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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2015-00589-01

Fecha
30 de junio de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2015-00589-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 41001-23-33-000-2015-00589-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

30 de junio de 2022

Radicado: 41001-23-33-000-2015-00589-01 (25341)
Demandante: Caja de Compensación Familiar del Huila

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2015-00589-01 (25341)
Demandante: Caja de Compensación Familiar del Huila
Demandado: DIAN

Temas: Renta. 2010. Cajas de compensación familiar. Ingresos gravados.
Descuentos por pronto pago.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 21 de enero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que
accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandada (ff. 122
y 154).

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión nro. 132412014000008, del 14 de febrero de
2014, la demandada modificó la declaración del impuesto sobre la renta presentada por
la actora, correspondiente al año gravable 2010 (ff. 493 a 515 caa3), en el sentido de
disminuir los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional e imponer sanción
por inexactitud. La decisión fue confirmada en la Resolución nro. 132012015000005, del
27 de febrero de 2015 (ff. 554 a 560 caa3).

ANTECEDENTES PROCESALES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones (f.
4):

Que mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en sentencia se hagan las
siguientes o parecidas declaraciones: Son nulas y por consiguiente, se anulan o revocan los
siguientes actos administrativos:

a) La Liquidación de Revisión nro. 132412014000008 del 14 de febrero de 2014 mediante la cual le
determinó, a la citada caja de compensación, el valor a pagar por impuesto sobre la renta y le impuso
una sanción en relación con los impuestos de renta y sanciones por el año gravable de 2010.

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Demandante: Caja de Compensación Familiar del Huila

b) Igualmente revocar o dejar sin efectos jurídicos la Resolución nro. 132012015000005 del 27 de
febrero de 2015 proferida por la subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de
Gestión Jurídica de la DIAN, mediante la cual confirmó en un todo la liquidación indicada en el literal
anterior.

A título de restablecimiento del derecho, se dejará en firme la declaración y liquidación privada del
impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2010 presentada por Comfamiliar. Además,
se condenará en costas a la parte demandada en razón a que, como lo demostraremos, la
determinación de la DIAN al modificar la declaración y liquidación privada resulta absolutamente
ilegal, abusiva, arbitraria y contraria al procedimiento tributario e igualmente al principio de justicia y
equidad con que deben estar revestidos los actos determinadores de los impuestos.

A los anteriores efectos, invocó como vulnerados los artículos 19-2, 683, 742, 743, 746 y
777 del ET (Estatuto Tributario), bajo el siguiente concepto de violación (ff. 4 a 12):

Expuso que en desarrollo de su actividad económica celebró un contrato de asesoría con
un tercero bajo el cual este identificaría proveedores dispuestos a otorgarle descuentos
en la compra de los medicamentos que adquiere para comercializar y que, de ese modo,
obtuvo descuentos por pronto pago que le generaron ingresos; pero que estos no estaban
gravados, según el artículo 19-2 del ET, porque provenían de la comercialización de
productos farmacéuticos. Precisó que la norma mencionada dispone que las cajas de
compensación familiar no deben tributar respecto de las actividades relacionadas con la
salud, como era aquella por la cual obtuvo los ingresos glosados. Alegó además que los
actos acusados no desvirtuaron la presunción de veracidad de la declaración revisada
porque no se basaron en pruebas que desconocieran el origen de los ingresos discutidos.

Negó haber incurrido en una inexactitud sancionable, pero añadió que, en cualquier caso,
la sanción era improcedente porque no ocasionó perjuicios a la autoridad tributaria y
porque se le debía exculpar por estar incursa en una circunstancia constitutiva de error
sobre la comprensión del derecho aplicable.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 63 a 77), para lo cual sostuvo
que expidió los actos acusados acatando las garantías constitucionales al debido proceso
y las disposiciones legales aplicables, en consonancia con las pruebas allegadas. Señaló
que, en los términos del artículo 20.1 del C.Co (Código de Comercio), los ingresos
originados en descuentos por pronto pago en la compra de medicamentos derivan de una
actividad de comercialización, por lo cual, bajo el artículo 19-2 del ET, se trataría de
ingresos gravados. Añadió que los descuentos en cuestión tuvieron como causa el
asesoramiento mercantil que respecto a los mejores precios del mercado les prestó un
tercero, por lo cual consideró que los ingresos asociados también estarían gravados, al
tratarse de una actividad financiera y no de una relacionada con la salud.

