Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00410-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00410-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2016-00410-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
27 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00410-01 (4096-2021)
Demandante: John Ángel Tibatá Guio
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Temas: Disciplinario
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el veinte (20) de abril de dos mil veintiuno (2021), por el
Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, John Ángel Tibatá Guio formuló demanda, en orden a
que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) decisión
disciplinaria de 4 de agosto de 2015, emitida, en primera instancia, por la Oficina de
Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía del Huila, por medio de la
cual se declaró responsable disciplinariamente y se le impuso sanción de destitución
e inhabilidad para desempeñar cargos públicos por el término de 10 años; ii)
decisión disciplinaria de 15 de abril de 2016, proferida por el Inspección Delegada
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 41001-23-33-000-2016-00410-01 (4096-2021)
Demandante: John Ángel Tibatá Guio
Regional Dos, que confirmó la decisión inicial; y iii) Resolución N.º 03220 de 1.º de
junio de 2016, proferida por el director general de la Policía Nacional, a través de la
cual se ejecutó la sanción disciplinaria.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) ordenar su reintegro a un cargo igual y/o superior al que se encontraba
desempeñando al momento de su retiro; ii) condenar a la entidad demandada a
reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales que dejó de devengar desde
que se ejecutó la decisión disciplinaria y hasta cuando sea reintegrado, así como
los perjuicios morales a los que fue sometido; iii) desanotar del sistema de
antecedentes disciplinarios, la sanción impuesta; iv) ordenar la actualización de las
sumas que resulten de la condena, de conformidad con lo previsto en el artículo 187
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y v)
condenar al pago de los intereses moratorios, en atención a lo consagrado en el
artículo 192 ibidem.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado judicial del demandante señaló los
siguientes:
i) El 9 de octubre de 2005, el señor John Ángel Tibatá Guio se vinculó a la Policía
Nacional, al nivel ejecutivo, como patrullero.
ii) El 4 de agosto de 2015, la Oficina de Control Disciplinario Interno del
Departamento de Policía del Huila, en primera instancia, declaró responsable
disciplinariamente al señor John Ángel Tibatá Guio, en su condición de patrullero,
por haber incurrido en la falta gravísima contemplada en el artículo 34 numeral 27
de la Ley 1015 de 2006, a título de dolo; sancionándolo con destitución e inhabilidad
general para desempeñar cargos públicos por el término de 10 años.
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Demandante: John Ángel Tibatá Guio
iii) Contra lo anterior, el disciplinado interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto el 15 de abril de 2016, por la Inspección Delegada Regional Dos,
confirmando la decisión inicial.
iv) El 1.º de junio de 2016, por Resolución 03220, el director general de Policía
Nacional ejecutó la sanción disciplinaria impuesta.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 4, 13 y 29 de la Constitución Política; y
Leyes 734 de 2002 y 1015 de 2006.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:
i) Con los actos administrativos cuestionados se vulneró el derecho al debido
proceso, en la medida en que el material probatorio dentro del expediente no fue
suficiente para acreditar la falta disciplinaria endilgada, además, de que se
desconoció que al momento de la conducta investigada, el actor no estaba en
desarrollo del servicio.
ii) Se configuró el principio de incongruencia, dado que en el pliego de cargos no se
analizó la ocurrencia de la ilicitud sustancial.
iii) En el auto a través del cual se formuló pliego de cargos no se analizaron las
pruebas que obraban dentro del expediente, para efectos de imputarle la falta.
iv) Se desconoció que la Justicia Penal Militar que llevó a cabo la investigación por
los mismos supuestos fácticos, lo absolvió.
1.2. Contestación de la demanda
La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por intermedio de apoderado, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de las demandas, por las razones que
se expresan a continuación:1
1 Folios 309 a 317.
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Radicado: 41001-23-33-000-2016-00410-01 (4096-2021)
Demandante: John Ángel Tibatá Guio
i) La falta disciplinaria que le fue endilgada al actor se hizo bajo el principio de
legalidad y proporcionalidad, por cuanto se ajustó a los supuestos fácticos, la
normativa y jurisprudencia aplicable. Al respecto, sostuvo que la falta fue adecuada
y se determinó con base en las pruebas allegadas y debidamente valoradas.
ii) No se vulneró el derecho al debido proceso, en tanto que al disciplinado se le
brindaron las garantías procesales pertinentes, permitiéndole ejercer su derecho a la
defensa.
iii) Las pruebas obrantes dentro del expediente disciplinario se analizaron
conjuntamente, las cuales desvirtuaron la presunción de inocencia y dieron cuenta
de que el demandante se ausentó del lugar de facción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia de 20 de abril de 2021,
negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos
términos:2
i) El investigado contó con la presencia de su apoderado quien tuvo la oportunidad
de observar las pruebas recopiladas y de solicitar su contradicción y, no obstante,
no expresó inconformidad alguna.
ii) No se configuró la atipicidad de la conducta, pues el demandante se hallaba en
servicio como patrullero de la Estación de Policía de Altamira y, sin permiso, se
ausentó del sitio donde prestaba su servicio. Éste era consciente de su conducta,
pues, pese a que se intentó conducir a las instalaciones del hospital para establecer
sus condiciones de salud que, aparentemente, no eran adecuadas, decidió salir
corriendo.
2 Folios 333 a 339.
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Radicado: 41001-23-33-000-2016-00410-01 (4096-2021)
Demandante: John Ángel Tibatá Guio
iii) Al actor se le garantizaron los derechos al debido proceso y defensa, toda vez
que la actuación cuestionada se realizó en debida forma, las pruebas se recaudaron
de forma oportuna, se le permitió controvertirlas y se le dio la oportunidad de
presentar las pruebas que considerara pertinentes.
1.4. El recurso de apelación
John Ángel Tibatá Guio, por conducto de apoderado, interpuso recurso de
apelación3 y lo sustentó así:
i) El tribunal de primera instancia no tuvo en cuenta que las pruebas obrantes dentro
del expediente no eran conducentes ni pertinentes para acreditar la falta que le fue
endilgada, por cuanto al momento de la realización de la conducta reprochada no
estaba desarrollando su servicio como patrullero.
ii) Se configuró el principio de incongruencia, dado que ni en el pliego de cargos ni
en la decisión disciplinaria de segunda instancia se analizó la ocurrencia de la ilicitud
sustancial, mientras que en el fallo de primera instancia sí.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
De conformidad con los artículos 243 y 247, numerales 3, 4, 5 y 6 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, último que fue
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y teniendo en cuenta que no
hubo solicitud de pruebas en el recurso de apelación, se prescindió de la etapa de
alegatos de conclusión.
1.6. Concepto del ministerio público.
Guardó silencio.
La Sala decide, previas las siguientes
3 Documento que se encuentra en Samai.
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Demandante: John Ángel Tibatá Guio
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a determinar si con la expedición de los actos administrativos
acusados, la entidad demandada incurrió en vulneración del derecho al debido
proceso, por cuanto el material probatorio obrante dentro del expediente no fue
suficiente para acreditar la falta disciplinaria endilgada y se trasgredió el principio de
congruencia.
2.2. Marco normativo
De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, son fines esenciales del
Estado, «servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares».
En su artículo 6 se establece que los servidores públicos son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución Política y las Leyes, y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Ahora, dentro de las garantías del derecho al debido proceso consagrado en el
artículo 29 de la Carta Política se encuentran las relacionadas a que «Nadie podrá
ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio (…) Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de
un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento;
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a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria,
y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho».
Por otra parte, debe resaltarse que el artículo 209 ibidem dispone como principios
de la función administrativa, la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En relación con la Policía Nacional, el artículo 218 ibidem dispone que esta
Institución es un «cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la
Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes
de Colombia convivan en paz», y respecto a sus miembros, señala dicha disposición
que la «Ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario».
En atención a lo anterior, el 7 de febrero de 2006, se expidió la Ley 1015 de 2006,
por medio de la cual se profirió el nuevo régimen disciplinario para la Policía
Nacional, dentro de la cual se señalan como sus destinatarios, el personal
uniformado escalafonado y los auxiliares de Policía que estén prestando servicio
militar en la Institución Policial.
El artículo 3 ibidem dispone que el personal destinatario de esta ley, será
investigado y sancionado por conductas que se encuentren descritas como faltas
disciplinarias en la ley vigente al momento de su realización.
Ahora, respecto al derecho al debido proceso, el artículo 5 ibidem, dispone que «El
personal destinatario de este régimen será investigado conforme a las leyes
preexistentes a la falta disciplinaria que se le endilga, ante funcionario con
atribuciones disciplinarias previamente establecido y observando las garantías
contempladas en la Constitución Política y en el procedimiento señalado en la ley.
La finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho
sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y
garantías debidos a las personas que en él intervienen».
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Radicado: 41001-23-33-000-2016-00410-01 (4096-2021)
Demandante: John Ángel Tibatá Guio
Frente a la resolución de la duda y el principio de presunción de inocencia, los
artículos 6 y 7, respectivamente de dicha normativa, disponen:
Artículo 6°. En el proceso disciplinario toda duda razonable se resolverá a favor del
investigado o disciplinado, cuando no haya modo de eliminarla.
Artículo 7°. El destinatario de esta ley a quien se le atribuya una falta disciplinaria se
presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en fallo
ejecutoriado.
Por su parte, la Ley 734 de 2002 en relación con el principio de presunción de
inocencia, consagra en su artículo 9 que «a quien se atribuya una falta disciplinaria
se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo
ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del
investigado cuando no haya modo de eliminarla».
El artículo 20 ibidem en cuanto a la interpretación de la Ley disciplinaria, señala que
«En la interpretación y aplicación de la Ley disciplinaria el funcionario competente
debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la
efectividad del derecho sustantivo y la búsqueda de la verdad material y el
cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él
intervienen».
Ahora, en cuanto a las pruebas, el Código Disciplinario Único señaló en su artículo
128, que toda decisión proferida dentro de la actuación disciplinaria debe fundarse
en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier
sujeto procesal o de manera oficiosa, correspondiéndole la carga de la prueba al
Estado.
Frente a la oponibilidad de los medios probatorios, el artículo 138 de dicha normativa,
dispone que los sujetos procesales puedan controvertir las pruebas a partir del
momento en que tengan acceso a la actuación disciplinaria.
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
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Demandante: John Ángel Tibatá Guio
2.3.1. En relación con la vinculación laboral del demandante
De acuerdo con el extracto de hoja de vida, el 2 de mayo de 2006, el señor John
Ángel Tibatá Guio, se vinculó laboralmente al nivel ejecutivo en el cargo de
patrullero.4
2.3.2. En relación con la actuación disciplinaria
El 26 de marzo de 2014, el comandante Cuarto del Distrito de Policía Guadalupe,
teniente Diego Leonidas Reyes Jiménez, presentó un informe de novedad ante el
comandante del Departamento de Policía del Huila, con base en los siguientes
argumentos:5
Respetuosamente me permito dirigirme a mi coronel, con el fin de poner en
conocimiento de la novedad ocurrida con el patrullero Tibatá Guio John Ángel, el día
21 de marzo del presente año, de acuerdo al informe… Suscrito por el señor
intendente Tepud Amaya John Jairo comandante estación de policía Altamira, el cual
manifiesta que para el día 21 de marzo del año en curso, siendo aproximadamente
las 14:20 horas encontrándose en instrucción con personal de la estación Altamira,
personal del Unir, el señor teniente Villegas Oscar Raúl comandante del Unir 22-03 y
señor intendente Tepud Amaya John, el patrullero Tibatá Guio John Ángel empezó a
interrumpir la instrucción que era dada al personal con preguntas incoherentes, por lo
cual el señor Teniente Villegas Oscar Raúl, le solicitó al patrullero pasar al frente
donde nota que éste se encuentra en malas estado anímico y al parecer bajo efectos
del alcohol, a lo cual el patrullero manifiesta tener problemas familiares, por lo cual el
señor Teniente ordena trasladar el patrullero al hospital pero éste se niega y sale de
las instalaciones de valiéndose y dejando de recibir tercer turno de vigilancia, el
personal que se encontraba de servicio sale a buscarlo por el perímetro urbano sin
encontrarlo y encontrando al señor Juan Carlos Muñoz… Residente… Quien
manifiesta haber llevado al policía hasta la entrada a la vereda Pajiji desconociendo
cuál era el rumbo que tomaría este policía, información que se verifica por parte del
personal de la vigilancia sin encontrar al patrullero, por lo que se deja constancia en
los libros de guardia, se informa al comando de distrito y se envía poli grama número
0059 de fecha 21 de febrero (sic) de 2014, el patrullero hace presentación en las
instalaciones de la estación de policía Altamira siendo las 18:36 horas del 21 de marzo
de 2014, quedando la respectiva constancia en el libro de minuta de guardia y se
informa al distrito mediante poli grama número 60 del 21 de marzo de 2014;
desconociendo sé cuáles fueron las actividades que realizó durante el tiempo que se
encontró evadido.
