Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2017-00283-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2017-00283-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2017-00283-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2017-00283-01 (1036-2021)
Demandantes: Diego Vivas Tafur
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
Temas: Acto de retiro. Concurso de méritos.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo
del Huila, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, Diego Vivas Tafur presentó demanda en orden a que
se decida sobre lo siguiente:
• Inaplicar las resoluciones 040 del 20 de enero de 2015, por medio de la cual se
convocó a concurso de méritos para proveer los cargos de procuradores judiciales
I y II, y 348 del 8 de julio de 2016, que publicó la lista de elegibles para el empleo
1 Folios 16 a 57.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 41001-23-33-000-2017-00283-01 (1036-2021)
Demandante: Diego Vivas Tafur
de procurador judicial II, código 3PJ, grado EG, para asuntos ambientales y
agrarios.
• Declarar la nulidad del Decreto 3213 del 8 de agosto de 2016 que dispuso su
desvinculación de la entidad del cargo mencionado.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) su reintegro al cargo de procurador 11 judicial II para asuntos
ambientales y agrarios de Neiva; ii) el pago de los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir desde el 3 de septiembre de 2016, fecha de retiro, en forma
indexada, hasta la fecha en que se profiera la sentencia, así como los perjuicios
de orden moral en su favor y en el de su hijo Diego Tafur Almeida tasados en 100
s.m.m.l.v. para cada uno y; iii) condenar a la demandada al pago de las costas y
agencias en derecho.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
• Diego Vivas Tafur se desempeñó como procurador 11 judicial II agrario de Neiva.
• La Procuraduría General de la Nación expidió el 20 de enero de 2015 la
Resolución 040 y a través de ella convocó y reglamentó el concurso público de
méritos para proveer 744 cargos de procurador judicial I y II.
• El 20 de abril de 2015 se publicó la lista de admitidos y no admitidos al
concurso de méritos. El 13 de septiembre del mismo año se realizó la prueba
escrita y comportamental y los resultados se publicaron el 7 de octubre y el 4
de noviembre de 2015.
• En el interregno, entre las pruebas y la publicación de los resultados, se
presentaron las quejas SIAF394606-2015, 402757-2015,413341-2015,
433264-2015 y 433264-2015, en las que se informó acerca de varias
irregularidades del concurso, tales como la violación del protocolo de seguridad
y cadena de custodia de los cuadernillos de preguntas en las ciudades de Cali,
Pasto y Pereira, su comercialización y anomalías en puntajes de 100 puntos
obtenidos por algunos participantes.
• La Procuraduría General de la Nación mediante la Resolución 1440 del 18 de
diciembre de 2016 resolvió las quejas presentadas y las desestimó, al
considerar que no se probó lo alegado. El 24 de febrero de 2016 publicó los
resultados de los análisis de antecedentes y el 8 y 11 de julio de 2016, las
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Demandante: Diego Vivas Tafur
resoluciones 337 a 349 que contenían la lista de elegibles para las
convocatorias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 15 de 2015.
• A través de las resoluciones 358 del 12 de julio, 410 del 31 de agosto, 428 del
6 de septiembre, 453 del 3 de octubre y 711 del 31 de octubre, todas de 2016,
modificó la lista de elegibles en cumplimiento de diversas sentencias judiciales
derivadas de acciones de tutela interpuestas por los participantes del concurso.
• El 8 de agosto de 2016, la Procuraduría General de la Nación expidió el
Decreto 3213 mediante el cual adoptó la lista de elegibles publicada en la
Resolución 348 de igual anualidad y designó a Jhon Fisher Muñoz Camacho
en el empleo ocupado por el demandante y dispuso su desvinculación, pese a
que tenía la calidad de prepensionado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 4, 13, 113, 125 inciso 3, 152, 279 y 280 de
la Constitución Política; 194 y 203 del Decreto Ley 262 de 2000; 20 del Decreto
263 de 2000; 4 y 7 del Decreto 264 de 2000; 14 del Decreto 2772 de 2005; 229 del
Decreto 19 de 2012; la Resolución 253 del 9 de agosto de 2012 y la sentencia C-
101 de 2013.
En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos3:
• Los procuradores judiciales I y II deben tener las mismas condiciones y
calidades de los jueces y magistrados ante quienes desempeñan sus
funciones, según lo dispone el artículo 280 de la Constitución Política. Por
tanto, el concurso de méritos para vincularlos debe ser igual al de estos, pues
colaboran directamente con la administración de justicia y deben contar con
similares capacidades y formación. Si bien los procuradores judiciales I y II
dependen jerárquicamente del Procurador General de la Nación, ello no implica
que sus cualidades profesionales deban ser inferiores a las de los jueces.
De igual modo, estos no pueden ser comparados con otros procuradores, en la
medida en que son de carrera y cumplen sus funciones en la Rama Judicial,
por lo que requieren un régimen particular de carrera administrativa. En tal
sentido, no les es aplicable el Decreto ley 262 de 2000, porque se enfoca en
perfiles distintos y no reguló el curso de formación judicial que es obligatorio
para los jueces y magistrados y, por ende, debe incluirse en el concurso de
3 Folios 26 a 72.
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Demandante: Diego Vivas Tafur
tales servidores públicos, lo que no se hizo en la Resolución 040 del 20 de
enero de 2015.
• La expedición de la resolución mencionada vulneró el principio de reserva de
ley y, por ende, es nula por vulnerar las normas en que debía fundarse. Ello,
puesto que los artículos 125 y 279 de la Constitución Política disponen que la
regulación del régimen de carrera administrativa de la Procuraduría General de
la Nación corresponde al legislador. Por tal razón, el procurador general no
podía reglamentar sus aspectos esenciales, tales como las homologaciones o
equivalencias, la divulgación del concurso de méritos o la elaboración del
«Acuerdo de inscripción» y las reglas de evaluación y calificación (citó la
sentencia C-878 de 2008 que se refirió a la reglamentación del concurso de la
Fiscalía General de la Nación).
El Decreto Ley 262 de 2000 solo facultó a dicho funcionario a reglar el
concurso de méritos de los procuradores con funciones administrativas, pero
no el relacionado con los procuradores judiciales I y II, pues este último, una
vez que se profirió la sentencia C-101 de 2013, debe ser reglado por la ley y
contener iguales exigencias y derechos que el realizado para los jueces y
magistrados.
• La entidad, al proferir la Resolución 040 de 2015, desconoció la reserva de ley
estatutaria y actuó sin competencia. Es así, por cuanto el artículo 152, literales
a y b, de la Constitución Política dispuso que los temas relacionados con la
administración de justicia deben ser reglamentados a través de ese tipo de
leyes por el Congreso de la República. Tal proceder aplicaba en el concurso de
los procuradores I y II, al ser estos equivalentes a los cargos de los jueces y
desempeñar funciones jurisdiccionales.
• La Resolución 040 de 2015 vulneró el mandato del artículo 20 del Decreto 263
de 2000, toda vez que no incluyó las equivalencias de experiencia y títulos de
posgrados que aplican para los empleos del nivel profesional. Al ser así,
también están viciados de nulidad los demás actos administrativos que de ella
se derivaron y, específicamente, el que decidió la desvinculación del
demandante.
• La resolución aludida y, por ende, los demás actos administrativos a los que
les dio origen, transgredieron el contenido de los artículos 14 del Decreto 2772
de 2005 y 229 del Decreto 19 de 2012, al fijar como requisito que la
experiencia profesional que debía computarse era la obtenida después del
grado, cuando las normas citadas indican que esta se cuenta desde la
terminación y aprobación de todas las materias.
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Demandante: Diego Vivas Tafur
• La resolución a la que se ha hecho referencia al regular que solo se tendrían
como válidos los libros aportados en físico contravino la Ley 527 de 1999 y el
artículo 165 del Código General del Proceso, normas que dan plena validez y
eficacia probatoria a los mensajes de datos y a los documentos electrónicos.
Así las cosas, no existe justificación jurídica para dejar de aceptar los libros
presentados en estos formatos.
