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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00408-01

Fecha
8 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00408-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Huila, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2016-00408-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

8 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 41001-23-33-000-2016-00408-01 (3555-2023)
Demandante : Carlos Felipe Correa Sánchez
Demandada : Nación- Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Sanción disciplinaria con destitución e
inhabilidad general Policía Nacional
Decisión : Sentencia segunda instancia.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 22 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

El demandante, por conducto de apoderado, acude a la jurisdicción en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), para solicitar lo siguiente:

1.1. Pretensiones1.

Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos; (i) en los fallos
disciplinarios de 22 noviembre de 2013 y 16 de septiembre de 2014 y (ii) de la
Resolución 04978 de 27 de noviembre de 2014,

A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) condenar a la demandada al
reintegro inmediato en el cargo que estaba desempeñando o a uno de superior

1
Folios 2 a 4 expediente físico cuaderno 1.

Número Interno:3555-2023
Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional

jerarquía sin solución de continuidad; (ii) reconocer y pagar los salarios,
prestaciones salariales, asistenciales y sociales; (iii) eliminar el registro de la
anotación de la sanción; (iv) actualizar las sumas declaradas a su favor y (v)
condenar en costas y agencias en derecho.

Los hechos2 en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

Destaca que el 18 de junio de 2012, en la ciudad de Neiva, la señora Francie Enid
Lozada Lozada, azafata de la empresa Coomotor Florencia autobuses, puso en
conocimiento de las autoridades un procedimiento policial en el cual resultó
involucrado el actor en la inmovilización del vehículo y registro del mismo sin
informar a la central de radios de esta actividad, configurando la falta prevista en el
numeral 15 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006.

Como consecuencia de lo anterior, la Oficina de Control Disciplinario el 28 de julio
de 2012, inició apertura de investigación y posteriormente, el 5 de diciembre de ese
mismo año, ordenó la vinculación de indagación preliminar del actor y el 4 de marzo
dispuso la apertura de investigación disciplinaria con formulación de cargos en el
auto de citación de audiencia de proceso verbal.

Que la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento de Policía del Huila,
el 22 de noviembre de 2013, profirió fallo de primera instancia y lo declaró
disciplinariamente responsable, por lo cual le impuso la sanción de destitución del
cargo e inhabilidad general para el ejercicio de la función pública por el término de
10 años, al infringir la Ley 1015 de 2006 en los artículos 34 numeral 27 y 35 numeral
15, decisión que fue confirmada por el Inspector Delegado para la Región de Policía
el 16 de septiembre de 2014. Mediante Resolución 04978 del 27 de noviembre de
2014, la entidad ejecutó la sanción de retiro.

1.2. Normas violadas y concepto de violación3.

Constitución Política, artículo 29; Ley 734 de 2002, artículos 91, 129, 132, 150, 152,
163 y 170 y Ley 1015 de 2006.

2
Folios 4 a 6 expediente físico cuaderno 1
3
Folios 6 a 9 expediente físico cuaderno 1

Número Interno:3555-2023
Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional

Infracción de las normas constitucionales y legales. Establece que la oficina de
control interno decidió vincular al actor en la etapa preliminar de la investigación
mediante providencia de 5 de diciembre de 2012, por ello, asegura que la
demandada vulneró el debido proceso puesto que vinculación solo es procedente
en la etapa de investigación disciplinaria conforme lo previsto en el artículo 91 de la
Ley 734 de 2002.

Precisa que la decisión del 22 de noviembre de 2012, por medio del cual fue
sancionado por los comportamientos descritos en el numeral 15 del artículo 35
(primer cargo) y numeral 27 del artículo 34 (segundo cargo) de la Ley 1015 de 2006,
presenta irregularidades para establecer los criterios de la graduación de la sanción
vulnerando el artículo 40 de la precitada Ley, al establecer una inhabilidad general
cuando la conducta determina otro tipo de sanción.

Enfatiza que el proceso disciplinario vulneró el numeral 7 del artículo 163, por cuanto
no existe una sola prueba que permita observar el conocimiento y voluntad respecto
a la conducta investigada y calificada a título de dolo, además, no se evidenció su
participación en el supuesto operativo o procedimiento policial y además el único
medio de prueba es la testimonial que no es congruente y tiene inexactitudes que
genera dudas sobre la realización del procedimiento.

Precisa que la decisión del 22 de noviembre de 2012, por medio del cual fue
sancionado por los comportamientos descritos en el numeral 15 del artículo 35
(primer cargo) y numeral 27 del artículo 34 (segundo cargo) de la Ley 1015 de 2006,
presenta irregularidades para establecer los criterios de la graduación de la sanción
vulnerando el artículo 40 de la precitada Ley, al establecer una inhabilidad general
cuando la conducta determina otro tipo de sanción.

Violación manifiesta de los derechos fundamentales. Considera que, en el auto
de vinculación de la etapa de investigación preliminar desconoció el derecho de
defensa y contradicción, pues se ordenó correr traslado de pruebas, pero este fue
limitado por el término de tres días, determinación que vulneró los artículos 90 y 92
de la Ley 734 de 2002.

Que la actuación probatoria del 29 de noviembre de 2012 fue expedida con falsa
motivación y con irregularidades sustanciales al decretar pruebas de oficio dirigidas

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Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
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a la visita especial del sitio de los hechos con registro del vehículo y la recepción de
una prueba testimonial donde se invocó el artículo 132 de la Ley 734 de 2002, que
permite a los sujetos procesales aportar y solicitar pruebas, sin embargo, para dicha
etapa no habían sujetos procesales comoquiera que se iniciaba la averiguación de
los responsables.

Asegura que el operador disciplinario, cuando citó a la señora Francy Enid Losada,
para que participara en la visita especial decretada, vulneró el debido proceso pues
permitió la intervención de la quejosa en dicha etapa, cuando la Ley solo le permite
presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, aportar las pruebas que
tenga en su poder y recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Precisando
que no existe norma en el proceso disciplinario que faculte al investigador para
autorizar la participación del quejoso en la práctica de las pruebas decretadas en la
actuación.

Expone que, en la visita especial y los testimonios practicados, sirvieron para
identificar los posibles autores de la falta y la decisión de vincularlo al proceso
disciplinario la cual estaba tomada antes de proferir el precitado auto de pruebas,
con ello se vulneró los derechos al debido proceso y el de contradicción.

Precisa que el auto de fecha 4 de enero de 2013, por el cual se decretó como prueba
una visita especial a los libros que se llevaban en el cuadrante 15 para el mes de
junio de 2012, el operador disciplinario motivó «falsamente o incurre en un error jurídico
cuando en sus considerandos invoca el artículo 132 de la ley 734 de 2002 y posteriormente en el
resuelve de la providencia se indica que la prueba es decretada de oficio. Cuál de los sujetos
procesales solicitó la prueba, cuál de ellos manifestó que esa visita especial era conducente,
pertinente, útil o necesaria. Cuál es el propósito de la oficina de asuntos disciplinarios de ordenar
pruebas de oficio bajo el argumento o fundamentación de petición probatoria por parte de los sujetos
procesales.» Además, la citada actuación ordenó comunicar a los sujetos procesales

para que ejerzan el derecho de defensa y contradicción, pero en el expediente no
existe ningún oficio que permita establecer que los policiales fueron informados de
la fecha y hora en que se realizó la visita.

Finalmente, la entidad demandada incumplió el artículo 129 de la Ley 734 de 2002,
pues el operador no investigó con igual rigor lo favorable como lo desfavorable. Sólo
existe una prueba con muchos vicios que respalda el soporte de la acusación y del
fallo, las demás pruebas testimoniales, documentales, técnicas y visitas especiales,

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Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional

no determinan su responsabilidad, además, vulneró también el artículo 142 CDU,
pues no hay certeza de ella, y existen dudas y falta de soporte probatorio, por lo que
se debió acudir al principio de presunción de inocencia.

2. Contestación de la demanda4.

Corrido el traslado de la demanda el Ministerio de Defensa – Policía Nacional
contestó en los siguientes términos:

Se opuso a las pretensiones de la demanda y refiere que la decisión disciplinaria se
desarrolló con sujeción a las normas que regulan la actuación con el pleno respeto
de los derechos del investigado, por cuanto el retiro fue ordenado por funcionario
competente y con la expedición de actos administrativos ajustados a derecho.

Precisa que la investigación disciplinaria se basó en los hechos acaecidos el 18 de
junio de 2012, fecha en que los señores patrulleros Montenegro Benavides y Correa
Sánchez integrantes de la Policía de Neiva, realizaron un procedimiento policial al
vehículo de la empresa Coomotor de placas WRD -365 pues presuntamente
transportaba al interior estupefacientes, y para ello, realizaron el trasbordó de los
pasajeros y luego el vehículo fue llevado al parqueadero inversiones Flor Huila,
lugar donde se practicó el registro, actuación que no contó con comunicación al
interior de la institución; por lo tanto, los disciplinados configuraron la conducta
disciplinaria establecida en el numeral 15 artículo 35 y numeral 27 del artículo 34 de
la Ley 1015 de 2006; además, de las pruebas arribadas al proceso se logró
determinar la responsabilidad disciplinaria por la cual fue retirado del servicio activo
el accionante.