Con lo anterior, se allegaron los siguientes documentos:
44 Folios 135 y 136 del cuaderno de antecedentes administrativos.
5 Folio 71 del cuaderno de antecedentes administrativos.
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Demandante: John Ángel Tibatá Guio
• Poligrama 0059 de 21 de marzo de 2014, emitido por el comandante de la
Estación de Policía Altamira, intendente Tepud Amaya John Jairo, dentro del
cual se señaló:6
Permítame informar a esos comandos y jefaturas que el día de hoy 21 de marzo de
2014 siendo aproximadamente las 14 20 horas cuando nos encontrábamos en
formación recibiendo instrucción por parte del señor Teniente Villegas Hernández
Oscar Raúl en la estación de policía Altamira, el patrullero Tibatá Guio John Ángel
presentó estado anímico inadecuado para el servicio, por lo cual se dispuso
trasladar al mencionado patrullero al hospital, este salió, evadiéndose de las
instalaciones policiales y no para no permitir ser llevado al hospital. Según entrevista
realizada al señor Juan Carlos Muñoz éste lo llevó en su moto de propiedad hasta
la entrada a la vereda pajiji, se desconoce el paradero del policial el cual va en traje
uniforme, no portar momento.
• Poligrama 0060 de 21 de marzo de 2014, suscrito por el comandante de la
Estación de Policía Altamira, intendente Tepud Amaya John Jairo, dentro del
cual se señaló:7
Permíteme informar a esos comandos y facturas que el día de hoy 21 de marzo de
2014 siendo aproximadamente las 18:36 horas, hace presentación ante esta unidad
el patrullero Tibatá Guio John Ángel quien se encontraba evadido de las
instalaciones policiales.
El 20 de junio de 2014, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento
del Policía del Huila dio apertura de indagación preliminar en contra del señor John
Ángel Tibatá Guio, en su condición de patrullero y decretó la práctica de pruebas.8
El 18 de noviembre de 2014, el teniente Villegas Hernández Óscar Raúl, presentó
su declaración, dentro de la cual afirmó:9
(…) siendo el día 21 de marzo de 2014 a las 14 horas, ordene formar todo el personal
que conforme toda la estación de policía Altamira y el personal del grupo Unir de
Altamira, con el fin de tratar algunos temas de convivencia que se venían presentando
con los policiales, el intendente Tepud me dio parte de todo el personal, seguidamente
inicié la instrucción cuando el señor patrullero Tibatá Guio John Ángel empezó a
6 Folio 76 del cuaderno de antecedentes administrativos.
7 Folio 77 del cuaderno de antecedentes administrativos.
8 Folios 78 a 81 del cuaderno de antecedentes administrativos.
9 Folios 89 a 91 del cuaderno de antecedentes administrativos.
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Radicado: 41001-23-33-000-2016-00410-01 (4096-2021)
Demandante: John Ángel Tibatá Guio
interrumpirme haciéndome preguntas de las cuales no venía en el tema que se venía
tratando, le pedía información que no me interrumpiera, seguidamente continué con
la relación y pasado cinco minutos, nuevamente interrumpe con intención de hablar,
le pregunté que si se encontraba bien ya que lo noté como algo distraído y le noté
una mirada como perdida y los ojos rojos, le pregunté que se habían ingerido bebidas
embriagantes y él me contestó que no, de inmediato le dije que saliera de la fila y el
patrullero que se encontraba enseguida de él que le cogiera el armamento, le ordene
al intendente Tepud que lo trasladaron al centro de salud de Guadalupe que es el más
cercano, para que lo valorara, el intendente Tepud salió con dos policiales hacia la
guardia, en custodia del patrullero Tibatá, Y yo continué con la relación con los demás
policías, cuando termine la formación le pregunté al intendente Tepud sobre el estado
del patrullero, me informó que cuando lo dirigían hacia la camioneta arrancó a correr
desconociendo hacía que dirección, de inmediato le ordené al unir que salieran a
buscarlo a los alrededores del municipio, pero no pudieron ubicarlo, pasadas dos
horas de este evento, el patrullero Tibatá me marcó a mi celular solicitando que lo
excusara por el hecho ocurrido y que ya había hablado con el intendente aclarado la
situación, pero no pude confirmar si lo que me manifestaba el patrullero era cierto ya
que yo me encontraba viajando a la ciudad de Neiva. Preguntado. Indíquele al
despacho que cargo función desempeña usted para la fecha de los hechos. Contestó.
Comandante de los grupos Unir, de la seccional de tránsito y transporte del güila.
Preguntado. Recuerda usted la hora en que inició el finalizó tal instrucción al personal
de la estación. Contestó. La formación no duró más de 30 minutos, iniciando
aproximadamente a las 14:10 horas. Preguntado. Dentro del informe se indica que
usted le ordena al patrullero Tibatá Guio John Ángel salir al frente de la formación y
que este una vez cumple la orden, lo nota mal anímicamente y al parecer bajo los
efectos del alcohol, con base en lo anterior indíquele al despacho si esto es cierto y
describa cómo era el estado anímico del policial. Contestó. Si es cierto, el estado
anímico no era normal, estaba de descoordinado en lo que se le estaba diciendo,
manifestó estar deprimido ya que su hijo estaba haciendo maltratado físicamente por
su madre… Preguntado. Sabe usted o tenía conocimiento qué actividad función tenía
que cumplir el señor patrullero Tibatá Guio John Ángel una vez finalizada su
instrucción. Contestó. Tengo entendido que estaba de servicio en la guardia para
tercer turno.
El 25 de noviembre de 2014, el intendente Tepud Amaya John Jairo presentó
ratificación y ampliación de su informe, diligencia dentro de la cual indicó:10
Preguntado. Diga el despacho si el informe que se le pone de presente fue suscrito
por usted, se ratifica en el mismo y si la firma que aparece en el documento es la
suya, siendo la que utiliza en todo acto público y privado. Contestó. Si es el informe
que yo pasé, me ratifico en su totalidad y si es mi firma. Preguntado. Indíquele al
despacho que cargo o función desempeña usted para el día 21 de marzo de 2014,
fecha en que informa tal novedad, aclarando cuánto tiempo llevaba en dicha unidad.
Contexto. Yo me desempeñaba como comandante de estación y llevaba laborando
allí un año y ocho meses. Preguntado. Manifieste al despacho qué cargo o función
desempeñaba el patrullero Tibatá Guio John Ángel dentro de la estación de policía
Altamira y desde cuánto tiempo llevaba laborando con usted en la unidad. Contestó.
Él tenía labores de vigilancia y seguridad de las instalaciones dependiendo de las
necesidades del servicio. Llevaba aproximadamente un año. Preguntado. Indíquele
10 Folios 97 a 100 del cuaderno de antecedentes administrativos.
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Radicado: 41001-23-33-000-2016-00410-01 (4096-2021)
Demandante: John Ángel Tibatá Guio
al despacho a qué hora se inicia el tercer turno de seguridad de las instalaciones y
cuáles son las funciones que cumple el policial que recibe dicho turno. Contexto. Para
la fecha 21 de marzo de 2014 se iniciaba el tercer turno a las 14 horas y finaliza a las
22 horas, las funciones son la seguridad de las instalaciones, atender el requerimiento
de los ciudadanos y estar atento de los comunicados de la central de radio, entre
otros. Preguntado. Manifieste al despacho cuál fue el motivo por el cual el señor
Teniente Villegas Hernández Oscar, se encontraba impartiendo dicha instrucción al
personal, indicando a qué horas inició y a qué horas finalizó dicha instrucción. Contexto. Ese día él llegó a pasar revista y ordenó informar al personal de la estación
e igualmente formaron el personal del grupo unir, acantonados allá en la estación, la
instrucción inició aproximadamente a las 14 horas y finaliza aproximadamente a las
14:30 horas. Preguntado. Manifiesta usted en su informe que cuando el señor teniente
Villegas Hernández Oscar se encontraba impartiendo instrucción al personal el
patrullero Tibatá Guio John Ángel interrumpía constantemente esta actividad con
preguntas incoherentes, con base en lo anterior, qué clase de preguntas o a qué se
refiere usted con preguntas incoherentes. Contestó. A que el señor Teniente Villegas
se encontraba impartiendo instrucción y el patrullero emoción le cortaba la instrucción
preguntando cosas que nada tenían que ver con el tema, como por ejemplo, mi
teniente usted donde trabajo, igual forma se observa al patrullero en una actitud o
estado anímico no acorde al servicio ya que se veía como inquieto, moviéndose
mucho en la formación y cosas así (…) preguntado. Manifiéstele al despacho si para
confirmar si al parecer el señor patrullero Tibata Guio John Ángel se encontraba bajo
efectos del alcohol, se le realizó alguna clase de examen para corroborar tal situación,
en caso positivo, qué clase de examen se le hizo y en qué lugar. Contestó. Precisamente el señor teniente Villegas ordenaba trasladar al mencionado patrullero
al centro de salud, salimos con este hasta la guardia, manifestándole que se subiera
la camioneta de la estación para ser trasladado al hospital y verificar su estado, por
lo cual el mencionado patrullero en forma descortés e insubordinada y manoteando
dijo que no iba a ir a ningún lado en ese preciso momento empieza a irse de la
estación por la parte de arriba, cuando sale la patrulla a buscarlo el patrullero ya no
se encuentra, se había evadido para evitar ser atendido por los médicos. Preguntado. Indique usted en su informe que cuando el patrullero pasó al frente de la formación,
éste había manifestado tener problemas familiares, con base en lo anterior, indíquele
al despacho si tenía conocimiento usted o en algún momento el patrullero le había
comentado qué clase de problemas tenía este policial. Contestó. No sólo hasta ese
momento el patrullero manifestó a mi teniente Villegas que tenía problemas familiares. Preguntado. Dentro del informe se indica que el patrullero Tibatá Guio John Ángel al
momento en que el señor teniente Villegas Hernández ordena que lleven el policial al
hospital para verificar su estado y prestarle atención médica este sale huyendo de las
instalaciones policiales y que no recibió tercer turno de vigilancia, con base en lo
anterior, indíquele al despacho a qué horas regreso nuevamente el policial, indicando
si recibió o no el servicio que le correspondía. Contestó.
El mencionado patrullero no
recibió tercer turno en la guardia y aproximadamente a las 16:30 horas realizó una
llamada al suscrito manifestándome que dijera que yo le había dado permiso de mi
parte le manifesté que en término de la distancia hiciera presentación a la estación ya
que se encontraba evadido, no siguió hablando más y realizó su presentación
aproximadamente a las 18:36 horas donde se presentó ante el suscrito, teniendo en
cuenta la situación del patrullero y con el fin de evitar cualquier situación delicada se
le ordenó que estuviera disponible en la estación. Preguntado. Indíquele al despacho
si el momento en que se le presenta el señor patrullero a las 18:36 horas éste le
explica el motivo por el cual no recibió tercer turno en la Guardia o le dio alguna
justificación sobre su comportamiento. Contestó. El mencionado patrullero no
manifestó nada y teniendo en cuenta el comportamiento como persona, que no es el
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Radicado: 41001-23-33-000-2016-00410-01 (4096-2021)
Demandante: John Ángel Tibatá Guio
de una persona normal, más bien se dejó disponible, como tampoco me dio ninguna
explicación o justificación para no haber recibido tercer turno. Preguntado. Teniendo
en cuenta que el señor patrullero Tibatá Guio John Ángel era quien recibía tercer turno
de vigilancia, indíquele al despacho si tuvo usted que nombrarle reemplazo, indicando
si con la ausencia del patrullero se causó traumatismo en el servicio. Contestó. Si
nombre reemplazo, se dejó el patrullero Montaño Marín, efectivamente con la
ausencia del patrullero Tibatá Guio John Ángel se causó un gran traumatismo ya que
tocó desactivar una patrulla de la vigilancia.
