RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 41001-23-33-000-2016-00237-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2016-00237-01

Fecha
30 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2016-00237-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Huila el 30 de julio de 2024. SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, en favor de la Nación – Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, EMGESA S. A. ESP –hoy ENEL COLOMBIA- y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-. Las agencias en derecho se fijan en la suma de cinco millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos veintidós pesos 55 Sobre las labores de vigilancia del proceso como criterio suficiente para fijar agencias en derecho se pueden consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 19 de febrero de 2021, exp. 64.401, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, 19 de marzo de 2021, exp. 68.836, C.P. María Adriana Marín; del 17 de junio de 2022, exp. 67.178, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; del 21 de noviembre de 2022, exp. 68.941, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 3 de febrero de 2023, exp. 69.319, auto de 9 de abril de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 64.150 y auto de 19 de marzo de 2021, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 65.193. De acuerdo con lo consignado en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del CGP, la fijación de agencias en derecho no se afecta en el evento en el que la parte haya litigado, incluso, a nombre propio -sin apoderado judicial-, pues aún en ese caso tiene derecho a que se fije el monto de las agencias para retribuir su actuación. Por lo anterior, si la parte que actuó a nombre propio tiene derecho a que se le fijen agencias en derecho a su favor, a pesar de que no incurrió en el pago de honorarios de un apoderado judicial que lo representara, igual razonamiento debe hacerse extensivo a los eventos en los que un sujeto procesal actúa a través de un profesional del derecho que hace parte de su planta de personal, pues el hecho de que no se hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la causación de las agencias en derecho como componente de la condena en costas. Al respecto, ver Consejo de Estado, Sala de lo […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 41001-23-33-000-2016-00237-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

30 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00237-01 (71.946)
Actor: Pedro Hernández Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Reparación directa

Temas: REPARACIÓN DE PERJUICIOS –Proyecto Hidroeléctrico “El Quimbo” pago de
compensaciones dispuestas en la licencia ambiental / MEDIDAS DE COMPENSACIÓN -
son de naturaleza reparatoria y su finalidad es la de resarcir y retribuir a las comunidades,
las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos que no
pudieron ser evitados / AUSENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO – el daño alegado por el
actor no tiene la connotación de antijurídico, pues no era beneficiario de la medida de
compensación por asentamiento pretendida en relación con el predio “LOTE O PARCELA
NÚMERO 18B” – el actor fue destinatario de una medida distinta denominada
“Emprendedores con Energía” sin reclamación por esta vía judicial, desconociéndose el
alcance o cumplimiento de la misma por orfandad probatoria

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Se discute la responsabilidad patrimonial del Estado por el no pago al demandante
de la compensación prevista en la licencia ambiental que le fue otorgada a
EMGESA S.A. E.S.P. para la realización del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, -
en adelante PHEQ-.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión proferida el 30 de julio de 2024, por el Tribunal
Administrativo del Huila que negó las pretensiones de la demanda presentada el 13
de mayo de 20161, por el señor Pedro Hernández Rojas en contra de la Nación –
Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
EMGESA S. A. ESP –hoy ENEL COLOMBIA-. En el trámite de instancia se vinculó
a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-2.
2. Las pretensiones y fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se
pronunció el Tribunal fueron, los siguientes.

1 Folio 13 del cuaderno principal 1.
2 Decisión adoptada en la audiencia inicial del 12 de febrero de 2018 (folios 339 y 340 del cuaderno principal 2).

1

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00237-01 (71.946)
Actor: Pedro Hernández Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y otros
Referencia: Reparación directa

Pretensiones

Reclamó el demandante la declaración de responsabilidad patrimonial de las
demandadas y la consecuente indemnización de perjuicios materiales estimados en
$353’654.503 a título de lucro cesante3 y $735’050.000 por concepto de daño
emergente4.

Hechos

3. Según lo resuelto en la Resolución 093 del 11 de febrero de 1991, el INCORA le
adjudicó a los esposos Jorge Calderón Herrera y Fabiola Naranjo de Calderón,
como unidad agrícola familiar, un lote de terreno que formaba parte otro de mayor
extensión conocido como la “Escalereta” del municipio del Agrado (Huila),
identificado como “LOTE O PARCELA NÚMERO 18B” en el folio de matrícula
inmobiliaria 202-23122, el cual contaba con una extensión superficiaria de “una
hectárea 1.132 metros cuadrados”.

4. El 3 de mayo de 2001, esos adjudicatarios vendieron el predio a su hijo Jesús
Hernando Calderón Naranjo, quien a su vez lo vendió al señor Pedro Hernández
Rojas el 24 de septiembre siguiente, fecha desde la cual éste último sembró un
cultivo de limón. La venta no se pudo formalizar porque se debían esperar unos
documentos del INCODER.

5.En Resolución 321 de 1º de septiembre de 2008, el Ministerio de Minas y Energía
declaró de utilidad pública los predios necesarios para la ejecución del PHEQ, y en
Resolución 328 de 1º de septiembre de 2011 se declararon áreas adicionales,
dentro de las cuales se encontraba el “LOTE O PARCELA NÚMERO 18B”.

6. Mediante la Resolución 899 de 15 de mayo de 2009, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Territorial le otorgó a EMGESA S.A. E.S.P. una licencia ambiental para
la ejecución del PHEQ, imponiéndole, entre otras obligaciones, la de cubrir
compensaciones por reasentamiento a los propietarios o poseedores de predios
afectados por el proyecto y que se encontraran dentro del área de influencia directa.
Tales compensaciones comprendían restituir la tierra con sistema de riego, así
como la de restituir la actividad económica afectada.

7. Por cuenta de esas obligaciones, EMGESA adelantó un censo para identificar la
población afectada, el cual protocolizó con la escritura pública 1804 de 2010 en la
que se incluyó al actor como “propietario con actividad agropecuaria”, junto con el
cultivo de limón que tenía en el predio, complementando la actividad agropecuaria
con maquinaria consistente en una cosechadora de arroz y de maíz combinada.

8. A pesar de estar debidamente censado, EMGESA no compensó al actor ni
restableció su actividad económica. En diferentes ocasiones le indicó que el cultivo
de limón lo reponía, pero en favor de los esposos Calderón Herrera, quienes

3 Los cuales comprendían la rentabilidad y proyección a 10 años de la actividad agrícola y por la productividad

de la máquina recolectora de arroz y maíz.
4 Que comprendían el valor: (i) del terreno según el avalúo; (ii) del terreno como lo ordenó la licencia ambiental;

(iii) de 280 palos de limón; y, (iv) de la recolección de arroz y maíz con maquinaria.

2

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00237-01 (71.946)
Actor: Pedro Hernández Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y otros
Referencia: Reparación directa

figuraban como propietarios del predio, negando el derecho que le había sido
“reconocido” en la escritura 1804; en otra oportunidad le ofreció $25’000.000 como
pago total de los perjuicios sin ningún reconocimiento adicional.

9. En la última comunicación del 4 de marzo de 2015, EMGESA le informó al actor
que una vez realizada la verificación correspondiente se estableció que él no era
propietario del predio y tampoco reunía los requisitos para ser poseedor con
derecho de reasentamiento y la opción de compra de mejoras.

