Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00023-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00023-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2016-00023-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de octubre de 2023
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00023-02 (1528-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Demandada: Silvia Lozada Puentes
Terceros interesados: Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)
y Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías
Protección S.A.
Tema: Entidad competente para reconocer pensión de jubilación de
afiliada que retornó al Régimen de Prima Media con
Prestación Definida.
Confirma sentencia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) contra la sentencia proferida el 21 de julio de 2020 por el
Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda.
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ANTECEDENTES
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Declarar la nulidad de la Resolución UGM018301 del 24 de noviembre de 2011, a
través del cual la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL), reconoció una
pensión de jubilación a la señora Silvia Lozada Puentes.
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho restituir las sumas de dinero recibidas por concepto del acto administrativo
demandado, desde la fecha de su inclusión en nómina hasta el pago efectivo.
Declarar que la obligación del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de
la demandada no está a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social hoy UGPP.
Actualizar la condena respectiva según el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011; y,
condenar en costas y agencias en derecho.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la señora Silvia Lozada Puentes nació el 25 de marzo de 1953 y laboró al
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servicio del Estado por más de 30 años en el Hospital Tulia Durán de Borrero ESE,
Municipio de Tello y Hospital Miguel Barreto López ESE, desde el 03 de agosto de
1977 al 01 de junio de 1999. Durante su vida laboral presentó afiliación a diferentes
fondos de pensión.
Que, a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, es decir, al 01 de abril de 1994,
contaba con más de 41 años de edad y 16 años, 7 meses y 28 días de servicio. Por
lo tanto, se encuentra cobijada por el régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993.
Que la demandada solicitó el 12 de junio de 2008 el reconocimiento de la pensión
de jubilación, la cual fue otorgada mediante Resolución UGM 018301 del 24 de
noviembre de 2011 por la Caja Nacional de Previsión Social EICE, en cuantía de
$697.097 a partir del 25 de marzo de 2008, condicionada a demostrar el retiro
definitivo del servicio.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 1.° de febrero de 2016, y a través de
decisión proferida en la audiencia inicial el 16 de noviembre de 2016, el a quo ordenó
la vinculación al proceso como terceros interesados de la Administradora de Fondos
de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y COLPENSIONES. Se notificó la demanda
a dichas entidades y a la demandada, quienes se pronunciaron:
La señora Silvia Losada Puentes
Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Para tal efecto,
propuso las siguientes excepciones que se relacionan a continuación:
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“Cobro de lo no debido”. La reclamación elevada ante CAJANAL en aras de obtener
el otorgamiento de la pensión de vejez, fue resuelta mediante la Resolución UGM
18301 del 24 de noviembre de 2011, los pagos se efectuaron de buena fe y sin
ningún medio fraudulento. Lo que se discute en este asunto no es si tiene derecho
o no a percibir la pensión de jubilación, sino quién debe sufragarla, por lo tanto, aún
si se determina que es otra entidad la que debe pagarla, tampoco habría lugar a la
devolución de dineros por la causa invocada.
Inexistencia del derecho a reclamar. La Caja Nacional de Previsión Social al
momento de reconocer la pensión de jubilación de la demandada mediante el acto
demandado, lo hizo bajo los parámetros previstos en la ley.
Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A.
Se opuso a las pretensiones, expresando que ha actuado de buena fe porque
trasladó los dineros de la demandada a la Caja Nacional de Previsión Social para
financiar su pensión de jubilación. Que declarar la nulidad del acto administrativo,
es atentar contra el derecho fundamental consagrado en el artículo 48 constitucional
porque se afectaría la vida y la salud de la demandada.
Propuso las excepciones de falta de jurisdicción y competencia. En el hipotético
evento en que se declarara la nulidad del acto demandado, no es procedente
condenar a Protección S.A. al reconocimiento de la pensión de jubilación porque es
un fondo de pensiones y cesantías de origen privado.
Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)
Considera que no hay lugar a la declaratoria de nulidad del acto demandado en
cuanto fue expedido por funcionario competente, debidamente motivado, sin
desviación de las atribuciones propias del funcionario que lo profirió.
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Que según el Decreto 813 de 1994, reglamentario del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, el reconocimiento de la prestación económica por vejez o jubilación está a
cargo de la caja, fondo o entidad de previsión a la que se encuentre afiliado el
ciudadano al momento de cumplir los requisitos establecidos en las normas del
régimen anterior para el reconocimiento de la prestación.
