Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00183-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00183-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2015-00183-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
7 de mayo de 2026
Radicado: 41001-23-33-000-2015-00183-01 (1484-2021)
Demandante: Marcela Garzón Nes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2015-00183-01 (1484-2021)
Demandante: Marcela Garzón Nes
Demandado: E.S.E Hospital Divino Niño de Rivera
Tema: Relación laboral encubierta
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia. En su lugar, niega
pretensiones
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide los
recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y demandada contra
la sentencia de 20 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
del Huila, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda1
1. Declarar la nulidad del oficio GE-153-2013 del 28 de junio de 2013, expedido
por la ESE Hospital Divino Niño de Rivera, así como del acto ficto negativo
derivado de la falta de respuesta al recurso de reposición y en subsidio apelación
en virtud de los cuales se negó negó la existencia de una relación laboral entre
el 1 de febrero de 1995 y el 31 de diciembre de 2011, y los emolumentos
salariales y prestacionales a los que tiene derecho la señora Marcela Garzón
Nes.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que la ESE reconozca las
acreencias laborales y prestaciones sociales atinentes al auxilio de cesantías,
intereses a las cesantías, vacaciones, bonificación por servicios prestados, prima
de servicios, prima de navidad y prima de navidad. Además, reclamó el pago de
la sanción moratoria por la falta de consignación de las cesantías, la
indemnización por despido sin justa causa y la restitución de las sumas de dinero
sufragadas por concepto de parafiscales en salud y pensiones.
1 Folio 78 del expediente.
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3.Finalmente, que se ordene la indexación de los valores que sean reconocidos
y de los intereses de acuerdo con lo prescrito por los artículos 187 y 192 del
CPACA.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda2
4.Manifestó que la señora Marcela Garzón Nes prestó servicios como auxiliar de
enfermería, bajo la dependencia y subordinación del Hospital Divino Niño de
Rivera en el período de 1 de febrero de 1995 al 31 de diciembre de 2011.
5.Señaló que percibió una remuneración, cumplió jornada de trabajo y horario
impuesto por sus superiores, y estuvo sometida a una constante sujeción y
dependencia por parte del ente hospitalario.
6. Afirmó que el 29 de mayo de 2013 presentó reclamación administrativa ante
la ESE con el fin de que se declarara la existencia de una relación laboral, así
como el consecuente pago de las acreencias e indemnizaciones laborales. Sin
embargo, el centro asistencial resolvió desfavorablemente la petición a través del
oficio GE-153-2013 del 28 de junio de 2013, decisión que fue objeto de recurso
de reposición y en subsidio de apelación frente al cual la institución no emitió
pronunciamiento.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración3
7.Invocó la vulneración de los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 121, 150-7,
189-4, 209, 228 y 315 de la Constitución Política; 32 de la Ley 80 de 1993; la Ley
27 de 1992 y los Decretos 2400 de 1968 y 1042 de 1978.
8.En el concepto de violación puntualizó que acaecieron los elementos
configurativos de la relación laboral subyacente, correspondientes a la prestación
personal del servicio, la contraprestación y la continua subordinación, con lo cual,
se desnaturalizó la tipología contractual mediante la que se vinculó.
9. Y que los contratos de prestación de servicios no son procedentes para la
realización de funciones permanentes de las entidades públicas, pues el artículo
32 de la Ley 80 de 1993 dispone que su celebración será por el término
estrictamente indispensable.
1.4. Contestación de la demanda4
10.La ESE Hospital Divino Niño de Rivera contestó la demanda oponiéndose a
las pretensiones, para lo cual argumentó que por regla general la función pública
se realiza a través del personal de planta que integra la entidad; no obstante,
excepcionalmente si las actividades no pueden llevarse a cabo con la planta de
personal o se requieren conocimientos especializados, aquellas podrán suplirse
mediante contratos de prestación de servicios que en el presente asunto se
acudió para garantizar la prestación del servicio de salud.
2 Folios 76 y 77 del expediente.
3 Folios 79 a 93, ídem.
4 Folios 116 a 124 del expediente.
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11.Con fundamento en lo anterior, presentó como excepciones de mérito las
siguientes: i) inexistencia de la relación laboral; ii) buena fe de la ESE Hospital
Divino Niño de Rivera; iii) prescripción.
1.5. Sentencia de primera instancia5
12.El Tribunal dictó sentencia el 20 de octubre de 2020, mediante la cual declaró
la nulidad del oficio GE-153-2013 del 28 de junio de 2013 y del acto producto del
silencio administrativo negativo por la omisión de resolver el recurso de
reposición y en subsidio apelación ejercido en contra del citado oficio. En ese
sentido, declaró la existencia de la relación laboral encubierta entre las partes en
los períodos de 1 de junio a 30 diciembre de 1998, 1 de agosto de 1999 a 31 de
diciembre de 2000, 1 de octubre a 31 de diciembre de 2007 y 19 de enero de
enero de 2010 a 31 de diciembre de 2011.
