Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2017-00279-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 41001-23-33-000-2017-00279-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2017-00279-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2017-00279-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 41001 23 33 000 2017 0 0279 02 (6382-2022)
Demandante: Orlando Barragán Perdomo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Pensión gracia. Declaración de oficio de excepciones. Cosa
juzgada: identidad de partes, causa y objeto. Condena en
costas en segunda instancia.
Decisión: La Sala declara probada de oficio la excepción de cosa
juzgada frente al fallo del 16 de abril de 2007 del Juzgado
Cuarto Administrativo de Neiva y, por esa razón, confirma la
sentencia apelada.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de primera instancia del 16 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. El demandante, por intermedio de apoderado judicial, solicitó que se
declare la nulidad de las Resoluciones 019590 del 8 de septiembre de 2000 y
003214 del 29 de junio de 2001, mediante las cuales la extinta Caja Nacional de
Previsión Social (CAJANAL EICE) le negó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la entidad
demandada reconocer dicha prestación en los términos previstos en la Ley 4 de
1966, con la inclusión de todos los factores salariales causados en el año
inmediatamente anterior a aquel en que el accionante adquirió tal estatus
pensional, así como la correspondiente indexación de la primera mesada.
Finalmente, solicitó que se condenara en costas a la entidad.
1 Folios 3 a 24.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 1
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 41001 23 33 000 2017 00279 02 (6382-2022)
Demandante: Orlando Barragán Perdomo
3. Como sustento de sus pretensiones,2 indicó que estuvo vinculado durante
más de 20 años como docente oficial. Expresó que prestó servicios como
maestro departamental entre el 9 de marzo de 1970 y el 16 de marzo de 1971,
en virtud del nombramiento efectuado mediante el Decreto 122 del 4 de marzo
de 1970 proferido por el departamento del Huila. Posteriormente, mantuvo una
vinculación entre el 1 de marzo de 1971 y el 7 de marzo de 2015 en atención a
la Resolución 1767 del 6 de mayo de 1971 expedida por el Ministerio de
Educación Nacional.
4. Sobre este último vínculo, expuso que, si bien fue efectuado por el
Ministerio de Educación Nacional, ello, por sí solo, no define la naturaleza del
nombramiento, puesto que la posesión y los traslados posteriores fueron
suscritos por el alcalde del municipio de Garzón (Huila). Además, el pago de sus
salarios y prestaciones fue financiado con recursos del Situado Fiscal, los cuales
deben considerarse recursos propios de las entidades territoriales, según la
sentencia del 2 de junio de 2016 proferida por esta Sección3. Asimismo, señaló
que la Secretaría de Educación del municipio de Neiva fue la autoridad que le
aceptó la renuncia.
5. Manifestó que el 15 de marzo de 2000 solicitó ante CAJANAL EICE el
reconocimiento de la pensión gracia, la cual le fue negada mediante los actos
administrativos acusados bajo el argumento de que no cumplía el requisito de
haber laborado durante 20 años como docente del orden departamental,
municipal o distrital.
Contestación de la demanda4
6. La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento
en que los actos administrativos demandados se ajustan a derecho y respetan
las normas que regulan la pensión gracia.
7. De igual modo, explicó que ante el Juzgado 5 Administrativo de Neiva se
adelantó el proceso con radicado 41001 33 31 005 2007 00055 00, instaurado
por el hoy demandante y cuya pretensión principal consistía en obtener el
reconocimiento de la prestación periódica mencionada. Dicho proceso terminó
mediante autos del 11 y 24 de abril de 2008, por perención.
8. Finalmente, propuso las excepciones de mérito denominadas
«inexistencia de la obligación demandada», «ausencia de vicios en el acto
administrativo demandado», «prescripción» y la innominada o genérica.
2 Sobre este punto, vale la pena aclarar que los hechos de la demanda son confusos. Por ende, esta Sala
en ejercicio de la facultad de interpretación que le otorga el numeral 5 del artículo 42 del Código General del
Proceso, procederá a interpretar la demanda con el fin de establecer el alcance de las pretensiones
incoadas.
3 Al respecto, citó la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de junio de 2016, proferida bajo el radicado 25000 23 42
000 2013 00827 01, con ponencia del consejero Luis Rafael Vergara Quintero.