• El acto de desvinculación vulneró las normas en que debía fundarse, artículos
13, 42, 43, 44 y 46 de la Constitución Política, pues desconoció la condición de
prepensionado del demandante a quien, por tal razón, lo protegía una
estabilidad laboral reforzada que obligaba su reubicación en un cargo de igual
o superior jerarquía.
• El Decreto 3213 de 2016 no fue notificado personalmente, pese a que su
contenido es particular y concreto. En consecuencia, se infringió lo reglado en
los artículos 67, 68 y 69 del CPACA.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. Procuraduría General de la Nación
La entidad contestó la demanda4 y se opuso a las pretensiones con fundamento
en las siguientes razones:
• Con la expedición de la Resolución 040 de 2015 se dio cumplimiento a la
sentencia C-101 de 2013, en la que la Corte Constitucional ordenó convocar a
concurso público de méritos a todos los cargos de procurador judicial. Para ello se
expidieron las respectivas convocatorias con la cuales ofertaron 427 cargos de
procuradores judiciales II y 317 I.
• El régimen de carrera administrativa de los procuradores judiciales no es igual al
de los jueces y magistrados, puesto que es el regulado en el Decreto Ley 262 de
2000. Así lo definió también la Corte Constitucional en la sentencia citada y en el
auto del 6 de noviembre de 2013, en el que aclaró que la igualdad entre estos
servidores se predica solo en lo que se refiere al derecho a ingresar al servicio a
través de un concurso público de méritos. Además, la Ley 270 de 1996 rige
específicamente para la Rama Judicial y no puede hacerse extensiva al organismo
de control.
4 Folios 84 a 105.
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Demandante: Diego Vivas Tafur
• El curso-concurso no está incluido en el Decreto Ley 262 de 2000 como una de
las etapas que deba surtirse en el concurso de méritos para acceder al cargo de
procurador judicial, en consecuencia, no era aplicable en este caso. La Resolución
040 de 2015 cumplió con lo prescrito en dicha norma al incluir todas las etapas
que prevé y no podía adelantar el curso al no ser parte del régimen de carrera y,
además, porque la orden judicial solo otorgaba un año para realizar el proceso de
selección y la entidad no hace parte de la Rama Judicial.
• De aceptarse que era necesario agotar la etapa del curso-concurso para
seleccionar los procuradores judiciales, no debe pasarse por alto que esta no es la
única forma de hacer ese proceso, pues el Decreto Ley 262 de 2000 establece
etapas más rigurosas que las aplicables a otros concursos de méritos.
• No es necesario que el régimen de carrera administrativa de los procuradores
aludidos se regule en una ley ordinaria o en una ley estatutaria, dado que la Corte
Constitucional en la sentencia C-101 de 2013 fue clara en afirmar que el aplicable
es el del Decreto Ley 262 de 2000. De igual manera, porque el decreto otorgó
facultades al procurador general de la Nación para que fijara las etapas y el
proceso de calificación dentro del trámite concursal.
• De conformidad con el artículo 20 del Decreto Ley 263 de 2000, el jefe del
Ministerio Público está en la libertad de determinar o no equivalencias en el
concurso de méritos y no es una obligación. Por tal razón, en la Resolución 040 de
2015 no se estableció tal posibilidad sin que ello implicara un vicio en su legalidad.
A ello se suma que los requisitos mínimos para ser juez o magistrado, exigibles a
los procuradores judiciales por mandato del artículo 280 constitucional, tampoco
admiten equivalencias, por lo que quien concurse para ocupar esos cargos debe
cumplir las exigencias establecidas de manera obligatoria sin que puedan
disminuirse o reemplazarse. Este argumento también desvirtúa lo alegado en la
demanda, según lo cual, el cómputo de la experiencia profesional se debe hacer
desde la terminación de materias como lo dispone los Decretos 19 de 2002 y el
2272 de 2005, puesto que la norma constitucional impone el cumplimiento íntegro
de los mismos requisitos de experiencia regulados en el artículo 128 de la Ley 270
de 1996 que deben acatar los primeros funcionarios mencionados.
• La Resolución 040 de 2015 no reguló lo relacionado con la calificación de
desempeño de los procuradores y solo se limitó a indicar que luego de la etapa de
selección existirá un periodo de prueba, lo cual es concordante con lo regulado en
el Decreto ley 262 de 2000.
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Demandante: Diego Vivas Tafur
• Por disposición del artículo 205 del decreto aludido, el procurador general sí
puede definir las políticas para elaborar y calificar las pruebas de selección.
• Aunque el CPACA autoriza los documentos electrónicos, el Decreto Ley 262 de
2000 previó la necesidad de que los libros se presenten en medio físico. Esta
norma debe prevalecer, puesto que regula de forma específica el concurso público
de méritos.
• El demandante no es prepensionado, puesto que, de acuerdo con lo expuesto en
la demanda, su Fondo de Pensiones (Porvenir) le propuso una liquidación
pensional en cuantía de $1.390.000 mensuales al cumplir los 62 años. Por tanto,
ya tiene la calidad de pensionado y no le asiste derecho a la estabilidad reforzada.
Lo que el demandante pretende es quedarse en el empleo para mejorar su
mesada pensional, pero esta situación riñe con el derecho de quienes están en la
lista de elegibles.
• La falta de notificación del acto de desvinculación no es una causal de nulidad de
acuerdo con lo regulado en el artículo 37 del CPACA.
1.2.2. Jhon Fisher Muñoz Camacho
Jhon Fisher Muñoz Camacho contestó la demanda5 y se opuso a las pretensiones
para lo cual manifestó los siguientes argumentos:
• En la demanda no se distingue de manera correcta el acto administrativo
demandado, puesto que en las pretensiones se solicita la nulidad del Decreto
3213 de 2016 y en el concepto de violación se menciona el 341. De igual manera,
las razones esbozadas en el concepto de violación solo se dirigen a atacar la
legalidad de la Resolución 040 de 2015 y nada se dice sobre los decretos.
• El sistema de carrera administrativa aplicable a los procuradores judiciales I y II
es el reglado en el Decreto ley 262 de 2000 y así lo definió la Corte Constitucional
en la sentencia C-101 de 2013 y en el Auto del 6 de noviembre de igual año. En
ese orden, no es aplicable la Ley 270 de 1996, ya que esta solo rige a los
empleados de la Rama Judicial. Además, el decreto regló en su artículo 194
etapas más rigurosas dentro del proceso de selección que las de la ley que fueron
acatadas por la Resolución 040 de 2015.
Por lo anterior, tampoco es exigible la realización del curso concurso que
prescribió la ley aludida para los funcionarios de la Rama Judicial, pues no es una
5 Folios 123 a 152.
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Demandante: Diego Vivas Tafur
fase que ordene al decreto aplicable y en el tiempo que otorgó la sentencia C-101
de 2013 no era factible hacerlo so pena de dilatar el cumplimento de la orden
judicial. Así mismo, para el ingreso definitivo a la carrera administrativa de la
entidad demandada el Decreto ley 262 de 2000 solo exige superar el periodo de
prueba reglado en su artículo 160.
• El procurador general de la Nación, por mandato de los artículos 275 de la
Constitución Política, 7, numeral 45, 203 y 205 del Decreto ley 262 de 2000, está
facultado para fijar los parámetros de evaluación y calificación de las pruebas
dentro del concurso de méritos.
• Por virtud del artículo 20 del decreto mencionado, el procurador general está
facultado para fijar equivalencias dentro del proceso de selección sin que sea
obligatorio establecerlas, lo cual debe hacer en consonancia con el manual de
funciones de la entidad fijado en la Resolución 413 de 2014 que no las regló. Ello
también respeta el mandato del artículo 280 de la Constitución Política que ordena
que los procuradores judiciales deben cumplir iguales requisitos que los jueces y
magistrados, por lo que no pueden disminuirse o cambiarse al regular el concurso
de méritos. Este argumento también desvirtúa que la experiencia exigida y el
modo de computarse pudieran ser diferentes de la de los funcionarios judiciales.
