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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2017-00190-01

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2017-00190-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintinueve (29) de agosto de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. RECONOCER personería al abogado Alberto Valero Bejarano, identificado con la cédula de ciudadanía 80.110.097 y portador de la tarjeta profesional 169.172 del C.S. de la J., para representar los intereses de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, conforme al poder que obra en el índice 00015 de SAMAI. 39 Ley 2080 de 2021. «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». Calle 12 No. 7-65 – Tel: (604) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Radicado: 41001-23-33-000-2017-00190-01 (6554-2019) Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2017-00190-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

29 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 41001-23-33-000-2017-00190-01 (6554-2019)
Demandantes: Jesús Alberto Tovar Silva, Ricardo Andrés Viloria Meza
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Tema: Control judicial integral del acto administrativo sancionatorio
disciplinario. Nulidad de los actos administrativos. Nulidad por
falsa motivación, por violación de las normas superiores en que
debe fundarse y por violación al debido proceso. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por los demandantes en contra
de la sentencia proferida el veintinueve (29) de agosto de dos mil diecinueve (2019)
por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

Los señores Jesús Alberto Tovar Silva y Ricardo Andrés Viloria Meza instauraron
demanda en contra de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad las decisiones disciplinarias de expedidas el 16 de febrero
de 2016 y el 10 de noviembre de 2016, en primera y segunda instancia
respectivamente, mediante las cuales fueron sancionados con destitución e
inhabilidad general por el término de 10 años.

Que, como consecuencia, se ordene el reintegro al servicio activo y el pago de los
perjuicios de carácter patrimonial que se logren establecer en el proceso.

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Radicado: 41001-23-33-000-2017-00190-01 (6554-2019)

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el 24 de junio de 2015 el subintendente Jaime Julián Chaparro Nariño informó
que, en la madrugada (00:15 horas) los había encontrado en la cafetería
consumiendo cerveza.

Que, con fundamento en dicho informe, el 15 de julio de 2015 la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Neiva ordenó la apertura de una
indagación preliminar y que, practicadas las pruebas allí ordenadas, el 18 de enero
de 2016 se adoptó el procedimiento verbal y se citó a audiencia, para lo cual se
indicó que habían incurrido en la falta gravísima consistente en consumir bebidas
embriagantes durante el servicio.

Que, pese a que no fueron escuchadas sus versiones libres, por auto del 16 de
febrero de 2016 fueron declarados disciplinariamente responsables; decisión que,
una vez apelada, se confirmó el 10 de noviembre de 2016 por la Inspección
Delegada-Región de Policía 2-Oficina de Control Disciplinario Interno.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política: artículos 1, 2, 6, 29; Ley 734 de 2002: artículos 128 y 140; Ley
1015 de 2006.

Que los actos demandados son nulos porque se expidieron con infracción de las
normas en que debían fundarse, pues se fundamentaron en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso y el derecho de defensa, esto es, se valoraron la
fotografía y el audio que el informante aportó a la actuación, aun cuando se
obtuvieron sin el consentimiento de los disciplinados y sin la orden de una autoridad
judicial, vulnerando de este modo su derecho a la intimidad.

Que, además, la decisión del 10 de noviembre de 2016 no podía proferirse por la
Inspección Delegada-Región de Policía 2-Oficina de Control Disciplinario Interno,
sino por su superior jerárquico.

Que los actos demandados desconocieron el debido proceso y el derecho de
defensa, pues la actuación se adelantó al margen del artículo 124 de la Ley 836 de
2003, en la medida en que no fueron citados a rendir su versión libre, se le dio valor
probatorio a elementos que no lo tenían y no medió la práctica de una prueba de
alcoholemia.

Que las decisiones disciplinarias están falsamente motivadas, porque entre el
informe y los testimonios recaudados existen contradicciones, pues el informante,
en su declaración, afirmó que los disciplinados estaban ingiriendo licor, mientras
que el intendente Francisco Ayazo Pérez, quien llegó posteriormente, indicó que no
los vio consumiendo bebidas y que lo sucedido fue una discusión porque un
patrullero no quería entregar su arma de dotación.

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Que no puede dejarse de lado que la fotografía y el audio, aun cuando no se podían
valorar por lo ya dicho, no daban cuenta de la ingesta de licor.

Que no era posible afirmar que se encontraran en estado de embriaguez, por la
ausencia de la práctica de la prueba de alcoholemia ni constancia de que se
hubiesen negado a su práctica.

Que los actos sancionatorios se expidieron con desviación de las atribuciones
asignadas a la autoridad disciplinaria, porque tampoco se respetó el procedimiento
de la Ley 1015 de 2006, teniendo en cuenta que la actuación se desarrolló con la
ritualidad de la Ley 734 de 2011 (sic).

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 16 de mayo de 20171, y se notificó a la entidad, quien
se opuso a las pretensiones indicando que no existe reproche alguno en relación
con el procedimiento disciplinario que culminó con la sanción impuesta a los
patrulleros Jesús Alberto Tovar Silva y Ricardo Andrés Viloria Meza.

