Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2016-00351-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial: ampara los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2016-00351-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 41001-23-33-000-2016-00351-01
Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
10 de noviembre de 2016
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Ampara los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia / SUBSIDIARIEDAD - Respecto a determinados actores omisión en el agotamiento de otros medios de defensa judicial / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Es el medio idóneo para solicitar el reconocimiento de la sanción moratoria por el en el pago de cesantías cuando existe controversia sobre el derecho
En el presente caso, (…) se trata de procesos declarativos, donde está de por medio actos administrativos cuya nulidad se pretende y donde además se solicita un restablecimiento del derecho que es precisamente el reconocimiento y pago de la respectiva sanción moratoria, por lo que no se puede hablar de un proceso ejecutivo. (…). [S]e advierte que al ser el Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio una entidad pública y al existir actos fictos negativos demandables relacionado con el pago de una acreencia laboral por virtud de una relación legal y reglamentaria, la jurisdicción competente es la contencioso administrativa. En virtud de las consideraciones anteriores, la Sala confirmará parcialmente la providencia impugnada en el sentido que el amparo solicitado por los señores [M.M.T.], [A.G.S.] y [R.L.P.] es improcedente, pero por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, y además, se modificará el numeral primero de la providencia impugnada, toda vez que la solicitud de la señora [M.E.S.R.] también es improcedente por las mismas razones. Adicionalmente revocará el numeral segundo de la providencia impugnada, y en su lugar, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los señores [M.A.C.B.], [A.H.H.], [M.H.C. V.], [M.C.G.], [N.R.G], [R.V.V.], [E.P.T.], [J.E.M.P.], [J.R.O.A.] y [J.D.H.].
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 244 DE 1995 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 6 - NUMERAL 1
NOTA DE RELATORÍA: Sobre los requisitos generales de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp: 2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 31 de julio de 2012, exp: 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González. Sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 41001-23-33-000-2016-00351-01(AC)
Actor: RUBIELA LOSADA PERDOMO Y OTROS
Demandado: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE NEIVA
La Sala decide la impugnación interpuesta por los accionantes contra la sentencia del 9 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila que en el trámite de la acción de tutela de la referencia, resolvió lo siguiente:
”PRIMERO.- Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por MIRCE MANCHOLA TRUJILLO, ALIRIO GUEVARA SÁNCHEZ Y RUBIELA LOSADA PERDOMO contra el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE NEIVA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA DISCIPLINARIA y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.
SEGUNDO.- Negar la petición de amparo promovida por los señores MARY AMALIA CEDEÑO BERNAL, ALBENIZ HOYOS DE HERNÁNDEZ, MARÍA HERMINDA CAPERA VERA, MARITZA CORTÉS GARCÍA, NORALBA RAMÍREZ DE GÓMEZ, ROSARIO VALENZUELA VIDAL, EDUARDO POLANIA TRUJILLO, NOE SEPÚLVEDA LOSADA, JULIO ENRIQUE MUJICA PICO, JOSÉ ROLDAN OVIEDA ARIAS, MARÍA EDITH SALAZAR RAMÍREZ Y JOSÉ DUMAR HERNÁNDEZ..
ANTECEDENTES
El 27 de julio de 2016, los señores MIRCE MANCHOLA TRUJILLO, ALIRO GUEVARA SÁNCHEZ, RUBIELA LOSADA PERSOMO, MARY AMALIA CEDEÑO BERNAL, ALBENIZ HOYOS DE HERNÁNDEZ, MARÍA HERMINDA CAPERA VERA, MARITZA CORTÉS GARCÍA, NORALBA RAMÍREZ DE GÓMEZ, ROSARIO VALENZUELA VIDAL, EDUARDO POLANÍA TRUJILLO, NOÉ SEPULVEDA LOSADA, JULIO ENRIQUE MUJICA PICO, JOSÉ ROLDÁN OVIEDO ARIAS, MARÍA EDITH SALAZAR RAMÍREZ Y JOSÉ DUMAR HERNÁNDEZ LUCUARA actuando por conducto de apoderado, instauraron acción de tutela contra el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE NEIVA, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
1. Pretensiones
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
Se deje sin valor ni efecto las providencias proferidas por el Juzgado 3 Administrativo del Circuito de Neiva, por medio de las cuales declaró la falta de jurisdicción y competencia y ordeno (sic) remitir los procesos a los juzgados laborales de Neiva y las providencias que confirmaron dichas decisiones.
