Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2015-00168-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 41001-23-33-000-2015-00168-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2015-00168-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 41001-23-33-000-2015-00168-02
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Radicación número: 41001-23-33000-2015-00168-02 (70.329)
Actor: Isaí Silva Montañez y otros
Demandado: Nación -Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Temas: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO –Proyecto Hidroeléctrico
“El Quimbo” en el municipio de Garzón (Huila) / CADUCIDAD – se atenderán los términos
previstos en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998, vigentes para el momento en que comenzaron
a correr – CONOCIMIENTO DEL DAÑO – la disminución de las ventas comporta un hecho
económico reportado por los demandantes en calidad de comerciantes, por tanto se atenderán
las normas del Código de Comercio relativas a los comerciantes y a los asuntos que les competen
– el daño se evidenció al tiempo de la renovación de la matrícula mercantil, oportunidad en la cual
los comerciantes actualizan su información financiera luego del ejercicio contable del año anterior
– CERTIFICACIONES CONTABLES - se toma una fecha ponderada que atienda la causa común
de la indemnización colectiva solicitada en la demanda / COSTAS –Se condena en aplicación de
las normas contenidas en el CGP aplicable al asunto.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila que declaró probada la excepción de
caducidad y terminó el proceso.
Se discute la responsabilidad patrimonial del Estado por la afectación derivada de la reducción
de las ventas y prestación de servicios de diversos establecimientos de comercio ubicados en el
municipio de Garzón (Huila), a causa de la adquisición de predios rurales del área de influencia
del proyecto hidroeléctrico “El Quimbo” (en adelante PHEQ), que propició el desplazamiento de
la mano de obra no calificada (agricultura y ganadería) y a los propietarios de esos predios.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 21 de febrero de 20231, por el Tribunal Administrativo
del Huila, que declaró probada la excepción de caducidad frente a la demanda presentada el 16
de abril de 20152, por los señores Isaí Silva Montañez y otros3 -en calidad de propietarios de
1
Índice 159 SAMAI Tribunal
2
Sello de presentación personal visible a folio 66 del expediente digitalizado.
3
En la demanda se mencionaron como demandantes a las 82 personas que se relacionan a continuación, cuyos poderes obran en
la foliatura.
Isaí Silva Montañez, Luz Miriam Fierro Gálvez, Manuel Antonio Toledo Perdomo, Arcadio Ordóñez Duarte, Gabriel Fernando Acevedo
Alonso, María Felisa Fiesco Medina, María de Jesús Toledo Perdomo, Jhonathan Ordóñez García, Johana Ximena Acevedo Alonso,
Nilson Gamboa Toledo, María Nelcy Trujillo, Rosalba Ospina Martínez, Diomar Almario González, Martha Edith Gómez Pantevez,
Cileys del Carmen Vargas Álvarez, Martha Cecilia Ramos González, Elías Almario González, Fabio Heriberto González García,
Bianey Vargas Martínez, Sandra Patricia Ramos González, Marleny Almario González, Jota Mario Gutiérrez Cediel, Héctor Bolaños
Patiño, Magnolia Ramos Méndez, Celiano Anaya Rodríguez, Rubiela Gutiérrez Ruiz, Luis Antonio Calderón Moreno, Rosario Rojas
Ramos, Héctor Angulo Vega, Nury Patricia Gutiérrez Sotto, José Alcides Cedeño Rivera, Delcy Rincón Galindo, Ramiro Arrigui
Lugo, Amparo Lozada Calderón, María Fanny Escobar Manjarrez, Pedro Julio Torres Penagos, Virgelina Cabrera Valencia, Amparo
Manchola Collazos, Mercedes García Motta, Cornelio Vargas Cruz, Mauricio Calderón Sánchez, Smith Martínez Carillo, Marina
González Sáenz, Bárbara Ardila Barrera, Abraham Cediel Marín, Alexander, Naranjo Gasca, Rosa Inés Huertas Mora, Carmenza
Claros Ramos, María Del Carmen Cediel, Martha Isabel Osorio Quintero, Olga Londoño Castellanos, Humberto Medina Bonilla, Luis
Fernando Cenón Rodríguez, Octavio Parra Marín, Eida Galith Losada Trujillo, Yobany Cuaji Trujillo, Alba María Céspedes Prada, Lina
Marcela Pastrana Vargas, Carmenza Martínez Artunduaga, Luis Gerardo Perdomo Cuéllar, Eduin Coronado Marroquín, Luz Argenida
Rojas Losada, Mercedes Méndez Barreiro, Pablo Ricaurte Ardila Ardila, Maicol Fernando Cortés Rojas, Marta Jedena Rojas Losada,
María Inés Méndez Carvajal, Luis Ernesto Silva Montañez, Carmenza Delgado Vega, Oscar Fernando Rojas Losada , Sara Esther
Méndez Oviedo, Luz Marina Ramírez Calderón, Nidia Shirley Díaz Aguirre, Patricia Silva Montañez, José Agustín Muñoz Nova,
Anayibe Gómez Naranjo, Germán Díaz Plata, Héctor Ángel Suarez Figueroa, Yeimy Lorena Nañez Chaves, Claudia Patricia Ibáñez,
Diego Ferney Sánchez Vargas y Claudia Gabriela Perdomo Quinaya.
Se aclara que en el cuadro no se referenciaron a los señores Ernesto Silva Montañez y Dagoberto Almario González, pues al
subsanarse la demanda, la parte actora retiró las pretensiones elevadas a su favor.
Radicación: 41001-23-33-2015-00168-02 (70.329)
Actor: Isaí Silva Montañez y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
diferentes establecimientos de comercio4 ubicados en el municipio de Garzón (Huila)-5, en contra
de la Nación –Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como
de la Empresa EMGESA S. A. ESP –hoy ENEL COLOMBIA-6.
2. Las pretensiones y fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se pronunció el
Tribunal, son los siguientes7:
En la sentencia de primera instancia se mencionó como demandantes a un número de 174 personas cuyos poderes fueron conferidos
al apoderado para actuar en el trámite de la acción de grupo; sin embargo, se evidencia que no todas las personas relacionadas
fueron mencionadas en la demanda como demandantes ni en favor de todas ellas se formularon las pretensiones declarativas y de
condena. De tal manera que el grupo demandante presente solo está integrado por las personas que se relacionan en el cuadro que
precede.
Quienes no fueron relacionados como demandantes, pero que otorgaron poder al apoderado no solicitaron, dentro de la oportunidad
prevista para tal fin –articulo 55 Ley 472 de 1998-, su integración al grupo demandante.
4
En la demanda se relacionaron 84 establecimientos de propiedad de cada uno de los demandantes (no se menciona a los señores
Ernesto Silva Montañez y Dagoberto Almario González, cuyas pretensiones se excluyeron al subsanarse la demanda). Todos los
establecimientos con domicilio en el municipio de Garzón (Huila); así:
Establecimiento de Propietario - Demandante Establecimiento de Comercio Propietario - Demandante
Comercio
1 Droguería Salud Natural Isaí Silva Montañez 42 Guarapería La Sabrosona María De Jesús Toledo Perdomo
2 Factor X Junior Gabriel Hernando Acevedo 43 Aquí Nelcy María Nelcy Trujillo
Alonso
3 365 Días Alcosto Johana Ximena Acevedo 44 Granero El Pastoso Cileys del Carmen Vargas