Defendió la sanción por inexactitud impuesta y negó que la conducta de la contraparte se
enmarcara en una circunstancia de error exculpatorio. Por último, solicitó que se negara
la solicitud de condena en costas.

Sentencia apelada

El tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
demandada (ff. 116 a 122 y 154). Basándose en la sentencia de esta Sección del 15 de
noviembre de 2012 (exp. 18584, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez), señaló que la
actividad farmacéutica es inherente a la actividad de interés general de la salud, razón

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por la cual los ingresos que por dicho concepto perciban las cajas de compensación no
están gravados (artículo 19-2 del ET). Por tanto, juzgó que los ingresos discutidos no
están gravados, pues derivan de descuentos asociados a la compra de medicamentos,
lo cual estimó que era una actividad vinculada a la prestación de servicios de salud. Negó
que se tratara de una actividad financiera, porque no se origina en la captación o
colocación de dinero.

Concluyó que la demandada desconoció la presunción de veracidad de la declaración
examinada porque no allegó pruebas adicionales a las aportadas por la demandante y
con sustento en ellas interpretó erróneamente la norma aplicable. En vista de lo anterior,
declaró improcedente la sanción por inexactitud.

Recurso de apelación

La demandada apeló la decisión del tribunal (ff. 130 a 139). Insistió en que los ingresos
cuestionados se originaron en la realización de una actividad comercial, que no lleva
implícita la búsqueda de un interés general ni es propia de la actividad de salud. Así,
porque los descuentos en cuestión se obtuvieron mediante la asesoría de un tercero que
identificaba los mejores precios en el mercado, con el objeto de incrementar la utilidad de
la actora en la venta de los medicamentos, sin que dicho asesoramiento correspondiera
a una actividad vinculada a un servicio de salud. Insistió en la procedencia de la sanción
por inexactitud. No se pronunció respecto a la condena en costas.

Alegatos de conclusión

Las partes insistieron en los argumentos expuestos en las anteriores etapas procesales
(índice 23 y 24)1. El ministerio público solicitó confirmar el fallo apelado, para lo cual
acogió los argumentos expuestos por el tribunal respecto a que la actividad discutida es
inherente a las actividades de salud (índice 25).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos formulados
por la demandada, en calidad de apelante única, contra la sentencia del tribunal que
accedió a las pretensiones de la demanda e impuso condena en costas. Así, corresponde
determinar si los ingresos originados en descuentos por pronto pago obtenidos por la
actora corresponden a una actividad relacionada con la salud y, por consiguiente, en los
términos del artículo 19-2 del ET, no están gravadas con el impuesto sobre la renta. En
función de lo que se decida al respecto, la Sala analizará la procedencia de la sanción
por inexactitud.

2- La demandante expuso que su actividad económica comprende la comercialización de
medicamentos, para lo cual compra dichos productos con descuentos según lo que le
aconseja un asesor externo; y que dentro de este contexto los ingresos debatidos se
originaron en descuentos por pronto pago. A partir de lo anterior, adujo que esos ingresos
los obtuvo en ejercicio de una actividad relacionada con la salud, como es la
comercialización de medicamentos, razón por la cual no estarían gravados de acuerdo
con la versión entonces vigente del artículo 19-2 del ET. Por su parte, la demandada
sostiene que los ingresos cuestionados derivan del desarrollo de una actividad comercial,

1 Del historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai.

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no relacionada con la salud, porque se trata de la comercialización de mercancía, cuya
única finalidad es la de incrementar la utilidad de la actora aprovechando la asesoría de
un contratista que le identifica los mejores precios en el mercado.

