Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00588-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00588-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2015-00588-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
22 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 41001 23 33 000 2015 00588 01 (1038-2021)
Demandante: María Esneda Valencia de Casas
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Cónyuge
supérstite.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia
del 29 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por
medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora María Esneda Valencia de Casas, mediante
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de Resoluciones
RDP 16324 del 21 de noviembre de 2012, RDP 6895 del 15 de febrero de 2013 y
1 Folios 163 al 175.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 41001 23 33 000 2015 00588 01 (1038-2021)
Demandante: María Esneda Valencia de Casas
RDP 7792 del 20 de febrero de 2013, por medio de las cuales, en su orden, se le
negó la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su cónyuge,
Juan Bautista Casas Murillo, y se resolvieron de manera adversa los recursos de
reposición y de apelación.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la accionada a lo
siguiente: i) reconocer la pensión de sobrevivientes, en calidad de cónyuge
supérstite del causante; ii) pagar los valores adeudados desde el 13 de diciembre
de 2011, fecha del fallecimiento del señor Casas Murillo; iii) pagar los intereses
moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y iv) pagar las costas
y agencias en derecho.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes se relataron los siguientes:
i) El 22 de diciembre de 1973, la señora María Esneda Valencia de Casas contrajo
matrimonio católico con el señor Juan Bautista Casas Murillo, con quien convivió de
manera ininterrumpida hasta el día de su fallecimiento, ocurrido el 13 de diciembre
de 2011; de esta unión nacieron dos hijos: Juan Carlos y Jhady Linet Casas
Valencia.
ii) Cajanal, por medio de la Resolución 10338 del 3 de mayo de 2001, le reconoció
al señor Casas Murillo la pensión de jubilación, la cual fue reliquidada a través de la
Resolución 14722 del 6 de abril de 2009.
iii) El 23 de julio de 2012, solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
por el fallecimiento de su esposo. Dicha petición fue resuelta desfavorablemente por
medio de la Resolución RDP 16324 del 21 de noviembre de 2012, con el argumento
de que la actora no convivía con el causante, porque se encontraba afiliada al
régimen subsidiado en salud, en condición de madre cabeza de familia.
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Radicado: 41001 23 33 000 2015 00588 01 (1038-2021)
Demandante: María Esneda Valencia de Casas
ivi) Mediante las Resoluciones RDP 6895 del 15 de febrero de 2013 y RDP 7792
del 20 de febrero de 2013 se resolvieron los recursos de reposición y apelación,
respectivamente, en el sentido de confirmar la decisión.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Como disposiciones violadas se señalaron los artículos 13, 29, 48, 53 y 83 de la
Constitución Política; 46, 47, 48, 163 y 279 de la Ley 100 de 1993; 2 de la Ley 82
de 1993; y 10 de la Ley 1437 de 2011.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado expuso los siguientes
argumentos:
i) Los actos impugnados adolecen de falsa motivación, porque la entidad
demandada no valoró adecuadamente las pruebas allegadas a la actuación
administrativa [registros civiles, declaraciones extraproceso y ficha técnica de
afiliación 3374 del 27 de octubre de 2010] que dan cuenta de la vigencia del vínculo
matrimonial y de la sociedad conyugal en la fecha del deceso [13 de diciembre de
2011]; la convivencia durante más de 38 años; la existencia de hijos producto de la
unión marital; la dependencia y la precaria situación económica de la actora; la
inexistencia de afiliación al régimen subsidiado de salud; y la afiliación a los servicios
de salud de Ecopetrol, desde el 16 de abril de 2001, como beneficiaria de su hijo
Juan Carlos Casas Valencia.
ii) La UGPP consideró, de manera errada, que el hecho de tener una mujer la
condición de madre cabeza de familia implica la inexistencia o la incompatibilidad
de cualquier tipo de convivencia marital con el cónyuge, sin verificar, que no logró
afiliarse al régimen subsidiado de Caprecom, en tal condición, y que en realidad
estaba afiliada a los servicios médicos de Ecopetrol, como beneficiaria de uno de
sus hijos.