Alonso Álvarez
4 Almacén Centrotelas Diomar Almario González 45 Almacén Jaimir Bianey Vargas Martínez
5 Almacén El Remate Elías Almario González 46 Talabartería Bolaños Héctor Bolaños Patiño
6 Emanuel Lo Mejor En Marleny Almario González 47 Central De Eléctricos Garzón Luis Antonio Calderón Moreno
Textiles
7 El Buen Precio Celiano Anaya Rodríguez 48 Tienda La Macarena De Los José Alcides Cedeño Rivera
Guaduales
8 Pantymedias De Garzón Héctor Angulo Vega 49 ALMACÉN VARIEDADES María Fanny Escobar Manjarrez
FANNY
9 Escuela Automovilística Ramiro Arrigui Lugo 50 Remates Taiwán Mercedes García Motta
Arriguí
10 Pacco Rabanne Perfumería Virgelina Cabrera Valencia 51 Gom’ars Deportes Marina González Sáenz
Y Joyería
11 Vidrios Y Aluminios Superior Mauricio Calderón Sánchez 52 Shows Peluquería Rosa Inés Huertas Mora
12 El Negociante Del Usado Abraham Cediel Marín 53 Oxi - Garzón Olga Londoño Castellanos
13 Peluquería Cediel María Del Carmen Cediel 54 Distribelleza Stetic Color Eida Galith Losada Trujillo
14 El Descuento La Once Luis Fernando Cenón 55 Algodón Sabor Carmenza Martínez Artunduaga
Rodríguez
15 Miscelánea Viviana Garzón Alba María Céspedes Prada 56 Venta De Pan Y Otros Mercedes Méndez Barreiro
16 Almacén Coronado De La 11 Eduin Coronado Marroquín 57 Stop Shopping María Inés Méndez Carvajal
17 Explosión 365 Maicol Fernando Cortés Rojas 58 Panadería De Emma De Méndez Sara Esther Méndez Oviedo
18 Calza Pie Descalzo Carmenza Delgado Vega 59 El Exitazo De La 11 José Agustín Muñoz Nova
19 El Bbq De Las Brisas Nidia Shirley Díaz Aguirre 60 Deportivos Garzón Yeimy Lorena Nañez Chaves
20 Deporte Extremo Germán Díaz Plata 61 Remates J.K Arcadio Ordóñez Duarte
21 Calzado Yuli Luz Miriam Fierro Gálvez 62 Surtimelao Jhonathan Ordóñez García
22 Cokys Crem María Felisa Fiesco Medina 63 Variedades Home Decor Rosalba Ospina Martínez
23 Distribuidora Gamboa En Nilson Gamboa Toledo 64 Newcell Tecnology Martha Cecilia Ramos González
Garzón
24 Juanjo Textiles Martha Edith Gómez Pantevez 65 Kitcell Sandra Patricia Ramos González
25 El Baratón De Garzón Fabio Heriberto González 66 Mao Sport Garzón Magnolia Ramos Méndez
García
26 Imagen Digital 12 Jota Mario Gutiérrez Cediel 67 Boutique Cel Del Sur Rosario Rojas Ramos
27 Calza Estilos Y Algo Más Rubiela Gutiérrez Ruiz 68 Detalles Y Papelería Tutty's Delcy Rincón Galindo
28 Almacén El Rebajón Nury Patricia Gutiérrez Sotto 69 P.J.T.
Variedades Algo Más Pedro Julio Torres Penagos
29 Amparo Sport Amparo Lozada Calderón 70 Tienda Cubaney Cornelio Vargas Cruz
30 Cafetería Las Trenzas Amparo Manchola Collazos 71 Almacén Don Vaso Bárbara Ardila Barrera
31 Calzagangas Garzón Smith Martínez Carillo 72 Minitienda El Jardín Carmenza Claros Ramos
32 Comercio De Mercancías Alexander Naranjo Gasca 73 Tienda Guaduales De Garzón Humberto Medina Bonilla
33 Fuente De Soda Santy Martha Isabel Osorio Quintero 74 Yobany Cuaji Trujillo Yobany Cuaji Trujillo
34 Droguería Central De Garzón Octavio Parra Marín 75 Insumos Al Agro Luis Gerardo Perdomo Cuéllar
35 Innovación Felipe Lina Marcela Pastrana Vargas 76 Pablonet.Com Pablo Ricaurte Ardila
36 Fantasías Daniel Luz Argenida Rojas Losada 77 Taller El Chasis Luis Ernesto Silva Montañez
37 REMATES DE FABIO Marta Jedena Rojas Losada 78 Droguería Suprema Luz Marina Ramírez Calderón
38 HOY DE SHOPIN Oscar Fernando Rojas Losada 79 Promociones La Once Anayibe Gómez Naranjo
39 PANADERÍA PATTY PAN Patricia Silva Montañez 80 RESTAURANTE DONDE Claudia Patricia Ibáñez
ANDREA
40 PELUQUERÍA SUAREZ Héctor Ángel Suarez Figueroa 81 World Style Diego Ferney Sánchez Vargas
41 Carrefur Toledo Manuel Antonio Toledo 82 Granero Claudia Garzón Claudelia Gabriela Perdomo
Perdomo Quinaya
5
En el libelo introductorio solo elevaron pretensiones en favor del grupo presente sin indicar ningún criterio para definir la eventual
conformación del grupo ausente y sin solicitud de pago de una indemnización colectiva que considerara la existencia de otros posibles
integrantes del citado grupo.
6
Inicialmente la demanda también se dirigió en contra de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, pero en el escrito
de reforma se desistió de vincular a esta entidad (folio 425 expediente digitalizado).
7
Las pretensiones de la demanda fueron invocadas así (transcripción literal): “PRIMERO: Que LA NACIÓN COLOMBIANA –
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, representada por su actual ministro doctor FEDERICO RENGIFO VELEZ ó, por quien haga
sus veces en cada momento procesal, LA NACIÓN – MINISTERIO DE AMBIENTE, y DESARROLLO SOSTENIBLE, representado
por el actual Ministro Dr. JUAN GABRIEL URIBE VEGALARGA ó, por quién haga sus veces en cada momento procesal, la Empresa
EMGESA S. A. - E. P. S., representada por su actual Gerente Doctor LUCIO RUBIO DÍAZ ó, por quién haga sus veces en cada
momento procesal, y LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA, representada por su actual Directora
General Dra. NUBIA OROZCO ACOSTA ó, por quién haga sus veces en cada momento procesal, son Administrativamente
2
Radicación: 41001-23-33-2015-00168-02 (70.329)
Actor: Isaí Silva Montañez y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Pretensiones
3.Reclamaron los demandantes la declaración de responsabilidad patrimonial por los daños
morales y materiales causados por la disminución de sus ventas y servicios, por cuenta de la
adquisición de predios rurales en el área de influencia del PHEQ8.
Hechos
4. Como fundamento fáctico de la demanda se narró que los demandantes eran propietarios de
82 establecimientos de comercio ubicados el municipio de Garzón (Huila)9 dedicados a la
prestación de diferentes servicios (farmacias, peluquerías, escuelas de automovilismo,
veterinarias, marqueterías, venta de calzado, accesorios, abarrotes, telas, prendas de vestir,
entre otros), los cuales se encontraban inscritos en la Cámara de Comercio de Neiva.
5. El 1º de septiembre de 2008, mediante Resolución 321, el Ministerio de Minas y Energía,
declaró de utilidad pública los predios particulares necesarios para el PHEQ, y el 15 de mayo
de 2009, mediante Resolución 0899, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial otorgó licencia ambiental para tal proyecto.
6. Con la construcción de la reserva hidroeléctrica los demandantes vieron reducidas sus ventas
y prestación de sus servicios “desde el año de 2010 y hacia el futuro”, debido a que EMGESA
S.A. ESP -hoy ENEL COLOMBIA- compró los predios rurales que empleaban mano de obra no
calificada. Esta situación provocó el desplazamiento de trabajadores y el consecuente aumento
de la tasa de desempleo y la afectación de la demanda de bienes y servicios a los comerciantes.
7. Dijo que los demandantes “han sufrido graves perjuicios materiales, ya que han visto
disminuido sus ingresos mensuales, en un promedio del -20% y un máximo del -37.92%”, lo que
debía ser objeto de reparación, a lo que se suma que aquéllos padecían perjuicios morales
causados por la imposibilidad de sufragar sus gastos como lo hacían cuando obtenían el 100%
de sus ingresos.
8. Aclaró que si no se hubieran dispuesto la declaratorias y licencias para el proyecto
hidroeléctrico, ni adquirido los predios, no se le hubiera causado ninguna clase de perjuicios a
los demandantes10.
La defensa11
9.La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- sostuvo que no tenía
competencia para otorgar licencias ambientales, pues ésta era exclusiva de la ANLA, de allí que
responsables de la totalidad de los daños y perjuicios de índole material, en su manifestación de Lucro Cesante, y Morales,
ocasionados a demandantes, como perjudicados, en la disminución en sus ventas y prestación de servicios, como
consecuencia de la adquisición de los predios rurales, en el área de influencia donde se está construyendo la Hidroeléctrica
“EL QUIMBO”, en jurisdicción del Municipio de Garzón - H., por parte de la Empresa EMGESA S.A. - E. S. P., al acabar y
desplazar la mano de obra no calificada (Agricultora y ganadería) y propietarios de los predios hacia otros lugares del país.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGIA, representada por su actual ministro doctor FEDERICO RENJIFO VELEZ ó, por quien haga sus veces en cada momento
procesal, a LA NACIÓN - MINISTERIO DE AMBIENTES, Y DESARROLLO SOSTENIBLE, representado por su Actual Ministro Dr.
JUAN GABRIEL URIBE VEGALARGA ó, por quién haga sus veces en cada momento procesal, a la Empresa EMGESA S. A. - E. P.
S., representada por su actual Gerente Doctor LUCIO RUBIO DÍAZ ó, por quién haga sus veces en cada momento procesal, y a LA
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA, representada por su actual Directora General Dra. NUBLA
OROZCO ACOSTA ó, por quién haga sus veces en cada momento procesal, a reconocer y a pagar a los aquí demandantes, las
siguientes cantidades por concepto de los daños y perjuicios que con tal hecho se les ocasionaron: 1. -PERJUICIOS MORALES: 1.1.
-Los estimo en el equivalente en pesos a la fecha de la sentencia de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno
de los demandantes. 2. PERJUICIOS MATERIALES: Se estima en la suma de $6.148.658.310,oo, discriminados así” (se resalta).
8
Como pretensiones indemnizatorias los demandantes solicitaron, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 15 SMLMV
para cada afectado comerciante -82 comerciantes-, derivados de la imposibilidad de sufragar sus gastos, dada la reducción de sus
ingresos y, por concepto de perjuicios materiales, solicitaron el pago de la suma global ponderada de $6.148.658.310, discriminada
en favor de cada uno de los comerciantes, en razón a las pérdidas de sus ingresos mensuales desde el 2011 y hasta por tres años
(folios 39 a 41, expediente digitalizado).
