Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00549-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00549-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2016-00549-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
28 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restabl ecimiento del derecho
Radicación: 41001233300020160054901 (4153-2021)
Demandante: Gemma García de Ramírez
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones 1
Temas: Reliquidación pensión de vejez. Régimen general.
Inclusión de aportes ordenados por sentencia
judicial. Modif ica ción de la realidad laboral.
Reintegro de sumas por concepto de mesadas
pensionales Estatus, efectividad y disf rute
pensional.
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA
Conoce la Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo
de Estado del recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia del 8 de junio de 2021 , proferida
por el Tribunal Administrativo de l Hu ila , que negó las p retensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 2
La señora Gemma García de Ramírez , en ejercicio d el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, formuló en síntesis las
siguientes:
1 En adelante COLPENSIONES
2 Folios 3 al 28 del «Cuaderno principal No. 1» y subsanación del 98 al 110.
3 Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
–CPACA–
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001233300020160054901 (4153-2021)
Demandante: Gemma García de Ramírez
1.1. Pretensiones
La nulidad de (i) las Resoluciones GNR 263257 del 29 de agosto
de 2015 y VPB 3003 del 22 de enero de 2016 , por medio de la s
cuales, COLPENSIONES negó, y posteriormente, accedió a la
reliquidación de la pensión de jubilación reconocida, y; (ii) las
Resoluciones GNR 57750 del 24 de febrero de 2016 , GNR 161013
de 1 de junio de 2016 y VPB 34314 del 31 de agosto de 2016, a
través de las cuales Colpensi ones ordenó reintegrar las mesadas
pensionales pagadas a la demandante entre el 28 de enero de 2008
y el 30 de marzo de 2011 , «mayo y junio de 2011 4».
Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento
del derecho, solicitó condenar a Colpensiones a (i) reliquidar la
pensión de jubilación teniendo en cuenta lo devengado en el último
año de servicio, incluyendo todos los factores pagados por el
municipio de Neiva y el Ministerio de la Protección Social , con
fundamento en la Ley 33 de 1985 y pagar las difere ncias que
resulten entre la suma reconocida y la que resulte de esa
reliquidación ; (ii) devolver los aportes para pensión efectuados
por el Ministerio de Protección Social desde el 28 de febrero de
2008 hasta el 8 de junio de 2011, por ser posteriores a la
consolidación de su estatus pensional (iii) pagar los dineros que
le fueron descontados para pensión después del 28 de enero de
2016, (iv) indexar las sumas que sean reconocidas y reconocer
los intereses moratorios, y, (v) las co stas y agencias en derecho.
1.2. Fundamentos fácticos
Los siguientes son los fundamentos de hecho de las pretensiones:
(i) Refiere la demandante que p restó sus servicios en el Ministerio
de la Protección Social del 27 de octubre de 1993 al 13 de
4 Así se refiere la demanda.
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noviembre de 2001 , fecha en la que fue retirada del servicio al
haberse declarado la insubsistencia del nombramiento en el cargo,
razón por la cual p romovió demanda de nulidad y resta blecimiento
del derecho contra su retiro en procura de obtener el reintegro y
como consecuencia de ello, el pago de salarios y prestaciones
sociales durante el lapso comprendido desde la fecha del retiro
hasta que se produzca el reintegro, sin solución de continuidad, así
como el pago de intereses, perjuicio s morales, costas y agencias
en derecho.
(ii) Posterio rmente, laboró en el municipio de Neiva desde el 2 de
enero de 2004 hasta el 1 de enero de 2008, fecha de su retiro del
servicio .
(iii) Mediante la Resolución 5565 del 12 de agosto de 2008 ,
COLPENSIONES le reconoció la pensión de vejez al haber
acreditado los req uisitos para ello, con efectos a partir d el 28 de
enero de 2008 , fecha en la que alcanzó los 55 años de edad.
(iv) En relación con el proceso de nulidad y restablecimiento que
promovió contra el Ministe rio de la Protección Social, re lata que el
Tribunal Administrativo del Huila, m ediante sentencia proferida el
15 de octubre de 2010, condenó a dicha entidad al pago de los
salarios y prestaciones sociales desde el retiro del servicio, 13 de
noviembre de 2001, hasta el reintegro, lo que ocurrió el 8 de junio
de 2011.
En cumplimiento de la or den judicial, el Ministerio de la Protección
Social expidió las Resoluciones 700 del 9 de marzo de 2011 y
2387 del 21 de junio de 2011 , esta última fue adicionada, y como
consecuencia, se liquidó la condena y fueron realizados los aportes
con destino a pen sión por el period o comprendido entre el 13 de
noviembre de 2001 y el 8 de junio de 2011 .
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(v) El 25 de marzo de 2015, la demandante solicitó a
COLPENSIONES la reliquidación de la pensión de jubilación con el
promedio de lo devengado en el último año anterior al estatus de
pensionada, esto es, e ntre el 29 de enero de 2007 y el 28 de enero
de 2008.
(vi) Por medio de la Resolución GNR 263257 del 29 de agosto de
2015, Colpensiones negó la petición, decisión que fue apelada por
la demandante, y una vez r esuelto el recurso respectivo mediante
la Resolución VPB 3003 del 22 de enero de 2016, dicha entidad
revocó la decisión y accedió parcialmente a la reliquidación de la
pensión de jubilación .
(vii) De otra parte , l a entidad demandada profirió la Resolución
GNR 57750 del 24 de febrero de 2016, mediante la cual ordenó el
reintegro de las mes adas pensionales pagadas a la señora Gemma
García durante el lapso comprendido entre el 28 de enero de 20 08
y el 16 de marzo de 2011. Dicha decisión fue recurrida en reposición
y apelación, y a través de las Resoluci ones GNR 161013 de 1 de
junio de 2016 y VPB 34314 del 31 de agosto de 2016 se modificó
la decisión respecto del periodo a ree mbolsar así: del 28 de febrero
de 2008 al 30 de marzo de 2011, mayo y junio de 2011, y se
confirmó en lo demás la decisión apelada .
1.3. Normas violadas y concepto de violación
La demandante invocó como disposiciones vulneradas las
siguientes: los artículos 2, 5, 6, 48 y 53 de la Constitución Política;
1 de la Ley 33 de 1985; 17 y 36 de la Ley 100 de 1993 y 45 del
Decreto 1045 de 1978.
Al desarrollar el c oncepto de violación sostuvo que con los actos
administrativos demandados se incurrió en la causal de infracción
de las normas en que debieron fundarse, toda vez que
COLPENSIONES desconoció la normativa que rige su situación
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jurídica, teniendo en cuenta que, por ser beneficiaria del régimen
de transición establecido en la Ley 100 de 1993, le era aplicable el
régimen anterior, es decir la Ley 33 de 1985, razón por la cual el
IBL pensional deb ió obtenerse con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio.
Solicitó atender lo establecido en la sentencia de unificación del 4
de agosto de 2010 y la sentencia del 11 de agosto de 2016 proferida
por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado 5.
Adujo que la prohibición de doble asignación del erario no se
configura con el pago simultáneo de los salarios que fueron
ordenados producto d e la declaratoria de nulidad del acto de retiro
del servicio y los salarios devengados al haber desempeñado otro
cargo durante el periodo cesante, toda vez que aquellos
constituyen «una indemnización de perjuicios irrogados por el acto
ilegal» y tienen com o causa efectiva, la prestación del servicio. Por
lo anterior, est ima que no hay lugar al reembolso del va lor de las
mesadas pensionales que le fueron pagadas por Colpensiones
durante el lapso del 28 de febrero de 2008 al 15 de marzo de 2011 .
2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA 6
COLPENSIONES se opuso a las pret ensiones por considerar que
los actos demandados se ajustan a las normas que regulan la
materia y planteó las siguientes razones de defensa:
(i) Manifestó que el IBL no es un elemento del régimen de transición
y por lo tanto, son las reglas contenidas en el régimen general las
que deben aplicarse para establecer el monto pensional , con
independencia del régimen al que se pertenezca, y así lo determinó
la Corte Constitucional en las sentencias C -258 de 2013, SU -230
de 2015 y SU -427 de 2016 , las cuales son de obligatoria
5 Consejero Ponente Luis Rafael Vergara Quintero.
6 Folios 227 a 239, cuaderno 2.
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observancia por provenir d el máximo tribunal que vela por la guarda
e integridad de la Constitución Política, y por e l Consejo de Estado
en sentencia del 25 de febrero de 2016, razón por la cual s u
desconocimiento tipifica el delito de prevaricato por acción.
(ii) Sostuvo que no se causan diferencias pensionales que deban
ser reconocidas y pagadas con retroactividad, y, en caso de que
ello ocurriera, resulta incompatible el reconocimiento de inter eses
moratorios, los que solo se reconocen para el pago de mesadas
pensionales y la indexación solicitada , toda vez que se estaría
incurriendo en doble condena por el mismo ítem.
(iii) Respecto a la devolución de aportes que reclama, indicó que
no hay lug ar a ello, toda vez que se aportaron con el fin de financiar
la pensión y, en caso de existir un sal do a favor de la demandante ,
debe agotarse el procedimiento dispuesto para ello, previo a la
reclamación administrativa.
(iv) No existe precedente judicial vinculante que permita percibir
simultáneamente la pensión de vejez y un salario co mo servidor
público, mucho menos argumentando que la primera se sufraga con
recursos parafiscal es, en tanto que el segundo lo hace con recursos
del tesoro nacional.
(v) De conformidad con lo dispuesto en la Ley 344 de 2006 , en aras
de la racionalización del gasto público, el servidor público que se
encuentre frente a dicha situación , deberá optar por (a) retirarse
del servicio público y disfrutar de la pensión o (b) continuar
vinculado a la administración, señalando claramente que la pensión
se empezará a pagar una vez se haya retirado definitivamente del
servicio , sin que exista opción de recibir las dos erogaciones
simultáneamente, situación que ha sido reservada de manera
excepcional para los docentes.
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(vi) Propuso las siguientes excepciones (a) imposibilidad de
percepción simultánea de pensión y salario en el régimen de prima
media; (b) incompatibilidad entre la pensión de vejez y el sueldo
por el desempeño de un cargo público; (c) inexistencia del derecho
reclamado por cuanto el IBL no es un aspecto de transición; (d) no
se causan intereses moratorios; (e) no hay lugar a indexación; (f)
prescripción y (g) la innominada o genérica.
