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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2017-00046-01

Fecha
11 de diciembre de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2017-00046-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila. 44 «Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas […]». 45 «[…] 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas […]». 28 Radicación: 41001-23-33-000-2017-00046-01 (70916) Demandante: Medardo Charry Campos y otros Demandado Municipio de Palermo Asunto: Reparación directa SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte demandante, en favor de la demandada. FIJAR la suma de un (1) SMLMV por concepto de agencias en derecho de la segunda instancia. Las costas deberán liquidarse de manera concentrada en el Tribunal. TERCERO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 41001-23-33-000-2017-00046-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

11 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 41001-23-33-000-2017-00046-011 (70916)
Demandante: Medardo Charry Campos y otros
Demandado: Municipio de Palermo
Proceso: Reparación directa

DAÑO-Elemento esencial constitutivo de la responsabilidad civil y del Estado. DAÑO O PERJUICIO-Debe ser
cierto, personal y determinado o determinable. CERTEZA DEL DAÑO-Debe ser real y efectivo, no hipotético.
DAÑO ANTIJURÍDICO-Supone la lesión de un interés jurídicamente protegido. BIENES DE USO PÚBLICO-
Inalienables, imprescriptibles e inembargables. COSTAS EN CPACA-Se condena en segunda instancia a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia del 7 de noviembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, que negó las pretensiones.

SÍNTESIS DEL CASO

El 17 de mayo de 2013, la Alcaldía de Palermo, Huila, profirió la Resolución 425,
mediante la cual ordenó la restitución de un predio ubicado entre la Urbanización
Hacienda Santa Barbara y la margen izquierda del río Magdalena, en la zona
comunal No.3 del municipio, por constituir un bien de uso público. El 18 de
septiembre de 2015, se efectuó el desalojo de los ocupantes. Alegan que la
administración municipal no reubicó al grupo familiar ni recibió indemnización por
las mejoras construidas y los árboles frutales plantados.

ANTECEDENTES

1 Inicialmente tramitada bajo rad. 41001-33-33-006-2016-00487-00 (Samai del Tribunal, índice 69, documento

«004Contrato Digitalización (.pdf)», p. 24); acta de reparto actual visible en Samai del Tribunal, índice 69,
documento «004Contrato Digitalización (.pdf)», p. 31.

Radicación: 41001-23-33-000-2017-00046-01 (70916)
Demandante: Medardo Charry Campos y otros
Demandado Municipio de Palermo
Asunto: Reparación directa

Demanda

El 14 de diciembre de 2016, Medardo Charry Campos, Adriano Charry Sánchez,
Marleny Campos Salcedo, Eliana Charry Campos –en nombre propio y en
representación de Cristhian Ronaldo y María Paula Abril Charry–, Yuri Carolina
Charry Campos –en nombre propio y en representación de Juan Felipe y Luciana
Niño Charry–, Erika Alexandra y Adrián Charry Campos presentaron demanda de
reparación directa contra el Municipio de Palermo, Huila, para que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas:

«PRIMERA: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable al
MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA de los perjuicios materiales y morales causados
a los demandantes, señores ADRIANO CHARRY SÁNCHEZ; MARLENY CAMPOS
SALCEDO; MEDARDO CHARRY CAMPOS; ELIANA CHARRY CAMPOS y sus
menores hijos: CRISTHIAN RONALDO ABRIL CHARRY y MARÍA PAULA ABRIL
CHARRY; YURI CAROLINA CHARRY CAMPOS y sus menores hijos: JUAN
FELIPE NIÑO CHARRY y LUCIANA NIÑO CHARRY; ERIKA ALEJANDRA
CHARRY CAMPOS y ADRIÁN CHARRY CAMPOS por haber ordenado su desalojo
de un predio que según la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva es
propiedad de un particular y no del Municipio de Palermo - Huila, además, sin previa
reubicación y sin el pago de las mejoras en vivienda y frutales en producción
plantados en el predio.

SEGUNDA: Condenar al MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA, como consecuencia
de la anterior declaración, a título indemnizatorio, a pagar los siguientes valores por
los perjuicios recibidos:

a) POR DAÑO EMERGENTE:

1) Correspondiente al valor calculado mediante el avalúo de las mejoras por vivienda
y frutales en producción........................................................................ $ 800.485.749

2)Correspondiente al valor del arrendamiento de una vivienda para albergar a toda
la familia de ADRIANO CHARRY SÁNCHEZ y la señora MARLENY CAMPOS
SALCEDO desalojada el 18 de septiembre de año 2015 a razón de $1.000.000
mensuales desde la fecha del lanzamiento hasta cumplir su expectativa de vida
promediada, o sea, los 72 años el señor CHARRY SÁNCHEZ y 78 la señora
CAMPOS SALCEDO son, 237 meses a $1.000.000 c/u.......................$ 237.000.000

TOTAL DAÑO EMERGENTE………………………………………...… $1.037.485.749

b) POR LUCRO CESANTE:

Por el valor correspondiente a la producción mensual de los árboles frutales y
productos elaborados por la familia a partir de la utilización de algunos derivados
producidos por las plantaciones en el predio del que fueron lanzados el 18 de
septiembre del año 2015, desde la fecha de lanzamiento hasta el cumplimiento del
promedio de la expectativa de vida de los señores CHARRY SÁNCHEZ y CAMPOS
SALCEDO.............................................................................................$869.256.750

c) POR PERJUICIOS MORALES:

2

Radicación: 41001-23-33-000-2017-00046-01 (70916)
Demandante: Medardo Charry Campos y otros
Demandado Municipio de Palermo
Asunto: Reparación directa

Dejando aclarado que esta condena corresponde al fuero interno del juzgador por
tratarse de daños inmateriales que afectan derechos fundamentales de las víctimas,
pero que, para fines de estimar la cuantía de las pretensiones, se estima esta clase
de perjuicios en 1.600 salarios mínimos legales mensuales vigentes:
$............................................................................................................ 1.103.128.000

TERCERA: Ordenar que las respectivas condenas sean actualizadas según la
variación porcentual del índice de Precios al Consumidor existente entre el 18 de
septiembre del año 2015 y el que exista cuando se produzca el fallo de segunda
instancia o el auto que liquide los perjuicios materiales, utilizando la fórmula
matemática financiera aceptada por el Honorable Consejo de Estado, teniendo en
cuenta la indemnización debida o consolidada y la futura.

CUARTA: Condenar al pago de las costas y agencias en derecho al Municipio de
Palermo - Huila, a favor de los demandantes»2.

Hechos

La demanda afirmó que, el 17 de enero de 2001, Adriano Charry Sánchez compró
a Octavio Puentes Salgado la posesión y usufructo de unas mejoras localizadas en
una franja de terreno entre la Urbanización Hacienda Santa Barbara y la margen
izquierda del río Magdalena, en jurisdicción del Municipio de Palermo, Huila. Adujo
que, en esa zona, el señor Charry Sánchez y su grupo familiar construyeron una
vivienda y realizaron siembra de árboles frutales.

Señaló que mediante oficio 2280 del 3 de agosto de 2012, la Secretaría de
Planeación e Infraestructura del Municipio de Palermo informó a Adriano Charry
Sánchez que le concedía 15 días para que restituyera el predio que ocupaba desde
enero de 2001 y lo devolviera en su estado natural o inicial. Seguido de ello, el 1 de
diciembre de 2012 el Alcalde Municipal de Palermo inició proceso policivo de
restitución de bien de uso público. En oposición al trámite administrativo
adelantando por el ente territorial, el señor Charry Sánchez puso en conocimiento
de la administración municipal de Palermo el tiempo que llevaba de posesión en el
predio, las mejoras realizadas y los cultivos que tenía en el mismo.

Expuso que por Resolución 425 del 17 de mayo de 2013, el Alcalde Municipal de
Palermo declaró a Adriano Charry Sánchez ocupante permanente e indebido de un
bien de uso público. En consecuencia, dispuso la restitución de la zona de espacio
público, así como la demolición de todos los elementos físicos o naturales que se

2 Samai del Tribunal, índice 69, documento «001Contrato Digitalización (.pdf)», p. 11-12.

3

Radicación: 41001-23-33-000-2017-00046-01 (70916)
Demandante: Medardo Charry Campos y otros
Demandado Municipio de Palermo
Asunto: Reparación directa

encontraban en las áreas de espacio público. Según el libelo introductorio, dicho
acto no mencionó la reubicación, valoración, negociación o pago de las mejoras al
grupo familiar demandante. Adriano Charry Sánchez formuló recurso de reposición
y subsidiario de apelación, ambos desestimados en Resolución 592 del 1 de agosto
de 2013. Finalmente, el 18 de septiembre de 2015 se adelantó la diligencia de
restitución, en la cual el señor Charry Sánchez y su grupo familiar fueron
desalojados del predio.