9
En el hecho 1º de la demanda se relacionaron los 84 establecimientos de comercio de propiedad de cada uno de los respectivos
demandantes; sin embargo, al subsanar la demanda la parte actora retiró las pretensiones respecto de los señores Ernesto Silva
Montañez y Dagoberto Almario González (folios 22 a 32 y 432 expediente digitalizado).
10
Folios 1 a 66 expediente digitalizado.
11
La demanda se presentó el 16 de abril de 2015 y se inadmitió el 15 de mayo siguiente. Al ser subsanada, la parte demandante
retiró las pretensiones respecto de los señores Ernesto Silva Montañez y Dagoberto Almario González y desistió de la acción respecto
de la ANLA. Finalmente, la demanda se admitió el 4 de diciembre de 2015, respecto de los demandados Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Ministerio de Minas y Energía y EMGESA S.A ESP hoy ENEL (folios 422 a 432 expediente digitalizado).
3
Radicación: 41001-23-33-2015-00168-02 (70.329)
Actor: Isaí Silva Montañez y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
los daños derivados de la Resolución 0899 de 2009 que otorgó licencia ambiental para la
realización del PHEQ no le resultaban atribuibles12.
10. La Nación –Ministerio de Minas y Energía- señaló que no intervino en los hechos que
aparentemente causaron los perjuicios alegados. Sostuvo que no tenía relación directa o
indirecta con EMGESA S.A. ESP, entidad completamente ajena al ministerio, la cual contaba
con autonomía administrativa y financiera.
11. Alegó: (i) la caducidad de la acción, por considerar que el daño subyacía en la expedición de
los actos administrativos 321 del 3 de septiembre de 2008 y 0899 del 15 de septiembre de 2009
que declararon de utilidad pública predios dentro del área de influencia del proyecto y otorgaron
licencia ambiental para su realización. De allí que desde la publicación de esos actos y hasta la
fecha de presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial (junio de 2014) habían
trascurrido más de los dos años previstos en la Ley 472 de 1998 para el ejercicio oportuno de
la acción; y, (ii) la falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto que no le compete la
entrega de compensaciones económicas para afectados con la realización de proyectos
energéticos13.
12. EMGESA S.A. ESP –hoy ENEL- se opuso a las pretensiones. Expuso que la actividad
comercial de los demandantes no formaba parte del área de influencia directa -AID- del proyecto
y explicó que dentro de las cadenas productivas agropecuarias que se vieron afectadas con el
PHEQ, no se encontraba la actividad de los comerciantes.
13. Agregó que si bien realizó dos censos socioeconómicos para establecer las posibles
afectaciones de las actividades dentro del área de influencia directa del proyecto, el mismo no
constituía fuente directa de compensación. Precisó que al no haber sido incluidos en tal censo,
algunos de los demandantes promovieron diferentes acciones de tutela que fueron negadas tras
considerar que no se evidenció afectación de su actividad comercial.
14. Manifestó que no era cierto que la economía del municipio de Garzón se desaceleró con
ocasión de la construcción del PHEQ; por el contrario, durante la obra EMGESA hizo
importantes aportes para el crecimiento de la región14.
15. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervinieron.
Etapa probatoria y alegaciones
16. Concluida la fase probatoria15, se corrió traslado para alegar de conclusión, oportunidad en
la cual las partes insistieron en sus argumentos de reproche y de defensa seguidos de las
12
Folios 453 a 463 expediente digitalizado.
13
Folios 449 a 457 del expediente digitalizado.
14
Folios 636 a 644 expediente digitalizado.
15
Auto de 18 de junio de 2018. En esa decisión el a quo se pronunció sobre las solicitudes probatorias; así: DEMANDANTE 1.
Incorporó los documentos aportados en la demanda (copias de los certificados expedidos por la Cámara de Comercio de Neiva;
copias de los certificados de Registro Único Tributario RUT, certificados de octubre de 2012 expedidos por los contadores públicos
Gabriel Hernando Acevedo, Javier Polania Penagos y Pablo Tulio Calderón Urriago, entre otros, sobre la disminución de ingresos
respecto de los demandantes durante el año 2011 y lo que va corrido del 2012; acta del 17 de septiembre del 2014 expedida por la
Procuraduría 34 Judicial II Administrativa de Neiva; y certificaciones emitidas por la Tesorería General del municipio de Garzón en
respuesta a los derechos de petición en los que se solicitó información relacionada con los contribuyentes que hicieron efectivo el
pago del impuesto de Industria y Comercio correspondiente al año 2012 (folios 67 a 418 expediente digitalizado). 2. Ofició a ENEL
COLOMBIA a efectos de que remitiera copia de los censos de población que se realizaron con ocasión de la construcción del PHEQ.
Requerimiento que se atendió en documentos que reposan en los CDS anexos al expediente digitalizado. DEMANDADOS 1.
Incorporó los documentos aportados en la contestación de la demanda. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(Resoluciones 1814 de septiembre de 2010 “Por la cual se toman medidas de ajuste a las resoluciones 899 del 15 de mayo y 1628
del 26 de agosto de 2009”; Resolución 2766 de diciembre 2010 "Por medio de la cual se modifica una licencia ambiental": Resolución
1096 de 2011, “Por la cual se imponen unas medidas preventivas”; Resolución 1826 de 2011 “Por la cual se levantan unas medidas
preventivas”; Resolución 0937 de 2014 “Por la cual se archiva una actuación administrativa” (folios 450 a 482 expediente digitalizado).
EMGESA S.A. ESP (cuadro metodológico cumplimiento de la sentencia T 135, tabla medidas de reasentamiento, fichas de
caracterización municipio de Garzón 2013-2018 Copia de los Censos de población que se realizaron con ocasión de la construcción
del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, respuestas a los derechos de petición respecto a la inclusión en el área de influencia directa y
reconocimiento por compensación económica). 2. Decretó el interrogatorio de parte de los demandantes Patricia Silva Montañez; Lina
Marcela Pastrana; Octavio Parra Marín; Maicol Fernando Cortés; Marleny González; Manuel Antonio Toledo Perdomo, María del
Carmen Cediel, declaraciones que se rindieron en audiencia de pruebas surtida a instancia del Tribunal a quo el 6 de diciembre de
2018 (folio 766 expediente digitalizado).
4
Radicación: 41001-23-33-2015-00168-02 (70.329)
Actor: Isaí Silva Montañez y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
precisiones probatorias pertinentes, mientras que el Ministerio Público y la ANDJE no
intervinieron.
La decisión de primera instancia
17. El 21 de febrero de 2023 el a quo declaró probada la excepción de caducidad16. Sostuvo que
el daño se derivaba del contenido de las resoluciones: (i) 321 de 1º de septiembre de 2008 a
través de la cual el Ministerio de Minas y Energía declaró de utilidad pública el área que
comprende los predios necesarios para la construcción y ejecución del PHEQ; (ii) 0899 del 15
de mayo de 2009 mediante la cual el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial otorgó una licencia ambiental para esos efectos; y, (iii) 328 del 1º de septiembre de
2011 en la cual la ANLA modificó esa licencia.
18. Recabó en que desde la fecha de publicación de las referidas resoluciones -lo que ocurrió al
día siguiente de la expedición de cada una de ellas-, la fecha de solicitud de conciliación como
requisito de procedibilidad (17 de junio de 2014) y la de presentación de la demanda (16 de abril
de 2015), habían transcurrido mucho más de dos años.
19. Indicó que desde la demanda se afirmó que el daño se viene causando desde 2010 cuando
se empezaron a adquirir los predios para la realización del proyecto, por manera que se podía
afirmar que el conocimiento del mismo se dio desde esa misma época.
20. Agregó que para acreditar los perjuicios causados los demandantes allegaron certificaciones
emitidas durante octubre de 2012 por diferentes contadores públicos, en las cuales se afirmó
que los demandantes allí relacionados vieron disminuidas sus ventas durante 2009, 2010 y
2011. Con base en ello infirió que entre esas fechas los actores tuvieron pleno conocimiento del
daño alegado, por tanto, hasta la fecha de presentación de la demanda trascurrieron más de
dos años.
21. Sostuvo que por razones de seguridad jurídica, la prolongación de un daño en el tiempo no
puede dejar indefinidos los cómputos de la caducidad, lo que se torna inadmisible cuando se
trata de acciones resarcitorias17.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
22. La parte actora cuestionó la decisión. Dijo que el conocimiento pleno del daño se obtuvo
cuando EMGESA S.A. E.S.P. negó las compensaciones económicas por afectación con ocasión
de la construcción de la central hidroeléctrica El Quimbo.
