Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00414-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00414-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2016-00414-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
12 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 41000-23-33-000-2016-00414-01 (2077-2021)
Demandante : Luis Humberto Mantilla Becerra
Demandada : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional
Tema : Reliquidación de prestaciones sociales de suboficial de
la Policía Nacional homologado al nivel ejecutivo
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 17 de noviembre de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila (sala cuarta de decisión), mediante la cual negó las
súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 3 a 21). El señor Luis Humberto Mantilla Becerra,
a través de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional, para que se acojan las pretensiones que en
el apartado siguiente se precisan.
1.1.1 Pretensiones. Se «[...] aplique la excepción de inconstitucionalidad,
respecto de los artículos 49 del decreto 1091 de 1995, numeral 23.1 del decreto
4433 de 2004»; y se declare la nulidad del oficio «834 DITH-ASJUR-22 de
fecha 30-11-2009» y de la Resolución 1619 de 26 de mayo de 2010, expedidos
por la Policía Nacional, mediante los cuales se le negó al actor el pago de las
cesantías, primas, subsidios, bonificaciones y demás prestaciones, conforme al
Decreto 1212 de 1990.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada reliquidar y pagar, de manera actualizada, las cesantías,
primas, subsidios, bonificaciones y demás prestaciones laborales «unitarias y
periódicas a que tenga derecho, liquidadas sobre el sueldo básico devengado
al momento del retiro y con base en el Decreto 1212 de 1990 (que regulaba su
situación laboral antes del ingreso a la carrera del nivel ejecutivo) [...]»; junto
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Luis Humberto Mantilla Becerra contra la Nación – Ministerio de
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con el cumplimiento de la sentencia en los términos de ley y las costas
procesales.
1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata el actor que «[…] se encontraba activo en
la Policía Nacional como Suboficial [e] ingresó por HOMOLOGACIÓN a la
carrera profesional del Nivel Ejecutivo en el grado de Subintendente [...]» (sic);
y «mediante Resolución No. 04755 del 04 de noviembre de 2008 se produjo [su]
retiro del servicio activo de la Policía Nacional, por reclamación propia» (sic).
Que el 28 de octubre de 2009 pidió de la Policía Nacional el pago de las
cesantías, primas, subsidios, bonificaciones y demás prestaciones laborales a las
que tenía derecho antes de su ingreso al nivel ejecutivo, lo que le fue negado a
través de los actos administrativos acusados.
1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por el acto administrativo demandado los artículos 2, 4, 13, 29,
53, 83, 84 y 220 de la Constitución Política; 2 y 10 de la Ley 4ª de 1992; 82 de
la Ley 132 de 1995, 33 de la Ley 734 de 2002, 68 a 71, 81, 82 y 140 a 142 del
Decreto 1212 de 1990 y 23 del Decreto 4433 de 2004.
Aduce que «[…] contra legem, la entidad demandada rompe los principios de
la buena fe y la confianza en la ley, al aplicar disposiciones que a todas luces
constituyen una desmejora, pues priva [al actor] de las primas, subsidios,
bonificaciones, así como de los factores prestacionales que tenía en su
situación laboral anterior, actuación violadora de la Constitución y de la ley,
[pues] estando en servicio activo y atendiendo el llamado del Gobierno y de sus
superiores se trasladó a la carrera del nivel Ejecutivo con la creencia cierta y
fundada en la ley de que no se desmejoraría ni discriminaría en ningún aspecto
[...]» (sic).
1.2 Contestación de la demanda (ff. 120 a 153). La accionada, mediante
apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda;
respecto de los hechos dice que algunos son ciertos y otros deben demostrarse;
formuló las excepciones denominadas caducidad, no causación de los
emolumentos solicitados, inexistencia del derecho y falta de fundamento
jurídico para las pretensiones, cobro de lo no debido y acto ajustado a la
Constitución y la ley.
Sostiene que «[…] con las pruebas allegadas al expediente y contrario a lo
afirmado por el demandante el Ejecutivo no lesionó el mandato de no
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regresividad, ya que al mirar el régimen aplicable al actor en su conjunto, el
Decreto-Ley 1091 de 1995 le reporta mayores beneficios; por cuanto i) si bien
las primas que reclama con la presente demanda no se encuentran
contempladas en el régimen que regula el nivel Ejecutivo, si le asisten otras
prerrogativas que no contempla el régimen de los que se encuentran en servicio
activo, y ii) la asignación de retiro por haber cumplido 18 o más años de
servicio que contempla dicho régimen (D.1091) es en exceso más beneficiosa
para su situación pensional que la contemplada en el Decreto 1212 de 1990.