• La entidad demandada no reguló, en la Resolución 040 de 2015, la calificación
de desempeño de los procuradores. En su texto solo reglamentó el periodo de
prueba, de acuerdo con lo regulado en el artículo 224 y siguientes del Decreto ley
262 de 2000.
• La estabilidad laboral reforzada para prepensionados solo aplica para los
afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pues son estos los
que deben cumplir los requisitos de semanas cotizadas y edad para obtener la
pensión. Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en cambio,
no deben cumplir la segunda condición, por lo que al no tenerse una certeza de la
edad no puede considerarse en tal categoría, como es el caso del demandante.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Huila en sentencia del 11 de septiembre de 20206,
denegó las pretensiones de la demanda.
Para tal efecto, se pronunció en estos términos7:
6 Folios 712 a 732.
7 Folios 722 a 732.
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Demandante: Diego Vivas Tafur
• La Corte Constitucional en la sentencia C-101 de 2013 ordenó adelantar el
concurso de méritos para proveer los cargos de procuradores judiciales. Por tal
razón, se expidió la Resolución 040 de 2015 que desarrolló las etapas del proceso
de selección previstas en el artículo 194 del Decreto 262 de 2000, régimen de
carrera administrativa aplicable a tales servidores públicos. Dentro de las fases
aludidas no se reguló el curso concurso, al ser propio de los funcionarios de la
Rama Judicial.
• Por mandato de los artículos 279 y 280 de la Constitución Política es la ley la que
debe regular el concurso de méritos de la Procuraduría General de la Nación y, en
tal virtud, se expidió el Decreto Ley 262 de 2000 norma que sustentó, junto con la
orden dada en la sentencia C-101 de 2013, la expedición de la Resolución 040 de
2015 la cual aún mantiene su presunción de legalidad.
• Los artículos 275 de la Constitución Política y 7, numeral 45, 20 y 205 del
Decreto ley 262 de 2000 facultan al procurador general de la Nación para
administrar y direccionar la carrera administrativa de la entidad y, por ende, a fijar
los instrumentos y parámetros de puntuación, así como las equivalencias dentro
del proceso de selección.
• Los empleados públicos nombrados en provisionalidad gozan de una estabilidad
laboral relativa y su desvinculación procede cuando existe una lista de elegibles
vigente. En el evento en que el servidor público sea de especial protección,
aunque prevalece el mérito de quien ganó el concurso para ocupar el empleo, la
entidad debe procurar mantenerlo vinculado siempre que sea posible.
En el presente caso, se ofertaron 302 empleos y superaron el concurso de méritos
427 personas, por lo que no era posible mantener en el cargo al demandante, en
razón a que prevalece el derecho de estos últimos a ser nombrados sobre su
permanencia en el empleo. Esta actuación de la entidad es permitida, ya que era
su obligación designar a quien estuviera en la lista de elegibles.
1.4. El recurso de apelación
Diego Vivas Tafur interpuso recurso de apelación8 y expuso como argumentos
para la revocatoria de la sentencia los siguientes:
• Cuando se produjo su desvinculación tenía la calidad de prepensionado, por lo
8 SAMAÍ. índice 8. Expediente Hibrido.
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Demandante: Diego Vivas Tafur
que no podía ser retirado del servicio por ser sujeto de especial protección
constitucional con estabilidad laboral reforzada, al hacerse se vulneró los artículos
13, 42, 43, 44 y 46 Constitucionales y, por tanto, el acto demandado desconoció
las normas en que debía fundarse. Ello, puesto que ante la tensión entre los
principios constitucionales de mérito y la protección de un grupo social vulnerable
se debe proteger al tiempo al ganador del concurso de méritos y al prepensionado
y, en esa medida, solo procedía la desvinculación cuando se hubiesen provisto
otros cargos distintos del suyo.
• La Resolución 040 de 2016 y los actos administrativos que de ella se derivaron,
en específico el Decreto 3213 de 2016, se expidieron con vulneración de las
normas en que debían fundarse. Es así, porque los artículos 125 y 279 de la
Constitución Política ordenaron que era el legislador quien debía definir el régimen
de carrera administrativa de los servidores de la Procuraduría General de la
Nación. En esas condiciones, no podía el jefe de la entidad regular aspectos
esenciales del concurso de méritos, pues era una materia con reserva de ley.
• La Procuraduría General de la Nación no tenía facultades para «mutar la
naturaleza de las funciones de cargos que fueron creados por el presidente de la
República mediante decreto especial». Al respecto, citó jurisprudencia que explica
que la carrera administrativa es un principio constitucional y que la convocatoria es
la regla de los concursos de méritos. Explicó que la procuraduría al ofertar todos
los empleos de los procuradores obvió sus específicas funciones como si cada
uno no tuviese independencia.
• El a quo debió pronunciarse sobre la pretensión de inaplicación de la Resolución
040 de 2016 y no desligarse de esta obligación bajo el argumento de que estaba
demandada en nulidad en el Consejo de Estado. Lo anterior, porque el artículo
148 del CPACA permite que se solicite la inaplicación de normas con efectos
interpartes. Para este análisis, el tribunal debió examinar que el concurso no era
igual al que se exige para vincular a jueces y magistrados y, además, que no fue
reglado mediante una ley.
• El tribunal no se pronunció sobre el cargo alusivo a que el procurador general de
la Nación carecía de competencia para reglamentar el cómputo de la experiencia
profesional, las homologaciones, los puntajes a los doctorados o las reglas de
calificación, pues tales asuntos tienen reserva de ley.
• El Decreto 3213 de 2016 produjo resultados jurídicos particulares y concretos y
no fue notificado en los términos que lo ordenan los artículos 67, 68, 69 y 72 del
CPACA. Esta inobservancia afecta su validez y, a la vez, impide que produzca sus
efectos, luego le es inoponible. La entidad se limitó a enviar a su correo
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Radicado: 41001-23-33-000-2017-00283-01 (1036-2021)
Demandante: Diego Vivas Tafur
electrónico una comunicación en la que le informó sobre la expedición del acto
administrativo de retiro; empero, no adjuntó su copia y tampoco la información
sobre la procedencia de los recursos. Además, desconoció que no aceptó ser
notificado de esta manera, por lo que trasgredió el primer artículo citado.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
1.5.1. Parte demandante
Diego Vivas Tafur reiteró todos los argumentos expuestos en el recurso de
apelación sin agregar otros adicionales9.
1.5.2. Parte demandada
Ni la entidad ni Jhon Fisher Muñoz Camacho se pronunciaron10.
1.6. El Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:
• ¿El procurador general de la Nación estaba facultado para expedir la Resolución
040 de 201611 y, en virtud de ello, regular el proceso de selección y fijar las reglas
de calificación, homologación y experiencia o dichos aspectos solo los podía reglar
la ley y, por tanto, debe ser inaplicada y anulados los actos que de ella se
derivaron?
• ¿Diego Vivas Tafur tenía la calidad de prepensionado, gozaba de estabilidad
laboral reforzada y, en consecuencia, no podría disponerse su retiro del servicio?
• ¿El Decreto 3213 de 2016, por medio del cual se nombró en propiedad a Jhon
Fisher Muñoz Camacho y se dispuso la desvinculación de Diego Vivas Tafur,
9 SAMAÍ, índices 34, 35 y 36.
10 Constancia secretarial. SAMAÍ, índice 38.
11 «Por medio de la cual se da apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de selección
para proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales de la entidad».
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Radicado: 41001-23-33-000-2017-00283-01 (1036-2021)
Demandante: Diego Vivas Tafur
debió ser notificado de manera personal a este último para ser considerado válido
y eficaz?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Régimen de carrera administrativa de la Procuraduría General de la
Nación. Facultades del procurador general para convocar y reglamentar los
concursos de méritos de la entidad
La Constitución Política en su artículo 113 prescribió que además de los órganos
que forman parte de las tres ramas del poder público «[…] existen otros, autónomos
e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado». Dentro de
estos se encuentra la Procuraduría General de la Nación, pues por voluntad del
constituyente dejó de formar parte de la Rama Ejecutiva y se ubicó dentro de la
estructura del estado en la categoría de órgano autónomo e independiente12, lo
que se evidencia, por ejemplo, con la forma de elección del procurador general de
la Nación independiente de la administración central13 y con la calidad de jefe
supremo del Ministerio Público que le otorgó el artículo 275 ibidem.