Propone como excepciones las que denominó como falta de competencia,
inexistencia de vicios de nulidad, cosa juzgada, innominada o genérica.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia proferida el 1 de septiembre
de 2022, negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas por
considerar:

4
Folios 453 a 462 expediente físico cuaderno 3

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Respecto a la inconformidad del actor sobre la vinculación en la etapa de
investigación preliminar, consideró que, si era posible realizar la vinculación en dicha
etapa, pues de la prueba testimonial y la visita realizada se identificaron plenamente
los presuntos responsables de la comisión de la falta disciplinaria y en ese sentido,
no acogió los argumentos del demandante referente a la improcedencia de la
vinculación en la etapa temprana del proceso disciplinario.

En cuanto al reproche de la imputación fáctica y su relación con la imputación
jurídica en el pliego de cargos discutida por el demandante, verificó que la conducta
disciplinaria consistió en haber dejado su lugar de facción sin autorización el día 1
de junio de 2012, para realizar un procedimiento policial en otro sector que no le
correspondía atender, sin haber efectuado el oportuno reporte al radio a sus
superiores, por lo tanto, encuentra satisfechos los requisitos sustanciales para
proferir el aludido pliego de cargos, conducta que se adecuó acertadamente en las
faltas previstas en los artículos 34-27 y 35-15 de la Ley 1015 de 2006 que realizan
la descripción típica y la imputación jurídica, lo cual permitió al disciplinado ejercer
su derecho de defensa y contradicción en debida forma; y el reproche del
demandante referente a que la conducta investigada no era clara y que los cargos
formulados no guardaban congruencia, tampoco fue acogida.

Acerca de la prueba de culpabilidad a título de dolo reprochada por el actor, advirtió
que el disciplinado, se encontraba en la obligación de conocer, «previo a los hechos
reprochados, el deber que permanecer en su sitio de facción (cuadrante 6 de la ciudad de Neiva) y
la prohibición de ausentarse del mismo sin previa autorización de sus superiores y más si de realizar
un procedimiento policial en otra zona se trataba (cuadrante 15) de manera obro de manera
consciente y voluntaria.» Además, que le asistía el deber de informar al radio y a sus

superiores, el procedimiento realizado, pese a lo cual decidió no hacerlo ni
consignarlo en la minuta que se lleva para el reporte de las actuaciones adelantadas
en su turno, realizando la conducta de manera personal y directa lo que permitió
calificar la culpabilidad a título de dolo.

Que el actor tenía conocimiento previo de la ilicitud de la conducta, pues en la
versión libre como en el escrito de descargos señaló «yo tengo claros los límites y la
jurisdicción del cuadrante seis al cual laboro”, lo cual permite advertir que el investigado era
conocedor de la prohibición de abandonar su lugar de prestación del servicio sin previa autorización
de sus superiores y por ello, decidió por sí y ante sí, libremente, abandonarlo e incurrir en dichas
conductas, sin que sean de recibo los argumentos que en sentido contrario esgrimió el demandante.»

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Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
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La graduación de la sanción impuesta al actor de destitución e inhabilidad general
de 10 años, correspondió a la conducta probada y calificada en el proceso como
falta gravísima a título de dolo conforme lo previsto en el artículo 40 numeral 2 literal
a), sin que se presente una disminución de la sanción menos grave como busca el
demandante.

Refirió sobre la supuesta mezcla de procedimientos que alude el actor, consistió en
una imbricación del proceso ordinario al verbal, lo cual se encuentra avalado y
permitido por la Ley, sin advertir causal alguna de nulidad en dicho trámite; en igual
sentido, expuso sobre la supuesta violación de los derechos fundamentales al
debido proceso y al de defensa.

4. Recurso de apelación.

La parte demandante en la oportunidad procesal interpuso recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia, solicitando se revoque, por considerar
lo siguiente:

Insiste que el proceso disciplinario inició con una indagación preliminar en
averiguación de los responsables, según el auto fechado 28 de julio de 2012;
posteriormente, la Oficina de Control Disciplinario de la Policía del Departamento
del Huila, mediante providencia calendada 5 de diciembre de 2012 resolvió
vincularlo en dicha etapa y por ello infringió las normas legales y constitucionales
que debió desarrollar en toda la actuación disciplinaria, pues la figura invocada no
está permitida en el derecho disciplinario en la etapa de indagación preliminar.

Destaca que los actos acusados no cumplen los presupuestos descritos en el
artículo 163 ejusdem, al formular dos cargos, el primero de ellos el descrito en el
numeral 15 del artículo 35 de la ley 1015 de 2006 y en el numeral 27 del artículo 34
ibídem, pues se le atribuyó al demandante una conducta a título de DOLO, pero en
el expediente no existe una sola prueba que permita observar el conocimiento,
preparación, ejecución la conducta investigada.

Adicionalmente, vulneró el principio de congruencia en materia disciplinaria, pues
acusó por dos comportamientos y si bien en la parte resolutiva del fallo se
mencionaron las dos conductas, la sanción impuesta sólo procede para las faltas

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Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional

gravísimas a título de dolo, pues la destitución y la inhabilidad general no proceden
para las faltas graves dolosas, así las cosas, la Policía Nacional vulneró sus
derechos, por cuanto no podía variar la tipificación de la conducta haciendo más
más grave su situación, lo que va en contra del principio de «non reformatio in
pejus.»

Precisa que la autoridad demandada vulneró el derecho de defensa y contradicción,
cuando fue vinculado en la etapa preliminar, pues «ordenó correr traslado de las pruebas
recaudadas en dicha etapa, ese derecho se vio limitado por el despacho cuando determinó que el
término de traslado era únicamente por tres (3) días para pedir la aclaración, ampliación o adición
de algún medio probatorio, ya que en ninguna norma que regula el régimen probatorio en el proceso
disciplinario se habla de ese traslado y mucho menos por ese término», afectando su derecho

de contradicción.

Asegura que el operador disciplinario no investigó con igual rigor lo favorable como
lo desfavorable, “sólo le bastó una prueba -con muchos vicios- para soportar una cuestionable
acusación e ilegal fallo, máxime si se tiene en cuenta que las testimoniales, documentales, técnicas
y visitas especiales realizadas, no se puede determinar la responsabilidad (…)”. Pues no existía

certeza y por ello, debió acudir al principio de presunción de inocencia a su favor
por duda razonable.

3. Tramite segunda instancia5.

En auto del 28 de junio de 2023, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por
el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De igual forma, según

5
Índice 0005 expediente Samai

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Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional

el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)6, en esta instancia se emitirá
pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problemas jurídicos.

Corresponde a la Sala establecer si revoca sentencia de 22 de noviembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la
demanda interpuesta por el señor Carlos Felipe Correa Sánchez en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para ello la Sala estudiara lo
siguiente:

1. ¿La autoridad disciplinaria vulneró el debido proceso del actor por vincularlo en
el transcurso de la etapa de indagación preliminar y conceder el término de tres días
para pronunciarse de las pruebas decretadas con anterioridad?

2. ¿Los fallos disciplinarios no cumplen con los presupuestos del artículo 163 de la
Ley 734 de 2002, al atribuirle al actor la conducta a título de dolo sin que exista
medio de prueba para endilgar dicha conducta?

3. ¿La actuación disciplinaria vulneró el principio de congruencia al sancionar al
demandante por dos comportamientos y variar la tipificación de la conducta que hizo
más grave su situación y con ello afectó el principio de la non refomatio in pejus?

4. ¿La actuación disciplinaria vulneró la presunción de inocencia del actor al no
existir certeza que haya realizado la conducta por la cual fue sancionado?

Para desatar los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1.
Régimen disciplinario de la Policía Nacional, 2.2. Proceso Verbal Disciplinario. 2.3.
La actuación disciplinaria y 2.4. caso concreto.

2.1. Régimen disciplinario de la Policía Nacional.

6
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia”.

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Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
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La Constitución Política establece que la fuerza pública está integrada por las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional (artículo 216). Posteriormente, define la
institución policial como un cuerpo armado permanente de naturaleza civil cuyo fin
fundamental es la conservación del ejercicio de los derechos y libertades de los
habitantes en nuestro territorio nacional, por último, el (artículo 218) facultó al
legislador para determinar los regímenes disciplinarios especiales de dichos
servidores del Estado.

En virtud de lo anterior, el legislador expidió la Ley 1015 de 2006 por medio de la
cual fijó el régimen disciplinario de la Policía Nacional y el artículo 23 establece que
son destinatarios: “(…) el personal uniformado escalafonado y los Auxiliares de Policía que estén
prestando servicio militar en la Policía Nacional; aunque se encuentren retirados, siempre que la falta
se haya cometido en servicio activo”; el artículo 58 precisa que el procedimiento aplicable

a los sujetos pasivos del régimen disciplinario de la institución será el establecido
en la Ley 734 de 2002, o la norma que la modifique.

En conclusión, las autoridades disciplinarias, en las actuaciones que adelanten
contra los destinatarios de la Ley 1015 de 2006, la cual rige como normativa
sustancial y la Ley 734 de 2002 determina el campo procesal.