Que compete al ISS el otorgamiento de la pensión referida en alguno de estos
eventos cuando: 1. el servidor público se haya trasladado voluntariamente al ISS;
2. Se haya ordenado la liquidación de la caja, fondo o entidad a la cual se
encontraba afiliado; 3. El empleado no estuviere afiliado a alguna caja o fondo y al
entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones haya escogido el Instituto de
Seguro Social.
Que no existe causal que ocasione reconocimiento alguno por parte de
Colpensiones, por lo que mal podría imponerse condena alguna en los términos
solicitados contra esta entidad.
La audiencia inicial se llevó a cabo los días 16 de noviembre de 2016 y 7 de julio de
2017, en la cual se ordenó la práctica de pruebas. Se dictó sentencia de primera
instancia el 21 de julio de 2020, la cual fue apelada dentro del término oportuno por
la parte demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia proferida el 21 de julio de
2020, negó las pretensiones, señalando que si bien la resolución demandada en
ninguno de sus apartes se indica que la señora Silvia Losada Puentes es
beneficiaria del régimen de transición, tanto en la demanda, como en los alegatos
de conclusión, la parte demandante es enfática en recalcar que aquella sí está
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cobijada por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Además, ello se encuentra
probado porque a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con más
de 15 años de servicio, dado que ingresó a laborar en agosto de 1977.
Que la situación expuesta por la entidad demandante, comporta una contradicción,
porque si la persona goza del régimen de transición, puede trasladarse en cualquier
tiempo del RAIS y conservar los beneficios anteriores, según la sentencia de
unificación SU-130 de 2013.
Que, aclarado lo anterior, lo que se discute es si la UGPP es la responsable del
reconocimiento y pago de la pensión reconocida a la demandada, dado que al 31
de marzo de 1994 CAJANAL no podía recibir nuevos afiliados, de conformidad con
los artículos 4 y 34 del Decreto 692 de 1994.
Que, se encuentra probado en el plenario que el traslado de régimen pensional a
Protección S.A. se hizo efectivo a partir del 1.° de noviembre de 1995, porque según
los formularios de autoliquidación de aportes y el oficio suscrito por el Patrimonio
Autónomo Buen Futuro, únicamente estos se efectuaron desde la fecha señalada.
Por lo tanto, CAJANAL no estaba imposibilitada para recibir de nuevo a la señora
Losada Puentes al RPMPD el 1.° de diciembre de 1996, máxime porque el artículo
34 del Decreto 692 de 1994, que prevé la prohibición de recibir nuevos afiliados
posteriormente al 31 de marzo de 1994, es una denominación jurídica que no
ostenta la demandada a pesar de haberse trasladado temporalmente a otro fondo,
por cuanto según la Corte Constitucional en sentencia T-235 de 2002 «la afiliación
es un acto que se produce una sola vez en la vida del interesado, al ingresar al
trabajo, por consiguiente la afiliación no es repetible, es vitalicia».
En consecuencia, como la señora Silvia Losada Puentes retornó al RPMPD, por
cuanto ya se había afiliado por primera vez a CAJANAL cuando ingresó a laborar, por
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ser beneficiaria del régimen de transición y de conformidad con el artículo 6 del
Decreto 813 de 1994, referente a las competencias del ISS frente a las pensiones
de jubilación, era la Caja Nacional de Previsión Social la encargada del
reconocimiento pensional de la demandada, con fundamento además en el artículo
10 del Decreto 2709 de 1994.
RECURSO DE APELACIÓN
La Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) por conducto de su apoderada, interpuso recurso de apelación,
expresando que si bien la señora Silvia Losada Puentes se encontraba inmersa en
el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, también es cierto que
las cotizaciones que realizó nuevamente a CAJANAL no podía ser validadas.
En primera medida porque no se evidencia retracto del traslado de régimen de
ahorro individual, en aplicación el artículo 2, parágrafo transitorio del Decreto 1642
de 1995. En segundo lugar, porque los artículos 4 y 34 del Decreto 692 de 1994
indican que las entidades y cajas de previsión social no podían recibir nuevos
afiliados a partir del 1 de abril de 1994, sino que únicamente el Instituto de Seguro
Social era el encargado de administrar el régimen de prima media con prestación
definida, por lo cual no era dable el regreso a CAJANAL y carecía de competencia
dicha entidad para el reconocimiento de la prestación económica.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
Por auto del 27 de mayo de 2021 se admitió el recurso de apelación y a través de
providencia del 20 de septiembre de 2021 se corrió traslado para alegar de
conclusión.