3. AUDIENCIA INI CI AL 7
El 22 de febrero de 2018 se llevó a cabo audiencia inicial por parte
del Tribunal Administrativo del Hu ila en la que determinó (i) que no
existe ninguna irregularidad que genere nulidad; (ii) que no se
formularon excepciones previas y, (iii) delimitó el problema jurídico,
en los siguientes términos:
«¿Son nulas l as Resoluci ones: G NR 263257 del 29 de agost o de
2015, VPB 3 003 de l 22 de ener o de 20 16, G NR 57750 de l 24 de
f ebr er o de 2016, GNR 161013 d e 1 de j unio de 2016 y VP B 34314
del 31 d e agost o d e 2016, m ediant e l as cuales la dem an dada le
negó a l a act or a l a r eliqu idac ión de su pensió n con t od os los
f act or es salar iales p er cibidos en e l últ im o año de ser vic io, as í com o
un indeb ido desc uent o de las m esadas pension ales de la
dem andant e, incur r iendo en las causale s de anulación invoc adas en
la dem andada y que dan lugar a que se r est ablezca el der echo
incoa do?
¿Hay lugar a devolver a la dem andante los apor t es par a pensión
ef ect uados por el M i nist er io de la Pr ot ec ción Soc ia l del2 8 de f ebr er o
de 2008 al 15 de m ar zo de 2011? »
4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 8
El Tribunal Administrativo del Huila , en sentencia del 8 de junio de
2021 negó las pretensiones de la demanda con fundamento en las
siguientes consideraciones:
7 Folios 268 a 269 Vto. CD a folio 274.
8 Folios 292 a 300 Vto.
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(i) En primer lugar, enc ontró demostrado que con la Resolución
No. 5565 de agosto 12 de 2008, el extinto Seguro Social le
reconoció la pensión de vejez a la demandante a partir del 28 de
enero de 2008, en cuantía de $2.715.164, conforme al artículo 1 de
la Ley 33 de 1985, por ser la norma que le resulta aplicable,
teniendo en cuenta que es beneficiaria del régimen de transición, y
se acred itaron los requisitos de 55 años de edad y 20 años de
servicio. Se calculó con un ingreso base de liquidación pensional
equivalente al 75% del promedio de las cotizaciones de los últimos
10 años y «conforme a los factores e stablecidos en el Decreto 1158
de 1994, en consonancia con los artí culos 21 y 36 inciso 3º de la
Ley 100 de 1993, es decir, con base e n el promedio de lo s salarios
que sirvieron de base para los aportes pensionales durante el
tiempo allí indicad o, tal y como lo pre vé la sentencia de unif icación
de agosto 28 de 2018 atrás estudiada, la cual acoge el Tribunal
dado su carácter obligatorio y vincula nte .»
Así las cosas, concluyó que la reliquidación solicitad a resulta a
todas luces improcedente por lo que no es posible incluir la
totalidad de los factores salariales q ue devengó la actora en el
último año de servicio s.
(ii) En segundo lugar, respecto de la condena impuesta al Ministe rio
de la Protección Social dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho preexistente, que ordenó el pago de
los salarios y demás prestaciones a la actora, desde el retiro del
servicio como Directora Territorial H uila hasta la fecha de su
reintegro, manifestó que esta tiene una naturaleza indemnizatoria
y por ello «podía devengarla simultáneamente con otra asignación
proveniente del erario público sin incurrir en la prohibición del
artículo 128 Constitucional, según lo estableció el precedente
unificador de enero 29 de 2008 ».
Continuó sosteniendo que «dicho precedente estableció también las
precisas situacion es bajo las cuales debe liquidarse la condena
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impuesta, atendiendo para ello las situaciones espe cíficas de l
empleo y del servidor , así como lo referido al tiempo en el que
hubiera permanecido el funcionario en el cargo, entre las cuales se
incluyó la obtención del estatus pensional. »
(iii) En ese orden, t eniendo en cuenta que a la demandante le fue
reconocida la pensión mediante la Resolución 5565 del 12 de
agosto 2008 , efectiva a partir del 28 de enero de 2008 –fecha en
la que adquirió el estatus pensional –, consideró que el
cumplimiento de la condena «debió limitarse a los salarios y demás
prestaciones dejadas de devengar únicamente desde la fecha del
retiro hasta el mo mento en el que inició el disf rute de la aludida
pensión, no obstante ello no fue así, pues el p ago de la
indemnización se extendió hast a el 8 de junio de 2011 según se
aprecia en las Resoluciones No. 2387 de junio 21 y 4470 de
septiembre 30 de 2011 del Ministerio de la Protección Social que
liquidaron la misma .»
En virtud de lo a nterior, como la demandante «a partir de allí
empezó a dis frutar su pensión [...] no podía recibir,
simultáneamente, dineros correspondientes a los e molu mentos que
hubiera recibido en actividad.»
(iv) Consideró que l as Resoluciones GNR 57750 del 24 de febrero
de 2016, GNR 161013 de 1 de junio de 2016 y VPB 34314 del 31
de agosto de 2016 ordenaron la devolución de las mesadas
pensionales devengadas por la señora García de Ramírez entre e l
periodo comprendido entre el 28 de enero de 2008 y el 8 de junio
de 2011 como medida resarcito ria del tesoro público , por lo cual no
hay lugar a declarar la nulidad de dichos actos administrativos .
(v) Concluyó que la demandante no podía beneficiarse de que el
Ministerio de la Protección Social liquidó el pago de la condena
judicial en su favor hasta el 8 de junio de 2011, des conociendo que
desde el 28 de enero de 2008 gozaba de pensión, por lo que no es
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dable acceder a la devolución de los a portes pensionales para dicho
periodo (28 de enero de 2008 a 8 de junio de 2011), además porque
las aludidas cotizaciones se realizaron en cumplimiento de una
orden judicial.
5. EL RECURSO DE APELACIÓN 9
La accionante apeló la decisión y solicitó revocar la se ntencia de
primera instancia y acceder a las p retensiones, con fundamento en
las siguientes razones :
(i) Manifestó que en la reliquidación de la pensión, Colpensiones
no tuvo en cuenta todo lo aportado, tanto por el municipio de Neiva
como por el Mi nisterio de la Protección.
En la sentencia apelada, el a quo se limitó a manifestar que la
liquidación se había realizado de manera correcta, siguiendo los
lineamientos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018 pero «sin observar el acervo p robatorio, el cual, por mencionar
solo una de las pruebas aportadas, indica que se observa
claramente los apo rtes para pensión realizados por el Ministerio de
la Protección a fa vor de mi poderdante, entre ellas la resolución
número 00002387 del 21 de Junio de 2011. Como ejemp lo me
permito indicar alg unos de los aportes como son $96,707,36 para
el año 2002, $101,068,58, $113.440,47 para el año 2003,
$125.175,70 para el año 2004, $132.050,18 para el año 2005,
$134.330,18 para el año 2006, $140.375,04 para el año 2007 y
$153.148,27 para el 2008, especificando allí sus respe ctivos IBL.
Incluso en el caso del año 2008, sin incluir allí los me ses en los
cuales le fue pagada la bonificación por servicios prest ados, valor
que incrementa el IBL , a modo de ejemplo este sería la suma de
$7.693.442 que al aplicar el 75%, tendría como resultado un valor
9 Allegado mediante correo electrónico, agregado al expediente digital a índice
2 en el aplicativo SAMAI.
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de $5.770.081,5.»
Por tal razón se deben sumar los ingresos base de liquidación
realizados por el Ministerio de la Protección Social al Seguro
Social, como lo dispone el artículo 5 de la ya citada Resolución
002387 del 21 de junio de 2011 , y los ingresos base de liquidación
generados como consecuencia del trabajo con el municipio de
Neiva.
(ii) En la Resoluci ón VPB 3003 del 22 de enero de 2016 se observa
que COLPENSIONES realizó la reliquidación con un IBL de
$4’544.085, así:
De lo expuesto, son visibles las siguientes irregularidad es:
(a) la entidad demandada procedió a « fija r el estatus
pensional a partir del 25 de marzo de 2012, pretendiendo
unilateralmente desconocer el principio de favorabilida d
establecido en la Constitución Política, violando además la
Ley, ya que mediante Resolución 5565 del 12 de agosto de
2008 el Seguro Social ordenó reconocer y pagar la pensión
de jubilaci ón de mi mandante a partir del 28 de enero de
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2008».
(b) Para realiza r la modificación de la fecha del estatus de la
pensión « debió haber demandado el acto administrativo , pues
ésta no es Juez de la República ».
(c) Resulta incongruente este acto administrativo que en el
cuadro se obtiene un valor de $3.938.968 y en el punto
anterior dice $3.408.064.
(iii) En cuanto al pago de salarios de carácter indemnizatorio,
señaló que «no hay discusión en lo re ferente al carácter que tienen
estos pagos, la e sencia está en el hecho de que los recibió estando
pensionada» , razón por la cual, considera que el tribuna l no actuó
de forma coherente al desconocer la Constitución Política y lo
dispuesto en el art ículo 97 de la Ley 147 de 2011 , toda vez que la
entidad demandada «est á m odif icando de f or m a unilat er al la f echa de
st at us de la pensión de jubilac ión de m i m andant e, sin consent im ient o
expr eso de ést a, la Adm inist r ador a Co lom biana de Pens io nes debi ó
pr oceder a dem andar los act os administ r at ivos de r econocim ien t o
pensiona l con el f in de m odif icar la f echa de est at us y una vez logr ado
ello, pr oceder a r eal izar la devol ución d e apor t es . »
6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A
Las partes no intervinieron en esta in stancia con fundamento en el
numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 .
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio
Público guard aron silencio según se constata en el aplicativo
SAMAI.
II. CONSIDERACI ONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto. Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 328 11 del
Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda
instancia está circunscrita a los argu mentos expuestos por la parte
apelante.