Que la Policía Nacional posee un régimen disciplinario especial, conformado por las
Leyes 734 de 2002 y 1015 de 2006; en la última, el artículo 54 dispone cuáles
autoridades tienen atribuciones disciplinarias y, según este, la primera instancia fue
adelantada por el jefe de la oficina de control disciplinario interno y la segunda por
la inspección delegada, sin que se hubiese vulnerado el derecho a la doble
instancia.

Que a los demandantes no les era aplicable el artículo 124 de la Ley 836 de 2003,
por tratarse este del régimen de las fuerzas militares, mientras que la normativa
sustancial del caso concreto se encontraba en la ley 1015 de 2006.

Que el material probatorio fue valorado como lo exige la normativa y que los
demandantes no pueden pretender reabrir este debate, pues en los actos
demandados se encuentran suficientemente motivadas las razones por las cuales
los argumentos de la defensa de los disciplinados no fueron suficientes para excluir
la responsabilidad.

Que en los diferentes actos del procedimiento se indicó que los investigados podrían
rendir su versión libre de manera voluntaria y que en la etapa probatoria se negó la
solicitud de recibir sus declaraciones por resultar improcedentes al ser ellos sujetos
procesales y, pese a que se indicó a su apoderado que les asistía el derecho a
rendir su versión libre, no se hizo ninguna manifestación respecto del interés de los
patrulleros de hacer uso de esta garantía.

Que no es cierto que la fotografía y el audio hubiesen violado su derecho a la
intimidad, porque fueron tomadas en un espacio público, por quien elaboró el

1 Véase folio 231 del cuaderno principal 2.

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informe disciplinario y para su obtención no se incurrió en tratos crueles ni
degradantes2.

Se celebró audiencia inicial el 5 de diciembre de 20183, en la que se fijó el litigio y
se decretaron pruebas documentales y testimoniales. Una vez practicadas4, se
corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público
para que rindiera su concepto; luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada
en el plazo oportuno por los demandantes.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del veintinueve (29) de
agosto de dos mil diecinueve (2019)5, negó las pretensiones, tras concluir que no
se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados.

Que las decisiones sancionatorias fueron expedidas por quienes conforme al
artículo 54 de la Ley 1015 de 2006 tenían la competencia para ello, sin que fueran
aplicables las disposiciones de la Ley 836 de 2003.

Que la versión libre no es un medio de prueba sino un instrumento de defensa del
investigado y, por ello, no puede considerarse como obligatoria y tampoco podría
concluirse que, si no se practica, el proceso es nulo, teniendo en cuenta que aun si
el disciplinado decide rendirla, no le genera consecuencia jurídica ni puede ser
objeto de valoración.

Que, en todo caso, desde la apertura de la indagación preliminar, y en las
actuaciones posteriores, se comunicó a los demandantes el derecho a rendir su
versión libre y que, cuando en la diligencia de descargos su apoderado alegó la
presunta omisión en la práctica de dicha diligencia, se le advirtió que la misma se
recibiría cuando los investigados decidieran rendirla.

Que respecto del audio y las fotografías, estas fueron aportadas por el informante
y, luego, para constatar su autenticidad, se practicó una visita especial, que se
comunicó de manera oportuna a los interesados, pese a lo cual no asistieron a la
diligencia; de esta forma, la prueba se incorporó de adecuadamente al expediente,
los investigados tuvieron conocimiento de ella y contaron con las oportunidades
procesales para contradecirla.

Que la ausencia de una prueba de alcoholemia no afecta la legalidad de los actos,
pues en el procedimiento disciplinario quedó acreditado que los demandantes se
encontraban en disponibilidad, pues tenían turno a las 4 de la tarde porque hacían
parte del grupo de apoyo para las festividades de San Pedro, con motivo de lo cual
se les impartió la instrucción de no consumir bebidas embriagantes aún en los
periodos de descanso, teniendo en cuenta el grupo al que pertenecían.

2 Véanse folios 269 a 273 del cuaderno principal 2.
3 Véanse folios 300-301 y CD en folio 304 del cuaderno principal 2.
4 Véanse folios 305-306 y CD en folio 309 del cuaderno principal 2.
5 Véanse folios 330 a 352 del cuaderno principal 2.

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Que estar en «disponibilidad» implica, para los uniformados de la Policía Nacional
encontrarse en servicio activo, como ha quedado claro en la jurisprudencia del
Consejo de Estado y que los demandantes tenían la obligación de prestar sus
servicios cuando fueran llamados, por lo que no tenían permitido ejecutar conductas
que les impidiera atender tales requerimientos.

Que, así las cosas, en el expediente quedó acreditado que los demandantes fueron
vistos en servicio consumiendo licor, dentro de las instalaciones de la estación de
carabineros y que en esos términos se consumaba la falta disciplinaria endilgada,
esto es, con el «consumo» de la bebida embriagante, no con la acreditación del
«estado de embriaguez».