Reclaman perjuicios porque la restitución del inmueble no reconoció las mejoras
construidas por los ocupantes en el bien de uso público del que fueron despojados,
así como la explotación económica del predio como proyecto de vida familiar.
Tampoco dispuso la reubicación de la familia para garantizar su derecho a una
vivienda digna. Agregaron que el desalojo produjo afectaciones cardiacas en
Adriano Charry Sánchez, así como psicológicas en el menor Cristhian Ronaldo Abril
Charry 3.

Contestación de la demanda

Al oponerse a las pretensiones, el Municipio de Palermo formuló la excepción de
indebida escogencia de la acción, dado que la parte demandante debió cuestionar
los actos administrativos que dispusieron la restitución del bien inmueble a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con
el artículo 138 del CPACA. Agregó que las decisiones de la administración se
ajustaron al ordenamiento jurídico, toda vez que se profirieron acorde con el
principio de legalidad, seguidas del debido proceso, la entidad tenía competencia
para recuperar el bien de uso público y la expedición de los actos administrativos
estuvo debidamente motivada.

Argumentó que la decisión administrativa de recuperar un bien de uso público y la
orden de demolición gozaba de presunción de legalidad y, por ello, tenía plena
eficacia y obligatoriedad, de forma tal que la Alcaldía procedió a cumplir la orden
impartida en la Resolución 425 del 17 de mayo de 2013, esto es, recuperar el bien
de uso público ocupado de manera ilegal, en cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales.

3 Ibidem, p. 5-18.

4

Radicación: 41001-23-33-000-2017-00046-01 (70916)
Demandante: Medardo Charry Campos y otros
Demandado Municipio de Palermo
Asunto: Reparación directa

Respecto a la construcción de mejoras efectuadas por los demandantes en el predio
desalojado, contestó que no le constan y que esas mejoras estarían ubicadas en la
ronda del río Magdalena, zona con limitaciones de uso por ser un bien público 4.

Sentencia de primera instancia

El 7 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia en
la que negó las pretensiones de la demanda, al no encontrar acreditado un daño
antijurídico. Consideró que el demandante no demostró que el predio del cual fue
desalojado es de propiedad privada, por cuanto el título que legitimaba su posesión
(compraventa pactada entre Adriano Charry Sánchez y Octavio Puentes Salgado)
se refería a un lote de terreno que integra baldíos de la Nación y se ubica en zona
verde del río Magdalena.

Al otorgar efectos de confesión a aquel documento, determinó que el bien ocupado
era de uso público conforme al literal d) del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 y
al numeral 4 del artículo 2.2.3.2.3A.2 del Decreto 2245 de 2017. Por lo anterior,
dicho predio era inalienable, inembargable e imprescriptible, de conformidad con el
artículo 63 de la Constitución Política. Señaló que la Resolución 425 de 2013,
mediante la cual se ordenó el desalojo, es un acto administrativo que se presume
legal y que no fue objeto de controversia ante la jurisdicción contenciosa
administrativa.

Adicionalmente, advirtió que no es viable relacionar esa compraventa con la
escritura pública No. 2921 del 13 de diciembre de 2012, en la que se protocolizó
una declaración extraprocesal de construcción de mejoras, debido a que esos
documentos refieren a predios con áreas y características diferentes. Tampoco se
puede asimilar al fundo privado enajenado en escritura pública No. 236 del 12 de
febrero de 2015 porque las áreas y linderos de los bienes anotados en ambos
escritos tampoco coincidían.

Concluyó que la recuperación del bien de uso público indebidamente ocupado por
los demandantes no produjo un daño antijurídico. Además, señaló que la parte

4 Samai del Tribunal, índice 69, documento «004Contrato Digitalización (.pdf)», p. 50-56.

5

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Demandante: Medardo Charry Campos y otros
Demandado Municipio de Palermo
Asunto: Reparación directa

demandante no puede alegar su propia culpa como fundamento para reclamar la
indemnización por las mejoras levantadas en un predio de uso público 5.

Recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia. Esgrimió que la demanda no pretende reclamar derecho alguno sobre el
predio, ni atacar los actos administrativos que ordenaron su recuperación.

Resaltó que la demanda de reparación directa pretende obtener la indemnización
por los perjuicios causados con la operación administrativa del desalojo, toda vez
que fue sacado del predio sin que se hubiera tasado ni reconocido las mejoras
realizadas en el bien, los cultivos que tenía en el mismo y el proyecto de vida que
los demandantes adelantaron en el inmueble. Destacó que la administración no
intentó un acuerdo para lograr la entrega voluntaria del bien.

Por último, cuestionó que el Tribunal no tuvo en cuenta las pruebas que demuestran
la ubicación y antigüedad del predio, así como la presencia de cultivos, cercos y una
vivienda6.

Trámite de segunda instancia

El 30 de enero de 2024, el Tribunal concedió el recurso de apelación 7 y, el 5 de junio
de 2024, el Despacho lo admitió 8. Ejecutoriado ese auto, el expediente ingresó al
despacho del Consejero sustanciador para proferir sentencia, conforme al trámite
previsto en el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio 9.

CONSIDERACIONES

1. La demanda se presentó el 14 de diciembre de 2016, por ello, el régimen aplicable
es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

5 Samai del Tribunal, índice 64.
6 Samai del Tribunal, índice 70.
7 Samai del Tribunal, índice 73.
8 Samai, índice 5.
9 Samai, índice 12.

6

Radicación: 41001-23-33-000-2017-00046-01 (70916)
Demandante: Medardo Charry Campos y otros
Demandado Municipio de Palermo
Asunto: Reparación directa

–en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA 10, este código empezó
a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al
artículo 306 de este código 11, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código
General del Proceso –en adelante, CGP– en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contenciosa administrativa conoce de las controversias cuando se
demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una
entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA 12. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 150 del CPACA 13, según el cual conoce de los recursos de apelación contra
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así
mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, porque el valor de la
pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del
CPACA 14, esto es, $344.727.50015.

10 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del

año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
11 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código

de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
12 «Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando
ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la
responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]».
13 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo

de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación […]».
14 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]».
15 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2016, $689.455, por 500.

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Radicación: 41001-23-33-000-2017-00046-01 (70916)
Demandante: Medardo Charry Campos y otros
Demandado Municipio de Palermo
Asunto: Reparación directa

Medio de control procedente

3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria
de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta
a un contrato estatal o un acto administrativo 16, en este caso por los presuntos
daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de una operación
administrativa de desalojo de Adriano Charry Sánchez y su grupo familiar de un bien
de uso público.

Demanda en tiempo

4. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el literal i) del
artículo 164.2 del CPACA 17 es de dos años, contados a partir del día siguiente al de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

La demanda se interpuso en tiempo –14 de diciembre de 2016– porque la diligencia
de desalojo del demandante y su grupo familiar de un bien de uso público se llevó
a cabo el 18 de septiembre de 2015 18.

La parte actora presentó solicitud de conciliación prejudicial el 11 de diciembre de
2015, fecha en la que se suspendió el término de caducidad, hasta el 23 de febrero
de 2016, época en la que la Procuraduría 34 Judicial II para asuntos administrativos
llevó a cabo la audiencia de conciliación extrajudicial que declaró fallida ante la falta
de ánimo conciliatorio de la entidad convocada 19, de conformidad con el artículo 21
de la Ley 640 de 2001 20.