4 Folio 77 y 78.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 2
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 41001 23 33 000 2017 00279 02 (6382-2022)
Demandante: Orlando Barragán Perdomo
Decisión de excepciones previas
9. El tribunal a quo, en la audiencia inicial celebrada el 5 de abril de 20195,
estableció que no era posible declarar de oficio la excepción de cosa juzgada
respecto del proceso con radicado 41001-33-31-005-2007-00055-00, tramitado
ante el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva.
10. Lo anterior, por cuanto, si bien dicho proceso fue promovido por el hoy
demandante con pretensiones orientadas al reconocimiento de la pensión gracia,
este culminó mediante auto del 11 de abril de 2008 y fue archivado el 28 de abril
siguiente como consecuencia de la configuración de la perención por inactividad
de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 del Decreto 01
de 1984 (anterior Código Contencioso Administrativo).
11. En ese sentido, precisó que la citada disposición establecía que la
declaratoria de la perención no impedía al actor promover nuevamente un
proceso con pretensiones similares, circunstancia que, incluso, fue
expresamente consignada por el juzgado en el auto que dispuso la terminación
del proceso.
Sentencia apelada
12. El Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia el 16 de agosto de
2022 mediante la cual negó las pretensiones de la demanda al concluir que no
se desvirtuó la legalidad de las resoluciones que negaron el reconocimiento de
la pensión gracia en tanto el demandante no acreditó el cumplimiento de todos
los requisitos legales exigidos para acceder a dicha prestación.
13. Para adoptar esa decisión, el tribunal valoró las pruebas documentales
que obran en el expediente y tuvo por acreditado que el actor nació el 6 de mayo
de 1950, razón por la cual cumplió 50 años de edad el 6 de mayo de 2000.
Asimismo, estableció que su vinculación inicial con la docencia oficial fue anterior
al 31 de diciembre de 1980, específicamente desde el 9 de marzo de 1970.
14. En cuanto al tiempo de servicios y la naturaleza del vínculo, el a quo
concluyó que el demandante únicamente acreditó 1 año y 7 días de servicios
como docente del orden departamental, correspondientes al período
comprendido entre el 9 de marzo de 1970 y el 15 de marzo de 1971.
15. Estimó que el resto de su trayectoria laboral, esto es, desde el 1 de marzo
de 1971 hasta el 6 de marzo de 2015 correspondió a una vinculación de carácter
nacional, inicialmente en el Colegio Nacional Simón Bolívar de Garzón y,
posteriormente, en el Colegio Nacional Santa Librada de Neiva y en otras
instituciones educativas por medio de nombramientos y traslados efectuados por
autoridades nacionales o sobre plazas del orden nacional.
5 Folios 281 al 291.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 3
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 41001 23 33 000 2017 00279 02 (6382-2022)
Demandante: Orlando Barragán Perdomo
16. Finalmente, no impuso condena en costas ni fijó agencias en derecho al
considerar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, modificado
por la Ley 2080 de 2021, no se evidenció que la demanda careciera de
fundamento legal.
Recurso de apelación
17. La parte actora interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara
la sentencia de primera instancia para, en su lugar, acceder a las pretensiones
incoadas.
18. Sostuvo que el fallo erró al derivar la condición de docente nacional del
nombramiento, de la posesión, de la prestación del servicio en planteles
nacionales o del origen nacional de los recursos. Afirmó que esos elementos no
determinan, por sí solos, el vínculo laboral y que, conforme con la Constitución,
las normas del régimen docente y la jurisprudencia que invocó, lo relevante era
establecer en qué entidad figuró el actor en planta y nómina, cuál le pagó salarios
y prestaciones, cuál ejerció subordinación y cuál administró efectivamente su
relación laboral.
19. Señaló que los elementos del caso demostraban la existencia de una
relación laboral con el departamento del Huila y el municipio de Neiva porque
dichas entidades lo incluyeron en planta y nómina, le pagaron salarios y
prestaciones, le efectuaron descuentos, le reconocieron y pagaron la pensión de
jubilación, aceptaron su retiro y ejercieron subordinación y control horario sobre
su labor.