2.2. Proceso verbal disciplinario.

La Ley 734 de 2002, en el artículo 175 estableció el proceso verbal como un trámite
expedito con el finde verificar la responsabilidad del servidor público cuando se
cumplan los siguientes requisitos:

CAUSALES DE APLICACIÓN DEL PROCESO VERBAL DISCIPLINARIO
ARTÍCULO 175 INCISO 1 LEY 734 DE 2002. Sorprendido en el momento de la comisión de
la falta o con elementos, efectos o instrumentos
que provengan de la ejecución de la conducta.
Cuando haya confesión
Faltas leves
ARTÍCULO 175 INCISO 2 LEY 734 DE 2002 Faltas Gravísimas contempladas en el artículo
48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57,
58, 59 y 62 de esta ley
ARTICULO 175 INCISO 3 LEY 734 DE 2002 En todo caso, cualquiera que fuere el sujeto
disciplinable, si al momento de valorar sobre la
decisión de apertura de investigación
estuvieren dados los requisitos sustanciales

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para proferir pliego de cargos se citará a
audiencia.

De lo expuesto se tiene que, en las situaciones de flagrancia, confesión, falta leve y
gravísima están definidas para adelantar el proceso verbal, no obstante, se advierte
del inciso tercero del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, que si al momento de
decidir sobre la procedencia de la apertura de investigación la autoridad advierte
que se encuentran los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos deberá
citar audiencia.

El artículo 177 ibidem, establece que calificado el procedimiento aplicar, el
funcionario citará al presunto responsable para que el término de 2 días, rinda
versión la cual puede ser verbal o escrita y el investigado en esta audiencia podrá
aportar y solicitar pruebas las cuales podrán ser practicadas en la misma diligencia
y dentro del término improrrogable de tres días, si fueren conducentes y pertinentes,
en el caso que no se puedan realizar se suspenderá la audiencia por el término
máximo de 5 días y se fijará fecha para la práctica de las pruebas.

Concluidas las intervenciones se procederá verbal y motivadamente a emitir el fallo,
diligencia que se podrá suspender, para luego proferir decisión en el término de 2
días siguientes (artículo 178 del CDU), contra la decisión de primera instancia
procede recurso de apelación que se interpondrá y sustentará en la misma diligencia
o por escrito dentro de los dos días siguientes.

2.3. La actuación disciplinaria.

2.3.1. El 5 de diciembre de 2012, la Oficina de Control Disciplinario Interno DEUIL,
vinculó formalmente a la indagación preliminar conforme los términos del artículo
150 de la Ley 734 de 2002, a los señores patrulleros Joan Manuel Montenegro
Benavides, Carlos Felipe Correa Sánchez, Julio Cesar Serrato Torres y Carlos
Andrés Villareal Prada, respecto a la queja interpuesta por la señora Francie Enid
Lozada Lozada el día 18 de junio de 2012, «quien laboraba como azafata del vehículo bus,
afiliado a la empresa de Coomotor, placas WRD-365, de servicio público y cubría la ruta Florencia –
Bogotá, siendo las 01:00 de la madrugada del día 19 junio de 2012, a la altura de la planta Postobón
en la ciudad de Neiva, personal de la Policía Nacional les hicieron el pare al vehículo con el fin de
realizar un registro, argumentando que se tenía información que el vehículo transportaba sustancias
ilegales (coca) […]»

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2.3.2. La Oficina de Control Disciplinario DEUIL, el 4 de enero de 2013 profirió «auto
por medio del cual decreta prueba de oficio en etapa procesal diferente a descargos (arti (sic) 90,
92. 4, 93 y 132 de la ley 734 de 2002)» por medio de la cual ordena de oficio la visita

especial a los libros que se llevaban en el cuadrante 15 para el mes de junio de
2012, diligencia agendada para el día 10 de enero de 2013 a las 15:00 horas en las
instalaciones del CAI Timanco.

2.3.3. El 4 de marzo de 2013 la Oficina de Control Disciplinario Interno del
departamento de Policía del Huila, profirió auto por medio del cual citó a audiencia
mediante procedimiento verbal por la presunta comisión de la falta disciplinaria
desplegada por los patrulleros; Joan Manuel Montenegro Benavides, Carlos Felipe
Correa Sánchez, Julio Cesar Serrato Torres y Carlos Andrés Villareal Prada, «los
cuales el día 19 de junio del año 2012, se encontraban ejerciendo funciones propias que el cargo le
imponía, como lo fuera integrante del cuadrante síes y quince de la estación de Policía de Neiva,
razón por la cual debía conocer todo procedimiento policial realizado durante su turno de servicio,
para el caso en investigación el procedimiento realizado al vehículo bus afiliado a la empresa
Coomotor Florencia, identificado con las placas WRD-365 procedimiento que demoró más de una
hora y la central de radio no tuvo conocimiento del mismo.»

En la citada actuación la entidad demandada formuló pliego de cargos7 en contra
de Carlos Felipe Correa Sánchez, por lo siguiente:

«PRIMER CARGO: Ley 1015 de 2006, Título VI, de las Faltas y Sanciones Disciplinarias,
Capítulo I, Clasificación y Descripción de las Faltas, artículo 35 Faltas Graves, numeral 15
“Dejar de informar, o hacerlo con retardo, los hechos que deben ser llevados a
conocimiento del superior por razón del cargo o servicio»”

[…]

«CARGO SEGUNDO: Ley 1015 de 2006, Título VI, de las Faltas y Sanciones
Disciplinarias, Capítulo I, Clasificación y Descripción de las Faltas, artículo 34 Faltas
Gravísimas, numeral 27 “ausentarse del lugar de facción o sitio donde preste su servicio
sin permiso o causa injustificada.»

2.3.4. La Oficina de Control Disciplinario Interno del departamento de Policía del
Huila, el 21 de marzo de 2013, desarrolló la audiencia del proceso verbal
disciplinario adelantado en contra del señor patrullero Carlos Felipe Correa Sánchez
quien manifestó «[…]voy ejercer la defensa de manera personal” y rindió versión libre.»

7
Folios 306 a 370 cuaderno físico expediente administrativo.

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Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional

2.3.5. El 22 de noviembre de 2013, la Oficina de Control Disciplinario Interno del
departamento de Policía del Huila, profirió fallo de primera instancia8 en contra de
los investigados, por el cual sancionó con destitución e inhabilidad al actor por el
término de 10 años, por lo siguiente:

«ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable a los señores patrulleros […] Carlos
Felipe Correa Sánchez […] como consecuencia de ello imponerles el correctivo
disciplinario de DESTITUCIÓN DEL CARGO E IHNABILIDAD GENERAL PARA EL
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA POR UN TÉRMINO DE (10) AÑOS por
encontrarlos responsables de trasgredir la Ley 1015 de 2006 en sus artículos 34 que
trata sobre las faltas gravísimas, en su numeral 27 “ausentarse del lugar de facción […]
sin permiso […] cometida a título de DOLO y 35 que trata sobre las faltas graves, en
su numeral 15 “Dejar de informar […] los hechos que deben ser llevados a conocimiento
del superior por razón del […] servicio” cometida a título de dolo tal como quedó
demostrado en la parte motiva del presente proveído.»

2.3.5. El 16 de septiembre de 2014, la Inspección Delegada Dos de Policía, no
accede a las pretensiones del actor y decide confirmar el correctivo disciplinario de
primera instancia que lo sanciona con destitución e inhabilidad de 10 años.

2.4. Caso concreto.

El señor Carlos Felipe Correa Sánchez, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho pretende la nulidad de los fallos disciplinarios
proferidos por la Oficina de Control Disciplinario Interno del DEUIL y la Inspección
Delegada Dos de Policía, mediante los cuales le impuso sanción de destitución e
inhabilidad por el término de 10 años, al hallarlo responsable de las faltas
disciplinarias contenidas en la Ley 1015 de 2006, en los artículos 34 numeral 27 y
35 numeral 15 «cometidas a título de dolo.»

En la actuación administrativa adelantada por la autoridad disciplinaria de la Policía
Nacional, comprobó que el señor patrullero «CARLOS FELIPE CORREA SÁNCHEZ, le
correspondía para la fecha 19/06/2012 entre las 01:00 a 01:30 horas, permanecer realizando las
labores funcionales dentro de su cuadrante de responsabilidad, cuadrante seis […] como se ha
soportado en el primer cargo que salió de la jurisdicción hacía el cuadrante quince donde realizó el
procedimiento al vehículo tipo bus, de placas WRD-365 afiliado a la empresa de Coomotor Florencia,
siendo visto por la señora FRANCIE ENID LOZADA LOZADA quien era azafata del vehículo […]
procedimiento éste que entre otros quedó calificado de irregular en el entendido que se practicó bajo
la figura del ocultamiento […] e inclusive no lo dio a conocer a la central de radio de comunicaciones
ni a sus superiores […]»”

8
Folio 42 a 122 expediente físico cuaderno principal tomo I

Número Interno:3555-2023
Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional

El Tribunal Administrativo del Tolima, negó las pretensiones al considerar: (i) que
no existió violación de la autoridad disciplinaria al vincular al actor en la etapa de
indagación preliminar por cuanto de la prueba testimonial y la visita realizada se
identificaba plenamente los presuntos responsables; (ii) consideró que la imputación
fáctica y jurídica del pliego de cargos cumplió los requisitos sustanciales sin advertir
violación de los derechos alegados por el demandante; (iii) la culpabilidad calificada
a título de dolo se comprobó la infracción de los deberes funcionales y la ilicitud de
la conducta del actor al no permanecer el lugar de facción y ausentarse sin
autorización y no informar por radio a los superiores del procedimiento realizado; y
(iv) respecto a la graduación de la sanción de destitución e inhabilidad general de
10 años corresponde a la calificada con ocasión a la falta gravísima dolosa
debidamente comprobada.