Con ello se descarta el que haberse homologado el actor al nivel Ejecutivo haya
desmejorado o discriminado en manera alguna los derechos y prestaciones que
venía percibiendo, pues, [...] creó unas nuevas primas y estipuló una asignación
básica mensual muy superior a la contemplada en el régimen de Suboficiales,
por lo que, en consecuencia, se advierte que en vigencia del Decreto-Ley 1091
de 1995 se superaron las condiciones salariales y prestacionales de los
homologados [...]» (sic para toda la cita).
1.3 Providencia apelada (ff. 273 a 279 vuelto). El Tribunal Administrativo del
Huila (sala cuarta de decisión), mediante sentencia de 17 de noviembre de 2020,
negó las pretensiones de la demanda (con condena en costas), al considerar que
«[…] en aplicación del principio de inescindibilidad de las normas, los agentes
y suboficiales que se homologaron de manera voluntaria al nivel ejecutivo
(cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos 12 y 13 del Decreto 132
de 1995), también se acogieron al régimen salarial y prestacional consagrado
en el Decreto 1091 de 1995, y no pueden aspirar que les apliquen los beneficios
consagrados en el régimen salarial y prestacional regulado en el Decreto 1213
de 1990. Aceptarlo, equivale a quebrantar el referido principio».
1.4 Recurso de apelación1. Inconforme con la anterior sentencia, el actor, por
conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar que «[n]o
tiene razón legal, ni sustento jurídico para tomar la decisión de denegar las
suplicas de la demanda basado única y exclusivamente en que no se logró
acreditar las alegadas mermas económicas, desconociendo el A-quo que lo
debatido no solo eran las alegadas mermas económicas sino el
desconocimiento en la aplicación de las normas que le generaron derechos al
ingresar a la policía nacional, derechos adquiridos que no tuvieron por qué
haberle desconocido [...]» (sic). Además, insistió en los demás argumentos de
la demanda, con el propósito de que se dicte una decisión de fondo favorable a
1
Memorial adjuntado en el archivo 6 del expediente digital que obra en la herramienta electrónica para la
gestión judicial denominada SAMAI.
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sus intereses.
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación interpuesto por el demandante fue concedido mediante
proveído de 20 de abril de 20212 y admitido por esta Corporación a través de
auto de 30 de noviembre siguiente (f. 286), en el que se dispuso la notificación
personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en
cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de auto de 7 de marzo de 2022 (f. 288), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo establecido
en el artículo 247 del CPACA, oportunidad en la que guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación3, corresponde
en esta oportunidad a la Sala establecer si al demandante le asiste derecho o no
para reclamar de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
el reconocimiento y pago de los emolumentos consagrados en el Decreto 1212
de 1990, tales como cesantías, primas, subsidios, bonificaciones y demás
prestaciones, pero con base en el sueldo básico devengado como comisario del
nivel ejecutivo de la Policía Nacional.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
Lo primero que ha de anotarse es que en virtud de las facultades extraordinarias
2
Ibidem, archivo 8.
3
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
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otorgadas por el legislador a través de la Ley 62 de 19934, el Gobierno nacional
expidió el Decreto 41 de 1994 que modificó las normas de carrera del personal
de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional e incluyó dentro de la jerarquía
de mando de la institución el denominado nivel ejecutivo, que estaría
compuesto por los siguientes grados:
Artículo 3o. Jerarquía. La jerarquía de los oficiales, suboficiales y
personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, para efectos de
mando, régimen disciplinario, justicia penal militar, lo mismo que para
todos los derechos y obligaciones consagrados en este estatuto,
comprende los siguientes grados:
[…]
3. NIVEL EJECUTIVO
a) Comisario
b) Subcomisario
c) Intendente
d) Subintendente
e) Patrullero, Carabinero, Investigador según su especialidad.
Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-417 de 22 de
septiembre de 1994, declaró inexequibles todos los apartes de la disposición que
se referían al aludido nivel, por considerar que se excedió el límite material
fijado en la ley que confirió las facultades extraordinarias, toda vez que «[e]l
Presidente de la República, al tenor de la ley de investidura, no estaba
autorizado para crear una tercera categoría dentro del personal uniformado
de la Policía Nacional, denominada “nivel ejecutivo”, tal como se hizo, pues el
legislador ordinario decidió conservar las mismas tres categorías que
tradicionalmente se conocen en esa Institución, a saber: la de oficiales, la de
suboficiales y la de agentes».
