Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00407-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00407-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2016-00407-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00407-01 (4108-2022)
Demandante: Víctor Alfonso Ruiz Martínez
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.
Tema: Pensión de Invalidez. Valoración de la pérdida de capacidad.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia. No se desvirtuó la
calificación emitida por la Junta Médico-Laboral Militar ni se
allegó prueba que acreditara el porcentaje requerido para el
reconocimiento de la pensión de invalidez.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia
proferida el 25 de enero de 2022 por el Tribunal Administrativo del Huila.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. Víctor Alfonso Ruiz Martínez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de que se declare la nulidad del acto ficto derivado de la solicitud
presentada el 20 de marzo de 20141, mediante el cual se le negó el reconocimiento de la
pensión de invalidez y el reajuste de una indemnización previamente reconocida.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la entidad
demandada: (i) reconocerle una pensión de invalidez equivalente al 75 % del salario que
devengaba, con fundamento en el acta de la Junta Regional de Calificación de Invalidez,
que determinó una pérdida de capacidad laboral del 75.41 %; (ii) reconocerle la
indemnización plena, o en su defecto, el reajuste de la ya otorgada, de acuerdo con la
disminución de la capacidad laboral y conforme a lo previsto en el parágrafo 2.° del
numeral 3.5 del artículo 3.° de la Ley 923 de 2004, aclarando que esta prestación no es
incompatible con la pensión solicitada; (iii) indexar los valores adeudados, incluyendo
corrección monetaria e intereses; (iv) pagar la suma de 100 SMLMV2 por concepto de
perjuicios; y (v) cumplir la sentencia en los términos del artículo 195 del CPACA3.
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Radicado 38975.
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Salario mínimo legal mensual vigente.
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00407-01 (4108-2022)
Demandante: Víctor Alfonso Ruiz Martínez
3. Señaló que prestó servicio en el Ejército Nacional y fue retirado por no ser apto para
continuar en la institución, debido a graves afecciones en su salud originadas durante su
permanencia activa. Indicó que presenta una disminución del 75.41 % en su capacidad
laboral, certificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, actuando como
perito conforme al Decreto 1352 de 2013. Afirmó que las lesiones que padece son de
origen laboral y han deteriorado progresivamente su salud, impidiéndole reincorporarse
al mercado laboral, situación que ha afectado a su familia, de quienes han dependido
económicamente desde su retiro.
4. Manifestó que, a pesar de su condición, la entidad demandada no le ha garantizado
un tratamiento médico adecuado ni ha ejercido el seguimiento correspondiente, lo que ha
agravado su estado. Agregó que no se le reconoció la pensión de invalidez ni se le
reajustó la indemnización, a pesar de cumplir con el porcentaje mínimo de pérdida de la
capacidad laboral exigido por las normas especiales aplicables al personal militar (Leyes
923 de 2004 y Decretos 4433 de 2004 y 1157 de 2014). Argumentó que las lesiones no
fueron correctamente valoradas en el acta médico-laboral y que, en todo caso, la
indemnización no es incompatible con la pensión de sanidad, por lo que ambas deben
reconocerse.
Contestación de la demanda
5. La Nación - Ministerio de Defensa, Ejército Nacional se opuso a todas las pretensiones
de la demanda, argumentando que carecían de sustento fáctico, jurídico y probatorio.
Precisó que el actor era un soldado profesional que ingresó voluntariamente al Ejército
Nacional y fue retirado con una calificación de pérdida de capacidad laboral del 36.92 %,
según el Acta 66620 de febrero de 2014 de la Junta Médica Laboral. Señaló que el
demandante no impugnó dicho dictamen mediante la convocatoria al Tribunal Médico
Laboral, por lo cual el acto adquirió firmeza y no podía ser desvirtuado en sede judicial.