Fundamento de derecho

10. En criterio del demandante, lo anterior le causó un detrimento económico que no

estaba en el deber jurídico de soportar, pues no recibió ningún tipo de
compensación conforme lo disponía la licencia ambiental5.

11. Consideró que el desconocimiento de los derechos atribuidos en el censo
poblacional evidenciaba un daño antijurídico que, en términos del artículo 90
Constitucional, debía ser indemnizado a título de falla del servicio al reunirse (i) un
hecho generador del daño por la ocupación de bienes para el desarrollo del PHEQ;
(ii) un daño cierto por cuenta de la lesión al bien jurídico tutelado de la propiedad;
y, (iii) una relación de causalidad entre el daño y la omisión que se le reprochó a
EMGESA6.

La defensa

12. El Ministerio de Minas y Energía se opuso a las pretensiones. Alegó la falta de

legitimación en la causa por pasiva, por considerar que dentro de sus competencias
no tenía la de reconocer compensaciones por la ejecución del PHEQ ni tampoco
identificar a los beneficiarios de las mismas. Con todo, aclaró que esas
compensaciones no operaban de manera automática.

13. Sostuvo que el acto administrativo que emitió con la declaratoria de utilidad
pública gozaba de presunción de legalidad y si el daño tuvo por causa la decisión
de EMGESA de negar una compensación, el actor debió ejercer la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho7.

14. EMGESA señaló la inexistencia de daño antijurídico. Expuso que en
comunicación PQ GPP COJ 18480-15 del 30 de noviembre de 2015 le informó al
actor que, pese a quedar registrado en la escritura pública 1804 como “propietario
con actividad agropecuaria”, lo cierto era que no ostentaba derechos de propiedad
en relación con el predio “LOTE O PARCELA NÚMERO 18B”.

15. Explicó que en comunicación PQ CEN COJ 7756 -15 de 30 de marzo de 2015,

le informó al actor que en una nueva actividad censal se le reconoció como

5 Textualmente, indicó: “A pesar de estar debidamente censado, Emgesa S.A ESP, a la fecha no lo ha tenido

en cuenta para el reconocimiento del indicador de estado, ni para el pago de los perjuicios que sufrió, ni para el
restablecimiento de su actividad económica que perdió, con el desplazamiento, desacomodo, desorientación
laboral, y otros que ha sufrido por la ejecución del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, sin estar llamado a
soportarlos”.
6 Folios 4 a 13 del cuaderno principal 1.
7 Folios 111 a 119 del cuaderno principal 1.

3

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00237-01 (71.946)
Actor: Pedro Hernández Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y otros
Referencia: Reparación directa

“población no residente” debido a su actividad agropecuaria, por lo que era
acreedor de una medida de manejo compensatoria consistente en la participación
de la estrategia “Emprendedores con Energía”, términos en los que había sido
compensado.

16. Señalóque las personas que figuraban como titulares reales del “LOTE O
PARCELA NÚMERO 18B” firmaron un acta de concertación individual con
EMGESA8 por lo que fueron beneficiarios de una medida de reasentamiento, de
manera que el actor debía acudir a ellos para eventuales reclamaciones. Con todo,
señaló que la compraventa que había realizado era nula, pues versó sobre un
inmueble adjudicado como unidad agrícola familiar, sin posibilidad de enajenación9.

17. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se sumó a la falta de
legitimación en la causa por pasiva, en tanto que la omisión reprochada no
guardaba relación con las competencias que le fueron atribuidas en el Decreto Ley
3570 de 2011. Aclaró que el seguimiento de la licencia ambiental otorgada a
EMGESA le correspondía a la ANLA, organismo con capacidad para ser parte10.

18. La ANLA sostuvo que los actos administrativos que expidió en el marco del plan

de seguimiento y control del PHEQ gozaban de presunción de legalidad y que no
le correspondía el reconocimiento y pago de compensaciones. Aclaró que el
otorgamiento de licencias ambientales no la obligaba solidariamente frente a las
responsabilidades que le pudieran corresponder al beneficiario11.

Etapa probatoria y alegaciones

19. Al concluir la etapa probatoria12 y en el término de las alegaciones, el actor

insistió en sus acusaciones y recalcó que se le desconocieron sus derechos como
poseedor. Recabó en que se probó la existencia de un daño por aminoración

8 Lo que comportó la medida de reasentamiento consistente en la asignación de un de la “Parcela H” del
reasentamiento colectivo “Llanos de la Virgen”
9 Folios 136 a 205 del cuaderno principal 1.
10 Folios 292 a 302 del cuaderno principal 2.
11 Folios 376 a 396 del cuaderno principal 2.
12En audiencia del 16 de marzo de 2017 (folios 441 a 445 del cuaderno principal 2), el a quo se pronunció sobre

las solicitudes probatorias así: PARTE DEMANDANTE 1. Incorporó como prueba documental los aportados
con la demanda (protocolización del censo conforme escritura pública. 1804 del 2010, documentos de
compraventa del predio suscrito entre Jorge Calderón Herrera, Fabiola Naranjo de Calderón y Jesús Hernando
Calderón Naranjo y de este último y PEDRO HERNÁNDEZ ROJAS, plano del predio, resolución 093 del 11 de
febrero de 1991, compraventa maquina combinada Santa Matilde, certificaciones expedidas a solicitud de parte,
comunicación de EMGESA S.A. E.S.P., de 30 de noviembre de 2015 y acta de conciliación del 18 de abril de
2016, ante la Procuraduría 153 Judicial II) 2. Decretó como prueba pericial el avalúo aportado con la demanda.
En audiencia de pruebas de 26 de abril de 2018 (folios 523 a 526) recibió las declaraciones del perito 3. Decretó
los testimonios de Jorge y Jesús Hernando Calderón Naranjo, las cuales se recibieron en audiencia del 26 de
abril de 2018 (audible en CD visto a folio 546) DEMANDADA EMGESA S.A. E.S.P. 1. Incorporó los documentos
aportados en la contestación (comunicaciones PQ GPP CPJ 18480 de 30 de noviembre de 2015 1, PQ GPP
COJ 0565 3 del 5 de febrero de 2013, PQ CENCOJ 7756 15 del 30 de marzo de 2015, Acta de Concertación
Individual de 21 de octubre de 2015, Resoluciones 899 y 1628 de 2009). 2. Decretó los testimonios de Natali
Osorio Useche y Víctor Julio Ángel Rojas, los cuales se recibieron en audiencia del 26 de abril de 2018 (audibles
en CD visto a folio 546).
PRUEBAS DE OFICIO 1. Requirió a: (i) EMGESA S.A. para que remitiera el certificado de tradición y libertad
202-23122, lo que se atendió remitiendo lo pertinente (folios 502 a 505), la copia de las escrituras públicas de
los censos poblacionales, lo que se atendió remitiendo lo pertinente (CD visible a folio 516A); (ii) copia de la
comunicación PQ GPP COJ 18477 de 19 de noviembre de 2015, lo que se atendió remitiendo lo pertinente
(folios 484 a 501); y, (iii) copia de las respuestas ofrecidas al actor por solicitudes de compensación, lo que se
atendió remitiendo lo pertinente (folios 490 y 491). Testimonio Natali Osorio Useche (26 de abril de 2018 -folios
546

4

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00237-01 (71.946)
Actor: Pedro Hernández Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y otros
Referencia: Reparación directa

patrimonial, el cual debía ser indemnizado por EMGESA, pues omitió el
cumplimiento de las compensaciones previstas en la licencia ambiental13.

