Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00450-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00450-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2016-00450-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00450-01 (5063-2018)
Demandante: Martha Cecilia González Gómez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1
Temas: Pensión gracia post-mortem. Tiempos válidos para el cómputo y
reconocimiento. Pensión gracia sin completar el tiempo
requerido para su reconocimiento
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 10 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo del
Huila, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1
En adelante UGPP.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 41001-23-33-000-2016-00450-01 (5063-2018)
Demandante: Martha Cecilia González Gómez
Martha Cecilia González Gómez, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, presentó una
demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones: i)
RDP 21626 del 14 de julio de 2014, y ii) RDP 27703 del 10 de septiembre de
2014, por medio de las cuales la UGPP le negó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia post-mortem causada por el docente fallecido Pedro Nel Javela
Lozano.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó que: i) a partir del 28 de noviembre de 1990, se reconozca y pague la
prestación solicitada sobre el 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados por su cónyuge durante el año anterior al de haber cumplido 15 años
de servicios y 50 de edad; ii) se indexen los valores reconocidos y las sumas
adeudas, de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC) y conforme a
los artículos 189, 192 y 195 del CPACA; iii) se cumpla la sentencia en los términos
del artículos 189 y 192 ibidem; iv) se reconozcan los intereses moratorios y v) se
condene en costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
• El 6 de febrero de 1982, Pedro Nel Javela Lozano y Martha Cecilia González
Gómez contrajeron matrimonio.
• Pedro Nel Javela Lozano prestó sus servicios como docente oficial con
vinculación territorial y nacionalizada, por más de 15 años, así: i) entre el 11 de
febrero y el 30 de diciembre de 1974; y ii) desde el 1 de enero de 1977 al 30 de
agosto de 1990.
2
En adelante CPACA.
2
Radicado: 41001-23-33-000-2016-00450-01 (5063-2018)
Demandante: Martha Cecilia González Gómez
• El causante falleció el 27 de noviembre de 1990.
• El 15 de mayo de 2014, Martha Cecilia González Gómez, en calidad de cónyuge
sobreviviente, solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de una pensión post-
mortem.
• Con Resolución RDP 21626 del 14 de julio de 2014 la subdirectora de
determinación de derechos pensionales de la UGPP le negó dicho reconocimiento
al considerar que el causante, no cumplió con el requisito de haber logrado un
tiempo de 20 años de servicio en la docencia oficial de carácter territorial o
nacionalizado. Esta decisión fue confirmada a través de la Resolución RDP 27703
del 10 de septiembre de 2014, suscrita por el director de pensiones de la entidad
demandada.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 48 y 53 de la Constitución
Política; 1 y 5 de la Ley 114 de 1913; 4 y 79 de la Ley 4 de 1992; y las leyes 4 de
1966 y 1395 de 2010.
En cuanto al concepto de violación, se expuso que los actos administrativos
acusados vulneran sus derechos fundamentales, especialmente el de la igualdad y
el mínimo vital, por cuanto desconocieron los precedentes jurisprudenciales del
Consejo de Estado, mediante los cuales se ha reconocido la pensión gracia con
las dos terceras partes del tiempo de servicio3.
1.2. Contestación de la demanda
La UGPP4 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por
3
Folios 3 al 11.
4
Folios 65 al 80.
3
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Demandante: Martha Cecilia González Gómez
cuanto el causante de la pensión gracia, Pedro Nel Javela Lozano, no acreditó el
tiempo de servicio previsto por la ley para que la cónyuge fuera beneficiaria de la
prestación.
Asimismo, indicó que de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 114 de
1913, el incumplimiento de alguno de los requisitos esenciales para el
reconocimiento de la prestación era razón suficiente para negar su
reconocimiento.
Finalmente propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de la obligación; ii)
ausencia de vicios en el acto administrativo demandado; iii) prescripción; y iv) la
innominada o genérica.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo Huila, mediante sentencia proferida el 10 de mayo de
2018, declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y
ausencia de vicios del acto demandado y, en consecuencia, negó las súplicas de
la demanda.
Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto concluyó lo siguiente:5
• Corresponde desestimar los actos administrativos allegados con los alegatos de
conclusión, los cuales dan cuenta de la desvinculación del docente y del
reconocimiento de una pensión de invalidez, toda vez que no fueron aportados al
proceso dentro de las oportunidades procesales.
• Está probado que el causante de la prestación solicitada nació el 18 de
septiembre de 1951 y que falleció el 27 de noviembre de 1990. Asimismo, que la
demandante contrajo matrimonio católico con Pedro Nel Javela Lozano el 6 de
5
Folios 148 a 153.
4
Radicado: 41001-23-33-000-2016-00450-01 (5063-2018)
Demandante: Martha Cecilia González Gómez
febrero de 1982 y que este estuvo vinculado como docente territorial y
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980.
• Sin embargo, no se probó el tiempo de servicio exigido por la ley para
beneficiarse de la pensión gracia post-mortem, pues los documentos solo dan
cuenta de un periodo de 14 años, 6 meses y 20 días. En cuanto al periodo de
vinculación tampoco cumple con los presupuestos jurisprudenciales para el
reconocimiento excepcional con las dos terceras partes del tiempo de servicio
mínimo exigido, pues este es menor a 15 años.
Por último, en aplicación del artículo 188 del CPACA, en concordancia con el
artículo 365 del CGP, condenó en costas a la parte demandante.
1.4. El recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación6 y lo sustentó así:
• El tribunal de primera instancia realizó un cálculo erróneo pues las dos terceras
partes de 20 años, son 13 años y 3 meses, tiempo que fue acreditado en el
plenario.
• En el proceso se probó que el causante de la pensión post-mortem fue retirado
del servicio, luego de ser declarado con pérdida de la capacidad laboral
permanente, situación que le impidió completar los requisitos exigidos para el
acceso a la prestación reclamada.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La parte demandante reafirmó lo sostenido en el libelo introductorio y en el recurso
de apelación7.
6
Folio 160 a 163.
7 Folios 187 a 191.
5
Radicado: 41001-23-33-000-2016-00450-01 (5063-2018)
Demandante: Martha Cecilia González Gómez
La UGPP solicitó confirmar lo decidido en primera instancia, con fundamento en lo
expuesto con la contestación de la demanda8.
1.6. El Ministerio Público
En esta oportunidad no se pronunció.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿la UGPP debe reconocer la pensión
gracia post-mortem solicitada por Martha Cecilia González Gómez, cónyuge
supérstite del Pedro Nel Javela Lozano, en aplicación del régimen prestacional
previsto en la Ley 114 de 1913 y demás normas que la regulan?
Para resolver la Sala abordará la siguiente temática: (1) marco normativo, (1.1) De
la pensión gracia, (1.2) Pensión gracia sin completar el tiempo requerido para su
reconocimiento, (2) caso concreto, (3) costas, y (4) conclusión.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Pensión gracia
La Ley 114 de 19139, creó la pensión gracia, como un reconocimiento a la
dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las
escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha
prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20
años de servicio en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no
8 Folios 192 a 197.
9
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
6
Radicado: 41001-23-33-000-2016-00450-01 (5063-2018)
Demandante: Martha Cecilia González Gómez
recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años
de edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con
honradez, consagración y que observara buena conducta.
En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación 10, señaló que
«(…) el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que
percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las
asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal
diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria
estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a
cargo de la Nación».
Posteriormente, las Leyes 116 de 192811 y 37 de 193312, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de
esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así13:
«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión
es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni
recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”. (En este aparte
de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).
Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores
locales o regionales.»
Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la
Ley 43 de 197514 y en línea de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de junio
de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
11
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
12
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,
radicado No. S-699.