6. Formuló la excepción de inepta demanda por no haberse integrado el acto
administrativo complejo, al haberse cuestionado únicamente el acto presunto derivado
de una solicitud que ni siquiera contenía expresamente la petición de pensión. Afirmó
que, al no haberse demandado también el acta de la Junta Médica, el proceso carecía
de objeto útil, pues dicha acta era el fundamento del acto acusado y continuaba
produciendo efectos jurídicos.
7. Añadió que el demandante no acreditaba los requisitos legales para acceder a la
pensión de invalidez, ya que su porcentaje de pérdida de la capacidad no alcanzaba el
50 % mínimo exigido por la normativa aplicable al personal militar (Decretos 094 de 1989
y 1796 de 2000, y Ley 923 de 2004). Aclaró que algunas de las patologías evaluadas
posteriormente por una Junta Regional de Invalidez —como estrés postraumático— no
fueron reconocidas por la Dirección de Sanidad Militar ni constaban en el historial clínico
del momento del retiro, por lo que dicho peritaje debía ser desestimado.
8. Finalmente, destacó que el sistema jurídico especial aplicable a las Fuerzas Militares
excluía la aplicación de las normas del régimen general en materia de seguridad social y
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Radicación: 41001-23-33-000-2016-00407-01 (4108-2022)
Demandante: Víctor Alfonso Ruiz Martínez
calificó de inválido el peritaje aportado por el demandante, al no haber sido reconocido
por los organismos médicos competentes establecidos en el régimen militar.
Decisión de las excepciones previas
9. En audiencia inicial celebrada el 4 de julio de 2017, se resolvió la excepción previa de
ineptitud sustantiva de la demanda, la cual fue declarada improcedente, toda vez que el
Tribunal concluyó que el acto definitivo objeto de demanda era el correcto, pues contenía
la decisión sobre la situación jurídica prestacional derivada de la disminución de la
capacidad laboral del actor, pues las pretensiones estaban orientadas al reconocimiento
de la pensión de invalidez y al reajuste de la indemnización ya reconocida.
10. En ese sentido, las actas de la Junta Médica no integran un acto complejo con el acto
demandado, ya que tienen naturaleza autónoma: calificaron el porcentaje de pérdida de
capacidad laboral, pero no decidieron sobre el reconocimiento de la pensión o de la
indemnización.
11. Además, el Tribunal aclaró que no era exigible al demandante interponer recurso
contra el acta de la Junta Médica, y que, aunque no se aportó decisión del Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar, se evidenció —según los oficios 20148450356041 y
20148450356021 del 23 de mayo de 2014, firmados por el jefe de Medicina Laboral del
Ejército Nacional— que, a solicitud del actor, el Acta de Junta Médica 66620 del 7 de
febrero de 2014 fue enviada oportunamente a dicho Tribunal para su eventual revisión.
12. Por último, precisó que, contrario a lo alegado por la parte accionada, en la petición
que dio origen al acto ficto demandado, sí se solicitó expresamente el reconocimiento de
la pensión de invalidez y el reajuste de la indemnización.
Sentencia apelada
13. El Tribunal Administrativo del Huila negó las pretensiones de la demanda al
considerar que el demandante no acreditó el cumplimiento de los requisitos legales para
acceder a la pensión de invalidez ni para el reajuste de la indemnización, de acuerdo con
el régimen especial aplicable a los miembros de la Fuerza Pública.
14. Determinó que, según el Acta de la Junta Médico Laboral del Ejército Nacional, el
actor fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 36.92 %, porcentaje que
resultaba inferior al mínimo del 75 % exigido por el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004
para obtener el derecho a una pensión de invalidez. Aunque el actor allegó al proceso un
dictamen posterior emitido por la Junta Regional de Calificación del Huila, el cual
estableció una pérdida del 75.41 %, el Tribunal le restó valor probatorio, al no haberse
practicado ni sustentado en audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228
del CGP4.
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Código General del Proceso.