2. Problema jurídico
De acuerdo con los motivos de impugnación expuestos en el recurso
de apelación presentado por la demandante, le corresponde a la
Sala determinar lo siguiente:
➢ ¿Los actos administrativos por los cuales se reliquidó la
pensión de jubila ción de la demandante en cumplimiento de
una orden judicial, incurrie ron en viola ción de la ley a l no haber
incluido para el cálculo de la prestación la totalidad del ingreso
base de liquidació n –IBL aportado tanto por el municipio de
Neiva como por el Ministerio de la Protección Social –, y por
haber modificado la fecha de efectividad del derecho pensional
para el 25 de marzo de 2012?
10« E l
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de ap elación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
11« A R T Í C U L O 3 2 8 . C O M P E T E N C I A D E L S U P E R I O R . E l j u e z d e s e g u n d a
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación de l apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
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Para resolver lo anterior, la Sala desarrolla rá el siguiente orden
metodológico: (i) Requisitos pensionales establecido s en la Ley 33
de 1985, (ii) régimen de transición de la Ley 100 de 1993; (iii)
Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 y (iv) el análisis
del caso concreto.
3. Marco normativ o y jurisprudenci al
3.1. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993
Con la expedición de la Carta Polít ica de 1991, que implicó un
cambio de modelo en la estructura del Estado, tuvo lugar el
surgimiento de un nuevo esquema de seguridad social q ue dio paso
a la expedición de la Ley 100 de 1993, por la cual se creó el sistema
de seguridad social integral en el que se determinaron dos
regímenes: el de prima media con prestación definida y el de ahorro
individual, entre los cuales el afiliado podía elegir libremente, y en
ambos contempló la posibilidad de que se tomara indistinta mente
el tiempo laborado o cotizado como trabajador del sector privado o
en calidad de servidor público, de esta manera, fijó las nuevas
reglas y requisitos para el reconocimiento de las pensiones.
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 dispuso un régimen d e
transición pensional según el cual, quienes contaran con 15 años
de servicios o 40 años de edad para los hombres, y 35 en el caso
de las mujeres, quedaban sujetos a dicho régimen de transición y,
por lo tanto, tendrían derecho a que su pensión se reconoc iera con
los requisitos de e dad, tiempo de servicios y monto o cuantía del
régimen anterior que les fuera aplicable.
Respecto al ingreso base de liquidación (IBL) pensional de tales
personas, el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
preceptúa que los beneficiarios del régimen de transición que les
faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
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ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
En los demás casos, es decir, en la hipótesis de las personas a
quienes el 1 de abril de 1994 les faltaban más de 10 año s para
reunir los requisito s de causación de la pensión, a falt a de regla
especial en el artículo 36 se les debe aplicar la regla general del
artículo 21 de la Ley 100, el cual indica:
«ARTÍ CU LO 21. I NG RESO BASE DE L I Q UI DACI Ó N. Se ent iende
por ingr eso bas e par a liquidar las pensi ones pr evist as en est a ley,
el pr om edio de los s alar ios o r ent as sobr e los cua les ha c ot iz ado el
af ili ado dur ant e l os diez ( 10) años ant er ior es al r econ ocim ie nt o de
la pensión, o en t odo el t iem po si est e fuer e inf er ior par a el cas o
de las pens iones de inva lide z o so br evivenci a, act uali zados
anualm ent e con ba se en la var iació n del í ndice de pr e cios al
consum idor , según cer t if icación que exp i da el DAN E.
Cuando e l pr om edi o del i ngr eso base , aj ust ado por inf lación,
calcul ado sobr e l os i ngr esos de t oda la v ida la bor al de l t r aba j ador ,
r esult e super ior al pr evist o en el inc iso a nt er ior , el t r abaj ador podr á
opt ar por est e sist em a, siem pr e y cuando haya cot iza do 1250
sem anas com o mí nim o ».
De acuerdo con la anterior normativa, es claro que el inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó del régimen de
transición la expectativa de las perso nas beneficiarias de este de
obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que
consagraba el régimen anterior al que se e ncontraban afiliados al
entrar en vigor aquella.
En esa medida, en virtud del principio de favorabilidad, la entidad
de previsión social al momento de la liquidación pensional deberá
determinar el ingreso base de liquidación que le fuera más benéfico
al pensionado, en la medida en que la Ley 100 de 1993 permite
optar por (i) el promedio de lo cotizado durante el tiempo que le
hiciere falta entre la entrada en vigor de la Ley 100 (1 de abril de
1994) y la adquisición del estatus pensional, si fuere inferior a 10
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años; (ii) el promedio de lo aportado durante todo el tiempo, si el
monto es superior, actualizado anualmente con el índice de precios
al consumidor (IPC); o (iii) el promedio de lo cotizado durante los
últimos 10 años, conforme al artículo 21 ibidem.
Ahora bien, para efectos de determinar los factores sobre los cuales
se debieron efectuar cotizaciones, cabe anotar que el artículo 6.°
del Decreto 691 de 1994, reglamentario de la Ley 10 0 de 1993
estableció el salario mensual base para calcular las co t izaciones al
sistema de tales servidores, el cual f ue modificado por el Decreto
1158 de 1994, que previó los siguien tes factores sobre los que se
debe efectuar aportes: (a) asignació n básica mensual, (b) gastos
de representación; (c) prima técnica, cuando sea factor de salario;
(d) primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando
sean factor salarial; (e) remuneración por trabajo dominical o
festivo; (f) remuneración por trabajo suplementario o de horas
extras, o realizado en jornada nocturna; y g) bonificación por
servicios prestados.
De igual forma, esta Corporación precisó que de conformidad con
el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48
y con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad , los
factores salariales a considerar son únicamente aquellos sobre los
que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones y que se encuentren consagrados expresamente en la
ley.
3.2. Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018
Ahora bien, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el 2 8 de agosto
de 2018 12 en la que fijó las reglas y su breglas respecto a l Ingreso
12 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
del 28 de agosto de 2018. Expediente 2012 -00143-01. Demandante: Gladis del
Carmen Guerrero de Montenegro.
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Base de Liquidación para computar la pensión de jubilación de
quienes gozan del régimen de transición.
En efecto, la Sala Plena precisó que la sentencia de unificación se
aplicaría con efectos retrospectivo s «[…] a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía
judicial a través de acciones ordinaria s; salvo los casos en los que
ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables. […]»
Ahora bien, sobre el fondo del asunto, la sentencia de unificación
referida indicó:
«[ …] El I ngreso base de Li qui daci ón en el régi men de t ransi ci ón
66. La aplicación d el r égim en pensiona l de t r ansición par a quien
opt e por est e, signif i ca que los r equisit o s de la edad y el t iem po, y
el m ont o de su pensión sean los pr evis t os en el ar tí culo 36 de la
Ley 100 de 1 993, el cua l r em it e a lo s r egí m enes pensi on ales
ant er ior es, en vir t ud de los ef ect os ult r a ct ivos dados a l os m ism os.
67. Lo ant er ior cobra r elevancia en la m edida en que si bien el
inciso 2 del ar t í culo 36 de la Ley 100 d e 1993 seña ló que el m ont o
de la pens ión par a los benef ic iar ios de la t r ansic ión se r í a el
pr evist o en el r ég im en ant er ior al cua l s e encont r ar an af il ia dos, lo
cier t o es que el inciso 3 de la m ism a disposici ón pr evió de m aner a
expr esa un i ngreso base para l a l i qui daci ón de l a pensi ón de
vej ez de l as personas ref eri das en el i nci so 2 que les f alt ar en
m enos de 10 años par a adquir ir el der echo, def iniendo así uno los
elem ent os del m ont o pensiona l.
68. La r edacción de l ar t í culo 36 de la Ley 100 de 1993 h a dado
lugar a diver sas i nt er pr et aciones sobr e cuál es el ingr eso ba se de
liqu idac ió n que se debe t om ar en cuent a par a liquid ar las pensiones
en el r égim en de t r ansició n, pues el conc ept o “mont o” señalado en
el inc iso 2 de esa disposic ión dar í a lug ar a ent ender , com o lo ha
consider ado la Sec ción Segunda del C onsej o de Est ado, que la
m esad a pensiona l o m ont o incluye el IBL y la t asa de r eem plazo
pr evist os en los r egí m enes ant er ior es. Sin em bar go, ot r a
int er pr et ación es que, en vir t ud de lo pr evist o en el inciso 3 ibí dem ,
par a est ablecer el mont o de la pensión, solo se t om ar í a la tasa de
r eem plazo del r égim en ant er ior , t eniendo en cuent a que el I BL f ue
expr esam ent e def i nido por est e inc iso par a e l r égim en de
t r ansición. La Cor t e Const it ucional y la Cor t e Supr em a de Just icia
son de est a t esis.
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[ …]
84. Plant eadas así l as t esis sobr e e l I BL apl ic able en e l r égi m en de
t r ansición, la Sal a advier t e que el aspect o que ha suscit ado
cont r over sia es el p er iodo que se t om a en cuent a al pr om e diar el
ingr eso base par a f ijar el m ont o pension al, pues el ar t í culo 1 de la
Ley 33 de 1985 pr eveí a com o I BL el “ s alar io pr om edio que sir vió de
base par a los apor t es dur ant e el últ i mo año de servi ci o ” , m ient r as
que el inciso 3 del a r t í culo 36 de la Ley 100 de 1993 est ab le ce que
el ingr eso base par a liqu idar la pensi ó n de vej ez de las per sonas
r ef er idas en el i ncis o an t er ior que les f alt ar e m enos de die z ( 10)
años par a adquir ir el der echo, ser á el pr om edio de lo dev engado
en el t i empo que l es hi ci ere f al t a para el l o , o el cot izado durant e
t odo el t i empo si est e f uer e super ior , act ualizado anua lm ent e con
base en la var ia c ió n del Í ndice de Pr e cios al consum id or , según
cer t if icación q ue ex pida e l DA NE. Es d ecir , m ient r as el r égim en
gener al de pens ione s de la Ley 33 de 19 85 est ablece el ú lt i m o año
de ser vicios, el ar tículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagr a la
posib il idad qu e sea m ás de un año de pendien do de la sit uación
par t icular de la per sona que est á pr óxima a consolidar su der echo
pensiona l.
85. A j uicio de la Sala Plen a de lo Cont encioso Adm inist r at ivo del
Consej o de Est ado una lect ur a del ar t í culo 36 de la Ley 100 de 1 993
per m it e concluir qu e en el r égim en de t r ansición e l I BL qu e debe
t ener se en cuent a par a liquid ar el m onto pensional es el pr evist o
en el inci so 3 de dic ha nor m a.