16 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por

actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
17 «Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En los

siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] i) Cuando se pretenda la reparación directa , la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en
la fecha de su ocurrencia […]».
18 Samai del Tribunal, índice 69, documento «003Contrato Digitalización (.pdf)», p. 6-13.
19 Ibidem, p. 45-56.
20 «Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación

extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso,

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Radicación: 41001-23-33-000-2017-00046-01 (70916)
Demandante: Medardo Charry Campos y otros
Demandado Municipio de Palermo
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Legitimación en la causa

5. Adriano Charry Sánchez, Medardo Charry Campos, Marleny Campos Salcedo,
Eliana Charry Campos –en nombre propio y en representación de Cristhian Ronaldo
y María Paula Abril Charry–, Yuri Carolina Charry Campos –en nombre propio y en
representación de Juan Felipe y Luciana Niño Charry–, Erika Alexandra y Adrián
Charry Campos son las persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate
en el proceso, toda vez que ocupaban un bien inmueble del que resultaron
desalojados en el trámite policivo administrativo de restitución de bien de uso
público. Alegan que la operación administrativa de desalojo le causó una afectación
patrimonial, en la medida que el ente territorial no le ha reconocido las mejoras
realizadas en el bien ni los cultivos allí sembrados 21.

El Municipio de Palermo, Huila, tiene legitimación en la causa por pasiva, porque el
ente territorial tramitó el proceso policivo de restitución de bien de uso público y,
además ejecutó la decisión que ordenó el desalojo del demandante, esto es, llevó
a cabo la operación administrativa de restitución del bien 22.

Problema jurídico

6. Corresponde a la Sala determinar si el Municipio de Palermo causó un daño
antijurídico a la parte demandante con la operación administrativa de desalojo de
un bien de uso público sin reconocer y pagar las mejoras construidas en este, en
cumplimiento de la Resolución 425 de 2017 que declaró la restitución del inmueble
y su demolición, por estar ocupado de manera indebida.

Análisis de la Sala

7. La sentencia fue recurrida por la demandante, por ello, la Sala estudiará el asunto
de conformidad con el artículo 328 del CGP, es decir, en los puntos del recurso de
la demandante y, sobre todo, en los que tiene interés para recurrir. Este último

hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos
en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2°
de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que
ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable».
21 Samai del Tribunal, índice 69, documento «001Contrato Digitalización (.pdf)», p. 5-18.
22 Samai del Tribunal, índice 69, documento «003Contrato Digitalización (.pdf)», p. 6-13.

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Radicación: 41001-23-33-000-2017-00046-01 (70916)
Demandante: Medardo Charry Campos y otros
Demandado Municipio de Palermo
Asunto: Reparación directa

aspecto es importante porque la parte actora en el recurso de apelación hace
énfasis en que “la demanda no ataca los actos administrativos previos que
culminaron con el desalojo” y reitera que pretende la reparación de perjuicios
ocasionados por “la Alcaldía Municipal de Palermo, Huila, al llevar a efecto el
desalojo por la fuerza de una familia completa y de su casa de habitación junto con
unos cultivos varios” 23. Por lo anterior, la apelación solo ataca la negativa del
Tribunal a reconocer los daños sufridos con ocasión de la operación administrativa
de desalojo del señor Adriano Charry Sánchez y su grupo familiar de un bien de uso
público. De manera que este es el único alcance del juez de segunda instancia,
dado que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante.

El daño como primer presupuesto de la responsabilidad del Estado

8. El análisis de la responsabilidad del Estado no inicia con el título o régimen
jurídico aplicable al caso concreto, sino con la verificación de la existencia del daño
en los términos del artículo 90 de la Constitución Política. El daño entendido como
la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito es el eje central de la
obligación resarcitoria y, por ende, tanto la atribución como la fundamentación
normativa o jurídica del deber de reparar están comprendidos en la imputación.

Para que el daño sea resarcible o indemnizable, requiere la constatación de los
siguientes elementos: i) certeza, es decir, que se pueda apreciar material y
jurídicamente que no se limite a una mera conjetura, hipótesis o eventualidad, ii)
personal, esto es, que sea padecido por quien lo alega, en tanto haga parte de su
patrimonio material o inmaterial, bien por la vía directa o hereditaria y iii) lícito, de
modo que no recaiga sobre un bien o cosa no amparada por el ordenamiento
jurídico.

Es así que solo será daño resarcible la afectación o lesión que, en primer lugar,
recaiga o afecte un interés lícito o no contrario a derecho y, en segunda medida,
que sea antijurídica, esto es, que el ordenamiento jurídico no imponga el deber de
soportarla en términos resarcitorios.

23 Samai del Tribunal, índice 70.

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Radicación: 41001-23-33-000-2017-00046-01 (70916)
Demandante: Medardo Charry Campos y otros
Demandado Municipio de Palermo
Asunto: Reparación directa

De modo que es la propia ley en sentido material la encargada de definir o
establecer qué situaciones son y deben ser toleradas por los ciudadanos, de manera
que, aunque supongan una afectación o restricción a un derecho o interés legítimo
y lícito, no sean reparables por ser jurídicas, tales como a modo de ejemplo la
prestación del servicio militar obligatorio, el pago de impuestos, el decomiso y
destrucción de mercancías de contrabando, entre otros.

En este punto, la labor del juez cobra vital importancia, porque será el encargado
de verificar si el daño ostenta la condición de antijurídico, para lo cual establecerá
que el ordenamiento jurídico no le imponga la obligación a la víctima de soportar
esa carga.

La Corte Constitucional, en relación con la antijuridicidad como elemento definitorio
del daño, ha sostenido 24:

“Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño
que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al
derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de
soportar el perjuicio, por lo cual éste se reputa indemnizable. Esto significa
obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser
antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio
daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la
persona tenga que soportarlo”.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha puntualizado que no todos los daños
que causa el Estado son indemnizables, sobre todo si estos daños son el resultado
de una actividad lícita. Al respecto señaló:

“A pesar de que el artículo 90 de la Constitución es claro en señalar que el
Estado ‘responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables’, lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe
definición normativa del concepto de daño antijurídico. Por ello, la
jurisprudencia nacional, siguiendo algunos parámetros de la doctrina
extranjera, dada la similitud de los artículos 106 de la Constitución Española
y 90 de la Constitución Colombiana, ha definido el daño antijurídico como ‘la
lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima
no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el
derecho’; o también se ha entendido como el daño que se produce a una
persona a pesar de que ‘el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la
víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de ´causales de

24 Corte Constitucional, sentencia C-333 del 1 de agosto de 1996.

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justificación´. Nótese que, de la simple definición de daño antijurídico,
pueden deducirse fácilmente dos de sus principales características, a saber:
la primera: no todos los daños que causa el Estado resultan indemnizables,
sobre todo si los mismos son el resultado de la actividad estatal lícita, pues
solamente originan el deber de reparación patrimonial aquellos daños que
exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen
obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada
sociedad. Se ve, entonces, como la concepción del daño antijurídico, desde
esa perspectiva, no solamente resulta acorde con los principios de eficiencia
de la función pública y efectividad de los derechos (artículos 228 y 2 de la
Constitución), sino también confluye con los principios de igualdad frente a
las cargas públicas y solidaridad, que constituyen las piezas angulares del
Estado Social de Derecho (artículos 1 y 13 de la Carta). Ahora bien, esta
característica del daño antijurídico resulta especialmente relevante en
aquellas limitaciones impuestas por el Estado al ejercicio de los derechos
reconocidos y garantizados por las normas jurídicas, en tanto que solamente
pueden originar su responsabilidad patrimonial aquellas restricciones que
‘superan la normal tolerancia’ o que impiden el goce normal y adecuado del
derecho. Específicamente en cuanto a la razonabilidad de la limitación del
derecho a la propiedad y al límite de la obligación del titular a soportar dicha
restricción en el ejercicio de su derecho, para efectos de establecer el deber
de los particulares de reparar los daños. En consecuencia, para efectos del
caso objeto de estudio, sólo puede entenderse como antijurídico el daño que
causa un perjuicio personal y cierto al derecho a la propiedad que ha sido
restringido con intromisiones intolerables, esto es, que es limitado de forma
tal que excede la obligación jurídica de soportarlo. La segunda característica
del daño indemnizable se encuentra en el hecho de establecer que
solamente resultan antijurídicas las lesiones causadas por el Estado a los
derechos de las personas que no surgen de su anuencia, aceptación o que
son propiciadas por ellos mismos. No se trata de identificar el concepto de
daño antijurídico con la causal de exoneración de responsabilidad que rompe
la imputación por el hecho o culpa exclusiva de la víctima; se trata de
entender que el Estado no puede indemnizar los daños cuya fuente de
indemnización no es objeto de protección jurídica, en tanto que su origen es
inconstitucional, ilegal o contraria al principio de buena fe que debe regular
todas las actuaciones de los particulares y del Estado (artículo 83 de la
Constitución)”25.