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La entidad demandante, la Administradora Colombiana de Pensiones
(COLPENSIONES) y la Administradora de Fondos de Cesantías y Pensiones
Protección S.A. reiteraron los argumentos expuestos en las respectivas etapas del
proceso.1
La señora Silvia Lozada Puentes no se pronunció 2.
El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público expreso3 que de conformidad con el material
probatorio, se puede determinar que la demandada no realizó propiamente un
traslado de regímenes porque se observa un periodo de continuidad en las
respectivas cotizaciones, esto es, que nunca dejó de cotizar a la Caja Nacional de
Previsión Social, tal como sucedió durante el periodo del 1 de noviembre de 1995
al 30 de noviembre de 1996. Por lo que existió una multiafiliación en el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, teniendo en cuenta que
simultáneamente efectuó aportes a CAJANAL y a Protección S.A.
Que, según la normativa que regula la materia y a la jurisprudencia de las Altas
Cortes, se concluye que al ser la Caja de Previsión Social la última entidad que
recibió los aportes de la demandada, hasta la acreditación de los requisitos legales
exigidos para acceder a la pensión de vejez, debe confirmarse el fallo de primera
instancia y que sea la entidad demandante quien continue con el pago de las
mesadas de la señora Silvia Lozada Puentes.
Se decidirá previas las siguientes,
1
Memoriales que obran en los índices 11, 15 y 16 de la plataforma Samai.
2
Según se deduce de la constancia secretarial obrante en el índice 18 ibídem.
3
Escrito visible en el índice 17 ibídem.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema jurídico que debe resolver la Sala, es el de establecer si la UGPP carecía
de competencia para reconocer la pensión de jubilación de la demandada.
Marco normativo y jurisprudencial
Competencias de las cajas, fondos y entidades públicas que reconocen
pensiones en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida
Para el reconocimiento de las prestaciones sociales previstas en el Sistema General
de Seguridad Social, como la pensión de jubilación, se ha previsto en la evolución
normativa una concurrencia de competencias en cabeza de aquellas entidades
encargadas de la administración de los fondos de pensiones o cajas de previsión
públicos, en virtud del inciso cuarto del artículo 48 constitucional.
Al respecto, es preciso hacer referencia al proceso de supresión y liquidación de la
Caja Nacional de Previsión Social y la creación de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP).
En cumplimiento del artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 (Plan Nacional de
Desarrollo 2006–2010), el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 2196 de 12 de
junio de 2009, ordenó la supresión y liquidación de la Caja Nacional de Previsión
Social. En lo referente a la administración de los asuntos pensionales que estaban
a su cargo, se indicó lo siguiente en los artículos 3 y 4:
«[…] La Caja Nacional de Previsión Social, EICE en Liquidación adelantará,
prioritariamente, las acciones que permitan garantizar el trámite y
reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con
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dichos trámites, respecto de aquellos afiliados que hubieran cumplido con
los requisitos de edad y tiempo de servicio para obtener pensión de
jubilación o de vejez a la fecha en que se haga efectivo el traslado a que se
refiere el artículo 4º del presente decreto, de acuerdo con las normas que
rigen la materia. Igualmente CAJANAL EICE en Liquidación continuará con
la administración de la nómina de pensionados, hasta cuando estas
funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
creada por la Ley 1151 de 2007».
[…]
La Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal EICE en Liquidación deberá
adelantar todas las acciones necesarias para el traslado de sus afiliados
cotizantes, a más tardar dentro del mes siguiente a la vigencia del presente
decreto, a la Administradora del Régimen de Prima Media del Instituto de
Seguro Social – ISS […]».
