez Quintero. No obstante, el
146) Reinel Huelgos González primero no concurrió al proceso sub
48 Julio César Medina Hernández también fungió como demandante en el proceso ejecutivo laboral
No. 2010-01069.
37
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
147) Pablo Isidro Murcia Molina examine y frente al segundo el
(segundo proceso ejecutivo)49 tribunal se abstuvo de integrarlo al
grupo demandante (Fl. 2171, C. 12).
148) María Josefa Bustos Rodríguez Proceso ejecutivo laboral 2013-
00421: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva (Fl. 1673 a 1685, C. 9), y iii)
auto del 5 de septiembre de 2013,
Juzgado Tercero Laboral del Circuito
de Neiva (Fl. 2493 a 2498, C. 13.).
149) Luz Mélida Jara Viuche Proceso ejecutivo laboral 2013–
00132: i) acta de reparto, ii) demanda
laboral (Fl. 1686 a 1698, C. 9), iii)
resolución que reconoce cesantías
parciales (Fl. 2151 a 2155, C. 11) y
iv) auto del 2 de mayo de 2013,
Juzgado Tercero Laboral del Circuito
de Neiva (Fl. 2487 a 2491, C. 13).
150) Aminta Rivas Vargas Proceso ejecutivo laboral 2013-
00081: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1699 a 1714, C. 9), y iv) auto del 15
de mayo de 2013, Juzgado Primero
Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Neiva (Fl. 2435 a 2439,
C. 13.).
151) Felio Perdomo Murcia Proceso ejecutivo laboral 2013-
00127: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1715 a 1726, C. 9), y iv) Auto del 17
de mayo de 2013, Juzgado Primero
Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Neiva (Fl. 2500 a 2503,
C. 13.).
152) Fernando Arias Losada Proceso ejecutivo laboral 2013-
00390: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1727 a 1738, C. 9), y iv) auto del 13
de junio de 2013, Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
2590 a 2591, C. 13.)
153) Jesús Armando Montañez Proceso ejecutivo -sin número de
Rodríguez radicado-: i) Adecuación demanda
Ejecutiva Laboral (Fl. 2083 a 2089, C.
11.) y ii) Resolución No. 0037 del 27
de enero de 2011 (Fl. 1739 a 1740,
C. 9.)
154) Hernán Charry Vargas Proceso ejecutivo -sin número de
radicado-: i) Acta de reparto (Fl.
1741, C. 9.), ii) Demanda Ejecutiva
49 Pablo Isidro Murcia Molina también fungió como demandante en el proceso ejecutivo laboral No.
2012-00645.
38
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
Laboral (Fl. 1742 a 1748, C. 9.), y iii)
Resolución No. 2178 del 20 de junio
de 2012 (Fl. 1749 a 1752, C. 9.)
155) Edna Tatiana Cedeño Collazos Proceso ejecutivo -sin número de
radicado-: i) Acta de reparto (Fl.
1753, C. 9.), ii) Demanda Ejecutiva
Laboral (Fl. 1754 a 1760, C. 9.), y iii)
Resolución No. 2017 del 6 de junio
de 2012 (Fl. 1761 a 1764, C. 9.).
156) Derly Constanza Puentes Proceso ejecutivo -sin número de
Penagos radicado-: i) Acta de reparto (Fl.
1765, C. 9.), ii) Demanda Ejecutiva
Laboral (Fl. 1766 a 1772, C. 9.), y iii)
Resolución No. 1235 del 9 de agosto
de 2013 (Fl. 1773 a 1774, C. 9.).
157) Argenis Quesada Caballero Proceso ejecutivo -sin número de
radicado-: i) Acta de reparto (Fl.
1775, C. 9.), ii) Demanda Ejecutiva
Laboral (Fl. 1776 a 1782, C. 9.), y iii)
Resolución 0306 del 31 de enero de
2012 (Fl. 1783 a 1786, C. 9.).
158) Yefrén Hernández Cuenca Proceso ejecutivo laboral 2015-
01096: i) demanda ejecutiva laboral,
ii) resoluciones que reconocen
cesantías parciales (Fl. 1801 a 1816,
C. 10), y iii) auto del 3 de noviembre
de 2015, Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Neiva (Fl. 2599 a
2601, C. 13.).
Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho: i) acta
de reparto, Juzgado Primero
Administrativo Oral de Neiva, y ii)
demanda de nulidad y
restablecimiento (Fl. 1787 a 1789, C.
9.).
159) Ruth Mery Rosero Tafur Proceso ejecutivo laboral 2015-
00475: Auto del 20 de mayo de 2015,
Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Neiva (Fl. 2575 a 2576, C. 13.).
Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho: i) acta
de reparto, Juzgado Quinto
Administrativo Oral de Neiva, ii)
demanda de nulidad y
restablecimiento, iii) poder, iv)
solicitud de extensión de
jurisprudencia, y v) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1817 a 1835, C. 9.).
160) Piedad Puentes Méndez Proceso ejecutivo laboral 2012-
00470: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva laboral, iii) resoluciones que
39
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
reconocen cesantías parciales (Fl.
1836 a 1846, C. 10), y iv) acta de
audiencia pública del 28 de agosto de
2013, Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Neiva (Fl. 2673 a 2679, C.
13.).
161) Nohemy Lavo Losada Proceso ejecutivo laboral 2015-
00473: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva laboral, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1847 a 1858, C. 10), iv) auto del 12
de mayo de 2015, Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
2583 a 2584, C. 13.).
162) Mercedes Rouille Tamayo Proceso ejecutivo laboral 2012-
00832: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva laboral, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1859 a 1869, C. 10), y iv) Auto del 30
de abril de 2013, Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
2511 a 2415, C. 13.).
163) Gloria Ortiz Torres Proceso ejecutivo laboral 2012-
00529: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva laboral (Fl. 1870 a 1878, C.
10), iii) resoluciones que reconocen
cesantías parciales (Fl. 2143 a 2144,
C. 11), y iv) acta de audiencia oral
No. 0119 del 28 de mayo de 2013,
Juzgado Tercero Laboral del Circuito
de Neiva (Fl. 2441 a 2442, C. 13.).
164) Gloria Galindo de Perdomo Proceso ejecutivo laboral 2012-
00496: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva laboral, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1879 a 1885, C. 10), y iv) auto del 15
de mayo de 2013, Juzgado Primero
Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Neiva (Fl. 2465 a 2469,
C. 13.).
165) Luis Alberto Ramírez Manrique Proceso ejecutivo laboral 2015-
00500: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva laboral, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1886 a 1895, C. 10), y iv) auto del 25
de mayo de 2015, Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
2581 a 2582, C. 13.).
166) Lorena Castrillón Benavides Proceso ejecutivo laboral 2015-
00501: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva laboral, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1896 a 1906, C. 10), y iv) auto del 25
de mayo de 2015, Juzgado Primero
40
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
2592 a 2593, C. 13.).
167) José Misael Vargas Proceso ejecutivo laboral 2010 -814:
i) Acta de reparto, (Fl. 1908, C. 10.),
ii) demanda Ejecutiva laboral (Fl.
1909 a 1912, C. 10.), iii) Resolución
No. 1286 del 3 de mayo de 2010 (Fl.
2147 a 2150, C. 11.), y iv) auto del 31
de octubre de 2014, Juzgado Primero
Laboral de Neiva (Fl. 2596 a 2597, C.
13).
168) Jesús María Jaimes Urbina Proceso ejecutivo laboral 2015-
00162: Auto del 9 de noviembre de
2015, Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Neiva (Fl. 2579 a 2580, C.
13.).
Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho: i) acta
de reparto, Juzgado Cuarto
Administrativo Oral, y ii) demanda de
nulidad y restablecimiento (Fl. 1913 a
1928, C. 10.).
169) Jesús Hely Suárez Fierro Proceso ejecutivo laboral 2015-
00499: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva laboral, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1929 a 1940, C. 10), y iv) auto del 27
de mayo de 2015, Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
2653, C. 13.).
170) Gladys Amanda Timana Proceso ejecutivo laboral 2010-
Chimborazo 01128: i) Acta de reparto, ii)
Demanda Ejecutiva Laboral, iii)
Resolución 3987 del 9 de noviembre
de 2009 (Fl. 1941 a 1948, C, 10.), y
iv) Acta de audiencia pública oral del
13 de noviembre de 2014, Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Neiva
(Fl. 2603, C. 13.).
171) Alejandrino Lizcano Cruz Proceso ejecutivo laboral 2010-
01307: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva laboral, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1949 a 1956, C. 10), y iv) auto del 4
de septiembre de 2013, Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Neiva
(Fl. 2594, C. 13.).
172) Álvaro Trujillo Jojoa Proceso ejecutivo laboral 2015-429:
i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva laboral, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1957 a 1966, C. 10), y iv) auto del 5
de mayo de 2015, Juzgado Primero
41
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
2610 a 2611, C. 13.).
173) Eliana Vercelly Vargas Proceso ejecutivo laboral 2015–
00058: i) Demanda Ejecutiva Laboral
(Fl. 1967 a 1973, C. 10.), ii) Auto del
13 de mayo de 2015, Juzgado
Primero Promiscuo del Circuito de La
Plata (Fl. 1974, C. 10.), iii)
Resolución No. 0286 del 26 de
febrero de 2011 (Fl. 1975 a 1977, C.
10.), y iv) auto del 17 de febrero de
2016, Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva (Fl. 2267 a 2274, C.
12).
174) Rosa Alfaro Lugo Proceso ejecutivo laboral 2010–
00937: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva laboral, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1978 a 1985, C. 10), y iv) auto
comunica suspensión del proceso del
29 de julio de 2013, Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva (Fl.
2631, C. 13).
175) Sonia Esperanza Ortiz Cumbe Proceso ejecutivo laboral 2010–
00942: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva laboral, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1986 a 1992, C. 10), y iv) Acta de
audiencia oral del 22 de noviembre
de 2013, Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Neiva (Fl. 2645 a
2652, C. 13.).
176) Janeth Narváez Avilés Proceso ejecutivo laboral 2015–
00500: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva laboral, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
1993 a 2012, C. 11), y iv) auto del 26
de mayo de 2015, Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
2471 a 2475, C. 13.).