7
Radicado: 41001-23-33-000-2016-00450-01 (5063-2018)
Demandante: Martha Cecilia González Gómez
198915, en la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia,
debe reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200016 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas concretadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente
que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y
demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar
los requisitos de edad y tiempo de servicio.
Puntualmente, en cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de
computar los tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente
mencionar que la jurisprudencia de la Sala17 ha explicado lo siguiente:
«Sobre los tiempos nacionales.
(…)
La ley 114 de 1913 que creo (sic) la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del
artículo 4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o
recompensa nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: (…)
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por
la Nación o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
14
«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se
distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones»
15
“Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
16
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.-
17
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
8
Radicado: 41001-23-33-000-2016-00450-01 (5063-2018)
Demandante: Martha Cecilia González Gómez
El artículo 1º de la Ley 91 de 198918 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que
se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los
servicios al magisterio.» (negrillas fuera de texto original).
Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, en este punto, se recuerdan las reglas que fijó
esta Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 201819, así:
«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o
la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el
pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad,
o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas
exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
18
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
19
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
9
Radicado: 41001-23-33-000-2016-00450-01 (5063-2018)
Demandante: Martha Cecilia González Gómez
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.»
En la misma línea, esta sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto de
202220, explicó lo siguiente:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».21
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a
la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los
requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral
respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
21
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-
000-2019-02219-01 (AC).
10
Radicado: 41001-23-33-000-2016-00450-01 (5063-2018)
Demandante: Martha Cecilia González Gómez
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores
de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de
instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la
prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y
consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».
En suma, para acceder a la pensión gracia, los docentes deben acreditar: (i) 20
años en el servicio educativo en una plaza territorial -antes del 31 de diciembre de
1980-, o nacionalizada y pueden acumular los tiempos con los laborados con
posterioridad y, (ii) no se puede exigir haber completado los requisitos antes del 31
de diciembre de 1989. Asimismo, no se requiere que el tiempo de servicio sea
continuo, toda vez que lo importante es la acreditación de la plaza.
2.2.2. Pensión gracia sin cumplir el tiempo requerido para su reconocimiento
Respecto del reconocimiento de la pensión gracia de los docentes que hayan
solicitado su reconocimiento sin cumplir los 20 años de servicio exigidos en la Ley
114 de 1913, como consecuencia del retiro definitivo del servicio por pérdida de la
capacidad laboral, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación22
ha dispuesto lo siguiente:
«(…) con el propósito de garantizar el derecho a la seguridad social de la actora
previsto en el artículo 48 de la Constitución, la Sala encuentra que la docente prestó
sus servicios al Magisterio durante dieciocho (18) años, ello significa que laboró más
de las dos terceras partes del tiempo exigido legalmente para tener derecho a la
pensión gracia, pero por razones que no le fueron imputables a ella, sino debido a su
situación de invalidez –fue calificada con la pérdida del 95% de la capacidad laboral-,
no pudo continuar trabajando en la docencia, quedándole faltando tan sólo dos años
para completar los veinte años de servicios.
Es en consideración al estado de invalidez de la actora y por haber laborado más de
las dos terceras partes, esto es, por más de quince (15) años como maestra territorial
de primaria y secundaria, que la Sala considera que tiene derecho a percibir la pensión
gracia. Esta última circunstancia (prestación de servicios por más de las dos terceras
partes del tiempo exigido por la ley) ha sido tenida en cuenta igualmente por la Corte
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 30 de septiembre de 2010,
radicado 17001-23-31-000-2007-00187-01 (1067-09), Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, Sentencia del 22 de septiembre de 2016, radicado 41001-23-33-000-2013-00360-01
(5006-2014), Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 23 de febrero de
2017, radicado 25000-23-42-000-2013-04047-01 (1550-2014),
11
Radicado: 41001-23-33-000-2016-00450-01 (5063-2018)
Demandante: Martha Cecilia González Gómez
Constitucional frente al reconocimiento de prestaciones de carácter pensional,
especialmente, en aplicación del régimen de transición y que ahora se acoge para el
caso sub lite.