Posteriormente, el Congreso de la República profirió la Ley 180 de 1995, por
medio de la cual modificó el artículo 6.º de la Ley 62 de 1993, en el sentido de
precisar que «[l]a Policía Nacional está integrada por Oficiales, personal del
Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes, Alumnos y por quienes presten el
servicio militar obligatorio en la Institución, así como por los servidores
4
«Artículo 35. Facultades extraordinarias. de conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de la
Constitución Política, revístese al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, hasta por
el término de seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, para los siguientes efectos:
1. Modificar las normas de carrera del personal de oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional en
las siguientes materias:
a) Jerarquía, clasificación y escalafón. En cuanto a oficiales y suboficiales el Gobierno determinará los niveles
jerárquicos, la clasificación y los requisitos para acceder a cada uno de ellos […]».
5
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públicos no uniformados, pertenecientes a ella» y, en consecuencia, revistió de
facultades extraordinarias al presidente de la República para desarrollar la
carrera policial denominada nivel ejecutivo, a la cual podrían vincularse
suboficiales, agentes y personal no uniformado que estuviere activo en la
institución (a quienes no se les podría discriminar, ni desmejorar su situación
actual)5 e igualmente estableció la posibilidad de incorporación directa en el
citado nivel.
Conforme a lo anterior, mediante Decreto 132 de 19956, se reglamentó el
sistema de carrera del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que en lo
concerniente a la jerarquía, ingreso y régimen salarial y prestacional, dispuso:
Artículo 3º. Jerarquía. La Jerarquía del personal del Nivel Ejecutivo de
la Policía Nacional, para efectos de mando, régimen disciplinario,
Justicia Penal Militar, lo mismo que para todos los derechos y
obligaciones consagrados en este estatuto, comprende los siguientes
grados:
1. Comisario
2. Subcomisario
3. Intendente
4. Subintendente
5. Patrullero, carabinero, investigador según su especialidad.
[…]
Artículo 12. Ingreso de suboficiales al nivel ejecutivo. Podrán ingresar
a la escala jerárquica del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, los
suboficiales en servicio activo que lo soliciten, de acuerdo con las
siguientes equivalencias:
1. Cabo segundo y Cabo Primero, al grado de Subintendente.
2. Sargento Segundo y Sargento Viceprimero, al grado de Intendente.
3. Sargento Primero, al grado de Subcomisario;
4. Sargento mayor, al grado de Comisario.
[…]
Artículo 15. Régimen salarial y prestacional del personal del nivel
ejecutivo. El personal que ingrese al Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, se someterá al régimen salarial y prestacional determinado en
las disposiciones que sobre salarios y prestaciones dicte el Gobierno
5
Artículo 7º. (parágrafo) de la Ley 180 de 1995. «La creación del Nivel Ejecutivo no podrá discriminar ni
desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de quienes estando al servicio de la Policía Nacional ingresen
al Nivel Ejecutivo».
6
Derogado por el artículo 95 del Decreto 1791 de 2000, «Por el cual se modifican las normas de carrera del
Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional».
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Nacional.
[…]
Artículo 82. Ingreso al nivel ejecutivo. El ingreso al Nivel Ejecutivo de
la Policía Nacional no podrá discriminar, ni desmejorar, en ningún
aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía Nacional.
Luego, fue proferido el Decreto 1091 de 1995, «[p]or el cual se expide el
Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995», que contempló,
además de la asignación básica mensual, los haberes que a continuación se
relacionan:
Artículo 4º. Prima de servicio. El personal del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional en servicio activo tendrá derecho al pago de una prima
de servicio equivalente a quince (15) días de remuneración, que se
pagará en los primeros quince (15) días del mes de julio de cada año,
conforme a los factores establecidos en el artículo 13 de este decreto.
Artículo 5º. Prima de navidad. El personal del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional en servicio activo, tendrá derecho al pago anual de una
prima de navidad equivalente a un mes de salario que corresponda al
grado a treinta (30) de noviembre y se pagará dentro de los primeros
quince (15) días del mes de diciembre de cada año, conforme a los
factores establecidos en el artículo 13 de este decreto.
Artículo 7º. Prima del nivel ejecutivo. El personal del nivel ejecutivo de
la Policía Nacional en servicio activo, tendrá derecho a una prima del
nivel ejecutivo equivalente al veinte por ciento (20%) de la asignación
básica mensual. Esta prima no tiene carácter salarial para ningún efecto,
con excepción de la prima de navidad.
Artículo 11. Prima de vacaciones. El personal del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional en servicio activo, tendrá derecho al pago de una prima
de vacaciones por cada año de servicio equivalente a quince (15) días
de remuneración, conforme a los factores que se señalan en el artículo
13 de este decreto.
Artículo 12. Subsidio de alimentación. El personal del nivel ejecutivo
de la Policía Nacional en servicio activo, tendrá derecho a un subsidio
mensual de alimentación, en la cuantía que en todo tiempo determine el
Gobierno Nacional.