De acuerdo con las sentencias relatadas, la antijuridicidad del daño no se analiza
desde el comportamiento del Estado sino frente a la víctima, esto es, si se
encontraba o no obligada a soportarlo, bien porque una norma le impone ese deber
o bien porque no es una situación jurídicamente protegida o amparada por el
ordenamiento jurídico.

Caso concreto

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2005, exp. 12.158, M.P. Alier E.

Hernández Enríquez. Ver, en igual sentido: Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 2000, exp. 11.945,
M.P. María Elena Giraldo Gómez.

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9. Según el recurso de apelación, las pretensiones de la demanda no atacan los
actos administrativos que se profirieron en el trámite policivo de restitución de un
bien de uso público, que finalizó con la orden de desalojo del señor Adriano Charry
Sánchez y su grupo familiar del inmueble ubicado entre la Urbanización Hacienda
Santa Barbara y la margen izquierda del río Magdalena, en jurisdicción del Municipio
de Palermo, Huila. El apelante insiste en que el medio de control de reparación
directa está encaminado a obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios
patrimoniales y extrapatrimoniales sufridos con la operación administrativa de
desalojo del predio que tenía en posesión, toda vez que el municipio lo desalojó sin
previa reubicación, y sin el pago de las mejoras construidas en el predio y los
cultivos frutales allí plantados.

10. El artículo 63 de la Constitución Política señala que los bienes de uso público,
los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de
resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. En consonancia
con la anterior disposición, el artículo 82 señala que es deber del Estado velar por
la protección del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el interés particular.

El Decreto 1355 de 1970, Código Nacional de Policía, vigente para la época de los
que hechos que acá se analizan, dispone en el artículo 132 que:

“Cuando se trate de restitución de bienes de uso público, como vías públicas
urbanas o rurales o zona para el caso de trenes, los alcaldes, una vez establecido,
por los medios que estén a su alcance, el carácter de uso público de la zona o vía
ocupada, procederán a dictar la correspondiente resolución de restitución que
deberá cumplirse en un plazo no mayor de treinta días. Contra esta resolución
procede recurso de reposición”.

El numeral 2 del artículo 104 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 2 de
la Ley 810 de 2003, en materia de sanciones urbanísticas consagró:

“2. Multas sucesivas que oscilarán entre doce (12) y veinticinco (25) salarios diarios
vigentes por metro cuadrado de intervención u ocupación, sin que en ningún caso
la multa supere los cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales legales
vigentes, para quienes intervengan u ocupen, con cualquier tipo de amoblamiento,

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instalaciones o construcciones, los parques públicos zonas verdes y demás bienes
de uso público, o los encierren sin la debida autorización de las autoridades
encargadas del control del espacio público, además de la demolición de la
construcción o cerramiento y la suspensión de servicios públicos domiciliarios, de
conformidad con lo señalado en la Ley 142 de 1994. Esta autorización podrá
concederse únicamente para los parques y zonas verdes por razones de seguridad,
siempre y cuando la trasparencia del cerramiento sea de un 90% como mínimo, de
suerte que se garantice a la ciudadanía el disfrute visual de los parques o zonas
verdes y que no se vulnere su destinación al uso de común". (se destaca).

Por su parte, el Decreto 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del
espacio público en los planes de ordenamiento territorial, prevé en su artículo 28
que:

“La ocupación en forma permanente de los parques públicos, zonas verdes y demás
bienes de uso público, el encerramiento sin la debida autorización de las autoridades
municipales o distritales, la realización de intervenciones en áreas que formen parte
del espacio público, sin la debida licencia o contraviniéndola y la ocupación
temporal o permanente del espacio público con cualquier tipo de
amoblamiento o instalaciones dará lugar a la imposición de las sanciones
urbanísticas que señala el artículo 104 de la Ley 388 de 1997”. (se resalta).

11. El trámite de restitución del espacio público que ahora nos ocupa, según quedó
acreditado en el expediente, se desarrolló en el marco de un proceso policivo
administrativo en la forma como pasa a describirse:

El 3 de agosto de 2012, la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio
de Palermo solicitó al señor Adriano Charry que, en un término no superior a 15
días, retirara el mobiliario que tenía en la zona de protección del río Magdalena del
barrio Hacienda Santa Bárbara, despejando la zona de uso común ocupada por él
sin autorización, porque esa área hacía parte del espacio público, según quedó
consignado en el oficio No. 2280, suscrito por Einnerth Ferney Cedeño, Secretario
de Planeación26.

El 1 de diciembre de 2012, el Alcalde del Municipio de Palermo avocó el
conocimiento de los hechos y abrió el proceso de restitución de bien de uso público
en razón a la ocupación indebida de espacio público por parte del señor Adriano
Charry Sánchez en la ronda de protección del río Magdalena y parte de la zona

26 Samai del Tribunal, índice 69, documento «002Contrato Digitalización (.pdf)», p. 38.

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comunal No. 3 entregada en cesión gratuita al Municipio de Palermo, según da
cuenta copia simple del auto suscrito por el Alcalde Orlando Polo Pimentel.

En esta decisión la administración municipal ordenó: (i) tener como pruebas el
informe rendido por la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal y sus
anexos (ii) escuchar en diligencia de descargos a los presuntos infractores y (iii)
solicitar a la Secretaría de Planeación una certificación de la calidad de los predios
objeto de ocupación, según da cuenta copia simple del auto suscrito por el Alcalde
Orlando Polo Pimentel 27.

Posteriormente, Adriano Charry Sánchez informó a la Secretaría de Planeación que
tenía un predio “en posesión desde hace 13 años de propiedad de este municipio”,
donde tenía mejoras plantadas, cosecha de frutales y pan coger, árboles
maderables de conservación, un aljibe de almacenamiento de agua para el
consumo humano y una vivienda en donde habita con su familia. También señaló
que el inmueble estaba encerrado en alambre de púas y estantillo de madera.

Adriano Charry Sánchez afirmó que es un poseedor de buena fe y que estaba
dispuesto a devolver el predio al municipio una vez se le cancelaran el valor de las
mejoras que había realizado en el mismo. Lo anterior, de conformidad con la
comunicación de fecha 22 de enero de 2013, remitida por el demandante a la
administración municipal 28.

El 9 de abril del año 2013, la Alcaldía de Palermo llevó a cabo la diligencia de
descargos, en donde el señor Adriano Charry Sánchez expuso que llevaba 13 años
en posesión del bien y describió todas las mejoras realizadas en el terreno. Agregó,
que había comprado la posesión al señor Octavio Puentes Salgado por valor de
$300.000, según quedó consignado en el acta de la diligencia, firmada por el
querellado y su apoderada 29.

Mediante la Resolución 425 del 17 de mayo de 2013, la Alcaldía del Municipio de
Palermo decidió el proceso de “Restitución de un bien de uso público” en donde
declaró a Adriano Charry Sánchez ocupante indebido de un bien de uso público,

27 Ibidem, p. 39-40.
28 Ibidem, p. 51-52.
29 Ibidem, p. 55-57.

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ubicado en la zona comunal No. 3, zona verde No. 6, del sector Hacienda Santa
Bárbara y ordenó la restitución del bien al ente territorial demandado. La decisión
estuvo fundamentada en el artículo 82 de la Constitución Política, el artículo 132 del
Código Nacional de Policía, el Decreto 1504 de 1998, la Ley 388 de 1997 y la Ley
810 de 2003, así como en la visita técnica realizada por los encargados de la
inspección y control urbano en donde se evidenció la ocupación de dicha zona,
según plano aprobado por la Secretaría de Planeación en el año 1998, más un
concepto técnico topográfico aportado al trámite policivo.

Para declarar ocupante indebido al demandante, ordenar la restitución del bien y la
demolición de los elementos físicos que se encontraban en el predio, la entidad
demandada tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:

“En otras palabras lo que caracteriza a los bienes que integran el espacio público,
es su afectación al interés general y su destinación al uso directo o indirecto a favor
de la colectividad, razón por la cual no pueden formar parte de esta categoría,
aquellos bienes que son objeto de dominio privado de conformidad con lo
establecido por la ley, ni aquellos que son del pleno dominio fiscal de los entes
públicos (bienes privados del estado).