Expuso dicho Tribunal sobre el particular:
‹(…) el principio de proporcionalidad no alcanza la misma importancia que adquiere
en el caso de quienes han completado el 75% del tiempo indispensable para
reclamar el reconocimiento y pago de la pensión, pues con las tres cuartas partes
del tiempo cotizado tiene mayor fundamento tanto el interés del trabajador en
la pensión futura, como la protección que a esa aspiración se le brinda, lo que
no ocurre cuando apenas se cuenta con la mitad del tiempo cotizado, porque en
este evento la aspiración a pensionarse no tiende a concretarse tan pronto y, en esa
medida, es menor la relevancia del mantenimiento de las condiciones del régimen
de transición que permite pensionarse con los requisitos del sistema anterior a la
vigencia de la Ley 100 de 1993›23 (destacado fuera del texto).[…]»24 (negrillas del
texto original)
En línea con lo expuesto y con el fin de aclarar sobre el tiempo a acreditar por
causa de la invalidez, la Sección Segunda de esta Corporación25 señaló:
«(…) la sentencia referida ut supra del 30 de septiembre de 2010, acogió el criterio
expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-794 de 2009, que analizó la
constitucionalidad del artículo 5º del Decreto Ley 1282 de 1994, ‹por el cual se
establece el Régimen Pensional de los aviadores civiles›.
«(…)
«De modo que, esta Corporación, en la referida sentencia del 30 de septiembre de
201026, acogió como plazo razonable el término de 15 años de servicio, para
quienes, habiendo perdido la capacidad laboral por razones no imputables al
trabajador, pudieran acceder a la pensión gracia de jubilación acreditando dicho lapso
de tiempo. Sin embargo, aunque se señaló con claridad que el término era de 15
años, lo cierto es que este, en proporción, equivale a las tres cuartas partes o al
75% de 20 años de servicio, y no a las dos terceras partes, como
desacertadamente se indicó en la citada providencia». (se resalta)
Por tanto, aquellos educadores territoriales o nacionalizados vinculados antes del
31 de diciembre de 1980, que hayan sido retirados del servicio docente de forma
definitiva como consecuencia de la declaratoria de su estado de invalidez, y que
23
Sentencia C-794 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. C.P.:
Gerardo Arenas Monsalve. Radicación número: 17001-23-31-000-2007-00187-01(1067-09). Actor: Stella
Ramírez castaño.
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 26 de mayo de 2022, radicado
05001-23-33-000-2014-01327-01 (1735-2017).
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Radicado. 17001-23-31-000-2007-00187-01 (1067-09).
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Radicado: 41001-23-33-000-2016-00450-01 (5063-2018)
Demandante: Martha Cecilia González Gómez
hayan cumplido con tres cuartas partes del tiempo de servicio previsto por la Ley
114 de 1913 para su reconocimiento, tendrán derecho a la pensión gracia,
siempre que cumplan con los demás requisitos exigidos por la ley.
2.4. Caso concreto
En el expediente se encuentra demostrado lo siguiente:
• Pedro Nel Javela Lozano nació el 18 de septiembre de 1951 y falleció el 27 de
noviembre de 1990, con 39 años de edad27.
• Según el certificado de periodos de vinculación laboral expedido el 5 de
septiembre de 2013 por la Secretaría de Educación de la Gobernación del Huila 28,
Pedro Nel Javela Lozano prestó sus servicios como docente territorial y
nacionalizado en ese departamento con los siguientes tiempos:
Cargo Entidad Desde Hasta
empleadora
Docente S. educación -
11/02/1974 31/12/1974
interino Departamental
S. educación -
Docente 01/01/1977 30/08/1990
Nacionalizado
TOTAL 14 años, 6 meses, 21 días
• El 6 de febrero de 1982, Pedro Nel Javela Lozano y Martha Cecilia González
Gómez contrajeron matrimonio católico29.