Proceso ejecutivo laboral 2012–
00455: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva laboral, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
177) Aura Ramírez Loaiza
2006 a 2012, C. 10), y iv) acta de
audiencia oral del 13 de agosto de
2013, Juzgado Primero Laboral del
Circuito (Fl. 2577 a 2578, C. 13.).
Proceso ejecutivo laboral – sin
número de radicado-: i) acta de
reparto Juzgado Pequeñas Causas
178) Irma Gómez Endo
de Neiva (Fl. 2013, C. 11.), ii)
demanda Ejecutiva Laboral (Fl. 2014
a 2025, C. 11.), iii) resolución No.
42
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
3440 de 14 de octubre de 2009 (Fl.
2026 a 2028, C. 11.).
Proceso ejecutivo laboral 2011-
01048: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva laboral, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
179) Rodrigo Guevara Perdomo 2019 a 2040, C. 10), y iv) acta de
audiencia oral No. 005 del 21 de
enero de 2013, Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
2517 a 2518, C. 13.).
Proceso ejecutivo laboral 2013- 379/
2012-00238: i) acta de reparto (Fl.
2041, C. 11.), ii) demanda Ejecutiva
Laboral (Fl. 2042 a 2049, C. 11.), iii)
resolución No. 0716 del 9 de marzo
de 2010 (Fl. 2050 a 2053, C. 11.), iv)
180) Israel Manchola Méndez
auto del 13 de junio de 2013,
Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Neiva, v) auto del 21 de mayo del
2013, Juzgado Segundo Municipal
de Pequeñas Causas de Neiva (Fl.
2587 a 2589, C. 13).
Proceso ejecutivo laboral – sin
número de radicado-: i) acta de
reparto (Fl. 2054, C. 11.), ii) demanda
181) Diana Marcela Quintero
Ejecutiva Laboral (Fl. 2055 a 2065, C.
Espinosa
11.), y iii) resolución No. 2296 del 3
de julio de 2012 (Fl. 2066 a 2070, C.
11.).
Proceso ejecutivo laboral 2013–
00114: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva laboral, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
182) Arnely Vargas Pimentel 2071 a 2082, C. 11), y iv) auto del 16
de mayo de 2013, Juzgado Primero
Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Neiva (Fl. 2402 a 2405,
C. 12).
Proceso ejecutivo laboral 2015–
00158: Auto del 21 de agosto de
2015, Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Neiva (Fl. 2624 a 2625, C.
13.).
Proceso de nulidad y
183) Carmen Elena Gómez Rojas
restablecimiento del derecho: i) acta
de reparto, Juzgado Cuarto
Administrativo Oral, ii) demanda de
nulidad y restablecimiento, iii)
resoluciones que reconocen
cesantías parciales (Fl. 2090 a 2106,
C. 11).
Proceso ejecutivo laboral 2015–
184) Mónica Perdomo Orozco
00261: auto del 15 de abril de 2015,
43
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Neiva (Fl. 2620 a 2621, C. 13.).
Proceso ejecutivo laboral 2015-
00418: i) auto del 5 de mayo de 2015,
Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Neiva (Fl. 2608 a 2609, C. 13.), y
ii) auto del 15 de marzo de 2016,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Segunda de Decisión
(Fl. 908 a 913, C. 5.).
Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho: i) acta
de reparto, Tribunal Administrativo de
Neiva, ii) demanda de nulidad y
restablecimiento, iii) resoluciones
que reconocen cesantías parciales
(Fl. 2090 a 2122, C. 11).
Proceso ejecutivo laboral 2011–
00928: i) acta de reparto, ii) demanda
ejecutiva laboral, iii) resoluciones que
reconocen cesantías parciales (Fl.
185) Fanny Torres González
2123 a 2134, C. 11), y iv) auto del 22
de abril de 2011, Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Neiva (Fl.
2626 a 2627, C. 13.).
Proceso ejecutivo laboral – sin
radicado-: i) acta de reparto, ii)
demanda ejecutiva laboral, iii)
resoluciones que reconocen
cesantías parciales (Fl. 2135 a 2142,
C. 11).
186) Silvia Fernández Triviño
Proceso ejecutivo laboral 2013–
00422: Acta de audiencia oral No.
257 del 25 de noviembre de 2013,
Juzgado Tercero Laboral del Circuito
de Neiva (Fl. 2508 a 2509, C. 13.).
De ahí que, al no haberse acreditado por las citadas personas las condiciones
uniformes respecto de una causa común del daño, posteriormente la Sala se referirá
acerca de su falta de vocación para formar parte del grupo actor, por carecer del
presupuesto procesal de falta de legitimación en la causa por activa50.
50Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 23 de febrero de 2026, Rad. 67722.
44
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
Por otro lado, la Sala observa que algunos de los 33 miembros del grupo, quienes
concurrieron al proceso ejecutivo No. 2010-01069, presentaron nuevas demandas
ejecutivas laborales con posterioridad a la finalización de dicho proceso. No
obstante, se advierte que la Sala centrará su análisis frente al auto proferido el 9 de
abril de 2014 pues, se reitera, es la única providencia acusada frente a la cual se
acreditó la existencia de condiciones uniformes respecto de una causa común
generadora del daño, con vocación para integrar un grupo de al menos 20 personas.
4. Vigencia del medio de control
Comoquiera que la Rama Judicial en el trámite de primera instancia señaló que había
operado la caducidad del medio de control de reparación de perjuicios causados a un
grupo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se
trata de un presupuesto procesal51.
Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general52, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
51 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
52 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
45
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción53, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto. Sin embargo, en el anverso,
la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
ejercicio del derecho de acción, como especie de sanción ipso iure54 que opera por
53 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos
54 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
46
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer
algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 55, cuya
consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal,
significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.
El literal h) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prescribe que, el medio de control
de reparación de perjuicios causados a un grupo deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir de “la fecha en que se causó el daño”.
Asimismo, se tiene que la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de
manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de un error judicial el
término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la
ejecutoria de la providencia judicial que contiene el aludido yerro56.
Ahora bien, se reitera que, en el sub examine solamente se acreditó la existencia
de condiciones uniformes respecto de una causa común generadora del daño, con
vocación para conformar un grupo de al menos veinte personas, frente al auto del
9 de abril de 2014, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva.
En consecuencia, la Sala se limitará el análisis del caso sub examine a dicha
providencia, la cual, según se narra en la demanda, incurrió en un error
jurisdiccional.
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
55 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
56 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9
de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22.205.
47
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
Así las cosas, en el sub examine se estima que el medio de control de reparación
de perjuicios a un grupo se ejerció en tiempo, esto es, dentro del término procesal
de dos (2) años previsto por el legislador para el vencimiento de la pretensión,
teniendo en cuenta: i) que el auto del 9 de abril de 201457, proferido por el Tribunal
Superior de Neiva, quedó ejecutoriado el 22 de abril de 201458; y ii) que la demanda
se presentó el 16 de abril de 201559.
5. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis60.
Ahora bien, en relación con la legitimación en la causa por activa en aquellos
asuntos tramitados bajo el medio de control de reparación de perjuicios causados a
un grupo – antes acción de grupo -, es pertinente señalar que la Sección Tercera
de esta Corporación ha señalado que “la concepción de la legitimación en la causa
en el marco de la acción constitucional de grupo, se centró en la interpretación del
contenido normativo de los artículos 46 y 47 de la Ley 472 de 1998 y al respecto
concluyó que este presupuesto se conecta con la exigencia de que existan
condiciones uniformes respecto de la causa que generó el daño […]”61.
57 Fl. 64 a 74, C. 1.
58 Fl. 75, C. 1.
59 Fl. 70 a 86, C.1.
60 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 2 de
febrero de 2001, Rad. AG 071 y del 31 de julio de 2020, Exp. 2013 – 00488. Esta posición fue
recientemente acogida por la Subsección C de la Sección, en la sentencia del 16 de febrero de 2026,
Rad. 69982.
48
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
5.1. Los accionantes que a continuación se enlistan son las personas sobre quienes
recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimadas en la
causa por activa, pues presentaron la demanda ejecutiva laboral en la que se profirió
el auto del 9 de abril de 2014 (hechos probados 8.1.1, 8.1.5 y 8.1.8), el cual se acusa
de contener un error jurisdiccional:
1 Ariel Reinaldo Ramírez Yunda
2 Elena Chávez Arcos
3 Armando Bobadilla Carvajal
4 Essau Castellanos Bedoya
5 Nury Cristina Chavarro Mañosca
6 Eunice Triviño Chávez
7 Fabiola Pascuas Pascuas
8 Fidel Forero Yáñez
9 Fredy García Cuetocue
10 Gloria María Bastos Valderrama
11 Gloria Elena Charry Charry
12 Luz Marina Guataquira Moreno
13 Luz Mary Farfán Murcia
14 Marcy Julie Polania Perdomo
15 María del Rosario Pérez Galeano
16 María Dolly España de Bravo
17 María Eugenia Martínez Gómez
18 María Marleny Vargas Plazas
19 Martha Cecilia Buyucue Caviedes
20 Nely Rodríguez Castellanos
21 Orlando Villareal Sánchez
22 Patricia Ortiz Trujillo
23 Yeimy Hernández Valenzuela
24 Israel Meneses
25 Ludivia Díaz Quisaboni
26 María de Jesús Pulido Hernández
27 Julio César Medina Hernández
28 Leyda Nury Quina Pillimue
29 Catalina Rodríguez Gutiérrez
30 Mercy Trujillo de Trujillo
31 María Delcy Gómez Barrios
32 María Jeomar Beltrán Anacona
33 Sandra Milena Bustos Rojas
5.2. Los accionantes que a continuación se enlistan, no están legitimados en la
causa por activa, porque, como se advirtió con antelación no demostraron las
condiciones uniformes respecto de la causa común del daño reclamado 62. Esto,
62Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211.