23. Expuso que en sentencia T-135 de 2013 la Corte Constitucional ordenó a EMGESA S.A. ESP
-hoy ENEL COLOMBIA- realizar un nuevo censo para incluir a quienes se consideraran
afectados con la construcción de la central hidroeléctrica, entre los cuales se encuentran los
comerciantes. En esa decisión, la Corte afirmó que todos los afectados tenían derecho a
presentar reclamación y le ordenó a esa entidad adelantar un nuevo censo, lo que ocurrió en
2014, por lo cual consideró que el cómputo de la caducidad debía iniciar desde este momento
o a partir de cuando se les negó a los demandantes el reconocimiento de una compensación
(2015).
16
La parte resolutiva de la decisión expresó:
“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad por las razones expuestas en la presente providencia y TERMINADO el
proceso.
SEGUNDO: REMITIR copia de esta sentencia al Registro Público centralizado de acciones populares y de grupo de la Defensoría del
Pueblo.
TERCERO: MANTENER el expediente en la secretaría del Tribunal por el término de ocho (8) días contados a partir de la notificación
de la sentencia para los efectos previstos en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996.
CUARTO: NO CONDENAR en costas al grupo demandante.
QUINTO: ORDENAR que en firme esta providencia se archive el expediente previas las anotaciones de rigor en el software de gestión.
17
Índice 159 expediente digitalizado SAMAI Tribunal.
5
Radicación: 41001-23-33-2015-00168-02 (70.329)
Actor: Isaí Silva Montañez y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
24. En la etapa de alegaciones solo intervino el Ministerio Público para solicitar la confirmación
de la declaratoria de caducidad. Indicó que lo dicho en el recurso de apelación era una situación
no planteada en la demanda18.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
25. Surtido el trámite procesal sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar
sentencia, procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.
El objeto de la apelación
26. El
análisis de la Sala parte de verificar inicialmente si en el presente asunto operó el
fenómeno jurídico de la caducidad.
27. Tratándose de la caducidad del medio de control de reparación de perjuicios causados a un
grupo, resultan aplicables los términos previstos en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998, en tanto
que los hechos comenzaron a correr bajo su vigencia19. Este análisis procede en virtud de lo
dispuesto en el artículo 624 del CGP20 que estipula que las leyes concernientes a la sustanciación
y ritualidad de los juicios regirán desde su expedición, salvo cuando los términos hubieren
empezado a correr, evento en el cual regirán las leyes vigentes para este último momento.
28. Con este referente, se tiene que el artículo 47 de la Ley 472 de 199821 dispone que “Sin
perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios, la acción de
grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el
daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo”.
29. Como guía de orientación, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección 22 ,
cuando se trata de acciones reparatorias -naturaleza que tiene la acción incoada-, el cómputo de
la caducidad debe analizarse de acuerdo con las condiciones particulares de cada caso, en tanto
que el juez bien puede enfrentar situaciones en las que: (i) ocurrido el hecho dañoso,
inmediatamente se conoce el daño por su evidente notoriedad. En este escenario, el daño y su
conocimiento por parte del afectado son concomitantes, de lo cual se sigue que es ese único
momento a partir del cual se debe contar el término de caducidad; o, (ii) cuando se causa un
daño, pero el afectado no tuvo la oportunidad de conocerlo en el momento de su ocurrencia, sino
con posterioridad o se vio impedido de acceder materialmente a la administración de justicia. En
este evento será el momento del conocimiento o de la posibilidad de acudir a la jurisdicción a
partir del cual comenzará a computar el referido término.
18
Índice 20 SAMAI segunda instancia.
19
Recuérdese que en la demanda el actor de grupo afirmó que los comerciantes vieron reducidas sus ventas “desde el año de 2010
y hacia el futuro”.
20
Artículo 624. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:
"Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas,
las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se
promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad".
21
Sin las modificaciones introducidas por la Ley 1437 de 2011.
22
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 (expediente 61.033) “Así las cosas, la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se unificará en relación con la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que
se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta
exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene
regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión
del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se
observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a
correr el plazo de ley. Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar al Estado la indemnización de un daño es
inaplicable en aquellos eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista material, el
ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro
asunto en el que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para tales efectos no resulta determinante la
situación causante del daño, sino la condición particular de quien acude a la administración de justicia”. Cfr. sentencia del 6 de febrero
de 2020 (expediente: 64.877); sentencia del 1 de junio de 2020 (expediente: 49.079); sentencia del 4 de febrero de 2021 (expediente:
48.671).
6
Radicación: 41001-23-33-2015-00168-02 (70.329)
Actor: Isaí Silva Montañez y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
30. De igual manera, la Sala ha destacado la relación existente entre el cómputo del término de
caducidad, la naturaleza del daño y el momento en que el mismo se configura, a partir de lo cual
ha señalado que no todos los daños se constatan de la misma forma en relación con el tiempo y
que hay algunos cuya ocurrencia se verifica en un preciso momento, mientras que hay otros que
se extienden y se prolongan en el tiempo23.
31. En estos últimos eventos, la Sección 24 ha resaltado la frecuente confusión que suele
presentarse entre daño y perjuicio. Para clarificar el asunto se ha señalado que tanto la doctrina
como la jurisprudencia han hecho distinciones encaminadas a considerar que por daño se
entiende toda afectación a un bien jurídico tutelado, mientras que el perjuicio guarda relación con
las consecuencias que se derivan de ese daño para el afectado. Tal distinción no es nada
diferente a lo que sostienen los hermanos Mazeud entre el denominado “daño-evento” y el “daño-
consecuencia”. En el primer caso el daño lo constituye la lesión al bien jurídico tutelado; el
segundo caso comporta los diferentes efectos o consecuencias que se derivan de ese hecho
dañoso25.
32. De este modo, se ha aclarado que no se indemnizan los eventos dañosos en sí mismos, sino
las consecuencias que esos eventos tienen en una persona determinada. Así, por ejemplo, dos
personas pueden sufrir el mismo daño, pero pueden experimentar diferentes perjuicios si las
consecuencias de la lesión en uno y otro son diferentes. Pese a que la lesión es la misma, los
efectos son diferentes26.
33. Al lado de lo anterior se ha diferenciado entre el daño instantáneo o inmediato y el daño
continuado o de tracto sucesivo. Por el primero se entiende aquél que resulta susceptible de
identificarse en un momento preciso de tiempo y que si bien produce perjuicios que se pueden
proyectar hacia el futuro, este existe únicamente en el momento en que se produce, mientras que
por el segundo se entiende que se producen de manera sucesiva en el tiempo, esto es, día a día
sin que exista solución de continuidad27.
34. La pauta jurisprudencial sugiere que respecto a los hechos que generan efectos perjudiciales
inmediatos e inmodificables -aquellos cuyas consecuencias se vislumbran al instante y con
rapidez- la contabilización del término de caducidad de la acción inicia desde el día siguiente al
del acaecimiento del hecho; por el contrario, al tratarse de casos relacionados con daños que
sólo se conocen de forma certera y concreta con el discurrir del tiempo y con posterioridad al
hecho generador, esta circunstancia impone contar el término de caducidad a partir del
conocimiento que el afectado tiene del daño28.
Análisis de caducidad en el caso concreto
35. Con los anteriores derroteros y descendiendo al evento sub examine, se precisa que el daño
en relación con el cual se pide una indemnización colectiva consiste en una afectación patrimonial
por “la disminución en sus ventas y prestación de servicios” de los demandantes -comerciantes
del municipio de Garzón- que tuvo como causa común la adquisición de predios rurales del área
de influencia del PHEQ, lo que propició el desplazamiento de la mano de obra no calificada
(agricultura y ganadería) y de los propietarios de esos predios.
36. El daño así referido se vincula al mismo momento en que los demandantes presentaron
“disminución de sus ventas y prestación de servicios”, por cuenta de la realización del PHEQ. No
se trata, como lo pretende hacer ver el demandante en esta instancia, de un daño derivado de la
falta de reconocimiento de unas compensaciones.
23
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de octubre de 2007 (expediente: AG 2001-00029).
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2022 (expediente 58.824).
25
Mazeud Henri y León, Tunc André, Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual (Buenos Aires,
Ediciones Jurídicas Europa-América, Tomo I, Vol. I, 1961), p. 40.
26
Ver, referencia anterior y sentencias del 9 de mayo de 2012 (expediente: 23.810), del 2 de abril de 2013 (expediente: 20.067) y del
26 de marzo de 2009 (expediente 17.994).
27
Ibidem.
28
Ibidem.
7
Radicación: 41001-23-33-2015-00168-02 (70.329)
Actor: Isaí Silva Montañez y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
37. Con estos referentes, el material probatorio revela que, mediante Resolución 321 de 2008
(publicada en el Diario Oficial 47.100 de 2 de septiembre de 2008), el Ministerio de Minas y
Energía declaró “de utilidad pública e interés social los terrenos necesarios para la construcción
y operación del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo”. Según la decisión, el objetivo del provecho
consistía en la generación de energía mediante el aprovechamiento del caudal del río Magdalena
con la construcción de una presa sobre su cauce a la altura del sur del departamento del Huila,
en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado y Altamira29.