Que en consecuencia se ordene al Juzgado 3 Administrativo del Circuito de Neiva que asuma la competencia y siga conociendo de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho.
Solicito especialmente se ordene al Juzgado 3 Administrativo del Circuito de Neiva, se abstenga de continuar declarando la falta de jurisdicción y competencia en esta clase de procesos (medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho relacionados con el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías) y acate el precedente judicial vertical del Consejo de Estado.
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1 Los accionantes presentaron demandas de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se reconociera y pagara la sanción moratoria por el no pago oportuno de sus cesantías.
2.2. Las demandas le correspondieron al Juzgado Tercero Administrativo de Neiva quien declaró la falta de jurisdicción y remitió los procesos a los Juzgados Laborales del Circuito.
Contra estas decisiones algunos demandantes presentaron recursos de reposición los cuales fueron resueltos desfavorablemente.
A continuación se resumen las fechas de las providencias dictadas en cada uno de los procesos de los accionantes:
Accionante
Proceso
Decisión que remite el proceso
Recurso de reposición
Mirce Manchola Trujillo
2015-00256-00
17/09/2015
No interpuso recurso
Alirio Guevara Sánchez
2015-00287-00
17/09/2015
No interpuso recurso
Rubiela Losada Perdomo
2015-00426-00
27/01/2016
No interpuso recurso
Mary Amalia Cedeño Bernal
2016-00021-00
15/02/2016
11/04/2016
Albeniz Hoyos Hernández
2016-00023-00
15/02/2016
11/04/2016
Maria Herminda Capera Vera
2016-00036-00
16/03/2016
11/04/2016
Maritza Cortés García
2016-00035-00
07/03/2016
11/04/2016
Noralba Ramírez de Gómez
2016-00085-00
02/05/2016
23/05/2016
Rosario Valenzuela Vidal
2016-00106-00
02/05/2016
26/05/2016
Eduardo Polanía Trujillo
2016-00170-00
25/05/2016
20/06/2016
Noé Sepúlveda Losada
2016-00169-00
25/05/2016
20/06/2016
Julio Enrique Mujica Pico
2016-00201-00
31/05/2016
22/06/2016
José Roldán Oviedo Arias
2016-00200-00
31/05/2016
22/06/2016
María Edith Salazar Ramírez
2016-00241-00
06/07/2016
No interpuso recurso
José Dumar Hernández Lucuara
2016-00240-00
06/07/2016
18/07/2016
Estas decisiones se tomaron con fundamento en las pautas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
3. Fundamentos de la acción
3.1 Expusieron los actores, que el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria no tuvo en consideración que en estos asuntos no existe un título ejecutivo, conclusión a la que también llegaron los jueces laborales y con base en la cual no libran mandamiento de pago.
3.2 Señalaron que son reiterados los pronunciamientos por parte de las diferentes Secciones de esta Corporación que han señalado que es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la competente de conocer estos procesos.
Es por lo anterior que los Juzgados Quinto y Séptimo Administrativos de Neiva actualmente admiten las demandas en las que se controvierte el reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Una vez avocado el conocimiento de la presente acción por parte del Tribunal Administrativo del Huila, mediante providencia del 28 de julio se ordenó notificar a las partes y se ofició al Consejo Superior de la Judicatura para que rindiera un informe sobre los hechos que originaron la presente acción (fl 128).
4.2. El Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, por intermedio de su titular, expuso que en los casos tutelados se está en presencia de un título ejecutivo complejo, razón por la cual le corresponde a la Jurisdicción Laboral tramitar los mismos, de conformidad con las directrices fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura y la Ley 712 de 2001.
4.3 El Ministerio de Educación, indicó que la presente acción no cumple con los requisitos de procedibilidad y, en consecuencia, debe ser denegada.