Inconforme con la decisión de primera instancia el actor presentó los siguientes
reparos: (i) asegura que en la etapa de indagación preliminar se infringió las normas
legales y constitucionales al utilizar la figura de vinculación en dicha etapa inicial; (ii)
precisa que los actos acusados no cumplen con los presupuestos del artículo 163
del CDU para formular cargos, por cuanto no existe prueba sobre la conducta
disciplinaria indilgada descritos en numeral 15 del artículo 35 y numeral 27 del
artículo 34 de la Ley 1015 de 2006; (iii) expone que los actos demandados
vulneraron el principio de congruencia y la decisión varió la tipificación de la
conducta por una más grave afectando el principio de la non refomatio in pejus; (iv)
el traslado de las pruebas ordenadas y practicadas sin citación del investigado en
la etapa de indagación preliminar vulneró el derecho de defensa y contradicción; y
(v) la actuación disciplinaria vulneró la presunción de inocencia por cuanto no se
investigó con igual rigor lo favorable, más cuando no existía certeza de la conducta.

Establecido lo anterior, la Sala a continuación procederá a resolver los cargos
indicados en el recurso de apelación relacionados con los problemas jurídicos bajo
análisis. Así:

¿La autoridad disciplinaria vulneró el debido proceso del actor por vincularlo
en el transcurso de la etapa de indagación preliminar y conceder el término
de tres días para pronunciarse de las pruebas decretadas con anterioridad?

Número Interno:3555-2023
Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional

Insiste el actor que la Oficina de Control Disciplinario de la Policía del Departamento
del Huila el 28 de julio de 2012, inició apertura de indagación preliminar para
establecer los presuntos responsables y posteriormente, en providencia de 5 de
diciembre de ese mismo año, decidió vincularlo, con ello infringe las normas legales
y constitucionales.

Destaca que la figura de la vinculación al proceso disciplinario es procedente
únicamente en la etapa de Investigación Disciplinaria, conforme lo dispone el
artículo 91 de la Ley 734 de 2002 y el legislador no previó dicha figura en la etapa
de indagación preliminar, pues identificados los presuntos responsables de los
hechos investigados, la autoridad debió proferir el auto de apertura de investigación
disciplinaria.

De acuerdo a la inconformidad del actor sobre la vinculación en la etapa de
indagación preliminar y el traslado de pruebas, es preciso señalar que, la potestad
disciplinaria es una acción pública [art. 68 Ley 734 de 2002] la cual se puede iniciar
de oficio, por informe servidor público y/o queja formulada por cualquier persona
[artículo 69 ibidem].

En ese sentido, para efectos de establecer la certeza de la información
proporcionada en el informe o en la queja el operador disciplinario emplea una labor
de evaluación con el fin de establecer la existencia o no de la falta disciplinaria y del
presunto responsable o responsables, por ello, el legislador en la Ley 734 de 2002,
estableció una etapa previa al juicio disciplinario denominada indagación preliminar,
que inicia con el auto de apertura de indagación preliminar, esto cuando se presente
duda sobre los hechos, autores o autor de la conducta disciplinaria, [ocurrencia,
identificación, individualización del autor artículo 150 del CDU] estanco procesal que
tendrá una duración de seis meses, salvo cuando se presente violación a los
Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario.

Respecto a la etapa de indagación preliminar la Corte Constitucional en sentencia
036 de 2003, precisó que: «[…] es de carácter eventual y previa a la etapa de investigación,
pues sólo tiene lugar cuando no se cuenta con suficientes elementos de juicio y, por lo tanto, existe
duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria; por consiguiente dicha indagación tiende
a verificar, o por lo menos establecer con cierta aproximación, la ocurrencia de la conducta, si ella
es constitutiva o no de falta disciplinaria y la individualización o la identidad de su autor […]»

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Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
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Por su parte el artículo 74 ídem, determina el factor de la competencia de las
autoridades para ejercer la potestad disciplinaria que se establecerá: «teniendo en
cuenta la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la
falta, el factor funcional […]» además, en los casos conexidad «cuando un servidor público
cometa varias faltas disciplinarias conexas, se investigarán y decidirán en un solo proceso [art. 84
ibidem], de ahí se puede establecer que el sujeto disciplinable debe ser investigado

por funcionario competente y con la observancia formal y material de la ritualidad
de este tipo de proceso [ art. 6 ].

Ahora bien, el operador disciplinario debe guiar su actuación con prevalencia de la
justicia, la efectividad del derecho sustantivo y la búsqueda de la verdad material y
el cumplimiento de los derechos y garantías de los intervinientes. [Art. 20]. Además,
en lo no previsto, permite al funcionario dar aplicación al principio de integración
normativa, para ello, el artículo 21 previó: «[E]n la aplicación del régimen disciplinario
prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley y en la Constitución Política. En lo no
previsto en esta ley se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos y los
convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los códigos
Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo que no
contravengan la naturaleza del derecho disciplinario.» Lo anterior, permite establecer que el

proceso disciplinario, tiene como finalidad permitir todas garantías al investigado
que se respete en toda la actuación el derecho al debido proceso.

De acuerdo con la inconformidad del actor por la vinculación realizada en la etapa
de indagación preliminar se identificarán las actuaciones realizadas por la entidad,
para así confrontar si la actuación realizada vulneró los derechos del aquí
demandante.

La señora Francy Enith Lozada Lozada el día 20 de junio de 2012, formuló queja la
cual fue radicada mediante formato OAC 1 recepción parte 1, de la oficina de
atención al ciudadano del Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional
departamento de Policía Huila, en la cual indicó:

«Nosotros salimos con una ruta de Florencia a Bogotá en un bus grande de
TRAVESIAS de la empresa COOMOTOR FLORENCIA, de placa WDR 365, color
blanco azul, con capacidad de 36 pasajeros, de cuyo viaje venían 29 de pasajeros,
salimos de Florencia a las 07:30 pm, con destino a Bogotá llegando a Neiva a las 01:30
am, en el sitio conocido POSTOBON a la entrada de Neiva, nos hicieron el pare cuatro
policías, uniformados con motos de la policía, no habían conos ni una valla que dijera
control ni nada, en el cual nos dijeron que le iban hacer una requisa al carro porque
venía con droga, nos hicieron trasbordar los pasajes allí en el sitio a otro carro para que

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Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
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siguieran la ruta donde iban, nos dijeron que se iban a llevar el carro para el
parqueadero de la sijin, pero nunca fue así, en el sitio pide observar los nombre (sic)
de tres de los cuatro policiales que nos habían parado y que estaban allí en el sitio
patrullero Carlos Zambrano Patrullero Joan Montenegro patrullero Felipe Correa
patrullero Serrato, de los cuales dos de ellos se fueron del sitio y los otros dos patrullero
Zambrano y Serrato nos llevaron fue a un parqueadero común y corriente ubicado en
el barrio TIMANCO en la zona industrial cerca de la estación biomax, ahí nos tuvieron
hasta las 04:30 am haciéndole requisa, revisando el carro para ver cuál era la droga
que llevaba, la cual no encontraron nada […]»

En oficio de 3 de julio de 2012, el jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano remitió
la queja presentada por la señora Francy Enid Lozada Lozada a la Oficina de
Control Interno Disciplinario, quien mediante auto del del 28 de julio de 2012, ordenó
indagación preliminar de carácter averiguatorio con el fin de determinar la
responsabilidad por parte de algún policial en los hechos objeto de queja, para ello,
indicó:

«Notifíquese el auto de apertura de investigación preliminar radicada P-DEUIL- 2012-
108, en el momento que sea vinculado si el presunto autor, quien podrá rendir versión
libre y espontánea hasta antes del fallo de primera instancia.

Además de la versión libre ordénese la práctica de las siguientes pruebas.

TESTIMONIALES:

1. Escuchar a la señora Francy Enid Lozada Lozada, en diligencia de ratificación y
ampliación de la queja,
2. Escuchar al señor Cesar Augusto Bohórquez Suarez, en diligencia de declaración.
[…]
DOCUMENTALES:

1. Solicitar fotocopia (Autenticada por duplicado) de los libros donde se encuentren
anotaciones respecto a los hechos materia de investigación.
2. Solicitar a Postobón copia de las cámaras de seguridad donde se visualice el
procedimiento realizado al vehículo Coomotor.
[…]»

El 22 de agosto de 2012, la Oficina de Control Disciplinario Interno del DEUIL realizó
la diligencia de ratificación y ampliación de la queja de la señora Fancie Enid Lozada
Lozada, en la cual ratificó la queja presentada el día 20 de junio de 2012, donde se
destaca:

[…] PREGUNTADO. Manifieste al despacho, de qué manera identificó usted los
Policías Carlos Zambrano, Joan Manuel Montegro (sic) Benavides, Felipe Correa y
Serrato, todos los patrulleros según se afirma en su queja. CONTESTÓ. Carlos
Zambrano y Serrato fue los apellidos que escuché en el parqueadero y Felipe Correa
lo distinguí en razón que fue el novio de mi prima y Joan Montenegro Benavides que
es el compañero de él […]

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Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
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Seguidamente, el órgano de control disciplinario escuchó el testimonio del señor
Cesar Augusto Bohórquez Suarez, conductor del vehículo tipo bus de placas WRD-
365 de la empresa Coomotor, el día de los hechos 19 de junio de 2012 que fue
objeto de operativo por parte de miembros de la policía, y en la diligencia precisó:

«PREGUNTADO. Manifieste al despacho, las características físicas de los policiales
que hicieron el pare y registro al vehículo. CONTESTO. Hubo dos que no se quitaron
el casco casi para nada y el otro tenía medio puesto y el cuarto si era cari redondo,
bajito, trigueño en esa noche tenía un ojo morado, PREGUNTADO. Manifieste al
despacho, si en el momento del procedimiento de registro al vehículo o en el tiempo
que estuvieron los policiales, escucho nombrar algún apellido o nombre. CONTESTÓ.
La persona que registraba el vehículo que no tenía casco, llamo a otro por el apellido
SERRATO.PREGUNTADO. Manifieste al despacho, si durante el registro del vehículo
le fue dañado alguna parte del mismo, CONTESTÓ. No dañaron nada, lo que si se
perdió fue $10.000.000 millones de posos (sic) cuando ya empezamos a organizar que
nos dimos cuenta que no estaban ahí. […] »

La Oficina de Control Disciplinario Interno DEUIL, en auto del 29 de noviembre de
2012, decretó prueba de oficio que denominó «visita especial» al recorrido realizado
por el bus de Coomotor Florencia, desde el lugar donde fue realizado el pare hasta
el lugar donde se efectuó el registro, para lo cual citó a la señora Francy Enid Lozada
Lozada a dicha diligencia.

