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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2016-00338-01

Fecha
24 de abril de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2016-00338-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 20 Radicación: 41-001-23-33-000-2016-00338-01(69531) Demandante: Departamento del Huila Demandado: Juan de Jesús Cárdenas Chávez y otro Medio de control: Repetición PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila. SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar a favor de la parte demandada las costas del proceso y FIJAR la suma de $4.069.124, por concepto de agencias en derecho. TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 41001-23-33-000-2016-00338-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

24 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 41-001-23-33-000-2016-000338-01 (69531)
Demandante: Departamento del Huila
Demandado: Juan de Jesús Cárdenas Chávez y Noé Santiago Parada
Proceso: Repetición

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Competencia en vigencia del CPACA. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Régimen legal
aplicable por hechos ocurridos en vigencia de la Ley 678 de 2001. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos y
condiciones para su ejercicio. PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE EN REPETICIÓN-Violación manifiesta e
inexcusable de normas de derecho, art. 6.1 Ley 678 de 2001. CARGA DE LA PRUEBA EN REPETICIONES
EN VIGENCIA DE LA LEY 678 DE 2001-Le corresponde al demandante acreditar la presunción y al
demandado desvirtuarla. DOCUMENTO PÚBLICO-Valoración probatoria. TESTIMONIO-Crítica testimonial.
CULPA GRAVE EN LA CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS-No se acreditó por la demandante.
COSTAS-Se condena a la parte vencida en el proceso y la Sala tasará las agencias en derecho en única
instancia, art. 188 CPACA, 365 y 366 CGP.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 22 de noviembre de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

En el año 2002, el departamento del Huila adelantó un proceso de
reestructuración de varias secretarías de esa entidad y suprimió algunos cargos
de carrera. Dentro de esos cargos estaba el de secretaria ejecutiva código 525
grado 62, a cargo de María Yineth Ramírez, y ésta demandó la nulidad y
restablecimiento de los decretos de reestructuración. Como el Tribunal
Administrativo del Huila declaró la nulidad de esos actos y ordenó el pago de
salarios y prestaciones dejadas de percibir María Yineth Ramírez, el departamento
demandó en repetición al gobernador y secretario jurídico de la época de los
hechos.

Radicación: 41-001-23-33-000-2016-00338-01(69531)
Demandante: Departamento del Huila
Demandado: Juan de Jesús Cárdenas Chávez y otro
Medio de control: Repetición

Sostienen que los demandados incurrieron en culpa grave por violación manifiesta
e inexcusable de normas de derecho.

ANTECEDENTES

La demanda

El 17 de junio de 2016, el Departamento del Huila formuló demanda de repetición
contra Jesús Cárdenas Chávez y Noé Santiago Parada, para que se les declarara
patrimonialmente responsables de la condena impuesta en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la suma de $406.912.332, en los siguientes
términos:

“1. Que se declare responsable a Juan de Jesús Cárdenas Chávez y a Noé Santiago
Parada Pardo de los perjuicios ocasionados al departamento del Huila, condenado
administrativamente por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila en fallo del 19 de
agosto de 2015, por haber expedido un acto administrativo con violación manifiesta e
inexcusable de normas de derecho al omitir el estudio técnico que debía realizarse de
manera previa a la reducción de la planta de personal del departamento del Huila.

2. Que se condene a los señores Jesús Cárdenas Chávez y Noé Santiago Parada a
cancelar la suma de ($406.912.332), a favor del departamento del Huila; suma de dinero
que pagó esta entidad a la señora María Yineth Ramírez para hacer efectiva la condena
proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila.

3. Que se condene a los señores Jesús Cárdenas Chávez y Noé Santiago Parada a
cancelar intereses comerciales a favor del departamento del Huila desde el 28 de
diciembre de 2015, fecha en que se efectuó el pago de la condena hasta cuando se
verifique el reintegro de la misma.

4. Que se ajuste la condena tomando como base el índice de precios al consumidor”1.

Hechos

La parte demandante afirmó que, en el año 2002, el departamento del Huila
adelantó un proceso de reestructuración de las secretarías de cultura, educación e
infraestructura de esa entidad y expidió los Decretos 1911 y 1926 de 2002, que
modificaron la planta de personal y suprimieron algunos cargos de carrera. Dentro
de los cargos suprimidos, estaba el de secretaria ejecutiva código 525 grado 62
–dependiente de la secretaría de infraestructura–, ocupado por María Yineth
Ramírez y ésta demandó la nulidad y restablecimiento de esas decisiones.

1 Folios 5 y 6 c. 1.

2

Radicación: 41-001-23-33-000-2016-00338-01(69531)
Demandante: Departamento del Huila
Demandado: Juan de Jesús Cárdenas Chávez y otro
Medio de control: Repetición

Agregó que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Neiva negó las
pretensiones, porque la entidad tenía facultades legales para modificar la planta
de personal y suprimir el cargo desempeñado y, además, porque, al expedir el
acto no hubo desviación de poder. El Tribunal Administrativo del Huila, sin
embargo, declaró la nulidad de los actos demandados, porque no se acreditó la
existencia de un estudio técnico previo –que sirviera de sustento para la reducción
de la planta de personal–, y condenó a la entidad a reintegrar a María Yineth
Ramírez a un cargo igual al que desempeñaba o a otro de superior jerarquía, y al
pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir, desde la desvinculación
hasta que se hiciera el reintegro.