49
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
pues Ismael Rodrigo Guevara Barrios no ostenta la calidad de parte en los procesos
ejecutivos laborales en los que se profirieron las providencias acusadas de incurrir
en error jurisdiccional. Asimismo, frente al resto de demandantes, se advierte que
las demandas ejecutivas laborales que interpusieron fueron resueltas de manera
separada e independiente, de forma que no mantienen una unidad de causa que
permita decidir unitariamente la controversia frente a ellas:
1 Ismael Rodrigo Guevara Barrios (abogado)
2 María Cristina Moreno Hernández
3 Fredy Chavarro Cabrera
4 Efraín Burbano Cleves
5 Ciro Vargas Garzón
6 Isabel Cristina Rivas Aquite
7 Jair Antonio Alvarado Padilla
8 Lilia Constanza Portela Medina
9 María Mercedes León Delgado
10 Luz Mery Sánchez Cuellar
11 José Alberto Castro Tamayo
12 Diego Edisson Olaya Díaz
13 María Viela Lozano
14 Mauricio Penagos
15 Alirio Delgado Murcia
16 Alba Lucía Quintero Duque
17 Lino del Carmen Rojas Suárez
18 Yaneth Rojas Vargas
19 Consuelo Pérez Clavijo
20 Inés del Rosario Vega Revollo
21 Lía Evelyn Ribón Castañeda
22 Luz Mery Tovar Rojas
23 Fabiola Tovar Rojas
24 Diana Fernanda Manrique Quimbaya
25 Nury Guzmán Sánchez
26 Martha Rocío David Fierro
27 Carmen Ruth Rojas Forero
28 Alba Luz Hernández Quintero
29 Aleidy Lozano Castro
30 Ana Ruth Medina Quintero
31 Blanca Ligia Botello Aguirre
32 Carlos Alberto Aroca Perdomo
33 Carmen Elisa Díaz Carabaly
34 Carmen Rita Chávez Fajardo
35 Doris Guaca
36 Dora Lilia Gallego Fernández
37 Edna María Giraldo Morales
38 Elizabeth Salazar Díaz
39 Elsa Juliana Sánchez Jara
40 Gladys Bahamón Lugo
41 Jeison Martínez Montealegre
50
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
42 Leonor Esguerra Marciales
43 María Clara Paredes Muñoz
44 Martha Adela González Ortiz
45 Mauricio Salgado Sánchez
46 Nancy Perdomo
47 Raquel Betulia Gómez Villota
48 Rosalba Márquez Bolívar
49 Teresa de Jesús Leiva Aguirre
50 Yanira Barragán Losada
51 Gloria Elcy Paredes Córdoba
52 Lucy Castro Villalba
53 Saen Mercedes Mañosca Guaraca.
54 Zally María Paternina Amaya
55 Álvaro Cano Penagos
56 Ana Ederleth Matiz Polo
57 Clara Inés Buenaventura Cruz
58 José Joaquín Puentes Manrique
59 María del Rosario Méndez Carrillo
60 Marina Javela Pérez
61 Oscar Rafael España López
62 Jesús Hernando González García
63 Marina Correa Blanco
64 Yamileth Ariza Erazo
65 Félix Antonio Ariza Coy
66 Carolina Pérez Quimbaya
67 Constanza Artunduaga Cruz
68 Luz Dary Hernández Valenzuela
69 Sandra Milena Camacho Joven
70 Crisanto Gutiérrez Méndez
71 Doris Guevara Perdomo
72 Ana Liber España Carvajal.
73 Marlon Vladimir Téllez Murcia.
74 Fulvia Beltrán León.
75 Jesús Enrique Monje Bonilla.
76 Gloria Álvarez Díaz
77 Fanny Gutiérrez Anturi.
78 Dora Rodríguez Zúñiga.
79 Sandra Jhovanna Bello Gutiérrez
80 Sandra Patricia Tafur González
81 Robinson Granada Aguilar
82 Blanca Imelda Ortiz Ocampo
83 Sara Rita Castañeda Díaz
84 Claudia Patricia Guarnizo Perdomo
85 Armando Macias Contreras
86 Consuelo Méndez Barrios
87 Carmen Ligia Bobadilla Moreno
88 Elmer Herrera Cuellar
89 Carmen Nayibe Beltrán Cubides
90 Angelica Rocío Valbuena Bohórquez
91 Luis Eliecer González Lara
92 Luis Enrique Leiva Melo
93 Malka Irina Arciniegas Jaramillo
94 Magda Liliana Vargas Fernández
51
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
95 Neyfi Quesada Sepúlveda
96 María Amira Cangrejo Rújeles.
97 Jaime Flórez Dussan
98 Héctor García Ramírez
99 Aura Luisa Sterling Álvarez
100 Fabiola Javela Pérez
101 Laura Celia González Calderón
102 José Bolívar Ramos Parra
103 Luz Aura Cerquera Medina
104 Andrea Carolina Lozano Prada
105 Aracelly Vélez Parra
106 Carlos Miguel Roa Perdomo
107 Dora Nirsa Sepúlveda Ortiz
108 Edgar Valderrama Rivera
109 Heiver Cardozo Díaz
110 Maribel Polania Rojas
111 Marley Toledo Vásquez
112 Martha Isabel Rojas Ruiz
113 Pablo Isidro Murcia Molina
114 William Alexis Peña Riviera
115 Jorge Humberto Jiménez Pedreros
116 Giraldo Solorzano Castro
117 Lucero Osorio Ardila
118 Gloria María Vargas Salas
119 Dalila Roa Polanco
120 Getulio Aviles Aviles
121 Sofía Mosquera Mosquera
122 Mercedes Ramos Sánchez
123 Eduardo Sánchez Cruz
124 Vicente Armando Almeida Cabrera
125 Luz Elida Trujillo Jojoa
126 Carlos Fernando Gutiérrez Rivera
127 Carmenza Tovar Gómez
128 Doris Cleves Calderón
129 Doris Vera Huege
130 Ederleth Serrano Ochoa
131 Fabio Alberto Medina
132 Gentil Quimbaya García
133 Hariel Castrellón Alvira
134 Jairo Motta Enciso
135 Luis Alfredo Cardona Cristancho
136 Paola Andrea Moyano Vanegas
137 Reinel Huelgos González
138 María Josefa Bustos Rodríguez
139 Luz Mélida Jara Viuche
140 Aminta Rivas Vargas
141 Felio Perdomo Murcia
142 Fernando Arias Losada
143 Jesús Armando Montañez Rodríguez
144 Hernán Charry Vargas
145 Edna Tatiana Cedeño Collazos
146 Derly Constanza Puentes Penagos
147 Argenis Quesada Caballero
52
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
148 Yefrén Hernández Cuenca
149 Ruth Mery Rosero Tafur
150 Piedad Puentes Méndez
151 Nohemy Lavo Losada
152 Mercedes Rouille Tamayo
153 Gloria Ortiz Torres
154 Gloria Galindo de Perdomo
155 Luis Alberto Ramírez Manrique
156 Lorena Castrillón Benavides
157 José Misael Vargas
158 Jesús María Jaimes Urbina
159 Jesús Hely Suárez Fierro
160 Gladys Amanda Timana Chimborazo
161 Alejandrino Lizcano Cruz
162 Álvaro Trujillo Jojoa
163 Eliana Vercelly Vargas
164 Rosa Alfaro Lugo
165 Sonia Esperanza Ortiz Cumbe
166 Janeth Narváez Avilés
167 Aura Ramírez Loaiza
168 Irma Gómez Endo
169 Rodrigo Guevara Perdomo
170 Israel Manchola Méndez
171 Diana Marcela Quintero Espinosa
172 Arnely Vargas Pimentel
173 Carmen Elena Gómez Rojas
174 Mónica Perdomo Orozco
175 Fanny Torres González
176 Silvia Fernández Triviño
5.3. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por la Rama Judicial, ya que el Tribunal Superior de Neiva profirió el
auto del 9 de abril de 2014, el cual es objeto de reproche (hecho probado 8.1.8).
6. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el auto del 9 de abril de 2014, proferido por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, se incurrió en un error
jurisdiccional.
7. Solución del problema jurídico
Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y el desarrollo jurisprudencial frente
al error jurisdiccional.
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Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
7.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199163 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado
Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el
deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere
de otro componente necesario para establecer la responsabilidad y es el referido a
su atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación,
que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se
hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los
daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo
de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han
desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y
aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, con la falla del servicio, el riesgo
excepcional y el daño especial.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
7.2. Régimen de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional
En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad
del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de
63 “Artículo
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
54
Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65
dispuso lo siguiente:
“Artículo 65. De la Responsabilidad del Estado. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la
acción o la omisión de sus agentes judiciales.”
La mencionada normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente
responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes
eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error
jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad64.
En cuanto a la modalidad de responsabilidad por la actuación judicial, derivada del
error judicial, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 lo definió como aquel “cometido
por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.
En otras palabras, esta fuente de responsabilidad se refiere a aquellos yerros
emanados de una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos
transitoriamente de la función de impartir justicia en un proceso determinado, que
se materializan en una providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual se
interpreta, se declara o se hace efectivo un interés o derecho subjetivo 65 y que causa
un daño antijurídico al destinatario de la decisión, pues de haberse dictado conforme
al ordenamiento jurídico, el resultado hubiera sido adecuado y no habría causado la
afectación patrimonial que se pretende resarcir en el juicio de responsabilidad.
El error judicial entonces, puede entenderse como “todo acto judicial ejecutado por
el juez en el proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la
causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al
que naturalmente debió llegar”66. Es por ello que la decisión que se reputa errada
puede considerarse como un verdadero “acto ilícito contrario a la ley, sea por acción
u omisión, en el curso del proceso sometido a su jurisdicción”67.
64 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996.
65 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 22 de
noviembre de 2001. Rad.: 13164.
66 Félix A. Trigo Represas – Marcelo J. López Mesa, Responsabilidad del Estado, Tratado de
Responsabilidad Civil, Tomo IV, Ed. La Ley Buenos Aires, República Argentina, 2008, pg. 170.