38. Bajo la Resolución 0899 de 15 de mayo de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial otorgó “LA LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO
HIDROELÉCTRICO ‘EL QUIMBO’” a EMGESA S.A. ESP, tras el cumplimiento de la normativa
aplicable30; como consecuencia, la instó a establecer mediante censo poblacional, el área de
influencia directa conformada por las cabeceras municipales y veredas que pudieran verse
afectadas por el proyecto e identificar las actividades productivas impactadas, las cuales debían
incluirse en el proyecto de “Indemnización y restablecimiento de las condiciones de vida”. Dentro
de tales actividades se destacan los “Comerciantes o productores que hacen parte de las cadenas
productivas”31.
39. Posteriormente, el Ministerio de Minas y Energía, a través de la Resolución 328 de 1º de
septiembre de 201132 modificó la citada Resolución 321 de 2008, en el sentido de afectar como
de utilidad pública e interés social zonas adicionales necesarias para el PHEQ -11.096,6
hectáreas adicionales-33.
40. Con la demanda fueron aportadas sendas certificaciones emitidas por diferentes contadores
públicos34, en las que se afirma que los comerciantes allí relacionados, quienes figuran como
demandantes en la presente acción de grupo, vieron “disminuidos sus ingresos” en un rango
ponderado entre el 15% y 50% en lo corrido del año 2012 respecto de los años anteriores.
41. Las referidas certificaciones35 se identifican como lo muestra el siguiente cuadro36:
PROPIETARIO - FECHA
ESTABLECIMIENTO CONTADOR FOLIO
DEMANDANTE CERTIFICACIÓN
DROGUERÍA SALUD Sonia Enid Rivera
1 Isaí Silva Montañez 23/10/2012 81
NATURAL Calderón
Gabriel Hernando Acevedo Luis Fernando Cuéllar
2 FACTOR X JUNIOR 18/09/2012 88
Alonso Arias
Johana Ximena Acevedo Luis Fernando Cuéllar
3 365 DÍAS ALCOSTO 18/09/2012 89
Alonso Arias
4 ALMACÉN CENTROTELAS Diomar Almario González 23/10/2012 Martha Lucía Rojas 126
5 ALMACÉN EL REMATE Elías Almario González 23/10/2012 Gloria Yineth Vásquez 103
EMANUEL LO MEJOR EN
6 Marleny Almario González 23/10/2012 Martha Lucía Rojas 108
TEXTILES
7 EL BUEN PRECIO Celiano Anaya Rodríguez 20/10/2012 Blanca Esther Segura 115
PANTYMEDIAS DE
8 Héctor Angulo Vega 23/10/2012 Claudia Jimena Núñez 117
GARZÓN
ESCUELA
9 AUTOMOVILÍSTICA Ramiro Arrigui Lugo 22/10/2012 Javier Polanía Penagos 121
ARRIGUÍ
PACCO RABANNE
10 Virgelina Cabrera Valencia 20/10/2012 Pablo Tulio Calderón 125
PERFUMERÍA Y JOYERÍA
VIDRIOS Y ALUMINIOS
11 Mauricio Calderón Sánchez 22/10/2012 Pablo Tulio Calderón 129
SUPERIOR
29
CD 2 expediente digitalizado.
30
Mencionó la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1220 de 2005.
31
CD 2 expediente digitalizado.
32
Publicada en el Diario Oficial N. 48179 de 1 septiembre de 2011.
33
CD 2 expediente digitalizado.
34
Se aportaron los respectivos documentos que soportaron la calidad de contador público alegada.
35
Las cuales obran en los folios 80 a 415 del expediente digitalizado.
36
Los recuadros resaltados refieren la información de los demandantes en relación con los cuales no obra certificación.
8
Radicación: 41001-23-33-2015-00168-02 (70.329)
Actor: Isaí Silva Montañez y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
EL NEGOCIANTE DEL
12 Abraham Cediel Marín 20/10/2012 Javier Polanía Penagos 133
USADO
13 PELUQUERÍA CEDIEL María Del Carmen Cediel 23/10/2012 Claudia Jimena Núñez 138
Luis Fernando Cenón
14 EL DESCUENTO LA ONCE 20/10/2012 Blanca Esther Segura 142
Rodríguez
MISCELÁNEA VIVIANA Alba María Céspedes
15 22/10/2012 Lina María Ferro 146
GARZÓN Prada
ALMACÉN CORONADO DE
16 Eduin Coronado Marroquín 20/10/2012 Blanca Esther Segura 181
LA 11
Maicol Fernando Cortés
17 EXPLOSIÓN 365 Sin certificación
Rojas
18 CALZA PIE DESCALZO Carmenza Delgado Vega 23/10/2012 Claudia Jimena Núñez 157
Luis Fernando Cuéllar
19 EL BBQ DE LAS BRISAS Nidia Shirley Díaz Aguirre 23/10/2012 161
Arias
Luis Fernando Cuéllar
20 DEPORTE EXTREMO Germán Díaz Plata 18/09/2012 165
Arias
21 CALZADO YULI Luz Miriam Fierro Gálvez 20/10/2012 Blanca Esther Segura 169
22 COKYS CREM María Felisa Fiesco Medina Sin certificación
DISTRIBUIDORA GAMBOA
23 Nilson Gamboa Toledo 22/10/2012 Claudia Jimena Núñez 175
EN GARZÓN
Martha Edith Gómez
24 JUANJO TEXTILES 24/10/2012 Javier Polanía Penagos 179
Pantevez
Fabio Heriberto González
25 EL BARATÓN DE GARZÓN 20/10/2012 Blanca Esther Segura 183
García
26 IMAGEN DIGITAL 12 Jota Mario Gutiérrez Cediel 23/10/2012 Claudia Jimena Núñez 187
CALZA ESTILOS Y ALGO
27 Rubiela Gutiérrez Ruiz 20/10/2012 Blanca Esther Segura 191
MÁS
Nury Patricia Gutiérrez
28 ALMACÉN EL REBAJÓN 20/10/2012 Blanca Esther Segura 195
Sotto
29 AMPARO SPORT Amparo Lozada Calderón 20/10/2012 Blanca Esther Segura 199
30 CAFETERÍA LAS TRENZAS Amparo Manchola Collazos 23/10/2012 Claudia Jimena Núñez 203
31 CALZAGANGAS GARZÓN Smith Martínez Carillo 20/10/2012 Blanca Esther Segura 207
COMERCIO DE
32 Alexander Naranjo Gasca 23/10/2012 Claudia Jimena Núñez 211
MERCANCÍAS
Martha Isabel Osorio
33 FUENTE DE SODA SANTY 20/10/2012 Blanca Esther Segura 215
Quintero
DROGUERÍA CENTRAL DE
34 Octavio Parra Marín 22/10/2012 Claudia Jimena Núñez 219
GARZÓN
Lina Marcela Pastrana
35 INNOVACIÓN FELIPE 20/10/2012 Blanca Esther Segura 223
Vargas
36 FANTASÍAS DANIEL Luz Argenida Rojas Losada 20/10/2012 Blanca Esther Segura 227
37 REMATES DE FABIO Marta Jedena Rojas Losada 20/10/2012 Blanca Esther Segura 231
Oscar Fernando Rojas
38 HOY DE SHOPIN 20/10/2012 Blanca Esther Segura 235
Losada
39 PANADERÍA PATTY PAN Patricia Silva Montañez 23/10/2012 Claudia Jimena Núñez 239
Héctor Ángel Suarez
40 PELUQUERÍA SUAREZ 20/10/2012 Blanca Esther Segura 243
Figueroa
Manuel Antonio Toledo
41 CARREFUR TOLEDO Sin certificación
Perdomo
GUARAPERÍA LA María De Jesús Toledo
42 20/10/2012 Blanca Esther Segura 248
SABROSONA Perdomo
43 AQUÍ NELCY María Nelcy Trujillo 22/10/2012 Javier Polanía Penagos 252
Cileys del Carmen Vargas
44 GRANERO EL PASTOSO 23/10/2012 Lina María Ferro 256
Álvarez
45 ALMACÉN JAIMIR Bianey Vargas Martínez 20/10/2012 Blanca Esther Segura 260
46 TALABARTERÍA BOLAÑOS Héctor Bolaños Patiño 20/10/2012 Lina María Ferro 264
CENTRAL DE Luis Antonio Calderón
47 Sin certificación
ELÉCTRICOS GARZÓN Moreno
TIENDA LA MACARENA DE José Alcides Cedeño
48 22/10/2012 Claudia Jimena Núñez 271
LOS GUADUALES Rivera
ALMACÉN VARIEDADES María Fanny Escobar
49 25/10/2012 Lucero Fiesco 276
FANNY Manjarrez
50 REMATES TAIWÁN Mercedes García Motta 26/10/2012 Lina María Ferro 279
51 GOM’ARS DEPORTES Marina González Sáenz 26/10/2012 Blanca Esther Segura 283
9
Radicación: 41001-23-33-2015-00168-02 (70.329)
Actor: Isaí Silva Montañez y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
52 SHOWS PELUQUERÍA Rosa Inés Huertas Mora 23/10/2012 Javier Polanía Penagos 287
53 OXI - GARZÓN Olga Londoño Castellanos 23/10/2012 Horacio Llanos Reyes 295
DISTRIBELLEZA STETIC
54 Eida Galith Losada Trujillo 22/09/2012 Adriana Aponte León 300
COLOR
Carmenza Martínez
55 ALGODÓN SABOR 13/11/2012 Javier Polanía Penagos 304
Artunduaga
56 VENTA DE PAN Y OTROS Mercedes Méndez Barreiro 29/10/2012 Javier Polanía Penagos 308