Luego, mediante el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, se creó la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social. El artículo 1.º, numeral 1.º del Decreto Ley 169 del 23 de enero
de 2008 señaló que es función de la UGPP: «[…] el reconocimiento de los derechos
pensionales y prestaciones económicas a cargo de las administradoras exclusivas de
servidores públicos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden
nacional, causados hasta su cesación de actividades como administradoras; así como el
de aquellos servidores públicos que hayan cumplido el tiempo de servicio requerido por la
ley para acceder a su reconocimiento y se hubieren retirado o desafiliado del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida sin cumplir el requisito de edad señalado, con
anterioridad a su cesación de actividades como administradoras. De igual manera, le
corresponderá la administración de los derechos y prestaciones que reconocieron las
mencionadas administradoras y los que reconozca la Unidad en virtud de este numeral.
[…]».
Más adelante, por el Decreto 4269 del 8 de noviembre de 2011, se distribuyeron
unas competencias en materia de reconocimiento de derechos pensionales, entre
CAJANAL en Liquidación y la UGPP. En el artículo 1.° se indicó que la UGPP sería
la competente para resolver todas las solicitudes relacionadas con el
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reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas radicadas a
partir del 8 de noviembre de 2011, de la siguiente manera:
«Artículo 1°. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. La ejecución de los
procesos misionales de carácter pensional y demás actividades afines que
se indican a continuación, será ejercida por la Caja Nacional de Previsión
Social — CAJANAL EICE en Liquidación y la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
— UGPP, en los siguientes términos:
1. Atención de solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos
pensionales y prestaciones económicas.
Estarán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social — UGPP, las
solicitudes de reconocimientos de derechos pensionales y prestaciones
económicas, radicadas a partir del 8 de noviembre de 2011.
A cargo de la Caja Nacional de Previsión Social — CAJANAL EICE en
Liquidación estarán las solicitudes de reconocimiento de derechos
pensionales y prestaciones económicas, radicadas con anterioridad al 8 de
noviembre de 2011.
2. Atención del proceso de administración de la nómina de pensionados.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social — UGPP será la entidad responsable
de la administración de la nómina a partir del mes de diciembre de 2011,
incluido el reporte de las novedades que se generen al Administrador
Fiduciario del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional —FOPEP-.
Para efectos de la incorporación de las novedades de nómina originadas en
la atención de las solicitudes que están a cargo de CAJANAL EICE en
liquidación, esta entidad deberá hacer entrega a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social — UGPP de la información completa y necesaria para que
se pueda efectuar dicha inclusión. 3. Proceso de Atención al Pensionado,
Usuarios y Peticionarios.
A partir del 8 de noviembre de 2011, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —
UGPP, asumirá integralmente el proceso de atención a los pensionados,
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usuarios y peticionarios, así como la radicación de los documentos,
independientemente de que los servicios requeridos se deriven de
solicitudes que deban ser tramitadas por Cajanal EICE en Liquidación, de
acuerdo con la distribución de competencias establecidas en el numeral 1.
del presente artículo.
Parágrafo: En aquellos casos en que en la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
— UGPP se presente una solicitud prestacional que deba ser resuelta en
forma integral con una solicitud de una prestación diferente que esté
pendiente de resolver y que sea competencia de Cajanal EICE en
liquidación, de acuerdo con lo definido en el numeral 1. del presente artículo,
la UGPP será la entidad competente para resolver ambas solicitudes.»
En este sentido, se colige que: i) el Decreto 2196 de 2009 ordenó la supresión y
liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social, EICE; ii) la Ley 1151 de 2007
(artículo 156) y el Decreto Ley 169 de 2008 determinaron las funciones de la UGPP,
y iii) el Decreto 4269 de 2011 efectuó la distribución de competencias entre
CAJANAL en Liquidación y la UGPP. Aunado a ello, con el citado Decreto 2196, el
Gobierno Nacional ordenó un traslado masivo de los afiliados cotizantes de la Caja
Nacional de Previsión Social al Instituto de Seguros Sociales, ISS, que tuvo como
fecha límite el mes de julio de 2009.
Ahora bien, es preciso hacer referencia al proceso de la liquidación del Instituto de
Seguros Sociales y la entrada en funcionamiento de la Administradora Colombiana
de Pensiones.
Con la expedición de los Decretos 2011, 2012 y 2013 de 2012, el Gobierno Nacional
reglamentó la entrada en funcionamiento de la Administradora Colombiana de
Pensiones y, simultáneamente suprimió y declaró en estado de liquidación al
Instituto de Seguros Sociales, ente otros asuntos; todo ello, a partir del 28 de
septiembre de 2012.