20. El Ministerio de Minas y Energía alegó la incongruencia del daño invocado, pues

si bien sus pretensiones se contrajeron a una falta de compensación como afectado
por el PHEQ, no se acreditó la suspensión de la actividad económica14.

21. EMGESA reiteró los argumentos de defensa y a partir de la confrontación del

material probatorio estimó que aun cuando el actor fue censado como propietario
del predio no ostentaba tal calidad y tampoco tenía las condiciones para ser
considerado poseedor del predio, pese a lo cual fue reconocido como “poblador no
residente” y acreedor de una medida de manejo compensatorio como partícipe de
la estrategia de emprendedores15.

La decisión del tribunal

22. El Tribunal Administrativo del Huila negó las pretensiones de la demanda, al

considerar que no se probó el daño antijurídico16. Consideró que no se acreditó que
el actor fuera propietario o poseedor ni tampoco se demostró la titularidad respecto
de la actividad agropecuaria derivada de un cultivo de limón17.

23. Precisó que cuando se expidió la resolución 321 que declaró de utilidad pública

los predios necesarios para la realización del PHEQ, el actor no figuraba como
propietario del predio “LOTE O PARCELA NÚMERO 18B”, ya que quienes
ostentaban esa titularidad eran los esposos Jorge Calderón Herrera y Fabiola
Naranjo, quienes fueron compensados con las medidas de reasentamiento
dispuestas en la licencia ambiental.

24. Explicó que el referido inmueble les había sido adjudicado a los mencionados

esposos como unidad agrícola familiar sin posibilidad de enajenación, de suerte
que las ventas posteriores no eran válidas y, en tal sentido, si el actor compró el
bien esa venta no le trasfirió el derecho de dominio.

13 Folios 609 a 622 del cuaderno principal.
14 Folios 623 a 629 del cuaderno principal.
15 Folios 631 a 654 del cuaderno principal.
16 La parte resolutiva de la decisión dispuso: “PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de falta de

legitimación en la causa por activa (sic), propuestas por la Nación - Ministerio de minas y energía - Ministerio
del medio ambiente y desarrollo sostenible y la autoridad nacional de licencias ambientales – ANLA y la
denominada ausencia del daño.
SEGUNDO: DECLARAR PROBADAS las excepciones: i) imposibilidad de enajenar, gravar o arrendar la unidad
agrícola familiar U.A.F por parte de los beneficiarios de la adjudicación Jorge calderón Herrera y Fabiola Naranjo
de Calderón y ii) el bien inmueble al que se vincula el área objeto de esta reparación fue directa y
voluntariamente negociado por sus legales propietarios con EMGESA SA ESP.
TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
CUARTO: NO condenar en costas.
QUINTO: RECONOCER personería al abogado Diego Javier Rodríguez Rodríguez, (C.C. 80.102.122 de Bogotá
D.C y T.P. 162.378 del C.S de la J.), para actuar como apoderado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, conforme al poder conferido (índice SAMAI 00134)
SEXTO: ORDENAR que en firme la presente decisión, se archive el expediente una vez efectuadas las
anotaciones de rigor”.
17 Partió por señalar que la acción incoada resultaba procedente, pues el daño alegado derivaba de una

operación administrativa, pues se trataba de la inejecución u omisión de acatar las medidas de compensación
impuestas en la licencia ambiental que se le otorgó a EMGESA S.A. E.S.P. E.S.P. para la ejecución del PHEQ.

5

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00237-01 (71.946)
Actor: Pedro Hernández Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y otros
Referencia: Reparación directa

25. Sostuvo que el hecho de que el actor fuera incluido en el censo de población

afectada no significaba que de manera directa tuviera derecho a una
compensación, pues se requería la verificación de las condiciones para acceder a
la misma, tal como lo sostuvo el ingeniero Víctor Julio Rojas en el testimonio que
rindió en esa instancia.

26. Respecto al cultivo de limón, señaló que no se demostró su propiedad; además,

en la declaración de parte el actor informó que no llevaba un registro contable de
su actividad agrícola, lo que impedía conocer sus ingresos o utilidades. Tampoco
probó la compra de semillas o de insumos para la producción ni se probó que
hubiera adelantado la plantación o recolección.

27. Descartó las conclusiones del dictamen pericial, en tanto que el perito no acreditó

la profesión de arquitecto que invocó, sumado a que no era una profesión idónea
para la valoración de predios rurales o de plantaciones o cultivos. Dijo igualmente
que las conclusiones carecieron de fundamentación.

28. Declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de los Ministerios

de Minas y Energía y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, al igual que de la
ANLA18, dado que en la demanda no se discutió la legalidad de la licencia
ambiental, sino la indemnización de perjuicios por el no pago de las medidas de
compensación por parte de EMGESA.

29. Concluyó que al no encontrarse demostrado el daño antijurídico resultaba
innecesario adentrarse en el análisis de los demás elementos estructuradores de
la responsabilidad, razón por la que negó las pretensiones de la demanda por
inexistencia de daño.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

30. La parte actora solicitó revocar la decisión anterior y, en su lugar, acceder a las

pretensiones. Sostuvo que el daño antijurídico se acreditó con la prueba testimonial
que dio cuenta de la calidad de poseedor que tenía el actor respecto del predio
afectado por el área de influencia directa del PHEQ, esto en razón de la
compraventa que celebró en 2001 con el señor Jesús Hernando Calderón.

31. Alegó que el a quo no tuvo en cuenta la comunidad de la prueba -dictamen

pericial, fotografías y la escritura pública 1804 de 2010- que demostraba la calidad
de poseedor del actor respecto del predio con actividad agrícola, condiciones por
las cuales fue censado como afectado con la ejecución del PHEQ y que le imponía
a EMGESA S.A. E.S.P. compensarlo en términos de las obligaciones impuestas
como beneficiaria de la licencia ambiental, lo cual incumplió19.

32. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta instancia.

18 Respecto de las excepciones propuestas, declaró probadas: i) imposibilidad de enajenar, gravar o arrendar

la unidad agrícola familiar por parte de los beneficiarios de la adjudicación Jorge calderón Herrera y Fabiola
Naranjo de Calderón y ii) el bien inmueble al que se vincula el área objeto de esta reparación fue directa y
voluntariamente negociado por sus legales propietarios con la compañía.
19 Índice 2 expediente digital aplicativo SAMAI.