A la luz de esas argumentaciones, advierte la Sala que son hechos probados, no sujetos
a discusión, que los ingresos debatidos se originaron en descuentos por pronto pago que
le fueron reconocidos a la demandante al comprar medicamentos que revendería y que
estas rebajas fueron identificadas a favor de la actora por un tercero que la asesoraba.
Tampoco discuten las partes la calificación de «no constitutivos de renta» que les otorgó
la actora a dichos ingresos al autoliquidar su impuesto. Tan solo debaten, y por tanto a
eso debe limitarse el pronunciamiento judicial, si son ingresos generados en actividades
«relacionadas con salud», para determinar, a partir de lo concluido, si estaban gravados
o no, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 19-2 del ET.

2.1- Para el año gravable 2010 la disposición que disciplinaba los ingresos gravados para
las cajas de compensación familiar era el artículo 19-2 del ET, en la redacción dada por
el artículo 1.º de la Ley 488 de 1998. Según esa norma, las cajas de compensación
familiar eran contribuyentes del impuesto sobre la renta por los ingresos generados en
«actividades industriales, comerciales y actividades financieras distintas a la inversión de
su patrimonio», a menos de que estas estuvieran relacionadas con «salud, educación,
recreación y desarrollo social». Con lo cual, si las entidades mencionadas desarrollaban
actividades vinculadas con la salud, los ingresos asociados no estaban gravados con el
impuesto sobre la renta (sentencia del 11 de noviembre de 2021, exp. 24432, CP: Myriam
Stella Gutiérrez Argüello).

Sobre el concepto de actividades relacionadas con la salud, la Sala acogió en la sentencia
del 15 de noviembre de 2012 (exp. 18584, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez), la
tesis jurisprudencial de la Corte Constitucional según la cual se incluyen dentro de esas
actividades «todas aquellas que en forma inmediata tienden a conservar el derecho a la
vida, y todas aquellas de carácter asistencial, como la asistencia médica, los derechos
hospitalarios, de laboratorio o farmacéuticos, inherentes a prestar atención a la persona».
Como para las dos Altas Cortes el derecho a la salud de una persona implica el acceso
a los medicamentos que requiere2, es del caso concluir que los ingresos derivados de la
comercialización de productos farmacéuticos se encuentran relacionados con la actividad
de salud, toda vez que busca garantizar los derechos de los interesados mediante la
dotación de medicamentos.

2.2- Bajo esos términos, para el caso concreto, resulta improcedente gravar los ingresos
obtenidos por la actora originados en descuentos por pronto pago en operaciones de
compra de medicamentos, porque derivan de una operación relacionada con la actividad
de salud. La conclusión no varía por el hecho de que la actora haya obtenido los ingresos
en cuestión mediante la asesoría de un tercero, puesto que dichas relaciones jurídicas
son independientes. Mientras la asesoría representó un costo para la demandante, el
ingreso debatido se causa es en la obtención de los descuentos para la posterior
comercialización de los bienes adquiridos, sin que en dicha situación resulte relevante la
intervención del tercero pues este se limita a identificar la mejor forma de obtenerlos. No
prospera el cargo de apelación.

3- Teniendo en cuenta que con las determinaciones expuestas en la decisión de primera
instancia y en el presente fallo permanece incólume la autoliquidación del tributo hecha

2 También en las sentencias T-243 de 2016 y T-001 de 2018 de la Corte Constitucional y en el fallo de la Sección

Cuarta del Consejo de Estado del 26 de noviembre de 2015 (rad. nro. 08001-23-33-000-00118-01 (AC), CP: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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por la demandante, carece entonces de adecuación típica la sanción por inexactitud
impuesta en los actos acusados. Por consiguiente, tampoco prospera el cargo de
apelación correspondiente.

4- En suma, la Sala procederá a confirmar la sentencia apelada, porque carecen de
fundamento jurídico todos los cargos propuestos por la apelante única.

5- Por no estar probadas en el expediente, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en segunda instancia, conforme con lo establecido en el artículo 365.8 del CGP. No se
pronunciará respecto a las costas impuestas por el tribunal porque no fueron apeladas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO MILTON CHAVES GARCÍA

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