20. Agregó que, aun cuando parte de los recursos proviniera del situado fiscal
o del sistema general de participaciones, ello no lo convertía en docente nacional
porque tales recursos, una vez incorporados a los presupuestos territoriales, eran
administrados por las entidades territoriales.
21. Finalmente, afirmó que la sentencia valoró indebidamente la prueba al
otorgar alcance concluyente a certificaciones y documentos que, a su juicio, no
precisaban de manera inequívoca el tipo de vinculación.
22. Por esa razón, manifestó que debían privilegiarse los actos administrativos
de nombramiento y posesión, así como las certificaciones expedidas por la
autoridad nominadora y que, ante las inconsistencias probatorias, debían
decretarse pruebas de oficio dirigidas al Ministerio de Educación Nacional, a la
Secretaría de Educación del departamento del Huila y del municipio de Neiva,
para establecer con certeza cuál fue la entidad nominadora, pagadora y
administradora real del vínculo docente.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 4
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 41001 23 33 000 2017 00279 02 (6382-2022)
Demandante: Orlando Barragán Perdomo
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
23. Mediante auto del 16 de febrero de 20236 se admitió el recurso de
apelación y se ordenó regresar el expediente al despacho para resolver una
solicitud probatoria.
24. La entidad demandada descorrió7 el traslado del recurso en mención y
pidió que se confirmara la sentencia de primera instancia pues la considera
ajustada a la materia objeto del litigio.
25. Posteriormente, el 3 de agosto de 20238 se negó el decreto de las pruebas
solicitadas y aportadas en segunda instancia, al no sujetarse a los presupuestos
establecidos en el artículo 212 del CPACA.
26. Finalmente, por auto del 16 de octubre de 20259, con el fin de establecer
si en el presente caso hay cosa juzgada con relación a las pretensiones de la
demanda, se ordenó requerir al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Neiva (Huila) para que allegara copia digital de la totalidad del expediente 41001
23 31 000 2002 00406 01, correspondiente a una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho incoada por el hoy demandante contra la extinta
CAJANAL EICE, cuya pretensión de reconocimiento de la pensión gracia fue
resuelta mediante la sentencia del 16 de abril de 2007.
27. En cumplimiento de lo anterior, el aludido juzgado allegó copia digital del
expediente requerido10. De este, se corrió traslado11 a las partes para que
ejercieran la correspondiente contradicción, pero estas guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
28. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
29. Se circunscribe a establecer, conforme a lo señalado en el recurso de
apelación, si el demandante tiene derecho a que la UGPP le reconozca la pensión
6 Índice 5 de SAMAI.
7 Índice 12 de SAMAI.
8 Índice 16 de SAMAI.
9 Índice 33 de SAMAI.
10 Índice 38 de SAMAI.
11 Índice 39 de SAMAI.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 5
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 41001 23 33 000 2017 00279 02 (6382-2022)
Demandante: Orlando Barragán Perdomo
gracia, en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás
normas que regulan dicha prestación.
30. No obstante, previo a resolver el problema jurídico, la Sala verificará si es
procedente analizar en esta instancia la excepción de cosa juzgada y, de resultar
posible, si se configuró dicho fenómeno por haberse proferido una sentencia con
anterioridad a este proceso dentro de una controversia entre las mismas partes,
causa y objeto.
Cuestión previa
31. Mediante auto dictado en la audiencia inicial, el magistrado ponente, en
aplicación del numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 -vigente antes
de la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021-, declaró no probada la
excepción de cosa juzgada frente al proceso judicial con radicado
41001-33-31-005-2007-00055-00, tramitado ante el Juzgado Quinto
Administrativo de Neiva, debido a que no hubo decisión de fondo sino que se
terminó por la figura de la perención del proceso regulado por el hoy derogado
artículo 148 del Decreto 01 de 1984.
32. Ese auto interlocutorio se encuentra ejecutoriada. Sin embargo, esta
Subsección12 ha sostenido que el artículo 187 del CPACA habilita la posibilidad
de que en la sentencia de segunda instancia el Consejo de Estado pueda decidir
de oficio la excepción perentoria de la cosa juzgada pese a que esta fue resuelta
de forma negativa mediante auto en la audiencia inicial, siempre que no se afecte
el principio de la non reformatio in pejus.