En la misma fecha, el patrullero Cuervo Sánchez Andrés Mauricio rindió su
declaración, dentro de la cual sostuvo:11
(…) yo para ese día me encontraba en la formación que había ordenado mi teniente
Villegas, él era comandante del grupo unir, eso fue como a las 13 horas
aproximadamente, no estoy bien seguro, cuando estábamos formando el patrullero
Tibatá Guio John Ángel empezó a interrumpir a mi Teniente Villegas, mi teniente le
dijo que diera un paso al frente y le dijo que le soplara un ojo y él se lo sopló, mi
Teniente Villegas le mandó a quitar el fusil y me dijo a mí que lo llevara a Guadalupe
para que le hicieran la prueba de beodez, de ahí salimos con el patrullero de la
formación afuera de la estación, mientras ellos seguían información, yo estaba
esperando que terminara la formación para coordinar los medios de transporte para
llevar a Guadalupe para tomarle el examen y mientras que yo me devolví a buscar
una motocicleta para llevarlo y hablar con el comandante, el patrullero se fue y no me
espero, se retiró y no supe para donde, inmediatamente yo le informo a mi intendente
Tepud que el patrullero Tibatá se había ido y de ahí le dije a los grupos unir inclusive
estaba mi teniente Villegas, entonces todo salimos en los vehículos, inclusive el
personal de carreteras también salió a buscarlo sin lograr su ubicación. Después en
horas de la noche como a las 20 horas yo lo vi en la estación otra vez. Preguntado.
Indíquele al despacho cuánto tiempo llevaba usted laborando en la estación de policía
Altamira para el día 21 de marzo de 2014, indicándose durante ese tiempo laboró con
el señor patrullero Tibatá Guio John Ángel. Contexto. Iba para dos años de estar
laborando en la estación y el patrullero llegó a laborar después de que yo llegue.
Preguntado. Indique al despacho que cargo o función desempeñaba el señor
patrullero Tibatá Guio John Ángel dentro de la estación de policía Altamira. Contesto.
Él trabaja en la vigilancia en la patrulla y también trabajaba como comandante de
guardia. Preguntado. Manifiesta en el despacho que turno Servicio tenía que prestar
el país señor patrullero para la fecha de los hechos, indicando si lo prestó o no.
Contestó. El ese día regresaba de franquicia pero no sé qué turno tenía que realizar.
Preguntado. Indíquele al despacho si con la ausencia del señor patrullero Tibatá Guio
John Ángel se causó algún traumatismo en los servicios de la estación de policía
Altamira, en caso positivo, qué clase de traumatismo. Contestó. El traumatismo fue
que como primera medida el personal de la estación tuvo que salir a ubicarlo, al igual
que el personal de carreteras. Preguntado. Indíquele al despacho si con anterioridad
de los hechos presentados el día 21 de marzo de 2014, sabía usted o se enteró de
que el señor patrullero Tibatá Guio John Ángel presentar algún tipo de problemas ya
sea de tipo familiar o laboral, en caso positivo, qué clase de problemas y cómo se
enteró usted. Contestó. No tenía conocimiento que tuviera ningún problema…
Preguntado. Indíquele al despacho cómo se encontraba Vestido el patrullero al
11 Folios 101 a 103 del cuaderno de antecedentes administrativos.
13
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Demandante: John Ángel Tibatá Guio
momento en que se encontraba recibiendo la instrucción. Contestó. Él se encontraba
uniformado con el uniforme número cuatro.
El 25 de noviembre de 2014, el subintendente Puentes Puentes Fernando presentó
su declaración, dentro de la cual adujo:12
(…) se le preguntó que si se sentía mal, que si tenía alguna situación, ahí en la
formación entre el personal de la vigilancia y carreteras, el patrullero Tibatá Guio John
Ángel no fue muy claro con lo que dijo, entonces mi Teniente le pidió que saliera de
la fila y se pusiera al frente de la formación, le preguntó nuevamente mi Teniente que
si estaba enfermo, que si tenía algún problema, entonces el patrullero que yo recuerde
le dijo algo en baja voz, mi Teniente le dijo que se acercara porque no le entendía, y
Teniente le dijo que le soplara un ojo y el patrullero lo hizo, entonces mi teniente llama
al intendente Tepud Y le dice que le siente aliento alcohólico al patrullero Tibatá Guio
John Ángel Y que lo llevara al centro de salud para que le tomaran el examen,
entonces mi intendente llama al secretario y le dice que vayan al hospital de
Guadalupe a tomarle el examen, entonces ellos salen de la formación y salen de la
estación, o sea el intendente Tepud, el secretario y el patrullero Tibatá Guio John
Ángel para llevarlo al hospital y verificar si estaba o no en estado de embriaguez, de
ahí mi Teniente siguió con la formación cuando al rato entró mi sargento Tepud a la
oficina de la estación con el secretario diciendo que el patrullero había arrancado a
correr, que se había ido, entonces mi sargento nos informa eso nosotros y nos ordena
que saliéramos a buscarlo, de ahí salimos a los vehículos policiales y lo buscamos
por las calles del pueblo, en las veredas, le preguntamos a la gente por si lo habían
visto y no lo encontramos ahí en el pueblo, en las calles, luego lo buscamos por un
buen tiempo después llegamos nuevamente a la estación y mi sargento intentó
comunicarse vía telefónica y de ahí yo continué con mis labores de vigilancia normal.
Ya por la tarde el patrullero Tibatá llegó a la estación alrededor de las 18 o 19 horas
aproximadamente ya que yo me encontraba cenando para continuar con la vigilancia
y ya cuando llegue después de las 19 horas ya estaba el patrullero en la estación…
Preguntado. Indíquele al despacho como era su desempeño laboral y personal del
patrullero Tibatá Guio John Ángel dentro de la unidad. Contestó. En el poco tiempo
que yo llevaba era normal, el prestaba servicio de vigilancia y cerró estaba con otros
compañeros para el servicio de guardia, dormía en las instalaciones, era normal.
Preguntado. Indíquele al despacho que cargo función desempeñada al patrullero
dentro de la estación de policía Altamira. Contestó. Que yo me acuerde era integrante
de vigilancia y prestaba servicio de guardia y lo que le ordenara mi intendente Tepud.
El 26 de noviembre de 2014, el comandante de la Estación de Policía Altamira allegó
a la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía del Huila,
copia de la minuta de servicios y de guardia, dentro de las cuales se observan las
siguientes anotaciones:13
21-03-2014 14:20 Anotación
12 Folios 109 y 110 del cuaderno de antecedentes administrativos.
13 Folios 112 a 116 del cuaderno de antecedentes administrativos.
14
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Demandante: John Ángel Tibatá Guio
A esta hora y fecha se deja constancia que nos encontrábamos en formación personal
en la estación Altamira y personal del unir recibiendo instrucciones del señor Teniente
Villegas Hernández Oscar donde en el transcurso de la instrucción el señor patrullero
Tibatá Guio John Ángel interrumpía la instrucción realizando le preguntas
incoherentes, el señor Teniente Villegas nota mal su estado anímico para lo cual le
pide salir al frente de la formación, el patrullero en mención sale la información y se
le observa que se encuentra mal anímicamente al parecer bajo efectos del alcohol y
manifiesta el patrullero tener problemas familiares, al observar esta situación el señor
Teniente Villegas ordena trasladar al patrullero al hospital para verificar su estado y
prestarle atención médica, al escuchar esto el patrullero Tibatá Guio John Ángel sale
de las instalaciones policiales y emprende la huida, evadiéndose de las instalaciones
y no recibiendo tercer turno de vigilancia el cual le correspondía realizar. Teniendo en
cuenta esta situación las patrullas conformadas por… Salieron en la búsqueda del
mencionado patrullero, el cual no se pudo ubicar en el perímetro pero según versión
de un ciudadano el cual se le tomó la entrevista, manifestó que un señor lo paró y le
dijo que lo llevara en su moto, él lo llevó hasta la bomba salida a Guadalupe, el paro
y el agente le dijo que lo llevara más arriba, lo llevó hasta la entrada de la vereda pajiji
(…)
21-03-2014 18:36 Llegada
A esta fecha y hora se presenta a las instalaciones policiales del municipio de Altamira
el señor patrullero Tibatá Guio John Ángel en uniforme sin novedad.
21-03-2014 Relación Personal en Vigilancia
(…)
Tibatá Guio John Ángel (…) Lugar de Facción: tercer turno
El 6 de julio de 2015, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento
de Policía del Huila decidió tramitar la investigación disciplinaria a través del
procedimiento verbal, citar a audiencia pública al señor Tibatá Guio John Ángel, en
su condición de patrullero y formular pliego de cargos en su contra, así:14
Cargo único. Ley 1015 2006. Artículo 34. Faltas gravísimas. Numeral 27. Ausentarse
del lugar de facción o sitio donde preste sus servicios sin permiso o causa justificada.
(…)
Con base en el cargo único en Delgado, el verbo rector se contrae al vocablo
ausentarse y se considera que el implicado señor patrullero Tibatá Guio John Ángel
presuntamente incurrió en la vulneración de la norma sustancial disciplinaria aplicable
a los miembros de la policía nacional, al momento mismo en que para el día 21 de
marzo de 2014 a eso de las 14:20 horas aproximadamente decide salir corriendo de
las instalaciones policiales de la estación de policía Altamira, ausentándose del sitio
donde voy a prestar su servicio de tercer turno como jefe de información y seguridad
de instalaciones, sin permiso alguno, después de que al ser requerido por el señor
teniente Villegas Hernández Oscar Raúl, quien se encontraba en formación dándole
instrucción al personal de la estación y de la seccional de tránsito y transporte, al notar
que su estado anímico no era normal y sintiéndole aliento alcohólico, ordena al
comandante de la estación al señor intendente Tepud Amaya John Jairo llevarlo hasta
el hospital para que lo revisaran y le prestarán atención médica, decidiendo así el
14 Folios 120 a 134 del cuaderno de antecedentes administrativos.
15
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Demandante: John Ángel Tibatá Guio
investigado ausentarse al salir corriendo para evitar ser llevado a tomarse los
respectivos exámenes para establecer su estado anímico, presentándose
posteriormente a la unidad a las 18:36 horas.
(…) Culpabilidad
(…)
Del análisis realizado al acervo probatorio obrante dentro del expediente y
entendiendo la forma de culpabilidad dolosa como la representación mental del
resultado de un comportamiento típico y antijurídico, existiendo en el la
representación, toda vez que existe un conocimiento previo completo de las diversas
posibilidades que ofrece la ejecución de la conducta, y de acuerdo a las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que se cometió la falta a disputarse de dicha manera, toda
vez que el aquí investigado, tenía para la fecha de los hechos, pleno conocimiento
que ausentarse del sitio donde presta sus servicios sin permiso, máxime cuando
debía recibir tercer turno en la guardia de la estación de policía Altamira, configura
falta disciplinaria; por otra parte por cuanto va a ser uniformado como miembro activo
de la institución policial goza de gran capacidad intelectual y doctrinaria en cuanto a
leyes se refiere, pues ha sido facultado en representación del Estado para cumplir
hacer cumplir el ordenamiento jurídico colombiano y no por el contrario para actuar
en contra de él.