57 STOP SHOPPING María Inés Méndez Carvajal 20/10/2012 Blanca Esther Segura 312
PANADERÍA DE EMMA DE Sara Esther Méndez
58 29/10/2012 Javier Polanía Penagos 316
MÉNDEZ Oviedo
59 EL EXITAZO DE LA 11 José Agustín Muñoz Nova 20/10/2012 Blanca Esther Segura 320
Yeimy Lorena Nañez
60 DEPORTIVOS GARZÓN 1/11/2012 Lina María Ferro 326
Chaves
61 REMATES J.K Arcadio Ordóñez Duarte 26/10/2012 Lina María Ferro 330
62 SURTIMELAO Jhonathan Ordóñez García Sin certificación
VARIEDADES HOME
63 Rosalba Ospina Martínez 30/10/2012 Javier Polanía Penagos 336
DECOR
Martha Cecilia Ramos
64 NEWCELL TECNOLOGY 18/10/2012 Claudia Jimena Núñez 340
González
Sandra Patricia Ramos
65 KITCELL 18/10/2012 Martha Edith 344
González
66 MAO SPORT GARZÓN Magnolia Ramos Méndez 20/10/2012 Blanca Esther Segura 349
67 BOUTIQUE CEL DEL SUR Rosario Rojas Ramos 18/10/2012 Claudia Jimena Núñez 353
DETALLES Y PAPELERÍA
68 Delcy Rincón Galindo 18/10/2012 Lina María Ferro 357
TUTTY'S
P.J.T. VARIEDADES ALGO
69 Pedro Julio Torres Penagos 27/10/2012 Blanca Esther Segura 361
MÁS
70 TIENDA CUBANEY Cornelio Vargas Cruz 23/10/2012 Claudia Jimena Núñez 364
71 ALMACÉN DON VASO Bárbara Ardila Barrera Sin certificación
72 MINITIENDA EL JARDÍN Carmenza Claros Ramos 4/12/2012 Claudia Jimena Núñez 373
TIENDA GUADUALES DE
73 Humberto Medina Bonilla 20/12/2012 Alcides Bustos Bustos 378
GARZÓN
74 Yobany Cuaji Trujillo Yobany Cuaji Trujillo 14/12/2012 Blanca Esther Segura 384
Luis Gerardo Perdomo
75 INSUMOS AL AGRO 1/11/2012 Javier Polanía Penagos 388
Cuéllar
76 PABLONET.COM Pablo Ricaurte Ardila Ardila 5/03/2013 Pablo Tulio Calderón 393
Luis Ernesto Silva
77 TALLER EL CHASIS 24/10/2012 Luis Enrique Quitian 401
Montañez
Luz Marina Ramírez
78 DROGUERÍA SUPREMA 6/03/2013 Pablo Tulio Calderón 397
Calderón
79 PROMOCIONES LA ONCE Anayibe Gómez Naranjo 20/10/2012 Blanca Esther Segura 405
RESTAURANTE DONDE
80 Claudia Patricia Ibáñez 5/03/2013 Pablo Tulio Calderón 405
ANDREA
Diego Ferney Sánchez
81 WORLD STYLE Sin certificación
Vargas
GRANERO CLAUDIA Claudelia Gabriela Diana Cristina
82 12/03/2013 413
GARZÓN Perdomo Quinaya Manjarrez
42. Del contenido de las certificaciones se extrae, por ejemplo, que la contadora pública Sonia
Enid Rivera certificó que el señor Isaí Montañez “presenta una disminución porcentual del 15%
en el período de enero a septiembre de 2012”. El contador público Luis Fernando Cuéllar indicó
que Gabriel Hernando Acevedo y Nidia Shirley Díaz Aguirre vieron reducidas sus ventas a
septiembre de 2012 en comparación con el año 2011 en un 75% y 26%; Johana Ximena Acevedo
y Germán Díaz Plata, en un 42% y 46%. El contador Pablo Tulio Calderón Urriago indicó que
entre enero y septiembre de 2012, Virgelina Cabrera vio reducidas sus ventas en un 35%.
43. En certificaciones del 22 y 23 de octubre de 2012, las contadoras: (i) Martha Lucía Rojas
Murcia indicó que los señores Diomar y Marleny Almario González presentaban “una disminución
del 30% en las Ventas durante el año 2012 con respecto al 2011 y anteriores”; (ii) Gloria Yineth
Vásquez Godoy certificó que el señor Elías Almario González “ha tenido un comportamiento en
sus Ingresos, con tendencia a la disminución en un porcentaje promedio del (35%), durante los
años 2010, 2011 y lo que va corrido del 2012”; y, Marleny Almario González “una disminución del
10
Radicación: 41001-23-33-2015-00168-02 (70.329)
Actor: Isaí Silva Montañez y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
30% en las Ventas durante el año 2012.; (iii) Blanca Esther Segura Rojas señaló que Celiano
Anaya Rodríguez, Luis Fernando Cenón Rodríguez, Fabio Heriberto González, Miriam Fierro
Gálvez, en lo corrido a octubre de 2012 tuvo una disminución de sus ingresos mensuales en
comparación con el 2011 en un 35% y 25%37. Misma afirmación que emitió la contadora Claudia
Jimena Núñez respecto de los señores Héctor Angulo Vela, María del Carmen Cediel y Jota Mario
Gutiérrez38.
44. En esa misma fecha, los contadores Pablo Calderón Urriago y Lina María Fierro informaron
que los señores Mauricio Calderón Sánchez y Alba María Céspedes presentaron una disminución
de sus ingresos entre el 2011 y 2012 en un 35% y 25%.
45. En certificación del 22 de octubre de 2012, el contador Javier Polanía Penagos certificó que el
señor Ramiro Arrigui Lugo “durante el año 2010 tuvo una disminución en sus ingresos del 25%
en el año 2011 de 35% y en el año 2012 del 50% aproximadamente”; Abraham Cediel Marín
“durante el año 2011 y 2012 tiene una disminución en sus ingresos del 32%”; Luz Miriam Fierro
Gálvez del 35%; María Nelcy Trujillo “durante el año 2010 tuvo una disminución en sus ingresos
del 20% en el año 2011 de 30% y año 2012 el 50 % aproximadamente”. ROSA INÉS HUERTAS
MORA durante los años 2011 y 2012 ha tenido una disminución en sus ingresos del 35%
aproximadamente”.
46. Las contadoras: (i) María Ferro Ducuara indicó que Alba María Céspedes Prada “presenta una
disminución en sus ingresos del 25% desde el año 2011 y 2012”; Héctor Bolaños Patiño en el
mismo período del 30% y (ii) Lucero Fiesco certificó que María Fanny Escobar Manjarrez “tuvo
disminución en los ingresos del año 2011 de un 20% y en lo que va corrido de 2012 a
octubre de 2012 del 30% y Mercedes García Motta del 30% entre 2011 y 2012.
47. Tras esta relación probatoria y comoquiera que en términos de la demanda el daño por cuya
causa común se reclamó una indemnización colectiva consiste en la “disminución de las ventas”
reportada “desde el año 2010”, resulta procedente, a efectos de emprender el cómputo de la
caducidad, establecer el momento en que los demandantes conocieron de ese hecho económico,
propósito para el cual deberá acudirse a las normas del Código de Comercio, en cuanto resultan
claramente aplicables al ejercicio de la actividad que desarrollaban los actores en calidad de
comerciantes del municipio de Garzón.
48. Se parte por señalar que el Código de Comercio califica como comerciante a la persona que
profesionalmente se ocupa de una actividad considerada como mercantil39 -artículo 10-, al lado,
clasifica como mercantil, entre otras actividades, “La adquisición de bienes a título oneroso con
destino a enajenarlos en igual forma, y la enajenación de los mismos” -articulo 2040-.
37
Misma certificación que emitió respecto de los señores: Rubiela Gutiérrez, Patricia Gutiérrez Sotto, Amparo Losada Calderón,
Martha Isabel Osorio Quintero, Lina Marcela Pastrana Vargas, Luz Argenida Rojas Losada, Luz Argenida Rojas Losada, Oscar
Fernando Rojas Losada, Héctor Ángel Suarez, María de Jesús Toledo Perdomo, Bianey Vargas Martínez, Marina González Sáenz,
entre otros.
38
Misma certificación que emitió respecto de los señores Amparo Manchola Collazos, Smith Martínez Carrillo, Alexander Naranjo
Gasca, Octavio Parra Marín, Patricia Silva Montañez, José Alcides Cedeño Rivera, entre otros.
39
Código de Comercio. Artículo 10 “COMERCIANTES - CONCEPTO - CALIDAD. Son comerciantes las personas que
profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles.
La calidad de comerciante se adquiere, aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta
persona”.