Que, en suma, en los actos demandados se realizó una valoración integral de las
pruebas, dentro de la autonomía y la sana crítica de la autoridad disciplinaria,
encontrando demostrados los elementos típicos de falta, por la sanción impuesta
respetó los parámetros de legalidad.

Finalmente, se abstuvo de condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

Los demandantes6 interpusieron recurso de apelación, acogiendo los argumentos
expuestos en el salvamento de voto7, en dos puntos: el desconocimiento del
precedente jurisprudencial que obliga a realizar un control integral de los actos
administrativos sancionatorios, facultando al juez de lo contencioso administrativo
para realizar un examen de todas las causales de nulidad del artículo 137 de la Ley
1437 de 2011 y en relación con la atipicidad del comportamiento constitutivo de la
falta disciplinaria por la cual fueron sancionados.

Que los actos demandados debieron anularse porque los mismos los sancionaron
disciplinariamente por hallar configurada la falta gravísima del artículo 34, numeral
26 de la Ley 1015 de 2006, consistente en «consumir o estar bajo los efectos de
bebidas embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica,
durante el servicio», cuando la prueba testimonial da cuenta de que si bien fueron
sorprendidos ingiriendo bebidas alcohólicas, lo cierto es que lo hicieron
encontrándose disponibles para laborar al día siguiente.

Que, por ello, la conducta no se adecuaba a la falta señalada, pues esta solo se
concreta cuando el consumo de las bebidas embriagantes ocurre hallándose en
servicio y no en disponibilidad y que si bien en la sentencia se alude a providencias
del Consejo de Estado que dan cuenta de que encontrarse «en disponibilidad» es
igual a encontrarse en servicio, se han proferido en el marco de la responsabilidad
extracontractual y no se pueden trasladar al ámbito disciplinario, porque la misma
Corte Constitucional ha distinguido el servicio activo de la disponibilidad.

6 Véanse folios 363 a 365 y 367 a 370 del cuaderno principal 3.
7 Véanse folios 353-354 del cuaderno principal 2.

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TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 3 de marzo de 20208 fue admitido el recurso de apelación y el 16 de octubre del
mismo año9 se dio traslado para alegar a las partes y al Ministerio Público para que
emitiera concepto.

Los demandantes10 reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, en relación con el control judicial integral de los actos sancionatorios y
con la falta de tipicidad de la conducta sancionada, destacando que no se adecuaba
al numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, en la medida en que el tipo
disciplinario exige el consumo de bebidas embriagantes hallándose en servicio y no
en disponibilidad del servicio.

La demandada11 solicitó que se confirme la decisión apelada, reiterando los
argumentos plasmados en el escrito de contestación y señalando que en el marco
del control judicial integral las supuestas irregularidades procesales deben ser
determinantes y que en el caso concreto no existen reproches en relación con el
procedimiento adelantado en contra de los patrulleros demandantes.

Que el cargo por el cual fueron disciplinados corresponde a la falta gravísima del
numeral 26 del artículo 34 de la ley 1015 de 2006, pues consumieron bebidas
embriagantes estando en servicio y portando sus armas de dotación oficial y que en
la audiencia de pruebas celebrada por el Tribunal del Huila el 6 de marzo de 2019,
los demandantes, en el interrogatorio de parte, pretendieron establecer que no se
encontraban en estado de embriaguez por no habérseles practicado prueba de
alcoholemia, lo que distaba de la realidad, porque fueron sancionados por el verbo
«consumir» no por «estar bajo los efectos de» y, para acreditar lo primero, bastaba
con tener certeza acerca del consumo de cerveza durante el servicio, de lo que dio
cuenta el subintendente Jaime Julián Chaparro Nariño.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos demandados se
encuentran viciados de nulidad por falsa motivación, por infracción de las normas
superiores en que debían fundarse y por violación al debido proceso porque, como
sostienen los apelantes, la conducta investigada no se adecuaba típicamente al
numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006.

Con este fin, la providencia se referirá al marco normativo y jurisprudencial del

8 Véase folio 381 del cuaderno principal 3.
9 Véase índice 00009 de SAMAI y constancia en folio 389 del cuaderno principal 3.
10 Véanse índices 00010 y 00014 de SAMAI.
11 Véase índice 00015 de SAMAI.

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control judicial de los actos administrativos sancionatorios disciplinarios, a las
causales de nulidad invocadas y abordará el caso concreto.

Marco normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.

De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido
pacífica la posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional
de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.

Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del juez
de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el
demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias12.

Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la
demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto
de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de
aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo que
se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»13.

Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se unificó
jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»14, y se indicó además que:

i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial»
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes

Moreno.
13 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp.

2060-2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.

1210-11. C.P. William Hernández Gómez.

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ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.

Causales de nulidad de los actos administrativos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los actos
administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción, desde luego, parte
del cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.

En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los artículos
13715 y 13816 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales es
posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

De las anteriores, se analizarán las causales de nulidad invocadas por el actor, a
saber, la falsa motivación y el derecho al debido proceso; luego de lo cual, se
abordará el contenido de los actos demandados.