13.Igualmente, declaró probada la excepción de prescripción de los derechos
salariales y prestacionales del lapso previo al 29 de mayo de 2010, salvo los
aportes pensionales.
14.Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ordenó lo
siguiente: i) reconocer y pagar a la demandante las prestaciones sociales
causadas entre el 29 de mayo de 2010 y el 31 de diciembre de 2011, liquidadas
con fundamento en el salario devengado por una auxiliar de enfermería,
vinculada laboralmente en la institución (si en la época en la que la demandante
prestó los servicios existía el cargo en la planta de personal, siempre que no sea
inferior a los honorarios pactados; en dicho evento, se recurrirá a los valores
establecidos en éstos) (sic). Las sumas resultantes, se reajustarán e indexarán
según la fórmula descrita en la parte motiva de la providencia.
15. De la misma manera, dispuso que para efectos pensionales se computarían
los tiempos en los que se acreditó la relación laboral y en tal virtud, el centro
asistencial cancelará los aportes patronales al fondo de pensiones al cual estaba
afiliada la demandante, y la entidad deberá calcular el ingreso, tomando como
base el salario percibido -en las respectivas épocas- por una auxiliar de
enfermería adscrita a la planta de personal de la institución (siempre que no sea
inferior a los honorarios pactados; en dicho evento, se recurrirá a los valores
establecidos en éstos). A su vez, la actora deberá demostrar las cotizaciones
efectuadas, y en el caso de que no las hubiere realizado, le corresponde
satisfacer la obligación en la cuota parte correspondiente.
Finalmente, negó las demás pretensiones de la demanda, ordenó el
16.
cumplimiento de la determinación a la luz de lo preceptuado en el artículo 192 del
CPACA y se abstuvo de condenar en costas.
17.El Tribunal precisó que como la ESE Hospital Divino Niño de Rivera se creó
mediante el Acuerdo 28 del 9 de diciembre de 1997, y en razón a que el municipio
de Rivera no fue demandado, únicamente se tendrían en cuenta los contratos
celebrados a partir de la comentada fecha. Frente a los elementos de la relación
5 Folios 307 a 317, ídem.
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laboral encubierta, indicó que la prestación personal del servicio, se
encontraba acreditada con las pruebas allegadas que dan cuenta de que la
accionante laboró como auxiliar de enfermería de forma interrumpida en los
períodos de 1 de junio a 30 diciembre de 1998, 1 de agosto de 1999 a 31 de
diciembre de 2000, 1 de octubre a 31 de diciembre de 2007 y 19 de enero de
enero de 2010 a 31 de diciembre de 2011.
Que la remuneración, también se probó con la certificación expedida por el
18.
ente hospitalario, en la que se observan los valores cancelados a la interesada
entre junio de 1998 a diciembre de 2011.
19. Y frente a la subordinación el Tribunal sostuvo que se acreditó dado que: i)
la declaración rendida en el plenario evidenció el cumplimiento de un horario en
dos jornadas que podía ser de 7:00 a.m. 7:00 p.m. o de 7:00 p.m. a 7:00 a.m., el
acatamiento de órdenes emanadas de la jefe de enfermería o de los médicos de
la unidad de urgencias y la falta de autonomía de la ciudadana en el ejercicio de
sus labores; ii) la demandante coadyuvó en el desarrollo del objeto misional de
la institución durante un lapso prolongado, y prestó servicios asistenciales de
primer nivel de atención con énfasis en promoción de la salud y prevención de la
enfermedad.
En lo atinente a la prescripción extintiva de los derechos reclamados, indicó
20.
que como la relación laboral se llevó a cabo en cuatro lapsos y la reclamación
administrativa se radicó el 29 de mayo de 2013, operó el fenómeno prescriptivo
de las prestaciones sociales con anterioridad al 29 de mayo de 2010 a excepción
de los aportes pensionales.
1.6. Recursos de apelación
La ESE Hospital Divino Niño de Rivera6 interpuso recurso de apelación
21.
contra la sentencia de primera instancia. Al efecto, solicitó su revocatoria para
que, en su lugar, se negaran las pretensiones. Para sustentar su inconformidad,
expuso los siguientes argumentos:
22.El juez no identificó la causal de nulidad en la que incurrió el acto administrativo
enjuiciado, situación que derivó de la falta de explicación en la demanda de la
que estimó la demandante como configurada, es decir, el a quo omitió identificar
la que derivó en la anulación del oficio GE-153-2013 del 28 de junio de 2013 y
del acto ficto negativo surgido ante la falta de respuesta al recurso de reposición
y en subsidio apelación que se presentó en contra de éste.