En razón de lo anterior, y por virtud del artículo 279 ejusdem que ordena al
legislador regular, entre otras materias, «[…] lo atinente al ingreso y concurso de
méritos y al retiro del servicio […]» y a que la Ley 909 de 200414 la excluyó de su
aplicación, tal entidad cuenta con un régimen propio de carrera administrativa
reglado en el Decreto Ley 262 de 2000.
Lo regulado en dicha norma acata la orden del artículo constitucional citado,
puesto que fue expedida por el presidente de la República en ejercicio de las
facultades otorgadas por el Congreso de la República a través del artículo 1,
numeral 4, de la Ley 573 de 200015. A su vez, esta ley la profirió el órgano
legislativo en virtud de la competencia atribuida por el artículo 150, numeral 10 de
la Constitución Política que prevé la expedición de leyes ordinarias de concesión
de facultades extraordinarias al presidente de la República para que expida
«normas con fuerza de ley», jerarquía que tiene el Decreto Ley 262 de 2000.
12 Sentencia C-078 de 1999.
13 Por mandato del artículo 276 debe elegirlo el Senado de la República de terna integrada por
candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
14 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones». En su artículo 3 numeral 2 dispuso: «Las
disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de
presentarse vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras
especiales […]».
15 Esta norma facultó al presidente de la República, entre otros temas, para «[…] modificar su
régimen de carrera administrativa […]».
12
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Demandante: Diego Vivas Tafur
En ese sentido se pronunció esta sección en el proceso de simple nulidad
interpuesto contra la Resolución 040 de 2016 de 2016, en el que se examinaron
las competencias del procurador general de la Nación para reglamentar el
concurso de méritos para la provisión de los cargos de procuradores judiciales II y
I. Al respecto, consideró que «[…] la ley que regula esa materia no es otra distinta al
Decreto Ley 262 de 2000, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las
precisas facultades extraordinarias conferidas por el Congreso mediante la Ley 573 de
2000, para modificar tanto la estructura de la Procuraduría General de la Nación como su
régimen de carrera administrativa. En tal sentido, esa y no otra es la ley previa aplicable
en cuyo articulado se regulan todos los asuntos mencionados en el problema jurídico»16.
Y añadió que el decreto «[…] es una ley en sentido material».
La Sala expuso que el acto administrativo no se expidió para regular «todos» los
concursos públicos de la Procuraduría General de la Nación, sino solo los que
ordenó la sentencia C-101 de 2013 que dispuso la convocatoria de este para la
provisión de los empleos de procuradores judiciales y que, por tanto, dio
cumplimiento a esta. Agregó que el artículo 7, numeral 40,17 del Decreto Ley 262
de 2000, le dio la potestad al procurador general de la Nación para definir el
sistema de calificación y para «[…] adoptar los instrumentos necesarios para el
cumplimiento de los fines de cada una de las etapas del proceso de selección […]»18 y,
en general, para «[…] definir las condiciones de las convocatorias para los concursos de
méritos y suscribirlas».
Dicho lo anterior, concluyó que era innecesario la expedición de una nueva ley de
carrera para ser aplicada a los concursos públicos de mérito dirigidos a la
provisión de los cargos de procurador judicial, pues está vigente el Decreto Ley
262 de 2000, con fuerza de ley, en el que el legislador, en sus artículos 197 y 198,
determinó «[…] los aspectos básicos y esenciales de los concursos de la carrera que
deba adelantar la Procuraduría, incluyendo los asuntos referidos a la convocatoria y la
inscripción. En últimas, el Procurador General de la Nación no hizo nada distinto a
instrumentalizar el desarrollo de las 14 convocatorias mencionadas en el concurso, sin
que sea válido entender que con ello haya usurpado las funciones propias del legislador
[…]»19.
Bajo estos parámetros, el Decreto Ley 262 de 2000 es el régimen de carrera
administrativa de la Procuraduría General de la Nación vigente, ya que al
expedirse por el presidente de la República en ejercicio de las facultades
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 30 de julio de 2021, radicación: 11001-03-
25-000-2015-00366-00(0740-15), demandante: Héctor Alfonso Carvajal Londoño y otros.
17 La sentencia indica el numeral 45, pero en realidad es el 40.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
13
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Demandante: Diego Vivas Tafur
otorgadas por la Ley 573 de 2000 se acató el mandato del artículo 279
Constitucional, máxime cuando desarrolló los aspectos esenciales para adelantar
los procesos de selección de los servidores públicos de tal entidad. En efecto, en
los artículos 7, numeral 45, 82, 88, 97, inciso 2, 99, numeral 2, 158, numeral 1,
159, 164, 170, 182, numerales 1 y 2, y el Título XIV (artículos 183 a 250) se
establecieron las competencias y las reglas que se deben seguir para efectos de
la convocatoria a tales procesos de selección.
Así, respecto del concurso de méritos regló, en el artículo 194, sus fases, entre las
que se incluyó: la convocatoria; el reclutamiento; la aplicación de pruebas e
instrumentos de selección; la conformación de lista de elegibles; el periodo de
prueba y su calificación. En los artículos siguientes fijó las pautas para desarrollar
cada una de las etapas. De este modo, definió el contenido de la convocatoria, los
tiempos para el reclutamiento, la finalidad y conformación y forma de validación de
las pruebas, los recursos contra los resultados y facultó al procurador general para
que «adoptará los instrumentos y parámetros de puntuación de los factores valorados en
el análisis de antecedentes»20.
De igual manera, en el numeral 40 de su artículo 7 señaló que al procurador
general de la Nación le compete «[e]jercer la suprema dirección y administración del
sistema de carrera de la entidad» y que en ejercicio de esta función puede realizar,
entre muchas, las siguientes actuaciones:
«a. Definir las políticas para la elaboración y aplicación de las pruebas que se utilizarán
en los concursos y determinar los parámetros para su calificación.
b. Adoptar los instrumentos necesarios para el cumplimiento de los fines de cada una
de las etapas del proceso de selección.
[…]
d. Definir las condiciones de las convocatorias para los concursos de méritos y
suscribirlas […]»
De esta manera, el procurador general de la Nación tiene la potestad no solo de
fijar las políticas para el proceso de selección, sino también de reglar los
instrumentos para cumplir cada etapa del concurso de méritos, los parámetros de
calificación y los requisitos de las convocatorias. La habilitación deriva del decreto
con fuerza material de ley, norma que fija las pautas generales a la que debe
sujetarse tal funcionario para regular esos aspectos.
20 Artículo 205.
14
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Demandante: Diego Vivas Tafur
Dicho lo anterior, conviene precisar que la existencia del régimen de carrera
administrativa previsto en el decreto aludido descarta la posibilidad de que para el
ingreso al servicio público de los empleados de la Procuraduría General de la
Nación sean aplicables normas de otros regímenes, salvo el común, en caso de
que contenga algún vacío, pues de este modo lo dispuso en el artículo 3, numeral
2, de la Ley 909 de 2004 al prever que « [l]as disposiciones contenidas en esta ley se
aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la
normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras especiales […]».
Lo anterior es concordante con lo considerado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-101 de 2013, en la que declaró inexequible la expresión «Procurador
Judicial» del numeral 2 del artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, que
clasificaba tales cargos como de libre nombramiento y remoción y ordenó la
celebración del concurso de méritos para su vinculación, en cuyo cumplimiento fue
proferida la Resolución 040 de 2015 que lo convocó y regló. En tal ocasión, la
corporación manifestó que la entidad cuenta con su propio régimen previsto en
ese decreto y, por tanto, que no le es aplicable el de la Ley 270 de 1996 que rige
para los funcionarios de la Rama Judicial. Lo que reiteró en el auto 255 de 2013
que resolvió la nulidad propuesta contra la sentencia.