• Nulidad del acto administrativo por falsa motivación

Esta causal tiene lugar cuando las razones que se plasman en la fundamentación
de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o jurídica, sobre la
cual, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que guarda estrecha
relación con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos

15 Del medio de control de nulidad.
16 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

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determinantes de la decisión administrativa17.

En esa misma línea, se ha precisado que la prosperidad de la pretensión de nulidad,
cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres elementos:

«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente
motivado»18.

El último elemento en cita puede demostrarse acreditando una de dos
circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí
estaban probados y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente19.

• Nulidad del acto administrativo por infracción de las normas superiores en
que debe fundarse

Esta causal de nulidad, también denominada nulidad por violación del ordenamiento
superior o de la regla de derecho de fondo que se exigía para sustentar el acto, se
relaciona con los elementos que, en términos generales, debe validarse en un acto
administrativo frente a cada elemento que lo compone: las reglas de competencia,
de procedimiento, los componentes de la motivación y el debido proceso,
concretado en el derecho de audiencia y de defensa20.

En un sentido más estricto, esta causal de nulidad se ha entendido por esta
corporación como la contravención directa de la norma que serviría como
fundamento al acto administrativo, lo que puede ocurrir por falta de aplicación,
aplicación indebida o interpretación errónea.

Lo primero, es decir, la falta de aplicación puede suceder porque la autoridad
administrativa ignore la existencia de la norma o, a pesar de conocerla, no la aplique
a la solución del caso o crea, de manera errónea, que la norma no es aplicable al
asunto que examina.

La aplicación indebida puede configurase cuando la autoridad hace valer
disposiciones que no son pertinentes para resolver asunto objeto de decisión; lo que
a su vez puede ocurrir por que i) hubo un error al seleccionar la norma por

17 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
18 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Radicado 52001-

23-33-000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.
19 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
20 Al respecto, Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 21 de mayo de 2020.

Radicado 52001233300020150004501 (3779-2017). C.P. William Hernández Gómez.

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inadecuada valoración del supuesto de hecho que esta consagra, y/o ii) porque no
se establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre la
hipótesis legal y la tesis del caso concreto.

En cuanto a la interpretación errónea se ha precisado que ocurre cuando las
disposiciones que se aplican son en efecto las que regulan el asunto que se debe
decidir, pero la autoridad las entiende de manera errónea y, con esa interpretación,
las aplica. En otras palabras, es lo que ocurre cuando se asigna a una disposición
un sentido o alcance que no le corresponde21.

• Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso

El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplica
tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica
que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada
juicio.

Atendiendo a lo anterior, bajo esta causal de nulidad se examinan elementos
formales y sustanciales en la formación del acto administrativo que repercuten en la
garantía que consagra el artículo 29 constitucional. Su respeto tiene que ver,
entonces, con la concreción de por lo menos estos elementos: (i) que la actuación
se adelante por el competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (iv) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y (vi) que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas22.

La Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 201823 determinó que, tanto de
las providencias judiciales, como de los actos administrativos, puede predicarse la
vulneración sustancial del derecho al debido proceso, la cual se materializa en los
distintos defectos identificados por la jurisprudencia constitucional:

«‘Defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa que
profiere el acto objeto de reproche constitucional carecía absolutamente de
competencia para expedirlo (…).

Defecto procedimental absoluto, el cual se predica de la actuación
administrativa, cuando ha sido tramitada completamente al margen del
procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico (…).

Defecto fáctico, que se demuestra cuando la autoridad administrativa ha
adoptado la decisión bajo el absoluto desconocimiento de los hechos
demostrados dentro de la actuación. (…)

Defecto material o sustantivo, el cual concurre cuando la autoridad
administrativa profiere el acto a partir de la aplicación de normas inexistentes,

21 Cfr. Ibid. También Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 15 de marzo de 2012. Radicado
25000232700020049227102 (16660). C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
22 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Radicado 05001-23-31-000-2000-

02324-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
23 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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inconstitucionales, declaradas ilegales por la jurisdicción contenciosa o
abiertamente inaplicables para el caso concreto. La jurisprudencia también ha
contemplado que la interpretación irrazonable de las reglas jurídicas es una
causal de estructuración de defecto sustantivo, evento en el que se exige una
radical oposición entre la comprensión comúnmente aceptada del precepto y su
aplicación por parte de la autoridad administrativa, situación que encuadra en
lo que la doctrina define como interpretación contra legem.

Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se predica cuando
la autoridad administrativa adopta una decisión contraria a los derechos
fundamentales de las partes interesadas, debido a la actuación engañosa por
parte de un tercero.

Falta de motivación, que corresponde a los actos administrativos que no hacen
expresas las razones fácticas y jurídicas que le sirven de soporte. (…)

Desconocimiento del precedente constitucional vinculante, defecto que ocurre
cuando la autoridad administrativa obra, de forma injustificada, en contravía del
contenido y alcance de los derechos fundamentales que ha realizado, con
efectos obligatorios, la Corte Constitucional.