De manera extemporánea y con los alegatos de conclusión se allegaron los
siguientes documentos que dan cuenta de la desvinculación del docente Pedro
Nel Javela Lozano y la sustitución pensional reconocida a la demandante:
• Decreto 0828 de 1990, mediante el cual se desvincula al docente del servicio por
27
Según el registro de defunción, visto a folio 24.
28
Folio 28
29
Según registro civil de matrimonio, visto a folio 27.
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Radicado: 41001-23-33-000-2016-00450-01 (5063-2018)
Demandante: Martha Cecilia González Gómez
reconocimiento de pensión de invalidez30.
• Resolución 938 del 13 de julio de 1990, mediante la cual la Caja Departamental
de Previsión Social del Huila reconoció el pago de la pensión de invalidez del
docente31.
• Resolución 294 de 1991, a través de la cual la Caja Departamental de Previsión
Social del Huila sustituyó a favor de Martha Cecilia González la pensión de
invalidez que en vida disfrutaba Pedro Nel Javela Lozano32.
Respecto de estos últimos, la Sala confirmará la decisión desestimatoria adoptada
por el a quo y no se referirá a estos por cuanto fueron allegados fuera de las
oportunidades y términos probatorios previstos por la ley para tal fin. Además, que
revisado el proceso no se advierte que los argumentos expuestos por la demandante
hayan sido puestos a consideración de la entidad de forma previa, así como tampoco
que dichas pruebas no se hubieran podido practicar en las etapas anteriores, según
lo prevén los artículos 212 del CPCA y 173 del CGP.
En ese orden de ideas, de la valoración probatoria, la Sala encuentra que el señor
Pedro Nel Javela Lozano se desempeñó como docente territorial y nacionalizado
antes del 31 de diciembre de 1980, y que durante su vida laboral acumuló un
tiempo de servicio de 14 años, 6 meses y 21 días; sin embargo, su retiro no
obedeció a su voluntad y por ende no pudo completar los 20 años de servicio.
Ciertamente, el incumplimiento de alguno de los requisitos que exige la Ley 114 de
1993 para beneficiarse de la pensión gracia hace imposible su reconocimiento, tal
como sucede en el presente caso con Martha Cecilia González Gómez, pues no
acreditó que su cónyuge hubiese prestado sus servicios como docente por el
tiempo de requerido para tal fin.
30
Folios 115 y 116.
31
Folios 117 al 119
32
Folios 120 al 122.
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Radicado: 41001-23-33-000-2016-00450-01 (5063-2018)
Demandante: Martha Cecilia González Gómez
No obstante, la Sala no pasa por alto que esta Corporación también haya previsto
el reconocimiento prestacional ante circunstancias especiales y particulares, tales
como la invalidez y el fallecimiento de los docentes antes de cumplir 20 años de
labores, para lo cual se ha precisado que en aplicación de los principios de
favorabilidad, equidad y proporcionalidad,33 debía acudirse a la aplicación del
artículo 7 del Decreto 224 de 197234, el cual, en otro régimen prestacional, previó
el derecho a la pensión post-mortem, cuando el docente no hubiese alcanzado a
cumplir el requisito de edad y solo cuando hubiese laborado durante un periodo
mínimo de 18 años.
En línea con lo expuesto, resulta pertinente traer a colación un reciente y similar
pronunciamiento dictado por esta Subsección, en el cual se consideró lo siguiente:
«(…) la Sección Segunda admitió la aplicación analógica del artículo 7 del Decreto 224
de 1972, que reguló el supuesto para la pensión ordinaria de jubilación docente, con
fundamento en los principios de favorabilidad, equidad y proporcionalidad en materia
pensional. […]
Con este argumento, integramos el derecho en clara interpretación del principio de
favorabilidad en materia laboral y ello, posibilita el estudio de este caso en la medida
en que en el debate probatorio tenemos argumentos del demandante que dan cuenta
de un tiempo de servicio de 18 años, 2 meses y 1 día, mientras que la parte
demandada asegura que no logró el total de los requisitos legales previstos en el
artículo 4 de la ley 114 de 1913, tesis que avaló el Tribunal de Primera instancia.