5. Providencia impugnada
El Tribunal Administrativo del Huila en sentencia del 9 de agosto de 2016 declaró improcedente el amparo solicitado frente a los señores Mirce Manchola Trujillo, Alirio Guevara Sánchez y Rubiela Losada Perdomo, por no cumplir con el requisito de inmediatez.
Esto por cuanto las providencias que cuestionan dichos actores fueron proferidas el 17 de septiembre de 2015 y el 27 de enero de 2016 y, la acción de tutela se instauró luego de transcurridos 10 y 6 meses, respectivamente.
Respecto a los demás accionantes negó las pretensiones al considerar que las decisiones cuestionadas se aplicaron las directrices del Consejo Superior de la Judicatura quien por mandato de la Constitución y la Ley 270 de 1996 es el competente para dirimir los conflictos de competencia de entre las diferentes jurisdicciones.
6. Impugnación
Los accionantes impugnaron la decisión y señalaron que el Consejo de Estado – Sección Segunda en sentencia del 27 de marzo de 2007 estableció que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es la competente para resolver los asuntos de sanción moratoria a menos que exista un acto administrativo que reconozca dicha figura, en donde se debe acudir a la Jurisdicción Ordinaria Laboral.
Reiteró que esta postura ha sido asumida en recientes oportunidades por esta Corporación.
Expuso que la Corte Constitucional ha señalado que el principio de subsidiariedad tiene excepciones cuando se presenta un perjuicio irremediable, como en el caso concreto, cuando se insiste en darle otro trámite al proceso cuando el Consejo de Estado ha sido enfático en que esta clase de asuntos son de conocimiento de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es procedente contra providencias judiciales, como ha sido reconocido por la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia C-590 de 2005, y por la Sala Plena del Consejo de Estado, en la sentencia del 31 julio 31 de 2012, que unificó su jurisprudencia respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y posteriormente, en la sentencia de agosto 5 de 2014, en la que unificó su jurisprudencia sobre la posibilidad de interponer la acción de tutela contra las sentencias del mismo Consejo de Estado, y respecto de las condiciones o requisitos para su procedencia.
En todo caso, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional, de allí que la interpretación de los requisitos generales y de los defectos específicos en la providencia, deba ser restrictiva, a la luz de los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso de amparo, y que se exija un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la providencia judicial objeto de la acción.
3. Análisis del caso concreto
3.1. Corresponde a la Sala determinar si todos los accionantes cumplen con los requisitos de procedibilidad, especialmente el de subsidiariedad y, de ser el caso, establecer si el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente al considerar que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa no era competente para conocer de las controversias planteadas por los accionantes y, dispuso que debían remitirse los asuntos a los juzgados laborales, basado en pronunciamientos del Consejo Superior de la Judicatura.
3.2. El numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estableció que la acción es improcedente “cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”
La jurisprudencia constitucional, ha precisado que la acción de tutela es improcedente en cuanto se utilice como instrumento adicional o supletorio, o cuando con ella se pretenda obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias de la respectiva jurisdicción, en razón a su naturaleza subsidiaria o residual.
Sobre el particular, se anotó que “…mientras la persona que se dice amenazada o vulnerada en uno de sus derechos fundamentales disponga de otro medio de defensa judicial para lograr su protección, no es procedente la acción de tutela. Ésta sólo es viable a falta de otro mecanismo de defensa judicial y no es en manera alguna una vía judicial de la cual se pueda hacer uso paralelamente con otras acciones o recursos judiciales”.
De esta manera, la Corte Constitucional reiteró la naturaleza subsidiaria y residual de la acción, al señalar que, cuando el afectado en su derecho disponga de otro medio de defensa judicial, no es viable el mecanismo, a menos que se interponga como mecanismo transitorio y se demuestre la existencia del perjuicio irremediable.
3.3 En el caso concreto se tiene que los señores Mirce Manchola Trujillo, Alirio Guevara Sánchez, Rubiela Losada Perdomo y María Edith Salazar Ramírez pretenden controvertir la decisión por medio de la cual se ordenó la remisión de sus respectivos procesos a los Juzgados Laborales del Circuito.
Sin embargo y a diferencia de los demás accionantes, ellos no presentaron recurso de reposición contra el auto de remisión del proceso.