67 Ibídem.
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Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
Por otra parte, el legislador en el artículo 67 de la ley 270 de 1996 dispuso una serie
de requisitos para la procedencia de esta fuente de responsabilidad, a saber: (i) que
el afectado haya interpuesto los recursos de ley contra la providencia que se reputa
contener el error y; (ii) que dicha decisión judicial haya cobrado firmeza. Lo anterior
se traduce en que la persona que persiga la responsabilidad del Estado con
fundamento en ese título de atribución, para poder reclamar la responsabilidad
producto de una decisión judicial errónea, debe haber presentado oportunamente
los recursos ordinarios68 procedentes para controvertir la providencia a la que se le
atribuye el error y debe haber certeza de que la manifestación judicial acusada es
inmodificable por haber cobrado firmeza, pues, en caso de no haberse controvertido
aquella, el daño se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la propia
víctima69 que ahora busca el resarcimiento de los efectos patrimoniales nocivos que
la disposición del juez le pudo haber causado o, podría considerarse que el daño
que pudo haber producido es apenas eventual.
Así las cosas, la ley prevé que cuando tales decisiones implican resultados sin razón
legalmente válida, la misma no esté soportada en pruebas debidamente
recaudadas, se aleje de los cánones procesales, sea el resultado o se dicte bajo el
amparo de una violación al debido proceso o signifique una vía de hecho y que
aquella no pueda además ser corregida por los medios y recursos ordinarios
idóneos en el proceso, se califiquen de error judicial y se ordene la indemnización
de los perjuicios que tal equívoco causó, cuando adicionalmente se encuentren
acreditados en el proceso todos los demás elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado.
Empero, tal error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia
judicial, pues este debe surgir de una conducta carente de fundamento objetivo,
debe significar la vulneración de derechos o intereses subjetivos y ser contraria al
ordenamiento jurídico.
68 En sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad.: 33.733, la Sección Tercera de esta Corporación
manifestó que debía entenderse que los recursos de ley que menciona el artículo 67 de la Ley 270
de 1996 son los medios ordinarios de impugnación y no los recursos extraordinarios.
69 Artículo 70, Ley 270 de 1996.
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Es por ello que el error jurisdiccional contenido en la providencia debe ser
determinante para el proceso y para los intereses de las partes y nunca podrá
convertirse en una instancia adicional del proceso70, por lo que el juez deberá
verificar si la decisión controvertida se encuentra jurídicamente motivada y
probatoriamente sustentada, para luego, en virtud de lo preceptuado en el artículo
90 constitucional y en la Ley 270 de 1996, determinar si el Estado está obligado a
responder patrimonialmente por el daño antijurídico que la decisión de uno de sus
jueces causó, previa comprobación de los demás elementos estructurales de la
responsabilidad patrimonial del Estado. No se trata pues, el juicio que busca
declarar la existencia de responsabilidad de los administradores de justicia por las
decisiones erróneas que estos dicten en desarrollo de sus atribuciones judiciales,
de una tercera instancia del juicio en el cual se dictó la decisión lesiva, ni de evitar
que la misma cobre firmeza, destruir su fuerza obligatoria para sus destinatarios,
así como tampoco de levantar el estado de cosa juzgada sobre el proceso en el cual
se produjo, ni de sustituir la decisión errónea por una más acertada, pues en el
sistema legal colombiano para ello existen otros mecanismos judiciales apropiados.
En cambio, se trata, como se deduce del texto legal que define la figura, de verificar
si la providencia reputada de contener el error produjo consecuencias patrimoniales
adversas para los destinatarios de esa decisión judicial y que no les corresponde
asumir, así como hacer la imputación de tales daños a la administración de justicia
bajo cuyo amparo y en ejercicio de las potestades estatales se dictó la decisión
errada.
De igual manera, y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación71, este
error puede ser de carácter fáctico o sustantivo, esto es, puede enmarcarse en una
equivocación entre la realidad procesal y la decisión judicial, o residir en la
aplicación distorsionada del derecho. Es así que se puede presentar, entre otros
casos, cuando la autoridad, en ejercicio de funciones jurisdiccionales: i) no valoró
un hecho debidamente probado, que era fundamental para adoptar una decisión de
70 Cfr. Tolivar Alas. Leopoldo. La responsabilidad patrimonial del Estado – juez. Tomás Quintana
López [Director]. La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y
ámbitos sectoriales. Valencia: Tirant lo Blanch. 2009. P.524.
71 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 27 de abril de 2006, Rad.: 14837, del 23
de abril de 2008, Rad.: 16271, del 21 de noviembre de 2017, Rad.: 39515.
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Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
fondo; ii) consideró que un hecho era fundamental, cuando realmente no lo era; iii)
no decretó una prueba conducente para determinar un hecho relevante y solucionar
el caso concreto; iv) adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que
era falso; v) aplicó una norma que no era aplicable al caso concreto; vi) dejó de
aplicar una norma que era necesaria para solucionar la litis; vii) aplicó una norma
inexistente o derogada72 o; viii) actuó sin competencia.
Asimismo, y en punto del régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error
jurisdiccional, es dable aclarar que este es un título de atribución de responsabilidad
de carácter subjetivo que impone la carga a la parte demandante de indicar en qué
consiste el aludido yerro y demostrar, además del error jurisdiccional, el daño y la
imputación fáctica y jurídica frente al Estado, ante lo cual, la parte demandada, para
eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional,
una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los
elementos que componen el juicio de responsabilidad patrimonial.
8. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 24 de febrero de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la
demanda, el grupo accionante reiteró que el criterio fijado por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva mediante el auto del 17 de abril de 2013 debió ser
aplicado de forma prospectiva y no retroactiva, con el fin de no defraudar las
expectativas legítimas de los demandantes de obtener una respuesta de fondo
frente a sus pretensiones. Esto, dado que antes de que se profiriera dicha
providencia la pretensión del cobro de la sanción moratoria “eran ventiladas y
falladas de forma favorable por vía ejecutiva a través de la jurisdicción ordinaria
laboral”. Así, explicó que como consecuencia del “cambio abrupto de
jurisprudencia”, el mencionado tribunal declaró su falta de competencia para
conocer de los procesos ejecutivos laborales para el cobro de la sanción moratoria,
con lo cual vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia y al debido
proceso del grupo demandante. Finalmente, indicó que, si bien dentro del Tribunal
72 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27
de abril de 2006. Rad.: 14837.
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Superior del Distrito Judicial de Neiva, e incluso al interior del Consejo Superior de
la Judicatura, no existía una postura clara sobre cuál era la vía judicial procedente
para reclamar el pago de la sanción moratoria, lo cierto es que, en la práctica, el
citado tribunal admitía que dicha pretensión se ventilara a través del proceso
ejecutivo laboral.
En este sentido, y comoquiera que solo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra la sentencia del 24 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32873 del
Código General del Proceso, únicamente habrá lugar a resolver los cargos
formulados contra la decisión recurrida. Según lo expuesto, se analizará
exclusivamente si en el auto del 9 de abril de 2014, proferido por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva, se incurrió en un error jurisdiccional.
Como se dijo anteriormente, no se examinará el error jurisdiccional alegado frente
al resto de providencias que aplicaron retrospectivamente el criterio jurisprudencial
fijado mediante auto del 17 de abril de 2013, pues frente a ellas no se acreditó la
existencia de condiciones uniformes respecto de la causa común generadora del
daño.
Asimismo, no se estudiará si se configuran los presupuestos para acreditar la
pérdida de la oportunidad, consistente en obtener el pago de la sanción moratoria
por el pago tardío de las cesantías, pues la parte actora no cuestionó dicho
aspecto en su recurso de apelación.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
73 Artículo 328. “Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
(…)
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella (…)”.
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8.1. Hechos probados
Ahora bien, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
8.1.1. Se acreditó que el 10 de septiembre de 2010, Gloria María Bastos
Valderrama, presentó demanda ejecutiva contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pretendiendo
el pago de $14.771.313 por concepto de la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías parciales reconocidas mediante resolución No. 1693 del 13 de mayo de
2010. Dicho proceso correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Neiva y se tramitó bajo el radicado No. 2010-01069. De ello da cuenta
copia del acta de reparto74, del auto del 23 de septiembre de 2010 proferido por el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva75 y del auto proferido el 9 de abril de
2014 por el Tribunal Superior de Neiva76.
8.1.2. Consta que, el 23 de septiembre de 2010, el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Neiva libró mandamiento ejecutivo en contra del Ministerio de Educación,
según da cuenta copia de dicho proveído77.
8.1.3. Se acreditó que, en fecha indeterminada, el anterior auto fue recurrido en
reposición y en subsidio apelación, según da cuenta copia del auto proferido el 9 de
abril de 2014 por el Tribunal Superior de Neiva78.
8.1.4. Se probó que, en fecha indeterminada, la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva declaró la nulidad del proceso
ejecutivo laboral desde el auto que resolvió las excepciones, según da cuenta copia
del auto proferido el 9 de abril de 2014 por el Tribunal Superior de Neiva79.
74 Fl. 22, C. 1.
75 Fl. 2572, C. 13.
76 Fl. 64 a 74, C. 1.
77 Fl. 2572, C. 13.
78 Fl. 64 a 74, C. 1.
79 Fl. 64 a 74, C. 1.
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Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
8.1.5. Se constató que el 2 de noviembre de 2011, Israel Meneses y otros80
presentaron demanda ejecutiva contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pretendiendo el pago de
unas sumas de dinero por concepto de la sanción moratoria por el pago tardío de
las cesantías parciales que les fueron reconocidas en su calidad de profesores
públicos. Asimismo, solicitaron la acumulación de la demanda al proceso de
radicado No. 2010-01069, instaurado por Gloria María Bastos Valderrama. De ello,
da cuenta copia de dicho escrito81.
8.1.6. Se acreditó que, mediante auto del 3 de noviembre de 2011, el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Neiva negó la acumulación de demandas solicitada,
toda vez que “las obligaciones demandadas provienen de relaciones individuales de
trabajo y la accionada es la Nación, que no se encuentra en situación de insolvencia,
ni sus bienes a punto de remate”, según da cuenta copia de dicho proveído82.