2.2.2. La estabilidad laboral reforzada de los prepensionados que ocupan
cargos en provisionalidad frente a la realización de un concurso de méritos
El artículo 46 de la Constitución Política dispone que el Estado, la sociedad y la
familia «concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera
edad». A su vez, en su artículo 48 ibidem, reguló que la seguridad social es un
derecho irrenunciable que debe ser garantizado por aquel. Así mismo, en su
artículo 53 dispuso que el trabajo es un derecho fundamental respecto del cual se
debe proteger, entre otros aspectos, su estabilidad, entendida como la garantía de
permanecer en su empleo salvo una justa causa de retiro21.
Por virtud de lo anterior, se ha considerado que a los prepensionados se les debe
asegurar en el mayor grado posible este último beneficio, en la medida en que al
retirarlos del servicio se pueden afectar sus derechos fundamentales, razón por la
que la jurisprudencia ha señalado «[…] que la eficacia de esos derechos depende del
reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos casos, a través de un ejercicio de
ponderación entre tales derechos y los principios que informan la carrera
administrativa»22.
21 Sentencia C-470 de 1997.
22 Sentencia T-183 de 2013.
15
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En lo que respecta a la protección aludida para este grupo de la población, el
Congreso de la República expidió la Ley 790 de 2003 que estableció en su artículo
12 el denominado «retén social» para protegerlos ante la reestructuración de las
entidades públicas. La norma prohibió que, en esta situación, fueran retirados del
servicio «[…] los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo
de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3)
años contados a partir de la promulgación de la presente ley»23. La jurisprudencia ha
especificado que tal protección no solo aplica en el contexto de la reestructuración
de la administración pública, sino que se extiende a otras situaciones, ya que tiene
origen constitucional y no debe limitarse a la regla prevista en la ley mencionada.
En ese sentido esta corporación indicó que «[…] el fundamento del reconocimiento de
la estabilidad laboral reforzada de los “prepensionados” no es un asunto que dependa de
un mandato legislativo particular y concreto, sino que tiene raigambre constitucional, es
decir, “opera para la satisfacción de los derechos fundamentales de estos grupos
poblacionales, que se verían gravemente interferidos por el retiro del empleo público”»24.
A su turno, la Corte Constitucional expresó que «[…] la implementación de este tipo
de medidas responde a imperativos constitucionales que se desprenden de los artículos
13, 42, 43 y 44 superiores, entre otros, y que constituyen en sí mismos fines esenciales
en el Estado Social de Derecho»25.
La jurisprudencia, a modo de interpretación del artículo 12 de la Ley 790 de 2003,
ha definido la categoría de prepensionado como «[…] el servidor público próximo a
pensionarse al cual le falten tres (3) o menos años para reunir los requisitos de edad y
tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de
jubilación o vejez»26 y, añadió, que el término «[…] debe contabilizarse a partir de la
fecha en que se declara la reestructuración de la entidad de la administración pública»27..
La garantía estudiada no implica que un trabajador prepensionado no pueda ser
desvinculado del servicio, ya que para la aplicación de la protección se debe
23 La norma específicamente reguiló o siguiente: «Artículo 12. Protección especial. De conformidad
con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en
el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de
familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los
servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar
de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la
promulgación de la presente ley».
24 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2016.
Radicado: 050012333000201200285-01. En igual sentido se expresó la Corte Constitucional en
sentencia T-186 de 2013.
25 Sentencia T-768 de 2005.
26 Sentencia C-795 de 2009. En igual sentido ver. Consejo de Estado. Sección Segunda.
Subsección B, sentencia del 28 de octubre de dos 2021. Radicación: 25000-23-42-000-2014-
01082-01(2919-17). Actor: Luz Stella Vargas López.
27 Sentencia T-089 de 2009.
16
Radicado: 41001-23-33-000-2017-00283-01 (1036-2021)
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analizar la naturaleza del vínculo laboral entre el servidor público y la
administración y su procedencia depende de si existen causas objetivas que lo
justifiquen28. Tal es el caso de un empleado en provisionalidad en esa condición si
se realizó el concurso de méritos y quedó en firme la lista de elegibles para el
cargo que ocupa. Ante ello se mantiene su protección «únicamente si existe un
margen de maniobra para la Administración en cuanto a la provisión del empleo, en razón
de la diferencia entre las plazas ofertadas y aquellas efectivamente proveídas mediante la
lista de elegibles correspondiente»29.
El anterior criterio se planteó para solucionar la tensión surgida entre el principio
constitucional del mérito del artículo 125 que protege el derecho del aspirante que
superó el concurso de méritos para acceder al empleo público, y los derechos
fundamentales de la persona próxima a pensionarse. En ese sentido, la
administración debe actuar de la forma en que mejor materialice los derechos y
principios constitucionales y no afecte los derechos fundamentales de este último.
Y por tanto, cuando se presenta la situación descrita en el párrafo anterior debe
procurar, antes de decidir el retiro, proteger los derechos tanto del prepensionado
como del aspirante inscrito en la lista de elegibles30.
No obstante, si a la administración no le es posible actuar de esa manera, deberá
privilegiar a quien superó el concurso de méritos, en razón a que los empleados
provisionales gozan de una estabilidad relativa y, por ende, deben ceder su
posición ante aquel, pues el artículo 125 Constitucional privilegió este método para
acceder al servicio público31.
Sobre el particular esta sección fijó su postura y manifestó que «el empleado
nombrado en provisionalidad que ostenta la calidad de pre pensionado, deberá ceder su
plaza a quien figure en la lista de elegibles por haber superado el concurso de méritos,
pues su situación especial de indefensión o vulnerabilidad por la edad, no lo exime de
demostrar su capacidad y mérito en igualdad de condiciones en vista de que tuvo la
oportunidad de participar y acceder al cargo para ocuparlo en propiedad. En todo caso, lo
28 La sentencia T-269 de 2017 al respecto manifestó que la aplicación del retén social «depende o
está en función, en cualquier escenario, de la naturaleza del vínculo o la causa y el contexto de su
terminación».
29
Ibidem. En igual sentido, la Sentencia T-186 de 2013 expresó «[E]n aquellas circunstancias en
que sea posible garantizar correlativamente los derechos de carrera y la estabilidad laboral
reforzada, particularmente porque se está ante la pluralidad de cargos, sin que todos ellos se
hayan proveído por el concurso, la autoridad administrativa estará obligada a preferir una solución
razonable, basada en la protección simultánea de los derechos constitucionales del aspirante y
del prepensionado».
30 Sentencia T-017 de 2012.
31 Sobre la prevalencia del mérito se puede consultar la sentencia SU-446 de 2011.
17
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anterior no exime que a la entidad le corresponda garantizar la protección al pre
pensionado, de conformidad con las pautas señaladas por la Corte Constitucional»32.
2.2.3. Eficacia y validez de los actos administrativos
El acto administrativo es una manifestación unilateral de voluntad emanada de una
autoridad o de un particular en el ejercicio de las funciones administrativas
otorgadas por la Constitución Política y las leyes, mediante el cual se producen
ciertos efectos jurídicos. En la teoría del acto administrativo es importante
distinguir los presupuestos de su existencia, de los de su validez y de los de su
eficacia.
Un acto administrativo es eficaz si y solo si ha sido puesto en conocimiento de su
o sus destinatarios por el mecanismo legalmente previsto en el ordenamiento
jurídico, es decir si se ha observado plenamente el principio funcional de
«publicidad», señalado en el artículo 209 de la Constitución Política.