[ …]
91. Par a la Sala P le na de est a Cor por ación esa es la lect u r a que
debe dar se del ar t í culo 36 de la Ley 100 de 1993. El ar t í culo 36
cont iene t odos los e lem ent os y condici o nes par a que las pe r sonas
benef iciar ias del r égim en t r ansición pue dan adquir ir su pensión de
vej ez con la edad, el t iem po de ser vicios o sem anas de cot ización
y la t asa de r eem plazo del r égim en ant er ior y con el I BL pr evist o
en el m ism o ar tí culo 36, inciso 3, y en el ar tí culo 21 de la Ley 100
de 1993 . La r egla est ablecida por el le gisla dor en el incis o 3 del
ar t í culo 36 de l a Le y 100 de 19 93 exc l uyó la a pl icació n ult r act iva
del in gr eso base de liqu idac ión que co ns agr aba el r égim en g ener al
de pensiones ant er i o r a dicha ley. [ …] » (Negrita del texto orig inal,
subraya de la Sala).
Con base en lo precedente, se fijó como regla de unificación: « El
Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para
aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen
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con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985 ».
(Negrita del texto original).
En cuanto a las subreglas se tiene:
La primera se refiere al periodo para liqu idar las pensiones de los
servidores público s que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«Si f alt ar e m enos de diez ( 10) años par a adquir ir el der echo a la
pensión, e l in gr eso base de l iqu idac ión ser á ( i) el pr om edio de lo
devengado en el t iem po que les hicier e f alt a par a ello, o ( ii) el
cot izado dur ant e t odo el t iem po, el que f uer e super ior , act ualizad o
anualm ent e con ba se en la var iac ión del Í n dice de Pr e cios al
consum idor , según cer t if icación que exp i da el DAN E.
• Si f alt ar e m ás de diez ( 10) años, e l i ngr eso base de l iqu idaci ón
ser á el pr om edio de los salar ios o r ent as sobr e los cuales ha
cot izado el af il iad o dur ant e los d iez ( 10) años ant er io r es al
r econocim ient o de la pensión, act ualizad os anualm ent e con base en
la var iac ión d el í nd ic e de pr ecios al co ns um idor , según cer t if i cación
que expida e l DAN E ».
La segunda determina «que los factores salariales qu e se deben
incluir en el IBL para la pe nsión de jubilación de los servidores
públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos
sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:
«99. La int er pr et ación de la nor m a que m ás se aj ust a al art ículo 48
const it uciona l es aq uell a según l a cual, en el r égim en gen er al de
pensiones, pr ev ist o en la Ley 33 de 19 8 5, solo los f act or es sobr e
los que se haya r ealizad o el apor t e o cot ización puede n in cluir se
com o elem ent o salar ial en la l iqu idac ión de la m esada pensi onal.
100. De conf or m idad con el Act o Legis l at ivo 01 de 2005 por el cual
se adicio na el ar t í cul o 48, par a adquir ir el der echo a la pensió n ser á
necesar io cum plir con la edad, el t iem po de ser vicio y las sem anas
de cot izació n. Par a l a liqu idac ión de las pensiones s ólo se t e ndr án
en cuent a los f act or es sobr e los cua les cada per sona hubier e
ef ect uado las cot iza ciones».
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De acuerdo con lo anterior, la Sala Plena unificó su criterio sobre
el IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, específicamente, fijó dos subreglas
referentes (i) al pe riodo que se debe tener en cuenta para liquidar
el IBL de las mismas y (ii) los fact ores salariales qu e se deben
observar para esos efectos.
Así, dispuso que tratándose de personas que al momento de entrar
en vigencia la Ley 100 de 1993 les faltare más de 10 años para
adquirir el derecho prestacional, el IBL será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales hubiere cotizado el afiliado
durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, de
lo contrario, esto es, si faltare menos de 10 años, el IBL será (i) el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotiza do durante todo el tiempo, el que f uere superior.
De igual forma, precisó que los factores salariales a con siderar son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones y que se encuentren
consagrados expresamente en la Ley.
4. Caso concreto
4.1. Hechos demostrados
En el presente caso se encuentra acreditado lo siguiente:
a. A través de la Resolución 5565 del 12 de agosto de 2008 13,
COLPENSIONES reconoció la pensión de vejez de la
demandante, para lo cual tuvo las sig uientes consideraciones:
• Nació el 28 de enero de 1953, es beneficiaria del régimen
de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, por lo que l e es ap licable lo dispuesto en la Ley 33
de 1985.
13 E x p e d i e n t e administrativo en CD obrante a folio 240, cuaderno 2, en archivo
.tiff.
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• Laboró en las siguientes entidades así:
Es decir, registra u n total de 1.129 semanas, equivalentes
a 21 años, 11 meses y 16 días.
• Se aplicó el 75% del ingreso base de liquidación del
promedio de cotizaciones de los últimos 10 años sin
indicar los factores tenidos en cuenta.
• Encontró acreditado que la peticionaria presentó novedad
de retiro del sistema general de pensiones administrado
por el ISS del 8 de enero de 200 8 como trabajadora
dependiente del municipio de Neiva, razón por la cual,
la prestación se causará a partir del 28 de enero de 2008,
fecha en la que cumplió con el requisito de la edad.
• Fijó la mesada pensional por valor de $2.715.164.
b. Según se extrae de la sentencia prof erida el 15 de oct ubre de
2010, el Tribunal Administrativo del Huila 14, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución
1931 del 9 de noviembre de 2001 expedida por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social por medio de la cual fue retirada del
empleo de directora territorial de Tra bajo y Seguridad Social del
Huila, ordenó el reintegro al cargo, y a título de indemnización ,
condenó a dicha entidad al pago de todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir y demás emolumentos
desde la fecha del retiro hasta el efectivo reintegro así:
14 C D a folio 199.
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La sentencia quedó ejecutoriada el 3 de noviembre de 2010.
c. Por medio de la Resolución 700 del 9 de marzo de 2011, el
Ministerio de la Protección Social, en cumplimiento del fallo
relacionado ut supra, ordenó el reintegro al cargo, reconocer el
pago de todos los salarios y prestaciones legales dejados de
percibir «desde la fecha de retiro hasta el momento en que sea
efectivamente reintegrada a la Planta de Personal del Ministerio
de la Protección Social.»
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d. Mediante la Resolución 2149 del 8 de junio de 2011 15, el
Ministerio de la Pro tección Social revo có parcialmente la anterior,
toda vez que la accionante allegó certificación de 15 de marzo de
2011 expedida por el ISS, en la que consta que a la fecha se
encontraba devengando pensión de jubilación, por lo que, ante
dicha novedad, y teniendo en cuenta que la mencionada
circunstancia no f ue advertida dentro del proceso ju dicial, ni
durante el trámite administrativo que dio lugar a la expedición de
la Resolución 700 de 2011, concluyó que la orden de reintegro al
cargo se constituye en una obligación de imposible cumplimiento .
e. De otra parte, en la Resolución 2387 del 21 de junio de 2011 16
expedida por el Ministerio de la Prot ección Social, «Por la cual
se liquida y reconoce un pago en cumplimiento de una sentencia
judicial», dicha entidad ordenó entre otras cosas:
(i) Pagar $626.247.574 por concepto de liquidación sobre
acreencias laborales como salarios, prestaciones
sociales y demás emolumentos dejados de percibir
durante el periodo comprendido entre el 13 de
noviembre de 2001 y el 3 de noviembre de 2010.
(ii) Pagar al Instituto de Seguros Sociales –ISS–,
$66.581.300 por concepto de aportes al SGP, a cargo
del afiliado y del empleador, y por su intermedio pagar
al Fondo de Solidaridad Pensional, la suma de
$4.397.70 0
Da cuenta el acto de lo siguiente:
o Que fue allegada certificación de pagos por concepto de
prima técnica reconocida a través de la Resolución 1452 del
5 de julio de 2000 al ministerio así:
15 F o l i o 1 7 6 a 180.
16 F o l i o s 182 Vto., a 188.
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o Que el monto de los aportes al Sistema General de
Pensiones y de Seguridad Social en salud –SGPS– a cargo
del empleado corresponden a los siguientes:
o Fue anexado un cuadro de indexación que detalla los
valores (i) devengados, (ii) IBC, (iii) descuento pensión
trabajador y o tros, correspondientes al perio do
comprendido entre noviembre de 2001 y noviembre de 2010.
f. Por medio de la Resolución 4470 del 30 de septiembre de
2011 17, se adicionó la anterior decisió n, en lo que tiene que ver
con la fecha del reconocimiento y pago de los salarios y
prestaciones sociales, y ordenó pagar las acreencias cau sadas a
la accionante «durante el periodo comprendido entre el 4 de
noviembre de 2010 y el 8 junio de 2011.», sumas que fueron
igualmente indexadas, se reconoció indemnización moratoria y se
ordenó pago a pensión entre otras.
g. El 25 de marzo de 2015, la accionante presentó solicitud de
reliquidación de la pensión 18, « con t odo lo devenga do ent r e el 29 d e
ener o de 2007 y el 28 de ener o de 2008 ( f echa en la que cum plí 55
años de edad) , por per t enecer al r égim en de t r ansición, la nor m at iva
m ás f avor able es la Ley 33 de 1985 », con sustento en la sentencia
de unificación de 4 de agosto de 2010, sentencias del Consejo
de Estado del 26 de agosto de 2010 y 3 de febrero de 2013.
Para el efecto anexó (i) certificado de salarios del municipio de
Neiva entre el 2 de enero de 2007 y 1 de enero de 2008 y, (ii)
« f ot ocopias de las r esoluc iones por m edio de las cu ales e l Min ist er i o
de la Pr ot ecció n So cial r ea liza e l pago de una sent encia y or dena
r ealizar los apor t es par a pensión ».
17 F o l i o 190 a 195.
18 F o l i o s 49 a 60 (sic) Vto.
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Finalizó su escrito señalando:
«Es de anot ar o aclar ar que el Minist er io de la pr ot ección Social no
debí a r ealizar apor tes par a pensión [ …] después del 28 de ener o de
2008, ya que de conf or m idad con lo expuest o en el ar tí culo 17 de la
Ley 797 de 2003, la obli gació n cesó.