Como la entidad fue condenada, demandó en repetición a Juan de Jesús
Cárdenas Chávez y Noé Santiago Parada, gobernador y secretario jurídico de la
época de los hechos, respectivamente. Sostiene que los demandados incurrieron
en culpa grave –por violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho–
porque los actos de reestructuración, contenidos en los Decretos 1911 y 1926 de
2002, no se fundamentaron en un estudio técnico, tal y como lo ordena el artículo
41 de la Ley 443 de 19982.

Contestación de la demanda

Juan de Jesús Cárdenas Chávez –Gobernador del departamento del Huila para la
época de los hechos– afirmó que no actuó con culpa grave por violación
manifiesta e inexcusable de normas de derecho, porque el proceso de reforma de
la planta de personal de las secretarías de cultura, educación e infraestructura se
justificó con el concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de
Planeación del Departamento del Huila; contó con un estudio técnico previo
elaborado por la Secretaría General de la entidad –en coordinación con la División
de Desarrollo del Talento Humano– y tenía, además, la asesoría y
acompañamiento de una consultoría externa, antecedentes contenidos en la
motivación de los decretos de reestructuración.

Agregó que una cosa es que no se hubieran agotados los requisitos previos al
acto y otra es que no existieran, porque, en efecto, el estudio técnico sí existió y
fundamentó lo actos administrativos –al margen de que materialmente estuviera o

2 Folios 1 a 5 c. 1.

3

Radicación: 41-001-23-33-000-2016-00338-01(69531)
Demandante: Departamento del Huila
Demandado: Juan de Jesús Cárdenas Chávez y otro
Medio de control: Repetición

no en las oficinas de archivo de la entidad–. Precisó que la consultoría que dio
lugar al estudio técnico la llevó a cabo el abogado Rubén Darío Rivera Súlez,
quien elaboró un plan de readaptación laboral e hizo una propuesta de
modificación de la planta de personal de la entidad, según da cuenta el certificado
expedido por la Secretaria General de la entidad para la época de los hechos. Ese
estudio fue el fundamento para el proceso de reestructuración desde el punto de
vista formal y material. Finalmente, sostuvo que no estaba probado el supuesto de
hecho de la presunción de culpa grave del demandado, porque su actuación se
ajustó al derecho administrativo vigente, actuó de buena fe y bajo la asesoría del
departamento jurídico de la época.

Por su parte, Noé Santiago Parada –director del Departamento Jurídico de la
época de los hechos–, señaló que no podía imputársele a los demandados una
falla en el sistema de archivo de la entidad –por no encontrar los documentos que
sirvieron de soporte para la expedición de los actos de modificación de la planta
de personal–. Afirmó que el estudio técnico existió y el Departamento
Administrativo de Planeación del departamento lo avaló y lo encontró ajustado a la
ley. De otra forma no se hubieran podido expedir los actos. Sostuvo que su
actuación estuvo ajustada a la ley y a la ordenanza 055 del 30 de noviembre de
2001, que reglamentó las funciones del Director Jurídico de la entidad, pues
estudió –junto a su equipo de abogados asesores–, revisó y conceptuó de forma
favorable el estudio técnico previo a los actos de reestructuración.

Finalmente, agregó que la entidad no desconoció normas de carrera
administrativa, porque le brindó a la empleada del cargo suprimido la posibilidad
de escoger entre reubicación y la indemnización a las que tenía derecho por ser
empleada de carrera, y esta optó por el beneficio indemnizatorio.

Sentencia de primera instancia

El 22 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Huila negó las
pretensiones, al considerar que el departamento del Huila no acreditó que los
demandados, en sus actuaciones, incurrieron con culpa grave por violación
manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Aun cuando el Departamento
Administrativo de Planeación del departamento del Huila certificó que en el archivo
de la entidad no reposaba el estudio técnico que fundamentó la expedición de los

4

Radicación: 41-001-23-33-000-2016-00338-01(69531)
Demandante: Departamento del Huila
Demandado: Juan de Jesús Cárdenas Chávez y otro
Medio de control: Repetición

Decretos 1911 y 1926 de 2002, conforme a las demás pruebas del proceso, se
acreditó que el estudio técnico existió y lo realizó el consultor Rubén Darío Rivera
Súlez. Señaló que Rubén Darío Rivera Súlez –en su declaración– se refirió al
proceso de reestructuración del año 2002 y detalló todo el trámite que precedió a
los actos de modificación de la planta de personal –desde la celebración del
contrato de prestación de servicios para la asesoría en la reestructuración, hasta
la elaboración del concepto técnico y los temas abordados en ese informe–.
Además, el testigo enlistó las conclusiones del estudio y se refirió a las jornadas
de socialización, luego de la entrega del documento.

El Tribunal estimó que lo que dio lugar a la sentencia condenatoria, en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, no fue una irregularidad en la
expedición de un acto, ni la ausencia de un requisito previo, sino la falta de
localización física del documento, circunstancia que denota, más que una
irregularidad en la expedición de unos actos, una falla en la gestión de archivos de
una entidad3.