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Demandante: María Esneda Valencia de Casas
1.2. Contestación a la demanda2
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
razones de defensa:
i) La actora no acreditó los requisitos establecidos en el literal a) del artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, por cuanto en su sistema de salud no alegó tener conyugue y
se declaró madre cabeza de hogar, lo cual indica que no convivía con el causante.
ii) Las declaraciones aportadas carecen de extremos inicial y final de convivencia y
de su lectura no se puede concluir ni la realización de vida marital por más de cinco
años ni la cohabitación con su cónyuge por más de cinco años, hasta la fecha de
su fallecimiento.
Propuso las excepciones de a.- Inexistencia de la obligación demandada; ausencia
de vicios en los actos administrativos demandados; prescripción; e innominada o
genérica.
1.3. La sentencia apelada3
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 29 de septiembre de
2020, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
demandada, con sustento en las siguientes consideraciones:
i) En el proceso está debidamente acreditado que los señores María Esneda
Valencia de Casas y Juan Bautista Casas Murillo eran esposos, y convivieron
continua e ininterrumpidamente hasta el fallecimiento de este último, el 13 de
diciembre de 2011.
ii) Aunque en los registros del Fosyga la demandante figura afiliada a Caprecom
2 Folios 206 al 211.
3 Folios 192 al 198.
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Demandante: María Esneda Valencia de Casas
EPS, desde el 25 de mayo de 2010, en el régimen subsidiado, en condición de
cotizante o cabeza de familia, es pertinente resaltar, que cuando se diligenció la
ficha de clasificación socioeconómica del Sisbén 3374, en el grupo familiar de Juan
Bautista Casas Murillo figura él [jefe del hogar]; María Esneda Valencia de Casas,
[cónyuge]; y Jhady Linet Casas Valencia [hija]. Incluso, la información que reporta
la entidad prestadora de servicios de salud es incongruente, porque certificó que en
sus archivos no reposa el formulario de afiliación y el retiro fue el mismo día en que
se surtió la vinculación. En ese orden, la decisión contenida en los actos enjuiciados
no analizó todas las pruebas que se aportaron a la actuación administrativa; de
suerte que soslayó las normas superiores invocadas en el líbelo introductorio.
Por lo expuesto, el Tribunal decidió: i) declarar la nulidad de las resoluciones
acusadas; ii) condenar a la entidad accionada a reconocer la sustitución pensional
a la actora, en su condición de cónyuge supérstite de Juan Bautista Casas Murillo,
a partir del 14 de diciembre de 2011, día siguiente al fallecimiento; y iii) denegar la
pretensión relacionada con el reconocimiento de los intereses moratorios, por
cuanto con la fórmula de la indexación se actualizan a valor presente las mesadas
causadas, garantizando el restablecimiento del derecho.
1.4. El recurso de apelación
1.4.1. La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia y solicitó
que se modifique, en el sentido de condenar a la UGPP al reconocimiento y pago
de los intereses moratorios. Expuso lo siguiente:
El Tribunal, al no condenar a la demandada al reconocimiento y pago de los
intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, está desconociendo la
sentencia de exequibilidad C-601 de 2000, y las sentencias de unificación SU 230
de 2015 y SU 065 de 2018, proferidas por la Corte Constitucional, ya que el no
reconocimiento de la sustitución pensional a favor de la accionante, no se debió a
circunstancias que tengan justificación alguna.
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Demandante: María Esneda Valencia de Casas
1.4.2. La UGPP pidió revocar el fallo y, en su lugar, declarar probadas las
excepciones propuestas y denegar las pretensiones de la demanda, con sustento
en las siguientes razones:
i) En el proceso quedó probado que la demandante no cumple con los requisitos
señalados en el artículo 47 de ley 100 de 1993, toda vez que a pesar de haber
contraído nupcias con el causante señor Juan Bautista Casas Murillo no acreditó
haber convivido con este por lo menos cinco años continuos con anterioridad a su
fallecimiento, como da cuenta el registro del Fosyga, donde aparece la demandante
como afiliada a CAPRECOM EPS desde el 25 de mayo de 2010 en régimen
subsidiado, como cabeza de familia, esto es, antes de la muerte del causante.
ii) Además, existe prueba de que la demandante, luego de solicitar el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pidió a CAPRECOM y a la
Secretaría de Salud de Orito Putumayo, la cancelación de afiliación y eliminación
del sistema, lo que demuestra que realizó esta desafiliación solamente con el interés
de que le fuera sustituida la pensión del causante.