Razón por la c ual, a dem ás de la r el iqu id ación par a pe nsión, solic it o
la devoluc ión de l os apor t es par a pensió n r ealizados de m ás [ …]. »
h. Mediante la Resolución GNR 263257 del 29 de agosto de
2015 19, la entidad demandada negó la reliquidación con los
siguientes argumentos:
• Expuso que «ha prestado los siguientes servicios»:
En ese orden, acredita 7.917 días laborados que
corresponden a 1.131 semanas.
19 F o l i o s 29 a 37.
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• Que, realizado el estudio, tomando el IBC correspondie nte
a los últimos 10 años efectivos de cotización reportados
en la historia laboral, y teniendo en cuenta que los factores
que deben tenerse en cuenta son los contemplados en el
Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales se hubieran
efectuado aportes al SGP, encontró que no hay motivos que
permitan generar retroactivo alguno o incrementar la mesada
pensional.
• Respecto a la solicitud de devolució n de las cotizacio nes,
manifestó:
«[ …] se ver if ica el aplic at ivo de nóm in a de pensionados d e
Colpe nsion es, advi r t iendo que la f echa de ef ect iv id ad
r econocida por la R esoluc ión 104 de 01 de ener o de 2009, es
a par t ir del 28 de e ner o de 2008, por l o t ant o, se t uvier on en
cuent a las cot izac io nes r ealiza das hast a la m enciona da f echa
par a calcular el I ngr eso Base de Liqu ida ción.
Así m ism o, r evisado el ap licat iv o H ist or ia Labor al, se ev idenc i a
que se encue nt r an cot izacion es post e r ior es a la f echa de
ef ect ividad de la pr est ación por part e del Minis t er io de
Pr ot ección Soci al.
En consecuenc ia, e s per t inent e inf or m ar le a la r ecur r ent e que
r espect o de las cot izaciones post er ior es al r econocim ient o qu e
aquí se r eclam an, puede tr am it ar dicha solicit ud de
DEVO LUCI O N DE APO RTES, según l o est ablecid o en el
Decr et o 2665 del 26 de diciem br e de 1988, t eniendo pr esent e
que est e t r ám it e debe r ealizar se ant e un Punt o de At enci ón
PAC [ …] »
i. La accionante recurrió la decisión y f ue resuelta por medio de la
Resolución VPB 3003 del 22 de enero de 2016 20, en la que
revocó la decisión apelada en los siguientes términos:
20 F o l i o s 130 a 141.
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• Señaló que la accionante «ha prestado los sig uientes
servicios »:
Conforme lo anterior acredita un total de 8.599 días
correspondientes a 1.228 semanas.
• Laboró tiempos de servicios no cotizados a esa entidad
equivalentes a 900 semanas:
• En ese orden de ideas, confirmó que es beneficiaria del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, debe aplicarse
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lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.
• Para obtener el IBL «se toman los factores salariale s
establecidos en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 de
conformidad con la Circular 01 de 2012«, y para ello «tra emos
a colación lo establecido en la circular INTERNA N. 16 DE
2015 […]» y en ese orden de ideas debe considerarse que la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es la
realizada por la Co rte Constitucional en la Sentencia C-258 de
2013 y SU-230 de 2015.
En ese orden de ideas, la solicitud de reliquidación con la
inclusión de todos los factores salaria les no es aplicable.
• De acuerdo con los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, establecen que la
pensión se reconocerá reunidos los requisitos mínimos y será
necesaria su desafiliación del régimen para que se pueda
disfrutar de la misma y se tendrá en cuenta hasta la última
semana cotizada.
• Que ello indica q ue tiene derecho a la reliquidación de su
pensión de vejez, y procedió a realizar la liquidación de la
prestación reconocida, la cual se resume de la siguiente
manera:
• Señaló que «se debe tener en cuenta que dicha reliquidación
se reconoce a partir de 25 de marzo de 2012, teniendo en
cuenta el concepto interno de fecha 16 de diciembre de 2014
el cual indica la prescripción de tres años:
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Por lo anterior, se otorga efectos fiscales a la prestación a
partir del 25 de marzo de 2012, dado que la solicit ud de
reliquidación fue presentada el 25 de marzo de 2015,
superando los 3 años reglamentarios.
• Respecto del reconocimiento del valor de las semanas
cotizadas con posterioridad al recono cimiento de la pensión,
consideró que no es procedente acceder a dicha solicitud
«toda vez que dichas semanas se utilizaron p ara el
financiamiento del reconocimiento de la prestación otorgada a
la peticionari a de acuerdo con el literal f) del artículo 13 y 15
de la Ley 100 de 1993.»
• En ese orden, «el total de las se manas cotizadas por el
peticionario es fuente de financiamiento de su prestación, que
por tal razón no es dable la devolución de saldos o de semanas
de cotización cotizadas (sic) por el in teresado posterior a las
mínimas requerida s para el reconocimiento prestacional. »
• Para finalizar precisó:
[…]
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• En su parte resolutiva ordenó revocar en todas sus partes la
resolución recu rrida y re liquidar la p ensión en los siguientes
términos y cuantías:
j. De acuerdo con la constancia e mitida por el p rofesional
especializado de Talento Humano de la Secretaría General del
municipio de Neiva de 20 de marzo de 2015 21 la accionante
laboró con ese ente territorial desde el 2 de enero de 2004
hasta el 1 de e nero de 2008, en el cargo de directora
Administrativa Asignada a la Dirección de Justicia Municipal,
devengando durante el último año de servicios los siguientes
factores salariales :
• Sueldo básico
• Gastos de representación
• Prima de servicios
• Bonificación por servicios prestados
• Prima de navidad
21 F o l i o 88.
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4.2. Análisis sustancial
4.2.1 ¿Los actos administrativos por los cuales se reliquidó la
pensión de jubila ción de la demandante en cumplimie nto de una
orden judicial, incurrieron en viol ación de la ley al no haber
incluido para el cálculo de la prestación la totalidad del ingreso
base de liquidación –IBL aportado tanto por el municipio de
Neiva como por el Ministerio de l a Protección Soc ial –, y por
haber modificado la fecha de efectividad del derecho pensional
para el 25 de marzo de 2012?
Del material probatorio relacionado se tiene demostrado lo
siguiente:
(i) La demandante laboró en el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social desde el 27 de octubre de 1993; el 13 de
noviembre de 2001 fue retirada del servicio por insubsistencia
del cargo.
(ii) En consecuencia, la demandante promovió de manda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto de retiro,
en procura de obtener el reintegro y el pago de salarios y
prestaciones sociales dejados de devengar, sin solución de
continuidad, hasta que fuera efectivo el reintegro.
(iii) E l 2 de enero de 2004, se vinculó al municipio de Neiva en
donde laboró hasta el 1 de enero de 2008 22.
(iv) Le fue reconocida pensión de vejez mediante la Resolución
5565 del 12 de agosto de 2008, a partir del 28 de en ero de
2008, fecha en la que alcanzó los 55 años de edad .
(v) Luego, m ediante sentencia de l 15 de octubre de 2010 , el
22Según la constancia emitida el 20 de marzo de 2015 por la Secretaría
General del municipio de Neiva a folio 196.
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Tribunal Administrativo del Huila condenó al Ministe rio de
Protección a pagar salarios y presta ciones desde el retiro de
esa entidad (13 de noviembre de 2001) hasta el reintegro
efectivo.
En cumplimiento de dicha condena, mediante la Resolución 700 del
9 de marzo de 2011 , el Ministerio de la Protección Social ordenó
el reconocimiento de los salarios y prestaciones sociales, y, a
través de la Resolución 2387 del 21 de junio de 2011 , liquidó la
condena, y subsiguientemente fue adicionada , por lo que se
efectuaron los aportes a pensión correspondientes al periodo
comprendido entre el 13 de noviembre de 2001 y el 8 de junio de
2011.
Efectuadas las anteriores precisiones, la Sala advierte que, en el
presente caso, el motivo de censura esgrimido por la demandante,
es que a través de los actos demandados, Colpensiones no tuvo
en cuenta la totalidad de los aportes efectuados tanto por el
municipio de Neiva en el último año de servicios laborado para esa
entidad (2007 a 2008), como por el Ministerio de la Protección
Social, durante el periodo comprendido entre el 13 de noviembre
de 2001 al 8 de junio de 2011, en cumplimiento de la orden jud icial.
La apelante asegura que en la sentencia de primera instancia, el a
quo se limitó a estudiar si la Resoluci ón VPB 3003 del 22 de enero
de 2016 cumplió con los lineamientos señalados en la sentencia
de unificación de 28 de agosto de 2018, m ás no tuvo en cuenta que
no se incluyó la tot alidad del ingreso base de liquidación efectuado
por el municipio de Neiva como por el Ministerio de Protección,
pues teniendo en cuenta lo reconocido en la Resolución 2387 del
21 de junio de 2011 , emanada del ministerio , se evidencia que no
se incluyeron algunos factores, entre ellos, la bonificación por
servicios prestados en 2008 «valor que incrementa el IBL ».
Para resolver la controversia, se tiene demostrado que mediante la
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Resolución 5565 del 12 de agosto de 2008, la entidad demandada
le reconoció la pensión de veje z a la demandante con el 75% del
ingreso base de liquidación del promedio de cotizaciones de los
últimos 10 años, aunque no discriminó los factores q ue fueron
tenidos en cuenta para ello, indicand o sí los tiempos la borados, lo
cual determinó una cuantía pensional por valor de $2.715.164,
efectiva a partir del 28 de enero de 2008 .
Posteriormente, como consecuencia de la orden judicial y los
aportes efectuados por el Ministerio de la Protecció n Social,
Colpensiones, reliquidó la pensión mediante la Resolución VPB
3003 del 22 de enero de 2016, y determinó el valor de la mesada
pensional en la suma de $3.408.064.
De dicho acto se tiene lo siguiente:
✓ En el acápite de tiempos de servicios laborados por la
accionante , se observa que COLPENSIONES no inclu yó la
totalidad de aportes efectuados por e l Ministerio de la
Protección Social que corresponden al periodo compre ndido
entre el 13 de noviembre de 2001 y el 8 de junio de 2011.