En ese orden de ideas, los bienes de uso público son entendidos por la legislación
colombiana como inalienables, imprescriptibles e inembargables (art.63 de la CP).
Lo cual indica que en virtud de su esencia son inapropiables, pues están destinados
al uso público y cualquier acto de comercio podría vulnerar el fin para lo cual han
sido concebidos.

Las pruebas conducentes a la demostración de tales situaciones son, esencialmente
el informe de visita de inspección ocular llevada a cabo por funcionarios de la
Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal, los anexos que contiene el
informe del veintisiete (27) de noviembre del año 2012, el informe topográfico
actualizado rendido el pasado dieciséis (16) de abril del año en curso, ya que es
claro al indicar que el señor ADRIANO CHARRY SÁNCHEZ, y otros TENEDORES
y/o POSEEDORES ocupan Espacio Público sobre el área de terreno denominado
Zona Comunal 3, Zona Verde No. 6, la vía transversal 13 A, y la vía avenida Calle
42 B del sector Hacienda Santa Bárbara del Centro Poblado Amborco, con vivienda
unifamiliar de un piso, construida con muros en bloque de cemento y ladrillo hueco,
cubierta en teja de zinc puertas y ventanas metálicas y en madera, tal como se indicó
en el informe topográfico, zonas constitutivas de Espacio Público, que deben
respetarse.

Con base en lo anteriormente expuesto es claro para este despacho la ocupación
que viene ejerciendo el señor ADRIANO CHARRY SÁNCHEZ y otros TENEDOR
y/o POSEEDOR, de la zona comunal número 3, zona verde No. 6, la vía transversal
13 A, y la vía avenida calle 42 B motivo por el cual al tenor de lo establecido por el
artículo 82 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 9 de 1989 y el Decreto
640 de 1937, se hace necesaria su restitución al Estado en este caso el Municipio
de Palermo - Huila30.

30 Ibidem, p. 63-64.

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La Resolución 425 del 17 de mayo de 2013 resolvió puntualmente:

“PRIMERO: DECLARAR, ocupantes permanentes e indebido de bien de uso público
o áreas constitutivas de Espacio público al señor ADRIANO CHARRY SÁNCHEZ, y
otros TENEDORES y/o POSEEDORES, por ocupar la zona comunal número 3,
Zona Verde No. 6, la Vía Transversal 13 A, y la Vía Avenida Calle 42 B localizada
en la Carrera 13 A No. 42 A -18, del sector Hacienda Santa Bárbara del Centro
Poblado Amborco con vivienda unifamiliar de un piso, construida con muros en
bloque de cemento y ladrillo hueco, cubierta en teja de zinc puertas y ventanas
metálicas y en madera, zona constitutiva de espacio público, conforme a la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a los ocupantes indebidos de Espacio Público, restituir al
Municipio de Palermo en un término de diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
la presente providencia, la zona constitutiva de Espacio Público, consistente en la
zona comunal número 3, Zona Verde No. 6, la Vía Transversal 13 A, y la Vía Avenida
Calle 42 B y demás áreas comunales ocupadas con vivienda unifamiliar de un piso,
construida con muros en bloque de cemento y ladrillo hueco, cubierta en teja de zinc
puertas y ventanas metálicas y en madera, ubicada en la Carrera 13 A No. 42 A-18
Barrio Hacienda Santa Bárbara del Centro Poblado Amborco de este Municipio, tal
y como se indicó en el informe técnico.

TERCERO: LA RESTITUCIÓN, incluye la demolición, retiro o similar de todos los
elementos físicos o naturales que se encuentren en las áreas constitutivas de
espacio público en el momento de la realización de la diligencia.

CUARTO: EVENTUALIDAD, en el caso que se haya construido y/o instalados
elementos con posterioridad a la visita realizada por parte funcionario adscrito a esta
dependencia, dentro de la diligencia de demolición o restitución, se hará la
valoración respectiva por el despacho y se procederá de conformidad.

QUINTO: ADVERTIR, En caso de no restituir voluntariamente se impondrá sanción
de multa entre doce (12) y veinticinco (25) salarios Mínimos Diarios Legales
Vigentes por metro cuadrado de ocupación. Y se procederá al desalojo con
acompañamiento de la Fuerza pública31. (Se resalta).

Adriano Charry Sánchez interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión,
el cual fue resuelto mediante la Resolución 592 del 1 de agosto de 2013, en donde
se abstuvo de reponer la decisión que ordenó la restitución del bien de uso público
ocupado indebidamente por el demandante y negó el recurso de apelación por
improcedente. Reiteró que el predio objeto de discusión es de propiedad del
Municipio de Palermo y por ende es un bien de uso público y, ante su ocupación
indebida, procedía la restitución a favor del ente territorial.

31 Ibidem, p. 64-65.

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Adicionalmente, el acto administrativo señaló que “las decisiones tomadas en juicios
policivos de restitución de bienes de uso público, pueden ser demandadas ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho”.
El Municipio de Palermo negó el recurso de reposición con apoyo en los siguientes
fundamentos:

“De igual forma se le aclara a la recurrente en primer lugar, que el predio motivo de
discusión si es del municipio de Palermo y por lo tanto es un bien de uso público de
acuerdo al certificado de tradición expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos
de Neiva, visible a folio 5 reverso se aprecia en la anotación número 3 que la
CONSTRUCTORA LA HACIENDA LIMITADA, cedió a título a gratuito la propiedad
del bien inmueble al municipio de Palermo (titular del derecho real de dominio), bajo
escritura 438 del 05 de octubre de 1998, expedida por la Notaría Única de Esta
Municipalidad registrada el 20 de noviembre de 2011 Folio de Matrícula Inmobiliaria
200-145947, y esto corroborado con el estudio técnico según resolución No. 425 de
2013 que realizara la Alcaldía del municipio que concluyó: "La zona comunal No. 3,
la zona verde Número 6, la vía transversal 13A, y avenida calle 42 B no hay la
necesidad de localizarlas en el terreno, porque en esas zonas no se ha desarrollado
el urbanismo, es decir, que se ubican en el terreno cuando son instalados todos los
servicios de alcantarillado, sardineles; vías pavimentadas y se construyen las
manzanas para delimitar las vías de las zonas comunales y verdes, porque todo
este proyecto debe tener zonas verdes zonas comunales y vías de acceso. Estas
zonas tienen su respectiva escritura de propiedad del municipio de Palermo, por lo
tanto estas zonas no deben ser ocupadas por particulares", razón por la cual la
administración no necesitó mayor estudio para determinar que esta zona ocupada
por el accionado es un bien que pertenece al Municipio y como tal la ley le da toda
la autonomía al Municipio en cabeza de su representante legal para tomar las
medidas que sean necesarias para recuperar este bien que es del municipio y si
bien es cierto en otras administraciones no se tomaron los correctivos de Ley, no
puede la presente administración seguir incurriendo en el mismo error 32.

Pasados dos años, esto es, el 18 de septiembre de 2015, el Municipio de Palermo
llevó a cabo la diligencia de restitución del bien de uso público ocupado por la parte
demandante en cumplimiento de la Resolución 425 del 17 de mayo de 2013. Con
apoyo en los levantamientos topográficos del predio invadido y la certificación
expedida por la Secretaría de Planeación, el Municipio constató que se trataba del
inmueble a desalojar por estar ubicado justamente en la zona comunal No. 3.