iii) El certificado del 7 de diciembre de 2012, expedido por la coordinadora de
atención al cliente de Ecopetrol, donde manifiesta que el señor Juan Carlos Casas
Valencia se encuentra vinculado a la empresa desde el 16 de abril de 2001 y que la
demandante, en calidad de madre, se encuentra inscrita en los servicios médicos,
no es suficiente para demostrar que esta convivió con el causante hasta la fecha de
su deceso.
iv) En la providencia de primera instancia no se realizó un análisis de los testimonios,
toda vez que los declarantes residen en la ciudad de Neiva y no conocen el
municipio de Orito (Putumayo), lugar de residencia del causante y la demandante;
por consiguiente, no pueden constatar en persona que la demandante haya
convivido cinco años continuos con anterioridad al fallecimiento del señor Casas
Murillo, ni tampoco dar fe de que la demandante dependía económicamente de este.
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Radicado: 41001 23 33 000 2015 00588 01 (1038-2021)
Demandante: María Esneda Valencia de Casas
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes demandante y demandada reiteraron los planteamientos expuestos a lo
largo del proceso.4
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se contrae a establecer i) si la señora María Esneda Valencia de Casas tiene
derecho a la sustitución de la pensión que en vida devengaba el señor Juan Bautista
Casas Murillo, y ii) si procede el pago de intereses de mora, conforme a lo previsto
en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por el retraso en el reconocimiento y pago
de la sustitución pensional a favor de la demandante.
2.2. Marco normativo
El artículo 48 de la Constitución Política prescribe que la seguridad social es un
servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado, con observancia de los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la ley.
En desarrollo de este mandato el legislador, por medio de la Ley 100 de 1993,
organizó el sistema de seguridad social integral, en lo que tiene que ver con el
régimen de pensiones, con el objeto de garantizar a la población el amparo contra
4 Samai, índices 30 y 31 a 32, respectivamente.
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Radicado: 41001 23 33 000 2015 00588 01 (1038-2021)
Demandante: María Esneda Valencia de Casas
las eventualidades derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en esta ley.
Con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, se estableció la
pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional, como una prestación dirigida
a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo
familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de
las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha
prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de carácter
público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.
En este punto es relevante aclarar que si bien ambas figuras tienen la misma
finalidad, la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al núcleo
familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los requisitos
legalmente exigibles para pensionarse y fallece; en cambio la pensión de
sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar del afiliado
no pensionado, que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la
pensión.5
Respecto del orden de beneficiarios de la pensión, el artículo 47 dispone lo
siguiente:
Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos
de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; […]. (Subrayas del texto)
De acuerdo con la norma, el compañero permanente o cónyuge supérstite que
pretenda acceder a la sustitución pensional debe probar que hizo vida marital con
5 Sentencia T-564 de 2015.
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Demandante: María Esneda Valencia de Casas
el causante hasta la fecha de su deceso no menos de cinco años continuos con
anterioridad a su muerte.
El aparte subrayado de la norma citada fue declarado exequible por la Corte
Constitucional, que en sentencia C-1094 de 20036 discurrió así:
[…]
La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo
sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y
económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por
ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las
personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su
vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades.
[…]
En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la
norma persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del sistema.
En primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para el caso
de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de disposiciones lo
que se pretende es evitar las convivencias de última hora con quien está a
punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes. […]. (Negrilla
del texto).
Como se observa, la exigencia del referido requisito pretende evitar que, con base
en vínculos adquiridos a último momento y convivencia que no tenga el carácter de
permanencia, se origine el derecho a sustituir, en forma vitalicia, una prestación.
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, la Sala
encuentra acreditado lo siguiente:
i) El 22 de diciembre de 1973, los señores María Esneda Valencia y Juan Bautista
Casas Murillo contrajeron matrimonio católico.7 Fruto de esa unión nacieron Juan
6 Sentencia del 19 de noviembre de 2003. Referencia: expediente D-4659.
7 Folio 96 del cuaderno 1.
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Radicado: 41001 23 33 000 2015 00588 01 (1038-2021)
Demandante: María Esneda Valencia de Casas
Carlos y Jhady Linet Casas Valencia, el 21 de diciembre de 1974 y el 13 de mayo
de 1986, respectivamente.8
ii) El 3 de mayo de 2001, a través de la Resolución 10338,9 Cajanal le reconoció la
pensión de jubilación al señor Juan Bautista Casas Murillo, a partir del 1 de enero
de 2001, la cual fue reliquidada por nuevos factores salariales, el 6 de abril de 2009,
por medio de la Resolución 14722, efectiva a partir del 1 de julio de 2008.10
iii) El 25 de mayo de 2010, según el reporte de Fosyga, la señora María Esneda
Valencia de Casas se afilió a Caprecom EPS (régimen subsidiado), en condición de
cotizante o cabeza de familia.11
iv) El 27 de octubre de 2010, en la ficha de clasificación socioeconómica 3374 del
Sisbén, el señor Juan Bautista Casas Murillo se registró como jefe de hogar y la
accionante como su cónyuge.12
v) Posteriormente, el señor Casas Murillo solicitó [fecha ilegible] el retiro de la
señora María Esneda Valencia Lugo de la base de datos del Sisbén, con motivo del
cambio de residencia.13
vi) El 13 de diciembre de 2011, falleció el señor Juan Bautista Casas Murillo.14
vii) El 23 de julio de 2012,15 la señora María Esneda Valencia de Casas, invocando
su condición de cónyuge supérstite, solicitó la pensión de sobrevivientes.
viii) El 21 de noviembre de 2012, por medio de la Resolución RDP 16324, la UGPP
negó la solicitud, con el argumento de que «una vez verificado la base de datos del
8 Folios 197 y 195, respectivamente, ibidem.
9 Documento 10-2015-11-27_164631 cd folio 212 del cuaderno 2.
10 Folios 14 al 17 del cuaderno 1
11 Folio 106 ibidem
12 Folio 103 ibidem
13 Folio 104
14 Folio 21 ibidem
15 Según se extracta de la Resolución 16324 del 21 de noviembre de 2012 (folios 2 al 5)
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Radicado: 41001 23 33 000 2015 00588 01 (1038-2021)
Demandante: María Esneda Valencia de Casas
FOSYGA, se encontró que la solicitante se encuentra afiliada en su calidad de
CABEZA DE FAMILIA, en la EPS CAMPRECOM (sic) a partir del año 2010,
teniendo en cuenta lo anterior y la normatividad citada, se deduce que para ostentar
la calidad de madre cabeza de familia, debe existir una Ausencia (sic) del cónyuge,
lo que desvirtúa la convivencia.16
ix) El 7 de diciembre de 2012, la coordinadora de Atención al Cliente de Ecopetrol,
certificó que Juan Carlos Casas Valencia se encuentra vinculado a esa empresa
desde el 16 de abril de 2001, y que la señora María Esneda Valencia Lugo (en
calidad de madre) está inscrita en los servicios médicos integrales y odontológicos
que esta reconoce a los familiares.17
x) El 12 de diciembre de 2012, la señora María Esneda Valencia solicitó a CAPRECOM
«la cancelación de la afiliación y eliminación del sistema ya que por error fui incluida
desde 2010 en la condición de Madre cabeza de familia, situación que no es
cierta».18
xi) El 29 de enero de 2013, la accionante le solicitó a la Secretaría de Salud de Orito
(Putumayo) la «cancelación de afiliación y eliminación del sistema, ya que por error
fui incluida desde el 2010 en la condición de Madre cabeza de familia, situación que
no es cierta en la EPS CAPRECOM».19
xii) El 28 de enero de 2013, CAPRECOM EPS-S certificó que María Esneda Valencia
de Casas se encuentra afiliada a esa entidad desde el 21 de diciembre de 2012, en
el municipio de Orito (Putumayo) y desde esa misma fecha se encuentra en estado
«retirado», por «MULTIAFILIACIÓN A OTRA EPS».20
xiii) El 15 de febrero de 2013, por medio de la Resolución RDP 6895, se resolvió el
recurso de reposición y el 20 de febrero del mismo año se decidió la apelación,
16 Folios 2 al 5
17 Folio 24
18 Folio 22
19 Folio 25
20 Folios 26 y 106
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Radicado: 41001 23 33 000 2015 00588 01 (1038-2021)
Demandante: María Esneda Valencia de Casas
confirmando la decisión, con fundamento en que el señor Juan Bautista Casas
Murillo «se encontraba vinculado desde el 01 de Julio de 2010, a COOMEVA EPS
SA, perteneciente al Régimen contributivo, en calidad de cotizante, mientras que la
señora MARIA ESNEDA VALENCIA […] desde el 25 de Mayo de 2010 (momento