Recurso de apelación

El departamento del Huila formuló recurso de apelación contra la sentencia.
Sostuvo que estaba probada la culpa grave de los demandados, porque las
pruebas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho –en el que se
condenó a la entidad– dieron cuenta que no hubo estudio técnico, soportes de ese
estudio, ni concepto favorable por parte del Departamento Administrativo de
Planeación del departamento. Agregó que el Tribunal no debió dar credibilidad a
los testigos, porque a excepción de Rubén Darío Rivera, estos se refirieron al
trámite genérico de una reestructuración, pero no se refirieron, concretamente, a la
realizada en el año 2002. Y, además, sus afirmaciones no contaban con respaldo
probatorio. Por otro lado, en cuanto al testigo Rubén Darío Rivera, según el
recurso, no se probó su intervención en el proceso de reestructuración, porque no
se aportó el contrato de prestación de servicios, y, de haberse celebrado, no había
certeza del objeto del mismo.

Trámite de segunda instancia

3 Folios 22-24, expediente digital.

5

Radicación: 41-001-23-33-000-2016-00338-01(69531)
Demandante: Departamento del Huila
Demandado: Juan de Jesús Cárdenas Chávez y otro
Medio de control: Repetición

El 17 de enero de 2023, el Tribunal concedió el recurso de apelación4 y el 24 de
marzo de 2023, el Despacho lo admitió5. El 10 de abril de 2023, el demandado
Noé Santiago Parada Pardo aportó varios documentos, dentro de los cuales se
encontraba el contrato de prestación de servicios celebrado entre Rubén Darío
Rivera Súlez y el departamento del Huila, así como el “Proyecto de Formulación
de un Plan Institucional de Readaptación Laboral”, con fecha enero de 2002,
elaborado por Rubén Darío Rivera Súlez, más unos documentos que precedieron
a la expedición de los decretos de reestructuración. Sin embargo, el 4 de agosto
de 20023, el Despacho negó tenerlos como prueba, porque la solicitud no se
ajustó a los eventos para que proceda la prueba en segunda instancia 6.

CONSIDERACIONES

1. Como la demanda se presentó el 17 de junio de 2016, el régimen general
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este
código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos
que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia, es decir, a partir del
mentado 2 de julio de 2012. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este
código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del
Proceso –en adelante CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

2. Ahora bien, en cuanto al régimen jurídico especial aplicable al proceso de
repetición, como los hechos que produjeron la condena ocurrieron entre julio de
2002 y diciembre de 2003 –fecha en la que se llevó a cabo el proceso de

reestructuración del departamento del Huila– el régimen especial aplicable al
medio de control de repetición es la Ley 678 de 2001, que entró en vigencia a
partir de su publicación en el Diario Oficial nº. 44.509, el 4 de agosto de 2001.

En efecto, la Ley 678 de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la CN
y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello,

4 Folios 399 c. principal.
5 Folio 403 c. principal.
6 Expediente digital.

6

Radicación: 41-001-23-33-000-2016-00338-01(69531)
Demandante: Departamento del Huila
Demandado: Juan de Jesús Cárdenas Chávez y otro
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los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen –en todos sus aspectos– por
ella7. En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y
finalidades de este medio de control, sino que, al calificar la conducta dolosa o
gravemente culposa del servidor o exservidor público, estableció unas
presunciones legales, en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, que admiten
prueba en contrario de conformidad con el artículo 66 del CC.

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

3. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los
procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o
gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública,
según el artículo 142 del CPACA y el inciso 1º del artículo 7 de la Ley 678 de
2001. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación
interpuesto, de conformidad con el inciso 2º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y
el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 CGP.

Medio de control procedente

4. La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea
condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente
que no estuvo vinculado al proceso respectivo (art. 90 CN, art. 142 CPACA, inciso
1º del art. 2 Ley 678 de 2001 y arts. 1668.3 y 1670 CC).

Demanda en tiempo

5. El término para formular pretensiones en acciones de repetición es de dos años
contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad,
según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 –antes de su modificación por el
artículo 42 de la Ley 2195 de 2022– o a más tardar desde el vencimiento del plazo
de 10 meses de que trata el inciso 2º del artículo 192 CPACA. La demanda se
interpuso en tiempo –17 de junio de 2016– porque la entidad pagó la condena el

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006.

7

Radicación: 41-001-23-33-000-2016-00338-01(69531)
Demandante: Departamento del Huila
Demandado: Juan de Jesús Cárdenas Chávez y otro
Medio de control: Repetición

28 de julio de 20158, es decir, aún no habían vencido los dos años para su
interposición

Legitimación en la causa

6. El artículo 90 de la CN, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001,
establece que la entidad que pagó la condena –por los perjuicios que sufrió un
tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o
exservidor público– estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición.

La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que
paga la obligación, la cual puede tener origen en la ley o en el acuerdo de
voluntades (art. 1666 y 1667 del CC). Esta subrogación se produce, entre otros
eventos, cuando una persona paga una deuda a la que se halla obligado solidaria
o subsidiariamente (núm. 3 art. 1668 del CC). En estos casos, quien pagó la
obligación se subroga en todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e
hipotecas que tenía el antiguo acreedor contra el deudor principal, como contra
terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda (art. 1670 del CC). De
manera que el Estado, por virtud de la ley, se subroga en los derechos del
acreedor de la obligación, cuando paga, como deudor subsidiario, una condena
que es imputable al dolo o la culpa grave del servidor o exservidor público.