Violación directa de la Constitución, lo que se predica del acto administrativo
que desconoce, de forma específica, normas de la Carta Política (…)’24»25.

Caso concreto

Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria, se destaca:

• Que el 24 de junio de 2015 el subintendente Jaime Julián Chaparro Nariño
elaboró un informe de novedad, mediante el cual relató que en la madrugada de
ese día (siendo aproximadamente las 00:15 horas), al dirigirse al alojamiento
evidenció que el personal que pernoctaba no se encontraba allí, por lo que
procedió a verificar qué sucedía, para lo cual se trasladó a la cafetería ubicada
en las instalaciones de carabineros, encontrando a los patrulleros Ricardo Viloria
Meza y Jesús Tovar Silva con unas botellas de cerveza en la mano y, a su lado,
una canasta del mismo producto, con envases vacíos y otros sin destapar.

Que procedió a llamarles la atención, recordándoles que tenían turno a primera
hora y que su disponibilidad era de 24 horas, ante lo cual le respondieron que
se encontraban relajados tomándose unas cervezas. Al ver que no le dieron
importancia al asunto, procedió a tomarles una fotografía e inmediatamente
buscó al intendente Francisco Ayazo Pérez, quien también les llamó la atención,
recibiendo una respuesta similar. Este funcionario les preguntó por el
armamento, pues tratándose de una unidad de disponibilidad y reacción debían
tener su arma de dotación, ante lo cual el patrullero Viloria Meza la entregó, no
así el uniformado Tovar Silva, quien se exaltó, ante lo cual el informante procedió
a dejar un registro de audio de lo que estaba ocurriendo.

Que finalmente el patrullero Viloria Meza le entregó su arma al intendente Ayazo
y este los envió a descansar, ordenando al subintendente chaparro informar la

24 Ver Sentencia T-076 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
25 Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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situación26.

• Que el 15 de julio de 2015 se ordenó la apertura de una indagación preliminar
en contra de los referidos patrulleros27, notificada personalmente el 2 y el 3 de
septiembre de 201528; luego de la cual, por auto del 18 de enero de 2016 se
adoptó el procedimiento verbal y se citó a audiencia, formulando a los patrulleros
el cargo consistente en: «Consumir o estar bajo los efectos de bebidas
embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica,
durante el servicio» (negrillas y subrayas en el texto original).

El operador disciplinario concluyó que la conducta correspondía a la falta
gravísima prevista en el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 y que
se había ejecutado en la modalidad de acción y a título de dolo29.

• Que, recibidos las intervenciones del apoderado de los investigados, el 16 de
febrero de 2016 se expidió la decisión de primera instancia, declarándolos
disciplinariamente responsables y sancionándolos con destitución e inhabilidad
por el término de 10 años.

Se ratificó la ejecución de una conducta prevista como falta gravísima a título de
dolo, pues de las pruebas recaudadas se concluyó que el 24 de junio de 2015,
los patrulleros de manera voluntaria se dispusieron a consumir bebidas
embriagantes mientras se encontraban en turno de disponibilidad y, con ello no
se encontraban en las condiciones físicas y psíquicas que el servicio
demandaba.

Se precisó que el servicio de disponibilidad, según la Resolución 00912 del 1 de
abril de 2009 (reglamento del servicio de policía), significa que el uniformado
está en la permanente obligación de prestar sus servicios cuando estos sean
requeridos por sus comandantes, aún en días y horas que no hacen parte del
turno ordinario, de tal manera que los disciplinados afectaron el deber funcional
porque su comportamiento impedía el normal desarrollo del servicio que
prestaba la compañía de intervención policial nro. 15 de la que para entonces
hacían parte, poniendo en riesgo su integridad, la de sus compañeros y la de la
comunidad30.

• Que, presentado el recurso de apelación, la anterior decisión se confirmó en auto
del 10 de noviembre de 2016, indicando que el tipo disciplinario por el que fueron
sancionados los patrulleros contenía dos conductas, consumir bebidas
embriagantes y encontrarse en estado de embriaguez; ambas durante el

26 Véanse páginas 5-6 del documento «MENEV-2015-106 ANDRES VILORIA», visible en el CD que obra a folio

274 del cuaderno principal 2.
27 Véanse páginas 37 a 41 del documento «MENEV-2015-106 ANDRES VILORIA», visible en el CD que obra a

folio 274 del cuaderno principal 2.
28 Véanse páginas 44 a 47 del documento «MENEV-2015-106 ANDRES VILORIA», visible en el CD que obra a

folio 274 del cuaderno principal 2.
29 Véanse páginas 105 a 122 del documento «MENEV-2015-106 ANDRES VILORIA», visible en el CD que obra

a folio 274 del cuaderno principal 2.
30 Véanse páginas 157 a 182 documento «MENEV-2015-106 ANDRES VILORIA», visible en el CD que obra a

folio 274 del cuaderno principal 2.