23. El testimonio que soportó la decisión de declarar la relación laboral no es
idóneo porque no contó con el conocimiento de la prestación del servicio de todo
el tiempo reclamado en la demanda, pues el deponente afirmó que laboró durante
dos años en el ente hospitalario, además, era una persona ajena al centro
asistencial y no le podían constar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
las que la actora desarrolló sus labores.
6 Folios 324 a 328 del expediente.
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24.En todo caso, sobre la subordinación y dependencia, no era posible inferir la
asignación de órdenes e instrucciones por parte de la ESE con la simple
afirmación de que la señora Diana Riaño impartía los mandatos, pues no precisó
el contenido específico de las órdenes que debía ella, por el contrario, efectuó
una narración superficial de las funciones de la contratista que en nada distan de
sus obligaciones contractuales.
El Consejo de Estado ha determinado que, en asuntos de auxiliares de
25.
enfermería, el contratista se sujeta a los términos de funcionamiento del ente
hospitalario para garantizar la prestación del servicio de salud según la demanda
establecida por sus pacientes.
26.La parte demandante7 presentó escrito de apelación contra la sentencia de
primera instancia, solicitando modificar los numerales primero y cuarto de la
sentencia en el sentido de reconocer la relación laboral desde el 1 de febrero de
1995 y ordenar el pago de los aportes pensionales a partir de dicha fecha, dado
que, en aplicación de la figura de la sustitución patronal, si bien el hospital del
municipio de Rivera cambió de denominación por la creación de la ESE Hospital
Divino Niño de Rivera, ella continuaba conservando las mismas garantías sin
solución de continuidad.
1.7 Trámite de segunda instancia
27.Los recursos de apelación se admitieron a través de las providencias
proferidas el 15 de junio de 20218 y el 2 de mayo de 20259, oportunidad en la
cual se indicó que el Ministerio Público podría emitir concepto desde que se
admitiera el recurso hasta antes que ingresara el proceso al despacho para fallo.
Como no se advierte causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procede a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
2. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo10.
3. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso11, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que en el presente caso
7 Folios 330 y 331 del expediente.
8 Folio 332, idem.
9 Índice 14 aplicativo SAMAI segunda instancia.
10
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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apelaron de manera parcial ambas partes, en esta instancia la Sala se
pronunciará sobre los reparos expuestos en cada uno de los recursos.
2.2. Cuestión previa
4. La Sala observa que previo a la expedición del oficio GE-153-2013 del 28 de
junio de 201312, acaecieron las situaciones que enseguida se señalan:
5. La señora Marcela Garzón Nes presentó derecho de petición13 ante el ente
hospitalario demandado el 1 de febrero de 2012, mediante el cual solicitó lo
relacionado a continuación:
«1. Incorporar a la planta de personal a la señora MARCELA GARZON NES, en el
cargo de AUXILIAR DE ENFERMERIA.
2. Que se paguen a favor de mi poderdante las acreencias laborales, tales como:
incrementos salariales desde el año 1995, prima de navidad, bonificación por
servicios prestados, prima de servicios, retroactividad de las cesantías y/o doce
por ciento (12%) de intereses sobre las cesantías, vacaciones, prima de
vacaciones, salarios dejados de cancelar, subsidio familiar, la sanción por mora en
el pago y/o entrega del subsidio familiar, la indemnización laboral como empleado
con derechos de carrera de acuerdo al acto legislativo No 01 del 2008, por estar
desempeñando de forma oculta o a través de un intermediario laboral o contrato
de prestación de servicios, funciones de empleo público».
6. Además, relacionó la siguiente situación fáctica:
«1. La señora MARCELA GARZON NES, laboro en la E.S.E. Hospital Divino Niño
de Rivera desde el 1 de febrero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2011 en el
cargo de auxiliar de enfermería así:
ENTIDAD DESDE HASTA DIAS SERVICIO
Alcaldía de Rivera 01/02/1995 31/12/1995 PROMOTORA
Alcaldía de Rivera 01/01/1996 30/06/1996 PROMOTORA
Alcaldía de Rivera 01/07/1996 16/01/1997 PROMOTORA
Alcaldía de Rivera 17/01/1997 31/03/1997 PROMOTORA
Alcaldía de Rivera 01/04/1997 01/04/1997 PROMOTORA
Alcaldía de Rivera 02/04/1998 31/05/1998 PROMOTORA
E.S.E DIVINO NIÑO 01/06/1998 31/12/1998 AUX ENFERMERIA
E.S.E DIVINO NIÑO 01/05/1999 31/12/2000 AUX ENFERMERIA
E.S.E DIVINO NIÑO 01/01/2001 30/09/2007 AUX ENFERMERIA
E.S.E DIVINO NIÑO 01/10/2007 31/12/2007 AUX ENFERMERIA
E.S.E DIVINO NIÑO 01/01/2008 18/01/2010 AUX ENFERMERIA
E.S.E DIVINO NIÑO 19/01/2010 31/12/2001 AUX ENFERMERIA
Equivalente a 16 años, 11 meses correspondiente a 6.098 días y 871 semanas
2. Mi poderdante siempre estuvo al servicio de la E.S.E Hospital Divino Niño de
Rivera en el cargo de Auxiliar de Enfermería, tan evidente que la misma entidad
expide una certificación.