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Demandante: Víctor Alfonso Ruiz Martínez
15. También concluyó que no era procedente aplicar el régimen general de la Ley 100
de 1993, dado que no era aplicable a miembros de las Fuerzas Militares y, además, el
actor tampoco cumplía los requisitos de esa normativa para acceder a la pensión
solicitada.
16. En relación con la solicitud de reajuste de la indemnización previamente reconocida,
el Tribunal señaló que el acto mediante el cual se efectuó dicho reconocimiento no fue
objeto de demanda. Además, indicó que la indemnización fue liquidada con base en el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral certificado por la Junta Médico Laboral, sin
que en el proceso se hubieran acreditado nuevos elementos que justificaran su
modificación.
17. Finalmente, la autoridad judicial de primera instancia se abstuvo de imponer condena
en costas al demandante, al considerar que ejerció razonablemente su derecho de acción
y no obró con temeridad ni mala fe.
Recurso de apelación
18. El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia al considerar que el fallo desconoció los derechos fundamentales a la salud, la
vida digna y la seguridad social, al no otorgar el reconocimiento de la pensión de
invalidez. Argumentó que las afecciones físicas y mentales que padece fueron adquiridas
durante la prestación del servicio en el Ejército Nacional y que estas le impedían ejercer
cualquier actividad laboral.
19. Sostuvo que el Tribunal no valoró adecuadamente el dictamen emitido por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez, el cual certificó una pérdida de capacidad laboral
superior al 75 %. Afirmó que dicho dictamen, aunque posterior al retiro, debía
considerarse válido como prueba pericial en los términos del Decreto 1352 de 2013, y
que no debía descartarse por el solo hecho de haber sido emitido por una entidad civil.
20. Insistió en que la Junta Médico Laboral del Ejército no incluyó todas las patologías
que lo aquejaban al momento del retiro, lo cual habría afectado de manera sustancial la
determinación del porcentaje de incapacidad. Añadió que el acto administrativo que negó
la pensión de invalidez debía anularse, ya que fue expedido sin una evaluación completa
y veraz de su estado de salud.
21. En relación con la indemnización recibida, manifestó que esta no fue reajustada
conforme al verdadero grado de pérdida de capacidad laboral y solicitó su modificación.
Por último, expresó que el Tribunal de primera instancia hizo una interpretación errónea
del acto administrativo demandado, al considerar que las actas de la Junta Médico
Laboral eran independientes y no conformaban un acto complejo con la resolución que
negó el reconocimiento pensional.
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Radicación: 41001-23-33-000-2016-00407-01 (4108-2022)
Demandante: Víctor Alfonso Ruiz Martínez
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
22. Mediante auto proferido el 13 de octubre de 2022 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el demandante.
23. Durante la oportunidad procesal, la parte demandada y el Ministerio Público
guardaron silencio.
24. Luego, en providencia del 26 de enero de 2023 se negó el decreto de pruebas
solicitadas en segunda instancia por el demandante.
III. CONSIDERACIONES.
Competencia
25. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias proferidas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.
Problema jurídico
26. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Huila incurrió en
un error al negar la pensión de invalidez y el reajuste de la indemnización, al considerar
que no se acreditó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral conforme con los
requisitos legales.
Análisis del problema jurídico
27. En el presente caso, la Sala confirmará la sentencia apelada, toda vez que el Tribunal
valoró adecuadamente las pruebas y aplicó correctamente las normas que rigen la
calificación de la capacidad psicofísica de los miembros de la Fuerza Pública. El dictamen
allegado por el actor no cumplió con los requisitos del artículo 228 del CGP y, por tanto,
carece de fuerza probatoria para desvirtuar el acto acusado, conforme se explica a
continuación.
28. El demandante prestó sus servicios en el Ejército Nacional por 7 años, 6 meses y 6
días, siendo retirado por solicitud propia el 28 de junio de 2012. La Junta Médica Laboral
en Acta 66620 del 7 de febrero de 2014 le realizó al señor Ruiz Martínez el examen de
capacidad psicofísica y le determinó una disminución de la capacidad laboral del 36.92
% con ocasión de una lesión ocurrida en el servicio activo.