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servicio; y que la responsabilidad disciplinaria se determinó respecto de la
primera, para la cual no resultaba relevante ni la práctica de una prueba de
alcoholemia ni determinar la cantidad de licor que habían consumido y que las
pruebas documentales y testimoniales practicadas dieron cuenta de la
circunstancia que dio lugar a la actuación disciplinaria31.

El Tribunal Administrativo del Huila, examinando de manera integral la actuación,
concluyó que las decisiones sancionatorias fueron expedidas por los funcionarios
competentes y que la valoración probatoria se realizó apegada a las reglas de la
sana crítica, descartando, como también lo hizo la demandada, que para la
configuración del tipo disciplinario fuera necesario que a los patrulleros se les
hubiese practicado una prueba de alcoholemia, habida cuenta del verbo rector al
que se adecuó el comportamiento.

La Sala no encuentra que en la decisión apelada se dejara de examinar algún
elemento de la actuación disciplinaria o algún punto del concepto de violación; por
el contrario, se realizó un análisis detallado de las etapas del procedimiento, de las
pruebas decretadas y practicadas, de la estructura de la responsabilidad
disciplinaria y de la motivación de los actos contentivos de la sanción; de tal forma
que el reproche referido a la ausencia del control integral no está llamado a
prosperar.

Los demandantes, haciendo eco del salvamento de voto a la sentencia de primera
instancia, insistieron en que el Tribunal debió declarar la nulidad de los actos,
porque el comportamiento sancionado no se adecuaba a la descripción típica del
artículo 34 numeral 26 de la Ley 1015 de 2006, en la medida en que, por encontrarse
«en disponibilidad» no se cumplía con el presupuesto normativo del «servicio» al
que dicho tipo disciplinario se refiere.

Para la Sala, dicho argumento no está llamado a prosperar y, en esa medida,
porque, como se precisó en la sentencia apelada, el entendimiento que la
jurisprudencia ha dado a la «disponibilidad» de quienes integran la institución
policial, permite concluir que se satisfacen los elementos estructurales del cargo
formulado.

Cabe recordar que la responsabilidad disciplinaria surge al comprobarse la
concurrencia de los siguientes elementos organizados, sistemáticamente: (i) el
juicio de adecuación para determinar la tipicidad; (ii) el juicio de valoración para
definir la ilicitud sustancial; y (iii) el juicio de reproche para analizar la culpabilidad.

El primer juicio, el de tipicidad, supone la comprobación lógica y razonada de la
relación de subsunción que existe entre la descripción legal de la conducta
disciplinable y la efectivamente desplegada por el sujeto investigado, surgiendo, a
su vez, una relación de contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su
cargo el ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente incumplido. Para
ello, la Ley 1015 de 2006 reguló el régimen disciplinario para la Policía Nacional y

31 Véanse páginas 199 a 208 del documento «MENEV-2015-106 ANDRES VILORIA», visible en el CD que obra

a folio 274 del cuaderno principal 2.

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estableció la clasificación de las faltas en gravísimas, graves y leves.

Si el anterior análisis arroja que un sujeto disciplinable cometió una falta
disciplinaria tipificada en la ley, deberá realizarse el segundo juicio, el de ilicitud
sustancial que, según el artículo 4 de la Ley 1015 de 2006 supone que la conducta
será contraria a derecho cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna;
es decir, se exige el quebrantamiento sustancial e injustificado de los deberes
funcionales encargados al servidor público, en la medida en que «(…) la
antijuridicidad en el derecho disciplinario no se basa en un daño a un bien jurídico
protegido, sino en el incumplimiento de los deberes funcionales del servicio
público»32.

Siendo la conducta típica, por incurrir en alguna de las descripciones legales
determinadas como falta disciplinaria y antijurídica por ser sustancialmente ilícita,
deberá realizarse el juicio de reproche para determinar la culpabilidad, por
encontrarse proscrita la responsabilidad objetiva ─artículo 11 de la Ley 1015 de
2006─, la cual solo puede darse a título de dolo o culpa.

Como quedó expuesto, la falta disciplinaria gravísima prevista en el artículo 34,
numeral 26 de la Ley 1015 de 2006 consiste en: «[c]onsumir o estar bajo los efectos
de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física o
psíquica, durante el servicio». La estructura de este tipo disciplinario supone que el
comportamiento del servidor público consista en (i) consumir bebidas embriagantes
o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica; o (ii) estar bajo los
efectos de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física o
psíquica; en ambos casos, durante el servicio.

Por su parte, según el artículo 73 de la Resolución 00912 del 1 de abril de 2009, la
«disponibilidad» de un uniformado de la Policía Nacional supone «(…) la obligación
de prestar sus servicios cuando estos sean demandados por sus comandantes, aun
en días y en horas que no hacen parte de su turno normal, en razón de ser ello
indispensable por la prevalencia del interés general y para el cumplimiento del
objeto propio de aquella».