8.1.7. Acreditado está que, en fecha indeterminada, la parte actora interpuso
recurso de apelación contra la anterior providencia argumentando que se cumplían
los requisitos para que procediera la acumulación de demandas. Esto, toda vez que
“de acuerdo con el artículo 540 del C.P.C., el proceso no se encuentra en etapa de
remate; el mandamiento de pago ya fue notificado, los actores están demandando
a la misma entidad y; el trámite se encuentra pendiente de realizar audiencia de
excepciones, circunstancias por la (sic) que no ha precluido el término para elevar
la solicitud de acumulación y determina que no puede el a quo exigir requisitos
80 Israel Meneses, María del Rosario Pérez Galeano, Luz Marina Guataquira Moreno, Ludivia Díaz
Quisaboni, María de Jesús Pulido Hernández, Fredy García Cuetocue, Julio César Medina
Hernández, Eunice Triviño Chávez, Ariel Reinaldo Ramírez Yunda, Leyda Nury Quina Pillimue,
Catalina Rodríguez Gutiérrez, Fidel Forero Yáñez, Armando Bobadilla Carvajal, Luz Mary Farfán
Murcia, Orlando Villareal Sánchez, Fabiola Pascuas Pascuas, Rosalba Castañeda Fierro, Gloria
Elena Tejada Suaza, María Marleny Vargas Plazas, Martha Patricia Díaz Suárez, Yeimy Hernández
Valenzuela, María Delcy Gómez Barrios, Martha Cecilia Buyucue Caviedes, Jenny Andrea Delgado
Cuenca, María Jeomar Beltran Anacona, Sandra Milena Bustos Rojas, Marcy Julie Polania Perdomo,
Nely Rodríguez Castellanos, Patricia Ortiz Trujillo, Elena Chávez Arcos, María Dolly España de
Bravo, Essau Castellanos Bedoya, María Eugenia Martínez Gómez, Gloria Elena Charry Charry,
Mercy Trujillo de Trujillo y Nury Cristina Chavarro Mañosca.
81 Fl. 23 a 63, C. 1.
82 Fl. 2573, C. 13.
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Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
adicionales, a saber, la insolvencia de la entidad demandada”. De ello da cuenta
copia del auto proferido el 9 de abril de 2014 por el Tribunal Superior de Neiva83.
8.1.8. Se demostró que, mediante auto proferido el 9 de abril de 2014, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva negó la acumulación de demandas, revocó
de oficio el mandamiento ejecutivo librado el 23 de septiembre de 2010 por el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva y decretó la terminación del proceso
ejecutivo laboral. En sustento, el citado tribunal realizó un control oficioso de
legalidad del mandamiento ejecutivo y concluyó que, al amparo del nuevo
precedente jurisprudencial adoptado por dicha corporación mediante auto del 17 de
abril de 2013, los documentos aportados al proceso no configuraban un título
ejecutivo que cumpliera con los requisitos previstos en el artículo 488 del CPC. De
ello, da cuenta copia de dicho proveído84.
8.1.9. Está probado que el 22 de abril de 2014 quedó ejecutoriado el auto del 9 de
abril de 2014, según da cuenta copia de la respectiva constancia secretarial85.
8.2. Ausencia de error jurisdiccional
En el caso sub examine se tiene que los daños alegados consisten en la lesión
injustificada a los derechos de acceso a la administración de justicia y debido
proceso de la parte actora, los cuales el grupo accionante afirma haber sufrido
producto de la decisión proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva el 9 de abril de 2014, que revocó el mandamiento de pago y decretó la
terminación del proceso ejecutivo laboral promovido por los aquí accionantes.
Ahora bien, se advierte que, según el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, para que
sea procedente reclamar indemnización de perjuicios por un error jurisdiccional, el
afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley contra dicha providencia y
esta deberá encontrarse en firme86.
83 Fl. 64 a 74, C. 1.
84 Fl. 64 a 74, C. 1.
85 Fl. 75, C. 1.
86 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de julio de 2012, Rad.: 22581.
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Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
Bajo el anterior contexto, se observa que en el sub lite se cumplen los presupuestos
para estudiar la eventual configuración de un error jurisdiccional en la providencia
del 9 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva, pues se encontraba en firme y frente a ella no procedían recursos ordinarios
por tratarse de un auto de segunda instancia (hecho probado 7.1.8 y 7.1.9).
En este orden de ideas, se observa que en el recurso de apelación se adujo que el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva incurrió en un error jurisdiccional en
el auto del 9 de abril de 2014, al haber aplicado retrospectivamente el cambio de
precedente fijado mediante providencia del 17 de abril de 2013, proferido por esa
misma corporación. Asimismo, la parte accionante sostuvo que, antes de que se
profiriera dicha providencia, la pretensión del cobro de la sanción moratoria “eran
ventiladas y falladas de forma favorable por vía ejecutiva a través de la jurisdicción
ordinaria laboral”. Explicó que como consecuencia del anterior “cambio abrupto de
jurisprudencia”, el mencionado tribunal declaró su falta de competencia para
conocer de los procesos ejecutivos laborales para el cobro de la sanción moratoria,
con lo cual vulneró el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso del grupo
demandante. Finalmente, indicó que, si bien dentro del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva, e incluso al interior del Consejo Superior de la Judicatura, no
existía una postura clara sobre cuál era la vía judicial procedente para reclamar el
pago de la sanción moratoria, lo cierto es que el citado tribunal admitía que dicha
pretensión se ventilara a través del proceso ejecutivo laboral.
Pues bien, en primer lugar, se advierte que en el auto del 9 de abril de 2014, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva negó la acumulación de demandas
solicitada por Israel Meneses y otros, revocó de oficio el mandamiento ejecutivo
librado el 23 de septiembre de 2010 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Neiva y decretó la terminación del proceso ejecutivo laboral promovido por Gloria
María Bastos Valderrama, con fundamento en lo siguiente:
“De manera que habilitada la Sala para realizar el control oficioso de la legalidad del
título, procederá la Sala a determinar si se estructura en este caso.
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Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
En tal sentido, no puede esta Sala entrar a analizar de fondo si procedía o no la
acumulación de demandas solicitada, pues de entrada se observa que, de acuerdo
con la nueva postura, de los documentos aportados en el proceso no se constituye
un título ejecutivo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 488
del C.P.C.
En acogimiento de la nueva posición asumida por esta Corporación, en
torno a los documentos que se exigen a la hora de integrar el título complejo base de
recaudo para el pago de la sanción moratoria demandada, se revocará la decisión de
instancia.
La Sala Plena Especializada Civil Familia Laboral mediante auto calendado el día 17
de abril bajo el radicado 41001-31-05-001-2010-00806-02 con ponencia del
Magistrado Edgar Robles Ramírez y proferido en aplicación del acuerdo 001 del 14
de Febrero de 2013 por medio del cual se adoptaron las reglas para la aplicación del
Art. 29 del C.P.C., reexaminando las Leyes 244 del 1995 y 1071 del 2006 y los
lineamientos jurisprudenciales en lo relacionado, replanteó su postura con base en el
análisis de las normas aplicables y su alcance a partir de la sentencia de unificación
proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
En dicho examen, estimó la Sala que respecto de que en principio podría
constituir título ejecutivo complejo la resolución de reconocimiento y la constancia o
prueba del pago tardío: ‘(...) al ser completado con el segundo segmento, el verdadero
alcance de la jurisprudencia para concluir que en este caso, es decir, cuando exista
resolución de reconocimiento y constancia o prueba del pago tardío la obligación debe
reunir los requisitos previstos en el artículo 100 y siguientes de CPL y de la SS, esto
es, que además de ser expresa, clara y exigible debe constar en documento que
provenga del deudor, esto es, de la entidad que ha incurrido en la mora en el pago de
las cesantías; y que dicha posición se encontraba refrendada por la aludida
jurisprudencia, al afirmar que para que exista certeza sobre la obligación, no basta
con que la ley haya dispuesto el pago de la sanción moratoria, aquella es la fuente de
la obligación a cargo de la administración por el incumplimiento o retardo en el pago
de las cesantías definitivas más no el título ejecutivo que se materializa con el
reconocimiento de lo adeudado por parte de la administración.’
En este sentido, sostuvo el pronunciamiento ‘(...) la imposibilidad en
casos como estos de acudir directamente a la jurisdicción, por cuanto se vulneraría el
privilegio de la decisión previa, el cual, según los expertos en derecho administrativo,
consiste en que la administración pública tiene la oportunidad de revisar sus propios
actos u omisiones (como la omisión de pagar oportuna la cesantía parcial o definitiva)
y por ello, inexorable resulta, que el interesado acuda inicialmente a la propia
administración para que a través del control gubernativo, esta tenga la oportunidad
de mantener la legalidad del acto o conjurar la omisión que a larga le acarreará
mayores perjuicios a la administración. Esta es la interpretación que mejor armoniza
• con el contenido del parágrafo 5º de la Ley 1071 de 2006 que a su tenor literal
expresa:
En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores
públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al
beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el
pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a este’ y el artículo 40 de la misma ley que dispone, ‘Dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las
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Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora
o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá
expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en
la ley’
En punto del artículo 4º de la normativa en cita, sostuvo la Sala Plena: ‘(...) que el
artículo 4º de la mencionada ley, regula los términos dentro de los cuales la entidad
empleadora o pagadora debe reconocer el derecho a las cesantías y ordenar su pago,
y el parágrafo 5º de la norma en comento, regula los términos y condiciones dentro
de los cuales la entidad obligada, debe proceder a reconocer y cancelar de sus
propios recursos la indemnización moratoria. Las dos normas, aunque regulan
situaciones jurídicas distintas, la primera el reconocimiento y pago de la (sic)
cesantías y la segunda el reconocimiento y cancelación de la indemnización
moratoria; en los dos casos exige que el reconocimiento se efectué por parte de la
entidad (empleadora y/o obligada) en el primer caso del auxilio de cesantía y en
segundo caso de la indemnización moratoria, por ninguna parte la norma autoriza al
acreedor de la prestación a efectuar el reconocimiento. Admitir que el peticionario del
auxilio de cesantías pueda autoliquidarse la indemnización moratoria y que su propia
liquidación adquiera automáticamente el carácter de título ejecutivo, es desconocer el
claro mandato legal que atribuye la función de reconocimiento de la indemnización
moratoria a la entidad obligada, atribuyendo a la administración pública en cabeza de
la entidad territorial o Fondo de Prestaciones Sociales la competencia para emitir un
acto administrativo liquidando y ordenando el pago de la referida indemnización, lo
cual descarta cualquier posibilidad de que sea el docente a través de su apoderado
el que proceda a efectuar la liquidación de la moratoria.’