para el cual de acuerdo a las declaraciones ya convivía con el causante en vínculo
matrimonial vigente), se encontraba en calidad de CABEZA DE FAMILIA en
CAPRECOM EPS, es decir, que estaban en Entidades Prestadoras de Salud
diferentes, hecho que permite corroborar que no hubo convivencia de la solicitante
con el causante durante los últimos (05) cinco años anteriores a la fecha del
fallecimiento del causante».21
xiv) El 19 de diciembre de 2014, la directora territorial de dicha entidad, Regional
Putumayo, por medio del Oficio EPS020-86-SIAU-886-2014, informó que «no se
encontró ningún formulario de afiliación, diligenciado por la EPS CAPRECOM».22
xv) El 29 de julio de 2014, a través de la escritura pública 385 de la Notaría Única
de Orito (Putumayo), se protocolizó la sucesión intestada del señor Juan Bautista
Casas Murillo y se liquidó la sociedad conyugal por él conformada con la señora
María Esneda Valencia de Casas.23
xvi) Al proceso se allegaron las declaraciones extraproceso rendidas por María del
Tránsito Olmos de Barona y Héctor Barona Trujillo, quienes manifestaron que
conocieron al causante durante diez años aproximadamente y, por ello, tenían
conocimiento de que estuvo casado con la señora María Esneda Valencia, hasta el
día de su deceso. Aseguraron que la actora no recibe ningún tipo de ingresos,
debido a que no trabajaba y estaba bajo el cuidado, atención y dependencia
económica de su esposo fallecido.24
xvii) En audiencia de pruebas, celebrada el 8 de mayo de 2017, 25 se recibieron los
21 Folios 7 al 12
22 Folio 105
23 Folios 192 al 184
24 Folios 27 y 28 del cuaderno 1
25 Folio 274 y cd folio 276
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Radicado: 41001 23 33 000 2015 00588 01 (1038-2021)
Demandante: María Esneda Valencia de Casas
testimonios de los señores Rosalbina Girón Villa, Héctor Barona Trujillo y María del
Tránsito Olmos de Varona, a las cuales se refería el despacho más adelante.
2.4. Análisis de la Sala
Esta Corporación ha reiterado que el derecho a la sustitución pensional o pensión
de sobrevivientes está instituido como un mecanismo de protección a los familiares
del trabajador pensionado, ante el posible desamparo en que puedan quedar por
razón de la muerte de éste. Este derecho es una protección directa a la familia,
cualquiera que sea su origen o fuente de conformación.
Como se anotó, la «finalidad esencial de esta prestación social es la protección de
la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas
que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus
necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica
con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley
prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más
cercanas y que más dependían del causante y compartían con él su vida, reciban
una pensión para satisfacer sus necesidades». En este sentido, el Consejo de
Estado ha sostenido de manera reiterada que la convivencia efectiva con el
causante es el factor determinante para establecer el derecho a la sustitución
pensional.
Pues bien, analizado el acervo probatorio, la sala concluye, como lo hizo el a quo,
que la demandante cumple las exigencias previstas en el artículo 47 de la Ley 100
de 1993, para acceder a la sustitución de la pensión que devengaba su cónyuge,
comoquiera que demostró la convivencia con este durante más de cinco años. En
efecto, el registro civil de matrimonio da cuenta de que se casaron, por el rito
católico, el 22 de diciembre de 1973; procrearon dos hijos, en la actualidad mayores
de edad; y no hay certeza de que la cohabitación se hubiera interrumpido en algún
momento.
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Radicado: 41001 23 33 000 2015 00588 01 (1038-2021)
Demandante: María Esneda Valencia de Casas
La UGPP negó la sustitución solicitada por la actora, en consideración a que en la
base de datos del FOSYGA se encontró que esta se encontraba afiliada a la EPS
CAPRECOM, en calidad de cabeza de familia, a partir del año 2010, y esta
circunstancia desvirtuaba la convivencia. Sin embargo, en la actuación
administrativa se allegaron las declaraciones extraproceso de los señores María del
Tránsito Olmos de Barona y Héctor Barona Trujillo, quienes manifestaron que el
causante estuvo casado con la señora María Esneda Valencia, durante 38 años,
aproximadamente, hasta el día de su deceso; que esta no recibe ningún tipo de
ingresos, pues no trabajaba y dependía económicamente de su esposo.