3. La señora MARCELA GARZON NES, siempre estuvo bajo la subordinación de
los jefes del área de la salud del Hospital, incluso cumpliendo horario de trabajo de
forma permanente tal como se evidencia en la certificación de fecha 03 de enero
de 2012.
4. Igualmente utilizo los bienes y elementos de trabajo del Hospital, para el
cumplimiento de sus funciones públicas.
12 Folios 38 a 40 del expediente.
13 Folios 130 a 144, ídem.
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5. Lo único que han hecho los intermediarios laborales durante el tiempo
contratados por ellos, es pagarle las compensaciones y evitar que quien pague sea
el Hospital, supuestamente para evitar la relación laboral.
[…]
8. Su desempeño y funciones siempre ha sido de forma directa y personal con la
E.S.E Hospital Divino Niño de Rivera (H).
[…]».
7. Como fundamentos de derecho de la reclamación administrativa invocó los
artículos 13, 23, 25 y 53 de la Constitución Política, así como los Decretos 1042
y 1045 de 1978, igualmente, citó la sentencia C-094 del 2003 en la que se declaró
la exequibilidad del numeral 29 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, el concepto
rendido el 7 de febrero de 1997 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado en el expediente 951 sobre contratos con terceros.
8. El demandado mediante el oficio sin número del 7 de marzo de 201214 dio
respuesta a esa petición en los siguientes términos:
«1. En cuanto a la Solicitud de Incorporación de la señora Marcela Garzón a
la Planta de Personal de la ESE Hospital Divino Niño de Rivera
Es claro que una de las peticiones que contiene la solicitud que aquí se responde,
pretende la incorporación de la señora Marcela Garzón a la planta de personal de
la ESE Hospital Divino Niño de Rivera, en el cargo de Auxiliar de Enfermería, al
respecto, me permito manifestarle que no es posible accede a dicha solicitud,
teniendo en cuenta que para incorporar a un empleado a la planta de personal de
cualquier entidad pública […], es necesario, en primer lugar, que exista el empleo
vacante dentro de la planta de personal o que la entidad requiera una modificación
o restructuración de su planta de empleos; en segundo lugar, una vez exista la
vacante o se adopte la decisión de modificar o restructurar la planta de empleos,
se debe observar fielmente unos procedimiento que están prestablecidos por la
ley, como es bien sabido, concurso de méritos, procedimiento, el cual tiene unas
etapas igualmente previstas por la ley y que tiene que ser adelantado por una de
las entidades autorizadas. Teniendo el derecho a ser incorporado en la planta de
empleos el concursante que supere todas las etapas y obtenga el primer lugar.
De manera resumida, la anterior es la forma en la que se puede incorporar un
empleado a la planta de empleos de una entidad pública, no siendo procedente
como se plantea en la solicitud, incorporar a su poderdante en razón a que hace
varios años la ESE la viene contratando a través de la modalidad de prestación de
servicios, figura que por demás, es un negocio jurídico puesto por la ley a
disposición de las entidades públicas con el objeto que las mismas, cumplan con
su objetivos y funciones cuando su personal no es suficiente.
[…]
2. En cuanto a la Solicitud de Cancelación de Acreencias Laborales
En cuanto a la petición de cancelación de las acreencias laborales a favor de la
señora Marcela Garzón, le comunico que no es posible que la ESE Hospital Divino
Niño acceda a ella, toda vez que la señora Garzón, sostuvo con la entidad una
relación de carácter netamente contractual, contrato de prestación de servicios y
en ningún momento celebró contrato de trabajo, situación que siempre fue
reconocida y aceptada por la contratista.
Partiendo de la base de que las partes sostuvieron una relación contractual regida
por la Ley 80 de 1993, dicha modalidad de contratación, no genera ninguna de las
prestaciones y acreencias reclamadas y hace improcedente la petición.
14 Folios 145 a 147 del expediente.
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De la misma manera, jurisprudencialmente se ha determinado que, en los
contratos de prestación de servicios, es posible, en virtud de la relación de
coordinación que debe existir, que las partes acuerden el momento en el cual se
debe ejecutar la prestación del servicio contratado, especialmente teniendo en
cuenta el tipo de servicio que se contrata.
9. El 16 de abril de 201215, el ente hospitalario resolvió desfavorablemente el
recurso de reposición formulado ante esa decisión y rechazó por improcedente
el recurso de apelación.