40
“ACTOS, OPERACIONES Y EMPRESAS MERCANTILES - CONCEPTO. Son mercantiles para todos los efectos legales:
1) La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma, y la enajenación de los mismos;
2) La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos; el arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de
toda clase de bienes para subarrendarlos, y el subarrendamiento de los mismos;
3) El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, para darlo en préstamo, y los préstamos subsiguientes, así como
dar habitualmente dinero en mutuo a interés;
4) La adquisición o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de comercio, y la prenda*, arrendamiento, administración y
demás operaciones análogas relacionadas con los mismos;
5) La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas o la
negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones;
6) El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos-valores, así como la compra para reventa, permuta, etc., de los
mismos;
7) Las operaciones bancarias, de bolsas, o de martillos;
8) El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o extranjeras;
9) La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje;
10) Las empresas de seguros y la actividad aseguradora;
11) Las empresas de transporte de personas o de cosas, a título oneroso, cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados;
11
Radicación: 41001-23-33-2015-00168-02 (70.329)
Actor: Isaí Silva Montañez y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
49. Frente al comerciante, el mismo estatuto -artículo 1941- le impone particularmente la obligación
de: (i) matricularse en el registro mercantil; (ii) inscribir en el registro mercantil todos los actos,
libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad; y, (iii) llevar contabilidad
regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. El mentado registro42, tiene por
objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de sus establecimientos de comercio, así como
la inscripción “de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa
formalidad”.
50. En voces del artículo 28 43 , en el mencionado registro mercantil los comerciantes deben
inscribir, entre otros, “Los libros de contabilidad, los de registro de accionistas, los de actas de
asambleas y juntas de socios, así como los de juntas directivas de sociedades mercantiles”.
Luego, en términos del artículo 3344 esa matrícula debe renovarse anualmente “dentro de los tres
primeros meses de cada año”45.
51. En dicha renovación, el comerciante debe informar entre otras cosas, cualquier variación
referente a su actividad comercial o a la de sus establecimientos de comercio y actualizar la
información respecto de “los demás actos y documentos sujetos a registro”. Ese trámite anual
está condicionado al pago de una tarifa diferencial que atiende el valor de los activos y pasivos
del establecimiento de comercio46.
52. Por su parte, los artículos 48 y siguientes del Código de Comercio preceptúan que todo
comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados
financieros, documentos que reflejarán las operaciones mercantiles que realicen y las que puedan
influir en su patrimonio, lo que deberá estar respaldado en los asientos contables, lo anterior
encuentra sustento en tanto la ley comercial obliga al comerciante a “llevar la contabilidad regular
de sus negocios”47.
53. Sobre la contabilidad, el artículo 52 del Código de Comercio prevé que, al iniciar sus
actividades comerciales y, por lo menos, una vez al año, los comerciantes deben elaborar un
inventario y un balance general que permitan conocer de manera clara y completa la situación de
su patrimonio48, lo que sugiere que la actualización de esa información debe ser objeto de la
renovación de su matrícula mercantil.
12) Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes;
13) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes;
14) Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de propaganda y las demás destinadas a la prestación de
servicios;
15) Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones;
16) Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o recursos de la naturaleza;
17) Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, custodia o circulación de toda clase de bienes;
18) Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire, y sus accesorios,
y
19) Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil”.
41
“Es obligación de todo comerciante:
1) Matricularse en el registro mercantil;
2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad;
3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales;
4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades;
5) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles, y
6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal”.
42
Que llevan las Cámaras de Comercio de la jurisdicción respectiva.
43
Antes de la modificación introducida por el artículo 175 del Decreto 19 de 2012.
44
“ARTÍCULO 33. RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL - TÉRMINO PARA SOLICITARLA. La matrícula se renovará
anualmente, dentro de los tres primeros meses de cada año. El inscrito informará a la correspondiente cámara de comercio la pérdida
de su calidad de comerciante, lo mismo que cualquier cambio de domicilio y demás mutaciones referentes a su actividad comercial,
a fin de que se tome nota de ello en el registro correspondiente. Lo mismo se hará respecto de sucursales, establecimientos de
comercio y demás actos y documentos sujetos a registro”.
45
En sentencia C-277/06 la Corte Constitucional al realizar el juicio de exequibilidad del artículo en cita consideró que la renovación
de la matrícula mercantil busca satisfacer objetivos legítimos encaminados a la “estructuración de una base de datos
permanentemente actualizada con la información detallada de los comerciantes y sus ocupaciones” que le dé garantía al
principio de publicidad de los actos propios de la dinámica económica.
46
Según lo previsto en el artículo 124 de la Ley 6 de 1992 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades
para emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan otras
disposiciones”.
47
Artículo 19 del Código de Comercio antes citado.
48
“ARTÍCULO 52. <OBLIGATORIEDAD DE ELABORAR PERIÓDICAMENTE UN INVENTARIO Y UN BALANCE GENERAL>. Al
iniciar sus actividades comerciales y, por lo menos una vez al año, todo comerciante elaborará un inventario y un balance general
que permitan conocer de manera clara y completa la situación de su patrimonio”.
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Radicación: 41001-23-33-2015-00168-02 (70.329)
Actor: Isaí Silva Montañez y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
54. Conforme estas disposiciones, resulta razonable y atendible inferir que los actores, en su
calidad de comerciantes, debieron tener conocimiento cierto del hecho económico determinado
por la reducción de sus ventas en el 201049, al menos a partir del 1º de abril de 2011, esto es,
cuando vencía el plazo para la renovación de su matrícula mercantil, en tanto que en esta
oportunidad estaban conminados a actualizar su información financiera del año inmediatamente
anterior, lo cual sugiere que para ese momento conocían el resultado del ejercicio contable que
debían llevar de manera regular, al menos, una vez al año y con ello conocer el comportamiento
de sus ingresos por ventas.
55. En tales condiciones, no mediando prueba que acredite haber estado en la imposibilidad de
conocer tales resultados, en términos de lo prescrito en el artículo 47 de la Ley 472 de 199850, la
acción debió ejercerse de manera oportuna hasta el 2 de abril de 2013; sin embargo, como la
solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 17 de junio de 2014 51 y la demanda el 16 de
abril de 2015, para estas fechas había fenecido el término bienal para el ejercicio oportuno de la
acción.
56. Si bien algunas certificaciones contables dieron cuenta de la reducción de los ingresos de los
comerciantes durante el 2011 y parte del 2012, la Sala no puede desconocer que en términos de
la demanda la causa común que determinó el daño consistió en la afectación de las ventas de
los comerciantes desde el 2010, cuyo conocimiento se tuvo al vencimiento del plazo para la
renovación de la matrícula mercantil (1º de abril de 2011), por manera que las afectaciones de
los años fiscales siguientes certificadas por los contadores a lo sumo comprenderían la
agravación del daño común, siendo inadmisible establecer un conteo separado respecto de cada
año contable, pues ello se traduciría en una prolongación indefinida del término de caducidad a
discreción de los actores, lo que atenta contra el principio de seguridad jurídica.
57. Con todo, si en gracia de discusión se tuvieran en cuenta las fechas en que fueron emitidas
las certificaciones de los contadores públicos52 como referente del conocimiento del daño y con
ello del cómputo de la caducidad, el análisis confluiría de igual modo en la definición respecto de
un ejercicio extemporáneo de la acción incoada53.
58. Se parte por señalar que, pese a que se trate de una misma causa común de indemnización
colectiva de perjuicios, las certificaciones fueron emitidas en oportunidades distintas respecto de
cada comerciante. En estas condiciones deberá ponderarse un criterio común que tiene como
referencia la fecha más recurrente de las certificaciones, pues se tiene que los contadores
certificaron una reducción de ingresos frente al mismo rango temporal -año 2012- y respecto de
establecimientos de comercio de propiedad de los demandantes que se encontraban dentro del
área de afectación del PHEQ delimitada en la demanda al municipio de Garzón (Huila).
59. En términos porcentuales, las fechas de las certificaciones se relacionan así:
Fecha Número de Porcentaje
certificaciones
23/10/2012 16 19,512%
18/09/2012 3 3,658%
49
Daño por el que reclaman indemnización colectiva.
50
Se analiza el cómputo desde lo reglado al punto de la fecha en que se causó el daño y su conocimiento. No se razona sobre los
cómputos desde la cesación de la acción vulnerante, en tanto que el daño que acá se pide indemnizar no tiene la naturaleza de daño
continuado.
51
Folios 416 y 417 expediente digitalizado.
52
En términos de la Ley 43 de 1990, reglamentaria de la profesión de Contador Público, por contador público se entiende “la persona
natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente Ley, está facultada para
dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades
relacionadas con la ciencia contable en general”. Al paso que define que la ciencia contable en general comprende “todas aquellas
que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones
que se expidan con fundamentos en los libros de contabilidad, revisoría fiscal prestación de servicios de auditoría, así como todas
aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional del Contador Público, tales como: la asesoría tributaria, la
asesoría gerencial, en aspectos contables y similares”.