El 25 de julio de 2015, en audiencia pública, el patrullero Tibatá Guio John Ángel
rindió su versión libre, dentro de la cual indicó:15
Para el día 21 de marzo de 2014 yo me encontraba en franquicia, me presenté al
servicio a las 13 30 horas con toda la disposición cuando siendo aproximadamente
las 14 horas el señor intendente Tepud Amaya comandante estación, él me ordena
que debo asistir a una formación con el fin de tratar una serie de novedades que se
venían presentando en la estación, con el señor Teniente Villegas, comandante de
carreteras, estando en la formación muy respetuosamente le pedí la palabra el cual
le manifesté que yo dormía en la estación y que cuando uno realizaba primer turno
los compañeros de carreteras no dejaban dormir ya que hacían mucha bulla y que no
podía descansar, y le manifestó de una forma como alterada gritándome que no
hiciera preguntas que no iban al tema vi que habían otras cosas más importantes que
eso, posteriormente le dije que éramos pocos en la estación y que debido a eso
estábamos llevando unos turnos agotadores, el de inmediato me manifiesta de una
forma alterada que pasar al frente de la formación y ahí le ordena al señor intendente
que me trasladar al hospital a tomarme la prueba de alcoholimetría, y para verificar
en qué estado me encontraba o qué era lo que me pasaba, de ahí salgo de la
formación y me fui de las instalaciones policiales ya que por parte del señor Teniente
Villegas, debe a tomarme esa prueba fuera como fuera y yo no estoy enseñado ese
tipo de situaciones, de igual forma no estoy obligado a tomarme esa prueba.
Preguntado. Libre de todo apremio y juramento indíquele al despacho que actividad
o servicio tenía que prestar usted al momento en que se va a de las instalaciones.
Contestó. Ya estaba dispuesto para el servicio, pero no me habían ordenado ningún
servicio y como había poco personal yo estaba a órdenes del comandante.
Preguntado. Libre de todo apremio y juramento indíquele al despacho a qué horas
regreso nuevamente a las instalaciones policiales. Contestó. Yo llegué
aproximadamente a las 18 o 18:20 horas. Preguntado. Libre de todo apremio y
juramento indíquele al despacho qué actividades realiza usted durante el tiempo que
15 Folios 157 a 164 del cuaderno de antecedentes administrativos.
16
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Demandante: John Ángel Tibatá Guio
estuvo fuera de las instalaciones policiales. Contestó. Estuve donde un amigo, porque
yo estaba mal psicológicamente y me sentí muy ofendido y humillado por el Teniente
Villegas. Preguntado. Libre de todo apremio y juramento indíquele al despacho si
usted solicitó permiso para ausentarse de las instalaciones policiales, en caso positivo
quien le autorizó dicho permiso. Contestó. Me fui de las instalaciones policiales, por
voluntad propia.
En esa misma audiencia, el disciplinado, a través de apoderado judicial, presentó
sus descargos, señalando lo siguiente:
Las pruebas documentales aportadas a la investigación como es la anotación en la
minuta de guardia dejándose la constancia que la entrega del servicio (…) a las 14
horas se ordenó información de todo el personal adscrito a la estación de policía
Altamira para tratar temas relacionados con el servicio de policía, formación a la que
le correspondió existir a mi defendido el patrullero Tibatá Guio John Ángel Y que
posterior a la formación en la que participaba, se le ordenó al disciplinado retirarse de
la información para luego ordenársele al comandante de la unidad policial trasladar a
mi prohijado al municipio de Guadalupe Huila, para que se le practicará la prueba de
embriaguez, demuestran claramente qué Tibatá Guio John Ángel no se encontraba
de servicio cubriendo algún lugar de facción o sitio, pues desde el momento en que
se le ordena asistir a la formación ordenada por el teniente Villegas y luego se ordena
su traslado al municipio de Guadalupe para que fuera llevado al hospital para que se
le practicaron una prueba de embriaguez, éste había sido relevado de toda actividad
relacionada con el tercer turno de servicio que aparece en la minuta de vigilancia.
El 4 de agosto de 2015, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento
de Policía del Huila, en primera instancia, declaró responsable disciplinariamente al
señor John Ángel Tibatá Guio, en su condición de patrullero, por haber incurrido en
la falta gravísima consagrada en el artículo 34 numeral 27 de la Ley 1015 de 2006,
a título de dolo; sancionándolo con destitución e inhabilidad general para
desempeñar cargos públicos por el término de 10 años.16
Contra lo anterior, el disciplinado interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto
el 15 de abril de 2016, por la Inspección Delegada Regional Dos, confirmando la
decisión inicial.17
El 1.º de junio de 2016, por Resolución 03220, el director general de la Policía
Nacional ejecutó la sanción disciplinaria impuesta.18
16 Folios 31 a 56 del cuaderno de antecedentes administrativos.
17 Folios 57 a 66 del cuaderno de antecedentes administrativos.
18 Folio 29 del cuaderno de antecedentes administrativos.
17
Radicado: 41001-23-33-000-2016-00410-01 (4096-2021)
Demandante: John Ángel Tibatá Guio
2.5. Caso concreto – Análisis de la Sala
2.5.1. Análisis integral de la actuación disciplinaria, dentro del proceso
contencioso administrativo
El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tiene como finalidad
restaurar el ordenamiento jurídico transgredido con ocasión de la expedición de un
acto administrativo que quebranta las normas legales o constitucionales con la
consecuente decisión de restablecer el derecho vulnerado. Esta competencia ha de
estar en consonancia con la previsión contenida en el artículo 103 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala como
objeto de esta jurisdicción la efectividad de los derechos reconocidos en la
Constitución y la ley y la preservación del orden jurídico e impone la observancia de
los principios constituciones y del derecho procesal.
La anterior previsión encuentra sustento constitucional en los artículos 1, 2, 4, 29,
228 y 230, normas contentivas de principios y valores que imponen su acatamiento
como presupuesto de legitimidad institucional y legalidad de los actos jurídicos que
sus representantes profieren. De modo que toda manifestación de voluntad estatal
conecta indiscutiblemente con la nueva realidad del Estado que no sólo ha de ser
percibido en su papel de represor y vigilante, sino en su sentido más significativo de
garante y constructor de aquellas realidades que tienen como propósito el bienestar
del individuo como fin en sí mismo.
Por ello, el papel del juzgador no puede quedar relegado al de simple verificador,
condicionado por los formalismos que imponen restringir su ámbito de razonamiento
a los términos de una demanda o de los mismos actos, frente a los cuales no es
dable simplemente declarar su conformidad o disonancia con el ordenamiento
jurídico, con la posibilidad de que la decisión de la controversia jurídica resulte
insuficiente para los fines mismos de la justicia. El salto cualitativo que imprimió al
juzgador la Constitución de 1991, permite anteponer el análisis pleno, integral del
caso.
18
Radicado: 41001-23-33-000-2016-00410-01 (4096-2021)
Demandante: John Ángel Tibatá Guio
Sobre este tema, esta Subsección en sentencia de 26 de marzo de 2014, con
ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren razonó en los siguientes
términos:
3.4. Alcance del control judicial frente a procesos disciplinarios.
El control que ejerce la jurisdicción contencioso-administrativa sobre los actos
administrativos disciplinarios proferidos por la Administración Pública o por la
Procuraduría General de la Nación es un control pleno e integral, que se efectúa
a la luz de las disposiciones de la Constitución Política como un todo y de la ley en
la medida en que sea aplicable, y que no se encuentra restringido ni por aquello que
se plantee expresamente en la demanda, por ende no serán de recibo las
interpretaciones restrictivas que limiten la función disciplinaria a simplemente
garantizar el pleno apego con el orden jurídico como garantía de legitimidad de estas
potestades públicas.
La entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, con su catálogo de
derechos fundamentales y sus mandatos de prevalencia del derecho sustancial en
las actuaciones de la administración de justicia (art. 228, C.P.) y de primacía
normativa absoluta de la Constitución en tanto norma de normas (art. 4, C.P.),
implicó un cambio cualitativo en cuanto al alcance, la dinámica y el enfoque del
ejercicio de la función jurisdiccional, incluyendo la que ejercen los jueces de la
jurisdicción contencioso-administrativa (incluyendo al Consejo de Estado). En
efecto, según lo han precisado tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional, la plena vigencia de los derechos y garantías fundamentales
establecidos por el constituyente exige, en tanto obligación, que los jueces
sustituyan un enfoque limitado y restrictivo sobre el alcance de sus propias
atribuciones de control sobre los actos de la administración pública, por un enfoque
garantista de control integral, que permita a los jueces verificar en casos concretos
si se ha dado pleno respeto a los derechos consagrados en la Carta Política.
Esta postura judicial supone evidentemente una rectificación a la posición doctrinal
y jurisprudencial prevaleciente con anterioridad, en cuyo alero las atribuciones del
juez contencioso-administrativo son formalmente limitadas y se restringen a la
protección de aquellos derechos y normas expresamente invocados por quienes
recurren a la justicia, que otorgaba un alcance excesivamente estricto al principio
de jurisdicción rogada en lo contencioso-administrativo. Este cambio,
constitucionalmente impuesto y de gran calado, se refleja nítidamente en un
pronunciamiento reciente del Consejo de Estado, en el cual la Sección Segunda -
Subsección B de esta Corporación, y dando aplicación directa a los mandatos de
la Carta, rechazó expresamente una postura restrictiva que limitaba las facultades
garantistas del juez contencioso-administrativo en materia de control de las
decisiones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación con base en el
principio de jurisdicción rogada, y adoptó en su reemplazo una postura
jurisprudencial que exige a las autoridades jurisdiccionales realizar, en tanto
obligación constitucional, un control sustantivo pleno que propenda por
materializar, en cada caso concreto, el alcance pleno de los derechos
establecidos en la Constitución.19
19Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 19 de agosto de 2010. Radicación No. 76001-23-31-000-2000-02501-01(1146-05).
19
Radicado: 41001-23-33-000-2016-00410-01 (4096-2021)
Demandante: John Ángel Tibatá Guio
Lo que resulta aún más importante es que el control pleno por la jurisdicción
contenciosa forma parte de las garantías mínimas del debido proceso a las que tiene
un derecho fundamental el sujeto disciplinado, según la Corte Constitucional, por lo
cual este control judicial contencioso-administrativo no puede ser objeto de
interpretaciones que restrinjan su alcance.
El planteamiento indicado resulta confirmado por la amplísima jurisprudencia de la
Corte Constitucional en materia de procedencia de la acción de tutela, en la cual se
ha explícitamente afirmado que las acciones ante la jurisdicción contenciosa -en
nulidad o nulidad y restablecimiento- son, los medios judiciales idóneos para proteger
los derechos fundamentales de quienes estén sujetos a un proceso disciplinario. En
efecto, la Corte Constitucional en jurisprudencia repetitiva ha explicado que los actos
de la procuraduría son actos administrativos sujetos a control judicial por la
jurisdicción contenciosa, regla que ha sido aplicada en incontables oportunidades
para examinar la procedencia de la acción de tutela en casos concretos, en los que
se ha concluido que ante la existencia de otros medios de defensa judicial, la tutela
se hace improcedente salvo casos de perjuicio irremediable -que por regla general
no se configuran con las decisiones sancionatorias de la procuraduría-. Se puede
consultar a este respecto la sentencia T-1190 de 2004, en la cual la Corte afirmó que
el juez de tutela no puede vaciar de competencias la jurisdicción contencioso-
administrativa, encargada de verificar la legalidad de los actos administrativos
proferidos por la Procuraduría en ejercicio de sus potestades disciplinarias. La lógica
jurídica aplicada por la Corte Constitucional al declarar improcedentes acciones de
tutela por ser idóneos los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho para
ventilar las pretensiones de anulación de decisiones disciplinarias por violación de la
Constitución, es la misma lógica jurídica que sustenta el ejercicio de un control más
que meramente formal por la jurisdicción contencioso-administrativa sobre estos
actos administrativos.
(…)
Posteriormente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de
unificación, dejó sentado que el control de legalidad de actos de carácter
sancionatorio como los proferidos en el marco de una actuación disciplinaria,
conlleva, entre otras cosas, el estudio encaminado a verificar que dentro del trámite
correspondiente se hubieran observado las garantías constitucionales que le
asisten al sujeto disciplinado y, en general, comporta un control judicial integral. Dijo
la Sala:
«b) EI control judicial integral de la decisión disciplinaria. Criterios de unificación. El
control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos
administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del juez de lo
contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su
lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se
Actor: Milton José Mora Lema. Demandado: Procuraduría General de la Nación. consejera ponente:
Bertha Lucía Ramírez de Páez.
20
Radicado: 41001-23-33-000-2016-00410-01 (4096-2021)
Demandante: John Ángel Tibatá Guio
realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los
derechos fundamentales.