33. Adicionalmente, la Subsección tomará argumentos distintos a los
expuestos por el Tribunal para resolver dicha excepción, como más adelante se
explicará.
Análisis del fenómeno jurídico de la cosa juzgada
34. Sentado esto, en el presente caso procede analizar, de oficio, la excepción
de cosa juzgada frente al fallo proferido el 16 de abril de 2007 dentro de otro
proceso también promovido por el actor cuyo radicado es el 41001-23-31-000-
2002-00406-01 y fue conocido por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Neiva, como pasa a explicarse a continuación.
35. El fenómeno de cosa juzgada, de contenido sustancial, corresponde a una
excepción que doctrinariamente se ha entendido como mixta, por cuanto en su
calidad de medio de defensa no solo ataca el fondo del litigio en lo relacionado
con la inviabilidad de las pretensiones o del derecho reclamado cuando su
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 12 de junio de 2025, rad. 20001 23 33 000 2018 00035 01 (0321-2020), C.P. Juan Camilo Morales
Trujillo.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 6
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 41001 23 33 000 2017 00279 02 (6382-2022)
Demandante: Orlando Barragán Perdomo
procedencia ya ha sido analizada y juzgada, sino que también controvierte el
proceso en sí mismo desde el punto de vista formal en lo que tiene que ver con
la habilitación del juez para conocer y emitir un pronunciamiento de mérito frente
a un conflicto previamente resuelto.
36. Esta institución se deriva del principio de seguridad jurídica, con base en
el cual lo que se busca es dar certeza a las partes respecto de la firmeza y
definición permanente de sus controversias, a fin de evitar la existencia de
decisiones judiciales contradictorias en punto a unos mismos hechos y derechos
en tensión.
37. Por esa razón, la cosa juzgada garantiza la inmutabilidad y unicidad de las
providencias, en el entendido de que no podrán ser objeto de nuevas
manifestaciones o estudios judiciales pues lo resuelto deberá ser definitivo. Al
respecto, el artículo 303 del CGP regula esta figura de la siguiente forma:
Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse
sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos
procesos haya identidad jurídica de partes.
[…]
38. A su turno, esta Sección13 ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre
el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, en los siguientes términos:
[…] 15. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para
que se configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres
elementos, estos son: i) identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii)
identidad jurídica de partes. Estos elementos han sido definidos por la
jurisprudencia constitucional en los siguientes términos:
• Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se
presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido,
declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación
jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.
• Identidad de causa, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a
cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta
nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 10 de julio de 2024, radicado: 25000-23-42-000-2018-02464-01 (0245-2023), con ponencia del consejero
Carmelo Perdomo Cueter.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 7
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 41001 23 33 000 2017 00279 02 (6382-2022)
Demandante: Orlando Barragán Perdomo
• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes
e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que
constituye cosa juzgada.
[…] 17. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico
procesal de la cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la
prohibición de emitir pronunciamiento sobre aquellos asuntos que
previamente han sido objeto de una decisión judicial de fondo. […]
39. En este punto, la Sala procede a elaborar un cuadro comparativo entre el
proceso anterior, identificado con radicado 41001‑23‑31‑000‑2002‑00406‑01, y el
proceso actual, con radicado 41001‑23‑33‑000‑2017‑000279‑02, con el propósito
de verificar la identidad de partes, objeto y causa, conforme a los requisitos
establecidos en el artículo 303 del CGP:
Radicado 41001 23 31 000 2002 00406 0114 41001 23 33 000 2017 0 0279 02
(Proceso anterior) (Proceso actual)
Partes Demandante: ORLANDO Demandante ORLANDO BARRAGÁN
BARRAGÁN PERDOMO PERDOMO
Demandada: CAJANAL EICE Demandada: UGPP
El demandante solicitó que se le El demandante, por intermedio de
ordenara a la entidad accionada a apoderado judicial, solicitó que se
que le reconociera el pago de una declarara la nulidad de las
pensión gracia, de forma vitalicia, a Resoluciones 019590 del 8 de
partir del día siguiente de haber septiembre del 2000 y 003214 del 29
cumplido los 50 años de edad y 20 de junio de 2001, a través de las cuales
Objeto años de servicios en la educación, la extinta Caja Nacional de Previsión
(Pretensiones) liquidada con base a todos los Social (CAJANAL EICE) le negó el
factores salariales. reconocimiento y pago de una pensión
gracia.