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Asimismo, en el Decreto 2011 de 2012 se determinó la competencia y el trámite a
seguir para la atención de solicitudes de pensión y el cumplimiento de fallos de tutela
proferidos en contra del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, presentados
con anterioridad a su vigencia. Al respecto, el artículo 3.º del citado decreto señaló:
«ARTÍCULO 3°. OPERACIONES DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES - COLPENSIONES. La Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones como administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida,
deberá:
1. Resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales, incluyendo
aquellas que habiendo sido presentadas ante el Instituto de Seguros Sociales (ISS), o la
Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, no se hubieren resuelto a la
entrada en vigencia del presente decreto, con excepción de lo dispuesto en el artículo 5°
del mismo.
2. Pagar la nómina de pensionados que tenía a cargo el Instituto de Seguros Sociales
(ISS), como administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
3. Ser titular de todas las obligaciones con los afiliados y pensionados del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida del Instituto de Seguros Sociales (ISS), y de los
afiliados de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom.
4. Administrar los Fondos de Reservas de Prestaciones de Vejez, Invalidez y Muerte que
administraba el Instituto de Seguros Sociales (ISS), de que trata la Ley 100 de 1993.
5. Efectuar el recaudo de los aportes al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida, en las cuentas y con los mecanismos que la Administradora Colombiana de
Pensiones, Colpensiones establezca para tal efecto.
[…]
PARÁGRAFO SEGUNDO TRANSITORIO. Los actos administrativos expedidos por el
Instituto de Seguros Sociales (ISS), como administrador del Régimen de Prima Media
con Prestación Definida que no hubieren sido notificados a la fecha de entrada en
vigencia del presente decreto, serán notificados por el Instituto de Seguros Sociales.
Dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que se surta la notificación, el Instituto
de Seguros Sociales remitirá los expedientes respectivos a la Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones.»
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Se colige de lo anterior, que las funciones que hasta el 28 de septiembre de 2012
le correspondían al Instituto de Seguros Sociales en materia pensional, se
reasignaron, a partir de esa fecha, a la Administradora Colombiana de Pensiones,
entre ellas el reconocimiento de los derechos pensionales que eran competencia
del ISS.
Traslado de competencias entre CAJANAL hoy UGPP y COLPENSIONES
Frente al tema en estudio, es importante tener en cuenta que el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 fue reglamentado por los Decretos 813 de 1994 y 2527 de 2000, a fin
de señalar las condiciones particulares de los servidores públicos en relación con
las competencias para los reconocimientos pensionales a cargo de las cajas, fondos
o entidades públicas de previsión social, mientras existieran, así como las hipótesis
en las cuales tales competencias se trasladarían al Instituto de los Seguros
Sociales.
Según el artículo 6.º del Decreto 813 de 1994, los servidores públicos beneficiarios
del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se pensionarían con
la caja, fondo o entidad de previsión a la que estuvieran afiliados cuando cumplieran
los requisitos del régimen que les fuera aplicable. No obstante, la citada norma
indicó que, el ISS asumiría el reconocimiento de la pensión si al reunir los requisitos
para causar el derecho se diera alguno de los siguientes supuestos:
ARTICULO 6. TRANSICIÓN DE LAS PENSIONES DE VEJEZ O JUBILACIÓN DE
SERVIDORES PÚBLICOS.
[…]
Corresponderá al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la
pensión de los servidores públicos, conforme a las disposiciones del régimen que
se venía aplicando, en los siguientes casos:
i) Cuando el servidor público se traslade voluntariamente al Instituto de Seguros
Sociales
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ii) Cuando se ordene la liquidación de la caja, fondo o entidad a la cual se encontraba
afiliado el funcionario público.
iii) Cuando los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición no se
encontraban afiliados a ninguna caja, fondo o entidad de previsión del sector público,
con anterioridad al 1 de abril de 1994, seleccionen el régimen de prima media con
prestación definida.