Mediante auto del 5 de diciembre de 2012, la autoridad disciplinaria vinculó al
trámite de indagación preliminar a un personal de la policía como presuntos
responsables de la comisión de la falta conforme a lo resultados obtenidos en las
pruebas decretadas, en el cual determinó:

«RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Vincular formalmente a la INDAGACIÓN PRELIMINAR
radicada bajo el número P- DEUIL -2012-108, los términos del artículo 150 de la Ley
734 de 2002, a los Señores Patrulleros JOAN MANUEL MONTENEGRO BENAVIDEZ,
[…] CARLOS FELIPE CORREA SANCHEZ […] CESAR SERRATO TORRES […] y
CARLOS ANDRES VILLAREAL PRADA […]

[…]

ARTÍCULO TERCERO: Si es deseo de los investigados, escucharlos en diligencia de
versión libre y espontanea.

ARTÍCULO CUARTO: Para tal efecto, líbrense las respectivas comunicaciones,
indicando la decisión tomada, la fecha de la providencia y córrase traslado a los
investigados, de las pruebas hasta el momento recaudadas por el término de tres (3)
días para que soliciten su aclaración, ampliación o adición».

Número Interno:3555-2023
Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional

De acuerdo con lo anterior, la autoridad disciplinaria en el ejercicio de la acción
disciplinaria inició apertura de indagación preliminar con el fin de establecer los
hechos y los responsables, los cuales fueron señalados inicialmente por la quejosa
con los respectivos nombres, no obstante, la autoridad disciplinaria, de oficio,
practicó unas pruebas que permitieran tener certeza sobre las personas
denunciadas, por lo que ordenó y practicó pruebas testimoniales, documentales y
actuaciones determinantes para vincular a los implicados de la presunta conducta.

Así las cosas, la vinculación posterior al auto de indagación preliminar del
demandante, no origina ninguna causal de nulidad de la actuación disciplinaria,
pues si bien, dicha etapa tiene por propósito identificar los presuntos responsables
o los posibles hechos de reproche sancionatorio, no es de menos, que la entidad
durante esta etapa, al advertir sobre los posibles infractores, los vinculó para que
ejercieran el derecho de defensa en esa etapa, además con la posibilidad de ser
escuchados en diligencia de versión libre y se pronunciaran de las pruebas
practicadas con anterioridad por el término de tres días, aspectos procesales que
no afectaron la garantías formal y material de la ritualidad de este tipo de proceso,
pues con ello, se aseguró el principio de defensa material a los intervinientes. En
conclusión, le asiste la razón a la primera instancia, pues no se advierte causal de
nulidad de la actuación disciplinaria.

¿Los fallos disciplinarios no cumplen con los presupuestos del artículo 163
de la Ley 734 de 2002, al atribuirle al actor la conducta a título de dolo sin que
exista medio de prueba para reprochar dicha conducta?

Precisa el demandante que la autoridad disciplinaria incumplió los presupuestos del
artículo 163 del CDU, al formular los cargos por la posible infracción al numeral 15
del artículo 35 y numeral 27 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, con ello, atribuyó
la conducta a título de dolo, cuando en el expediente no obra una sola prueba que
permita establecer el conocimiento, preparación, ejecución y la exteriorización de la
voluntad del sujeto infractor.

De acuerdo a lo que antecede, la Sala procederá a realizar el análisis si el pliego de
cargos cumple los presupuestos del artículo 163 de la Ley 734 de 2002, en lo cual
se encuentra probado en el proceso, lo siguiente:

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Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
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Requisitos del artículo 163 del CDU. Auto de 4 de marzo de 2013, por medio del cual
se cita audiencia de proceso verbal al actor, el
cual contiene los siguientes presupuestos:
1. La descripción y determinación de la Modo: La presunta conducta investigada es la
conducta investigada, con indicación de las llevada a cabo por el señor patrullero Carlos
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que Felipe Correa Sanchez, quien encontrándose
se realizó en el servicio como integrante de la patrulla de
vigilancia del cuadrante seis, cumpliendo la
función de vigilancia, presuntamente realiza
procedimiento policial con el vehículo Bus,
afiliado a la empresa de Coomotor Florencia.

Tiempo: el día 19 de junio de 2012, siendo
aproximadamente las 01:30 horas.

Lugar: Cerca de las instalaciones de la planta
Postobón de Neiva y el parqueadero de razón
social inversiones de Flota Huila.

2. Las normas presuntamente violadas y el Primer cargo: Artículo 35 numeral 15 Ley 1015
concepto de la violación, concretando la de 2006.
modalidad específica de la conducta.
Segundo cargo: Articulo 34 numeral 27 de la
Ley 1015 de 2006.

3. La identificación del autor o autores de la El señor Carlos Felipe Correa Sanchez, fue
falta. identificado como presunto autor responsable
de la falta.
4. La denominación del cargo o la función Patrullero de la Policía Nacional
desempeñada en la época de comisión de la
conducta.
5. El análisis de las pruebas que fundamentan Para el cargo primero se identifican a folios 164
cada uno de los cargos formulados. a 175 del expediente digital archivo carpeta 1
CD, obran la relación de las pruebas,
documentales, testimoniales soportes del
primer cargo de la supuesta conducta
disciplinaria del numeral 15 del artículo 35.

Cargo segundo se encuentran a folios 180 a
184 del expediente digital archivo carpeta 1 CD,
obran la relación de las pruebas, documentales,
testimoniales soportes del primer cargo de la
supuesta conducta disciplinaria del numeral 27
del artículo 34
6. La exposición fundada de los criterios tenidos Cargo primero: fue calificada como falta grave
en cuenta para determinar la gravedad o según los criterios de la Ley 1015 de 2006.
levedad de la falta, de conformidad con lo
señalado en el artículo 43 de este código. Cargo Segundo: fue calificada como gravísima
conforme el numeral 9 del artículo 43 de la Ley
734 de 2002
7. La forma de culpabilidad. Primer cargo: calificada a título de dolo en los
términos de los artículos 38 numeral 2 y 39
numeral de la Ley 1015 de 2006.

Segundo Cargo: calificada a título de dolo al
tenor de lo dispuesto en los artículos 38
numeral 1 y 39 numeral 1 de la Ley 1015 de
2006.

Del estudio de cada uno de los presupuestos que debe contener el pliego de cargos
conforme lo previsto en el artículo 163 del CDU, la Sala identifica que no le asiste la

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razón a la parte actora, pues la autoridad demandada cumplió con cada uno de los
requisitos formales y sustanciales que corresponden a dicha calificación, además,
realizó el estudio de culpabilidad de cada uno de los cargos imputados al
demandante.

De acuerdo con el estudio del auto de citación del proceso verbal adelantado en
contra del actor, la autoridad demandada realizó en cada cargo el análisis de los
criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta establecido en el numeral
6 del artículo 163 de la Ley 734 de 2002, por medio del cual indilgó la presunta
responsabilidad disciplinaria a título de dolo por cuanto «[…] está integrado por los
elementos de los hechos, conocimiento de la ilicitud de la conducta y la representación del resultado,
en este ámbito el conocimiento de las circunstancias fácticas, más el conocimiento de la prohibición
ya son suficientes para atribuir la conducta a título de dolo.»

Del examen efectuado por el operador disciplinario correspondiente al requisito para
determinar la gravedad de la falta en el primer cargo de la presunta falta contenida
en el artículo 35 numeral 15 Ley 1015 de 2006, identificó: conocimiento del hecho
que se realiza «[…] dentro del manual de procedimiento policiales existen unas directrices para
llevarse a cabo […] el investigado junto con otros tres policiales, habían hecho el pare del vehículo
tipo bus, identificado con las placas WRD-365, afiliado a la empresa Coomotor Florencia […] sin
utilizar los dispositivos de tránsito para llevar a cabo la detención del vehículo […] el hecho de no
haber informado a la central de radio de comunicaciones de la estación de policía de Neiva, para así
los superiores conocieran el caso y realizaran las coordinaciones necesarias […]», razón por lo

cual determinó que la conducta se aparta de todos los principios misionales de la
institución policial y los fines del Estado.