En el recurso de apelación se reprochó que, para concluir que «disponibilidad»
constituye «servicio activo» se acudiera a la jurisprudencia de la Sección Tercera
de esta Corporación, advirtiendo que no podía trasladarse el razonamiento
realizado en el marco de la responsabilidad del Estado al ámbito disciplinario.

Para la Sala, la situación de «disponibilidad» significa, como se precisó en la
sentencia apelada, que los uniformados se encontraban en servicio, tanto si se
aplica la tesis jurisprudencial de la Sección Tercera como al margen de ella.

Contrario a la manifestación de los apelantes, las providencias proferidas por la
Sección Tercera de esta Corporación dan cuenta, en términos generales, de las
razones por las cuales los agentes estatales pueden causar un daño imputable a

32 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 16 de abril de 2015. Exp. 11001-03-25-

000-2012-00352-00 (1353-2012). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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este encontrándose en «disponibilidad», resultando fundamental el estudio del
vínculo con el servicio, pues no se desconoce que los miembros de la Policía
Nacional pueden con su acción u omisión, comprometer la responsabilidad del
Estado aun encontrándose por fuera de la institución33.

La «disponibilidad» no corresponde a un periodo de descanso, como lo quisieron
hacer ver los demandantes en la actuación disciplinaria y al apelar la sentencia del
Tribunal Administrativo del Huila. Como lo señala el artículo 73 de la Resolución
00912 del 1 de abril de 2009, «disponibilidad» es la obligación del uniformado de
estar en condiciones de prestar sus servicios aún en días y horas que no hacen
parte de su jornada laboral, por lo que se extiende inclusive a los permisos,
licencias, vacaciones, franquicias y, en general, a sus diferentes situaciones
administrativas.

Según las pruebas recaudadas en la actuación disciplinaria, el 24 de junio de 2015
los demandantes se encontraban en disponibilidad de 24 horas porque hacían parte
del grupo de uniformados que estaban prestando su apoyo en las festividades de
San Pedro en Neiva34 y, según el relato del informante y del intendente Ayazo,
tenían turno de servicio a primera hora de la mañana, por lo que, para cuando fueron
encontrados consumiendo cerveza, debieron estar en el sitio destinado para
dormir35, por corresponder a un lapso entre turno y turno del servicio que se
encontraban apoyando.

No obstante, quedó probado que, en lugar de atender la instrucción impartida,
optaron por ingerir licor, situación que quedó acreditada, además de la prueba
documental y testimonial recaudada, con la visita especial practicada el 15 de
diciembre de 2015, con el propósito de verificar el contenido del CD aportado con el
informe de novedad. En el acta elaborada se consignó el diálogo en el que
participaron los disciplinados, el informante y el intendente, quedando claro que
ambos patrulleros se encontraban consumiendo cervezas, «ni tres cervezas cada
uno», según una intervención del patrullero Viloria Meza, quien además dijo que
habían comprado «medio petaquito»36.

33 Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril de 2010. Exp. 19001-23-31-000-1995-

00003-01 (18.322). C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 23 de
mayo de 2012. Exp. 19001-23-31-000-1996-02010-01 (21.416). C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
34 Las instrucciones relativas al servicio se consignaron en el acta 0139 del 15 de junio de 2015, a la cual

asistieron los demandantes como consta en el listado anexo (véanse páginas 9 a 20 del documento «MENEV-
2015-106 ANDRES VILORIA», visible en el CD que obra a folio 274 del cuaderno principal 2).
35 Las declaraciones juramentadas de los señores Jaime Julián Chaparro Nariño y Francisco Miguel Ayazo

Pérez dieron cuenta de esta situación. El señor Chaparro Nariño, en diligencia del 13 de noviembre de 2015,
relató: «Ellos recibían turno creo que a alas siete de la mañana a lo cual deberían estar durmiendo para recibir
ese servicio el de apoyo a las festividades del municipio y deberíamos estar atentos ya que somos un grupo de
apoyo y operativo y en el momento si en ese momento se hubiera presentado una novedad ellos debían estar
disponibles porque se cuenta con ese personal que debía estar de apoyo y en cualquier momento somos
llamados a prestar un apoyo y tenemos que esta disponibles» (véanse páginas 77 a 83 del documento «MENEV-
2015-106 ANDRES VILORIA», visible en el CD que obra a folio 274 del cuaderno principal 2). Por su parte, el
señor Ayazo Pérez señaló: «(…) yo me encontraba inconforme con su actuación [la de los patrulleros] ya que
los había mandado a descansar parta que al otro día habría que salir a primera hora a un servicio en la cual
habría una orden que se le habría dado al personal que debían estar descansando por la naturaleza del grupo.
(…)» (véanse páginas 86 a 91 del documento «MENEV-2015-106 ANDRES VILORIA», visible en el CD que
obra a folio 274 del cuaderno principal 2. Corchetes de la Sala).
36 Véanse páginas 95 a 100 del documento «MENEV-2015-106 ANDRES VILORIA», visible en el CD que obra

a folio 274 del cuaderno principal 2. En la declaración del intendente Francisco Miguel Ayazo Pérez se relató
que, cuando fue llamado por el

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Para entonces, los demandantes tenían en su poder sus armas de dotación 37, lo
que en buena medida justifica analizar la tipicidad y la ilicitud del comportamiento
desde la óptica que se emplea en las providencias de la Sección Tercera, pues,
como consecuencia del consumo de bebidas embriagantes durante el servicio
pueden ponerse en riesgo los bienes constitucionales que la Policía Nacional está
destinada a salvaguardar; sumado a que, en el caso concreto, de ser requeridos
durante el lapso entre turnos, los patrulleros no habrían estado en la capacidad de
desempeñar en debida forma sus funciones.