10. Luego,la actora instauró demanda contra el oficio que negó su petición
mencionada, la cual fue rechazada por caducidad de la acción por el Tribunal
Administrativo del Huila a través de la providencia adoptada el 21 de mayo de
201316 dentro del expediente 41001-23-33-000-2013-00084-0017.
11. Posteriormente, el 29 de mayo de 201318 la actora radicó otro derecho de
petición ante la ESE Hospital Divino Niño de Rivera, en el que reclamó lo que
enseguida se observa:
«PRINCIPALES
[…]
1. Reconocer que entre la señora MARCELA GARZON NES y la E.S.E HOSPITAL
DIVINO NIÑO DE RIVERA (H) […], existió una relación laboral desde el 01 de
febrero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2011, en el cargo de AUXILIAR DE
ENFERMERIA.
2. Que se paguen a favor de mi poderdante las acreencias laborales, tales como:
subsidio de transporte, de alimentación, prima de navidad, bonificación por
servicios prestados, prima de servicios, retroactividad de las cesantías y/o doce
por ciento (12%) de intereses sobre las cesantías, vacaciones, prima de
vacaciones, los aportes patronales correspondiente al I.C.B.F, Sena y Caja de
Compensación Familiar, como también los pagos de salud, pensión y riesgos
profesionales.
15 Decisión vista en los folios 155 a 159 del expediente.
16 Providencia observada en los folios 165 a 167, ídem.
17
En esa providencia se dijo lo siguiente:
«I. ANTECEDENTES
Asistida de apoderado judicial, MARCELA GARZÓN NES promueve el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el HOSPITAL DIVINO NIÑO DE RIVERA, a efectos de obtener la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
-“… del 07 de marzo de 2012, mediante la cual la entidad convocada negó la incorporación en planta y la acreencias
laborales derivadas de la relación laboral entre la señora MARCELA GARZÓN NES y la E.S.E. DIVINO NIÑO del Municipio
de Rivera (H)”.
-“…del 16 de abril de 2012, mediante la cual la entidad convocada resolvió no reponer la decisión impugnada y negar por
improcedente el recurso de apelación presentada por la señora MARCELA GARZÓN NES”.
Como consecuencia las anteriores declaraciones, solicita ordenar el reintegro de la demandante al cargo que venía
desempeñando desde el 1 de febrero de 1995. De igual forma, que se reconozca y paguen las prestaciones sociales
(prima de navidad, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, etc),
dejados de percibir desde el año 1995.
[…]
II. CONSIDERACIONES
[…]
2.-En el sub lite, está debidamente acreditado que el acto administrativo calendado del 16 de abril de 2012 se comunicó
a la apoderada de la actora el 9 de julio de 2012 a través de la empresa de mensajería Expreso Servientrega (f. 89); en
tal virtud, el termino para interponer la acción de nulidad y restablecimiento caducaba el 9 de noviembre de 2012.
La solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 30 de agosto de 2012, la cual se declaró fallida el 9 de noviembre de
la misma anualidad “…al no haber un acuerdo entre las partes”; tal como l certificó el Procurador Judicial II Administrativo
153 de Neiva (f. 89).
De acuerdo con el precedente jurisprudencial reseñado con antelación, en el momento en que se solicitó la conciliación
prejudicial (30 de agosto de 2012), había transcurrido 1 mes y 21 días, por lo tanto, la demandante contaba con 2 meses
y 9 días para acudir a la instancia judicial (hasta el 12 de febrero de 2013); y en la medida en que el libelo se radicó el 4
de marzo de siguiente (f. 20), es obvio que en ese momento la acción contenciosa había caducado. Defecto, que al tenor
de lo dispuesto por el numeral primero del artículo 169 del CPACA, impone su rechazo.
[…]».
18 Folios 28 a 36 del expediente.
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Demandante: Marcela Garzón Nes
SUBSIDIARIA
De no acceder a las pretensiones anteriores, se adopte que entre la E.S.E.
HOSPITAL DIVINO NIÑO DE RIVERA (H) y la señora MARCELA GARZON NES,
existió una relación laboral desde el 01 de febrero de 1995 hasta el 31 de diciembre
de 2011 y como consecuencia de lo anterior se indemnice conforme lo ha
establecido el Honorable Consejo de Estado» (sic).
12. En dicha petición reiteró las mismas circunstancias fácticas de la primera
petición, así como los razonamientos y fundamentos de derecho.
13. La ESE Hospital Divino Niño de Rivera mediante el oficio GE-153-2013 del 28
de junio de 2013 atendió desfavorablemente esa petición con los siguientes
argumentos:
«1. Es pertinente aclarar que la señora MARCELA GARZÓN NES, no laboró para
la ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO DE RIVERA, presto sus servicios como
contratista.