Respecto al segundo cargo, verificó el conocimiento del hecho que se realiza con
las «[…] Funciones y compromisos que deja al azar al llevar a cabo presuntamente procedimiento
policial al vehículo tipo bus, identificado con las placas WRD 365, afiliado a la empresa de Coomotor
Florencia que cubría la ruta Florencia – Bogotá, viaje que fue interrumpido cerca de las instalaciones
de la planta de Postobón S.A. Cede (sic) Nieva, sitio que pertenece a la jurisdicción del cuadrante
Quince conducta que es contraria a la misionalidad». Además, sobre el conocimiento de la

exigencia del deber, precisó que el patrullero estaba adscrito a la Estación de Policía
de Neiva, laborando en el cuadrante seis para fecha de 19 de junio de 2012 y tenía
pleno conocimiento de permanecer activamente en la jurisdicción del citado
cuadrante seis.

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Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
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Como se identifica en el auto que citó al actor audiencia en el procedimiento verbal
disciplinario se realizó el estudio dogmático y fáctico para realizar la calificación de
la conducta del demandante a título de dolo, la cual tuvo como respaldo los medios
de prueba recaudados durante la investigación, los cuales ameritaron el
cumplimiento de todos los elementos para imputar los cargos. Así las cosas, no
advierte la Sala causal alguna de infracción en este cargo alegado por el actor.

¿La actuación disciplinaria vulneró el principio de congruencia al sancionar
al actor por dos comportamientos y variar la tipificación de la conducta que
hizo más grave su situación afectando el principio de la non refomatio in
pejus?

Asegura el actor que el operador disciplinario también vulneró el principio de
congruencia, «pues acusó por dos comportamientos y si bien en la parte resolutiva del fallo se
mencionaron las dos conductas, la sanción impuesta sólo procede para las faltas gravísimas a título
de dolo, pues la destitución y la inhabilidad general no proceden para las faltas graves dolosas ».

Además, varió la tipificación de la conducta por una que hizo más grave su situación,
que va en contra del principio de la non reformatio in pejus.

En lo que respecta al principio de congruencia, este constituye una garantía del
sujeto pasivo de la acción disciplinaria y a su vez es un límite para el titular de la
potestad sancionatoria, por cuanto la decisión no puede referirse a conductas que
no hicieron parte de la imputación fáctica, por lo tanto, en el acto de formulación del
pliego de cargos y la decisión disciplinaria debe existir correspondencia de la
conducta jurídica que se le imputa al disciplinado.

En ese sentido, procederá la Sala a realizar el examen de los cargos imputados al
actor y la confrontación con la decisión de primera y segunda instancia por medio
de los cuales fue sancionado con destitución del cargo de patrullero e inhabilidad
general de 10 años para el ejercicio cargos públicos.

PLIEGO DE CARGOS FALLO DISCIPLINARIO FALLO DISCIPLINARIO
PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA
PRIMER CARGO: Ley ARTÍCULO PRIMERO: […]
1015 de 2006, Título VI, de Declarar responsable en
las Faltas y Sanciones materia disciplinaria a los ARTÍCULO SEGUNDO:
Disciplinarias, Capítulo I, señores […] Carlos Felipe No acceder a las pretensiones
Clasificación y Descripción Correa Sanchez […] y como del señor abogado Dr.
de las Faltas, artículo 35 consecuencia de ello MARTIN ALBERTO

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Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
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Faltas Graves, numeral 15 imponerles el correctivo ZULUAGA BURITICA, como
“Dejar de informar, o disciplinario de DESTITUCIÓN consecuencia de ello confirmar
hacerlo con retardo, los DEL CARGO E INHABILIDAD el correctivo disciplinario de
hechos que deben ser GENERAL PARA EL DESTITUCIÓN e inhabilidad
llevados a conocimiento EJERCICIO DE LA FUNCIÓN por el término de diez (10)
del superior por razón del PÚBLICA POR UN TÉRMINO años, impuesto a los
cargo o servicio” DE DIEZ (10) AÑOS por patrulleros […] CARLOS
encontrarlos responsables de FELIPE CORREA SANCHEZ,
transgredir la Ley 1015 de contenido en el artículo
CULPABILIDAD: A título 2006 en sus artículos 34 que primero del fallo dechado
de Dolo. trata sobre las faltas 22/11/2013 obrante en la
gravísimas, en su numeral 27 investigación disciplinaria
“Ausentarse del lugar de DEUIL- 2013-4; de
CARGO SEGUNDO: Ley 1015 facción (…) sin permiso (…)” conformidad con lo expuesto
Cometida a título de DOLO, y en la parte motiva del presente
de 2006, Título VI, de las
35 que trata sobre las faltas proveído.
Faltas y Sanciones graves, en su numeral 15
Disciplinarias, Capítulo I, “Dejar de informar (…) los
Clasificación y Descripción de hechos que deben ser llevados
a conocimiento del superior
las Faltas, artículo 34 Faltas
por razón del (…) servicio”
Gravísimas, numeral 27 cometida a título de DOLO tal
“ausentarse del lugar de como quedó demostrado en la
parte motiva del presente
facción o sitio donde preste su
proveído”
servicio sin permiso o causa
injustificada.”
CULPABILIDAD: A título de
Dolo.

Como se observa de lo que antecede, entre el pliego de cargos y los fallos
disciplinarios existe correspondencia respecto de las faltas disciplinarias imputadas
al actor contenidas en los artículos 35 numeral 15 Ley 1015 de 2006 y 34 numeral
27 ambas calificadas a título de dolo, las cuales fueron meritorias de responsabilidad
disciplinaria, sin que se observe por parte de la Sala que los actos acusados estén
viciados de nulidad, solo por el hecho que en la parte resolutiva se indicaran las dos
faltas y se haya sancionado por la conducta de mayor gravedad cometida por el
demandante, por cuanto, así lo permite el artículo 18 de la Ley 734 de 2002 9.
Además, no se observa que la segunda instancia del proceso disciplinario haya
agravado la sanción impuesta al actor, por lo tanto, no le asiste la razón al actor de
discutir una supuesta violación de congruencia y del principio non reformatio in
pejus, por lo tanto, este cargo será denegado.

9
ARTÍCULO 18. PROPORCIONALIDAD. La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. En
la graduación de la sanción deben aplicarse los criterios que fija esta ley.

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¿La actuación disciplinaria vulneró la presunción de inocencia del actor al no
existir certeza que haya realizado la conducta por la cual fue sancionado?

Precisa el actor que los actos acusados vulneran el artículo 142 del CDU, al no
existir certeza y pruebas de su responsabilidad en la investigación, siendo un deber
del operador disciplinario dar aplicación a la presunción de inocencia y no sancionar,
afectando el debido proceso y el mínimo vital.

El debido proceso agrupa unas garantías previstas en el ordenamiento jurídico a
favor del sujeto inmerso en una actuación judicial o administrativa, en ella, se insiste
que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las disposiciones legales preexistentes
al acto que se le imputa, el proceso debe ser adelantado por el funcionario
competente y en cumplimiento de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

Ahora bien, la valoración probatoria en el proceso sancionatorio juega un papel
principal con el fin de determinar o no la responsabilidad del investigado, razón por
la cual las pruebas pueden ser estudiadas en el ejercicio del control integral que le
corresponde al Juez contencioso administrativo conforme lo ha predicado esta
Corporación en sentencia del 16 de julio de 202010, donde expuso:

«En la sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016 proferida por la Sala Plena de
esta Corporación, referida en el acápite de las cuestiones previas a resolver en esta
sentencia, se definió que la interpretación normativa y la valoración probatoria hechas
en sede disciplinaria son controlables judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.

De esta manera, la integralidad que se predica del control de legalidad que ejerce esta
jurisdicción especializada, sobre las decisiones sancionatorias, debe entenderse en el
sentido de que el operador judicial se encuentra plenamente investido de la facultad de
evaluar la situación fáctica y jurídica sometida a su estudio, sin ninguna restricción, toda
vez que solo a partir de una ponderación objetiva y razonable de los medios de prueba
puede decirse que el acto administrativo de carácter disciplinario se encuentra
debidamente motivado.»

En ese orden de ideas, la Sala procederá a realizar el estudio de los medios de
prueba que obran en el expediente para determinar si está demostrado que el actor
realizó las faltas por las cuales fue sancionado.

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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Consejero Ponente: William Hernández Gómez
Bogotá, D.C, Dieciséis (16) De Julio de Dos Mil Veinte (2020) Referencia: Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho
Radicación: 11001-03-25-000-2011-00284-00 (1068-2011)

Número Interno:3555-2023
Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional

De la queja presentada por la señora Enid Lozada el día 20 de 2012, señaló con
precisión el procedimiento policial realizado en horas de la madrugada del día 19 de
junio de 2012, además, identificó con claridad a los policiales Carlos Zambrano,
Joan Montenegro, Felipe Correa y Serrato, y detalló que el policía Zambrano «portaba
el chaleco No. 00168 y de placa de la en la moto SPS 46B», como se puede observar a

continuación:

De los requerimientos efectuados previamente DEUI OAC de la Policía, con el fin
de establecer las personas a cargo del chaleco 00168 y la motocicleta de placas
SPS 46B mencionados en la queja, arrojó lo siguiente:

En lo que respecta a la motocicleta SPS 46B, se allegó al expediente la siguiente
información, en el cual se identifica que dicho vehículo estaba asignado al patrullero
de apellido Serrato mencionado en la queja.