En aquella oportunidad consideró que ‘a tono con lo señalado, debe distinguirse el
derecho reclamado (sanción moratoria) con el documento contentivo del mismo (título
ejecutivo); la ley, no cabe duda, es la fuente de la obligación, como lo es también en
otros eventos verbigracia en las obligaciones alimentarias, pero de manera alguna
puede confundirse con el título, que puede estar en un documento proveniente del
deudor o de su causante o en una providencia, pues no se pueden concebir a la luz
de la doctrina y de la jurisprudencia títulos ejecutivos que no provengan de su deudor,
de su causante o de providencias judiciales.
En síntesis, no se puede concebir un título ejecutivo, que no emane del deudor, o de
su causante o sentencia de condena proferida por un juez de cualquier jurisdicción u
otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, como tampoco
puede afirmarse que la constancia de consignación de las cesantías en una entidad
financiera o constancia del pago tardío de las mismas puedan catalogarse como acto
administrativo o como la voluntad inequívoca de la administración del reconocimiento
de la sanción moratoria, desde luego que ello da pie para que el interesado acuda a
la administración con el objeto de exigirle el pago de la sanción moratoria; pero jamás
podrá predicarse que puede haber ejecución sin el reconocimiento del deudor, en este
caso, la entidad administrativa; el cual debe expresarse a través de un acto
administrativo.
Pasar por encima del privilegio que tiene la administración de decisión previa,
constituye una invasión a la esfera administrativa privándola de la posibilidad de
reparar ella misma los agravios inferidos con sus acciones u omisiones.’
De suerte que a raíz de este cambio jurisprudencial, en los eventos de
sanción moratoria derivada de la aplicación de la ley 244 de 1995 y 1071 de 2006, el
título ejecutivo complejo en estos casos debe estar conformado por: ‘(i) La Resolución
que reconoce el derecho a la cesantía; (ii) El escrito de reclamación a la
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Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
administración de la sanción moratoria generada por la tardanza en el pago de la
cesantía; (ii) El acto administrativo que reconozca la obligación por sanción moratoria
a cargo de la administración. De no existir estos documentos y pretenderse el
reconocimiento de la sanción moratoria, lo precedente (sic) es acudir ante la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.’
En el presente asunto, se echa de menos la reclamación presentada ante la
Administración solicitando el pago de la sanción moratoria generada por la tardanza
en el pago de la cesantía y el acto administrativo que reconozca la obligación a su
cargo, lo que descarta que pueda hablarse de la existencia de título ejecutivo
complejo de donde pueda derivarse el cobro coercitivo de la sanción demandada.
En consecuencia, como quiera que debido a la ausencia de documentos
que lo permitan no se puede predicar que la obligación sea clara, expresa y exigible,
no es dable acceder a la solicitud de mandamiento de pago deprecada en la
demanda, la Sala confirmará la decisión objeto de alzada y habida cuenta de que, a
partir del control oficioso de legalidad, se encuentra habilitada para decidir sobre el
mandamiento de pago, deberá revocarlo de acuerdo con lo anotado en precedencia”.
Bajo el anterior contexto, se advierte que, tal como se narra en la demanda, en
principio, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva admitía que la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías se generaba de manera automática,
sin que fuera necesario un reconocimiento expreso por parte de la Administración.
De esta forma, la sanción moratoria podía reclamarse judicialmente por vía de
proceso ejecutivo laboral. No obstante, mediante providencia del 17 de abril de
201387, el citado tribunal, en concordancia con la jurisprudencia de esta
Corporación88, rectificó dicho criterio al advertir que para adelantar la reclamación
ejecutiva de la sanción moratoria era necesario que previamente la entidad hubiera
reconocido la causación de dicha sanción.
En consecuencia, el citado tribunal dispuso que el título ejecutivo complejo para
efectuar el cobro judicial de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
debía estar conformado por: “(i) La Resolución que reconoce el derecho a la
cesantía; (ii) El escrito de reclamación a la administración de la sanción moratoria
generada por la tardanza en el pago de la cesantía; (ii) El acto administrativo que
reconozca la obligación por sanción moratoria a cargo de la administración”. En
87 Fl. 2327 a 2348 C. 13. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Plena Especializada
de Decisión, Sala Civil Familia Laboral, auto del 17 de abril de 2013, Rad. 41001 31 05 001 2010
00806-02, M.P.: Edgar Robles Ramírez.
88 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de marzo de
2007, Rad. 76001-23-31-000-2000-02513-01(IJ), C.P: Jesús María Lemos Bustamante; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de mayo de 2011,
Rad. 19957. C.P: Ruth Stella Correa Palacio.
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Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
consecuencia, ante la falta de alguno de dichos requisitos no existe un título
ejecutivo que habilite el cobro judicial de la sanción moratoria, de forma que “lo
procedente es acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa”. En efecto, en
dicha providencia se expuso lo siguiente:
“Como puede observarse el principal apoyo jurisprudencial a que acudió el tribunal en
las referidas decisiones, lo constituye la Sentencia de Unificación de la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del 27 de Marzo de 2007 Rad.
76001-23-31-000-2000-02513-01 C.P. Jesús María Lemus (sic) Bustamante.
Pese a este criterio y haciendo un nuevo examen de las leyes 244 del 1995 y 1071
del 2006 y de los criterios que han campeado en la jurisprudencia y especialmente en
la Sentencia de Unificación anteriormente citada en la que se abordó a profundidad
el tema, y especialmente la providencia pronunciada por el Consejo de Estado.
Sección Tercera, Sentencia del 04 de Mayo de 2011, Rad. 19001-2331-000-1998-
02300 (19957). C.P. Ruth Stella Correa; encuentra necesario dar un viraje
jurisprudencial para hacer claridad sobre el verdadero contenido y alcance de tales
normas y su interpretación a la luz de la última jurisprudencia. […]
Conforme a lo anterior, encuentra la Sala, que le asiste razón al Ministerio Público
cuando sostiene que no se puede acudir directamente a la jurisdicción, por cuanto se
vulneraría el privilegio de la decisión previa, el cual, según los expertos en derecho
administrativo, consiste en que la administración pública tiene la oportunidad de
revisar sus propios actos u omisiones (como la omisión de pagar oportuna la cesantía
parcial o definitiva) y por ello, inexorable resulta, que el interesado inicialmente a la
propia administración para que a través del control gubernativo, esta tenga la
oportunidad de mantener la legalidad del acto o conjurar la omisión que a larga le
acarreará mayores perjuicios a la administración. Esta es la interpretación que mejor
armoniza con el contenido del parágrafo 5° de la Ley 1071 de 2006 […].
En síntesis, de acuerdo a este cambio jurisprudencial, en los eventos de sanción
moratoria derivada de la aplicación de la ley 244 de 1995 y 1071 de 2006 esta Sala
cambia de precedente señalando que el título ejecutivo complejo en estos casos debe
estar conformado por:
a) La Resolución que reconoce el derecho a la cesantía.
b) El escrito de reclamación a la administración de la sanción moratoria generada por
la tardanza en el pago de la cesantía.
c) El acto administrativo que reconozca la obligación por sanción moratoria a cargo
de la administración.
De no existir estos documentos y pretenderse el reconocimiento de la sanción
moratoria, lo precedente es acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y
en el caso concreto, no se cumplen los literales b y c mencionados, razón por la cual
se revocará el auto apelado declarando probada la excepción de inexistencia de
título”89.
89 Fl. 2327 a 2348 C. 13. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Plena Especializada
de Decisión, Sala Civil Familia Laboral, auto del 17 de abril de 2013, Rad. 41001 31 05 001 2010
00806-02, M.P.: Edgar Robles Ramírez.
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Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
Sobre el particular, se advierte que mediante sentencia de unificación del 27 de
marzo de 200790, reiterada en sentencia del 4 de mayo de 201191, la Sala Plena del
Consejo de Estado determinó que para efectuar la reclamación ejecutiva de la
sanción moratoria se requiere el acto administrativo mediante el cual la
Administración reconoció el pago por dicho concepto. De esta forma, ante la
ausencia de los documentos que conforman el título ejecutivo complejo, la vía
judicial procedente para el cobro de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías era la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, allí se
sostuvo lo siguiente:
“En las situaciones aludidas que impliquen discusión respecto del contenido mismo
del derecho la Sala considera que la acción procedente es la de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral, en razón de que el origen de la suma
adeudada es una acreencia laboral.
En las hipótesis en que no haya controversia sobre el derecho, por existir la resolución
de reconocimiento y la constancia o prueba del pago tardío, que, en principio, podrían
constituir un título ejecutivo complejo de carácter laboral, el interesado puede acudir
directamente ante la justicia ordinaria para obtener el pago mediante la acción
ejecutiva. V.gr. hipótesis 5.3.3.1 y 5.3.3.2.
En este caso la obligación debe reunir los requisitos previstos en los artículos 100 y
siguientes del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, esto es, ser expresa,
clara, exigible y constar en documento que provenga del deudor o de su causante
pues el fundamento del proceso ejecutivo es la certeza sobre la existencia de la
obligación.
Para que exista certeza sobre la obligación no basta con que la ley haya dispuesto el
pago de la sanción moratoria, aquella es la fuente de la obligación a cargo de la
administración por el incumplimiento o retardo en el pago de las cesantías definitivas
mas no el título ejecutivo, que se materializa con el reconocimiento de lo adeudado
por parte de la administración.
En este caso el interesado debe provocar el pronunciamiento de la administración
para obtener el acto administrativo que le sirva de título ejecutivo ante la Jurisdicción
Laboral, no ante los jueces administrativos, porque el artículo 134 B7, adicionado por
la Ley 446 de 1998, artículo 42, sólo les otorgó competencia a éstos para conocer de
los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por esta jurisdicción,
mientras que el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social,
modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, le adjudica competencia general
a la jurisdicción laboral ordinaria para “la ejecución de obligaciones emanadas de la
relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a
otra autoridad.”.