Igualmente, pidió que se le
reconocieran las mesadas A título de restablecimiento del derecho
atrasadas debidamente indexadas pidió que se le ordenara a la entidad
si a ello hubiera lugar, junto con los demandada reconocerle dicha
intereses de mora, de conformidad prestación en los términos previstos en
con lo establecido en el artículo 141 la Ley 4 de 1966, con la inclusión de
de la Ley 100 de 1993. todos los factores salariales causados
en el año inmediatamente anterior al
que el accionante adquirió su estatus,
con la correspondiente indexación de la
primera mesada. Finalmente, pidió que
se condene en costas a la entidad.
El demandante expuso que nació el Como sustento de sus pretensiones, el
6 de marzo de 1950; que se vinculó actor indicó que estuvo vinculado por
a la docencia antes del 1 de enero más de 20 años como docente
de 1981 y que ha laborado durante departamental.
más de 20 años en diferentes
establecimientos de enseñanza Al respecto, explicó que prestó sus
oficial. servicios como docente departamental
entre el 9 de marzo de 1970 y el 16 de
Que adquirió su estatus pensional el marzo de 1971, en virtud del
14 Índice 38 de SAMAI.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 8
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 41001 23 33 000 2017 00279 02 (6382-2022)
Demandante: Orlando Barragán Perdomo
Causa 6 de marzo del 2000, fecha en la nombramiento efectuado a través del
(Hechos) que cumplió 50 años de edad, Decreto 122 del 4 de marzo de 1970,
acreditando el cumplimiento de por el departamento del Huila, y
todos los requisitos legales exigidos posteriormente tuvo una vinculación
en las Leyes 114 de 1913, 116 de entre el 1 de marzo de 1971 hasta el 7
1928 y 37 de 1933. de marzo de 2015, en atención a la
Resolución 1767 del 6 de mayo de
Que el 15 de marzo del 2000 radicó 1971, emitida por el Ministerio de
solicitud ante la entidad Educación Nacional.
demandada, con el fin de obtener el
reconocimiento de la mencionada Sobre el último vínculo, expuso que, si
prestación periódica, pero esta le bien fue realizado por el Ministerio de
fue negada a través de la Educación, eso por sí solo no define la
Resolución 003214 del 29 de junio naturaleza del nombramiento, puesto
de 2001. que la posesión y los posteriores
traslados fueron suscritos por el alcalde
del municipio de Garzón (Huila).
Además, el pago de sus salarios y
prestaciones se financiaron con
recursos del Situado Fiscal, los cuales
deben considerarse como recursos
propios de los entes territoriales, según
la sentencia del 2 de junio de 2016 de
esta Sección . Asimismo, fue la
Secretaría de Educación del municipio
de Neiva la que le aceptó su renuncia.
Por lo tanto, manifestó que el 15 de
marzo del 2000 radicó ante CAJANAL
EICE solicitud de reconocimiento de la
pensión gracia, la cual le fue negada
mediante los actos administrativos
acusados, bajo el argumento de que no
cumplía con el requisito de haber
laborado durante 20 años como
docente del orden departamental,
municipal o distrital.
40. Es pertinente aclarar que la demanda radicada en el proceso 41001 23 31
000 2002 00406 01 fue presentada inicialmente ante la jurisdicción ordinaria
laboral y correspondió por reparto al Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá,
que la rechazó y la remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca por
competencia.
41. Posteriormente, dicha corporación judicial estimó que, por el factor
territorial, el proceso correspondía al Tribunal Administrativo del Huila, el cual
inadmitió la demanda para que se ajustara a los presupuestos procesales propios
de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. A pesar de que la parte actora
no la subsanó, la demanda fue admitida en virtud del derecho de acceso a la
administración de justicia. Posteriormente, fue remitida al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Neiva que profirió sentencia el 16 de abril de 2007.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 41001 23 33 000 2017 00279 02 (6382-2022)
Demandante: Orlando Barragán Perdomo
42. En el citado fallo, el despacho judicial en mención negó las pretensiones
incoadas. Para tal efecto, y aunque en la demanda ordinaria inicial no se
indicaron los actos administrativos enjuiciados, el a quo estimó que en ese
proceso eran objeto de juicio las Resoluciones 019590 del 8 de septiembre de
2000 y 003214 del 29 de junio de 2001, ambas expedidas por CAJANAL EICE.