(…)
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es
plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares
de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo
sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un
procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo
restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria
hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por
el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo
es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control
judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El
juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»20
En consecuencia, el estudio integral de los actos disciplinarios cuestionados en esta
controversia, se hará dentro del marco planteado en la sentencia previamente
trascrita.
2.5.2. Violación del derecho al debido proceso
Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002, disponen que
el debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter
administrativo, e implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente, y con observancia
de las formas propias de cada juicio.
La Corte Constitucional respecto al mencionado derecho, ha manifestado que en
materia disciplinaria las actuaciones deben estar acordes a este, en garantía de un
orden justo, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales del investigado y el
control de la potestad estatal disciplinaria21.
20 Sentencia proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez (E), referencia:
110010325000201 100316 00 Núm. interno: 1210-11, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz.
21 Sentencia C-708 de 22 de septiembre de 1999, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.
21
Radicado: 41001-23-33-000-2016-00410-01 (4096-2021)
Demandante: John Ángel Tibatá Guio
Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido
proceso como el «conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre
e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado
como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la
ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las
demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público,
desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la
actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el
derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del
orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas»22.
Frente a lo anterior, el demandante sostuvo que se le vulneró el derecho al debido
proceso, por cuanto, primero, el material probatorio obrante dentro del expediente
no demostró, con certeza, la ocurrencia de la falta disciplinaria endilgada, aunado
22 Sentencia C- 341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo.
22
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al hecho de que para el momento de la supuestos fácticos investigados, el patrullero
no estaba desarrollando servicio alguno; y, segundo, porque se trasgredió el
principio de congruencia al analizar la configuración del elemento de la ilicitud
sustancial.
2.5.2.1. De la tipicidad en materia disciplinaria
El artículo 4 de la Ley 734 de 2002, dispone que «el servidor público y el particular
en los casos previstos en este código solo serán investigados y sancionados
disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley
vigente al momento de su realización», siendo esta la consagración legal que impone
la realización de un proceso de subsunción típica en cada proceso disciplinario, que
implica que el operador determine expresamente en cada caso si el comportamiento
investigado, según como haya sido demostrado, se adecua efectivamente a la
descripción típica establecida en la ley que se va a aplicar.
Por su parte, el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha
establecido en cuanto a este principio en materia disciplinaria, que23:
En esa medida, el proceso de subsunción típica de la conducta de quien es sometido
a un proceso administrativo disciplinario constituye uno de los componentes de la
legalidad de las actuaciones de la autoridad disciplinante. Sólo luego de haber surtido
de manera expresa y detallada dicho proceso de razonamiento lógico-jurídico en el
texto mismo de la decisión disciplinaria, podrá llegarse a la conclusión de que la
conducta investigada es típica. La subsunción típica se vincula así directamente, en
tanto componente necesario, al principio de tipicidad en el derecho disciplinario. Es,
más aún, un proceso de naturaleza técnica que los operadores disciplinarios han de
desplegar con el mayor rigor jurídico, ya que en ello se juega el ejercicio efectivo de
los derechos fundamentales procesales y sustantivos del procesado; por lo mismo,
presupone que la legislación sancionadora que se invoca haya sido debidamente
interpretada en todos sus componentes de conformidad con los distintos métodos
hermenéuticos que operan en el sistema colombiano, y que las pruebas que obran en
el proceso demuestren en forma contundente la ocurrencia de los hechos y la
culpabilidad individual del procesado.
En materia disciplinaria, el proceso de subsunción típica de la conducta del procesado
tiene ciertas especificidades que le diferencian del proceso de subsunción típica que
realizan los jueces penales. Según ha explicado la Corte Constitucional, en virtud de
23 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A de 26 de marzo de 2014,
expediente No. 0263-13, consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
23
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la admisibilidad del uso, en el ámbito disciplinario, de tipos abiertos y conceptos
jurídicos indeterminados, el fallador disciplinario cuenta con un margen más amplio
para realizar el proceso de subsunción típica – margen que se activa, se infiere
necesariamente, cuando se está ante un tipo abierto o un concepto indeterminado, y
que consiste esencialmente en que la autoridad disciplinaria puede –y debe- acudir a
una interpretación sistemática de las normas invocadas para efectos de realizar la
adecuación típica. En palabras de la Corte Constitucional, esta diferencia entre el
derecho penal y el derecho disciplinario «se deriva de la admisión de los tipos en
blanco o abiertos y de los conceptos jurídicos indeterminados en materia disciplinaria,
[y] hace referencia a la amplitud hermenéutica con que cuenta el operador
disciplinario al momento de interpretar y aplicar la norma disciplinaria. // Así las cosas,
la jurisprudencia constitucional ha admitido que el investigador disciplinario dispone
de un campo más amplio para determinar si la conducta investigada se subsume o
no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes. En este mismo
sentido, esta Corte ha señalado en múltiples oportunidades que en materia
disciplinaria el fallador goza de una mayor amplitud para adelantar el proceso de
adecuación típica de las conductas reprochables, pues por lo general la descripción
de las faltas disciplinarias debe ser objeto de complementación o determinación a
partir de la lectura sistemática de un conjunto de normas jurídicas que desarrollan
deberes, mandatos y prohibiciones»24.
2.5.2.1.1. De la aplicación del régimen disciplinario de la Fuerza Pública
El régimen disciplinario en Colombia ha tenido una evolución tanto constitucional
como legal, toda vez que su origen se fundamentó en los deberes que tenía un
empleado público y cómo su incumplimiento generaba un reproche por parte de la
Administración, para luego llegar a establecer los principios rectores de toda
actuación disciplinaria, faltas y sanciones específicas, los procedimientos a través
de los cuales se surte la investigación disciplinaria, contenido de cada una de las
actuaciones que se surten, entre otros.
Ahora bien, el artículo 218 de la Constitución Política establece que la Policía
Nacional, «es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la
Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes
de Colombia convivan en paz», razón por la cual ésta debe mantener una actitud
expectante y ofensiva frente a los acontecimientos de violencia, con el fin de
prevenir sucesos que afecten o pongan en peligro bienes jurídicos importantes
como la vida, la libertad, integrada de las personas, etc.
24 Corte Constitucional, sentencia C-030 de 2012, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
24
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Aunado a ello, la norma ibidem, consagró que la Ley deberá determinar su régimen
de carrera, prestacional y disciplinario que les es propio.
Por su parte, el régimen general disciplinario contemplado en la Ley 734 de 2002,
«Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único», previó en su artículo 224, que:
ARTÍCULO 224. VIGENCIA. La presente ley regirá tres meses después de su
sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias, salvo las normas referidas
a los aspectos disciplinarios previstos en la Ley 190 de 1995 y el régimen especial
disciplinario establecido para los miembros de la fuerza pública.
En consideración a lo anterior, la Corte Constitucional dispuso que la condición de
un régimen disciplinario especial para los miembros de la Fuerza Pública, hace
referencia a la consagración de unas faltas y sanciones que atienden la
especificidad de las funciones de aquellos, es decir, en lo que respecta a la parte
sustancial del derecho disciplinario y ya, frente a la parte procedimental, se debe
acudir al régimen general que se impone a todos los servidores del Estado. En tal
sentido, dicha Corporación, señaló:25
¿Pero qué significa tener un régimen especial de carácter disciplinario?.
Simplemente que existe un conjunto de normas singulares o particulares en las que
se consagran las faltas, las sanciones, los funcionarios competentes para imponerlas
y el procedimiento o trámite que debe seguir el proceso respectivo, incluyendo
términos, recursos, etc., aplicables a un determinado grupo de personas, en este caso
a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que se distinguen de
las que rigen para los demás servidores del Estado, debido a la específica función o
actividad que les corresponde cumplir. Dicho régimen por ser especial prevalece
sobre el general u ordinario, en este caso, sobre el Código Disciplinario Único.
Sin embargo, la norma demandada parcialmente, deja vigentes las disposiciones
disciplinarias de carácter sustantivo que rigen a la Fuerza Pública y que están
contenidas en tales estatutos especiales, disponiendo que éstas deberán aplicarse
con observancia de los principios rectores contenidos en el Código Disciplinario Único
y siguiendo el procedimiento señalado en el mismo, lo cual no vulnera la Constitución,
pues la remisión en estos aspectos no significa desconocimiento del régimen
especial.
Es que lo que en verdad diferencia los estatutos disciplinarios de las fuerzas militares
y de la policía nacional frente a los demás regímenes de esta clase, es la descripción
25 C-310 de 1997.
25
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de las faltas en que pueden incurrir sus miembros y las sanciones que se les pueden
imponer, precisamente por la índole de las funciones que están llamados a ejecutar,
las que no se identifican con las de ningún otro organismo estatal.
No sucede lo mismo con el procedimiento que se debe seguir para la aplicación de
tales sanciones, pues éste sí puede ser igual o similar al que rige para los demás
servidores públicos, de ahí que el legislador haya decidido establecer uno sólo, el
consagrado en el Código Disciplinario Único.
En relación con este tema expresó la Corte en reciente sentencia (C-088/97), al
referirse a la misma norma que es hoy objeto de acusación, "La salvedad que hizo el
legislador obedeció, presumiblemente, a la idea de mantener un régimen especial
disciplinario para la fuerza pública, en lo que concierne a los aspectos sustanciales,
en atención a las especiales características de las funciones y actividades que
cumplen sus miembros, que pueden ofrecer diferencias sustanciales con las que
desarrollan el resto de los servidores del Estado. No obstante la conservación de
dicho régimen excepcional para la fuerza pública, en los aspectos de orden sustancial
propios de su estatuto disciplinario, el legislador consideró que debía establecer una
unidad en los procedimientos para la determinación de la responsabilidad
disciplinaria, por considerar que los aspectos procesales pueden ser materia de
regulaciones comunes que, por tanto, pueden ser aplicables por igual para investigar
y sancionar la conducta de cualquier servidor público que incurra en falta
disciplinaria." (M. P. Antonio Barrera Carbonell)
La existencia de estatutos especiales no impide al legislador incluir en ellos normas
que se identifican con las de estatutos de carácter general o remitirse a normas que
regulen materias semejantes, por el contrario, si ellas sustentan su contenido la
reiteración es pertinente. Los principios rectores del proceso disciplinario -debido
proceso, principio de legalidad, principio de favorabilidad, presunción de inocencia,
igualdad ante la ley, reconocimiento de la dignidad humana, resolución de la duda en
favor del disciplinado, etc.- deben necesariamente identificarse, cualquiera que sea el
régimen al que se pertenezca, pues se han instituido para garantizar al servidor
público, objeto de investigación, el respeto de sus derechos constitucionales en el
adelantamiento del proceso respectivo. (Negrilla fuera de texto).
Así las cosas, la consagración de un régimen especial aplicable para los miembros
de la Fuerza Pública se explica por razón de las funciones especiales que a ellos
les son encomendadas, siendo esta la razón para que las diferencias entre los
estatutos disciplinarios de la Fuerza Pública y los demás funcionarios públicos,
radiquen, exclusivamente, en los aspectos de orden sustancial, las faltas en que
pueden incurrir y las sanciones que les son aplicables y no en el procedimiento que
debe surtirse para imponer la sanción, pues, en este aspecto el legislador tiene la
posibilidad de fijar una regulación común, sin que con ello se vulneren derechos
fundamentales.
2.5.2.1.2.Sistema probatorio en el régimen disciplinario de la Policía Nacional
26
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La Constitución Política en los artículos 217 inciso 226, y 21827 otorgó al legislador
la facultad para establecer un régimen especial de carácter disciplinario aplicable a
los miembros de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional). En
atención a lo anterior y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional28 el legislador
expidió la Ley 1015 de 2006, Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, en cuyos
artículos 16 y 58 señaló en cuanto al procedimiento y régimen probatorio, lo
siguiente:
Artículo 16. Contradicción. Quien fuere objeto de investigación tendrá derecho a
conocer las diligencias que se practiquen, a controvertirlas y a solicitar la práctica
de pruebas, tanto en la Indagación Preliminar como en la Investigación Disciplinaria.
Artículo 58. Procedimiento. El procedimiento aplicable a los destinatarios de la
presente ley, será el contemplado en el Código Disciplinario Único, o normas que lo
modifiquen o adicionen.