53
Cada contador público que emitió la certificación respectiva aportó copia de su tarjeta profesional. Al respecto, se observa que, en
virtud de lo previsto en el artículo 3 de la mencionada ley, “La inscripción como Contador Público se acreditará por medio de una
tarjeta profesional que será expedida por la Junta Central de Contadores”.
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Radicación: 41001-23-33-2015-00168-02 (70.329)
Actor: Isaí Silva Montañez y otros
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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
20/10/2012 24 29,268%
22/10/2012 7 8,536%
24/10/2012 2 2,439%
25/10/2012 1 1,219%
26/10/2012 3 3,658%
13/11/2012 1 1,219%
29/10/2012 2 2,439%
1/11/2012 2 2,439
30/10/2012 1 1,219
18/10/2012 4 4,878
27/10/2012 1 1,219%
4/12/2012 2 2,439%
20/12/2012 1 1,219%
14/12/2012 1 1,219%
5/03/2013 2 2,439%
6/03/2013 1 1,219%
12/03/2013 1 1,219%
sin fecha 7 8,536%
TOTALES 82 99,993%
60. La información porcentual evidencia que al menos para el 20 de octubre de 2012, la mayoría
de los demandantes tenían conocimiento cierto del daño, esto es, de la afectación patrimonial por
cuenta de la disminución de sus ventas que tuvo como causa común la adquisición de predios
del área de influencia del PHEQ, lo que propició el desplazamiento de sus propietarios y de la
mano de obra no calificada, en tanto que para en ese momento había información concreta
emitida por contadores públicos54 sobre la variación de los ingresos por ventas durante el 2012
en comparación con años anteriores55.
61. Con este derrotero, se tendría el 21 de octubre de 2012 como punto de partida para el cómputo
de la caducidad; de allí que la acción incoada, atendiendo el término bienal previsto en el artículo
47 de la Ley 472 de 1998 podía promoverse hasta el 21 de octubre de 2014; sin embargo, como
el 17 de junio anterior 56 se presentó solicitud de conciliación extrajudicial a instancia de la
Procuraduría 34 Judicial II para asuntos administrativos, el término quedó suspendido cuando
restaban 126 días.
62. Al reanudarse el término con la expedición de la constancia de trámite fallido por falta de ánimo
conciliatorio el 17 de septiembre de 201457, la demanda podía presentarse hasta el 21 de enero
de 2015; pero como ello ocurrió el 16 de abril siguiente también resulta palmaria su
extemporaneidad.
54
En términos de la Ley 43 de 1990, reglamentaria de la profesión de Contador Público, por contador público se entiende “la persona
natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente Ley, está facultada para
dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades
relacionadas con la ciencia contable en general”. Al paso que define que la ciencia contable en general comprende “todas aquellas
que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones
que se expidan con fundamentos en los libros de contabilidad, revisoría fiscal prestación de servicios de auditoría, así como todas
aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional del Contador Público, tales como: la asesoría tributaria, la
asesoría gerencial, en aspectos contables y similares”.
55
Cada contador público que emitió la certificación respectiva aportó copia de su tarjeta profesional. Al respecto, se observa que, en
virtud de lo previsto en el artículo 3 de la mencionada ley, “La inscripción como Contador Público se acreditará por medio de una
tarjeta profesional que será expedida por la Junta Central de Contadores”.
56
Folios 416 y 417 expediente digitalizado.
57
Folios 416 y 417 expediente digitalizado.
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63. Si bien no milita información contable respecto de los demandantes María Felisa Fiesco
Medina 58 ; Manuel Antonio Toledo Perdomo 59 ; Luis Antonio Calderón Moreno 60 ; Jhonathan
Ordóñez García61; Bárbara Ardila Barrera62 y Diego Ferney Sánchez Vargas63, la Sala tomará la
misma fecha para iniciar el cómputo al no existir razones para considerar que las actividades
comerciales que desarrollaban en sus establecimientos, siendo un comercio de la misma región
(Garzón -Huila) y con actividades afines, se vieran afectadas con posterioridad a esa fecha;
asimismo, no obran elementos conclusivos que acrediten que aquéllos tuvieron conocimiento del
daño después de haberse expedido las pluricitadas certificaciones el 20 de octubre de 2012.
64. En el mismo sentido se advierte que, a pesar de que reposan cuatro certificaciones atinentes
a los señores Luz Marina Ramírez 64 ; Pablo Ricaurte Ardila 65 ; Claudelia Gabriela Perdomo
Quinaya66 y Claudia Patricia Ibáñez67 , emitidas en marzo del 2013, ello no es óbice para inferir
que el daño y su conocimiento se materializó con posterioridad a octubre de 2012, pues se trata
de comerciantes de la misma región, con actividades comerciales afines a las relacionadas con
los establecimientos certificados en octubre de 2012 y quienes alegaron afectaciones con idéntica
causa común constatada por los contadores públicos en esta fecha. Considerar lo contrario
implicaría que respecto de estos demandantes no existirían condiciones uniformes generadoras
del daño reclamado, lo que iría en contravía de la causa petendi que sustenta la demanda y la
delimitación del grupo actor expresamente realizada por su apoderado.
65. Los planteamientos explicitados dejan sin sustento el argumento del apelante dirigido a señalar
que el conocimiento del daño se obtuvo en 2015 con la decisión de EMGESA S.A. E.S.P., en
cuanto negó las compensaciones económicas solicitadas al efectuarse el nuevo censo
poblacional tras la orden de la Corte Constitucional en sentencia T-135 de 2013, censo que se
realizó en 2014.
66. Para la fecha en que se ordenó y realizó dicho censo -2014- y se negaron las compensaciones
económicas por afectación -2015-, el daño consistente en la disminución de ingresos de los
comerciantes -lo que a su vez se constituye en la condición uniforme y causa común de la
afectación-, ya venía gestándose desde 2010, de lo cual tenían evidencia los demandantes a
partir del resultado de los inventarios y balances generales ordenados por la ley -párrafos 52 a
54-, ejercicio contable anterior a las mencionadas certificaciones que ya lo había puesto en
evidencia para los demandantes.
67. La decisión de EMGESA S.A. E.S.P de negar las compensaciones económicas no se presentó
primigeniamente bajo la demanda como hecho constitutivo del daño que allí se alega, ya que este
era un hecho económico preexistente y conocido por los demandantes, de manera que no podía
determinar el punto de partida para el cómputo de la caducidad, so pena de variar la causa petendi
de la demanda.
68. Las razones expuestas imponen confirmar la sentencia objeto de recurso que declaró la
caducidad del medio de control incoado.
Condena en costas
69. El artículo 361 del Código General del Proceso dispone que “las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho”. A su vez, los artículos 365 y 366 ibidem, aplicables por remisión expresa del artículo
68 de la Ley 472 de 1998, prescriben que se condenará en costas a la parte vencida en el
58
Propietaria del establecimiento de comercio Cokys Crem.
59
Propietario del establecimiento de comercio Carrefur Toledo.
60
Propietario del establecimiento de comercio Central de Eléctricos Garzón.
61
Propietario del establecimiento de comercio Surtimelao.
62
Propietario del establecimiento de comercio Almacén Don Vaso.
63
Propietario del establecimiento de comercio World Style.
64
Establecimiento Droguería Suprema.
65
Establecimiento Pablonet.com.
66
Establecimiento Granero Claudia Garzón.
67
Establecimiento Restaurante Donde Andrea.
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Radicación: 41001-23-33-2015-00168-02 (70.329)
Actor: Isaí Silva Montañez y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se
realiza, de manera concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en
primera instancia, sin embargo, en este escenario corresponde la fijación de las agencias en
derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
70. Bajo tales supuestos, la Sala condenará en costas a los demandantes que hicieron parte del
proceso, dado que sus pretensiones fueron despachadas en forma desfavorable68. El Tribunal
a quo deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, debiendo considerar que en
esta instancia se fijarán agencias en derecho por un (1) salario mínimo mensual legal vigente a
la fecha de esta sentencia, fraccionado en partes iguales a favor de los Ministerios de Minas y
Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de la Empresa EMGESA S. A. ESP –
hoy ENEL COLOMBIA-.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte motiva, la sentencia proferida el
21 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo del Huila.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a los demandantes que hicieron parte
del proceso, las que serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal Administrativo del
Huila de acuerdo con el artículo 366 del Código General del Proceso, teniéndose en cuenta la
fijación de agencias en derecho a favor de la parte demandada por la suma de un (1) salario
mínimo mensual legal vigente a la fecha de esta sentencia, fraccionado en partes iguales a favor
de los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de la
Empresa EMGESA S. A. ESP –hoy ENEL COLOMBIA-.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF
68
En cuanto a la condena en costas en la acción de grupo con fallo desfavorable, se puede consultar Sección Tercera, Subsección
C, sentencia del 16 de diciembre de 2022, radicado AG 2015-00579-01; sentencia del 23 de septiembre de 2024, radicado 62466;
sentencia del 17 de junio de 2024, radicado AG 2014 00829. Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de enero de 2022
(expediente 2015-00018). Sección Tercera, Subsección A. sentencia del 30 de agosto de 2024 (expediente: 69.510).
16
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