90 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de marzo de
2007, Rad. 76001-23-31-000-2000-02513-01(IJ), C.P: Jesús María Lemos Bustamante.
91 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de
mayo de 2011, Rad. 19957. C.P: Ruth Stella Correa Palacio.
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Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
También constituye título ejecutivo, cuyo pago deberá reclamarse ante la jurisdicción
ordinaria, el acto por el cual la administración reconoce en favor del peticionario una
suma de dinero por concepto de sanción moratoria. Aquí igualmente se trata de la
simple ejecución de una acreencia laboral respecto de la cual no versa discusión
alguna.
En suma la vía procesal adecuada para discutir las cesantías y el reconocimiento de
la sanción moratoria es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, salvo que
exista certeza del derecho y de la sanción, porque, se repite, en estos eventos
procede la ejecución del título complejo”.
Bajo el anterior contexto, estima la Sala que el cargo propuesto por el demandante
no está llamado a prosperar, pues, como se analizó, en la providencia acusada el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en aplicación de la normatividad y
del criterio jurisprudencial vigente, revocó el mandamiento de pago y ordenó la
terminación del proceso ejecutivo laboral instaurando por los aquí accionantes, al
advertir que los documentos allegados no conformaban el título ejecutivo complejo
para el cobro de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.
De esta forma, la conclusión a la que se arribó en el proveído del 9 de abril de 2014,
al aplicar retrospectivamente el “cambio jurisprudencial” fijado por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva mediante auto del 17 de abril de 2013 no
puede catalogarse como errada o equivocada y, por ende, incursa en error
jurisdiccional, tal como pasará a explicarse.
En efecto, se advierte que los operadores judiciales tienen la obligación de seguir el
precedente judicial, tanto en su dimensión horizontal como vertical92, fijado en sus
propias líneas decisionales así como por los funcionarios de mayor jerarquía,
92 Sobre el precedente horizontal y vertical, la Corte Constitucional ha señalado: “Esta Corporación
ha diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, de conformidad con quién
es el que profiere la providencia previa. El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por
autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de
la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente
vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia
o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los
casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los
tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales
inferiores”. Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011, T-209 de 2011 y T -102
de 2014. Reiterado en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de abril
de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-00419-00.
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Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
respectivamente. Sin embargo, la Corte Constitucional93 ha precisado que es
posible aislarse del precedente judicial siempre y cuando se dé cumplimiento a los
siguientes requisitos: (i) se haga una referencia expresa, amplia y suficiente del
precedente aplicado a casos similares; y (ii) se expongan las razones por las que
considera que el mismo no resulta ajustado al asunto estudiado94.
Ahora bien, respecto a los efectos en el tiempo del cambio de precedente, esta
Corporación ha indicado que, por regla general y salvo que de manera expresa se
disponga lo contrario, los operadores judiciales deben privilegiar la tesis
jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto sometido a su
consideración, a efectos de salvaguardar valores superiores como la igualdad, la
seguridad jurídica y la aplicación uniforme e inmediata del derecho95.
Precisamente, en cuanto a los efectos de las sentencias de unificación en el tiempo,
tanto el Consejo de Estado96 como la Corte Constitucional97 han indicado que, por
regla general, los cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos, por ende,
se aplican a todos los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa.
Además, en múltiples fallos de tutela98 se ha señalado que los operadores judiciales
deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto
sometido a su consideración, argumento que ha servido de sustento para descartar
la vulneración de derechos fundamentales en aquellas controversias en las que se
alega el desconocimiento del precedente por no tener en cuenta la jurisprudencia
93 Corte Constitucional, sentencias T-446 de 2013 y T-328 de 2018.
94 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de octubre de 2021, Rad.
11001-03-15-000-2021-03918-01 (AC).
95 Al efecto consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 18 de noviembre
de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-07060-00; Consejo de Estado, Sección Tercera,
subsección C sentencia del 1 de octubre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-05479-00;
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de agosto de 2022, Rad. 66535.
96 Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i)
Subsección A, auto del 30 de julio de 2021, exp: 66.941 y ii) Sección Primera, sentencia de 29 de
abril de 2021, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2021-01372-00 (AC), entre otras.
97 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, MP:
Paola Andrea Meneses Mosquera, exp: T-8.263.898.
98 Ver, entre otros, los siguientes fallos de tutela: (i) sentencia del 1° de octubre de 2021, radicación
11001-03-15-000-2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección C; (ii)
sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-07060-00, Sección
Cuarta del Consejo de Estado; (iii) sentencia del 24 de mayo de 2021, radicación 11001-03-15-000-
2021-02039-00, Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B.
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Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
imperante al momento de la presentación de la demanda o del fallo de primera
instancia99.
De esta forma, incluso si dentro del Consejo Superior de la Judicatura y del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva existieron discrepancias respecto de los
requisitos del título ejecutivo y de la vía judicial procedente para el cobro de la
sanción moratoria, lo cierto es que mediante providencia del 17 de abril de 2013
esta última corporación rectificó su criterio jurisprudencial al respecto, en
concordancia con la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado100, y definió los
documentos requeridos para conformar el título ejecutivo complejo para efectuar la
reclamación judicial de la sanción moratoria. En consecuencia, el citado tribunal, al
proferir el auto del 9 de abril de 2014, mediante el cual revocó el mandamiento
ejecutivo y ordenó la terminación del proceso ejecutivo laboral instaurado por los
aquí accionantes, debía aplicar la tesis fijada en el citado auto del 17 de abril de
2013, al ser este el criterio imperante y vigente al momento de resolver el caso
sometido a su consideración.
Así las cosas, se descarta que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva
hubiera incurrido en un error jurisdiccional en el auto del 9 de abril de 2014, al
concluir, al amparo de la tesis fijada mediante auto del 17 de abril de 2013, que los
documentos allegados por los accionantes no configuraban el título ejecutivo
complejo para el cobro de la sanción moratoria, al constatar que no se aportó la
99 La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido: “Así las cosas, de
conformidad con lo expuesto, para la Sala la providencia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil
diecinueve (2019) no incurrió en un desconocimiento de la jurisprudencia unificada de esta
Corporación. Por el contrario, el Tribunal aplicó la regla de unificación vigente y aplicable al momento
de resolver el asunto sometido a su consideración, analizando la antijuridicidad del daño para
encontrar acreditada la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Adicionalmente,
debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte actora dirigidos a afirmar que
debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013),
radicado 23.354, por ser esa la vigente al momento de presentar la demanda, pues, como lo ha
indicado el Consejo de Estado, por regla general y salvo que de manera expresa se disponga lo
contrario, los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de
resolver el asunto sometido a su consideración, a efectos de salvaguardar valores superiores como
la igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme e inmediata del derecho” (sentencia del 25
de agosto de 2022, expediente 66535, CP: Nicolás Yepes Corrales).
100 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de marzo de
2007, Rad. 76001-23-31-000-2000-02513-01(IJ), C.P: Jesús María Lemos Bustamante; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de mayo de 2011,
Rad. 19957. C.P: Ruth Stella Correa Palacio.
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Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
reclamación previa ante la Administración ni el acto administrativo que reconociera
la causación de dicha sanción.
Frente a este punto, debe resaltarse que, contrario a lo manifestado por el grupo
accionante, el citado tribunal no declaró su falta de jurisdicción para conocer del
cobro ejecutivo de la sanción moratoria, sino que, por el contrario, concluyó que en
el caso concreto no se acreditó la existencia del título ejecutivo, por lo que revocó
el mandamiento de pago (hecho probado 7.1.8).
Asimismo, se advierte que tampoco constituye error jurisdiccional la supuesta
imposibilidad de reclamar la sanción moratoria por otras vías judiciales, ante la
revocatoria del mandamiento ejecutivo en la providencia cuestionada y la eventual
prescripción de los derechos laborales cuya reclamación se pretendía por vía
ejecutiva, pues, se reitera, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva estaba
en la obligación de aplicar el criterio judicial imperante al momento de resolver el
asunto a su consideración, lo cual conllevó a constatar la inexistencia del título
ejecutivo.
Así pues, se concluye que no le asiste razón al extremo activo cuando afirma que
se configuró un error jurisdiccional en el proveído del 9 de abril de 2014, al aplicar
retrospectivamente el criterio jurisprudencial fijado por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva mediante auto del 17 de abril de 2013.
Una lectura detenida de los argumentos expuestos en la decisión objeto de reproche
permite auscultar los criterios razonables y concretos que la sustentan, pues sus
motivaciones fueron congruentes con los medios probatorios, y no se advierte la
comisión de un error jurisdiccional que demuestre, sin asomo de duda, una
actuación subjetiva, caprichosa o arbitraria por parte del operador de justicia.
De conformidad con lo anterior, la Sala estima que la parte actora pretende utilizar
como una nueva instancia el medio de control de reparación directa, desconociendo
el debido uso que debe darse a esta vía judicial cuando se demanda al Estado por
error jurisdiccional, pues busca controvertir nuevamente la decisión del 9 de abril de
2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en la que negó
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la acumulación de pretensiones, revocó el mandamiento de pago y ordenó la
terminación del proceso ejecutivo laboral instaurado por los aquí accionantes.
A propósito, esta Subsección ha señalado que el proceso judicial que se tramita
ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene –ni puede tener– la vocación
de constituirse en una instancia adicional, a las tramitadas dentro del cauce procesal
en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que
conduce el ejercicio del medio de control de reparación directa tiene como
presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias
judiciales a las cuales se le endilga la producción del daño antijurídico101.
Finalmente, dado que no se acreditó la configuración de un error jurisdiccional, se
concluye que no se probó la afectación a los derechos de acceso a la administración
de justicia y debido proceso de la parte actora. En ese sentido, y en gracia de
discusión, es importante señalar que, aún en la hipótesis en que se atribuya
responsabilidad al Estado bajo el título de daño especial, es mandatorio que se
configuren la totalidad de elementos que integran la obligación resarcitoria, entre
ellos el daño, pues, no pueden asemejarse conceptos como los de responsabilidad
objetiva y responsabilidad automática, ni responsabilidad objetiva y presunción de
responsabilidad, pues la prueba del hecho lesivo y de su antijuridicidad, así como la
acreditación del nexo causal entre la afectación padecida y el actuar lícito de la
administración, que no se presumen, son determinantes para la configuración de
responsabilidad patrimonial del Estado.