6

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00237-01 (71.946)
Actor: Pedro Hernández Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y otros
Referencia: Reparación directa

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

33. Sin
que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso propuesto.

34. El análisis de la Sala parte de verificar la existencia del daño antijuridico20, para

luego analizar la posibilidad de imputarlo a EMGESA.

35. No será objeto de pronunciamiento la falta de legitimación en la causa por pasiva

que declaró el a quo respecto de los Ministerios de Minas y Energía y Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la ANLA, por cuanto la tesis que expuso el a
quo consistente en que las pretensiones no se dirigieron a cuestionar la legalidad
de las decisiones administrativas al punto de la expedición o seguimiento de la
licencia ambiental, sino a la reparación de perjuicios por el no pago de las medidas
de compensación, no fue controvertida o confrontada en sede del recurso de
apelación que se analiza.

36. Para contextualizar la decisión que se apresta a tomar la sala, resulta útil abordar

los referentes que se explicitan a continuación.

Compensaciones con ocasión de la licencia ambiental otorgada a EMGESA
S.A. E.S.P. para la ejecución del PHEQ

37. Con el fin de lograr el mayor aprovechamiento del caudal del río Magdalena para

la generación de energía, se diseñó el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo PHEQ21.
Para su construcción y operación, el Ministerio de Minas y Energía, en Resolución
321 del 1º de septiembre de 2011, declaró de utilidad pública e interés social los
terrenos necesarios ubicados en los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado y
Altamira (Huila). A la par, el entonces Ministerio de Ambiente, en Resolución 899
de 15 de mayo de 2009, otorgó a EMGESA una licencia ambiental para su
ejecución.

38. Con el propósito de hacer compatibles el desarrollo económico, el concepto de

protección a un ambiente sano y la función ecológica de la propiedad, la licencia le
impuso obligaciones a la beneficiaria EMGESA encaminadas, entre otras cosas, al
diseño y ejecución de un Plan de Manejo de Impacto Ambiental, en desarrollo del
cual la instó a definir el área de influencia directa integrada por los terrenos
potencialmente afectados, a identificar y caracterizar por actividad censal a los
grupos poblacionales afectados en su base económica y las actividades
productivas impactadas, esto en clave de generar compensaciones por afectación
que incluyeran medidas de compensación por reasentamiento22.

20 Lo que se impone no solo en razón del marco del recurso de apelación, sino porque se trata de primer

elemento que debe analizarse para establecer la responsabilidad patrimonial de Estado.
21 Según se expuso en las consideraciones de la Resolución 899 de 2009 “Por la cual se otorga licencia

ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico “El Quimbo”.
22 Según lo explicó la misma resolución 899 de 2009 “Por la cual se otorga licencia ambiental para el Proyecto

Hidroeléctrico “El Quimbo”.

7

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00237-01 (71.946)
Actor: Pedro Hernández Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y otros
Referencia: Reparación directa

39. Tales compensaciones23 incluían a los grupos poblacionales sectorizados por

propietarios, poseedores, ocupantes con vivienda o sin vivienda -residentes o no
residentes- con actividad agropecuaria o grupos familiares en predios de hasta 5
hectáreas y de 5 hectáreas hasta 50 hectáreas, consagrando para ellos medidas
compensatorias por reasentamiento a cargo del beneficiario, las cuales consistían,
entre otras, en la entrega de predios en proporción equivalente, restitución de tierra
con sistema de riego, reconocimiento de mejoras y compra directa, así como la
restitución económica de la actividad productiva.
40. Con la Resolución 1628 de 21 de agosto de 2009 se confirmaron las referidas

medidas y se realizó una modificación en el sentido de incluir a la “población
vulnerable en situación irregular con vivienda o sin vivienda y con actividad
agropecuaria” como sujetos de medidas compensatorias consistentes en la entrega
de predios, restitución de tierras con sistema de riego y garantía de participación
de los grupos poblacionales afectados en sus proyectos productivos24.
41.La falta de reconocimiento o la omisión en el pago de esas compensaciones dio
lugar a reclamaciones judiciales por la vía de la reparación directa en contra de
EMGESA, las cuales, frente al punto de la jurisdicción competente, fueron dirimidas
en su momento por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, quien consideró competente a la jurisdicción contencioso administrativa
por la naturaleza jurídica de esa empresa25 y por la naturaleza de la acción26, esto
en armonía con el artículo 33 de la Ley 142 de 1994 y del parágrafo del artículo 104
del CPACA.
42. Esta Corporación27, en sede de reparación directa, ha considerado que las
licencias ambientales comprenden una autorización de la autoridad ambiental para
la ejecución de una obra, condicionada al cumplimiento por parte del beneficiario
de unas obligaciones en torno a la adopción de medidas para la prevención,
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos del proyecto. Sobre
las medidas de compensación, se indicó que son de naturaleza reparatoria y su
finalidad es la de resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y
al entorno natural por los impactos o efectos negativos que no pudieron ser
evitados.

El daño antijurídico

43. Esta Sección ha precisado que para que el daño sea efectivamente resarcible o

indemnizable28, además de recaer sobre un interés tutelado por el derecho, debe

23 El artículo 10 numeral 3 de la parte resolutiva de la mencionada resolución desarrolla el Plan de Manejo

Ambiental y contempla la sectorización de los grupos poblaciones y las medidas de compensación por
reasentamiento -3.3.4-.
24 CD visible a folio 253 del cuaderno principal 2.
25 Como el Grupo de Energía de Bogotá SA ESP cuenta con un capital estatal superior al 50%, en los términos

descritos en el artículo 140 del CPACA, se configura como una entidad pública y al ser accionista principal de
EMGESA SA ESP, esta última ha de tenerse a su vez como una entidad pública.
26 Por cuanto se trataba de la declaratoria de responsabilidad extracontractual por una conducta omisiva que

dio lugar a perjuicios causados indirectamente por la ejecución del PHEQ.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de octubre de 2024 (expediente

67.503).
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008; Consejo de Estado, Sección

Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de octubre de 2018, expediente 46932; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2021, expediente. 50415.

8

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00237-01 (71.946)
Actor: Pedro Hernández Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y otros
Referencia: Reparación directa

ser: (i) antijurídico, esto es, que no exista un título legal conforme al ordenamiento
constitucional que justifique o legitime la lesión al interés tutelado; y, (ii) cierto,
directo y personal, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente; por
ende, no se limita a una mera conjetura, siendo que lo haya sufrido quien lo alega.
Esto sin desatender que, en el contexto de la responsabilidad por falla del servicio,
quien alega un daño está llamado a probarlo, pues en los términos del artículo 167
del Código General del Proceso –aplicable al asunto-, se impone a las partes la
carga procesal de demostrar las afirmaciones que sustentan sus pedimentos.

Análisis del caso concreto

44. El material probatorio acredita que a través de la Resolución 093 del 11 de

febrero de 1991, el INCORA le adjudicó como unidad agrícola familiar a los señores
Jorge Calderón Herrera y Fabiola Naranjo de Calderón, una serie de lotes o
parcelas29 que formaban parte de un inmueble de mayor extensión conocido como
“La Escalereta”, ubicado en el municipio del Agrado (Huila). Particularmente, se
observa la transferencia del “LOTE O PARCELA NÚMERO 18B” identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria 202-023122, el cual contaba con una extensión
superficiaria aproximada de 1 ha – 1.132 m2.