✓ COLPENSIONES dispuso los recursos correspondientes a
descuentos para pensión y ordenó el pago de los mismos así:
❖ Resolución 2387 del 21 de junio de 2011, respecto del
periodo comprendido entre el 13 de noviembre de 2001 y
el 3 de noviembre de 2010 :
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❖ Resolución 4470 del 30 de septiembre de 2011, del
periodo comprendido entre el 4 de noviembre de 2010 y
el 8 de junio de 2010 :
✓ Adicionalmente, COLPENSIONES relacionó los valores que
fueron descontados para pensión al t rabajador, tal y com o se
colige de los cuadros de indexación así:
▪ Resolución 2387 del 21 de junio de 2011
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▪ Resolución 4470 del 30 de septiembre de 2011
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✓ En contraste con dicha información, COLPENSIONES
relacion ó los tiempos de servicio , donde se evidencian claras
incongruencias respecto a los tiempos de servicios
aportados , dentro de los que es posible resaltar entre otros ,
el año 2002 , que relaciona un día laborado (20020101 a
20020101 ); 2003 reporta el periodo comprendido entre el 1
de febrero y el 16 de julio; 2008 refiere a 8 días en enero,
uno en junio; 3 en julio, 4 en agosto, 5 en septiembre , 7 en
octubre; 8 en noviembre y 10 en diciembre , y así
sucesivamente .
✓ En segundo lugar, en relación con el tiempo laborado en el
municipio de Neiva se observa que este sí fue tenido en
cuenta de manera correcta (enero de 2004 a enero de 2008 ),
sin que se hubiese n determinado de manera expresa los
factores tenidos en cuenta para determinar el IBL.
Con fundamento en lo anterior, resulta claro que le asiste derecho
a la apelante , en el sentido de que deben ser tenidos en cuenta
la totalidad de los aportes que fueron puestos a disposición por
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parte de l Ministerio de la Protección Social por el periodo
comprendido entre el 13 de noviembre de 2001 y el 8 de junio de
2011 de forma íntegra, mes a mes, y que no se encuentran
reflejados en la reliquidación efectuada por la entidad demandada .
No encuentra razón esta Sala para que la entidad demandada no
incluyera la totalidad de lo aportado en dichos tiempos , en
cumplimiento de lo ordenado en sentencia judicial re specto del
mentado periodo y que corresponde n a 9 años, 6 meses y 25 días
(3.445 días).
Se destaca por la Sala que, al momento en que le fue reconocida
la pensión inicial ( Resolución 5565 del 12 de agosto de 2008) ,
Colpensiones manifestó que la accion ante acreditaba 7.906 días y
en la Resolución VPB 3003 del 22 de enero de 2016, señaló que
acumulaba 8.599 días , diferencia que corrobora y hace evidente el
yerro en el que incurrió la entidad demandada, pues , se insiste, no
tuvo en cuenta la totalidad de tiempos de servicios aportados y, en
consecuencia, su equivalencia en aportes al sistema.
Por lo anterior, procede esta Sala a dar aplicación a la regla
jurisprudencial est ablecida en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018 23, que tiene valor vinculante y de o bligatorio
cumplimiento en todos los casos pendientes de solución tanto en
vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada
que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables. Por lo tanto, es bajo dicha posición jurisprudencial
que se analizará el asunto de la referencia dado que la providencia
apelada no ha quedado ejecutoriada.
23 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
del 28 de agosto de 2018. Consejero ponente: César Palomino Cortés.
Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de
Montenegro.
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En relación con la primera de las subreglas fijadas en la mentada
sentencia de unificació n, si a l empleado le faltaban menos de 10
años para adquirir el derecho a la pensión cuando entró en vigencia
la Ley 100 de 1993, el IBL pensional será el p romedio de lo
devengado en el tiempo que le hiciere falta o el cotizad o en todo el
tiempo, el que fu ere superior, mientras que, si le faltaban más de
10 años, será el promedio de los salarios sobre los cuales se
hubiesen efectuado cotizaciones en los 10 años anteriores al
reconocimiento.
Teniendo en cuenta que a la señora Gemma García de Ramírez le
faltaban más de 10 años para tener derecho a la pensión, deb e
reliquidarse con el promedio de los salarios sobre los cuales se
hubiesen efectuado cotizaciones en los 10 años anteriores al
reconocimiento , actualizado anualmente co n base en la variación
del índice de precios al consumidor, según certificación que expida
el DANE.
En relación con la segunda subregla fijada en la sentencia de
unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
relacionada con los factores salariales que se deben incluir en el
IBL, se determinó que este no es un aspecto sometido al régimen
de transición y pre cisó que los fact ores salaria les a con siderar son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones y que se encuentren
consagrados expresamente en la Ley.
En concordancia con lo expuesto, las reglas de la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018 se aplican de la siguiente
manera respecto de los factores salariales devengados por la
accionante en el municipio de Neiv a así:
REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE
TRANSICIÓN. […] Edad: nació el 28 Goza del régimen de
La edad para acceder a la pensión de enero de 1953 , transición por tener
de jubilación, el tiempo de servicio o es decir, que para más de 40 años de
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el número de semanas cotizadas, y el 1 de abril de edad al 30 de junio de
el monto de la pensión de jubilación 1994 (en tanto 1995, fecha de entrada
de las personas que al momento de para ese momento en vigencia de la Ley
entrar en vigencia el Sistema tengan era empleada del 100 de 1993 para
treinta y cinco (35) o más años de orden nacional, empleados del orden
edad si son mujeres o cuarenta (40) vinculada con el territorial.
o más años de edad si son hombres, Ministerio del
o quince (15) o más años de Trabajo y
servicios cotizados, será la Seguridad Social),
establecida en el régimen anterior al tenía 41 años.
cual se encuentren afiliados.»
(Subraya la sala).
REQUISITOS PENSIÓN DE JUBILACIÓN LEY 33 DE 1985
«ARTÍCULO 1. ° El empleado oficial
que sirva o haya servido veinte (20) Tiempo de
años continuos o discontinuos y servicios: Acreditó los
llegue a la edad de cincuenta y cinco Acreditó 20 años requisitos de
(55) tendrá derecho a que por la de servicios pensión de
respectiva Caja de Previsión se le públicos el 7 de jubilación Ley 33 de
pague una pensión mensual vitalicia enero de 2006. 1985, esto es, más
de jubilación equivalente al seten ta de 20 años de
y cinco por ciento (75%) del salario Edad: Cumplió 55 servicio público y 55
promedio que sirvió de base para los años de edad el 28 años de edad.
aportes durante el último año de de enero de 2008.
servicio.» (Subraya fuera del texto)
PERIODO PARA LIQUIDAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
(INCISO 3 ARTÍCULO 36 LEY 100 DE 1993 o ART. 21 DE LA LEY 100 DE 1993)
Consolidación del
Sentencia de unificación del 28 de estatus pensional:
agosto de 2018:
«[…] 94. La primera subregla es El 28 de enero de
que para los servidores públicos que 2008, por
se pensionen conforme a las cumplimiento de 55
condiciones de la Ley 33 de 1985, el años de edad.
periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10)
años para adquirir el derecho a la
pensión, el ingreso base de Tiempo que
liquidación será (i) el promedio de faltaba para
lo devengado en el tiempo que les consolidarlo a la
hiciere falta para ello, o (ii) el entrada en La pensión de
cotizado durante todo el tiempo, el v i g e n c i a d e l a L ey jubilación se debe
que fuere superior, actualizado 100 de 1993: liquidar con el
anualmente con base en la ( e n t r e e l 1 d e abril promedio de los
salarios o rentas sobre
variación del Índice de Precios al de 1994 y el 28 de
los cuales ha cotizado
consumidor, según certificación enero de 2008): 13
que expida el DANE. años, 9 meses y el afiliado durante los
27 días. diez (10) años
anteriores al
• Si faltare más de diez (10) reconocimiento de la
años, el ingreso base de pensión
liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales
ha cotizado el afiliado durante los
diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmen te con base
en la variación del índice de
precios al consumidor, según
certificación que expida el
DANE. cotizados […]»
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FACTORES SALARIALES PARA INCLUIR EN LA PENSIÓN DE VEJEZ
(Decreto 1158 de 1994)
«[…] 96. La segunda Factores devengados Los factores para
subregla es que los factores en el periodo computar que se
salariales que se deben incluir comprendido entre encuentran enlistados
en el IBL para la pensión de enero de 2007 y enero en el Decreto 1158 de
jubilación de los servidores de 2008 (fl. 88) 1994.
públicos beneficiarios de la
transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan
efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de
Pensiones. […]»
o Sueldo básico
Factores Decreto 1158 de 1994: • Sueldo básico o Gastos de
a) asignación básica mensual, • Gastos de representación
b) gastos de representación,
representación
c) prima técnica, cuando sea
factor de salario, • Bonificación por
d) primas de antigüedad, servicios prestados
ascensional y de capacitación • Prima de navidad
cuando sean factor de salario,
e) remuneración por trabajo • Prima de servicios
dominical o festivo, o Bonificación por
f) remuneración por trabajo servicios prestados
suplementario o de horas
extras, o realizado en jornada
nocturna,
g) bonificación por servicios
En el sub judice , no fueron allegados los factores percib idos por la
accionante durante los 10 años anteriores pues solo se acreditaron
los correspond ientes al año 2007. No obstante, siguiendo el criterio
unificador, la entidad demandada deberá tener en cuenta aquellos
factores salariales que se encuentran enlistados en el Decreto 1158
de 1994 y sobre los cuales se efectuaron aportes con destino a
pensión, durante los últimos diez (1 0) años de servicios, que en
este caso, corresponde al periodo transcurrido entre el 8 de junio
de 2001 y el 8 de junio de 2011, por efectos de la sentencia judicial
de condena que ordenó a favor de la demandante, el
reconocimiento de salarios y prest aciones hasta el reintegro
efectivo del servicio.
Destaca la Sala que COLPENSIONES deberá incluir la totalidad de
los aportes efect uados tanto por el Ministerio de la Protección
Social de conformidad con la información relacionada en las
Resoluciones 2387 de 21 de junio de 2011 y 4470 de 30 de
septiembre de 2001 del Ministerio de la Protección Social, como
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por el municipio de Neiva durante los tiempos de servicios
prestados en el periodo atrás indicado .