Artículo 16. Pago en dinero del subsidio familiar. El subsidio familiar
se pagará al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en
servicio activo. El Gobierno Nacional determinará la cuantía del
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subsidio por persona a cargo.
Artículo 50. Cesantías. El personal del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional, tendrá derecho a un auxilio de cesantía equivalente a un (1)
mes de salario por cada año de servicio, tomando como base las partidas
señaladas en el artículo 49 de este Decreto. Este auxilio se liquidará el
31 de diciembre del respectivo año, por la anualidad o por la fracción
correspondiente, teniendo en cuenta las cuantías de cada partida a la
fecha de la liquidación.
Adicionalmente, la misma disposición creó otros emolumentos que solo podía
devengar el personal vinculado al nivel ejecutivo de la Policía Nacional que se
encontrara en situaciones especiales, tales como:
Artículo 8º. Prima de retorno a la experiencia. El personal del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional, tendrá derecho a una prima mensual de
retorno a la experiencia, que se liquidará de la siguiente forma:
a) El uno por ciento (1%) del sueldo básico durante el primer año de
servicio en el grado de Intendente y el uno por ciento (1%) más por cada
año que permanezca en el mismo grado, sin sobrepasar el siete por
ciento (7%).
b) Un medio por ciento (1/2%) más por el primer año en el grado de
subcomisario y medio por ciento (1/2%) más por cada año que
permanezca en el mismo grado sin sobrepasar el nueve punto cinco por
ciento (9.5%)
c) Un medio por ciento (1/2%) más por el primer año en el grado de
Comisario y medio por ciento (1/2%) más por cada año que permanezca
en el mismo grado, sin sobrepasar el doce por ciento (12%)”.
Artículo 9º. Prima de alojamiento en el exterior. El personal del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo, que desempeña
comisiones permanentes en el exterior, mientras cumpla la comisión,
tendrá derecho a una prima mensual de alojamiento hasta del siete por
ciento (7%) del sueldo básico correspondiente a su grado, liquidará en
dólares a razón de un dólar por cada peso.
Artículo 10. Prima de instalación. El personal del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional en servicio activo, que sea trasladado o destinado en
comisión permanente dentro del país y tenga por ello que cambiar de
lugar de residencia, tendrá derecho, a una prima de instalación
equivalente a una asignación básica mensual correspondiente a su grado.
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Por otra parte, el Decreto 1212 de 1990 desarrolló el régimen salarial y
prestacional aplicable a los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, el
cual contemplaba los siguientes haberes:
1) Prima de actividad equivalente al 33%;
2) Prima de servicio anual equivalente al 50% de la totalidad de los haberes
devengados en el mes de junio del respectivo año;
3) Prima de navidad equivalente a la totalidad de los haberes devengados en el
mes de noviembre del respectivo año;
4) Prima de antigüedad con carácter mensual que se liquidará sobre el sueldo
básico, así: a los diez (10) años, el 10% y por cada año que exceda de los diez
(10), el 1% más;
5) Prima de vacaciones en porcentaje del 50% de los haberes mensuales por cada
año de servicio;
6) Subsidio familiar que se liquidará mensualmente sobre el sueldo básico, así:
a. Casados el treinta por ciento (30%), mas los porcentajes a que se
tenga derecho conforme al literal c. de este artículo.
b. Viudos, con hijos habidos dentro del matrimonio por los que exista
el derecho a devengarlo, el treinta por ciento (30%), más los
porcentajes de que trata el literal c. del presente artículo.
c. Por el primer hijo el cinco por ciento (5%) y un cuatro por ciento
(4%) por cada uno de los demás, sin que se sobrepase por este
concepto del diecisiete por ciento (17%).
7) Auxilio de cesantía que se pagará por una sola vez en cuantía equivalente a un
(1) mes de los últimos haberes devengados correspondientes a su condición por
cada año de servicio o fracción de seis (6) meses o más, tomando como base las
partidas señaladas en el artículo 140 y a las indemnizaciones que legalmente le
puedan corresponder liquidadas igualmente conforme al citado artículo.
En lo concerniente a la creación del nivel ejecutivo dentro de la organización
jerárquica de la Policía Nacional y la especial protección otorgada por el
legislador al personal que se encontraba activo y optó por ingresar al
mencionado nivel, esta Corporación en sentencia de 26 noviembre de 2009, con
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ponencia del consejero de Estado Luis Rafael Vergara Quintero, dentro del
expediente 2005-00237-01 (10024-05), discurrió así:
Del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional:
La creación del nivel ejecutivo en la Policía Nacional obedeció
fundamentalmente a la necesidad de profesionalizar la base y mandos
medios de la Institución y darle una formación integral que le permitiera
afrontar con criterio y decisión, las múltiples y delicadas
responsabilidades que debía asumir en desarrollo de su misión ante la
comunidad, además, con la creación de ese nivel, se quiso mejorar la
remuneración de los agentes y conferirles un régimen salarial especial.