45. La referida resolución impuso a los adjudicatarios la restricción de trasferir o

ceder el “derecho de dominio, posesión o tenencia del predio adjudicado” dentro de
los 15 años siguientes a la adjudicación30.

46. En documento privado denominado “CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UN

LOTE DE TERRENO” suscrito el 30 de mayo de 2001, se lee que los señores Jorge
Calderón Herrera y Fabiola Naranjo de Calderón “vendieron” al señor Jesús
Hernando Calderón Naranjo, el “derecho de dominio, propiedad y posesión” de un
lote de 10.000 metros identificado únicamente mediante linderos31, inmueble que
habían adquirido por adjudicación con el INCORA32.

47. En documento privado denominado “CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UN

LOTE DE TERRENO” suscrito el 24 de septiembre de 2001, se dice que el señor
Jesús Hernando Calderón Naranjo le vendió al señor Pedro Hernández Rojas el
“derecho de dominio, propiedad y posesión” de un lote de 10.000 metros
identificado con los mismos linderos del anterior contrato33.

48. En la Resolución 321 de 2008, el Ministerio de Minas y Energía declaró “de
utilidad pública e interés social los terrenos necesarios para la construcción y
operación del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo”. Según la motivación del acto
administrativo, el objetivo del proyecto consistía en la generación de energía
optimizada mediante el aprovechamiento del caudal del río Magdalena con la

29 La Resolución referenció las parcelas así: 1) Parcela No. 18 (folio de matrícula 202 002395), 2) Parcela No.

11 A (folio de matrícula 202 023109), 3) Parcela No. 18B (folio de matrícula 202 023 122) y Parcela No. 18C
(folio de matrícula 202 0023 156) “Parcelas éstas que en adelante se denominarán EL PROVENIR 1, 2, 3 y 4”.
30 Folios 19 y 20 del cuaderno principal 1.
31 Según se indicó, el predio se alinderaba por el NORTE: con el predio de Ramón Almario; por el SUR: con el

predio de Juan de la Cruz; por el ORIENTE: con el predio Ernestina Santos; y, por el OCCIDENTE: con el predio
de Nemesio Navarro. Sin otras identificaciones.
32 Folios 16 del cuaderno principal 1.
33 Folio 17 del cuaderno principal 1.

9

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00237-01 (71.946)
Actor: Pedro Hernández Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y otros
Referencia: Reparación directa

construcción de una presa sobre su cauce en el sur del departamento del Huila, en
jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado y Altamira.

49. Con la Resolución 0899 de 15 de mayo de 2009, el entonces Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial le otorgó a EMGESA “LICENCIA
AMBIENTAL PARA EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ‘EL QUIMBO”, instándola
a definir a través de actividad censal los grupos poblacionales afectados y las
actividades productivas impactadas con la ejecución del proyecto a fin de disponer
medidas de compensación34.

50. En escritura pública 1804 de 11 de diciembre de 2010, EMGESA protocolizó el

documento denominado “POBLACIÓN NO RESIDENTE QUE GENERA
INGRESOS EN PREDIOS UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO. POBLACIÓN NO RESIDENTE
IDENTIFICADA DESPUÉS DEL CENSO (PERÍODO DE ENERO A SEPTIEMBRE
DE 2010) QUE GENERA INGRESOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO. En cuadro adjunto y bajo el
consecutivo 1352, se identificó al señor Pedro Hernández Rojas, así: “Ocupación
Principal: Propietario con actividad agropecuaria”, “Veredas donde desarrolla su
labor: La Escalereta” 35.

51. En certificaciones del 4 y 8 de septiembre de 2015, emitidas por Jorge Enrique

Montoya36, Arnulfo Parra Chimbaco, Hernán Darío Borrero y Luis Felipe Bermúdez,
respectivamente, se afirmó que el señor Pedro Hernández Rojas: (i) desde hacía
nueve años realizaba compras de insumos agrícolas (semillas para el cultivo de
limón) para el predio el “Porvenir Tres”37; (ii) desde hacía diez años,
aproximadamente, les vendía limón que cosechaba en la “Parcela El Porvenir 3”38;
y, (iii) les prestaba el servicio de recolección de arroz, maíz y sorgo con una
cosechadora de su propiedad39.

52. En respuesta a una petición, en comunicación PQ CEN COJ 7756 15 del 30 de

marzo de 201540, EMGESA le informó al hoy demandante que, analizados los
documentos que aportó, se evidenció que en el censo realizado en el Área de
Influencia Directa Puntual en el período 2009-2010, fue identificado como
“Propietario No Residente” del predio el “Porvenir 3”, ubicado en la vereda “La
Escalereta” del municipio de El Agrado, quedando incluido en la escritura pública
1804 del 11 de diciembre de 2010; sin embargo, le aclaró que, revisadas las bases
de datos, “la compañía evidenció que usted no ejerce propiedad ni posesión
sobre el predio en mención ni sobre predio alguno ubicado en el AIDP”.

53. En este mismo oficio, expuso que, como se indicó en oficio 44577 del 5 de

febrero de 2013, “el predio en el que usted fue censado será reubicado en la

34 CD visible a folio 253 cuaderno principal 2.
35 Folios 14 y 15 del cuaderno principal 1.
36 En calidad de gerente de AGRO-GARZON.
37 Certificación emitida por el gerente de “Agro Garzón” Jaime Ariel Bolaños (folio 25 del cuaderno principal 1).
38 Certificación emitida por Jorge Enrique Montoya (folio 26 del cuaderno principal 1).
39 Certificaciones emitidas por Arnulfo Parra, Hernán Borrero, Luis Felipe Bermúdez (folios 27, 28 y folio 29 del

cuaderno principal 1).
40
Folios 494 a 499 del cuaderno principal.

10

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00237-01 (71.946)
Actor: Pedro Hernández Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y otros
Referencia: Reparación directa

vereda Llano de la Virgen del municipio de Altamira a nombre de los señores
Jorge Calderón y Fabiola Naranjo de Calderón”.

54. Adicionalmente, EMGESA le informó al actor que había sido identificado
realizando una actividad económica en el área de influencia directa puntual, según
la ficha censal 108 de 30 de junio de 2009, en razón a que el propietario del predio
“Buenavista 1 Parcela” lo relacionó como contratista con 180 meses de vinculación,
razón por la cual le comunicó que “será reconocido como población no residente y
que le será otorgada una medida de manejo compensatoria que consiste en ser
partícipe de la estrategia Emprendedores con Energía. En dicha estrategia
usted tendrá un período formativo de seis meses durante los cuales recibirá un
auxilio educativo de manera mensual y al finalizar este período recibirá un capital
semilla que debe ser destinado a la inversión en un proyecto productivo que le
permita la reactivación de su actividad económica”41.