«[…]
4. La normatividad expedida sobre contratación estatal y la contenida en el Manual
de Contratación de la Empresa Social del Estado, determinan que en los Contratos
de Prestación de Servicios existe autonomía del ordenador del gasto para contratar
a quien demuestre las condiciones y la experiencia requerida para realizar las
labores encomendadas y así se ha obrado desde que asumí la gerencia a
mediados del primer semestre del 2.012.
En lo que respecta a sus pretensiones, me permito efectuar las siguientes
precisiones:
1) El artículo 125 de la Constitución Política establece:
[…]
2) Las Empresas Sociales del Estado se rigen por lo dispuesto en el artículo 195
de la Ley 100 de 1993 que estipula que: “(1) las personas vinculadas a la empresa
tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales conforme a las
reglas del Capítulo IV de la Ley 10 de 1990 y (2) que en materia contractual se
regirá por el derecho privado”
De conformidad con la normatividad anterior, […] no puedo incorporar, como
empleados al servicio de la ESE, sin que previamente se haya efectuado el
concurso de méritos para el efecto.
En lo que respecta a su petición subsidiaria, referente a la existencia de una
relación de carácter laboral, reitero que la información que reposa del año 2.011
es claro, en determinar que lo suscrito con la ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO, son
contratos de prestación de servicios suscritos con la entidad a partir del 22 de julio
del 2.013, puesto que se remite a contratos de los años 2.008, 2.009, 2010 y
2.011» (sic).
14. Frente a esta respuesta la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación19. Sin que emitiera respuesta. Por lo que la accionante interpuso acción
de tutela20 y la entidad hospitalaria en virtud del amparo concedido dio
respuesta21 a las órdenes impartidas por el juez constitucional así:
«Mediante oficio No. 2705 del 6 de diciembre de 2013, ese despacho judicial
notificó a la entidad que represento, la decisión de tutelar los derechos
19 Visto en los folios 42 a 48 del expediente.
20
Se infiere según la respuesta dada por el gerente del ente hospitalario al juez promiscuo municipal de
Rivera que conoció la acción de tutela presentada por la interesada, al respecto, el funcionario señaló que:
«por medio del presente me permito dar contestación a lo ordenado el fallo de la acción de tutela indicada
en la referencia, de conformidad con lo estipulado en los Decretos números 2591 de 1991 y 306 de 1992».
21 Documento visible en los folios 163 y 164 del expediente.
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fundamentales de petición y debido proceso, consagrados en los artículos 23 y 29
de la Constitución Nacional e invocados por la tutelante.
En consecuencia ordenó que dentro del término perentorio de 48 horas siguientes
a la notificación, la E.S.E. Hospital Divino Niño, resuelva los recursos de reposición
y en subsidio de apelación contra el oficio GE153-2013 del 28 de junio de 2013,
interpuestos por la accionante.
Manifiesta ese despacho judicial en el numeral SEGUNDO del referido fallo, que
la E.S.E. Hospital Divino Niño, omitió resolver oportunamente los recursos de
reposición y apelación impetrados contra el oficio GE153 del 28 de junio del 2013,
situación que es jurídicamente improcedente, toda vez que este acto
administrativo, es decir el GE153 de 2013, el cual fue notificado oportunamente a
la apoderada de la tutelante, no es susceptible de nuevos recursos de ley, por
cuanto en él se despejaron las inconformidades planteadas, en el sentido de
confirmar que la señora MARCELA GARZON NES, no laboró como funcionaria de
planta de la E.S.E. Hospital Divino Niño y si lo hizo en calidad de contratista de
prestación de servicios de salud.
En resumen, el día 7 de febrero del año 2012, la tutelante solicitó mediante
apoderado judicial su incorporación a la planta de cargos de la E.S.E. Hospital
Divino Niño, así como el pago de acreencias laborales originadas en el contrato de
prestación de servicios, como auxiliar de enfermería.
Mediante acto administrativo de fecha 7 de marzo de 2012, esta institución denegó
las pretensiones de la señora MARCELA GARZON NES, por no estar
fundamentadas en la normatividad establecida para estos efectos.
Según oficio fechado el 16 de abril de 2012 también notificado a las interesadas,
mediante correo certificado, se resolvieron los recursos de ley interpuestos contra
el acto administrativo de fecha 7 de marzo de 2012, de la siguiente manera:
PRIMERO: No reponer la decisión de fecha 7 de marzo de 2012.
SEGUNDO: Negar por improcedente el recurso de apelación interpuesto.
No obstante lo anterior, pretende la apoderada de la señora MARCELA GARZON
NES, abrir una nueva vía gubernativa, cuando ella ya se encuentra agotada,
mediante la expedición del acto administrativo de fecha 16 de abril de 2012, de
conformidad con el nuevo Código Contencioso Administrativo que establece que
son actos definitivos, los que ponen fin a una actuación administrativa y deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto».