[…]
Estos miembros, están amparados por los principios de la buena fe 7,
confianza legítima y seguridad jurídica, pues si en cumplimiento de una
norma superior, la Institución hace un llamado con el fin de que algunos
de sus miembros pasen de un escalafón a otro en aras de mejorar el
servicio, asegurando que con ello sus condiciones laborales, salariales y
prestacionales no serán desmejoradas, crea una expectativa legítima de
certeza, seguridad y exactitud sobre la información en el administrado,
que no se pueden desconocer.
[…]
Así las cosas, el parágrafo demandado del artículo 27, si bien consagró
un trato diferenciado entre los miembros vinculados al nivel ejecutivo
al momento de entrar en vigencia el citado Decreto con el personal que
ingresara con posterioridad, no vulneró el derecho a la igualdad, pues
como ya se vio, la diferenciación no se produjo entre iguales, pues a los
activos se les debía respetar la especialísima protección con que venían
revestidos por las normas de creación, que, para recordar, previeron que
sus condiciones laborales no podían ser desmejoradas al pasar al nivel
ejecutivo.
El trato diferente que se dio entre los activos y los nuevos en el Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional, estuvo objetiva y razonablemente
justificado, razón por la cual el cargo endilgado al parágrafo demandado
no prospera.
Sobre este aspecto, la subsección B de la sección segunda de este Cuerpo
Colegiado, en providencia de 31 de enero de 20138, sostuvo:
7
Entendido como el deber de proceder con lealtad en las relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el
derecho a esperar que los demás procedan de la misma forma (Definición tomada de la Sentencia C-880 de
2005. MP. Jaime Córdoba Triviño).
8
C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente 25000-23-25-000-2011-00048-01 (1147-12).
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Expediente 41001-23-33-000-2016-00414-01 (2077-2021)
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Luis Humberto Mantilla Becerra contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional
[…] quienes pertenecían al nivel de Agentes y Suboficiales de la Policía
Nacional tenían la posibilidad de acceder, voluntariamente, a la carrera
del Nivel Ejecutivo; y…quienes así lo hicieran debían someterse al
régimen salarial y prestacional que estableciera el Gobierno Nacional,
sin ser desmejorados o discriminados, en todo caso, en su situación
laboral. En relación con este último aspecto, debe advertirse que se
convierte en una regulación expresa de la prohibición de retroceso o de
regresividad derivada del principio de progresividad al que están
sometidas las facetas prestacionales de los derechos constitucionales. En
este marco, de una lectura armónica v. gr. del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con especial cuidado del
artículo 2.1., se deriva que los Estados deben lograr la satisfacción plena
de los derechos que allí se consagran [entre los cuales se hace referencia
al trabajo y a su adecuada remuneración] de manera gradual y en
progreso. Bajo esta línea, aunque no se desconocen los esfuerzos
económicos que se deben adelantar para la consecución de máximos
niveles de satisfacción de este tipo de bienes, tampoco es dable, en
principio, que el Estado, so pena de vulnerar el mandato de “progreso”,
disminuya el nivel de protección que ha alcanzado por la vía de
gradualidad, por lo que, tanto a nivel internacional como nacional, se ha
considerado que uno de los imperativos derivados del referido principio
de progresividad es la prohibición de retroceso o regresividad, la cual se
ha entendido por la Corte Constitucional, en la Sentencia T-428 de 2012.
De acuerdo con el anterior recuento normativo y jurisprudencial, resulta claro
para la Sala que el nivel ejecutivo de la Policía Nacional fue creado con el
propósito de i) mejorar las condiciones salariales de los agentes y suboficiales
de menor grado dentro de la institución; ii) otorgar a los primeros un régimen
salarial especial; iii) permitir el ascenso del aludido personal (agentes y
suboficiales) dentro de la organización jerárquica de la Policía Nacional; y iv)
profesionalizar la labor de los servidores que pertenecían a tales niveles en aras
de mejorar el servicio cuya prestación ha sido encargada a la entidad.