Ahora bien, dado que a la demandante no le era permitid o devengar
salarios y pensión de forma simultánea, y teniendo en cuenta que
el Min isterio de la Protección Social efectuó aportes hasta el 8 de
junio de 2011 , es de colegir que la pensión de jubilación solo
puede ser efectiva a partir del 9 de junio de 2011 , toda vez que,
aunque el estatus pensional fue consolidado el 28 de enero de
2008, está demostrado que por orden judicial se dispuso tener
como tiempos de servicios, el periodo comprendido entre el 13 de
noviembre de 2001 y el 8 de junio de 2011, razón por la cual el
disfrute de su pensión e stá condicionado a la desafiliación del
régimen, esto es, hasta el último periodo de cotizaciones realizados
en cumplimiento de la orden judicial ya citada .
Es decir, si bien la demandante acreditó el cumplimiento de la edad
y las semanas de servicio el 28 de enero de 2008 , lo cierto es que
continuó activ a en el sistema , toda vez que la sentencia proferida
el 15 de octubre de 2010 por el Tribunal Administrativo del Huila 24
varió su situación pensional al modificar el tiempo de servicios
laborados y consecuencialmente, el disfrute de la prestación solo
podía ser efectivo desde su retiro del sistema de pensiones, en este
caso, cuando se efectuaron las últimas cotizaciones por el
Ministerio de la Pro tección Social, en c umplimiento del fallo judicial.
4.3 De la prescripción trienal
Ahora bien, e l artí culo 41 del Decret o 3135 de 26 de diciembre de
1968 estableció el plazo de tres años para que prescriban las
acciones que emanan de los derechos que el decreto consagró. Es
decir, que el término se cuenta a partir de la fecha en que la
obligación respectiva se hace exigible, la misma disposición indica
24 C D a folio 199.
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que la simple reclamación que se presente por escrito por parte del
trabajador o emplead o a la autoridad que tenga la competencia
para reconocer el derecho o la prestación interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual, esto es, por 3 años.
El artículo en mención fue reglamentado a través del Decreto 1848
de 1969, que en su artícu lo 102, dispuso lo siguiente:
«Ar t í culo 102. - Pr escr ipción de acc iones .
Las acciones que em anan de los der echos consagr ados en el
Decr et o 3135 de 1968 y en est e Decr et o, pr escr iben en t res ( 3)
años, cont ados a par t ir de la f echa en que la r espect iva ob li gación
se haya hecho exig i ble.
El sim ple r ecl am o escr it o del em plead o of icial f or m ulado ant e la
ent idad o em pr esa obliga da, sobr e un der echo o pr est ación
debidam ent e det er m inado, int er r um pe la pr escr ipción, per o s olo por
un lapso igu al. »
De las normas mencionadas, se colige que la ley señaló un término
para reclamar los derechos ante las autoridades competentes, el
cual no puede ser superior a t res añ os, y que se cuent an a partir
de la fecha en que la obligación se hace exigible y se interrumpe
con la reclamación presentada ante la autoridad con competencia
para reconocer el derecho, por una sola vez. Es decir q ue una vez
presentada la petición ante la administración esta interrumpe la
prescripción y a partir de ese momento, el empleado cuenta con
tres años para su reclamación en sede judicial, al ca bo de los
cuales su inactivid ad implicará la extinción de su derecho, y por
ende, no será posible acceder al restablecimiento del mismo.
En el presente caso, la acciona nte presentó solicitud de
reliquidación pensional el 25 de marzo de 2015 , por lo que
habrán de declararse prescritas las diferencias p ensionales
causadas (3) años atrás, es decir, con anterioridad al 25 de marzo
de 2012.
Por lo expuesto, se declarará la n ulidad parcial de los actos
demandados y a título de restablecimiento del derecho, se
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condenará a la entidad demandada COLPENSIONES, a (i) re liquidar
la pensión de vejez de la señora GEMMA GARCÍA DE RAMÍREZ en
cuantía equivalente al 75% del ingreso base de liquidación del
promedio de lo s últimos diez (10) añ os anteriores al 8 de junio de
2011, con la inclusión de todos los factores salariales devengados
y cotizados por la accionante al tenor del Decreto 1158 de 1994,
por los servicios prestados tanto en el municipio de Neiva como por
el Ministerio de la Protección Social, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios del consumidor, según
certificación que expida el DANE, conforme con el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993, aplicable por remisió n del artículo 36 ibidem; pero
con efectos fiscales a partir del 25 de marzo de 2012 , por la
configuración del fenómeno prescriptivo explicado ut supra.
Las sumas que resulten a favor de la demandante deberán
actualizarse por razones de equidad, tal como lo ha sostenido esta
Corporación, en los términos del artículo 187 del CPACA, en
aplicación de la siguiente fórmula:
R = Rh x Índice Final
Índice Inicial
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor
histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la demandante desde
la fecha en que se dejaron de efectuar aportes a pensión, hasta la
fecha de ejecutoria de esta providencia, por el núm ero que resulta
de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el
DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el
índice inicial, vige nte para la fecha en que debió hacerse el pago,
según se dispuso en la parte motiva de este proveído.
La entidad demandada, en acto motivado, dará cumplimiento al
presente fallo en el término de treinta (30) días contados desde la
fecha de su comunicación (artículo 192 CPACA). De no hacerse así,
las sumas reconocidas en favor de la demandante devengarán
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intereses moratorios, los que serán reconocidos en la forma
señalada en el inciso 3 del artículo 192 en mención y el numeral 4.º
del artículo 195 del CPACA.
.- Reintegro de la s mesadas pagadas desde el 28 de enero de
2008 hasta el 8 de junio de 2011
Una vez efectuada la reliquidación pensional aquí ordenada,
COLPENSIONES deberá efectuar los descuentos que por concepto
de mesadas pensionales pagó a la demandante desde el 28 de
enero de 2008 hasta el 8 de junio de 2011. Para tal efecto, la
entidad demandada deberá realizar los nuevos cálculos y
compensaciones que surjan como consecuencia de la presente
decisión.
.- La fecha de efectividad de la prestación
En lo concerniente al reparo que alude a la fecha de efectividad de
la prestación, la Sala considera necesario precisar que, de
conformidad con las normas legales que regulan la materia, la
pensión de vejez se reconoce a solicitud de la parte interesada,
cuando se encuentren reunidos los re quisitos mínimos establecidos
en la ley, esto es, edad y tiempo de servicio o semanas cotizadas
según sea el caso, pero será necesaria la desafiliación al régimen
del beneficiario de la prestación para que se pueda disfru tar de la
misma.
En consecuencia, es necesario diferenciar t res extremos
temporales, a saber 25: i) la causación del derecho pensional; ii) e l
reconocimiento del derecho; y iii) el disfrute de las mesadas
pensionales, los cuales no necesariamente coinciden, debiéndose
examinar cada caso concreto, para establecer el de recho que
efectiva y materialmente le asiste al p ensionado.
25 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a P l e n a d e l o C o n t e n c i o s o s A d m i n i s t r a t i v o , 3 d e
marzo de 2020, C.P Rocío Araujo Oñate
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El primer extremo temporal, corresponde al momento en que el
afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y cotizaciones
exigidos normativamente o el tiempo de servicio según sea el caso;
el segundo, corresponde a la fecha del reconocimiento ef ectuado
por la respect iva entidad; y el últim o, al disfrute efectivo de la
pensión y determina su cuantía definitiva, esto es, la fecha en que
se haya retirado efectivamente del servicio.
Lo anterior, en consideración a que el disfrute de la p ensión está
condicionado al re tiro efectivo del e mpleo, lo cual no implica, que
se prohíba la posibilidad de que el beneficiario siga efectuando
aportes si pretende acrecentar el monto de la pensión, tal como lo
autoriza expresamente el artículo 17 de la Ley 100 de 1993.
Sobre este aspecto, la jurisprudencia constitucional 26 ha señalado
que pese a que la obligación de cotizar desaparece cuando se
causa el derecho, esto es, cuando se cumplen los re quisitos de
edad y tiempo de servicio o semanas cotizadas, el disfrute de la
pensión está condicionado «al retiro efectivo del empleo », lo cual
no imposibilita que el beneficiario pueda seguir efectuando aportes
voluntarios que le permitan aumentar el monto de la pensión u
obtener una reliquidación con base en los últimos aportes
realizados, derecho este último que no es posible conculcar en
detrimento del derecho a una mesada pensional que corresponda
con lo efectivamente aportado al Sistema General de Seguridad
Social.
Al respecto, dicha Corporación ha considera do que «la oblig ación de
r ealizar apor t es cesa en el m om ent o en que se cum plen los r equisit os
par a acceder a una pensión m í nim a. No obst ant e, el dis f r ut e de la
pensión q ue sea r ec onocida q ueda supe dit ado al r et ir o de l e m pleo y, en
26Sentencia T-705 de 2006, reiterada en la Sentencia T -280 de 2010. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto. Las consideraciones de esta sentencia se
reiteraron por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Sentencia del 24 de enero
de 2019, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 11001 032500020150081700.
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t odo caso, se br inda a la t r abaja dor a o el t r abajador la posibi lid ad de
cont inuar r ealiza ndo apor t es volunt ar ios que le per m it ir án aum ent ar el
m ont o de su pensión bien si se t r at a del r égim en de ahor ro indivi dua l
con solidar i dad u obt ener una r eliquidac ión de su pensión con base en
los últ im os ap or t es, si la per sona s e e ncuent r a af ili ada a l r égim en de
pr im a m edia con pr est ación def ini da » .27
En consecuencia, si el beneficiario de la pensión continúa no solo
laborando sino también realizando aportes al Sistema General de
Pensiones, tiene de recho a que se reliquide o reajuste el valor de
su mesada pensión con el promedio del salario y los factores
devengados en los diez (10) últimos años anteriores al
reconocimiento, como lo prevé expresamente el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993, derecho que es convencional, constitucional,
imprescriptible y que todos los jueces de la república y la s
autoridades administrativas están obligadas a garantizar.