[…]»
Ahora bien, el Decreto 2527 de 2000 reglamentó los artículos 36 y 52 de la Ley 100
para indicar los casos taxativos, en los que las cajas, fondos o entidades públicas
de previsión social, mientras subsistieran, continuarían reconociendo las pensiones
de los servidores públicos. Preceptuó el artículo 1.° del Decreto 2527 de 2000 lo
siguiente:
«Artículo 1º. Reconocimiento a cargo de las cajas, fondos o entidades
públicas que reconozcan o paguen pensiones. Las cajas, fondos o entidades
públicas que reconozcan o paguen pensiones, continuarán reconociéndolas
o pagándolas mientras subsistan dichas entidades respecto de quienes
tuvieran el carácter de afiliados a la entrada en vigencia del sistema general
de pensiones, exclusivamente en los siguientes casos:
1. Cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades
del orden nacional hubieren cumplido a 1º de abril de 1994, los requisitos
para obtener el derecho a la pensión y no se les haya reconocido, aunque a
la fecha de solicitud de dicha pensión estén afiliados a otra administradora
del régimen de prima media.
2. Cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades
del orden territorial hubieren cumplido los requisitos para obtener el derecho
a la pensión a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en
la entidad territorial del domicilio de la caja, fondo o entidad pública y la
pensión no se les haya reconocido, aunque a la fecha de solicitud de dicha
pensión estén afiliados a otra administradora del régimen de prima media.
3. Cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales que a la fecha de
entrada en vigencia del sistema, a nivel nacional o territorial según el caso,
hubieren cumplido veinte años de servicio o contaren con las cotizaciones
requeridas en la misma entidad, caja o fondo público, aunque a la fecha de
solicitud de la pensión estén o no afiliados al sistema general de pensiones.
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También podrán hacerlo respecto de sus afiliados y en los mismos casos,
las entidades a las cuales corresponda el reconocimiento de pensiones
antes de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones.
En estos casos no se aplicará el literal c) del artículo 36 del Decreto 1748 de
1995 modificado por el artículo 15 del Decreto 1513 de 1998.»12.
Las hipótesis a que hace referencia el artículo citado están condicionadas a que
dichas entidades de previsión existan. Así, en caso de ser suprimidas, el ISS
asumiría el reconocimiento pensional. Ello en razón a que la intención de la Ley
100 de 1993 era que se diera inicio a la supresión de las cajas, fondos y entidades
de previsión social del sector público en armonía con el mandato de conservar al
ISS como único administrador del régimen de prima media4.
Bajo este contexto, se ordena la supresión y consiguiente liquidación de CAJANAL
como se analizó en precedencia, así en el inciso segundo del artículo 3.° del Decreto
2196 de 2009, señaló:
«Artículo 3º. PROHIBICIÓN PARA INICIAR NUEVAS ACTIVIDADES. Como
efecto de la liquidación aquí ordenada, la Caja Nacional de Previsión Social,
Cajanal, EICE, en Liquidación, no podrá iniciar nuevas actividades en
desarrollo de su objeto social, por lo tanto, conservará su capacidad jurídica
únicamente para realizar los actos, operaciones y contratos necesarios en
orden a efectuar su pronta liquidación.
En todo caso, la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en
Liquidación adelantará, prioritariamente, las acciones que permitan
garantizar el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales y demás
actividades afines con dichos trámites, respecto de aquellos afiliados que
hubieren cumplido con los requisitos de edad y tiempo de servicio para
obtener la pensión de jubilación o de vejez a la fecha en que se haga efectivo
el traslado a que se refiere el artículo 4° del presente Decreto, de acuerdo
con las normas que rigen la materia. Igualmente CAJANAL EICE en
Liquidación continuará con la administración de la nómina de pensionados,
4
Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 19 de agosto de 2016. Radicación número: 11001-
03-06-000-2016-00117-00(C).
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hasta cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social- UGPP, creada por la Ley 1151 de 2007.»
En cuanto a los afiliados a la Caja Nacional de Previsión Social, el artículo 4.° del
Decreto 2196 de 2009, ordenó trasladarlos al ISS dentro del mes siguiente a la
entrada en vigencia del citado decreto, plazo que venció el 12 de julio de 2009.
Se deduce que las pensiones de quienes estaban en CAJANAL que se hubieran
causado antes del 1.° de julio de 2009, continuaban a cargo de esta entidad EICE,
hasta tanto la UGPP las asumiera, en virtud del traslado de funciones expuesto
entre ambas entidades.