Si el análisis debiera hacerse al margen de la jurisprudencia de la Sección Tercera,
no podría pasarse por alto que la Corte Constitucional, al examinar la exequibilidad
de la falta disciplinaria contenida en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de
2006, que se refiere a la incursión en conductas descritas como delitos, cuando el
uniformado se encuentre en alguna situación administrativa, justificó su adecuación
a la Constitución en la medida en que:

«Los miembros de la policía que se encuentran en las situaciones
administrativas a que se refieren las normas acusadas (franquicia, permiso,
licencia, vacaciones, suspendido, incapacitado, excusado de servicio o en
hospitalización), conservan su condición de servidores públicos de la institución
“en servicio activo”, lo que implica que efectivamente y de manera actual
desempeñan un empleo o cargo en esa Institución. Esta circunstancia hace que
aún bajo las situaciones administrativas descritas retengan su condición de
garantes de las condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos y
las libertades ciudadanas, y para el aseguramiento de una convivencia pacífica
(Art. 218 C.P.)»38 (subrayas de la Sala).

El anterior razonamiento es transversal a los eventos en que el servidor se
encuentra transitoriamente separado de su cargo y con mayor razón resulta
aplicable al lapso que, entre turno y turno, tuvieron los uniformados para pernoctar,
pues en el caso que se examina, la instrucción que comandante del grupo de apoyo
impartió a los señores Tovar Silva y Viloria Meza implicaba que estuvieran en la
posibilidad de acudir al llamado de sus superiores en caso de presentarse una
novedad antes de recibir el turno correspondiente. No obstante, durante el servicio,
optaron por desplegar una conducta contraria a la que les fue instruida.

De esta manera, los elementos del tipo disciplinario resultaron acreditados en la
actuación disciplinaria, pues los testimonios y la visita especial practicada dieron
cuenta de que ambos patrulleros se encontraban consumiendo una bebida
embriagante, durante el servicio, sin que para ello fuera necesario, como se indicó
en la sentencia apelada, ni la práctica de una prueba de alcoholemia, ni que se
determinara la cantidad de licor ingerido, lo que solo sería relevante si se les hubiese
reprochado encontrarse en estado de embriaguez.

Adecuado típicamente el comportamiento, de manera motivada se concluyó su

37
informante, los patrulleros le dijeron que se estaban tomando unas cervezas para relajarse. Que les solicitó
entregar las armas de dotación, ante lo cual el patrullero Viloria Meza accedió, no así el señor Tovar Silva, quien
inclusive forcejeó con el subintendente Chaparro Nariño (véanse páginas 86 a 91 del documento «MENEV-
2015-106 ANDRES VILORIA», visible en el CD que obra a folio 274 del cuaderno principal 2. Corchetes de la
Sala).
38 Corte Constitucional. Sentencia C-819 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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antijuridicidad, presentada como la lesión a sus deberes funcionales por el
desconocimiento de las instrucciones impartidas, pues debían encontrarse en
óptimas condiciones ante cualquier requerimiento que se les hiciera. Luego, se
ratificó el dolo como forma de culpabilidad, al encontrar la configuración de los
elementos cognoscitivo (conocimiento de las instrucciones impartidas) y voluntad
(direccionamiento consciente de su comportamiento hacia la conducta
disciplinariamente reprochable).

Significa lo anterior que en la expedición de los actos demandados no se infringió
ninguna norma de las que debían servirles de fundamento, ni se lesionó el debido
proceso, ni se plasmaron motivos contrarios a la realidad, por lo que lo procedente
es confirmar la decisión de primera instancia.

De la condena en costas

Sobre este punto, es importante aclarar que según el cambio introducido por el
legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202139, que dicha declaración es
viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta
carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Subsección A considera que en el presente caso,
observando los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas
intervenciones, no se presenta el referido supuesto; por el contrario, manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.

En consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintinueve (29) de agosto de dos
mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual
se negaron las pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. RECONOCER personería al abogado Alberto Valero Bejarano,
identificado con la cédula de ciudadanía 80.110.097 y portador de la tarjeta
profesional 169.172 del C.S. de la J., para representar los intereses de la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, conforme al poder que obra en el
índice 00015 de SAMAI.

39 Ley 2080 de 2021. «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo

caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal».

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Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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