En esta diligencia, la abogada del demandante formuló oposición a la entrega en
nombre de los terceros poseedores del inmueble Erika Alejandra Charry Campos,
Adrián Charry Campos y Yury Carolina Charry Campos, personas que vivían dentro
del predio y que nunca fueron notificadas ni enteradas del proceso policivo, por lo

32 Ibidem, p. 83.

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que la administración municipal les vulneró el debido proceso, toda vez que
ostentaban la condición de poseedores del bien a restituir. La abogada exigió que
antes del desalojo se escucharan a estas personas presentes en la diligencia de
desalojo.
La anterior petición no fue atendida por el Municipio, según quedó consignado en el
acta de la diligencia:

“… si observamos señor Inspector dentro de este recorrido se notificaron para este
procedimiento a dos personas el señor ADRIANO CHARRY SÁNCHEZ y MARLENY
CAMPOS SALCEDO siendo así que en ningún momento se le notificó a ERIKA
ALEJANDRA CHARRY CAMPOS, como tampoco al señor ADRIAN CHARRY
CAMPOS y YURY CAROLINA CHARRY CAMPOS personas que viven dentro del
predio el mismo término ADRIANO CHARRY SÁNCHEZ y MARLENY CAMPOS
SALCEDO por lo tanto su señoría me permito en esta instancia de la diligencia
manifestarle que la resolución 425 del 2013 está viciada de nulidad de acuerdo con el
articulo 338 donde presento oposición de entrega del bien en su enciso 2 del C.de P.
Civil, por lo cual me permito concederle la palabra a los que aquí siempre han ocupado
esta habitación o éste bien inmueble que nunca fueron notificados ni enterados ni
tuvieron la facultad de manifestar sus descargos violando el debido proceso quele
faculta como poseedores del bien por consiguiente su señoría me permito YURY:
manifiéstele al despacho desde hace cuántos años usted vive aquí y si usted se enteró
de este procedimiento, de este acto por lo cual se están lanzando hoy.
El despacho advierte que por lo imprudente de la solicitud que acaba de pronunciarse
por la parte accionada no acepta tales recepciones de estos testimonios reiterándole
que ello debió hacerlo cuando se tramitó el proceso y no justamente ahora cuando los
términos se encuentran prescritos y está a (sic) portas de darle ejecución a la medida
contenido en la resolución a que se hizo referencia, en tanto el despacho se
abstendrá de recepcionar prueba alguna por las razones anteriormente advertidas,
eso sí, queda en libertad como ya se dijo para que lo haga ante las autoridades a
que se hicieron referencia anteriormente”33.

Los documentos reseñados son públicos, porque fueron otorgados por funcionarios
públicos en el ejercicio de sus funciones. Además, existe certeza de las personas
que elaboraron y suscribieron esos documentos, no se tacharon de falsos ni se
desconocieron durante el proceso, de modo que se presumen auténticos, conforme
a lo establecido en el artículo 244 del CGP 34. Estos documentos dan cuenta de los
antecedentes de la orden de restitución del inmueble, las etapas surtidas en el
proceso administrativo y las circunstancias en que se desarrolló la diligencia de
desalojo.

33 Samai del Tribunal, índice 69, documento «003Contrato Digitalización (.pdf)», p. 19.
34 «Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que

lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el
documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en
copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, s e
presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso […]».

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12. Revisado el trámite policivo de restitución de un bien de uso público, que finalizó
con el desalojo de la parte demandante del predio de propiedad del Municipio de
Palermo, Huila, ubicado entre la Urbanización Hacienda Santa Barbara y la margen
izquierda del río Magdalena, en la zona comunal No.3, puede decirse que estuvo
ajustado a la Constitución y a la ley. En efecto, la Alcaldía municipal de Palermo
tenía plena competencia para adelantar la actuación tendiente a recuperar un
espacio público ocupado ilegalmente por la parte actora, de conformidad con lo
normado en el artículo 132 del Decreto 1355 de 1970, Código Nacional de Policía,
vigente para la época de los hechos, ente que tenía la obligación constitucional y
legal de velar por la protección del espacio público y por su destinación al uso
común, el cual prevalece sobre el interés particular, de conformidad con lo señalado
en el artículo 82 de la Constitución Política.

Una vez la Alcaldía verificó que el demandante y su grupo familiar estaban
ocupando ilegalmente un predio de propiedad del municipio demandado procedió a
imponer la sanción urbanística de restitución del bien de uso público y demolición
del mismo contemplada en el numeral 2 del artículo 104 de la Ley 388 de 1997,
modificado por el artículo 2 de la Ley 810 de 2003, para lo cual otorgó un término
de 10 días, siguientes a la ejecutoria de la Resolución 425 del 17 de mayo de 2013 35.
En vista de que la parte demandante no cumplió de manera voluntaria con la orden
de restitución del bien, pasados 2 años de estar en firme la decisión, la
administración procedió con el desalojo de los ocupantes del predio 36.

13. Ahora, la parte actora sostiene en el recurso de apelación que las pretensiones
de la demanda apuntan a que se reconozca las mejoras construidas y plantadas en
el inmueble despojado, en razón a que estuvo en posesión del bien por más de 10
años. Al respecto, la Sala estima que el hecho de ocupar de un bien de uso público
no tiene la capacidad ni puede crear en cabeza del Estado la obligación de
indemnizar a los ocupantes irregulares las mejoras realizadas en el predio durante
su indebida ocupación; primero, porque la operación administrativa del desalojo
obedeció a la ejecución de un trámite válido adelantado en cumplimiento de la
recuperación y protección de un bien de uso público y segundo, porque la ocupación

35 Samai del Tribunal, índice 69, documento «002Contrato Digitalización (.pdf)», p. 59-64.
36 Samai del Tribunal, índice 69, documento «003Contrato Digitalización (.pdf)», p. 6-13.

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ilegal de un bien de uso público no genera derechos para el ocupante, tal como
pasa a explicarse.

En este punto es necesario poner de presente que acuerdo con el hecho cuarto de
la demanda37, el señor Charry Sánchez adquirió “la posesión y usufructo” de las
mejoras de una franja de terreno ubicada en la ronda del río entre la Urbanización
Hacienda Santa Bárbara y la margen izquierda del Río Magdalena por compra
realizada al señor Octavio Puentes Salgado, en los términos de la compraventa
suscrita entre las partes. Al revisar el mencionado documento privado, allegado con
el libelo introductorio se tiene que está firmado por Octavio Puentes Salgado en
calidad de vendedor y por Adriano Charry Sánchez en condición de comprador, de
fecha 17 de enero de 2001, en donde aparece consignado que las mejoras que
adquiere están sobre un lote de terreno de propiedad de “Baldíos de la Nación
Mpio Palermo”, con lo cual la parte actora desde aquella época tenía pleno
conocimiento que estaba ocupando un bien de uso público. Además, el vendedor
reconoció en este documento que había entrado al inmueble “por invasión y
posesión propia” 38.

La vocación de los bienes de uso público es su utilización y disfrute colectivo en
forma libre, sin perjuicio de las restricciones que, en beneficio del grupo social
mismo, puedan ser impuestas por parte de las autoridades competentes, de ahí su
carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables que les otorga el artículo
63 de la Constitución Política.

En adición, el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, excluyó de plano la
posibilidad de que un particular pudiera considerarse como poseedor de un bien
público, al prohibir la prescripción extintiva respecto de bienes de titularidad del
Estado –tanto frente a los de uso público, como a los bienes fiscales–39. De esta
manera, existe una regla absoluta de imprescriptibilidad respecto de estos bienes,
que en consecuencia impide la configuración de la posesión en cabeza de los

37 Samai del Tribunal, índice 69, documento «001Contrato Digitalización (.pdf)», p. 7.
38 Samai del Tribunal, índice 69, documento «002Contrato Digitalización (.pdf)», p. 13-14.
39 Código de Procedimiento Civil. “ARTÍCULO 407. DECLARACION DE PERTENENCIA. <Artículo modificado

por el artículo 1, numeral 210 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> En las demandas sobre
declaración de pertenencia se aplicarán las siguientes reglas: (…) 4. La declaración de pertenencia no procede
respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público. (…)”.

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particulares, en la medida en que resultan contrarios a derecho los actos de señor
y dueño sobre “bienes de la unión” 40.

La Corte Constitucional estudió la constitucionalidad de esta norma y en sentencia
C-530 de 1996 la declaró exequible por considerar que los bienes fiscales, en
general, están destinados a garantizar la prestación de servicios públicos y, por ello,
merecen un tratamiento especial que los proteja. Así quedó expresado:

“Estima la Corte que la Constitución delegó en el legislador la facultad de determinar
cuáles bienes, fuera de los mencionados en el artículo 63, son “inalienables,
imprescriptibles e inembargables”. Basta que el legislador, al ejercer esta facultad
no quebrante otro precepto de la propia Constitución. Quebrantamiento que no se
observa en este caso, pues, por el contrario, hay razones para afirmar que la norma
acusada se ajusta a principios constitucionales.