De acuerdo con las anteriores disposiciones y atendiendo a la sentencia C-712 de
2001 de la Corte Constitucional, en materia disciplinaria el régimen probatorio de la
policía nacional se rige por lo dispuesto en el Código Disciplinario Único – Ley 734
de 2002.
En cuanto a las pruebas y su práctica, el Código Disciplinario Único dispone en los
artículos 132, petición y rechazo de pruebas; 133, práctica de pruebas por
comisionado; 138, oportunidad para controvertir la prueba; y 144, apreciación
integral de las pruebas, así:
Artículo 132. Petición y rechazo de pruebas. Los sujetos procesales pueden aportar
y solicitar la práctica de las pruebas que estimen conducentes y pertinentes. Serán
rechazadas las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán
26 Constitución política, artículo 217. (…). La Ley determinará el sistema de reemplazos en las
Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen
especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.
27 Constitución política, artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. (…). La ley determinará
su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.
28 La Corte Constitucional en sentencia C-712 de 2001 declaró inexequible la reglamentación sobre
los aspectos procesales y probatorios definidos en el Libro Segundo del Decreto Ley 1798 de 2000
– antiguo Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, toda vez que el ejecutivo no podía por medio
de facultades extraordinarias dictar un procedimiento especial y diferente al previsto en el Código
Disciplinario Único.
27
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las practicadas ilegalmente.
Artículo 133. Práctica de pruebas por comisionado. El funcionario competente podrá
comisionar para la práctica de pruebas a otro servidor público de igual o inferior
categoría de la misma entidad o de las personerías distritales o municipales.
Artículo 138. Oportunidad para controvertir la prueba. Los sujetos procesales podrán
controvertir las pruebas a partir del momento en que tengan acceso a la actuación
disciplinaria.
Artículo 141. Apreciación integral de las pruebas. Las pruebas deberán apreciarse
conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. En toda decisión
motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que ésta se
fundamenta.
De dichas disposiciones se concluye que: 1) el sujeto procesal investigado tiene el
derecho a solicitar la práctica de pruebas, el cual está supeditado al escrutinio que
la autoridad disciplinaria realice sobre la conducencia, oportunidad y pertinencia; 2)
para la práctica de las pruebas el funcionario investigador puede comisionar a
funcionarios de la misma entidad o de las personerías distritales o municipales bajo
la condición de que esos sean de igual o inferior categoría; 3) las pruebas
practicadas pueden ser controvertidas por el disciplinado en cualquier momento de
la actuación disciplinaria; y 4) las pruebas deben apreciarse en conjunto conforme
a las reglas de la sana critica.
Ahora bien, en cuanto a la sana crítica esta Subsección29 ha señalado, que «como
criterio de valoración probatoria, está edificada con los criterios de la lógica, el uso
de la ciencia y de la técnica, y las reglas de la experiencia. Respecto de la lógica,
podemos destacar el principio de no contradicción y el de razón suficiente. En
cuanto a la ciencia y la técnica, ello está asociado con las opiniones, estudios y
dictámenes de los expertos en determinadas materias. A su vez, las reglas de la
experiencia pueden ser individuales y colectivas, como también pueden ser
construidas por conocimientos públicos y privados.30 Una regla de la experiencia
plena es la que tiene en cuenta tanto lo colectivo como lo público.31 Estas pueden
29 En sentencia de 14 de mayo de 2020, radicación N.º 4094-2018.
30 Coloma Correa, Rodrigo; y Agüero San Juan, Claudio. LÓGICA, CIENCIA Y EXPERIENCIA EN
LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Revista Chilena de Derecho, vol. 41, n.º 2, pp. 673 – 703. 2014.
31 Ibidem.
28
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acreditarse por cualquier fuente de conocimiento, sin que sea necesario una prueba
o cierta formalidad.32».
Así las cosas, si bien no existe una tarifa legal para decir cómo debe acreditarse un
hecho o circunstancia, los razonamientos probatorios pueden apoyarse en
diferentes medios de convicción que lleven al convencimiento sobre algo que
ocurrió, lo cual requiere un proceso racional, ponderado, objetivo, revestido de
ecuanimidad y rectitud de juicio.
En este asunto, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de
Policía del Huila al momento de formular pliego de cargos, sostuvo que el señor
John Ángel Tibatá Guio incurrió en la falta gravísima dispuesta en el artículo 34
numerales 27 de la Ley 1015 de 2006, que prevé «Ausentarse del lugar de facción
o sitio donde preste su servicio sin permiso o causa justificada».
De acuerdo con lo mencionado, los elementos básicos de la conducta típica
descritos en la falta imputada a la parte actora, son: 1) un verbo rector, consistente
en ausentarse;33 2) del lugar de facción o sitio donde preste su servicio; y 3) sin
permiso34 o causa35 justificada36.
Es decir, que se incurre en dicha falta cuando el miembro de la Policía Nacional se
separa o ausenta del lugar de facción o del lugar donde presta el servicio, sin que
medie un permiso otorgado por parte del superior del uniformado o una razón valida
que justifique su comportamiento, circunstancia que debe ser analizada por la
autoridad disciplinaria en cada caso concreto, atendiendo a las particularidades que
puedan presentarse.
32 Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Librería ediciones del Profesional LTDA.
Décima sexta edición. Bogotá. 2008. Pp. 96 y 97.
33 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ausentar es
«Separarse de una persona o lugar, y especialmente de la población en que se reside».
34 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, permiso es
«Licencia o consentimiento para hacer o decir algo».
35 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, causa es «Aquello
que se considera como fundamento u origen de algo; Motivo o razón para obrar».
36 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, justificar es «Probar
algo con razones convincentes, testigos o documentos».
29
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Ahora bien, esta Sala en asuntos similares al ahora planteado, ha señalado que la
norma sanciona este tipo de conductas, teniendo en cuenta las especiales
circunstancias en las que los miembros de la Policía Nacional cumplen su labor,
pretendiendo garantizar la continuidad efectiva del servicio que se brinda por parte
de esta Institución, la cual exige que el personal que preste el turno se encuentre
siempre disponible para actuar cuando sea necesario, en procura de la salvaguarda
de los derechos y libertades de los ciudadanos.
En tal sentido, es de resaltar que dicho deber se pone en riesgo cuando el
uniformado se ausenta del lugar de facción o servicio sin que sus jefes inmediatos
tengan conocimiento, toda vez que impide tomar las medidas necesarias cuando el
servicio de la Policía Nacional se requiera.
En el sub examine, de acuerdo con el material probatorio obrante dentro del
expediente, se determinó lo siguiente:
Primero, de conformidad con lo dispuesto en la minuta de guardia, para el día de la
ocurrencia de los hechos, esto es, el 21 de marzo de 2014, el patrullero John Ángel
Tibatá Guio estaba en servicio activo, adscrito a la Estación de Policía de Altamira
(Huila) y tenía a su cargo el cumplimiento del tercer turno de vigilancia, 37 el cual,
según las declaraciones rendidas, era desde las 14:00 hasta las 22:00 horas.38
Ahora, dentro de dicho turno, sus funciones eran, entre otras, las siguientes:
«seguridad de las instalaciones, atender el requerimiento de los ciudadanos y estar
atento de los comunicados de la central de radio, entre otros».39
37 Folios 112 a 116 del cuaderno de antecedentes administrativos.
38 Según declaración del intendente Tepud Amaya John Jairo, que señaló: «Preguntado. Indíquele
al despacho a qué hora se inicia el tercer turno de seguridad de las instalaciones y cuáles son las
funciones que cumple el policial que recibe dicho turno. Contestó. Para la fecha 21 de marzo de 2014
se iniciaba el tercer turno a las 14 horas y finaliza a las 22 horas, las funciones son la seguridad de
las instalaciones, atender el requerimiento de los ciudadanos y estar atento de los comunicados de
la central de radio, entre otros»
39 Folios 97 a 100 del cuaderno de antecedentes administrativos.
30
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Segundo, el 21 de marzo de 2014, el patrullero Tibatá Guio se presentó en la
Estación de Policía de Altamira para el cumplimiento de su servicio.
Aproximadamente, a las 14:00 horas él y sus compañeros fueron llamados para
recibir instrucciones por parte del teniente Óscar Raúl Villegas Hernández. Estando
en la formación, el patrullero Tibatá Guio comenzó a tener comportamientos
extraños, se movía en su puesto y su conducta era desafiante, empezándole a hacer
preguntas incoherentes al teniente.
Lo anterior, fue confirmado en las declaraciones rendidas por el teniente Óscar Raúl
Villegas Hernández,40 el intendente John Jairo Tepud Amaya,41 el subintendente
Fernando Puentes Puentes,42 y el patrullero Andrés Mauricio Cuervo Sánchez;43 los
tres primeros superiores jerárquicos del actor y el último, compañero del patrullero
que estuvo en la formación y presenció el comportamiento irregular por parte de
éste.
Tercero, ante tal comportamiento, tanto el teniente Villegas Hernández como el
intendente Tepud Amaya supusieron que el señor John Ángel se encontraba en
40 «seguidamente inicié la instrucción cuando el señor patrullero Tibatá Guio John Ángel empezó a
interrumpirme haciéndome preguntas de las cuales no venía en el tema que se venía tratando, le
pedía información que no me interrumpiera, seguidamente continué con la relación y pasado cinco
minutos, nuevamente interrumpe con intención de hablar, le pregunté que si se encontraba bien ya
que lo noté como algo distraído y le noté una mirada como perdida y los ojos rojos, le pregunté que
se habían ingerido bebidas embriagantes y él me contestó que no».
41 « Preguntado. Manifiesta usted en su informe que cuando el señor teniente Villegas Hernández
Oscar se encontraba impartiendo instrucción al personal el patrullero Tibatá Guio John Ángel -
interrumpía constantemente esta actividad con preguntas incoherentes, con base en lo anterior, qué
clase de preguntas o a qué se refiere usted con preguntas incoherentes. Contestó. A que el señor
Teniente Villegas se encontraba impartiendo instrucción y el patrullero emoción le cortaba la
instrucción preguntando cosas que nada tenían que ver con el tema, como por ejemplo, mi teniente
usted donde trabajo, igual forma se observa al patrullero en una actitud o estado anímico no acorde
al servicio ya que se veía como inquieto, moviéndose mucho en la formación y cosas así».
42 «…) se le preguntó que si se sentía mal, que si tenía alguna situación, ahí en la formación entre
el personal de la vigilancia y carreteras, el patrullero Tibatá Guio John Ángel no fue muy claro con lo
que dijo, entonces mi Teniente le pidió que saliera de la fila y se pusiera al frente de la formación, le
preguntó nuevamente mi Teniente que si estaba enfermo, que si tenía algún problema, entonces el
patrullero que yo recuerde le dijo algo en baja voz, mi Teniente le dijo que se acercara porque no le
entendía, y Teniente le dijo que le soplara un ojo y el patrullero lo hizo, entonces mi teniente llama al
intendente Tepud Y le dice que le siente aliento alcohólico al patrullero Tibatá Guio John Ángel».
43 «(…) yo para ese día me encontraba en la formación que había ordenado mi teniente Villegas, él
era comandante del grupo unir, eso fue como a las 13 horas aproximadamente, no estoy bien seguro,
cuando estábamos formando el patrullero Tibatá Guio John Ángel empezó a interrumpir a mi
Teniente Villegas, mi teniente le dijo que diera un paso al frente y le dijo que le soplara un ojo y él se
lo sopló, mi Teniente Villegas le mandó a quitar el fusil».
31
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estado de embriaguez, siendo esta la razón para ordenarle salir de la formación y
ser dirigido al centro de salud cercano, con el fin de que le fuera practicado el
examen de embriaguez por un médico competente.
Cuarto, al escuchar dicha orden, el patrullero manifestó que no era su deseo
practicarse el examen y momento después, por un pequeño descuido de sus
compañeros que lo debían llevar al Hospital, éste salió de las instalaciones de la
Estación de Policía de Altamira, aproximadamente entre las 14:20 y las 14:30 horas.