43. Ahora bien, el fundamento principal de esa sentencia consistió en que el
actor no tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia por cuanto, aunque
se acreditó que prestó sus servicios como docente de primaria en una institución
educativa del orden departamental durante el lapso comprendido entre el 9 de
marzo de 1970 y el 15 de marzo de 1971, también quedó probado en el
expediente que los servicios prestados entre el 1 de mayo de 1971 y el 2 de
marzo de 2000 lo fueron en la institución educativa del orden nacional Colegio
Nacional Santa Librada, tiempo que no es computable para efectos del
reconocimiento de dicha prestación.
44. Sobre el particular, es oportuno indicar que la decisión a la que se ha
hecho referencia adquirió firmeza toda vez que no fue objeto de recurso de
apelación, razón por la cual se encuentra debidamente ejecutoriada.
45. Con base en lo expuesto, la Sala encuentra que entre el proceso
anteriormente resuelto y el presente existe identidad de partes, pues en ambos
comparecieron el señor Orlando Barragán Perdomo, la extinta CAJANAL EICE y
la UGPP, esta última en calidad de sucesora procesal de la referida caja de
previsión en los términos del artículo 22 del precitado Decreto 2196 de 2009,
modificado por el artículo 2 del Decreto 2040 de 2011.
46. Además, ambos procesos comparten idéntico objeto pues, si bien en el
primero no se indicaron expresamente cuáles eran los actos administrativos
acusados, tanto en el trámite adelantado ante el Juzgado Cuarto Administrativo
de Neiva como en la presente demanda se cuestionó la legalidad de las
Resoluciones 019590 del 8 de septiembre de 2000 y 003214 del 29 de junio de
2001 proferidas por CAJANAL EICE.
47. En cuanto a la identidad de causa, se advierte que, pese a que en ambos
procesos existe una diferencia en la redacción de los hechos, lo cierto es que en
los dos se controvierte la naturaleza de las vinculaciones que el demandante
mantuvo durante los periodos comprendidos entre el 9 de marzo de 1970 y el 15
de marzo de 1971, así como la originada a partir del nombramiento efectuado el
1 de mayo de 1971, la cual fue determinada como de carácter nacional.
48. En consecuencia, está debidamente probado que en el sub lite concurren
los elementos que configuran el fenómeno de cosa juzgada, lo cual conlleva a
revocar la sentencia de primera instancia, pero por las razones aquí expuestas.
49. Establecido lo anterior y de conformidad con el inciso tercero del artículo
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 41001 23 33 000 2017 00279 02 (6382-2022)
Demandante: Orlando Barragán Perdomo
282 del CGP15 y 187 del CPACA, la Sala declarará probada de oficio la excepción
de cosa juzgada y se abstendrá de examinar los cargos de apelación formulados
por la parte demandante habida cuenta de que dicha excepción comporta la
imposibilidad de un nuevo estudio de fondo sobre el asunto ya decidido.
Condena en costas
50. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
51. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la condena en costas recaerá sobre la parte vencida en el proceso.
52. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
53. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Huila.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 16 de agosto de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, por las razones expuestas en esta providencia.
15 Ley 1564 de 2012, artículo 282: «[…] Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar
todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. En este caso si el
superior considera infundada aquella excepción resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya
apelado de la sentencia.». Norma aplicable a esta jurisdicción en virtud de la remisión normativa
contemplada en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 11
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 41001 23 33 000 2017 00279 02 (6382-2022)
Demandante: Orlando Barragán Perdomo
SEGUNDO. DECLARAR PROBADA DE OFICIO la excepción de cosa juzgada
entre el proceso de la referencia y el resuelto en la sentencia del 16 de abril de
2007 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva (Huila) dentro del
expediente con radicado 41001‑23‑31‑000‑2002‑00406‑01.
TERCERO. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia.
Las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Huila.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 12
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.