Lo anterior, ha sido reiterado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado5 al definir las competencias entre la extinta Caja Nacional de Previsión
Social y el Instituto de Seguros Sociales (hoy COLPENSIONES):
«[…] Conclusiones sobre el marco jurídico
La interpretación integral y sistemática de las disposiciones tomadas en
consideración, permite a la Sala extraer las siguientes conclusiones en
relación con la distribución de las competencias que actualmente tienen
asignadas la UGPP y COLPENSIONES para reconocer y pagar pensiones
en el régimen solidario de prima media con prestación definida:
a. Compete a la UGPP el reconocimiento y pago de las pensiones de
aquellas personas que antes del 1º de julio de 2009 adquirieron el derecho
a pensión, es decir, cumplieron los requisitos de edad y número de semanas
cotizadas o tiempo de servicios exigidos, siempre y cuando estuvieran
afiliadas para entonces a CAJANAL.
5
Al respecto ver los conceptos: del 19 de agosto de 2016, radicación número: 11001-03-06-000-
2016-00117-00(C); del 19 de agosto de 2016, radicación número: 11001-03-06-000-2016-00068-
00(C); del del 24 de agosto de 2017, radicación número: 11001-03-06-000-2017-00072-00(C) y del
24 de agosto de 2017, radicación número: 11001-03-06-000-2017-00080-00(C).
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b. Compete también a la UGPP el reconocimiento y pago de las
pensiones de aquellas personas que, estando afiliadas a CAJANAL o a otras
cajas, fondos o entidades públicas autorizadas por el artículo 52 de la Ley
100 de 1993 para administrar pensiones en el régimen de prima media,
cumplieron el requisito de tiempo de servicios (o número de semanas
cotizadas) exigido por la ley, y se retiraron o desafiliaron del régimen de
prima media con prestación definida antes de la cesación de actividades de
la respectiva caja, fondo o entidad, para esperar el cumplimiento de la
edad.
c. En los demás casos, el reconocimiento y pago de las pensiones en
el régimen de prima media con prestación definida compete a
COLPENSIONES, como administradora principal de dicho régimen en la
actualidad. En particular, cuando el beneficiario del régimen de transición al
reunir los requisitos para causar el derecho a la pensión, está en alguno de
los siguientes supuestos:
i.Afiliado voluntariamente al ISS.
ii.La caja, fondo o entidad de previsión a la que originalmente correspondía
responder por la prestación se ha liquidado.
iii.Está afiliado al régimen de prima media con prestación definida sin haber
estado afiliado a ninguna caja, fondo o entidad de previsión del sector
público antes del 1º de abril de 1994. […]»
Resolución del caso concreto
Como se delimitó al establecer el problema jurídico, el estudio que se abordará en
esta instancia, será en los términos alegados en el recurso de apelación presentado
por la UGPP, el cual gira en torno al argumento según el cual, dicha entidad carecía
de competencia para reconocer y pagar la pensión de vejez otorgada a la
demandada mediante el acto administrativo demandado.
Es preciso aclarar que en virtud del artículo 320 del Código General del Proceso, la
competencia del ad quem se circunscribe a los reparos expuestos en el recurso de
apelación respecto a la providencia objetada, por lo tanto, no se discute en esta
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instancia el derecho a la pensión de jubilación de la demandada, ni el régimen
pensional que legalmente le corresponde para definir su derecho pensional, sino,
quién es la caja o administradora de pensiones en quien radica la competencia para
el reconocimiento de la pensión.
De conformidad con el acervo probatorio del proceso obrante en Expediente Digital
en índice 2 de la plataforma Samai, se observa lo siguiente:
-El 25 de marzo de 1953 nació la señora Silvia Lozada Puentes. 6
-Prestó los siguientes tiempos de servicio7:
-Realizó aportes a pensión a las siguientes cajas de previsión y fondo de pensiones
y periodos respectivos8:
6
Copia de la cédula de ciudadanía visible en página 186 Cuaderno principal1.pdf. Expediente Digital
en índice 18 de la plataforma Samai.
7
Información extraída de la Resolución UGM 018301 del 24 de noviembre de 2011, visible en página
203 Cuaderno principal1.pdf. Expediente Digital en índice 18 plataforma Samai y los certificados
laborales expedidos por las entidades en las que laboró visibles en el Cuaderno principal1.pdf.
Expediente Digital.
8
Oficio RNA:1246 del 20 de mayo de 2012 suscrito por la coordinadora del Registro Nacional de
Afiliados de la Caja Nacional de Previsión Social y los certificados laborales expedidos por las
entidades en las que laboró visibles en el Cuaderno principal1.pdf. Expediente Digital.