15. Posteriormente, el ente hospitalario dio respuesta al incidente de desacato de
la tutela mencionada, en la que precisó lo siguiente:
«Con el fin de dar contestación al oficio de la referencia, comedidamente me dirijo
ante su Despacho con el respeto acostumbrado, para manifestar que […] el día 21
de Marzo del año en curso mediante Oficio No. GE-052-2014, dirigido a la señora
MARISOL PROTELA FIRIGUA, se manifiesta que es jurídicamente improcedente
resolver nuevamente el recurso de reposición que nos ocupa, ya que este fue
resuelto el día 16 de abril del año 2.012, toda vez que esta clase de actos
administrativos no son susceptibles de nuevos recursos de Ley, por cuanto en él
se despejaron las inconformidades planteadas, en el sentido de que la señora […],
no laboro como funcionaria de planta de la E.S.E. Hospital Divino Niño de Rivera
Huila, y si lo hizo en calidad de contratista de prestación de servicios de salud.
Por tal razón no se puede pretender abrir una nueva vía gubernativa, cuando ella
ya se encontraba agotada mediante la expedición del acto administrativo de fecha
16 de abril del año 2.012, de conformidad con el nuevo código contencioso
administrativo el cual establece que con actos definitivos, los que ponen fin a una
actuación administrativa y deciden directamente el fondo del asunto.
[…]» (sic).
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16. El 26 de noviembre de 201422 la demandante solicitó al demandado declarar
la configuración del acto ficto negativo por la falta de respuesta del recurso de
reposición y en subsidio apelación radicado en contra del oficio GE-153-2013 del
28 de junio de 2013 y en virtud de ello, reconocer la relación laboral entre las
partes y las acreencias laborales a que tiene derecho.
17. El ente hospitalario, a través del oficio sin número del 21 de enero de 2014 23
contestó lo siguiente:
«[…] contra el Acto Administrativo No. GE-153-2013, respecto a su petición es
necesario señalar que el recurso de reposición y en subsidio el de apelación […],
fue debidamente resuelto el dieciséis (16) de abril de 2012, de la misma manera
resaltamos que jurídicamente no es procedente dar el tramite solicitado toda vez
que este Acto Administrativo fue notificado oportunamente y dada la calidad de
esta clase de Actos no son susceptibles de nuevos recursos de Ley, por cuanto en
él se despajaron las informidades planteadas, en el sentido de que la señora
MARCELA GARZÓN NES, no laboró como funcionaria de planta […] y si lo hizo
en calidad de contratista de prestación de servicios de salud.
Por tal razón no se puede pretender abrir una nueva vía gubernativa, cuando esta
ya se encuentra agotada mediante la expedición del acto administrativo de fecha
dieciséis (16) de abril del año 2.012, de conformidad con el nuevo código
contencioso administrativo el cual establece que con actos definitivos, los que
ponen fin a una actuación administrativa y deciden directamente el fondo del
asunto».
18. A pesar de las circunstancias descritas anteriormente, en la decisión de primer
grado no se determinó cuál era el acto susceptible de control judicial.
2.3. Problema jurídico
28.De acuerdo con lo expuesto, se debe estudiar cuál es el acto susceptible de
control judicial, para posteriormente analizar ¿si entre la señora Marcela Garzón
Nes y la ESE Hospital Divino Niño de Rivera existió una relación laboral
encubierta entre el 1 de febrero de 1995 y el 31 de diciembre de 2011 y el
consecuente restablecimiento del derecho en caso de declarar probada esa
relación?
2.4. Análisis de la Sala
29.En este asunto se pretendió la nulidad del acto administrativo contenido en el
oficio GE-153-2013 del 28 de junio de 201324 signado por el gerente de la ESE
Hospital Divino Niño de Rivera que negó el reconocimiento de la existencia de
una relación laboral durante el período comprendido entre el 1 de febrero de
1995 y el 31 de diciembre de 2011, con el consecuente pago de los salarios y
prestaciones sociales a las que tiene derecho.
30.Ahora bien, el artículo 138 del CPACA, sobre el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, señala: «toda persona que se crea lesionada en
un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare
22 Petición vista en los folios 57 y 58 del expediente.
23 Folios 59 y 60, ídem.
24 Folios 38 a 40 del expediente.
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la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. […]».
31.A su vez, el numeral 2 del artículo 162 de la misma codificación procesal
prescribe que en la demanda se debe determinar con toda claridad cuál es el
acto demandado.
32.En armonía, con lo dispuesto por el artículo 163 ibídem, sobre la
individualización de las pretensiones señala que: «cuando se pretenda la nulidad
de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. […]».