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Radicación: 41001-23-33-000-2016-00407-01 (4108-2022)
Demandante: Víctor Alfonso Ruiz Martínez
29. La Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, mediante Resolución
179913 del 28 de julio de 2014, le reconoció al demandante una indemnización por
disminución de la capacidad laboral por la suma de $ 18.043.845.
30. Con el escrito de demanda, el actor aportó copia del Dictamen 5876 del 22 de julio
de 2015, expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, en el que
se le determinó una pérdida de capacidad laboral del 75.41 %. De dicho documento se
corrió traslado a la parte demandada, quien se opuso a su incorporación como prueba.
En audiencia de pruebas celebrada el 18 de octubre de 2017, el Tribunal decidió no tener
en cuenta dicho dictamen, por no cumplirse el requisito previsto en el artículo 228 del
CGP, toda vez que el perito citado no compareció a la diligencia. No se advierte que esta
decisión haya sido objeto de objeción o recurso por las partes.
31. El actor cuestionó que el Tribunal no hubiera valorado debidamente el dictamen
emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez ni que reconociera su validez
como prueba pericial conforme al Decreto 1352 de 2013. Además, reprochó que la Junta
Médico Laboral del Ejército no incluyera todas las patologías que lo afectaban al momento
del retiro, lo que incidió negativamente en la determinación del porcentaje de incapacidad
y, en consecuencia, en la negativa del reconocimiento pensional.
32. Ahora, de acuerdo con el artículo 19 del Decreto 094 de 1989, corresponde
exclusivamente a las autoridades médico-militares y de policía la calificación de la
capacidad sicofísica del personal de la Fuerza Pública. Esta competencia ha sido
reiterada por el artículo 14 del Decreto 1796 de 2000, que establece taxativamente cuáles
son dichas autoridades, incluyendo la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico-Laboral
de Revisión Militar y de Policía.
33. En cuanto a la pensión de invalidez, el Decreto 1796 dispuso que esta se reconoce
al personal uniformado cuando se acredite una pérdida de capacidad laboral igual o
superior al 75 % ocurrida en servicio, de acuerdo con el dictamen emitido por los
organismos médico-laborales. Sin embargo, dicha disposición fue modificada por el
numeral 3.5 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, que redujo el umbral mínimo al 50 %, y
estableció como criterio rector que el derecho a la pensión de invalidez debe surgir a
partir de esa proporción, determinada por los organismos competentes, teniendo en
cuenta criterios diferenciales según la causa de la afección.
34. En desarrollo de dicha ley, el Decreto 4433 de 2004 reglamentó la liquidación de la
pensión de invalidez según el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. No obstante,
su artículo 30 fue declarado nulo por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia del 28 de febrero de 2013 (Rad. 11001-03-25-000-2007-00061-00), al
considerar que el Ejecutivo excedió la habilitación legal al establecer como requisito un
porcentaje superior al 50 %. Posteriormente, en decisión del 23 de octubre de 2014 (Rad.
11001-03-25-000-2007-00077-01), esta misma Sección precisó el alcance del fallo y
declaró la nulidad del artículo en su integridad.
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Radicación: 41001-23-33-000-2016-00407-01 (4108-2022)
Demandante: Víctor Alfonso Ruiz Martínez
35. El Decreto 1157 de 2014, reiteró que la pensión de invalidez procede cuando los
organismos médico-laborales determinan una pérdida de capacidad laboral igual o
superior al 50 % ocurrida en servicio activo, y estableció los rangos porcentuales y bases
para su liquidación.