El departamento del Huila está legitimado en la causa por activa, pues fue la
entidad pública que pagó una suma derivada de una condena judicial. Por otro
lado, Juan de Jesús Cárdenas Chávez y Noé Santiago Parada Pardo están
legitimados en la causa por pasiva, pues fueron los servidores públicos que, según
la demanda, con su conducta gravemente culposa dieron lugar al pago de la
condena efectuada por el Departamento del Huila. Juan de Jesús Cárdenas
Chávez fue gobernador del departamento desde el 1° de enero de 2001 hasta el
31 de diciembre de 20039 y Noé Santiago Parada Pardo fue el director jurídico del
departamento, según da cuenta copia de los certificados originales expedidos por
la Secretaría General del departamento del Huila10.

Problema jurídico

8 Según orden de pago expedido por la Tesorería General del Departamento (f. 58-59 c. 1).
9 Folios 16 y 17 c. 1.
10 Folio 16 y 19 c. 1.

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Radicación: 41-001-23-33-000-2016-00338-01(69531)
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7. Corresponde a la Sala determinar si se reúnen los requisitos para la
procedencia del medio de control de repetición y si la conducta de los
demandados fue gravemente culposa por violación manifiesta e inexcusable de
normas de derecho.

II. Análisis de la Sala

8. Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales
legalmente admisibles y valorables de hechos11, que prueban la decisión judicial y
los hechos procesales; sin embargo, no sirven para probar los hechos que le
sirvieron de fundamento. En ese sentido, el juez, para decidir la controversia, debe
fundarse en las pruebas que obran en el proceso (art. 164 CGP). Así, las
providencias del 30 de junio de 2010 y 19 de agosto de 2015 –proferidas dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se condenó a la
entidad demandante– serán valoradas.

Presupuestos para la procedencia de la acción de repetición

9. La procedencia de la acción de repetición –además de la condición de servidor
o exservidor público, que ya fue analizada en el numeral 6– requiere: (i) la
obligación reparatoria a cargo del Estado; (ii) el pago y (iii) la conducta dolosa o
gravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza
funciones públicas12.

Primer presupuesto: La obligación reparatoria a cargo de la entidad
demandante

10. El primer presupuesto para que proceda el medio de control de repetición es
que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico,
como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor
suyo, conforme lo dispone el artículo 2º de la Ley 678 de 2001. La obligación de la
entidad estatal –por la ocurrencia de un daño antijurídico– se acredita mediante

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Rad. 24.844.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006 y Consejo de

Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 42.183.

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Radicación: 41-001-23-33-000-2016-00338-01(69531)
Demandante: Departamento del Huila
Demandado: Juan de Jesús Cárdenas Chávez y otro
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una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial
o extrajudicial, tal y como lo dispone el artículo 2º de la Ley 678 de 2001.

11. Está acreditado que, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
promovido por María Yineth Ramírez contra el departamento del Huila, el 19 de
agosto de 2015, el Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia de segunda
instancia, en la que declaró la nulidad del Decreto 1926 de diciembre de 2002
–que suprimió el cargo que veía desempeñando María Yineth Ramírez– y, como
restablecimiento, ordenó su reintegro y el pago de las prestaciones dejadas de
percibir desde su desvinculación hasta el día en que se hiciera efectivo el
reintegro13.

Segundo presupuesto: El pago

12. Está acreditado que la entidad demandante pagó a María Yineth Ramírez la
condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Huila, con apoyo en los
siguientes medios de prueba:

12.1. El 24 de diciembre de 2015, la gobernación del departamento del Huila
profirió la Resolución n°. 502 de 2015, por medio de la cual dio cumplimiento a la
sentencia del 19 de agosto de 2015, y reconoció en favor de María Yineth Ramírez
la suma de $406.912.332 por concepto de prestaciones laborales dejadas de
percibir desde su desvinculación14.

12.2. El 28 de diciembre de 2015, el departamento del Huila pagó a María Yineth
Ramírez $406.912.332, por concepto de prestaciones sociales15.

Tercer presupuesto: La conducta dolosa o gravemente culposa del agente

13. Como se dejó expuesto, el régimen sustantivo que gobierna esta acción de
repetición es la Ley 678 de 2001, en consecuencia, se aplican las presunciones
legales previstas en los artículos 5º y 6º de esa ley, que califican la conducta del
servidor o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas presunciones

13 Folios 134-141 c. 1.
14 Folios 60 a 69 c. 1.
15 Según da cuenta copia auténtica de la orden de pago n°. 14.174) y orden de pago con fecha de giro,

expedidos por la Tesorería General del departamento del Huila (f. 58 y 59 c. 1).

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Radicación: 41-001-23-33-000-2016-00338-01(69531)
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inciden directamente en la carga de la prueba, pues, antes de la Ley 678 de 2001,
le correspondía al demandante acreditar la culpa grave o el dolo del agente del
Estado a partir de la conducta del agente.

Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la
prueba16, una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado
incurrió en alguno de los supuestos de hecho que, según la ley, presumen el dolo
o la culpa grave, el demandado, a su vez, tiene el deber de atacar la presunción
y, por ello, le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que
configura la presunción. De modo que el juez de la acción de repetición puede
estudiar la conducta del agente con el fin de determinar si, no obstante
configurarse alguna de las presunciones, el demandado no actuó en forma
dolosa o gravemente culposa. Y, además, evaluará todos los eventos que no se
subsumen en los supuestos de presunciones previstos por el legislador.