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-El 24 de noviembre de 2011, la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación
expidió la Resolución UGM 018301 por la cual se reconoce y ordena el pago de una
pensión mensual vitalicia de vejez a favor de la demandada, con base en el artículo
33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
De acuerdo con las pruebas allegadas al plenario, se demostró que la señora Sonia
Lozada Puentes cumplió su estatus jurídico de pensionada el 25 de marzo de 2008,
cuando acreditó 55 años de edad y más de 1000 semanas cotizadas en virtud del
artículo 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, tal como se señaló en el acto administrativo
de reconocimiento de la prestación.
Es pertinente resaltar que para aquel momento, esto es, a la fecha de obtención del
estatus pensional, la demandada se encontraba afiliada a la extinta CAJANAL (hoy
UGPP) como se demostró en los elementos probatorios relacionados. Ahora, si bien
la demandante realizó aportes a pensión a Protección S.A. en el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad por el periodo del 1 de noviembre de 1995 al 30 de
noviembre de 1996, igualmente se probó que posteriormente retomó la cotización
ante la Caja Nacional de Previsión Social desde el 1 de diciembre de 1996 hasta el
30 de abril de 2008, al regresar al RPMPD.
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Dicho supuesto fáctico relativo al cambio de régimen de pensiones al pasar del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida al RAIS y retornar al primero de
aquellos, que presentó la demandante en ese preciso periodo (1 de noviembre de
1995 al 30 de noviembre de 1996) no se entiende como un nuevo acto de afiliación
al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones como lo alega la entidad
demandante.
Lo anterior, por cuanto este es un acto único que realiza la persona por una sola
vez, aspecto diferente será la figura del traslado entre regímenes el cual es un
derecho que tiene el asegurado, y el cual se reporta en el SGSSP como una
novedad, a diferencia de la desafiliación que se produce únicamente con el
fallecimiento.
En consecuencia, la situación expuesta y alegada por la entidad apelante sobre el
retorno de la demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida ante
CAJANAL EICE, debe entenderse a la luz del marco normativo sobre la competencia
de reconocimiento pensional según la cual estaba en cabeza de la Caja Nacional
de Previsión Social hoy UGPP por cuanto a la entrada en vigencia del Decreto 2196
de 2009: i) la demandante se encontraba afiliada a CAJANAL; ii) consolidó su
derecho pensional previo a esa fecha (25 de marzo de 2008); (iii) lo que conlleva la
acreditación de los requisitos de edad y tiempo de servicios exigidos en la norma
aplicable (art. 33 Ley 100 de 1993).
Finalmente es de aclarar, que la norma pensional aplicada en la Resolución UGM
018301 de 24 noviembre de 2011 fue el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, esto es,
no se observa la aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
referida ley, más allá de que tanto la demandante como en la sentencia apelada,
hubieran manifestado que la señora Lozada Puentes era beneficiaria de dicho
régimen.
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Empero, se reitera que el objeto de litigio no versó sobre la discusión de la normativa
bajo la cual se debía conceder la prestación, sino la competencia para hacerlo. La
cual se ejerció válidamente, porque la pensión de vejez de la demandada se causó
antes del 1.° de julio de 2009 y por lo tanto, CAJANAL EICE estaba llamada a hacerse
cargo de esa prestación.
En consecuencia, analizado el objeto de la alzada a la luz de la normativa aplicable,
en contraste con las pruebas allegadas al proceso, se confirmará la sentencia de
primera instancia, dado que no prosperan los argumentos del recurso de apelación,
por cuanto se concluyó que la Caja Nacional de Previsión Social hoy UGPP, es la
entidad competente para reconocer y pagar la pensión de jubilación otorgada a la
señora Lozada Puentes.
De la condena en costas de segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el Juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar
si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no
obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley
2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y
cuando se acredite que la parte vencida obro con manifiesta carencia de
fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
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por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art. 188 de la Ley
1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que, de lugar a la condena en costas. Contrario a ello, las
partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de
sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 21 de julio de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Huila en el proceso promovido por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), contra la señora Sonia Lozada Puentes y como terceros vinculados la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y Administradora de
Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A.
SEGUNDO: Sin condena en costas de segunda instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en la plataforma SAMAI.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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