55. En comunicación PQ GPP COJ 1848015 del 30 de noviembre de 2015,
EMGESA le informó al señor Pedro Hernández Rojas que no era procedente
acceder a la medida de compensación por reasentamiento a su favor en relación
con el “LOTE O PARCELA NÚMERO 18B”; así, le aclaró lo siguiente (transcripción
literal):

“… nos permitimos informar que aún cuando quedó registrado en la Escritura
Pública No 1804 del 11 de diciembre de 2010 … como ‘propietario con
actividad agropecuaria’ lo cierto … es que NO ostenta derechos de propiedad
sobre el inmueble LOTE O PARCELA NÚMERO 18B y que su situación ya fue
estudiada de nuevo por la compañía mediante la segunda actividad censal en la
que nos presentó solicitud habiéndose emitido respuesta PQCENCOJ 775615 Rad
00012677 de 30 de marzo de 2015 en la que se le informó que aunque se hubiese
dicho en el formato censal y hubiese quedado registrado en la escritura que era
‘propietario’ lo cierto es que no lo es pues no existe título y modo que haya operado
y con lo cual esté radicado en su cabeza derecho de dominio alguno”. (se destaca).

56. En la misma comunicación, EMGESA le informó que según lo expuesto en la

comunicación PQ GPP COJ 056513 de 5 de febrero de 201342 “… la compañía ya
le había respondido que del estudio de su situación se había concluido que no
reunía los requisitos para ser poseedor con derecho a reasentamiento”. Le indicó
que como se le había informado en comunicación del 30 de marzo de 201543, en
atención a que le había sido reconocida una afectación económica desarrollada en
predios dentro del área de influencia directa del PHEQ, corregía el censo inicial y
sería reconocido como “población no residente”, acreedor de una medida de
manejo compensatoria consistente en la participación de la Estrategia
Emprendedores con Energía, únicos términos en los que estaría reconocida una
medida de compensación.

57. EMGESA también le aclaró que los únicos titulares de derecho de dominio
inscritos del inmueble “LOTE O PARCELA NÚMERO 18B” identificado con la
matrícula inmobiliaria 202-23122 eran los señores Jorge Calderón y Fabiola

41 Folios 494 a 499 del cuaderno principal.
42 A folio 493 obra la aludida comunicación.
43 A folios 494 a 499 obra la aludida comunicación.

11

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00237-01 (71.946)
Actor: Pedro Hernández Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y otros
Referencia: Reparación directa

Naranjo por adjudicación de unidad agrícola familiar, según lo dispuesto en la
Resolución 093 de 11 de febrero de 1991.

58. En estas condiciones, le manifestó que no le correspondía la medida de
compensación por reasentamiento que había solicitado, por no ser propietario ni
poseedor del predio “LOTE O PARCELA NÚMERO 18B”, sino la medida
consistente en la estrategia para emprendedores44.

59. Según el “Acta de Concertación Individual, Plan de Gestión Social, Programa de

Reasentamiento PHEQ, Propietarios de Predios entre 5 y 50 ha”, los señores Jorge
Calderón Herrera y Fabiola Naranjo de Calderón, propietarios de los predios
ubicados en la vereda La Escalereta del municipio del Agrado (Huila), en particular,
el “LOTE O PARCELA NÚMERO 18B” identificado con matrícula inmobiliaria 202-
0023122, resultaron beneficiarios del programa de reasentamiento, por lo que
fueron reubicados en la “Parcela H del Reasentamiento Colectivo en Llanos de la
Virgen, municipio de Altamira”45.

60. En comunicación PQ GPP CPJ 18867 15 de 17 de febrero de 2015, se dio

respuesta a la solicitud de conciliación para fijar fórmula de arreglo respecto de la
compensación como “propietario con actividad agropecuaria” de la vereda La
Escalereta, según lo ordenado en la sentencia T-135 de 2013, EMGESA le informó:

“… verificada la base de datos, se encontró que usted ya hizo parte de la
segunda etapa del proceso de actividad censal de la población potencialmente
afectada. En consecuencia, encontramos que se presentó a dicha actividad el
30 de mayo de 2014, acogiéndose a la revisión de su afectación dentro de la
metodología propuesta por la compañía…

… le señalamos que pretender un trato distinto dentro del procedimiento antes
mencionado, sería desconocer el derecho a la igualdad de todas las personas
que se encuentran en similar situación a la suya”46.

61. En audiencia de contradicción del dictamen pericial rendido por Oswaldo
Ramírez Charry, arquitecto de profesión, el cual se aportó con la demanda a fin de
establecer el monto de los perjuicios alegados47, el perito indicó que había
calculado los valores tangibles e intangibles con base en las afirmaciones del
demandante sobre la propiedad del predio, del cultivo de limón y la maquinaria, sin
otros soportes adicionales48.

62. En la declaración rendida en la primera instancia por Jorge Calderón Herrera, el

testigo afirmó que le vendió a su hijo Jesús Hernando Calderón el “LOTE O
PARCELA NÚMERO 18B”, pero que desconocía lo que pasó con ese inmueble
posteriormente. Dijo que sabía que el señor Pedro Hernández Rojas le compró ese
predio a su hijo, pero desconocía qué tipo de negocio hicieron. Dijo creer que el

44 Folios 30 a 32 y 185 a 190 del cuaderno principal 1.
45 Folios 231 a 237 cuaderno principal 2.
46 Folios 490 y 491 del cuaderno principal 2.
47 En el cual se tasaron perjuicios materiales en favor del señor Pedro Hernández Rojas como propietario del

predio “LOTE O PARCELA NÚMERO 18B” ubicado en la vereda “La Escalereta”, según compraventa celebrada
con el señor Jesús Calderón Herrera. La pericia calculó el valor del daño emergente y lucro cesante por la
producción del cultivo de limón con proyección a 10 años y maquinaria y equipo (tractor y máquina combinada
de arroz), así como el valor del terreno (1.11 hectáreas).
48 Audible en CD visible a folio 546 del cuaderno principal.

12

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00237-01 (71.946)
Actor: Pedro Hernández Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y otros
Referencia: Reparación directa

señor Hernández Rojas sembró un cultivo de limón en el predio, porque a veces lo
veía bajar al pueblo con la siembra49.

63. Jesús Hernando Calderón Naranjo, quien rindió testimonio a instancia del
Tribunal a quo, dijo que era propietario del “LOTE O PARCELA NÚMERO 18B” por
venta que realizó con sus padres y que luego se lo vendió al señor Pedro
Hernández Rojas. Afirmó que solo le vendió el terreno porque no había ningún
cultivo y que le ayudó a sembrar plátano allí, pues conocía de ese tipo de
plantaciones, a lo que agregó que no conocía exactamente sobre el cultivo de limón
que el comprador sembró allí y que no estaba al tanto sobre lo ocurrido con el lote
porque se fue de la vereda50.

64. En la declaración rendida en la misma instancia por Natali Osorio Useche,
abogada y funcionaria de EMGESA, relató que conoció de cerca el proceso censal
llevado a cabo con ocasión del PHEQ. Aclaró que la actividad censal entre 2009 y
2010 se protocolizó con la escritura púbica 1804 de 11 de diciembre de 2010, que
se censó a parte de la población afectada con las calidades aludidas por los
censados, información que luego se corroboró con el estudio de títulos.