En atención a ello, miembros de la Estación y del Grupo Unir fueron a buscarlo; no
obstante, no fue encontrado, teniendo conocimiento, por un ciudadano del
municipio, que éste lo había dejado en la vereda con nombre Pajiji, siendo esto
corroborado por el informe de novedad,44 las declaraciones rendidas antes
mencionadas y el poligrama 0059, suscrito por el comandante de la Estación de
Policía Altamira, intendente Tepud Amaya John Jairo. 45
Quinto, hasta las 18:36 horas, el patrullero John Ángel Tibatá Guio regresó a la
Estación de Policía para el cumplimiento del servicio, esto es, cuatro horas y media
después de que éste había empezado, sin que explicara cuál fue el motivo para no
haber prestado el tercer turno de vigilancia que le correspondía desde las 14:00
horas hasta las 22:00 horas y para haber abandonado las instalaciones de su lugar
de facción sin que existiera autorización alguna o una causa justificada.
Lo cual fue confirmado con la minuta de servicios, las declaraciones efectuadas y el
poligrama 0060 de 21 de marzo de 2014, suscrito por el comandante de la Estación
de Policía Altamira, intendente Tepud Amaya John Jairo.46
En ese orden de ideas, contrario a lo sostenido la parte actora, dentro del expediente
disciplinario sí obraron pruebas con las cuales era dable inferir que el 21 de marzo
de 2014, el patrullero John Ángel Tibatá Guio se ausentó de su lugar de facción sin
permiso o causa justificada.
44 Folio 71 del cuaderno de antecedentes administrativos.
45 Folio 76 del cuaderno de antecedentes administrativos.
46 Folio 77 del cuaderno de antecedentes administrativos.
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Para el efecto, es importante resaltar que si bien el disciplinado señaló que no
estaba en desarrollo de servicio alguno, en tanto que, primero, no había comenzado
su tercer turno porque fue llamado a formación; y, segundo, por orden del teniente
Villegas Hernández tuvo que retirarse de la Estación de Altamira para dirigirse al
centro de salud, ello no justifica su desplazamiento y su ausencia del lugar donde
debía prestar el servicio, por lo siguiente:
En primer lugar, de conformidad con la Constitución Política, la Policía Nacional es
un cuerpo armado permanente de naturaleza civil cuyo fin primordial es el
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en
paz47.
Así, la Policía Nacional cumple una función dentro de un Estado Social de Derecho,
en atención a su labor de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de
los derechos y libertades públicas48.
Por su parte, la Resolución No. 00912 de 1 de abril de 2009 «Por la cual se expide
el reglamento del servicio de Policía», establece, en su artículo 35, que este es un
«servicio público a cargo del Estado, encaminado a mantener y garantizar el libre
ejercicio de las libertades públicas y la convivencia pacífica de todos los habitantes
del territorio nacional. Este servicio propende a la armonía social, la convivencia
ciudadana, el respeto recíproco entre las personas y de estas hacia el Estado, da a
la actividad policial como un carácter eminentemente comunitario, preventivo,
educativo, ecológico, solidario y de apoyo judicial. Así mismo, se constituye en la
base sobre la que se asientan el resto de los servicios del Estado, en la medida en
que estos necesitan un entorno de respeto a la ley y el orden para funcionar
adecuadamente».
Ahora bien, los fines de este servicio, son los siguientes:
47 Artículo 218 de la Constitución Política de 1991.
48 C- 492 de 1992, C-179 de 2007.
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1. Mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas;
2. Mantener la convivencia pacífica;
3. Preservación y restablecimiento del orden público cuando es turbado;
4. Prestar el auxilio que requiere la ejecución de las leyes y las providencias judiciales
y administrativas;
5. Ejercer, de manera permanente, las funciones de investigación criminal, respecto
de los delitos y contravenciones; y
6. Facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo, la mediación y la
conciliación.
En consideración a lo anterior, pese a que el patrullero debía estar atento para
ejercer sus labores de vigilancia y seguridad, decidió salir de la Estación de Policía
sin informar cuál era su destino y dirigirse a una vereda donde no era el lugar de la
prestación del servicio, sin que, se insiste, mediara una orden clara de los superiores
o expresa autorización.
Al respecto, teniendo en cuenta que para la prestación de su turno, tenía, entre otras
cosas, la función de prestar la seguridad de las instalaciones, atender el
requerimiento de los ciudadanos y estar atento de los comunicados de la central de
radio, su ausencia puso en riesgo la seguridad tanto de los miembros de la
Institución como de la ciudadanía, en la medida en que de presentarse una situación
de orden público o una emergencia que debiera ser atendida por la Policía Nacional,
su falta en la Estación de Policía generó que el servicio no estuviera debidamente
organizado y que, potencialmente, los objetivos y fines de este cuerpo armado se
hubieran visto quebrantados por la ausencia del actor ya que, por voluntad propia,
como lo señalo en su versión libre, decidió irse y volver 4 horas y media después,
sin si quiera pensar que uno de sus compañeros tuvo que prestar un turno doble,
por su falta de obediencia ante el servicio al que estaba sometido.
En segundo lugar, la orden del teniente no fue dejar de prestar el servicio sino ser
llevado por sus compañeros a un centro de salud; sin embargo, el patrullero se negó
y huyó de las instalaciones policiales donde debía prestar su tercer turno. La Sala
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Demandante: John Ángel Tibatá Guio
señala que huyó,49 porque, efectivamente fue así, en tanto que no se acercó a
ningún centro de salud y, además, regresó 4 horas y media después de sucedidos
los hechos, sin explicar el motivo de su ausentismo.
Por lo anterior, no le asiste razón al demandante cuando sostiene que no incurrió
en la falta endilgada y que no estaba en desarrollo de un servicio, cuando, con las
pruebas antes mencionadas se determinó que el 21 de marzo de 2014, se
encontraba en servicio activo, adscrito a la Estación de Policía Altamira, tenía a su
cargo el cumplimiento del tercer turno de vigilancia y seguridad de las instalaciones
y aun así, llegó a la formación a las 14:00 horas, momento en el que comenzaba su
turno, al parecer, en estado de embriaguez, que si bien no fue demostrado, generó
que el patrullero se negara a dirigirse a un centro de salud y saliera de la Estación
sin mediar permiso alguno.
Lo anterior, permite considerar que la Policía Nacional sí tenía los elementos de
juicio suficientes para endilgar responsabilidad a la demandante, que las pruebas
fueron valoradas en el marco de las reglas de la sana crítica y que la interpretación
que de ellas hizo el juzgador disciplinario, llevaron a la conclusión de que la falta
disciplinaria sí se cometió y el actor fue responsable de ella.
Es importante advertir que al revisar la actuación disciplinaria no se vislumbra sesgo
en el decreto y práctica de las pruebas; por el contrario, se hizo evidente que el
único objetivo del investigador disciplinario consistía en encontrar la verdad real de
los hechos y para ello hizo uso de todos los medios que estimó pertinentes y
conducentes para su esclarecimiento. Ahora bien, una vez realizó la valoración
integral de las pruebas, concluyó que el demandante no logró desvirtuar el cargo
que le fue endilgado. Así, bajo tales circunstancias, no se demuestra que los actos
acusados hayan carecido de pruebas suficientes, sino, por el contrario, las
recaudadas fueron valoradas dentro del marco de autonomía y sana crítica del
49 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, huir significa
«Alejarse deprisa, por miedo o por otro motivo, de personas, animales o cosas, para evitar un
daño, disgusto o molestia»
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Demandante: John Ángel Tibatá Guio
operador disciplinario, y demostraron cada uno de los elementos de la falta por las
que fue, finalmente, sancionado el actor.
Debe resaltarse además, que en la actuación disciplinaria se apreció que el interés
primordial de la administración estuvo orientado a esclarecer los hechos y sancionar
las conductas irregulares, teniendo un especial cuidado y desempeño, pues
atendiendo a la función que desarrolla la Policía Nacional, se propendió por
demostrar plenamente la claridad y transparencia en el ejercicio de las funciones
por parte de sus miembros, dando prevalencia a los principios que orientan la
función pública, que deben regir la gestión a ellos encomendada, producto de lo
cual se concluyó que el actor estaba incurso en responsabilidad disciplinaria y, por
ende, debían imponerse las sanciones que la ley prevé por su actuar irregular.
2.5.2.2. Del principio de congruencia
Entre el pliego de cargos y el fallo disciplinario debe existir correspondencia en lo
que respecta a la denominación jurídica que se atribuye al disciplinado, en garantía
de los derechos que le asisten, en particular, los de acceso a la investigación50 y la
rendición de descargos51, motivo por el cual los cargos deben estar plenamente
identificados en cuanto delimitan el marco de acción de su derecho de defensa; de
igual manera garantiza el derecho de impugnación de las decisiones52 ya que su
controversia está delimitada por los cargos que se hubieran formulado.
Tal es la relevancia del principio de congruencia, que su desatención puede dar
lugar a la invalidación de la actuación, por violación al debido proceso y al derecho
de defensa y contradicción, es por ello que entre una y otra decisión debe haber
consonancia y armonía y no puede ocurrir que se formule un cargo por una falta y
el fallo disciplinario se emita atribuyendo una distinta a aquella que fue imputada en
el pliego de cargos, dado que tal incongruencia redundaría en violación de los
derechos previamente aludidos.
50 Artículo 92 numeral 1 de la Ley 734 de 2002.
51 Artículo 92 numeral 5 de la Ley 734 de 2002.
52 Artículo 92 numeral 6 de la Ley 734 de 2002.
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Si bien es cierto la ley permite la variación del pliego de cargos 53, ello no implica la
sustitución total de la imputación inicialmente formulada, pues la conducta o falta
atribuida no puede ser modificada. Al respecto, cabe precisar que el inciso 5.º del
artículo 165 de la Ley 734 de 2002, refiere que la variación permitida surge por error
en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente.
Ahora bien, tal variación solo puede realizarse hasta antes del fallo de primera o
única instancia, se debe notificar al implicado y permitir que ejerza su derecho de
defensa y contradicción, y no puede sustituir en su integridad, el pliego de cargos
inicialmente formulado de modo que no se sorprenda al implicado con una
imputación diferente al momento de emitir el fallo.
En todo caso, incluso en el evento en que haya variación del pliego de cargos,
siempre que se cumplan las formalidades que la ley exige para el ejercicio del
derecho de defensa y contradicción del implicado, ésta haría parte integral del pliego
de cargos inicialmente formulado y las dos decisiones deberán estar en plena
armonía y consonancia con el fallo disciplinario, so pena de declarar inválida la
actuación por violación del derecho al debido proceso del disciplinado.
Al respecto, el Consejo de Estado, en la Sentencia de 12 de abril de 2012,
expediente No. 11001-03-25-000-2010-00120-00, en cuanto al principio de
congruencia, sostuvo:
(…) Este postulado, debe ser tanto interno como externo, el primero, tiene que ver
con la coherencia que debe existir entre las decisiones contenidas en la parte
53 «Artículo 165. Notificación del pliego de cargos y oportunidad de variación. El pliego de
cargos se notificará personalmente al procesado o a su apoderado si lo tuviere.
Para el efecto inmediatamente se librará comunicación y se surtirá con el primero que se presente.
Si dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación no se ha presentado el procesado o
su defensor, si lo tuviere, se procederá a designar defensor de oficio con quien se surtirá la
notificación personal.
Las restantes notificaciones se surtirán por estado.
El pliego de cargos podrá ser variado luego de concluida la práctica de pruebas y hasta antes del
fallo de primera o única instancia, por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente. La
variación se notificará en la misma forma del pliego de cargos y se otorgará un
término prudencial para solicitar y practicar otras pruebas, el cual no podrá exceder la mitad del
fijado para la actuación original».
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Demandante: John Ángel Tibatá Guio
resolutiva de la providencia y el análisis jurídico - normativo plasmado en su parte
considerativa, junto con la valoración realizada por el fallador de los aspectos fácticos
y probatorios; por su parte el segundo, se refiere a la consonancia que debe existir
entre lo decidido en la sentencia con lo pedido por las partes en la demanda y
corrección de la misma y en las excepciones que se propongan.
(…)
Visto lo anterior, se puede concluir que aun así se altere la imputación de la sanción,
lo que importa es que no se varíe el pliego de cargos, como en el presente caso, lo
anterior resulta razonable por cuanto dentro del proceso disciplinario, bien sea de
procedimiento ordinario o verbal, se pueden presentar pruebas o circunstancias (el
obrar en estado de pasión o bajo coacción ajena, la influencia de ciertas
circunstancias, entre otros) que tiendan a atenuar o a exonerar la falta cometida. (…).