Número Interno:3555-2023
Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional

En el expediente sancionatorio obra copia de la diligencia de ratificación y
ampliación de la queja realizada por la señora Enid Lozada Lozada sobre los hechos
del 19 de junio de 2012, en la cual precisó:

[…] PREGUNTADO: Manifieste al despacho, si la que la queja que se le pone de
presente, es la misma que se presentara ante la oficina de Atención al Ciudadano del
Departamento de Policía Huila, el día 20 de junio de 2012, por los hechos presentados
el día 19 de junio de 2012, en el sector de la planta de Postobón, cuando se realizó
procedimiento de requisa al bus Coomotor de placa WDR365, si es su firma que se
utiliza en todos los documentos públicos y privados. CONTESTÓ. Si es mi firma y me
ratifico en todo su contenido. PREGUNTADO. Haga al despacho, un relato claro,
conciso y las circunstancias de tiempo, modo y lugar del procedimiento de la requisa
realizada el día 19 de junio de 2012 al bus Coomotor WRD-365, hechos que son
materia de investigación. CONTESTÓ: Nosotros veníamos cubriendo la ruta Florencia-
Bogotá, en el transcurso de la una de la mañana, ahí en Postobón a la entrada de Neiva
nos hicieron un pare unos policías que eran cuatro, los cuales dijeron que iban hacer
un retén, porque el carro venía con droga. Nos detuvieron ahí, llamarón a la empresa
de Coomotor Florencia a pedir un carro para hacer transbordó, el cual el carro llegó y
se hizo transbordo de pasajeros, nos quedamos nosotros con los policías, los cuales
dos de ellos daban la cara y otros dos de ellos mantenían siempre con el casco de la
moto puesto. Luego nos dijeron que nos iban a traer a un parqueadero de la Sijin para
hacer la requisa del vehículo, lo cual nunca nos llevaron al parqueadero de la SIJIN y
no colocaron perro antinarcóticos. Nos llevaron a un parqueadero de la zona industrial
que queda cerca de una bomba de gasolina Biomax. […]PREGUNTADO: Manifieste al
despacho, cuál era su función dentro del bus y cuánto tiempo llevaba trabajando con la
empresa Coomotor. CONTESTO. Yo era la azafata y llevaba ocho meses en el mismo
bus. […] PREGUNTADO: En la queja presentada por usted ante la oficina de atención
al ciudadano del Departamento de Policía Huila, aporta un número de chaleco y la placa

Número Interno:3555-2023
Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional

de identificación de una motocicleta policial. Manifieste al despacho, donde observó
esas identificaciones y en donde las copió. CONTESTÓ: La placa de la moto la
identifique en el parqueadero y el número del chaleco igual y las copie en mi celular
blackberry. PREGUNTADO: Manifieste al despacho, de que manera identificó usted a
los Policías CARLOS ZAMBRANO, JOAN MANUEL MONTENEGRO BENAVIDES,
FELIPE CORREA y, SERRATO; todos patrulleros según su queja. CONTESTÓ:
CARLOS ZAMBRANO y SERRATO fue los apellidos que escuché en el parqueadero y
FELIPE CORREA lo distinguí en razón a que fue el novio de mi prima y JOAN
MONTENEGRO BENAVIDES que es compañero de él. […]

De la declaración realizada por la señora Lozada en la ratificación de la queja, se
advierte que el bus Coomotor de placa WDR365, realizaba la ruta Florencia –
Bogotá el día 19 de junio de 2012 a eso de la 1:00 am, y fue detenida su marcha
por un grupo de policías a la entrada de Neiva precisamente donde está ubicado
Postobón, con el fin de realizar una inspección; el relato realizado por la quejosa
bajo la gravedad de juramento conforme los artículos 33 y 442 del CP y cumpliendo
todas las formalidades propias del testimonio11 estableció con certeza la
participación del patrullero Felipe Correa, a quien identifica por cuanto fue novia de
una prima y así como a los otros policiales que actuaron en dicho procedimiento.

Ahora bien, la versión libre rendida por el señor Carlos Felipe Correa Sanchez del
21 de marzo de 2013, refirió que conocía a la señora Francie Enid Lozada Lozada,
«porque YIRA YARLEDY LOZADA quien era novia mía es la prima de FRANCIE LOZADA y porque
mi compañero JOAN MANUEL MONTENEGRO BENAVIDES la conocía y fue quien me relacionó
con ellas.» Aspecto que reafirma lo dicho por la quejosa cuando lo reconoció en el

procedimiento policial «en razón a que fue novio de mi prima», e indicó que estaba
prestando el servicio el 18 de junio de 2012, a las 22: 00 horas, hasta las 07:00
horas del 19 mencionado mes y año; y a la pregunta si en algún momento se apartó
del compañero de patrulla Joan Manuel Montenegro Benavides, contestó que
siempre estuvieron juntos, respecto a la pregunta sobre lo que la quejosa afirma
que el participó en el procedimiento a través del cual se inmovilizó un automotor tipo
bus, que fue trasbordado y desplazado a las instalaciones del parqueadero
Inversiones Flor Huila, contestó « Pues yo no conocí ningún caso o no tuve ningún
procedimiento a la queja instalada por la señora FRANCIE END LOZADA». Finalmente indicó

conocer la jurisdicción del CAI Timanco al cual prestó sus servicios.

Por su parte, el patrullero Joan Manuel Montenegro Benavides, al rendir versión
libre manifestó conocer a Francie Lozada «desde hace aproximadamente seis años» […]

11 «La queja no es una prueba, porque de serlo no necesitaría demostrarse, a menos que sea ratificada con las formalidades

propias de la prueba testimonial.» Sentencia C- 430 de 1997, Corte Constitucional.

Número Interno:3555-2023
Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional

«Para el año 2007 aproximadamente, tuve una relación sentimental con ella, cuando en ese tiempo
trabaja en el CAI las Palmas como patrulla de vigilancia y ella vivía por el sector de la comuna diez.
Para el año 2008, salí trasladado para el municipio de Palermo donde perdí comunicación con ella
[…] Para inicio del año 2012, encontrándome de patrulla con el señor patrullero Carlos Felipe Correa
y de forma casual me volví a encontrar con la señorita Francie quien le presentó una prima a mi
compañero de patrulla y empezaron una relación». En la diligencia el operador « deja
constancia que el disciplinado presenta a nivel de la parte exterior del ojo izquierdo en región que
compromete parte del pómulo, una mancha que según el mismo disciplinado consiste en un lunar
de nacimiento […]»

Además, en el expediente obra la declaración bajo gravedad de juramento del señor
Cesar Augusto Bohórquez Suarez, conductor del vehículo bus Coomotor de placa
WDR365, objeto de procedimiento policial, quien señaló:

PREGUNTADO: Manifieste al despacho, si sabe el motivo por el cual es citado a la
presente diligencia. CONTESTÓ. Si señor. PREGUNTADO. Ya que dice saber el
motivo, haga al despacho, un relato claro, conciso y las circunstancias de tiempo, modo
y lugar de los hechos materia de investigación, que tienen relación con el procedimiento
de la requisa realizado el día 19 de junio de 2012 al bus Coomotor WRD-365.
CONTESTO: […] entrando a la ciudad de Neiva, pasando por la bomba donde
tanquean los buses de Coomotor, ahí habían dos motorizadas parqueadas, en el
momento que pasamos por ahí ellos arrancaron en la moto y nos siguieron
haciéndonos detener enseguida de Postobón en la reja, nos hicieron detener y que nos
iban hacer una requisa, Transcurre un ratico y nos dicen que el vehículo tiene que
llevarlo a otro sitio para hacerle una requisa minuciosa o mas exhaustiva, es cuando
nos dicen que hay que hay que trasbordar a los pasajeros y que yo tenía que llamar a
la empresa para mandaran (sic) un vehículo para hacer el trasbordo. Mientras
estábamos esperando una motorizado (sic dijo que se iban para la SIJIN para lo del
procedimiento. Transcurrió un tiempo no se cuánto. Cuando ya quedamos sin
pasajeros, fue que nos llevaron supuestamente para el parqueadero de la SIJIN,
llegamos al parqueadero y empezó uno de ellos, que fue el que nos detuvo a requisar
el vehículo en la parte delantera, como es consola, guantera. El que estaba requisando
decía que había que esperar al canino antinarcóticos y le preguntamos por qué tanta
demora y nos decía que el guía estaba en descanso y no lo localizaban, y cuando
supuestamente se les acaba el turno y que no encontraban nada no dijeron que nos
podían ir. […] PREGUNTADO. Manifieste al despacho, como estaban vestidos los
policiales que le hicieron detener el vehículo. CONTESTÓ. Ellos estaban uniformados
con cascos blancos, tenían chalecos antibalas y andaban en motos de la policía con
sus números. […] PREGUNTADO. Manifieste al despacho, las características físicas
de los policiales que hicieron el pare y el registro del vehículo. CONTESTÓ. Hubieron
(sic) dos que no se quitaron el casco casi para nada y el otro tenía medio puesto y el
cuarto si era cari redondo, bajito, trigueño en esa noche tenía un ojo medio
morado. PREGUNTADO. Manifieste al despacho, si en el momento del procedimiento
de registro al vehículo o en el tiempo que estuvieron con los policiales, escuchó
nombrar algún apellido o nombre. CONTESTÓ. La persona que registraba el vehículo
que no tenía casco, llamo a otro por el apellido SERRATO. […]

De la declaración del señor Bohórquez Suarez, conductor del vehículo objeto de
procedimiento policial, identifica con certeza el sitio donde fueron abordados por los

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Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
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policías motorizados el día 19 de junio de 2012, quienes hicieron detener la marcha
del vehículo tipo bus de la empresa Coomotor de placas WRD-365, en las
inmediaciones de Postobón, relato el cual tiene coherencia con lo señalado por la
quejosa Lozada sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de
los hechos donde resultó implicado el demandante de las conductas de carácter
disciplinario. Además de ello, señaló que uno de las policiales tenía un ojo medio
morado, esto coincide con la constancia dejada por el operador disciplinario sobre
la mancha a nivel de la parte exterior del ojo izquierdo en la región que compromete
parte del pómulo siendo esta un indicio que se corrobora con la exposición de la
quejosa.