65. Indicó que en ese censo el actor se identificó como propietario o poseedor del

predio “LOTE O PARCELA NÚMERO 18B”, pero al analizar los títulos, la compañía
corroboró que eran otros los legítimos titulares del derecho de dominio, con quienes
suscribió el acta de concertación individual por reasentamiento y, además, verificó
que atendiendo la cadena traslaticia de dominio, esos titulares no podían trasferir
el derecho de dominio o la posesión del predio, por cuanto se les había adjudicado
como unidad agrícola familiar. Agregó que el actor fue incluido en un nuevo censo,
atendiendo lo ordenado en la sentencia T-135/15, como afectado con actividad
económica, siendo beneficiario de la estrategia para emprendedores51.

66. El testigo Víctor Julio Ángel Rojas, ingeniero civil y Jefe del Área de División de

Regulación Ambiental de EMGESA, corroboró las afirmaciones anteriores y aclaró
que el actor fue compensado con la estrategia para emprendedores con energía,
dada la actividad económica en predios del área de influencia directa, por lo que
resultó beneficiado con un programa de capacitación y asignación de un capital
semilla como medida de manejo para la reactivación económica52.

67. Sobre las declaraciones de estos dos últimos testigos se tiene que, pese a
provenir de funcionarios que hacen parte de EMGESA, la Sala les confiere
credibilidad, por ser contestes y estar acordes con los demás elementos de prueba
aportados al proceso antes referenciados.

68. Visto el material probatorio
y bajo los lineamientos antes expuestos, la Sala
encuentra que el daño alegado por el actor no tiene la connotación de antijurídico,
por las razones que pasan a explicitarse.

49 Audible en CD visible a folio 546 del cuaderno principal.
50 Audible en CD visible a folio 546 del cuaderno principal.
51 Audible en CD visible a folio 546 del cuaderno principal.
52 Audible en CD visible a folio 546 del cuaderno principal.

13

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00237-01 (71.946)
Actor: Pedro Hernández Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y otros
Referencia: Reparación directa

69. Una lectura integral de la demanda permite identificar que el actor alegó un

detrimento por cuenta de la omisión de EMGESA en el pago de la medida de
compensación establecida en la licencia ambiental contenida en la Resolución 899
de 15 de mayo de 2009, dada su condición de afectado con el PHEQ,
compensaciones que comprendían la restitución de tierra con sistema de riego y el
restablecimiento de la actividad económica.

70. Según el libelo, esa afectación le fue reconocida en la actividad censal que se

protocolizó en la escritura pública 1804 de 2010, en la cual se le clasificó como
“propietario con actividad agropecuaria”. Ello, en relación con el predio incluido en
el área de influencia directa conocido como “LOTE O PARCELA NÚMERO 18B”,
inmueble en el que tenía un cultivo de limón y una cosechadora de arroz y maíz53.

71. Sin embargo, las probanzas indicaron que el actor no estaba habilitado para

recibir la compensación por reasentamiento que reclamaba, puesto que no
ostentaba la calidad con la que fue clasificado en la actividad censal protocolizada
en la referida escritura pública 1804, es decir, “propietario con actividad
agropecuaria”, en la medida en que los titulares del derecho de dominio del
inmueble denominado “LOTE O PARCELA NÚMERO 18” eran los señores Jorge
Calderón Herrera y Fabiola Naranjo de Calderón, por adjudicación que a su favor
había dispuesto el INCORA en Resolución 093 de 11 de febrero de 1991, lo que se
verificó a partir del folio de matrícula inmobiliaria 202-2311 obrante en el
expediente.

72. Es cierto que en la escritura pública 1804 se le clasificó como propietario; sin

embargo, el contenido de este acto entre dos particulares no constituye un título
generador de un derecho automático de compensación, pues como lo corroboraron
las atestaciones de los funcionarios de EMGESA, la clasificación debía ser
verificada con el respectivo estudio de títulos traslaticios de dominio, situación que
comprobó la compañía para concluir que no era dable acceder a la compensación
por reasentamiento, ya que los titulares del derecho de dominio eran los señores
Jorge Calderón Herrera y Fabiola Naranjo de Calderón, quienes, según lo probado,
no podían transferir esa propiedad antes de 15 años y que, por lo mismo y en su
condición de propietarios inscritos, fueron beneficiarios del programa de
reasentamiento con el predio ubicado en el municipio de Altamira, Vereda Llano de
la Virgen, conforme constó en el Acta de Concertación Individual que suscribieron
con esa compañía54.

73. De manera que la compensación que reclamó el actor a la compañía y cuya

omisión hoy reprocha como determinante del daño antijurídico por el que pide
indemnización no representaba un derecho cierto a su favor, por no tener las
calidades que lo hacían beneficiario de esa medida y que estaba prevista en la
licencia ambiental que le fue otorgada a EMGESA.

53 Se observa que la pretensión de condena se dirigió a solicitar el reconocimiento de un perjuicio material que

comprendía el pago del valor del terreno según el avalúo y como lo ordenó la licencia ambiental y el pago del
valor 280 palos de limón y de la productividad de la máquina de recolección de arroz y maíz.
54 Folios 231 a 237 cuaderno principal 2.

14

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00237-01 (71.946)
Actor: Pedro Hernández Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y otros
Referencia: Reparación directa

74. Ahora bien, el actor pretende sustentar su afectación y, en consecuencia, la

calidad de acreedor de una medida de compensación, por ser poseedor del referido
predio; sin embargo, la Sala evidencia que tal calidad no está acreditada.

75.Sobre lo que viene de indicarse, encuentra la Sala que EMGESA en
comunicación PQ CEN COJ 7756 del 30 de marzo de 2015, le informó al señor
Hernández Rojas que, revisada la base de datos, no ejercía posesión sobre ese
inmueble ni sobre predio alguno ubicado en el área de influencia directa.

76. La manifestación de EMGESA es concordante con la evidencia que ofrece a la

Sala la cadena de compraventas fallidas que se desencadenaron con posterioridad
a la adjudicación como unidad agrícola familiar en favor de los señalados Jorge
Calderón y Fabiola Naranjo. Como está demostrado, por la naturaleza de la
adjudicación referida, ese bien tenía una limitación para la transferencia o cesión
de derechos de “dominio, posesión o tenencia” durante 15 años, de manera que
para el año 2001, época de las referidas compraventas, no había transcurrido el
tiempo de la limitación, en tanto que la resolución de adjudicación se emitió en 1991.
En estos términos de esas escrituras no se podía derivar una transferencia de
propiedad en favor del hoy demandante, sin que de las demás pruebas que obran
en el plenario se pueda acreditar una posesión del predio.

77. De otra parte, el actor alega ser beneficiario de la compensación no pagada por

EMGESA, a partir de la actividad agropecuaria que desarrollaba en el predio, lo que
le fuera reconocido en la actividad censal protocolizada en la citada escritura
pública 1804; pese a ello, conforme lo muestra la respuesta contenida en el oficio
PQ CEN COJ 7756 de 30 de marzo de 2015, EMGESA sí reconoció que el señor
Pedro Hernández tenía una afectación en su actividad económica, pero le explicó
que ello devino de una actividad económica reportada por el propietario del predio
“Buenavista 1 Parcela”.