La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 5º y 6º de
la Ley 678 de 2001 consideró que estaban ajustados a la CN, pues esas
presunciones no implicaban una atribución automática de responsabilidad del
demandado. Al ser mecanismos procesales, le corresponde a la entidad probar el
supuesto de hecho de la presunción alegada y el demandado, mediante prueba en
contrario, lo desvirtúe para eximirse de responsabilidad. Para la corte, de esta
forma se garantiza el derecho de defensa, el debido proceso y un equilibro en el
debate probatorio17.

14. Por su parte, la Ley 678 de 200118, dentro de las presunciones de culpa grave,
previó en su numeral 1º que la conducta del agente del Estado es gravemente
culposa por violación manifiesta e inexcusable de normas derecho, esto es,
cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la
ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las
funciones19.

El fundamento de hecho de esta presunción tiene lugar, no solo cuando el acto o
la conducta del agente desconoce el ordenamiento jurídico, es decir, no es una

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2007, Rad. 30.327.
17 Corte Constitucional, sentencia C-374 del 14 de mayo de 2002 [fundamento jurídico 6] y C-778 del 11 de

septiembre de 2003.
18 Declarado exequible por la Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002 y sentencia C-455 de 2002.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 34.816.

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Radicación: 41-001-23-33-000-2016-00338-01(69531)
Demandante: Departamento del Huila
Demandado: Juan de Jesús Cárdenas Chávez y otro
Medio de control: Repetición

mera violación normativa, sino que, además, se requiere que el desconocimiento
de la norma sea manifiesta e inexcusable. Esto supone considerar: (i) que exista
la norma en el ordenamiento (ii) la transgresión de la norma y (iii) evaluar si el
demando obró o expidió el acto administrativo (cuando hubiere lugar) sin una
excusa válida. Esto último se puede analizar a partir de un estudio de
interpretaciones posibles de la norma, de la posición jurisprudencial vigente al
momento del acto o conducta, o, si de la infracción normativa o del
comportamiento se permite inferir que el demandado obró con una negligencia
grave (inexcusable) –en el curso normal de sus funciones– (en los términos del
código civil).

15. Según la demanda y el recurso de apelación, Juan de Jesús Cárdenas Chávez
y Noé Santiago Parada –exgobernador y exdirector jurídico del departamento del
Huila– actuaron con culpa grave; el primero, porque adelantó un proceso de
reestructuración y modificó la planta de personal de varias secretarías de la
entidad sin contar con estudio técnico para hacerlo y sin concepto técnico del
Departamento Administrativo de Planeación del departamento del Huila y, el
segundo, porque era el asesor jurídico del gobernador para la fecha de los
hechos, avaló el proceso de reestructuración de la entidad y revisó los actos
administrativos sin contar con estudio técnico previo. Esta omisión –no contar con
estudio técnico para modificar la planta de personal– dio lugar a que la entidad
fuera condenada por la supresión de un cargo de carrera administrativa y
constituyó una infracción manifiesta e inexcusable de normas derecho, porque se
desconoció la regla contenida en el artículo 41 de la Ley 443 de 1998.

16. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al
proceso, están acreditados los siguientes hechos:

Para el año 2002, María Yineth Ramírez estaba inscrita en la carrera
administrativa y se encontraba vinculada al departamento del Huila, en el cargo de
secretaria ejecutiva 525 grado 62 –cargo al cual accedió en virtud de la carrera
administrativa–20. El 20 de diciembre de 2002, Juan de Dios Cárdenas Chávez, en
calidad de gobernador del departamento del Huila, expidió el Decreto 1911 de
2002, por medio del cual se modificó parcialmente la planta semiglobal de
personal de las Secretarías de Cultura, Educación, General, Vías e Infraestructura

20 Folios 47-49 c. 3 y 35-39 c. 1.

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del departamento y suprimió varios cargos, dentro de ellos, el de secretaria
ejecutiva 525 grado 6221. El 30 de diciembre de 2002, expidió el Decreto 1926 de
2002, en el que identificó a los empleados que desempeñaban los cargos
suprimidos y ordenó la aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 443
de 1998 –derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión
del cargo–.22

El mismo 30 de diciembre, María Mercedes Guzmán Oliveros –secretaria general
del departamento el Huila– comunicó a María Yineth Ramírez la supresión de su
empleo y le informó la facultad que tenía como empleada de carrera de optar por
una indemnización o un tratamiento preferencial para ser nombrada en un cargo
similar o equivalente –siempre y cuando cumpliera con los requisitos del cargo–23.
El 31 de diciembre de 2004, María Yineth Ramírez optó por recibir la
indemnización de que trata el artículo 39 de la Ley 443 de 199824. Y, el 31 de
enero de 2003, el departamento del Huila ordenó el pago de la indemnización. En
ese año, María Yineth Ramírez demandó la nulidad de los Decretos 1911 y 1926
de 2002 –de modificación de la planta, supresión y retiro–. El 30 de junio de 2010,
el Juzgado Primero Administrativo del Huila negó las pretensiones, porque el
gobernador tenía facultades constitucionales y legales para la modificación de la
planta de personal de las secretarías y no se desconocieron derechos de carrera.