Así las cosas, se observa que los interesados tuvieron a su disposición otro medio de defensa del cual no hicieron uso, razón por la cual la acción de tutela se torna improcedente, pues esta no puede ser implementada como mecanismo para suplir las falencias de las partes.
3.4 Revisado el anterior requisito de procedibilidad de la acción de tutela, se analizará si en el caso de los demás accionantes se presentó el desconocimiento del precedente alegado en los escritos de tutela e impugnación.
3.5 Para la Sala, la vulneración del principio de igualdad, en casos que se relacionan con providencias judiciales, o que tienen como fundamento una o más decisiones judiciales, se relaciona, necesariamente, con el principio de cosa juzgada, con la estabilidad jurídica que garantiza el sistema judicial y, de paso, con los intereses de las demás personas que intervinieron durante el trámite judicial
El elemento imprescindible para establecer si con ocasión de una decisión judicial se vulneró el derecho-principio de igualdad en un caso concreto, por regla general, es el precedente judicial. En virtud de este toda persona tiene derecho de recibir un trato igualitario por parte de los funcionarios judiciales; esto es, de obtener una decisión (providencia) semejante a la que se adoptó en otros procesos con fundamentos fácticos similares.
Además, solo puede plantearse la transgresión del precedente si se demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) debían ser acatadas por la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (precedente vinculante); (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela es contraria al precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante), (iv) y que el juez de instancia no presentó una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante (inexistencia de justificación razonable para separarse del precedente).
3.6. Se observa que los accionantes, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandaron a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se reconociera y pagara la sanción moratoria por el no pago oportuno de sus cesantías.
3.7. El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Neiva remitió los procesos a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, por ser ésta la competente para conocer del asunto, de conformidad con las decisiones proferidas por el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinara
3.8. Advierte la Sala que sobre la materia ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en casos idénticos al planteado, en los que se ha sostenido lo siguiente:
“Al respecto, la Sala advierte que, en primer lugar, las decisiones adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura si bien pueden servir como guía para los jueces en algunos casos particulares, no constituyen un precedente aplicable para los tribunales administrativos, pues es esta Corporación, como máximo órgano, la que fija las reglas jurídicas a las que deben ceñirse las autoridad judiciales de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Además, se encuentra que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no ha sostenido un criterio uniforme respecto del tema en estudio, pues en un caso idéntico al de la actora declaró competente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para conocer de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la que una docente pretendía el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías.
Ahora bien, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha fijado su postura de la siguiente manera:
“Las hipótesis que se pueden presentar ante la solicitud de reconocimiento de la indemnización moratoria son: (i) que la administración no resuelva el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías; (ii) que no reconozca las cesantías y, por ende, no las pague o (iii) que efectúe el reconocimiento de las cesantías.
También puede ocurrir que: 1) reconozca las cesantías oportunamente pero no las pague; 2) Las reconoce oportunamente pero las paga tardíamente; 3) Las reconoce extemporáneamente y no las paga; 4) Las reconoce extemporáneamente y las paga tardíamente; 5) Existe pronunciamiento expreso sobre las cesantías y/o sobre la sanción y el interesado no está de acuerdo con el monto reconocido.
En los eventos señalados anteriormente, la vía procesal adecuada para discutir las cesantías y el reconocimiento de la sanción moratoria, es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Cuando existe certeza del derecho y la sanción, la vía es el proceso ejecutivo porque hay título ejecutivo, esto es, cuando existe un acto administrativo de reconocimiento del derecho, que contiene una obligación clara, expresa y exigible, de conformidad con el artículo 422 del CGP.”
Para la Sala es evidente que la Sección Segunda, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció el derecho fundamental a la igualdad, por cuanto hizo una indebida interpretación del precedente jurisprudencial, pues en el caso de la señora Ramírez de Méndez no existe un acto administrativo de reconocimiento de la sanción moratoria, para que sea viable acudir al proceso ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria laboral”. (Negrillas fuera del texto)
3.9. En el presente caso, como se dijo, los accionantes pidieron a la administración el reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995 por el no pago oportuno de sus cesantías, solicitudes que (i) no fueron resueltas, lo que llevó a que se configurara el silencio administrativo negativo o (ii) que negaron el reconocimiento.