Por su parte, la Corte Interamericana de Derecho Humanos señala en cuanto al
principio de congruencia entre la acusación y la sentencia, lo siguiente54:
En el Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, la Corte Interamericana examinó algunos
temas del debido proceso que no había conocido previamente. Hoy no se ha ocupado,
como en tantos otros casos, del juez natural, la independencia e imparcialidad del
juzgador, la posibilidad de designar defensor y recibir su asistencia, la estructura de
la prueba, el recurso contra decisiones condenatorias, la confiabilidad de la confesión
y otros más que han estado constantemente a la vista. En este caso, se ha puesto en
juego un dato del proceso penal en una sociedad democrática: la congruencia entre
la acusación y la sentencia, que no sólo entraña una conexión lógica entre dos actos
procesales de extrema importancia, sino atañe a la defensa del inculpado --porque
la afecta profundamente--, y por lo tanto se proyecta sobre el conjunto del proceso y
gravita en la validez de la sentencia misma.
25. Más todavía, la congruencia a la que me refiero --que impide resoluciones
judiciales al margen de la acusación formulada por un órgano ajeno al juzgador e
independiente de éste-- constituye una expresión regular de la división de poderes y
caracteriza al sistema procesal penal acusatorio. En efecto, pone en evidencia la
separación entre el órgano que acusa y el órgano que sentencia, y reconoce que la
función persecutoria incumbe a aquél, no a éste. Si no fuera así, es decir, si el
juzgador pudiera rebasar los términos de la acusación, desatenderlos o sustituirlos a
discreción, estaríamos en presencia de un desempeño judicial inquisitivo: el órgano
de la jurisdicción llevaría por sí mismo a la sentencia hechos y cargos que no ha
esgrimido el órgano de la persecución, y se convertiría, en buena medida, en un
acusador.
26. En el proceso penal democrático, el inculpado, sujeto del proceso, dotado con
derechos adjetivos que permiten sostener y asegurar sus derechos materiales,
enfrenta ciertos cargos sobre los que aguarda la decisión judicial. En función de ellos,
que son el “tema del enjuiciamiento”, desarrolla el conjunto de los actos de defensa.
De ahí la importancia de que conozca, desde el principio mismo del proceso --y más
todavía, desde que comienza el procedimiento en su contra y se le priva de libertad
en un momento anterior a su presentación ante el juzgador--, los hechos que se le
atribuyen, para que pueda construir su defensa. No se trata de enterarlo de cuestiones
técnicas en torno a los cargos que pesan sobre él, sino de que sepa con certeza --y
54 Sentencia de 20 de junio de 2005. Caso Fermín Ramírez VS. Guatemala.
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Demandante: John Ángel Tibatá Guio
también, por supuesto, de que sepa su defensor-- qué hechos se le atribuyen, cómo
se dice que los cometió, en qué forma lo hizo, etcétera, para que cuente con los
elementos indispensables para contradecir la acusación y obtener al cabo una
sentencia justa.
Respecto a este cargo, el demandante manifestó que se trasgredió el principio de
congruencia, en tanto que ni en el pliego de cargos ni en la decisión disciplinaria de
segunda instancia se hizo un análisis del elemento de la ilicitud sustancial, sino que
solamente se realizó en el fallo de primera instancia.
En cuanto a la ilicitud sustancial, la Ley 734 de 2002 consagra en su artículo 5, que
la conducta de la persona destinataria de la ley es contraria a derecho cuando afecta
el deber funcional sin justificación alguna.
Por su parte, el deber funcional «es un instrumento para encauzar la conducta de
los servidores públicos, el cual se constituye en la fuente que da vida a la
antijuridicidad sustancial y que siempre está referido al ejercicio de funciones
públicas porque de lo contrario sería atípico disciplinariamente el comportamiento
cuestionado. Dichas funciones deben desarrollarse con apego a las orientaciones
de los principios constitucionales y legales, en la medida en que es por esa razón
que una persona que se posesiona en un cargo público debe jurar el cumplir el
desempeño de sus deberes según la Constitución, la Ley y el Reglamento»55.
Así entonces, el derecho disciplinario está previsto para sancionar a aquéllos que
desatienden sus funciones o los servicios encomendados, o que atenten contra el
interés general, defrauden el erario, violen derechos humanos o incumplan con el
propósito esencial de servir a la comunidad, siendo esta la razón por la cual la ley
prevé que la falta debe ser de tal entidad, que quebrante el deber funcional, sin
justificación atendible, entendiendo que:
El deber funcional puede ser comprendido entonces, como una armónica
combinación de elementos misionales y jurídicos que posibilitan el cumplimiento de
los fines del Estado, por cuanto las funciones del agente estatal se encuentran en una
relación de medio a fin respecto de los mismos objetivos del Estado. Las expectativas
de los ciudadanos en relación con el Estado sólo pueden cristalizarse a través del
55 Régimen Disciplinario, cuarta edición. Autor: Fernando Brito Ruíz.
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Demandante: John Ángel Tibatá Guio
cumplimiento de las funciones de sus servidores, de suerte que los fines de aquél
constituyen al mismo tiempo el propósito de las funciones de éstos.
En el sub examine se observa que en el Auto de cargos se hizo el análisis de las
pruebas obrantes dentro del expediente, concluyendo que las imputaciones se
circunscribían a que el señor John Ángel Tibatá Guio, en su condición de patrullero,
el 21 de marzo de 2014, se ausentó de su lugar de prestación del servicio, sin que
mediara una orden por parte de un superior y sin que se hubiera acreditado una
causa justificada.
Ahora, respecto al elemento de la ilicitud sustancial, la Oficina de Control
Disciplinario Interno del Departamento del Huila, al formularle pliego de cargos,
señaló:56
Es así como la conducta desplegada por el investigado eso al parecer desviada de
los preceptos legales, constitucionales y éticos institucionales, por el desconocimiento
de las normas de obligatorio cumplimiento establecidas en los reglamentos internos
relacionadas con la buena disposición para el servicio, por tener el investigado la
calidad de funcionario público como lo establece la Constitución política, asistiéndole
así el deber de ser aplicado en todos y cada uno de los servicios policiales prestados
y de cumplir y garantizar que se cumplan los preceptos de la ley.
(…)
Para mayor claridad del investigado, pese a que el comportamiento aquí enjuiciado
constituye conducta disciplinaria autónoma en la ley 1015 2006; debe precisarse que
el disciplinado en su condición de servidor público tiene, entre otros los siguientes
deberes: ley 734 de 2002. Régimen disciplinario de los servidores públicos. Derechos,
deberes, prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades y conflictos
de intereses del servidor público. Capítulo segundo. Deberes. Artículo 34. Son
deberes de todo servidor público: 1. 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes
contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los
demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los
manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario
competente. Al igual que el numeral 2: Cumplir con diligencia, eficiencia e
imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u
omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial,
o que implique abuso indebido del cargo o función.
Es decir, que pese a que en el pliego de cargos no hay un acápite denominado
ilicitud sustancial, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de
56 Folios 120 a 134 del cuaderno de antecedentes administrativos.
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Demandante: John Ángel Tibatá Guio
Policía del Huila sí analizó dicho elemento de la responsabilidad disciplinaria, en la
medida en que hizo una evaluación del incumplimiento de un deber que tenía el
disciplinado por ser miembro de la Policía Nacional y de ahí la importancia de la
prestación del servicio y de su función.
De la misma manera, en las decisiones de primera y segunda instancia proferidas
por la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento del Huila y la
Inspección Delegada Regional Dos, respectivamente, se estudió el elemento de la
ilicitud sustancial y se plantearon las mismas circunstancias dadas a conocer al
disciplinado inicialmente, sin que se hubieran adicionado hechos o normas nuevas.
Al respecto, los operadores disciplinarios sostuvieron:
Decisión disciplinaria de 4 de Decisión disciplinaria de 15 de
agosto de 2015 (primera abril de 2016
instancia)57 (segunda instancia)58
«No puede pretender la defensa «Aterrizando los anteriores
indicar que no se vio afectado el postulados, esta delegada ha dejado
deber funcional con el hecho de no en evidencia las implicaciones legales
haber recibido tercer turno, es decir, que revisten el desempeño de la labor
no estar en servicio, si precisamente policial y el cumplimiento de la función
por este hecho, es decir, por el hecho pública, procediendo desatar el
de el patrullero Tibatá haberse recurso de alzada presentado por la
ausentado de las instalaciones defensa técnica del señor patrullero
policiales y no haber recibido tercer John Ángel Tibatá Guio quien fue
turno fue que se vio afectado el deber juzgado en primera instancia por la
funcional, pues la obligación del realización de una conducta típica
patrullero era cumplir con el servicio como falta disciplinaria en la ley 1015
que se le había encomendado, de 2006, la cual se suplió mediante
situación que por demás causó declaraciones y documentos, por lo
traumatismo en la unidad pues al que entra este despacho realizar un
existir la ausencia del disciplinado se análisis del contenido del cartulario en
tuvo que nombrar un reemplazo para cuanto a los elementos objetivos y
cubrir el servicio que le correspondía subjetivos de la realización de la
prestar (…) conducta, mediante la cual el fallador
Colorario lo anterior, vemos que al de primera instancia responsabilizó e
señor patrullero Tibatá Guio, como impuso el correctivo disciplinario de
funcionario o servidor público, le destitución e inhabilidad general por
correspondía actuar conforme a la el término de 10 años (…) ».
Constitución y a las leyes y no por el
57 Folios 31 a 56 del cuaderno de antecedentes administrativos.
58 Folios 57 a 66 del cuaderno de antecedentes administrativos.
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Demandante: John Ángel Tibatá Guio
contrario actuar en contra de ellas,
por lo que el hecho mismo de
ausentarse de su sitio donde prestaba
sus servicios, es decir, las
instalaciones de la estación de policía
Altamira sin permiso alguno, es más
que una conducta reprochable y en
consecuencia sancionable en cuanto
a su deber le correspondía».
En consideración a lo anterior, tanto la Oficina de Control Disciplinario Interno del
Departamento de Policía del Huila como la Inspección Delegada Regional Dos,
fueron contundentes y coherentes en manifestar que se encontró plenamente
acreditado que el señor Tibatá Guio incurrió en la falta endilgada y, además, que se
configuró el elemento de la ilicitud sustancial, toda vez que con su conducta, el
patrullero de la Policía Nacional infringió sus deberes constitucionales y legales que
se le impusieron una vez se posesionó como tal y, además causó un traumatismo
al dejar sola la prestación del tercer turno en la Estación de Policía de Altamira,
viéndose obligada la institución a reemplazar dicho turno y a buscar, con diferentes
unidades, al patrullero, sin obtener respuesta alguna.
Lo anterior, permite afirmar que la Policía Nacional fue congruente al endilgarle la
responsabilidad disciplinaria al investigado desde el inicio de la investigación
disciplinaria, que tenía los elementos de juicio suficientes para el efecto, que las
pruebas fueron valoradas en el marco de las reglas de la sana crítica y que la
interpretación que de ellas hizo el juzgador disciplinario, llevaron a la conclusión de
que la falta disciplinaria sí se cometió y el disciplinado fue responsable de ella.
3. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
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Radicado: 41001-23-33-000-2016-00410-01 (4096-2021)
Demandante: John Ángel Tibatá Guio
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva, 59
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
4. Conclusión
Por las razones expuestas, se concluye que la parte actora no logró desvirtuar la
legalidad de los actos administrativos cuestionados, por lo que la Sala procede a
confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
59 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014),
actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
43
Radicado: 41001-23-33-000-2016-00410-01 (4096-2021)
Demandante: John Ángel Tibatá Guio
F A L L A:
Primero.- Confirmar la sentencia proferida el veinte (20) de abril de dos mil
veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Huila , que negó las pretensiones
de la demanda, en el proceso promovido por el señor John Ángel Tibatá Guio contra
la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
Segundo.- No condenar en costas, de segunda instancia, a la parte demandante.
Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 186 del CPACA.
GMSM
44
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