Asimismo, el legislador buscó respetar y proteger los derechos y garantías
reconocidos al personal de agentes y suboficiales que de manera voluntaria optó
por ingresar al nuevo sistema de carrera, pues consagró expresamente que los
funcionarios homologados no podían padecer desmejora en su situación salarial
y prestacional en consideración a los principios de irrenunciabilidad de los
beneficios laborales, buena fe, confianza legítima y progresividad de los
derechos sociales, así como en la prohibición de regresividad en este mismo
aspecto.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
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gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Extracto de hoja de servicio de 28 de noviembre de 2008 (f. 57), originario
de la dirección de talento humano de la Policía Nacional, que da cuenta de que
el accionante laboró en esa institución como agente alumno del 1º. de agosto al
31 de diciembre de 1983, después fue agente entre el 1º. de enero de 1984 y el
24 de septiembre de 1987; luego se desempeñó en condición de suboficial,
desde el 25 de septiembre de 1987 hasta el 30 de septiembre de 1995, época en
la que era cabo segundo; posteriormente, ingresó al nivel ejecutivo el 1º. de
octubre siguiente; y, por último, se retiró el 5 de febrero de 2009, incluidos los
tres meses de alta, en el grado de comisario.
b) Escrito de 28 de octubre de 2009 (ff. 32 a 37), mediante el cual el accionante
pide del director general de la Policía Nacional el pago de los «[...] FACTORES
SALARIALES desde el momento en que me homologué al Nivel Ejecutivo,
conforme a las partidas establecidas con base en el artículo 23, numeral 23.1
y el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004; o en su defecto con las partidas
establecidas en el artículo 40 del Decreto 1212 de 1990, norma que regulaba
mi situación antes del ingreso al nivel ejecutivo [...]».
c) Oficio 834 DITH-ASJUR-22 de 30 de noviembre de 2009 (ff. 22 y 23),
emanado del director de talento humano de la Policía Nacional, a través del cual
se le negó al demandante la solicitud relacionada en la letra precedente, «[...] en
razón al cambio de régimen prestacional del Decreto 1213 de 1990 al Decreto
1212 de 1990 y luego al Decreto 1091 de 1995». Decisión confirmada por el
mismo funcionario, por medio de oficio 55 DITAH-ASJUR de 17 de febrero de
2010, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por el accionante (ff. 24
y 25)
d) Resolución 1619 de 26 de mayo de 2010 (ff. 26 a 30), emitida por el director
general de la Policía Nacional, por la que confirmó el precitado oficio 834
DITH-ASJUR-22 de 30 de noviembre de 2009, al desatar el recurso de
apelación que presentó el demandante en su contra, por cuanto «[...] el régimen
aplicable para el personal del Nivel ejecutivo de la Policía Nacional es el
Decreto 1091 de 1995 Título 1 Capítulo I, referente a las asignaciones, primas
y subsidios, entre otros, así como también el Capítulo II, alusivo al Subsidio
Familiar» (sic).
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De las pruebas anteriormente relacionadas, se desprende que el demandante (i)
laboró en la Policía Nacional como agente alumno del 1º. de agosto al 31 de
diciembre de 1983, después fue agente entre el 1º. de enero de 1984 y el 24 de
septiembre de 1987; luego se desempeñó en condición de suboficial, desde el
25 de septiembre de 1987 hasta el 30 de septiembre de 1995, época en la que
era cabo segundo; posteriormente, ingresó al nivel ejecutivo el 1º. de octubre
siguiente; y, por último, se retiró el 5 de febrero de 2009, incluidos los tres
meses de alta, en el grado de comisario; y (ii) el 28 de octubre de 2009 solicitó
del director general de esa institución el pago los «[...] FACTORES
SALARIALES desde el momento en que me homologué al Nivel Ejecutivo,
conforme a las partidas establecidas con base en el artículo 23, numeral 23.1
y el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004; o en su defecto con las partidas
establecidas en el artículo 40 del Decreto 1212 de 1990, norma que regulaba
mi situación antes del ingreso al nivel ejecutivo [...]», lo cual fue negado a través
de los actos acusados.