33.La jurisprudencia de esta corporación25 sobre la individualización del acto
demandado por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
pronunció:
«Para el caso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es
relevante identificar la actuación que produjo el perjuicio, es decir, debe
demandarse judicialmente aquel acto administrativo que generó la lesión alegada
sobre el derecho subjetivo, para que pueda válidamente traducirse en un
restablecimiento en favor de la parte demandante. […]
De manera que lo importante es que el juez analice en cada caso, si el acto
definitivo particular que se demanda, es una declaración de voluntad de la
administración dirigida a producir efectos jurídicos, si crea, modifica o extingue la
situación subjetiva de la cual se pueda pedir el correspondiente restablecimiento
en sede judicial y a través del respectivo medio de control».
34.En ese orden de ideas, se tiene probado dentro del proceso que en la solicitud
del 7 de febrero de 2012 en la que la demandante reclamó la inclusión en la
planta de personal del ente hospitalario y el pago de las acreencias laborales
como trabajadora desde la anualidad de 1995, ella fundamentó su petición en la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios.
La citada petición se decidió a través de los oficios expedidos el 7 de marzo
35.
de 2012 y el 16 de abril de la misma anualidad que fueron objeto de demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en el proceso 17001-23-31-000-1999-
0526-01, la cual finalizó por caducidad de la acción que declaró el juez mediante
auto del 21 de mayo de 2013.
36.Luego, la demandante presentó el 29 de mayo de 2013 otra reclamación con
similar contenido material a la anterior, relativa al reconocimiento de la relación
laboral y los emolumentos prestacionales. Lo cual se constata con la lectura de
los hechos, fundamentos de derecho y argumentos que soportaron la petición,
dado que son idénticos a los expuestos en la petición del 7 de febrero de 2012.
37.La reclamación se decidió desfavorablemente mediante el oficio GE-153-2013
del 28 de junio de 2013. Sin embargo, la determinación no introdujo hechos
nuevos, ni resolvió pretensiones diferentes a las examinadas por el centro
asistencial en los actos de marzo y abril de 2012, a pesar de que en la primera
reclamación se denominó a la pretensión como reintegro y en la segunda como
25Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de abril de 2019, radicado: 25000-
23-42-000-2016-03390-01(4082-17).
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reconocimiento de la relación laboral, pues según se expuso anteriormente, la
interesada argumentó la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios. En consecuencia, el oficio GE-153-2013 del 28 de junio de 2013 es
una reiteración de la decisión inicial.
38.La corporación ha indicado que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho debe estar dirigido en contra de actos definitivos
que hayan resuelto directa o indirectamente el fondo del asunto y no sea posible
continuar con la actuación en sede administrativa, bien sea, porque se agotaron
los recursos procedentes o porque estos quedaron en firme26.
Es decir, la acción únicamente puede controvertir los actos definitivos,
39.
expresos o fictos que culminen un proceso administrativo, estos son, las
declaraciones de voluntad que producen efectos jurídicos al crear, modificar o
extinguir situaciones jurídicas individuales y concretas. Así, la reiteración de los
actos administrativos-sin contenido decisorio autónomo-no reinicia el término de
caducidad ni constituye un nuevo acto pasible de control judicial.
40.Por lo tanto, al contrastar los oficios de los años 2012 y 2013, la Sala considera
que este último no es un acto administrativo definitivo, en tanto no corresponde
a un examen nuevo, integral o autónomo de la reclamación interpuesta por la
demandante, sino que reiteró en segunda oportunidad la negativa contenida en
los oficios del 7 de marzo de 2012 y el 16 de abril de la misma anualidad.
41.De esa manera, la nueva solicitud del 29 de mayo de 2013 es la reiteración
de la petición formulada el 7 de febrero de 2012 y, en virtud de ello, el oficio GE-
153-2013 del 28 de junio de 2013 es un acto con el que se procuró revivir
términos vencidos, de tal manera que no renace el de la caducidad, ni tiene la
entidad para ser pasible de control judicial en esta oportunidad.
42.Así las cosas, se revocará la sentencia, para, en su lugar, negar las
pretensiones formuladas, por cuanto el acto demandado no es susceptible de
control judicial.
2.5. De la condena en costas en segunda instancia
43.La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
44.
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
26 Radicación: 08001-23-33-000-2013-00635-0 (3403-14). Demandante: Miguel Alexander Angulo Barraza.
Demandado: Contraloría Departamental del Atlántico y Departamento del Atlántico. CP. William Hernández
Gómez.
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interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
45.En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
En ese contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
46.
vez que se niegan las pretensiones de la demanda por no ser el acto demandado
enjuiciable, sin que prosperen los argumentos de los recurrentes. En
consecuencia, no se impone esta condena en esta instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 20 de octubre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, en su lugar, NEGAR, las pretensiones
invocadas por la señora Marcela Garzón Nes, de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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