Para ratificar las anteriores exposiciones, los testigos fueron citados al proceso y se
reafirmaron en sus dichos. Al efecto, el señor Héctor Barona Trujillo declaró que fue
amigo de la pareja conformada por Juan Bautista y María Esneda; son los papás de
Juan Carlos, quien es su vecino en la ciudad de Neiva, a donde ellos llegaban
frecuentemente, venían a visitarlo procedentes de Orito (Putumayo), donde
residían. Siempre los vio como pareja, pero no sabe si estaban casados. Se enteró
de que a ella le hicieron un censo en el que puso a su esposo como beneficiario
suyo, pero realmente era ella la de que la que dependía de él. Afirmó que compartió
varias actividades que Juan Carlos organizaba cuando sus papás venían de Orito a
visitarlo. Siempre veía en la pareja el comportamiento normal de esposos, él era
muy amable. Respecto de la causa de la muerte, dijo que fue repentina, al parecer
sufrió un infarto. No tiene conocimiento de que el causante haya tenido otro hogar
o convivencia simultánea con otra persona diferente a la señora María Esneda.
Por su parte, la señora María del Tránsito Olmos de Varona [esposa del testigo
Varona Trujillo], residente en la ciudad de Neiva, declaró que conoció al causante,
aproximadamente veinte años atrás, porque su hijo vive frente a su casa. Por esta
razón, sabe que estaba casado con doña Esneda. Son muy amigos [ella y su
esposo] con Juan Carlos. Se enteró del fallecimiento del señor Juan Bautista por la
esposa de Juan Carlos. Afirmó que la relación de la actora y el causante era de una
pareja normal. No tuvo conocimiento de que hubieran estado separados de cuerpos
o que hubieran residido en lugares distintos. Declaró que ella no trabajaba, y que
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Demandante: María Esneda Valencia de Casas
su esposo veía por ella.
A su turno, la señora Rosalbina Girón Villa, también citada como testigo, residente
en el municipio de Orito, declaró que conoció al causante por vecindad y como el
pueblo es pequeño la mayoría de su gente se conoce desde hace muchos años.
Fue vecina de la demandante y su esposo en el barrio Los Comuneros. Los conoció
hace más de veinte años. Siempre residieron en Orito. Afirmó que el causante
trabajaba en el hospital del pueblo. Relató que el matrimonio de este con la actora,
hasta el momento de la muerte, fue ejemplar. Vivían en la misma casa, bajo el
mismo techo. Como vecinos, compartieron muchos momentos, pues fueron muy
allegados. Aseguró que en la convivencia de la pareja nunca existió una ruptura ni,
por ende, estuvieron separados de cuerpos.
Para la Sala, las anteriores afirmaciones no otorgan plena certeza de la convivencia
de la actora con el causante hasta el momento del fallecimiento, pues, en efecto,
los dos primeros declarantes residen en la ciudad de Neiva y no conocen el
municipio de Orito, lugar de residencia de estos. Por lo tanto, no pueden dar fe de
que estos cohabitaban bajo el mismo techo. Solamente la última declarante fue
vecina de la pareja, en el mismo pueblo donde estos habitaban, y aseguró que la
pareja nunca estuvo separada de cuerpos.
Ahora, la entidad tuvo por desvirtuada la convivencia por el hecho de que la
demandante figuraba en los registros del Fosyga como afiliada a CAPRECOM, en
condición de cabeza de familia; sin embargo, tal información, como lo advirtió el a
quo, resulta contradictoria, pues, si bien en la consulta efectuada el 23 de diciembre
de 2014 tal afiliación data del 25 de mayo de 2010, lo cierto es que dicha EPS
certificó que la señora Valencia de Casas se afilió el 21 de diciembre de 2012 y se
encuentra en estado retirado desde esta misma fecha.