Precisado lo anterior, resulta pertinente indicar que el Gobierno nacional
mediante decreto fijó anualmente la asignación básica mensual que debía
reconocerse al personal uniformado y no uniformado de la Policía Nacional, y,
en concreto, frente a los grados de cabo segundo, cabo primero, subintendente,
intendente, intendente jefe y subcomisario, dispuso:
Decreto que Asignación Asignación
Asignación Asignación Asignación Asignación
fijó la básica básica
Año básica básica básica básica
asignación cabo intendente
subintendente intendente subcomisario comisario
anual segundo jefe
Decreto 65 de
1994 $149.900 $280.000 $330.000 -- $380.000 $440.000
1994
Decreto 133
1995 $ 199.000 $ 371.000 $ 443.000 -- $ 496.000 $649.000
de 1995
Decreto 107
1996 15,40% 26,40% 33,90% -- 38,30% 45,50%
de 1996
Decreto 122
1997 18,10% 28,00% 35,09% -- 39,80% 47,30%
de 1997
Decreto 58 de
1998 17,42% 28,38% 36,39% -- 40,39% 48,00%
1998
Decreto 62 de
1999 18,1976% 29,6468% 38,0143% -- 42,1929% 50,1426%
1999
Decreto 2724
2000 18,1976% 29,6468% 38,0143% -- 42,1929% 50,1426%
de 2000
Decreto 2737
2001 19,3516% 30,5724% 39,0787% 41,1952% 43,3126% 51,2726%
de 2001
Decreto 745
2002 19,5994% 30,6658% 39,1832% 41,3054% 43,4243% 51,3902%
de 2002
Decreto 3552
2003 20,2622% 31,4273% 40,0616% 42,2074% 44,3473% 52,3138%
de 2003
Decreto 4158
2004 20,7473% 31,8202% 40,5007% 42,6660% 44,8164% 52,7816%
de 2004
Decreto 923
2005 20,7473% 31,8202% 40,5007% 42,6660% 44,8164% 52,7816%
de 2005
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Expediente 41001-23-33-000-2016-00414-01 (2077-2021)
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Decreto 407
2006 20,7473% 31,8202% 40,5007% 42,6660% 44,8164% 52,7816%
de 2006
Decreto 1515
2007 20,7473% 31,8202% 40,5007% 42,6660% 44,8164% 52,7816%
de 2007
Decreto 673
2008 20,7473% 31,8202% 40,5007% 42,6660% 44,8164% 52,7816%
de 2008
Decreto 737
2009 20,7473% 31,8202% 40,5007% 42,6660% 44,8164% 52,7816%
de 2009
*Porcentajes establecidos respecto de la remuneración de un general que equivale al 100%.
Efectuado el análisis de la normativa aplicable al personal de suboficiales de la
Policía Nacional, en comparación con el régimen prestacional y salarial que
gobierna a los servidores que ingresaron al nivel ejecutivo de dicha institución,
se colige que en efecto los porcentajes de cada uno de los emolumentos que se
reconocen a los uniformados pertenecientes al grado de cabo segundo arrojan
una cifra superior frente a aquellos que contempló el Decreto 1091 de 1995,
aplicable a los empleados vinculados al nuevo régimen.
Sin embargo, se advierte que los haberes relacionados en el citado Decreto 1091
de 1995 debían ser liquidados con base en la asignación mensual establecida en
los decretos expedidos por el Gobierno nacional para el grado correspondiente
del nivel ejecutivo, que, en el presente caso, y de acuerdo con el diagrama
realizado en precedencia, era superior a la remuneración que el actor recibía
como suboficial de la Policía Nacional para la época de la homologación,
circunstancia que le era mucho más favorable respecto de la normativa que regía
su situación salarial.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo,
sección segunda, subsección B, en la precitada sentencia de 31 de enero de
2013, consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente 2011-
00048-01(1147-12), precisó:
Bajo los referidos presupuestos de la relación laboral del demandante en
la Policía Nacional, entonces, es válido afirmar que la homologación a
la que se sometió le permite estar amparado por la prohibición de
discriminar o desmejorar sus condiciones salariales y prestacionales,
regla que deriva, se reitera, de instrumentos internacionales suscritos por
el país, de la Constitución Política, de la Ley 4ª de 1992 y de las propias
normas que crearon e implementaron el Nivel Ejecutivo en la Policía
Nacional. Dicho desmejoramiento, no obstante, no puede mirarse
aisladamente o, dicho de otra forma, factor por factor, pues ello
permitiría la posibilidad de crear, sin competencia para el efecto, un
tercer régimen, compuesto por aquellos elementos más favorables de
cada uno de las normativas en estudio [en este caso, el de Agentes -
Decreto 1213 de 1990, por un lado; y, el del Nivel Ejecutivo - Decreto
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1091 de 1995, por el otro]. Por el contrario, y en virtud del principio de
inescindibilidad [ampliamente delineado por la jurisprudencia laboral
contenciosa], la favorabilidad del Nivel ejecutivo al que se acogió
libremente el interesado debe observarse en su integridad, pues es
posible que en la nueva normativa aplicable [la contenida en el Decreto
1091 de 1995] existan ventajas no estipuladas mientras ostentó la
condición de Agente y que, a su turno, se hayan eliminado otras, pese a
lo cual, en su conjunto, su condición de integrante de Nivel Ejecutivo le
haya permitido, incluso, mejorar sus condiciones salariales y
prestacionales. En este contexto, en un asunto que permite ilustrar a la
Sala sobre la situación expuesta por el interesado, es oportuno referir
que el Consejo de Estado - Sección Segunda ya ha tenido la oportunidad
de analizar, bajo los principios de favorabilidad e inescindibilidad y la
protección de los derechos adquiridos, eventos en los que un cambio de
régimen salarial y prestacional implica la pérdida de una prima
específica o de unos beneficios laborales pero, al mismo tiempo, la
ganancia de otros.