En virtud de lo anterior, en la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la
sentencia del 24 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila que negó las pretensiones de la demanda, no sin antes adicionar un numeral
101 Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes providencias de esta Subsección:
Sentencia del 17 de noviembre de 2011, Rad.: 250002326000 1997 05238 01 (22982); Sentencia
del 6 de junio de 2012, Rad.: 250002326000 1997 15324 01 (24.690); Sentencia del 27 de junio de
2013, Rad.: 250002326000 2001 02345 01 (28.189); Sentencia del 29 de enero de 2014, Rad.:
250002326000 2000 02527 01 (28.215); Sentencia del 12 de febrero de 2014, Rad.: 250002326000
2001 00349 02 (28.428); Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad: 250002326000 2001 02368 01
(29.540); Sentencia del 1° de octubre de 2014, Rad: 250002326000 2000 01292 01 (27.862);
Sentencia del 12 de febrero de 2015, Rad: 250002326000 2000 02235 02 (28.482); Sentencia del
23 de octubre de 2017, Rad.: 25000-23-26-000-2009-01042-01(49493).
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que disponga declarar la falta de legitimación en la causa por activa de las personas
señaladas en el numeral 4.2. de esta providencia, habida cuenta las
consideraciones atrás expuestas.
9. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5.
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión […]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.
De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas a la parte demandante, toda vez que el recurso de apelación
que interpuso no prosperó.
La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
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A su turno, el Acuerdo 1887 de 2003102 proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, determina que, en los procesos declarativos con
cuantía en segunda instancia, podrán fijarse “hasta por el cinco por ciento (5%) del
valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
En este sentido, comoquiera que la actuación de la parte demandada en segunda
instancia comprendió la presentación de alegatos de conclusión103, lo cual denota
un comportamiento activo en el trámite procesal, habrá lugar al pago de las agencias
en derecho a cargo del extremo activo y a favor de la demandada – Rama Judicial
–, las cuales se fijan en la suma equivalente al cero punto uno (0.1%) de las
pretensiones solicitadas en la demanda, que deberán ser liquidadas por Secretaría.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 24 de febrero de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda, la cual
quedará así:
“[…] PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación
en la causa por activa de las personas que a continuación se enuncian, por las
razones expuestas en la parte considerativa de este proveído:
1 Ismael Rodrigo Guevara Barrios (abogado)
2 María Cristina Moreno Hernández
3 Fredy Chavarro Cabrera
4 Efraín Burbano Cleves
5 Ciro Vargas Garzón
6 Isabel Cristina Rivas Aquite
7 Jair Antonio Alvarado Padilla
8 Lilia Constanza Portela Medina
9 María Mercedes León Delgado
10 Luz Mery Sánchez Cuellar
11 José Alberto Castro Tamayo
102 Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho.
103 Índice 10, Samai.
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12 Diego Edisson Olaya Díaz
13 María Viela Lozano
14 Mauricio Penagos
15 Alirio Delgado Murcia
16 Alba Lucía Quintero Duque
17 Lino del Carmen Rojas Suárez
18 Yaneth Rojas Vargas
19 Consuelo Pérez Clavijo
20 Inés del Rosario Vega Revollo
21 Lía Evelyn Ribón Castañeda
22 Luz Mery Tovar Rojas
23 Fabiola Tovar Rojas
24 Diana Fernanda Manrique Quimbaya
25 Nury Guzmán Sánchez
26 Martha Rocío David Fierro
27 Carmen Ruth Rojas Forero
28 Alba Luz Hernández Quintero
29 Aleidy Lozano Castro
30 Ana Ruth Medina Quintero
31 Blanca Ligia Botello Aguirre
32 Carlos Alberto Aroca Perdomo
33 Carmen Elisa Díaz Carabaly
34 Carmen Rita Chávez Fajardo
35 Doris Guaca
36 Dora Lilia Gallego Fernández
37 Edna María Giraldo Morales
38 Elizabeth Salazar Díaz
39 Elsa Juliana Sánchez Jara
40 Gladys Bahamón Lugo
41 Jeison Martínez Montealegre
42 Leonor Esguerra Marciales
43 María Clara Paredes Muñoz
44 Martha Adela González Ortiz
45 Mauricio Salgado Sánchez
46 Nancy Perdomo
47 Raquel Betulia Gómez Villota
48 Rosalba Márquez Bolívar
49 Teresa de Jesús Leiva Aguirre
50 Yanira Barragán Losada
51 Gloria Elcy Paredes Córdoba
52 Lucy Castro Villalba
53 Saen Mercedes Mañosca Guaraca.
54 Zally María Paternina Amaya
55 Álvaro Cano Penagos
56 Ana Ederleth Matiz Polo
57 Clara Inés Buenaventura Cruz
58 José Joaquín Puentes Manrique
59 María del Rosario Méndez Carrillo
60 Marina Javela Pérez
61 Oscar Rafael España López
62 Jesús Hernando González García
63 Marina Correa Blanco
64 Yamileth Ariza Erazo
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65 Félix Antonio Ariza Coy
66 Carolina Pérez Quimbaya
67 Constanza Artunduaga Cruz
68 Luz Dary Hernández Valenzuela
69 Sandra Milena Camacho Joven
70 Crisanto Gutiérrez Méndez
71 Doris Guevara Perdomo
72 Ana Liber España Carvajal.
73 Marlon Vladimir Téllez Murcia.
74 Fulvia Beltrán León.
75 Jesús Enrique Monje Bonilla.
76 Gloria Álvarez Díaz
77 Fanny Gutiérrez Anturi.
78 Dora Rodríguez Zúñiga.
79 Sandra Jhovanna Bello Gutiérrez
80 Sandra Patricia Tafur González
81 Robinson Granada Aguilar
82 Blanca Imelda Ortiz Ocampo
83 Sara Rita Castañeda Díaz
84 Claudia Patricia Guarnizo Perdomo
85 Armando Macias Contreras
86 Consuelo Méndez Barrios
87 Carmen Ligia Bobadilla Moreno
88 Elmer Herrera Cuellar
89 Carmen Nayibe Beltrán Cubides
90 Angelica Rocío Valbuena Bohórquez
91 Luis Eliecer González Lara
92 Luis Enrique Leiva Melo
93 Malka Irina Arciniegas Jaramillo
94 Magda Liliana Vargas Fernández
95 Neyfi Quesada Sepúlveda
96 María Amira Cangrejo Rújeles.
97 Jaime Flórez Dussan
98 Héctor García Ramírez
99 Aura Luisa Sterling Álvarez
100 Fabiola Javela Pérez
101 Laura Celia González Calderón
102 José Bolívar Ramos Parra
103 Luz Aura Cerquera Medina
104 Andrea Carolina Lozano Prada
105 Aracelly Vélez Parra
106 Carlos Miguel Roa Perdomo
107 Dora Nirsa Sepúlveda Ortiz
108 Edgar Valderrama Rivera
109 Heiver Cardozo Díaz
110 Maribel Polania Rojas
111 Marley Toledo Vásquez
112 Martha Isabel Rojas Ruiz
113 Pablo Isidro Murcia Molina
114 William Alexis Peña Riviera
115 Jorge Humberto Jiménez Pedreros
116 Giraldo Solorzano Castro
117 Lucero Osorio Ardila
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Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
118 Gloria María Vargas Salas
119 Dalila Roa Polanco
120 Getulio Avilés Avilés
121 Sofía Mosquera Mosquera
122 Mercedes Ramos Sánchez
123 Eduardo Sánchez Cruz
124 Vicente Armando Almeida Cabrera
125 Luz Elida Trujillo Jojoa
126 Carlos Fernando Gutiérrez Rivera
127 Carmenza Tovar Gómez
128 Doris Cleves Calderón
129 Doris Vera Huege
130 Ederleth Serrano Ochoa
131 Fabio Alberto Medina
132 Gentil Quimbaya García
133 Hariel Castrellón Alvira
134 Jairo Motta Enciso
135 Luis Alfredo Cardona Cristancho
136 Paola Andrea Moyano Vanegas
137 Reinel Huelgos González
138 María Josefa Bustos Rodríguez
139 Luz Mélida Jara Viuche
140 Aminta Rivas Vargas
141 Felio Perdomo Murcia
142 Fernando Arias Losada
143 Jesús Armando Montañez Rodríguez
144 Hernán Charry Vargas
145 Edna Tatiana Cedeño Collazos
146 Derly Constanza Puentes Penagos
147 Argenis Quesada Caballero
148 Yefrén Hernández Cuenca
149 Ruth Mery Rosero Tafur
150 Piedad Puentes Méndez
151 Nohemy Lavo Losada
152 Mercedes Rouille Tamayo
153 Gloria Ortiz Torres
154 Gloria Galindo de Perdomo
155 Luis Alberto Ramírez Manrique
156 Lorena Castrillón Benavides
157 José Misael Vargas
158 Jesús María Jaimes Urbina
159 Jesús Hely Suárez Fierro
160 Gladys Amanda Timana Chimborazo
161 Alejandrino Lizcano Cruz
162 Álvaro Trujillo Jojoa
163 Eliana Vercelly Vargas
164 Rosa Alfaro Lugo
165 Sonia Esperanza Ortiz Cumbe
166 Janeth Narváez Avilés
167 Aura Ramírez Loaiza
168 Irma Gómez Endo
169 Rodrigo Guevara Perdomo
170 Israel Manchola Méndez
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Radicado: 4100123330150016501 (66602)
Demandante: Ariel Reinaldo Ramírez Yunda y Otros
171 Diana Marcela Quintero Espinosa
172 Arnely Vargas Pimentel
173 Carmen Elena Gómez Rojas
174 Mónica Perdomo Orozco
175 Fanny Torres González
176 Silvia Fernández Triviño
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda
TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.
CUARTO: FIJAR en el presente proceso, como agencias en derecho por la segunda
instancia, el cero punto uno (0.1%) de las pretensiones solicitadas en la demanda, a
cargo de la parte demandante y a favor de la Nación – Rama Judicial”
SEGUNDO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
VF
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