En este orden de ideas, se trata de procesos declarativos, donde está de por medio actos administrativos cuya nulidad se pretende y donde además se solicita un restablecimiento del derecho que es precisamente el reconocimiento y pago de la respectiva sanción moratoria, por lo que no se puede hablar de un proceso ejecutivo.
3.10. De igual forma, se observa que en estos casos se dejan de aplicar en debida forma los postulados del CPACA en materia de competencia, pues el artículo 104 de dicho estatuto, contempla que esta jurisdicción conoce de asuntos originados en un acto administrativo, entre otros, donde se encuentre involucrada una entidad pública. Para el caso, se dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.
Igualmente conocerá de los siguientes procesos:
[…]
4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (Negrilla fuera del texto)
[…]
Parágrafo. Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%.”
De allí se deriva la aplicación del artículo 138 que regula el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”
De esta manera, se advierte que al ser el Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio una entidad pública y al existir actos fictos negativos demandables relacionado con el pago de una acreencia laboral por virtud de una relación legal y reglamentaria, la jurisdicción competente es la contencioso administrativa.
3.11. En virtud de las consideraciones anteriores, la Sala confirmará parcialmente la providencia impugnada en el sentido que el amparo solicitado por los señores Mirce Manchola Trujillo, Alirio Guevara Sánchez y Rubiela Losada Perdomo es improcedente, pero por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, y además, se modificará el numeral primero de la providencia impugnada, toda vez que la solicitud de la señora María Edith Salazar Ramírez también es improcedente por las mismas razones.
Adicionalmente revocará el numeral segundo de la providencia impugnada, y en su lugar, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los señores Mary Amalia Cedeño Bernal, Albeniz Hoyos Hernández, María Herminda Capera Vera, Maritza Cortés García, Noralba Ramírez de Gómez, Rosario Valenzuela Vidal, Eduardo Polanía Trujillo, Julio Enrique Mujica Pico, José Roldán Oviedo Arias y José Dumar Hernández.
En consecuencia se dejarán sin efectos las providencias proferidas en los procesos 2016-00021-00, 2016-00023-00, 2016-00036-00, 2016-00035-00, 2016-00085-00, 2016-00106-00, 2016-00170-00, 2016-00169-00, 2016-00201-00, 2016-00200-00 y 2016-00240-00 por medio de las cuales el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE NEIVA ordenó la remisión de los respectivos procesos a los Juzgados Laborales del Circuito y negó el recurso de reposición, para que dicha autoridad judicial continúe con el trámite de las acciones promovidas por los accionantes, para lo cual, en un término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, deberá solicitar la devolución de los expedientes a los Juzgados Laborales del Circuito de Neiva, en caso de haberlos remitido para su reparto.
Una vez recibidos los expedientes, dentro de un término de diez (10) días, el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva deberá emitir nuevos pronunciamientos con base en las pautas fijadas en la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
CONFÍRMASE PARCIALMENTE la providencia impugnada proferida el 9 de agosto de 2016 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NEIVA, en el sentido que el amparo solicitado por los señores MIRCE MANCHOLA TRUJILLO, ALIRIO GUEVARA SÁNCHEZ y RUBIELA LOSADA PERDOMO es improcedente.
MODIFÍQUESE el artículo primero de la providencia impugnada, el cual quedará así:
“PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por MIRCE MANCHOLA TRUJILLO, ALIRIO GUEVARA SÁNCHEZ, RUBIELA LOSADA PERDOMO y MARÍA EDITH SALAZAR RAMÍREZ al no cumplir con el requisito de subsidiariedad”.
3. REVÓCASE el NUMERAL SEGUNDO de la providencia impugnada, proferida el 9 de agosto de 2016 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En su lugar, AMPÁRENSE los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia invocados por los señores MARY AMALIA CEDEÑO BERNAL, ALBENIZ HOYOS HERNÁNDEZ, MARÍA HERMINDA CAPERA VERA, MARITZA CORTÉS GARCÍA, NORALBA RAMÍREZ DE GÓMEZ, ROSARIO VALENZUELA VIDAL, EDUARDO POLANIA TRUJILLO, JULIO ENRIQUE MUJICA PICO, JOSÉ ROLDÁN OVIEDO ARIAS y JOSÉ DUMAR HERNÁNDEZ.