Uno de los fines esenciales del Estado es el de “servir a la comunidad”, finalidad que
se cumple cuando se prestan los servicios públicos. Y los bienes fiscales, en general,
están destinados a garantizar la prestación de los servicios públicos. Tanto los bienes
afectos a un servicio público, como aquellos que no lo están, pero podrían estarlo en
el futuro.

Como, en últimas, esos bienes pertenecen a la comunidad, merecen un tratamiento
especial que los proteja, en bien de toda la sociedad.

No se quebranta la igualdad, porque quien posee un bien fiscal, sin ser su dueño, no
está en la misma situación en que estaría si el bien fuera de propiedad de un
particular. En el primer caso su interés particular se enfrenta a los intereses
generales, a los intereses de la comunidad; en el segundo, el conflicto de intereses
se da entre dos particulares”.

En esta línea, quien ocupe o esté en posesión de un bien de uso público, no está
en la misma situación que un poseedor de una heredad particular; ya que en el
primero de los escenarios su beneficio se enfrenta al interés de la comunidad, en el
segundo, el conflicto de intereses se da entre particulares. En razón a lo anterior, si
una persona habita y disfruta un inmueble de propiedad de una entidad pública y,
además, realiza mejoras sobre ese suelo, carece de derecho para pedir la
prescripción adquisitiva 41 y, por ende, no puede obtener una indemnización o

40 Código Civil. “Artículo 674. BIENES PÚBLICOS Y FISCALES. Se llaman bienes de la unión aquéllos cuyo

dominio pertenece a la República.
Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos,
se llaman bienes de la unión de uso público o bienes públicos del territorio.
Los bienes de la unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la unión o
bienes fiscales”.
41 Corte Constitucional, sentencia C-530 de 1996 “(…) al consagrar la improcedencia de la declaración de

pertenencia, lo que la norma establece es la inexistencia del derecho, o, dicho en otros términos, que no se
gana por prescripción el derecho de propiedad sobre estos bienes, y, por lo mismo, no hay acción para que se
declare que se ha ganado por prescripción el dominio de un bien que la ley declara imprescriptible, porque no
hay derecho...”.

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remuneración por las mejoras construidas en el bien, en razón a que esta clase de
bienes son imprescriptibles o lo que es lo mismo no son susceptibles de usucapión.

Por su parte, el Código Civil en su artículo 679 expresamente señala que nadie
podrá construir, sino por permiso especial de autoridad competente, obra
alguna sobre, entre otros, los bienes fiscales y demás lugares de propiedad
de la unión. En relación con lo anterior, el artículo 682 del Código Civil prescribe
que sobre las obras que con permiso de la autoridad competente se construyan en
sitios de propiedad de la unión, no tienen los particulares que han obtenido este
permiso, sino el uso y goce de ellas, y no la propiedad del suelo.

De acuerdo con las normas constitucionales y las leyes civiles de carácter sustancial
y procesal que vienen de citarse, en el evento de presentarse una ocupación
indebida o irregular por parte de un particular sobre un bien de uso público, sin la
debida autorización de la autoridad competente, esta persona no adquiere derecho
alguno por el hecho de plantar en él mejoras, dada su naturaleza imprescriptible e
inalienable, puesto que se encuentran por fuera del comercio y por lo tanto no
pueden ser objeto de actos jurídicos que impliquen tradición. Entonces, si un
particular, realiza mejoras sobre suelo de propiedad del Estado, carece de derecho
alguno para pedir el reconocimiento y pago del valor de las construcciones o los
sembradíos.

Bajo este contexto, la Sala considera que la calidad de ocupante indebido del señor
Adriano Charry Sánchez de un predio de uso público declarada por el Municipio de
Palermo en la Resolución 425 del 17 de mayo de 2013, no genera derechos de
posesión ni de propiedad de las mejoras levantadas en el suelo público y, en
consecuencia, la pretensión de resarcimiento de las mejoras allí construidas no
puede abrirse paso. Es así que la reparación pedida en esta demanda
–reconocimiento y pago de la construcción de una casa de habitación, la plantación
de árboles, así como los frutos producidos por estos – no tiene sustento jurídico,
habida cuenta que de la ocupación ilegal de un bien de uso público no genera
derechos para el ocupante y, por ello, el Estado no está llamado a reparar los daños
cuya fuente de indemnización no es objeto de protección jurídica.

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En igual sentido se pronunció la Sección Tercera del Consejo de Estado en un caso
similar al que aquí se analiza, en el que la parte actora reclamaba los perjuicios
causados con ocasión de la decisión de ordenar el lanzamiento por ocupación de
hecho llevado a cabo como consecuencia de una querella policiva que instauró el
Distrito Especial de Barrancabermeja, para la recuperación de un bien de propiedad
de ese ente territorial. Sobre la reparación directa de los daños causados por el
desalojo, en particular respecto de la petición del reconocimiento y pago de las
mejoras erigidas sobre el bien de uso público, puntualmente señaló:

“83. En ese contexto, aunque el demandante alega como daño la falta de
reconocimiento del valor de las mejoras que existían en la parcela “La Estrella”, éstas
no hacen parte de la oferta institucional que debía ofrecer el Estado y, por tanto, no
fue consagrada como una medida de protección para la población vulnerable en el
marco de procedimientos de desalojo de bienes públicos, pues como la misma
jurisprudencia lo señaló, la calidad de ocupante de hecho víctima de desplazamiento
forzado no genera derechos de propiedad, posesión, indemnizatorios ni intereses
similares y, en todo caso, no estaban llamadas a ser reconocidas por las siguientes
razones:

84. El artículo 739 del Código Civil discurre sobre la construcción y siembra en suelo
ajeno, para lo cual establece que el dueño del terreno en que otra persona, sin su
conocimiento hubiere edificado, plantado o sembrado, tendrá derecho de hacer suyo
el edificio, plantación o sementera, mediante las indemnizaciones prescritas a favor
de los poseedores de buena o mala fe en el título de la reivindicación, o de obligar al
que edificó o plantó a pagarle el justo precio del terreno con los intereses legales por
todo el tiempo que lo haya tenido en su poder, y al que sembró a pagarle la renta y
a indemnizarle los perjuicios. En suma, en el derecho privado la ley ofrece dos
opciones al dueño del terreno en el que se edificó sin su consentimiento: (i)
indemnizar a quien hizo la mejora de acuerdo con determinadas reglas, y (ii) obligarle
a que compre el terreno sobre el que ella está construida, hipótesis esta última
totalmente inviable en el caso de los bienes fiscales.

(…)

86. La buena fe, como elemento constitutivo de la posesión regular, se refiere a la
“conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos
de fraudes y de todo otro vicio” -art. 768, Código Civil-. Se trata de un estado mental
subjetivo del poseedor que necesariamente debe hacer presencia al inicio de la
aprehensión material –así se disipe con posterioridad–, y que la ley presume -art.
769, ejusdem-, sin perjuicio de que deba encontrar su fundamento en circunstancias
externas verificables.

87. De acuerdo con lo expresado en la demanda, “tiempo después de haber
comprado la parcela y haber construido mejoras, mi representado se enteró que esos
terrenos habían sido propiedad del Ministerio de Defensa, quien los entregó al
Municipio en el año 2.000 en dación de pago por el impuesto predial, mediante la
escritura N°250 del 9 de marzo de 2000 de la Notaria 24 de Bogotá”, de ahí que en
principio pudiera considerarse que el señor José Uldarico Castillo fungió como
poseedor de buena fe; sin embargo, el mismo artículo 768 ibidem dispone que un
justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe; en cambio, el error en
materia de derecho “constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en
contrario”.

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(…)

90. Lo anterior por cuanto desde la entrada en vigencia del Código de Procedimiento
Civil, en su artículo 407, el ordenamiento jurídico colombiano excluyó de plano la
posibilidad de que un particular pudiera considerarse como poseedor de un bien
público, al proscribirse la prescripción extintiva respecto de bienes de titularidad del
Estado–tanto frente a los de uso público, como a los bienes fiscales–. De esta
manera existe una regla absoluta de imprescriptibilidad respecto de estos bienes,
que en consecuencia impide la configuración de la posesión en cabeza de los
particulares, en la medida en que resultan contrarios a derecho los actos de señor y
dueño sobre “bienes de la unión”.