De antaño, la Sección Segunda del Consejo de Estado 28, en cuanto
corresponde a la obtención del estatus de pensionado, expuso:
«Es evident e que la jur ispr ude ncia c onst ant e de la Cor t e
Supr em a de Just icia com o del Conse jo d e Est ado han def in i do
que el e st at us de pe nsi onado es u na co ndi ci ón de l a perso na
que surge de l a ci rcunst anci a de haber reuni do l os dos
requi si t os esenci al es señal ados en l a l ey para t ener
derecho a gozar de una pensi ón j ubi l at ori a, o sea, el t i empo
de servi ci o y l a edad que l a l ey consag ra para acceder a t al
derecho . De suer te que r eunid os est os dos r equisit os la
per sona adquier e el der echo a la pensión, que deja de ser una
m er a expect at iva par a conver t ir se en un der echo pat r im o nial
cuya ef icacia oper a al r et ir ar se la persona del ser vici o. En
consecuenci a, la per cepción de las m esadas es un hecho
post er ior a la adq u isic ión de l est at us de pensio nado y p ar a
cum plim ient o se r equier e el r econocim ie nt o de aquel est ado y
el r et ir o de la per sona del ser vicio. Per o desde luego son
cir cunst ancias jur í di cam ent e dif er ent es.» (Subraya y negrilla
de la Sala).
27 I b i d e m .
28 S e n t e n c i a de 10 de Julio de 1979.
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El tema de la causación de las pensiones ha recibid o expresa
consagración jurisprudencial y es sabido que tal prestación «se
causa» cuando se cumplen los requisitos de tiempo de servicio y
de edad para tener el de recho a ella. Es decir, u na pensión se
causa y nace como derecho, con el lleno de las condiciones
establecidas para ello, aun cuando esa causación no sea
necesariamente simultánea con la percepción real , es decir, con el
hecho de devengar la pensión que ya fue causada.
En ese mismo sentido , el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, contempla lo siguiente:
«La pensión de vejez se reconocerá a solicit ud de la par t e
int er esada reuni do s l os requi sit os mí ni mos est ablecidos en el
ar t í culo ant er ior , pero será necesari a su desaf i li aci ón al régi men
para que se pueda ent rar a di sfrutar de l a mi sma . Par a su
liqu idac ión se t endr á en cuent a hast a la últ im a sem ana
ef ect ivam ent e cot izada por est e r iesgo .» (Negrilla por f u era del
texto).
En ese orden , es necesario aclarar que , en el caso concreto,
Colpensiones, a efectos de ordenar la reliquidación de la pensión
en la forma en que lo hizo, no varió la fecha en la que la
accionante obtuv o el estatus de pensionada , es de cir el 28 de
enero de 2008 (segunda columna), fecha en la que cumplió el
requisito de la edad, teniendo en cuenta que el tiempo de servicios
ya lo había alcanzado con anterioridad, dando aplicación a lo
previsto por la Ley 33 de 1985.
Sin embargo, la fecha de la efectividad (tercera columna),
corresponde al momento a partir del cual la accionante percibiría
la suma ajustada, situación que se ve afectada por el fenómeno de
la prescripción que fue explicado ut supra , por lo que al haber
presentado la solicitud de reliquidación pensional el 25 de marzo
de 2015, la entidad demandada contó tres (3) años atrás a esa
fecha, y determinó que las mesadas así reliquidadas serían
percibidas efectivamente a partir del 25 de marzo de 2012.
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Así las cosas, no le as iste razón a la apelante al afirmar que la
entidad demandada modificó la fecha del estatus arbitraria y
unilateralmente y en ese orden, no actuó en contra de la ley
conforme a las razones expuestas.
.- Del error de transcripción
Respecto al tercer plant eamiento de la apelación, destaca esta
Sala que si bien el «Valor Pensión Mensual» (columna 8) refiere a
la suma de $3 .938.968, lo cierto es que, teniendo en cuenta el IBL
relacionado de $4.544.085 , al aplicarle el 75%, el resultado que se
obtiene es $3.408.063,75 , valor que coincide con el ca lculad o por
la entidad y reconocid o como mesada pensional .
5. Conclusión
Por lo expuesto, se revocará la sentencia del 8 de junio de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de l Huila , para en su lugar,
declarar la nulidad parcial de los act os demandados en cuanto no
incluyeron la tota lidad de los aportes efectuados tanto por el
municipio de Neiva como por el Ministerio de la Protección Social
y se ordenará la reliquidación de la p ensión, con la inclusión de la
totalidad del ingreso base de liquidación cotizado por dichas
entidades en el lapso de los últimos diez (10) años de servicios,
anteriores al 8 de junio de 2011, fecha ésta, en que se considera
su retiro del servicio, en virtud del cumplimiento de una orden
judicial, conforme a las razones expuestas en precedencia .
Una vez efectuada la reliquidación pensional aquí ordenada,
COLPENSIONES deberá efectuar los descuentos q ue por concepto
de mesadas pensionales pagó a la demandante desde el 28 de
enero de 2008 hasta el 8 de junio de 2011. Para tal efecto, la
entidad demandada deberá realizar los nuevos cálculos y
compensaciones que surjan como consecuencia de la presente
decisión.
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6. Condena en costas
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho 29, los
llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Adm inistrativo gastos o rdinarios del p roceso 30 y otros
como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica
de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia
como peritos y secuestres, transporte de expediente al superior en
caso de apelación.
Atendiendo esa orientación y de conformidad con lo pre visto en el
numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso, se
estableció que «Cuando la sentencia de segunda instancia revoque
totalmente la del inferior, la parte vencid a será condenada a pagar
las costas de ambas instancias», por lo que se condenará en costas
de ambas instancias a la entidad demandada.
7.Otras órdenes
Según consta a índice 12 del aplicativo SAMAI, fue allegado al
correo electrónico de la Sección Segunda de esta Corporación ,
poder otorgado por la demandante a JOAN FERNEY ROJAS
VASQUEZ, identificad o con la cédula de ciudadanía No.
1.075.208.996 de Neiva y portador de la tarjeta profesional 220.506
del Consejo Superior de la Judicatura , por lo que ha brá de
reconocérsele personería para actuar .
Igualmente, a índice 14 consta que fue allegado al mismo correo
electrónico de esta sección , poder de sustitución otorgado a
SAMUEL EDUARDO MEZA MO RENO, identificado con la cédula de
29 A r t í c u l o 361 del Código General del Proceso .
30 A r t í c u l o 171 numeral 4 en concordancia con el artículo 178, ibidem.
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ciudadanía 1.098.719.007 de Bucaramanga y portador de la tarjeta
profesional 268.676 del Consejo Superior de la Judicatura, por lo
que habrá de reconocérsele personería para actuar como
apoderado de la entidad demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley.
FALLA
PRIMERO. REVO CAR la sentencia del 8 de junio de 2021 ,
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila que negó las
pretensiones de la demanda presentada por la señora GEMMA
GARCÍA DE RAMÍ REZ contra la A DMINISTRADORA CO LOMBIANA
DE PENSIONES –COLPENSIONES –, de conformidad con lo
señalado en la parte motiva.
En su lugar se dispone ;
SEGUNDO. DECLARAR la nulidad parcial de los siguientes actos
administrativos:
a) De las Resoluciones GNR 263257 del 29 de agosto de
2015 y VPB 3003 del 22 de enero de 2016 , en la medida que
omitieron la inclusión de la totalidad de los aportes efectuados
tanto por el municipio de Neiva como por el Ministerio de la
Protección Social durante el lapso de los últimos diez (10)
años de servicios anteriores al 8 de junio de 2011, fecha que
se establece como la del retiro del servicio, en cumplimiento
de una orden judicial.
b) De las Resoluciones GNR 57750 del 24 de febrero de
2016, GNR 161013 de 1 de junio de 2016 y VPB 34314 del
31 de agosto de 2016, en lo concerniente al monto de las
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sumas a reintegrar por la demandante por concepto de
mesadas pensionales pagadas desde el 28 de enero de 2008
hasta el 8 de junio de 2011, según lo expuesto en la parte
motiva.
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la A DMINI STRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES –, a lo siguiente:
a) Reliquidar la pensión de vejez de la señora GEMMA
GARCÍA DE RAMÍ REZ , en cuantía equivalente al 75% del
ingreso base de liquidación del promedio de los últimos diez
(10) años anteriores al 8 de junio de 2011 , teniendo en cuenta
los factores salariales devengados y cotizados, que se
encuentran enlistados en el Decreto 1158 d e 1994, tanto por
el municipio de Neiva como por el Ministerio de la Protección
Social en cumplimiento de una orden judicial , valores que
deberán actualizarse anualmente con base en la variación del
índice de precios del consumidor, según certificació n que
expida el DANE, conforme al artículo 21 de la Ley 100 de
1993, aplicable por remisión del artí culo 36 ibidem, y pagar
las diferencias que resulten ; pero con efectos fiscales a p artir
del 25 de marzo de 2012 como consecuencia de la
prescripción trienal según lo expuesto en la parte motiva.
b) Efectuar los de scuentos de las sumas que correspondan
por concepto de las mesadas pensionales pagadas a la
demandante desde el 28 de enero de 2008 hasta el 8 de junio
de 2011 en virtud de la Resolución 5565 del 12 de agosto de
2008. Para lo anterior, deberá tener en cuenta los nuevos
cálculos que surjan de la reliquidación pensional aquí
ordenada.
CUARTO. Declarar probada la excepción de prescripción respecto
de las mesadas causadas con anterioridad al 25 de marzo de 201 2.
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QUINTO. Condenar en costas de ambas instancias a la entidad
demandada de acuerdo con las consideraciones expresadas en este
fallo.
SEXTO. RECONOCER PERSONERÍ A a JOAN FERNEY ROJAS
VASQUEZ, portador de la tarjeta profesional 220.506 del Consejo
Superior de la Judicatura , de acuerdo con el poder allegado al
correo electrónico de la secretaria de esta sección, visible en la
plataforma SAMAI en el índice 12.
SÉPTIMO. ACEPTAR LA S USTITUCIÓN Y RE CONOCER
PERSONERÍA a SAMUEL EDUARDO MEZA MORENO p ortador de
la tarjeta profesional 268.676 del Consejo Superior de la Judicat ura,
de acuerdo con el poder de sustitución allegado al correo
electrónico de la secretaria de esta sección, visible en la plataforma
SAMAI en el índice 14.
OCTAVO. En firme esta decisión devuélvase el expediente al
Tribunal de orige n y efectúese las anot aciones en el programa
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
www.consejodeestado.gov.co 52
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia
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