En ese orden, la eficacia de las decisiones de la administración tiene que ver
directamente con el componente de obligatoriedad, respecto de sus destinatarios,
cuestión que varía en razón de su naturaleza general o concreta; es decir,
cuandoquiera que se está en presencia de un acto general o abstracto la
vinculatoriedad se predica desde el momento mismo de su publicación, en tanto
que si se trata del segundo, es oponible desde que se produce la notificación,
comunicación o ejecución, según sea el caso. De tal suerte que, a partir de su
conocimiento, pueden ejercer su derecho de defensa o contradicción, incluso de
acción, en sede administrativa o judicial.
Al ser entonces la publicidad del acto administrativo el requisito para que pueda
surtir sus efectos, su inobservancia no configura una causal de nulidad, pues no
es un presupuesto de su validez33. En efecto, su legalidad requiere que en su
producción se cumpla el ordenamiento jurídico y las formalidades sustanciales que
exige, esto es, que se expida con respeto de la competencia, el objeto, la forma, la
causa y la finalidad que permiten las normas34, cuya vulneración el artículo 137 del
CAPACA estableció como causales de nulidad.
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 noviembre de 2022.
Radicado:08001-23-33-000-2017-00137-01. Demandante: José Vicente Paternina Peinado.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de
septiembre de 1996, expediente 2.431.
34 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2016, radicación: 81001-23-
33-000-2012-00039-04, demandante: Departamento de Arauca.
18
Radicado: 41001-23-33-000-2017-00283-01 (1036-2021)
Demandante: Diego Vivas Tafur
Por regla general, los actos administrativos se publicitan a través de la notificación,
comunicación o publicación, de acuerdo con los artículos 65 y siguientes del
CPACA. Surtidas su publicidad adquieren, en los términos de los artículos 87 y 89
ibidem, firmeza y ejecutoriedad y, por tanto, la administración los puede ejecutar
de inmediato. Pero existen otras decisiones que se adoptan en ejercicio de la
función administrativa que no causan efectos jurídicos o no pueden ejecutarse con
solo cumplirse con el trámite de su publicidad, sino que su perfeccionamiento
supone el acontecer de una condición que conlleva la creación de la situación
jurídica particular que no existe antes de su ocurrencia35.
Precisamente, un acto administrativo de este tipo es el de nombramiento de los
servidores públicos, el cual ha sido identificado por la jurisprudencia del Consejo
de Estado36 y de la Corte Constitucional37 como un acto condición. Estos actos
existen de manera formal, puesto que su expedición genera una situación objetiva
e impersonal que consiste en poner a la persona designada en la condición de
empleado público; sin embargo, solo con la posesión y la previa acreditación de
los requisitos, este adquiere los derechos y deberes inherentes al cargo no antes38.
Es esta última situación la que lleva a los destinatarios de la decisión a entender
que para ellos se han creado, modificado o extinguido derechos de carácter
individual. Con todo, el interés general que conlleva el acto de nombramiento de
los servidores públicos también se ve reflejado en el hecho de que el parágrafo del
artículo 65 del CPACA dispone que estos se deben publicar, tal y como se prevé
para los actos de contenido general.
2.3. Análisis del caso concreto
2.3.1. Lo probado dentro del proceso
• Mediante la Resolución 040 del 20 de enero de 201539 la Procuraduría General
de la Nación dio apertura y reglamentó «la convocatoria del proceso de selección para
proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales de la entidad», en cumplimiento
de lo ordenado en la sentencia C-101 de 2013. La resolución dividió el concurso
35 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2016, radicación: 81001-23-
33-000-2012-00039-04, demandante: Departamento de Arauca.
36 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de junio
de 2021, radicación: 08001-23-33-000-2012-00215-01 (2803-2014); y de la Subsección B,
sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicación: 760012331000200403075 01 (0544-2019).
37 Corte Constitucional, sentencias T-003 de 1992 y T-457 de 1992.
38 Al respecto se puede consultar la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicación: 25000-23-42-000-2016-05421-
01(1116-19), demandante: Efraín Torrado García.
39 Folios 106 a114.
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por cargos y, para la provisión de los de procurador judicial II para asuntos
ambientales y agrarios, se incluyó la Convocatoria 002-2015.
• La Resolución 348 del 08 de julio de 2016 definió la lista de elegibles
correspondientes a la Convocatoria 002-201540. John Fisher Muñoz Camacho
ocupó el puesto 28 de los 31 ofertados del empleo de procurador judicial II, código
3PJ, grado EG, para asuntos ambientales y agrarios. Ocupó el último lugar.
• La Procuraduría General de la Nación, a través del Decreto 3213 del 8 de agosto
de 201641, dispuso el nombramiento de Jhon Fisher Muñoz Camacho en el empleo
aludido con sede en Neiva, Huila. En el acto administrativo se indicó que a partir
de su posesión culminaría la vinculación laboral de Diego Vivas Tafur, quien
ocupaba el cargo.
• Con el Oficio 3902 del 12 de agosto de 201642 el secretario general de la entidad
le comunicó al demandante la decisión antedicha.
• El demandante, mediante petición del 29 de agosto de 201643, solicitó a la
demandada reconocer su condición de prepensionado y no ser removido del
cargo. Adujo que para el momento de la expedición de la lista de elegibles se
encontraba en trámite su solicitud de traslado del Régimen de Ahorro Individual al
de Prima Medida con Prestación Definida, ya que el monto que proyectó el fondo
Porvenir para reconocerle la pensión era muy bajo.
Junto con la petición adjuntó la proyección aludida, cuya fecha es del 26 de abril
de 2016. En ella, el fondo pensional le otorgaba, a partir de los 61 años, una
pensión equivalente a $1.390.900044. En el documento se lee que el capital
acumulado para obtener ese monto pensional era de $352.439.944.
• Con el Oficio 5219 del 21 de septiembre de 2016 la entidad dio respuesta a la
petición anterior y señaló que el nombramiento en el empleo se dio de acuerdo
con la lista de elegibles y que «no se halla (sic) posible garantizarle su estabilidad
laboral reforzada, frente al concurso de méritos en que solo se ofertó un cargo de
procurador judicial II ambiental y agrario con sede en la Neiva (sic)»45.
• A través del Oficio del 27 de diciembre de 2018 Colpensiones certificó que el
40 Folios 115 y 116.
41 Folios 5 y 6.
42 Folio 7.
43 Folios 307 a 310.
44 Folio 311.
45 Folios 304 y 305.
20
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Demandante: Diego Vivas Tafur
demandante se afilió al Régimen de Prima Media con Prestación Definida en el
año 1996 y que su estado actual era de «Trasladado»46.
• En la certificación emitida por el fondo de pensiones Porvenir del 14 de julio de
2008 consta que el demandante está afiliado desde el 30 de abril de 2002 47. Así
también se registra en el certificado de tal entidad del 23 de abril de 200948.
• De acuerdo con el Oficio 818 del 26 de diciembre de 2018, suscrito por el jefe de
la oficina de selección y carrera de la demandada, el demandante participó en el
concurso de méritos para ocupar el empleo de procurador judicial II de la delegada
para la restitución de pruebas y no lo superó49.
• El demandante nació el 5 de octubre de 1954, de acuerdo con la copia de su
cédula de ciudadanía y su registro civil de nacimiento50, por lo que para el 8 de
agosto de 2016, fecha de expedición del Decreto 3213 que dispuso su retiro y el
nombramiento de Jhon Fisher Muñoz Camacho, contaba con 61 años y 10 meses
de edad.
2.3.2. Análisis de la Sala
2.3.2.1. Estudio del primer problema jurídico
El apelante alega que el procurador general de la Nación no estaba facultado para
expedir la Resolución 040 de 2016 y, en virtud de ello, fijar las reglas de
calificación, homologación, experiencia y, en general, la regulación del proceso de
selección y sus componentes, pues, por mandato de los artículos 125 y 279 de la
Constitución Política, ello le correspondía al legislador. Con base en lo anterior,
afirma que tal resolución debe ser inaplicada de acuerdo con el artículo 148 del
CPACA por vulnerar las normas en que debía fundarse y que, en consecuencia,
se debe declarar la nulidad de los actos administrativos que de ella se derivaron,
incluido el Decreto 3213 de 2016 que lo desvinculó del servicio.