78. En consecuencia, le indicó que la medida de compensación a la cual tenía
derecho consistía en la participación de la estrategia “Emprendedores con Energía”,
la cual, como lo reveló la citada respuesta y se recaba en las atestaciones de los
funcionarios de EMGESA, consistía en un período formativo de seis meses, con un
auxilio educativo, vencidos los cuales sería beneficiario de un capital destinado para
un proyecto productivo que le permitiera la reactivación de su actividad económica.

79. En estos términos, encuentra la Sala que la compensación pretendida por el

actor y cuya omisión en el pago invoca en la demanda como fuente de daño
indemnizable, no podía estar encaminada a una medida de reasentamiento por
restitución de tierra o restitución de actividad económica relacionada con el predio
“LOTE O PARCELA 18B”, pues no podía ser beneficiario de la misma.

80.Por el contrario, estaba destinado a ser beneficiario de una medida de
compensación diferente comprendida en la estrategia “Emprendedores con
Energía”, en relación con actividades identificadas en el predio “Buenavista 1
Parcela”, el cual es claramente distinto del que aquí señaló como de su propiedad
o bajo su posesión. La medida de compensación de la estrategia “Emprendedores

15

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00237-01 (71.946)
Actor: Pedro Hernández Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y otros
Referencia: Reparación directa

con Energía” no es materia de cuestionamiento en este proceso ni las pruebas
allegadas permiten establecer si el actor aceptó o no la medida.

81. La Sala encuentra oportuno clarificar que, si bien la licencia ambiental otorgada

a EMGESA para la realización del PHEQ contempló medidas de compensación en
favor de quienes ostentaban la condición de “ocupante” de predios comprendidos
dentro del área de influencia directa, situación a la que podría estar circunscrito el
actor en razón a la serie de compraventas fallidas que afectaban el predio “LOTE
O PARCELA 18B”, no le está dado al juez de la reparación directa mutar el interés
que el actor propone cuando introduce la demanda, el cual, en este caso, estaba
dirigido a la indemnización que derivó de la falta de reconocimiento de una
compensación que tuvo como fuente la clasificación censal que tuvo el actor
propietario con actividad agropecuaria, clasificación que, una vez corroborada, se
identificó que él no la tenía.

82. Adecuar el interés del actor a una condición de ocupante del predio frente al cual

se pide compensación desdice del principio dispositivo que viene aparejado a lo
pretendido en la demanda y que comprende la causa petendi con la cual se acciona
ante esta jurisdicción.

83. Con todo, debe señalarse que en este asunto no se está desconociendo que el

actor fuera beneficiario de una medida de compensación en términos de lo
dispuesto en la licencia ambiental, la cuestión es que la medida que esperaba en
razón de la actividad censal no era procedente, dado el análisis del estudio de los
títulos traslaticios de dominio. En cambio, el actor sí fue beneficiario de una de las
medidas previstas en la licencia ambiental, esto es, en la participación de la
estrategia “Emprendedores con Energía”, por la actividad productiva reportada por
el propietario del predio “Buenavista 1 Parcela”.

84. En suma, la Sala encuentra que el daño alegado en la demanda no tiene la

connotación de antijurídico, en tanto que se acreditó que el actor tenía derecho a
una compensación, pero distinta de la pretendida, la que no fue materia de
cuestionamiento, de manera que estaba en el deber jurídico de soportar el
detrimento alegado, razones que imponen la confirmación de la sentencia objeto
de recurso.

Condena en costas

85. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación

y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil, actualmente CGP. Según lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 365 ibidem, la Sala condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, pues su recurso se resolvió de manera desfavorable.

86. El numeral 8 del artículo 365 de la norma referida dispone que “solo habrá lugar

a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”. El pleito de la referencia corresponde a una controversia de
reparación directa con cuantía que implicó que las demandadas tuvieran que
designar y sufragar abogados que ejercieran la defensa judicial de sus intereses,

16

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00237-01 (71.946)
Actor: Pedro Hernández Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y otros
Referencia: Reparación directa

gestión que genera agencias en derecho incluso por la sola vigilancia del proceso
y aún en el evento de que se tratara de apoderados vinculados a su planta de
personal55.

87. En el presente asunto, las agencias en derecho se fijan con observancia de las

tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo No. 1887
de 2003 en consideración a la fecha de presentación de la demanda. Para esta
instancia se fija como agencias en derecho a cargo de la parte demandante y en
favor de la Nación – Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, EMGESA S.A. E.S.P. –hoy ENEL COLOMBIA- y Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, la suma de cinco millones cuatrocientos
cuarenta y tres mil quinientos veintidós pesos ($5’443.522), suma que corresponde
al 0.1% del valor de las pretensiones negadas en la sentencia y que será dividida
en partes iguales para cada entidad.

88. Esta definición, impone la liquidación de las costas de manera concentrada por

parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del Código General
del Proceso56.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia que dictó el
Tribunal Administrativo del Huila el 30 de julio de 2024.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, en favor
de la Nación – Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, EMGESA S. A. ESP –hoy ENEL COLOMBIA- y Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales -ANLA-. Las agencias en derecho se fijan en la suma de
cinco millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos veintidós pesos

55 Sobre las labores de vigilancia del proceso como criterio suficiente para fijar agencias en derecho se pueden

consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencias del 19 de febrero de 2021, exp. 64.401, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, 19 de marzo de 2021,
exp. 68.836, C.P. María Adriana Marín; del 17 de junio de 2022, exp. 67.178, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico;
del 21 de noviembre de 2022, exp. 68.941, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 3 de febrero de 2023, exp.
69.319, auto de 9 de abril de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 64.150 y auto de 19 de marzo de 2021, C.P:
José Roberto Sáchica Méndez, exp: 65.193. De acuerdo con lo consignado en los numerales 3 y 4 del artículo
366 del CGP, la fijación de agencias en derecho no se afecta en el evento en el que la parte haya litigado,
incluso, a nombre propio -sin apoderado judicial-, pues aún en ese caso tiene derecho a que se fije el monto de
las agencias para retribuir su actuación. Por lo anterior, si la parte que actuó a nombre propio tiene derecho a
que se le fijen agencias en derecho a su favor, a pesar de que no incurrió en el pago de honorarios de un
apoderado judicial que lo representara, igual razonamiento debe hacerse extensivo a los eventos en los que un
sujeto procesal actúa a través de un profesional del derecho que hace parte de su planta de personal, pues el
hecho de que no se hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la causación de las agencias en
derecho como componente de la condena en costas. Al respecto, ver Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2023, exp: 68.199.
56 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que

haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas (…)”.

17

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00237-01 (71.946)
Actor: Pedro Hernández Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y otros
Referencia: Reparación directa

($5’443.522), que será dividida en partes iguales para cada entidad. Las costas se
liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema SAMAI.

VF

18

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.