Por otra parte, no pasa por alto la Sala que en la ficha de clasificación
socioeconómica 3374 del Sisbén, diligenciada el 27 de mayo de 2010, el señor Juan
Bautista Casas Murillo se registró como jefe de hogar y la accionante como su
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Demandante: María Esneda Valencia de Casas
cónyuge y que posteriormente [fecha ilegible] este solicitó el retiro de la señora
María Esneda Valencia Lugo de la base de datos del sistema, por cambio de
residencia, lo que, en principio, indicaría que pudo haber ruptura de la relación. Sin
embargo, tal circunstancia no resulta suficiente para denegar el derecho pensional
reclamado, pues, por un lado, no existen otras pruebas que den cuenta de que
realmente existió ruptura de la relación y, por otro lado, como lo ha establecido la
Corte Suprema de Justicia, cuando se trata del cónyuge, los cinco años de
convivencia pueden haber ocurrido en cualquier tiempo, y no es requisito estar
conviviendo con el causante en el momento de su fallecimiento. Así lo recordó la
sala laboral de la Corte en la sentencia SL2176-2020:
El entendimiento correcto de esta norma ya ha sido resuelto por la Corporación en
múltiples ocasiones, en las que se ha adoctrinado que la convivencia exigida con el
causante de por lo menos 5 años que, en el caso del cónyuge, puede surtirse en
cualquier tiempo, sin que sea necesario que acontezca en el período
inmediatamente anterior al fallecimiento del afiliado o pensionado.
En el presente caso, está acreditada la convivencia durante un lapso superior a
dicho término, desde el 22 de diciembre de 1973, cuando se casaron, hasta, por lo
menos, el 25 de mayo de 2010, fecha en que la actora se afilió a la EPS CAPRECOM,
como madre cabeza de familia. Es decir, por un lapso superior a 35 años.
Es claro, entonces, que en el plenario no se acreditó la ausencia de cohabitación y
que, en todo caso, si ello hubiera ocurrido, la convivencia entre la demandante y su
cónyuge fue superior al lapso de cinco años que exige la Ley 100 de 1993, sin que
se requiera demostrar, por parte del cónyuge sobreviviente la dependencia
económica que alega la entidad accionada. En consecuencia, la decisión negativa
de la entidad no se ajustó a derecho y, por ende, le asistió razón al a quo en su
decisión favorable a las pretensiones del libelo.
Finamente, en cuanto al motivo de inconformidad de la parte actora, relacionado
con la negativa del a quo a ordenar el pago de intereses moratorios, es necesario
precisar que, de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el
reconocimiento de los intereses de mora tiene aplicación en los casos en los que el
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Demandante: María Esneda Valencia de Casas
pago de las mesadas pensionales no se discute porque está en firme el
reconocimiento de la prestación y lo que se presenta es una negativa de la entidad
a efectuar el pago.
Bajo este entendido, es incuestionable que no es procedente en el sub lite el
reconocimiento de intereses moratorios, toda vez que la demandante solicitó el pago
de dichos intereses, en virtud de que la UGPP no le concedió la sustitución pensional
desde el momento del fallecimiento del causante, por lo que no se trata de un
derecho previamente reconocido que la entidad se niegue a pagar, dado que,
precisamente, la controversia se centra en determinar si se reúnen los requisitos
para su otorgamiento.
En este orden de ideas, se observa que el argumento del demandante se centra en
indicar que se deben reconocer los aludidos intereses previstos en el artículo 141
de la Ley 100 de 1993, porque, en su criterio, la negativa de la accionada fue
injustificada; sin embargo, dicho supuesto de hecho no es el previsto en la citada
normativa, pues, se reitera, el pago de los intereses por mora es procedente cuando
ya se ha reconocido la prestación y la entidad de previsión no la paga o lo hace de
forma tardía.
2.5. De la condena en costas
Conforme con la interpretación del artículo 188 del CPACA, que advierte para la
fijación de las costas un criterio objetivo valorativo, sin que sea necesario analizar
la conducta de las partes y, en atención a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo
365 del Código General del Proceso,26 la Sala se abstendrá de condenar en costas
a la demandada, comoquiera que la demandante también apeló y su recurso no
prosperó.
26 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación (…) 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias».
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Demandante: María Esneda Valencia de Casas
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia del 29 de septiembre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila por medio de la cual se accedió a las pretensiones
de la demanda incoada por la señora María Esneda Valencia de Casas contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP).
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones respectivas en la plataforma SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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