91. La Corte Constitucional al analizar la conformidad de esa norma con el
ordenamiento jurídico -sentencia C-530 de 1996- la declaró exequible, por considerar
que uno de los fines esenciales del Estado es el de "servir a la comunidad", finalidad
que se cumple, por ejemplo, cuando se prestan los servicios públicos o se realizan
obras para el progreso y bienestar de la sociedad; por ende, como los bienes fiscales
están destinados real o potencialmente a la prestación de los mismos y, en últimas,
esos bienes son para el disfrute de la comunidad, merecen un tratamiento especial
que los proteja.

92. En esa línea, quien posee un bien fiscal, sin ser su dueño, no está en la misma
situación en que estaría si el bien fuera de propiedad de un particular, ya que en el
primero de los escenarios su interés particular se enfrenta a los intereses de la
comunidad; en el segundo, el conflicto de intereses se da entre dos particulares. Por
ende, si una persona habita y disfruta de un inmueble de propiedad de una entidad
pública e implanta mejoras sobre ese suelo, carece de derecho para pedir la
prescripción adquisitiva, así como la indemnización o remuneración por la pérdida de
tales mejoras.

93. En ese orden de ideas, el Estado no está llamado a reparar los daños cuya fuente
de indemnización no es objeto de protección jurídica, en tanto que su origen sea
inconstitucional, ilegal o contrario al principio de buena fe que debe regular todas las
actuaciones de los particulares y del Estado (artículo 83 de la Constitución)42.

En ese orden de ideas, la ocupación por parte de un particular de un bien de uso
público es claramente ilegal y, en esa medida, el desalojo y la pérdida de las
mejoras plantadas por el señor Adriano Charry Sánchez se originó por su propio
actuar contrario a derecho, sin que se pueda exculpar en el desconocimiento de la
ley, de ahí que el Estado no deba reparar el daño cuya indemnización reclama.

14. La noción de daño antijurídico permite considerar que no toda lesión a un
derecho es indemnizable, sino que lo será la pérdida sufrida por una persona como
consecuencia del menoscabo de un derecho tutelado por el ordenamiento jurídico,

42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de septiembre de 2024, Rad. 69457.

Magistrado Ponente José Roberto Sáchica Méndez. En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de enero de 2024, Rad. 66408. Magistrado Ponente Nicolás Yepes
Corrales.

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es decir, que no está justificado por la ley o el derecho y, en esa medida la
antijuridicidad del daño no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada
por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima.

En razón a lo expuesto, la pérdida de las mejoras construidas y de los cultivos
plantados en un bien de uso público constituye una carga que los demandantes
estaban en la obligación jurídica de soportar, como quiera que el pago de las
mejoras levantadas sin autorización legal en un bien de uso público no constituye
un derecho subjetivo susceptible de protección jurídica. Por lo anterior, la Sala
confirmará la sentencia de primera instancia.

15. Conforme al recurso de apelación la orden de restitución del bien de uso público
no previó la reubicación de la familia desalojada del predio, situación que, según la
demanda, generó daños morales y a la salud de la parte actora.

La Sala no puede pasar por alto que, previo al desalojo, la Alcaldía Municipal de
Palermo emitió la Resolución No. 100-50-0629 del 17 de septiembre de 2015, por
la cual otorgó unos subsidios de vivienda, entre otros, para el señor Adriano Charry
Sánchez, consistente en el 100% del subsidio municipal de vivienda de interés
social prioritario, representado en un lote de terreno urbanizado y la vivienda
construida.

Para asignar el subsidio, la Alcaldía del Municipio de Palermo tuvo en cuenta las
siguientes consideraciones:

“TERCERO.- que los predios denominados zona comunal No. 01 identificado con
matrícula inmobiliaria No. 200-147570, zona comunal No.3 identificado con
matrícula inmobiliario No. 200-147572, la vía denominada transversal 13a
identificada con matrícula inmobiliaria No. 200-147591, zona comunal 2 con
matrícula inmobiliaria No. 200-147571, zona verde 4 con matrícula inmobiliaria No.
200-147561 fueron cedidas en calidad de cesiones tipo A, al municipio de Palermo
mediante escritura pública No. 438 del cinco (05) de octubre de 1998. Con destino
a uso público.

CUARTO.- que los predios descritos en el artículo tercero del presente proveído,
están siendo ocupados ilegalmente por invasores, por tal motivo en el año de 2012,
el despacho inicio el proceso policivo de restitución de espacio público el cual
culmino con los siguientes actos administrativos: (…) Resolución No. 425 de 2013
"por medio del cual se decide proceso de restitución de bien de uso público contra
ADRIANO CHARRY SANCHEZ y OTRO. (…) con los mencionados actos
administrativos se dio cumplimiento a toda la vía gubernativa, por lo que los mismos
ya están ejecutoriados y listos para dar cumplimiento.

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QUINTO.- que los señores LAZARO CALCETO ORTIZ y GLADYS MEDINA
DUSSAN interpusieron acción de tutela contra el municipio de Palermo en procura
de salvaguardara los derechos fundamentales a la vida, a la vivienda digna y al
principio de la confianza legítima, el juez primero promiscuo municipal de Palermo
mediante fallo de tutela de fecha 20 de septiembre de 2013 amparó los mencionados
derechos. Dicho fallo de tutela surtió el recurso de apelación, el cual fue resuelto por
el juzgado cuarto civil del circuito de Neiva. Mediante fallo de fecha veintidós (22)
de octubre de 2013 en el cual se expone que conforme a la confianza legítima el
artículo segundo expuso lo siguiente: adicionar la sentencia de primera instancia en
el numeral segundo de que si bien es cierto se concedió un término de 15 días a la
entidad accionada para que dé una solución al asunto, el despacho atendiendo que
el tema amerita un término mayor al otorgado dispone que este sea de seis [6]
meses con el fin de que no haya violación alguna a los derechos fundamentales de
los accionantes, en el cual el municipio debe garantizar el acceso a una unidad de
vivienda de interés social previo procedimientos y requisitos que deben cumplir los
accionantes, atendiendo sus condiciones de especial debilidad.

SEXTO- que los señores ADRIANO CHARRY SÁNCHEZ, VALERIANO VARGAS
CERQUERA, BLANCA GILMA BOLÍVAR VALENZUELA y ALONSO QUIBANO
POLANIA, son igualmente ocupantes ilegales, en el mismo tiempo que el señor
LAZARO CALCETO ORTIZ, por tal motivo por derecho a la igualdad y en
prosperidad al principio de la confianza legítima este despacho hace extensiva para
los señores en mención en entregar una unidad de vivienda de interés social” 43.

Visto lo anterior, se tiene que con la decisión de la administración municipal de
otorgar una vivienda de interés social al señor Adriano Charry Sánchez,
representada en un lote de terreno urbanizado y con la vivienda construida, quedó
demostrado que el ente territorial, además de cumplir con la obligación legal de
recuperar el espacio público, procuró para el demandante una solución
administrativa ante el desalojo y lo reubicó, garantizándole así su derecho a una
vivienda digna.

Condena en costas

16. El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas «están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que,
para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

43 Samai del Tribunal, índice 69, documento «012Contrato Digitalización (.pdf)», p. 100-104.

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Respecto de las costas del proceso, el numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone
que «solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación» y la liquidación la hará de manera concentrada
el juzgado o tribunal que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
en los términos del artículo 366 del CGP 44.

En relación con las agencias en derecho, conforme a lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del CGP 45, para su fijación deberán aplicarse las tarifas que establezca
el Consejo Superior de la Judicatura y se tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales.

De conformidad con el artículo 366.4 del CGP y en los términos del Acuerdo No.
PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha
de presentación de la demanda, las agencias en derecho se tasarán entre 1 y 6
SMLMV en atención a la naturaleza del proceso, la calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado, la cuantía del proceso y demás circunstancias
especiales directamente relacionadas con dicha actividad que permitan valorar la
labor jurídica desarrollada. En consideración a que la parte demandada tuvo
apoderado y su actuación fue continua y consistente en esta instancia, las agencias
en derecho se fijarán en la suma equivalente a 1 SMLMV.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de noviembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila.

44 «Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que

haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas […]».
45 «[…] 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo

Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en
cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de
dichas tarifas […]».

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SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte demandante,
en favor de la demandada. FIJAR la suma de un (1) SMLMV por concepto de
agencias en derecho de la segunda instancia. Las costas deberán liquidarse de
manera concentrada en el Tribunal.

TERCERO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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