Igualmente destacamos en la argumentación de la decisión en estudio lo siguiente:
‹Esta interpretación se acompasa con la idea de que la finalidad de la pensión
gracia es la de menguar la desigualdad que existió en su momento entre los
docentes vinculados por los entes territoriales y aquellos cuyo nombramiento era
nacional; por lo tanto, se le da el mismo tratamiento en cuanto a su sustitución›
En síntesis, para el estudio de situaciones especiales como la que motiva el recurso de
apelación, debemos integrar el derecho al reconocimiento de la pensión gracia post
mortem, por vía del artículo 7 del Decreto 224 de 1972»35.
En efecto, el artículo 7 del Decreto 224 de 1972 establece la posibilidad de que, en
caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito de edad
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 28 de enero de 2010, radicado 05001-23-31-
000-2004-05315-01 (1026-2007).
34
«Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 20 de abril de 2023, radicado
25000-23-42-000-2015-04934-01 (4958-2018).
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Radicado: 41001-23-33-000-2016-00450-01 (5063-2018)
Demandante: Martha Cecilia González Gómez
exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como profesor
en planteles oficiales por lo menos 18 años continuos o discontinuos, el
cónyuge y los hijos menores tendrían derecho a que por la respectiva entidad de
previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual
fijada para el cargo que desempeñaba al tiempo de la muerte.
Así las cosas, de acuerdo con el material probatorio allegado al expediente y la
normativa que rige la materia, se tiene que la demandante en calidad de cónyuge
supérstite, no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia reclamada, en
la medida en que, como ya se dijo, el señor Pedro Nel Javela Lozano antes de su
declaratoria de invalidez y posterior muerte, solo acreditó 14 años, 6 meses y 21
días de servicio como docente oficial, tiempo que no logra completar, ni las tres
cuartas partes, ni los 18 años de servicio para beneficiarse de la prestación sin
contar con el límite temporal de edad previsto por la normativa para su
reconocimiento, razón por la cual la Sala confirmará en este punto la sentencia de
primera instancia.
Finalmente, en la providencia apelada el a quo, con fundamento en los artículos
188 del CPACA y 365 del CGP, condenó en costas a la parte demandante; esta
decisión también fue objeto del recurso de apelación.
Al respecto, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Huila no realizó un
análisis de aspectos relevantes para su imposición, como la temeridad o la mala fe
en que pudo incurrir la parte vencida, pese a que para ello, debió tener certeza de
la conducta desplegada por aquella y comprobar si se causaron dichas costas,
razón por la cual, al no predicarse el mal proceder de la demandante, se revocará
la decisión del juez de primera instancia en lo que respecta a este punto.
2.5. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
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Radicado: 41001-23-33-000-2016-00450-01 (5063-2018)
Demandante: Martha Cecilia González Gómez
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.36
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte vencida
actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular
en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas
a la parte demandada.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que le asiste razón a la UGPP
36
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 41001-23-33-000-2016-00450-01 (5063-2018)
Demandante: Martha Cecilia González Gómez
al no reconocer la pensión gracia post-mortem solicitada por Martha Cecilia
González Gómez, pues el causante de la prestación no cumplió con los requisitos
previstos en la Ley 114 de 1913 y demás normas que la regulan la prestación
solicitada, así como tampoco se cumplieron los presupuestos jurisprudenciales
para el reconocimiento sin los 20 años de servicio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 10 de mayo de
2018 por el Tribunal Administrativo del Huila, en tanto condenó en costas a la
parte demandante.
Segundo. En lo demás, confirmar la sentencia proferida el 10 de mayo de 2018
por el Tribunal Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda
presentada por Martha Cecilia González Gómez contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
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Radicado: 41001-23-33-000-2016-00450-01 (5063-2018)
Demandante: Martha Cecilia González Gómez
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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