El 19 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo del Huila declaró la nulidad del
Decreto 1926 de 2002 –que suprimió el cargo de María Yineth Ramírez–, porque
no se fundamentó en un estudio técnico que sustentara la reducción de la planta
de personal por necesidad del servicio, razones de modernización y
racionalización del gasto público. En efecto, según la sentencia, el departamento
del Huila no demostró la existencia del informe técnico, porque no lo aportó al
proceso y las oficinas de archivo de la entidad no encontraron el documento físico.

17. En el expediente obran los siguientes documentos:

17.1. Respuesta n°. DAP 475 del 5 de abril de 2016, elaborado por Armando
Saavedra Perdomo –director del Departamento Administrativo de Planeación del

21 Folios 29-34 c. 1.
22 Folios 35-39 c. 1.
23 Folio 247 c. principal.
24 Folio 248 c. principal.

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departamento del Huila–. Conforme al documento, revisado el archivo de esa
entidad, no encontraron el oficio DAP 0390 de 5 de abril de 2013 –solicitado por el
Departamento Administrativo Jurídico–. Y, por otro lado, luego de consultar en
archivo departamental sobre el concepto técnico de Planeación Departamental –
para la expedición del Decreto 1911 de 2002–, no se encontró copia de ese
documento25.

17.2. Respuesta del 4 de abril de 2016, suscrita por María Marcela Cely Casanova
–profesional universitario de Archivo Departamental–, en la que informa que,
“revisados los fondos documentales físicos transferidos desde la oficina de Archivo
Central, no se registró información relacionada con el estudio técnico que se hizo
para la expedición de los decretos números 1911 del 20 de diciembre de 2002 y
1926 del 30 de diciembre de 2002”26.

17.3. Certificado del 17 de marzo de 2003, expedido por María Mercedes Guzmán
Oliveros –Secretaria General del Departamento del Huila–. Conforme al
documento, el abogado Rubén Darío Súlez, identificado con cédula de ciudadanía
n°. 10.548.678. de Popayán y con tarjeta profesional n°. 59.527, asesoró a la
gobernación del Huila en “la elaboración del Plan de Readaptación Laboral y en la
implementación de una propuesta de modificación de la planta de personal de la
entidad, ejecutada en el año 2002”27.

Según el artículo 243 CGP, documento público es el otorgado por el funcionario en
ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, es decir, existe
certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Esa
presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad o el
desconocimiento, de conformidad con el artículo 269 CGP.

Los documentos referidos son documentos públicos, porque fueron suscritos por
los funcionarios a cargo de las labores de archivo y de secretaría general del
departamento del Huila –entidad demandante–, y se presumen auténticos, porque
no se tacharon de falso ni se desconocieron (art. 243 CGP). Su contenido
muestra, por un lado, la circunstancia de que no se encontró, dentro de los
archivos de la entidad, un informe técnico –que sirvió de fundamento a la
modificación de una planta de personal en el año 2002–, y, por el otro, la

25 Folio 25 c. 1.
26 Folio 28 c. 1.
27 Folio 246 c. principal.

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existencia de una asesoría jurídica externa de propuesta de modificación de planta
de personal en el año 2002. Ante esta disparidad, el contenido de estos
documentos se analizará, entonces, con las demás pruebas en conjunto (art. 176
del CGP).

18. En el proceso declararon Constantito Trujillo Hernández, María Mercedes
Guzmán Oliveros, María Aura Jadeyi Castañeda Tovar y Amanda Cecilia Londoño
de Perdomo –empleados del departamento del Huila en la época de los hechos–.
Afirmaron que, en el año 2002, la gobernación adelantó un proceso de
reestructuración que terminó con la expedición de los Decretos 1911 y 1926 de
diciembre de 2002. Señalaron que, antes de los actos, la entidad contrató a un
experto en reestructuración y modificación de plantas de personal, y el contratista
realizó el informe técnico en el que se propuso el plan de readaptación laboral y
dio viabilidad a la reducción de la planta y la supresión de algunos cargos. El
documento fue socializado en el departamento de planeación y hubo varias
reuniones para el proceso previo y posterior a los actos de supresión.

18.1. Constantito Trujillo Hernández, quien era Secretario de Hacienda durante el
proceso de reestructuración, agregó que, durante el proceso, en calidad de
secretario, lo citaron a la oficina de Planeación Departamental a verificar las
disponibilidades presupuestales y los ajustes que se podrían hacer para garantizar
los cambios en el personal y, sobre todo, garantizar las indemnizaciones de los
empleados de carrera suprimidos que optaron por esta. En cuanto a la existencia
del informe técnico para los cambios en la planta de personal, recalcó en que el
estudio existió, se socializó y, además, lo rindió un experto en el tema, el que,
entre otras cosas, ya había asesorado a la entidad en procesos de modificación de
planta de personal28.

18.2. María Mercedes Guzmán Oliveros –Secretaria General del departamento del
Huila– agregó que desde que comenzó Juan de Jesús Cárdenas, y,
específicamente, en el año 2002, la finalidad era recortar gastos innecesarios. Por
otro lado, había una crisis económica y ajuste fiscal por la entrada en vigencia de
la Ley 617 de 2000. Entonces, se inició un proceso de restructuración
administrativa para ajustar la planta a la necesidad del servicio. Se contrató a
Rubén Darío Rivera, una persona reconocida en la gobernación, quien ya había

28 Folio 349 c. principal (minuto 06:33 de la audiencia de pruebas).

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hecho asesorías en ese tema. En su momento, antes y después del informe
técnico que rindió el abogado, hubo una reunión con el departamento jurídico, con
secretaría de hacienda, y en ellas se evaluó qué personal era innecesario por
razones del servicio y el informe asesoró y dio viabilidad a algunos cambios. La
testigo, en su declaración, reconoció su firma en el certificado expedido en marzo
de 2003, en el que dio cuenta de la asesoría de Rubén Darío Rivera para la
modificación de la planta de personal y reiteró la existencia de ese contrato de
prestación de servicios, su único objeto y, además, la existencia del informe del
técnico.