En este orden de ideas, si bien el personal vinculado al nivel ejecutivo de la
Policía Nacional no devenga los mismos haberes que los uniformados que
pertenecen a la gradación de suboficial de la institución (primas de actividad y
antigüedad, bonificación por buena conducta, subsidio familiar, entre otros), y
se supone que esa circunstancia desmejora la situación del accionante, tal como
lo sostiene en el escrito de demanda, lo cierto es que con su ingreso al nivel
ejecutivo su asignación básica mensual aumentó en un alto porcentaje respecto
de la devengada antes de la homologación. Por ello, los emolumentos que
fueron reconocidos por la Policía Nacional en virtud del Decreto 1091 de 1995,
liquidados con base en aquel valor, resultaron más beneficiosos para este, sin
olvidar que desde su ingreso a dicha carrera ascendió en la jerarquía de mando
creada por el Decreto 132 de 1995, como se desprende del extracto de la hoja
de servicio, pues para la fecha de retiro del servicio tenía el grado de comisario.
De ahí que no pueden tenerse en cuenta los factores contemplados en el Decreto
1212 de 1990 (aplicable al personal oficial y suboficial de la Policía Nacional),
con base en la asignación básica que devengaba el demandante en virtud del
artículo 1º. del precitado Decreto 1091 de 1995, pues ello contraría el principio
de inescindibilidad normativa, según el cual una disposición debe aplicarse en
su integridad, puesto que no es dable tomar los aspectos más beneficiosos de
varios regímenes para crear uno diferente que favorezca los intereses del
particular, en desmedro de la seguridad jurídica.
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Expediente 41001-23-33-000-2016-00414-01 (2077-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luis Humberto Mantilla Becerra contra la Nación – Ministerio de
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Asimismo, resulta evidente para la Sala que el ingreso del demandante al nivel
ejecutivo de la Policía Nacional se produjo de manera voluntaria y no por
decisión unilateral de la Administración, toda vez que acorde con lo
preceptuado en el artículo 13 del Decreto 132 de 1995, para efectos de dicho
ingreso era necesario satisfacer los siguientes requisitos: (i) solicitud escrita a
la dirección general de la Policía Nacional, (ii) acreditar el título de bachiller en
cualquier modalidad y (iii) examen y concepto favorable del comité de
evaluación del personal del nivel ejecutivo de la institución.
Por otro lado, se tiene que en el escrito de apelación el demandante solicita que
se revoque en su integridad el fallo recurrido, que incluye la condena en costas
impuesta; al respecto, la Sala estima que el a quo aplicó de manera restrictiva
lo dispuesto en el artículo 3659 del CGP, por remisión expresa del artículo 18810
del CPACA, a la parte vencida, pues no estudió aspectos como la temeridad o
mala fe en la que esta pudo incurrir, sino que adoptó esa decisión con el único
fundamento de que la norma en mención preceptuaba de manera inexorable la
imposición de tal condena. En este sentido, se pronunció esta Corporación, en
sentencia de 1º. de diciembre de 201611, así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda
acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr.
Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que
disponer en la sentencia sobre la condena en costas no presupone su
causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de
9
«En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas
se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de
excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación
con la temeridad o mala fe. […]».
10
«Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
11
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
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Expediente 41001-23-33-000-2016-00414-01 (2077-2021)
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Luis Humberto Mantilla Becerra contra la Nación – Ministerio de
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que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio
de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por
las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio
judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de
la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo
sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se
utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u
omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y
expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, actuación que, se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse
tal proceder de la parte accionante, no se impondrá condena en costas.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera
instancia, que negó las súplicas de la demanda, y revocará la condena en costas,
que incluye las agencias en derecho, impuesta a la parte accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Expediente 41001-23-33-000-2016-00414-01 (2077-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luis Humberto Mantilla Becerra contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional
FALLA:
1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 17 de noviembre de 2020 proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila (sala cuarta de decisión), que negó las
súplicas de la demanda incoada por el señor Luis Humberto Mantilla Becerra
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º. Revócase la condena en costas, que incluye las agencias en derecho,
impuesta a la parte demandante, de acuerdo con la motivación de este fallo.
3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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