La Sala no comparte el planteamiento de la parte actora, puesto que el artículo
279 Constitucional se desarrolló tanto por el Congreso de la República como por el
presidente. Por el primero porque expidió la Ley 573 de 2000 y en su artículo 1,
numeral 4, le dio potestad al jefe de gobierno para regular el régimen de carrera
administrativa de la Procuraduría General de la Nación. Por el segundo, toda vez
46 Folio 261.
47 Folio 502.
48 Folio 456.
49 Folios 262 a 264.
50 Folios 311 y 387.
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Demandante: Diego Vivas Tafur
que en el ejercicio de tales facultades expidió el Decreto Ley 262 de 2000, norma
con fuerza material de ley en la que regló los aspectos esenciales del proceso de
selección de los servidores públicos de tal entidad. De este modo, se cumplió el
mandato de la norma constitucional, pues un decreto con rango de ley reguló el
ingreso y el concurso de méritos, por lo que era innecesario la expedición de otra
normativa de tal categoría.
Además de regularizar lo dicho, la preceptiva otorgó al procurador general de la
Nación la función de dirigir y administrar su sistema de carrera y, en tal virtud, lo
dotó de competencias para determinar los instrumentos necesarios para adelantar
las etapas del proceso de selección en ella previstas, lo que podía hacer al fijar
políticas para efectuar las pruebas, los criterios de calificación y, en general, las
condiciones de las convocatorias dentro del marco de los temas cardinales
prescritos en el decreto ley, tal cual lo hizo en la Resolución 040 de 2016.
Esta postura es concordante con el antecedente de la Sección Segunda,
contenido en la sentencia del 30 de julio de 2021, radicación: 11001-03-25-000-
2015-00366-00(0740-15), en el que examinó la nulidad de la Resolución 040 de
2016 de 2016 al que se hizo referencia en el marco normativo de esta providencia.
Ciertamente, en aquella oportunidad se concluyó que el procurador general de la
Nación sí tenía competencia para reglamentar el concurso de méritos para la
provisión de los cargos de procuradores judiciales I y II y no usurpó las facultades
del Congreso de la República, puesto que los aspectos esenciales fueron reglados
por el legislador extraordinario en el Decreto Ley 262 de 2000 sin que fuera
necesaria otra ley y, además, porque las potestades que ejerció también se las
otorgó esa norma.
La Sala precisa que el fallo aludido declaró la legalidad condicionada de los
artículos 5, inciso 3, 9, numerales 2.9 y 17, parágrafo 1, y 17, numeral 1 inciso 3,
de la Resolución 040 de 2015, que regularon los puntajes para los participantes
del concurso de méritos que contaban con maestría, doctorado y posdoctorado en
áreas distintas del derecho y que negaban la puntuación a las publicaciones
presentadas en medio digital y, por ende, ordenó que se les diera puntaje para las
personas en lista de elegibles pendientes de designación. No obstante, en el
presente caso esta decisión no influye, ya que ello no es objeto de demanda y el
solicitante no superó la prueba de conocimientos en el concurso de méritos.
Por último, la Sala anota que el a quo sí se pronunció en relación con la solicitud
de inaplicación de la Resolución 040 de 2016. En efecto, en su análisis dedujo
que, por mandato de los artículos 279 y 280 de la Constitución Política, es la ley la
que debe regular el concurso de méritos de la Procuraduría General de la Nación
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Radicado: 41001-23-33-000-2017-00283-01 (1036-2021)
Demandante: Diego Vivas Tafur
y que, en tal virtud, se expidió el Decreto Ley 262 de 2000. Agregó que con
fundamento en este y en la orden dada en la sentencia C-101 de 2013 la entidad
expidió la Resolución 040 de 2015 y que, por tanto, no se desvirtuó su presunción
de legalidad. En tal sentido, no es cierto lo afirmado en el recurso de apelación en
cuanto a que la sentencia no abordó este tema.
De igual manera, el tribunal analizó la existencia de la competencia en cabeza del
procurador general de la Nación para reglamentar el cómputo de la experiencia
profesional, las homologaciones, los puntajes a los doctorados y las reglas de
calificación. Al respecto, manifestó que los artículos 275 de la Constitución Política
y 7, numeral 45, y 205 del Decreto ley 262 de 2000 facultaron al procurador
general de la Nación para administrar y direccionar la carrera administrativa de la
entidad y, por ende, para fijar los instrumentos y parámetros de las pruebas y su
puntuación. Aseguró que las equivalencias dentro del proceso de selección se
sujetaron a lo dispuesto en el artículo 20 ibidem. En esas condiciones, queda
desvirtuada la afirmación de que el a quo no se pronunció sobre este argumento.
En lo que respecta a los puntajes de los posgrados, basta con poner de presente
que en la sentencia del 30 de julio de 2021 se explicó que tal asunto fue decidido
en el proceso de simple nulidad y que su resolución en nada afecta el presente
caso, toda vez que no fue objeto de demanda la clasificación de Diego Vivas Tafur
en el concurso. En consecuencia, tampoco le asiste razón al apelante al esgrimir
este argumento para lograr en su caso la inaplicación de la Resolución 040 de
2016.
Por lo anterior, la Sala desestimará este cargo del recurso de apelación.
2.3.2.2. Estudio del segundo problema jurídico
Diego Vivas Tafur manifestó en el recuso que tenía la calidad de prepensionado,
por lo que no podía ser retirado del servicio por ser un sujeto de especial
protección constitucional con estabilidad laboral reforzada. Adujo que al
desvincularlo la entidad vulneró los artículos 13, 42, 43, 44 y 46 Constitucionales.
De acuerdo con las pruebas traídas al proceso, la Sala pudo constatar que la
Resolución 040 del 20 de enero de 2015 y la Convocatoria 002-2015, en ella
incluida, ofertaron 31 empleos de procurador judicial II, código 3PJ, grado EG,
para asuntos ambientales y agrarios. Así mismo, que la lista de elegibles
contenida en la Resolución 348 del 08 de julio de 2016 solo la integraron 28
seleccionados y que John Fisher Muñoz Camacho fue el último. De este modo, se
concluye que quedaban 3 cargos sin ser ocupados por alguien de carrera
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Demandante: Diego Vivas Tafur
administrativa. Por tanto, es claro que la entidad contaba con la posibilidad de
escoger el lugar de nombramiento de este último, sin necesidad de afectar
derechos de personas con fuero de estabilidad laboral.
Sin embargo, la Sala encuentra que ello no era necesario en el presente caso,
puesto que Diego Vivas Tafur en el momento en el que se expidió y ejecutó el
Decreto 3213 el 8 de agosto de 2016, que lo retiró del servicio, ya había cumplido
los requisitos para obtener la pensión de vejez y, en consecuencia, podía ser
desvinculado ante la existencia de la lista de elegibles, sin tener prelación sobre
otros empleados en provisionalidad para permanecer en el cargo.
En efecto, con los certificados emitidos por el fondo de pensiones Porvenir y
Colpensiones se probó que estaba afiliado al Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad desde el 30 de abril de 2002, por lo que para acceder a tal prestación
social debía cumplir con los requisitos que exige el artículo 64 de la Ley 100 de
1993, norma que prevé que «tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que
escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les
permita obtener una pensión mensual, superior al 110 % del salario mínimo legal mensual
vigente a la fecha de expedición de esta Ley». (Se resalta).
De acuerdo con ese artículo, en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
no es requisito para acceder a la pensión de vejez cumplir con cierta edad, basta
con la acumulación del capital que garantice el monto mínimo que la norma fija. En
el presente caso, Diego Vivas Tafur, con la petición presentada el 29 de agosto de
2016, en el que solicitó a la demandada tratarlo como «prepensionado», adjuntó la
proyección hecha por el fondo Porvenir del valor de la pensión a la que tenía
derecho desde los 61 años por haber completado el capital requerido. Es decir, la
proyección se hizo con la edad cumplida 11 meses antes de su retiro, toda vez
que los 61 años los alcanzó el 5 de octubre de 2015.