18.3. María Aura Jadeyi Castañeda –empleada del departamento del Huila en la
dependencia de planeación departamental– afirmó que en todos los procesos de
reestructuración de la entidad hubo informe previo, sobre todo en el proceso del
2002; que no precisaba qué profesional lo rindió, pero el documento físico sí
existió y llegó al departamento de planeación para emitir el concepto respectivo.
Sin embargo, aclaró, esos informes técnicos no quedaban en el archivo de
planeación departamental. Si el físico del informe técnico y el concepto de
planeación no se encontraban en las oficinas de archivo, era un asunto de
responsabilidad de archivo en la entidad, pero no de inexistencia del documento 29.

Como los declarantes eran dependientes del departamento del Huila en el periodo
en el que los demandados fueron gobernador y director jurídico, respectivamente,
son testigos cuya imparcialidad o credibilidad puede verse afectada, en los
términos del artículo 211 CGP. Esta norma prevé que el juez analizará estos
testimonios de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

Para que el testimonio valga como plena prueba, debe ser responsivo, exacto y
completo. Responsivo en el sentido de que todas las preguntas reciban una
respuesta adecuada; exacto, es decir, puntual, fiel y cabal; y completo, en
referencia a que el testigo no deje de declarar respecto de ningún detalle, cuya
omisión impida apreciar la declaración. A lo anterior, se opone la declaración que
es vaga, incoherente o falta de sentido. Cuando se trata de varias declaraciones,
se exige que ellas sean uniformes y coherentes. La uniformidad se constata en el
fondo o la sustancia del relato30.

29 Folio 349 c. principal (01:07:37 de la audiencia de pruebas).
30 Ibidem, p. 339.

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Aunque Constantito Trujillo Hernández, María Mercedes Guzmán Oliveros, Aura
Jadeyi Castañeda Tovar y Amanda Cecilia Londoño son testigos sospechosos, la
declaración merece credibilidad, porque el dicho de cada uno fue claro, completo y
responsivo. Prestaron sus servicios en la época de los hechos, presenciaron el
proceso de reestructuración de diciembre de 2002 y fueron puntuales en los
aspectos que conocieron desde cada una de sus funciones (como secretario de
hacienda, secretaría general y como profesional del Departamento Administrativo
de Planeación).

Los relatos fueron uniformes en cuanto a: (i) las razones que llevaron a la
administración del año 2002 a adelantar el proceso de reestructuración; (ii) la
existencia de un profesional externo que asesoró la modificación de la planta de
personal; (iii) la existencia del informe técnico que fundamentó los Decretos 1911 y
1926 de 2002; (iv) las distintas reuniones entre secretaría de hacienda, secretaría
general y el departamento jurídico para planear la readaptación laboral y socializar
el informe técnico presentado y (v) a la circunstancia de que a los empleados de
carrera de los cargos suprimidos se les planteó las opciones de reubicación e
indemnización.

La versión de los hechos narrados –además de ser uniforme entre sí– es, además,
coincidente con el certificado expedido por la secretaría general de marzo de
2003, cuyo contenido da cuenta de la existencia del contrato de prestación de
servicios profesionales con Rubén Rivera Súlez, para el proceso de readaptación
laboral y la circunstancia de que fue ese, y no otro, el objeto de ese contrato.
También es coincidente con el trámite posterior a los actos de supresión en cuanto
a los empleos de carrera suprimidos y las indemnizaciones de quienes optaron por
esa modalidad.

19. En el proceso también declaró Rubén Rivera Súlez –abogado externo de la
gobernación del Huila en el año 2002– quien afirmó que, en el año 2002, como
abogado experto en procedimientos de organización institucional, fue contratado
por el departamento del Huila para asesorar el proceso de reestructuración
administrativa de varias dependencias de la entidad. El objeto de ese contrato fue
realizar un estudio técnico para hacer una disminución de personal y, además, la
presentación de plan de readaptación laboral. El estudio se hizo conforme a la Ley
443 de 1998 y sus decretos reglamentarios, y el contrato de prestación de
servicios fue supervisado por la secretaría general.

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En cuanto a las conclusiones del estudio técnico que realizó, el testigo agregó que
en algunas secretarías del departamento había unos cargos que no se
necesitaban, porque estaban desplazadas por modalidad contratada. También se
concluyó que los cargos de conductores no tenían sentido como miembros de la
planta. Otros de auxiliar administrativa y secretaria ejecutivas tampoco eran
necesario y ya se suplían con otros existentes. Los cargos que se evaluaron
fueron de nivel asistencial y otros administrativos. Hubo análisis financiero, de
manual de funciones y de estructura orgánico. El informe lo presentó por escrito,
pero no tenía copia del documento porque lo había elaborado 14 años atrás.
Resaltó que entregó en informe técnico a la secretaría general y, de hecho, fue
analizado por otras dependencias, entre ellas: jurídica, secretaría general,
secretaría de hacienda. Se integró un comité para ese proceso y luego de esas
reuniones, se expidieron los actos administrativos.