36. En este contexto normativo, el dictamen que califica la pérdida de capacidad laboral
constituye un presupuesto de hecho necesario para el reconocimiento de la pensión de
invalidez. En el régimen especial, corresponde emitirlo exclusivamente a la Junta Médico-
Laboral o al Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, conforme a los
decretos citados. No obstante, dentro de los procesos judiciales, los jueces pueden
disponer la práctica de una valoración pericial por parte de las Juntas Regionales de
Calificación de Invalidez, cuyas conclusiones deben ser valoradas como prueba pericial
conforme a las reglas del artículo 226 del CGP y los principios de sana crítica y libre
apreciación.
37. En el presente caso, aunque el demandante incorporó un documento denominado
“Dictamen 5876 del 22 de julio de 2015, expedido por la Junta Regional de Calificación
de Invalidez del Huila”, el a quo, le restó valor probatorio por inobservancia del trámite
previsto para su incorporación como prueba (artículo 228 del CGP), en particular por la
inasistencia del perito a la audiencia para efectos de contradicción y aclaración. En esas
condiciones, el referido dictamen carece de eficacia probatoria y, por ende, no puede
sustentar el reconocimiento pretendido.
38. En cuanto a la valoración emitida por la Junta Médico Laboral del Ejército, que según
el actor no incluyó todas las patologías que lo aquejaban al momento del retiro, la Sala
advierte que se le informó sobre la posibilidad de acudir al Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar para solicitar la revisión de dicha calificación. Sin embargo, según consta
en el expediente, aunque inicialmente solicitó esa revisión, posteriormente desistió, lo
cual fue aceptado mediante la Resolución 121 del 23 de octubre de 2014.
39. Al respecto, se recuerda que, si el actor pretendía controvertir la calificación emitida
por la Junta Médico Laboral, debía agotar el trámite ante el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar, órgano competente para su revisión, modificación o confirmación. Este
procedimiento no solo constituye el cauce legal previsto para impugnar
administrativamente dicha valoración, sino que también representa una manifestación del
principio de debido proceso en sede administrativa.
40. Igualmente, se recuerda que de manera excepcional es posible solicitar nuevas
valoraciones médicas cuando existan lesiones o afecciones surgidas con posterioridad al
dictamen inicial. Para ello, el interesado deberá acudir a los mecanismos establecidos en
el régimen especial aplicable a los miembros de la Fuerza Pública5.
5
Ver entre otras, las sentencias del 11 de noviembre de 2010, Rad. 41001-23-31-000-2010-00475-01 (AC);
10 de agosto de 2012, Rad. 19001-23-31-000-2012-00248-01 (AC); y del 20 de septiembre de 2019, Rad.
63001-23-33-000-2015-00062-01 (4491-16).
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Radicación: 41001-23-33-000-2016-00407-01 (4108-2022)
Demandante: Víctor Alfonso Ruiz Martínez
41. En cuanto al reajuste de la indemnización reconocida mediante la Resolución 179913
del 28 de julio de 2014, la Sala advierte que dicho acto no fue demandado. Al haberse
cuestionado únicamente el acto ficto, no es procedente emitir pronunciamiento alguno
sobre una prestación reconocida mediante acto administrativo diferente, que definió de
manera concreta la situación jurídica del actor6.
42. En consecuencia, frente al reproche del actor sobre la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social, la Sala
concluye que tales garantías fueron adecuadamente salvaguardadas mediante el
procedimiento de valoración de la capacidad psicofísica, el cual culminó en el
reconocimiento de una indemnización por disminución de la capacidad laboral mediante
la Resolución 179913 de 2014.
Condena en costas
43. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
44. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.
45. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
46. En consecuencia, en esta instancia se impondrán costas a la parte demandante, por
cuanto los argumentos de su recurso de apelación no prosperaron. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Huila.
6
Esta Subsección ha reiterado este criterio en asuntos de similares características, como en la sentencia
del 4 de septiembre de 2025, proferida dentro del expediente Rad. 18001-23-40-000-2016-00040-01 (1121-
2021).
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Radicación: 41001-23-33-000-2016-00407-01 (4108-2022)
Demandante: Víctor Alfonso Ruiz Martínez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 25 de enero de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante en esta instancia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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