Ahora bien, de la versión libre del señor Correa señaló que no se separó de su
compañero de patrulla y que estaban prestando el servicio el 18 de junio de 2012,
a las 22: 00 horas, hasta las 07:00 horas del 19 mencionado mes y año.

Por otra parte, obra en el expediente la prueba documental por medio del cual el
agente comercial de la empresa Coomotor Florencia Ltda, respondió la solicitud del
21 de noviembre de 2012, al Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Devil, en el
cual informa: «La presente es para confirmar que efectivamente el vehículo 3045 con placas
WRD365 afiliado a la empresa COOMOTOR FLORENCIA, cubría la ruta Florencia- Bogotá pasando
por la madrugada por la ciudad de Neiva lo cual fue retenido y le hicieron transbordar los pasajeros
para llevarse el vehículo para los patios de la SIJIN. El vehiculó 3045 pasaba por Neiva
aproximadamente 1:00 am- 2:00 am el cual fue retenido entrando a Neiva en frente de gaseosas
Postobón.»

Asimismo, se evidencia el acta de visita especial al recorrido realizado por el bus
Coomotor Florencia, «desde el lugar donde fue realizado el pare hasta el lugar donde se efectuó
el registro», en la cual fue citada la señora Lozada de acuerdo a lo ordenado por el

operador disciplinarios mediante auto de 29 noviembre de 2012, la cual fue
realizada el día 3 de diciembre de ese mismo año, con el recorrido desde la puerta
principal de las instalaciones de Postobón S.A. sede Neiva, sobre la vía
Campoalegre que conduce a Neiva, lugar donde los policías realizaron la solicitud
de pare del vehículo y luego continuaron el recorrido hasta el parqueadero donde
fue ingresado el automotor.

Por otro lado, obra la declaración del señor Libardo Ortiz quien señaló ser:
«cuidandero del parqueadero» inversiones Flor Huila lugar donde fue dirigido el vehículo

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Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
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tipo bus el día de procedimiento policial, sobre lo cual contestó: « Si, el bus si recuerdo
que entro no recuerdo la fecha, eso fue en horas de la noche, el bus llegó con dos agentes de la
policía en una moto, ellos llegaron con el carro de una vez, me llamaron ahí mismo y me pidieron el
favor si los dejaba revisar el bus ahí en el parqueadero, yo como buen colaborador con la autoridad
no les negué el servicio o la colaboración, lo cuadraron frente a la ramada donde hay bastante luz,
me pidieron el favor que le prestara un destornillador y le dije claro, que con mucho gusto. Les presté
el destornillador y empezaron a revisar el bus y yo como buen chismoso me pare a mirar que le iban
a revisar al bus, un policía revisaba y el otro afuera se quedó cuidando […]».

También, obra la declaración del señor Arley Fierro Galindo, supervisor de la planta
Postobón quien se encontraba en servicio para el momento de los hechos el día 19
de junio de 2012, en el cual manifestó: «Se que estando en ese turno primero llega un bus
de Coomotor, que allí hace presencia la Ponal al rato llega otro bus y hacen bajar al personal que
venía en el primer bus, y se suben al otro, de allí se retira donde se subió el personal y al ratico se
retira el bus que quedó desocupado, y ahí se suben dos personas de la Ponal de ahí para allá se
retira el bus de las instalaciones y no sé qué pasó».

De las pruebas documentales que obran en el expediente disciplinario, se tienen las
minutas de servicio del CAI Timanco, donde se corrobora que el demandante y el
patrullero Joan Manuel Montenegro Benavides, prestaron el servicio durante el turno
del 18 de junio de 2012, desde las 22:00 horas hasta las 07:00 horas del 19
mencionado mes, sin que obre algún reporte durante ese lapso, como se observa
de la siguiente planilla que registra reporte a las 22:01 pm del día 18 y del 19 de
junio de 2012 a las 7:40 am, como se puede observar a continuación:

Número Interno:3555-2023
Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional

Por otra parte, el actor en ejercicio del derecho defensa y contradicción del pliego
de cargos, se opuso a la conclusión a la que arribó el operador disciplinario cuando
estableció que la falta estaba objetivamente demostrada y existía prueba que
comprometía su responsabilidad (art. 162 CDU), tratando de desvirtuar el dicho de
la quejosa, y llamando a rendir testimonio al señor «DANIEL propietario del establecimiento
abierto al público, de razón social Sabor y Ritmo, ubicado en la carrera 7 sur ente calle 3ª y diagonal
sexta sur frente a la terminal en le cual, el cual para esa fecha y hora se le prestó el servicio de
acompañamiento hasta su residencia después del cierre de dicho establecimiento público».

De la declaración rendida por Jesús Daniel Penna Valencia, propietario del
establecimiento público Sabor y Ritmo, realizada el día 26 de marzo de 2023, quien
a la pregunta «si recuerda usted específicamente, si a la madrugada del día 19 de junio de 2012,
le fue prestado el servicio de acompañamiento por parte de los policías CORREA SÁNCHES
CARLOS FELIPE Y MONTENEGRO BENAVIDES JOAN MANUEL, aquí presentes. Contestó: Ellos
si me acompañan todos los días, pero en ese tiempo ya era la temporada de Sampedro, pero no lo
recuerdo si exactamente ese día me acompañaron. PREGUNTADO. En época de San Pedro, ha
dicho usted que se extienden los horarios de atención al público hasta las cuatro de la mañana.
Indíquele al despacho, si ello incluye los fines de semana y festivos. CONTESTÓ. Si claro».

En ese orden ideas de las pruebas que anteceden se reconstruye el hecho que
versa sobre la participación del actor de acuerdo al pliego de cargos el cual el
disciplinado no pudo contrarrestar, puesto que, la señora Lozada identificó al
patrullero Correa Sanchez, dado que él era novio de una prima y el petente en su
declaración confirmó el dicho de que tuvo una relación con una familiar de la
quejosa; asimismo, la declaración del señor Bohórquez Suarez, señaló un aspecto
físico del rostro de uno de los policías «que en «esa noche tenía un ojo medio morado» y
que en la diligencia de versión libre se dejó constancia que el compañero del
disciplinado, Joan Manuel Montenegro Benavides «presenta a nivel de la parte exterior del
ojo izquierdo en región que compromete parte del pómulo, una mancha que según el mismo
disciplinado consiste en un lunar de nacimiento».

Además, de la versión libre del señor Correa, claramente señaló que Montenegro
era su compañero para el día 19 de junio de 2012 y que en ningún momento se
separó de él en la prestación del servicio, lo anterior, es determinante para
establecer que los hechos son una ciencia reconstructiva que deja visos y señales,
las cuales fueron determinantes durante la investigación disciplinaria para
establecer con certeza que los patrulleros implicados infringieron sus deberes, se

Número Interno:3555-2023
Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional

insiste, sin que el recurrente haya logrado desvirtuar los cargos surgidos a partir de
la declaración de la quejosa.

Lo que se traduce en que el accionante y el ex -uniformado Montenegro siempre
estuvieron juntos en el turno del 19 de junio de 2012, lo que coincide con lo
enrostrado por la quejosa.

Además, de los diferentes testimonios recaudados en el proceso disciplinario existe
certeza que el día 19 de junio de 2012, el vehículo tipo bus de la empresa Coomotor
Florencia identificado con placas WRD365 que cubría la ruta Florencia- Bogotá
pasando por la madrugada por la ciudad de Neiva fue suspendida la marcha por
dos motorizados policiales a la altura de la empresa Postobón, lugar que estaba por
fuera del alcance del CAI al que pertenecía el actor.

En ese orden de ideas, el actor en el proceso disciplinario no logró demeritar los
actos administrativos por los cuales fue sancionado, razón por la cual se despacha
desfavorablemente este cargo.

En conclusión, la Sala de decisión procederá a confirmar la sentencia del 22 de
noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que negó las
pretensiones de la demanda.

2.4. Condena en costas.

No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que dichas
normas otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual
implica examinar la actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su
causación y constatar que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No
es suficiente el simple resultado adverso del proceso.

En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo
largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, se abstendrá
de imponerlas en esta sede.

III. DECISIÓN

Número Interno:3555-2023
Demandante: Carlos Felipe Correa Sánchez
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Policía Nacional

En atención a lo anterior, la Sala procederá a confirmar la sentencia de 22 de
noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Huila, que negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
este proveído.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de noviembre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Huila, que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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