4. Como consecuencia de lo anterior, DÉJANSE sin efectos las providencias proferidas por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE NEIVA, dentro de los procesos con radicado 2016-00021-00, 2016-00023-00, 2016-00036-00, 2016-00035-00, 2016-00085-00, 2016-00106-00, 2016-00170-00, 2016-00169-00, 2016-00201-00, 2016-00200-00 y 2016-00240-00, por las cuales se ordenó la remisión de los respectivos procesos a los Juzgados Laborales del Circuito, y se negó el recurso de reposición interpuesto por los interesados contra esa decisión.
Asimismo, ORDNÉNASE al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE NEIVA, que continúe con el trámite de las acciones promovidas por los accionantes, para lo cual, en un término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, deberá solicitar la devolución de los expedientes a los Juzgados Laborales del Circuito de Neiva, en caso de haberlos remitido para su reparto.
Una vez recibidos los expedientes, dentro de un término de diez (10) días, el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva deberá emitir nuevos pronunciamientos con base en las pautas fijadas en la presente providencia.
5. NOTIFÍQUESE la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
6. ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Folio 5. Sentencia en la que la Corte Constitucional precisó los requisitos generales y especiales, o eventos determinantes, de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena. Sentencia de julio 31 de 2012. Radicado: 2009-01328-01(IJ). M.P. María Elizabeth García González. Según la providencia: “…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]”. CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena. Sentencia de agosto 5 de 2014. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. El Consejo de Estado, con fundamento en la jurisprudencia constitucional, diferenció los siguientes dos requisitos o condiciones que debe acreditar el juez de tutela para que prospere el amparo: En primer lugar, son requisitos para que proceda el estudio de una acción de tutela contra una providencia judicial, los siguientes: i) deber del actor de precisar los hechos y las razones en que se fundamenta la acción, ii) deber del actor de cumplir con el requisito de subsidiariedad de la acción, al no contar o haber agotado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales en sede del juez natural, iii) cumplir con el requisito de inmediatez de la acción, iv) acreditar que el asunto es de evidente relevancia constitucional y, finalmente, v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela. En segundo lugar, al citar la sentencia C-590 de 2005, de la Corte Constitucional, indicó que son requisitos o causales especiales, para que proceda la acción en el caso concreto, que esta adolezca de alguno de los siguientes defectos: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. Ver las Sentencias T-202 de 1994, T-485 de 1994, T-015 de 1995, T-142 de 1998 y T-554 de 1998. CONSEJO DE ESTADO. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de abril de 2014. Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02625-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-644 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-670 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). La Sección ha decantado algunas reglas para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial. Entre otras, en la sentencia de marzo 27 de 2013, la primera y más elemental regla es que, “En la tutela, el demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció” (radicado 11001-03-15-000-2013-02741-00. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia). Esta regla se fundamenta, entre otras, en lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-1108 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), en virtud de la cual,
“[…] la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso.
Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis […]
El juez constitucional no puede asumir la existencia de un precedente en asuntos que no son de la justicia constitucional. Para éste, se trata de hechos que han de probarse en el proceso y, así mismo, ser debidamente valorados por las partes.”. Sentencia 5 de noviembre de 2015. Expediente 2015-2375. Actor: Gilma Inés Ramirez de Méndez. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Sentencia del 29 de octubre de 2015. Exp. No. 2015-2380. Actor: Héctor Guillermo Gordillo Acosta. M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y sentencia del 2 de diciembre de 2015. Expediente 2015-1991-00. Actor María Constanza Durán Pinilla. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y más recientemente sentencias del 21 de enero y 11 de mayo de 2016, radicados 11001-03-15-000-2015-2381-00 y 76001-23-33-000-2016-00259-01 respectivamente. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Ver providencia del 16 de julio del 2014, MP Angelino Lizcano Rivera, Rad: 2014-01494-00. Sentencia 21 de septiembre del 2015, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez (E), Rad: AC-2015-02049-00, Actora: María Chiquinquirá Prieto Castillo.
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