Aunque este testigo también tuvo una vinculación con la entidad demandante en el
año 2002, y su imparcialidad o credibilidad puede verse afectada, en los términos
del artículo 211 CGP, su relato fue claro, preciso, completo, pues detalló en qué
calidad asesoró al departamento del Huila –como contratista–, el objeto de su
contrato, el acompañamiento en el proceso de reestructuración del año 2002 y los
documentos y criterios que tuvo en cuenta para rendir el informe técnico. Su dicho
coincide con las versiones del primer grupo de testigos en cuanto a: la necesidad
financiera y administrativa de la modificación de la planta de personal en el año
2002, la circunstancia de haberse presentado el estudio y la socialización del
mismo con otras dependencias de la entidad (secretaría de hacienda, secretaría
general y jurídica). Además, coincide con el certificado de secretaría general que
dio cuenta de la existencia de su contrato y el trámite con los empleados de
carrera cuyos cargos fueron suprimidos.

20. Las pruebas dieron cuenta que en el año 2002, Juan de Dios Cárdenas
Chávez, en calidad de gobernador del departamento del Huila, expidió los
Decretos 1911 u 1926 de diciembre 2002, que modificaron parcialmente la planta
semiglobal de personal de las Secretarías de Cultura, Educación, General, Vías e
Infraestructura del departamento y suprimió varios cargos, dentro de ellos, el de
secretaria ejecutiva 525 grado 62 (desempeñado por María Yineth Ramírez), y
ordenó la aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998
–derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión del

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cargo–. El 31 de diciembre de 2004, María Yineth Ramírez, empleada de carrera,
optó por recibir la indemnización de que trata el artículo 39 de la Ley 443 de 1998
Y, el 31 de enero de 2003, el departamento del Huila ordenó el pago de la
indemnización.

21. Conforme al artículo 305 de la CN, son atribuciones del gobernador, entre
otras, el crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias; señalar sus
funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las
ordenanzas respectivas.

En cuanto a las reformas de plantas de personal, según lo dispuesto en el artículo
41 de la Ley 443 de 1998 –vigente al momento de los hechos–, con el fin de
garantizar la preservación de los derechos de los empleados de carrera, las
reformas de planta de personal de las entidades de la rama ejecutiva de los
órdenes nacional y territorial –que implicaran supresión de empleos de carrera–
debían motivarse expresamente; fundarse en necesidades del servicio o en
razones de modernización de la Administración y basarse en estudios técnicos
que así lo demuestre, elaborados por las respectivas entidades, la Escuela
Superior de Administración Pública, firmas especializadas en la materia u otras
profesiones idóneas, debidamente acreditados, de acuerdo con la reglamentación
que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

22. Conforme a lo probado en el proceso, en el año 2002 el departamento del
Huila adelantó un proceso de reestructuración de la planta de personal de la
entidad que incluyó: (i) la contratación de un profesional experto en
reestructuración administrativa; (ii) la existencia de un informe técnico, que planteó
una propuesta de readaptación laboral en algunas secretarías del departamento y
propuso la supresión de algunos empleos asistenciales y administrativos (que
podían prescindirse de la planta de personal) porque, o admitían una modalidad
de contrato, o las funciones podían suplirse con cargos ya existentes; (iii) la
socialización del informe por parte de las Secretarías de Hacienda, Secretaría
General y Jurídica y el posterior concepto del Departamento Administrativo de
Planeación; (iv) la expedición de los actos de modificación y supresión de cargos y
(v) el agotamiento del trámite posterior a los empleados de carrera de cargos
suprimidos.

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Aunque el documento físico del informe técnico de la reestructuración del año
2002 no se encontró en los archivos de la entidad, circunstancia que dio lugar a la
condena dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por María Yineth Ramírez, no se demostró en este proceso que los exagentes
demandados desconocieron normas de derecho en el proceso de reestructuración
administrativa que precedió a la expedición de los Decretos 1911 y 1926 de 2002,
en especial, lo contenido en el artículo 41 de la Ley 443 de 1998 (norma de
carrera de estructura del Estado y de carrera administrativa vigente al momento de
los hechos).

Conforme a la prueba testimonial y documental aportada, el informe técnico que
fundamentó los actos de supresión existió y se socializó entre directivos de varias
dependencias de la entidad. Por lo tanto, no está demostrada la configuración de
la presunción de culpa grave del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001.
En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia.

23. El artículo 188 CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. En
concordancia, el artículo 365.1 CGP ordena condenar en costas a la parte vencida
en el proceso. De conformidad con el artículo 366.4 CGP y en los términos del
Acuerdo nº. 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la
fecha de presentación de la demanda –hoy Acuerdo n°. 10554 de 2016–, las
agencias en derecho se tasarán en el 1% del valor de las pretensiones en
atención a la naturaleza del proceso, y la calidad y duración de la gestión
ejecutada por el apoderado. Como las pretensiones se estimaron en $406.912.332
la demandante pagará la suma de $4.069.124, por concepto de agencias en
derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA

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Medio de control: Repetición

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de noviembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar a favor de la parte
demandada las costas del proceso y FIJAR la suma de $4.069.124, por concepto
de agencias en derecho.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

21

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