Por ello, no puede afirmarse que Diego Vivas Tafur estaba próximo a pensionarse
y que le faltaba completar algún requisito para hacerlo y que, por tal virtud, era un
prepensionado, por cuanto ya había adquirido el estatus pensional al amparo de lo
regulado en la norma aludida. Por tanto, no contaba con una estabilidad laboral
reforzada, ya que esta tiene como fundamento evitar la afectación de los derechos
fundamentales de quien está cerca de completar los requisitos para pensión, de
suerte que no se vea, por causa del retiro del servicio, imposibilitado para alcanzar
las cotizaciones necesarias para adquirir el derecho.
Si bien del expediente administrativo aportado por Porvenir se advierte que el
demandante desde el año 2010 pidió su cambio al Régimen de Prima Media con
Prestación Definida por considerar que fue engañado para trasladarse y que le era
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Demandante: Diego Vivas Tafur
más favorable, este hecho no significa que la entidad debía mantenerlo vinculado
hasta que se resolviera tal situación, pues lo cierto es que al momento de su retiro
se debían verificar los requisitos pensionales de la norma que le era aplicable, en
este caso, el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, cuyas condiciones ya había
cumplido.
Aunque es claro que el demandante, con el retiro del servicio, dejó de percibir el
ingreso pagado por la demandada y que, por ende, también cesó en sus
cotizaciones para pensión basadas en esa remuneración, para la Sala esa
circunstancia tampoco constituye una vulneración de sus derechos fundamentales
y lo convierte en un sujeto de especial protección constitucional, por cuanto no
constituía un impedimento para que accediera a su derecho pensional, que, se
reitera, ya estaba causado y su inconformidad con el monto que le liquidó el fondo
Porvenir no le otorgaba un fuero de inamovilidad.
Bajo estas consideraciones, para la Sala no es posible otorgar trato de
prepensionado a Diego Vivas Tafur y, por tanto, no prospera este cargo de la
apelación.
2.3.2.3. Estudio del tercer problema jurídico
Diego Vivas Tafur manifestó en la apelación que el Decreto 3213 de 2016 que lo
desvinculó del servicio no le fue notificado en los términos que ordenan los
artículos 67, 68, 69 y 72 del CPACA, circunstancia que afecta su validez e impide
que produzca sus efectos y, por ende, le es inoponible. Adujo que la entidad se
limitó a enviar a su correo electrónico una comunicación en la que le informó sobre
la expedición del acto administrativo de retiro sin adjuntar su copia ni señalar la
procedencia de los recursos.
De las pruebas aportadas, se concluye que el decreto referido no se notificó de
forma personal al demandante, pues solo existe la copia del Oficio 3902 del 12 de
agosto de 2016 mediante el cual el secretario de la demandada le comunicó la
decisión. Si bien no existe prueba de que el oficio le fue entregado al apelante, él
mismo afirmó que sí se le «comunicó» el acto, de manera que es posible deducir
que conoció la decisión antes de que fuera desvinculado.
Con todo, la falta de notificación personal no repercute en la validez del acto que
dispuso su retiro sino en su eficacia, al no ser una causal de nulidad de las
establecidas en el artículo 137 del CPACA. Por ende, conserva su presunción de
legalidad al no demostrarse que en su expedición se hubiese incurrido en alguno
de los vicios regulados en tal norma.
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Demandante: Diego Vivas Tafur
Frente a la inoponiblidad del acto administrativo, la Sala precisa que sí es oponible
respecto del demandante, puesto que, aunque no le fue notificado, la
comunicación que recibió y, de manera específica, el acto de su ejecución le
permitieron conocer su contenido y efectos. Lo es, además, porque el acto referido
también dispuso el nombramiento de Jhon Fisher Muñoz Camacho a quien sí le
fue notificado, al punto que aceptó la designación y se posesionó en el empleo.
Por tanto, al surtir plenos efectos respecto de su designación y por tratarse de un
empleado de carrera administrativa, el derecho de Diego Vivas Tafur debía ceder
ante el de él, asunto que se materializó con la ejecución del acto y que en modo
alguno es una irregularidad que derive en su nulidad.
En efecto, en el sub examine, el decreto se ejecutó el 1 de septiembre de 2016,
fecha en la que Jhon Fisher Muñoz Camacho tomó posesión del empleo,
momento a partir del cual surtió sus efectos respecto del demandante. Si bien
dentro del expediente no reposa el acta de posesión, en la demanda se solicitó el
restablecimiento del derecho desde la «desvinculación» y se citó como fecha el 3
de septiembre de 2016. De igual manera, en el certificado de salarios del
demandante emitido por la entidad enjuiciada se señaló que lo percibió hasta la
primera fecha referida51. Por tanto, la Sala deduce que el demandante trabajó
hasta ese día.
Lo anterior, por cuanto la eficacia de la desvinculación del demandante, tal y como
fue ordenada en el acto administrativo demandado, estaba condicionada a que se
posesionara la persona que superó el proceso de selección, por lo que una
notificación previa del acto administrativo no significaba que sus consecuencias se
dieran a partir de ella, como lo interpreta el apelante.
Cabe precisar que lo expuesto también dota al Decreto 3213 de 2016 de las
características propias de un acto condición, en la medida en que no solo disponía
un retiro, sino que también lo supeditaba a que se efectuara la posesión de quien
designó con base en la lista de elegibles, por lo que solo podía producir efectos
respecto de la desvinculación una vez se cumpliera tal requisito. En ese sentido,
también se concluye que su eficacia, solo se generó cuando se cumplió ese
requerimiento, lo que ocurrió a la par con su ejecución.
Así las cosas, no prospera este cargo.
2.4. Costas
51 Folio 13.
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Demandante: Diego Vivas Tafur
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación
y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.52
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
parte demandante.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye lo siguiente:
i) que el procurador general de la Nación sí estaba facultado para expedir la
Resolución 040 de 2016 y, en virtud de ello, fijar las reglas del concurso de méritos
sin que fuera necesario la expedición de una ley, puesto que el Decreto Ley 262
52 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014).
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Demandante: Diego Vivas Tafur
de 2000 tiene esta categoría, reguló los aspectos esenciales del proceso de
selección y lo autorizó para reglamentar dentro de ese marco lo pertinente para
adelantar las etapas del proceso de selección, lo que concuerda con el mandato
del artículo 279 de la Constitución Política. En esa medida, tampoco es nulo el
Decreto 3213 de 2016 que desvinculó del servicio al demandante y;
ii) que Diego Vivas Tafur no tenía la calidad de prepensionado ni gozaba de
estabilidad laboral reforzada, puesto que para la fecha de su retiro ya había
completados los requisitos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la
pensión de vejez y, en consecuencia, la entidad podía disponer su retiro del
servicio.
iii) que el Decreto 3213 de 2016 no debía ser notificado de manera personal a
Diego Vivas Tafur para ser eficaz y oponible, por ser un acto administrativo de
retiro que se publicitó con su comunicación y produjo consecuencias a través de la
ejecución y no como lo prevé el artículo 87 del CPACA. Ello encuentra fundamento
en su naturaleza de acto condición, que produjo efectos jurídicos con la posesión
del designado. De ahí que se cumplió con el presupuesto de publicidad del acto
administrativo, cuyo incumplimiento, en todo caso, no genera su nulidad.
En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 11 de septiembre de
2020 por el Tribunal Administrativo de Huila que negó las pretensiones de la
demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. – Confirmar la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Huila que negó las pretensiones de la demanda
presentada por Diego Vivas Tafur contra la Procuraduría General de la Nación, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. - Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. - Aceptar la renuncia del poder hecho por el abogado Gustavo Quintero
Navas53 como apoderado del demandante, de conformidad con el artículo 76 de
53 Memorial visible en SAMAI. Índice 37.
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Demandante: Diego Vivas Tafur
Código General del Proceso.
Cuarto. - Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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