Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2017-00622-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2017-00622-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2017-00622-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2017-00622-01 (6381-2022)
Demandante: Giovanni Iriarte Gómez
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Tema: Retiro del servicio por supresión del cargo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la
parte demandante contra la sentencia de fecha 5 de julio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones1. Anular los siguientes actos administrativos: i) artículo 59 del
Decreto Ley 898 de 2017; ii) oficio nro. 01 del 30 de junio de 2017; iii) oficio nro.
STH-30100 del 22 de septiembre de 2017 y iv) Resolución nro. 02358 del 29 de
junio de 2017, mediante los cuales se suprimió el empleo del demandante como
fiscal delegado ante los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Neiva.
3. Como restablecimiento del derecho solicitó: i) el reintegro sin solución de
continuidad al mencionado cargo y; ii) el reconocimiento y pago de los salarios y
prestaciones sociales dejadas de recibir durante el tiempo que ha permanecido
cesante.
4. Así mismo, requirió el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo
192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).
5. Hechos. Mediante el Decreto nro. 018 de 2014, el Departamento Administrativo
de la Función Pública (DAFP) modificó la planta de cargos de la Fiscalía General de
la Nación, creando 1089 empleos de fiscal delegado ante los Juzgados Penales del
Circuito Especializados.
6. El demandante ingresó a la entidad demandada como fiscal delegado ante los
Juzgados Penales del Circuito Especializado en la Subdirección Seccional de
1 Tomadas del escrito de reforma integrada visible a folios 103 a 125 del expediente físico, la cual fue aceptada
por el Tribunal Administrativo del Huila mediante auto del 5 de julio de 2018 visible a folio 384 del expediente
físico.
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Demandante: Giovanni Iriarte Gómez
Fiscalías y Seguridad Ciudadana del Huila. Este cargo lo ocupó desde el 1.° de
agosto de 2016 hasta el 4.° de julio de 2017.
7. Luego, con ocasión del Acto Legislativo nro. 01 de 2016, fue emitido el Decreto
Ley 898 de 2017, que creó la Unidad Especial de Investigación, modificó la
estructura de la entidad accionada y suprimió 291 cargos de fiscales delegados ante
los Juzgados Penales del Circuito Especializados.
8. Tal supresión constituye un exceso de las facultades concedidas al Gobierno
Nacional, por cuanto las modificaciones estructurales al interior de la entidad
demandada no guardan relación con la implementación del acuerdo final para la
paz.
9. El 11 de noviembre de 2016, el actor sufrió un accidente de trabajo que le
ocasionó unos traumatismos superficiales en la cabeza y en la región dorso lumbar,
así como contusiones en la cadera y el codo.
10. El 4 de julio de 2017, el señor Iriarte Gómez fue notificado personalmente del
oficio nro. 01 del 20 de junio del mismo año, en el que se le informaba la supresión
de su cargo como fiscal delegado ante los Juzgados Penales del Circuito
Especializados a partir del 30 de junio de esa anualidad. Contra esta decisión se
interpusieron los recursos de ley, pero los mismos fueron rechazados por
improcedentes a través del oficio nro. STH-30100 del 22 de septiembre de 2017.
11. El fiscal general de la Nación emitió un comunicado en el que informó que en
virtud del Decreto-Ley 898 de 2017, la planta global de personal aumentaba en 543
cargos de fiscal, divididos en 193 fiscales seccionales y 350 fiscales locales. Para
la provisión de esos empleos, manifestó que se privilegiaría a las personas que se
desempeñaban en otros cargos y cumplían con los requisitos para su ejercicio.
12. Mediante la Resolución nro. 02358 de 29 de junio de 2017, el fiscal general de
la Nación enlistó los empleos que integrarían la nueva planta de cargos de ese ente,
sin incluir el ejercido por el demandante. El estudio técnico que sirvió de base para
la supresión y distribución de cargos de la planta global de la entidad demandada,
además de no cumplir con los requisitos previstos en los artículos 46 de la Ley 909
de 2004 y 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, no atendió criterios
objetivos para seleccionar e individualizar los cargos que serían suprimidos, ni
tampoco aclaró los motivos por los cuales solamente se eliminaron 12 de los 291
empleos que inicialmente se ordenó abolir.
13. El 8 de febrero de 2018 se solicitó ante la Subdirección Regional de Apoyo
Centro Sur del Grupo Seccional de Apoyo del Huila de la Fiscalía General de la
Nación, que informara si el cargo de fiscal segundo especializado de Neiva había
sido creado nuevamente y la forma en que había sido provisto.
14. Como respuesta a la anterior petición, mediante el oficio nro. 31500-20520-0799
del 21 de febrero de 2018, se informó que el mencionado cargo había sido
reactivado por medio de la Resolución DS-20 nro. 221 del 29 de agosto de 2017,
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con el fin de conservar el orden numérico y darle continuidad a las investigaciones
penales que venía conociendo dicho despacho2.
15. Fundamentos de derecho. Para la parte actora, la decisión cuestionada
infringió los siguientes artículos: 122 y 125 de la Constitución Política; 2.° del acto
legislativo nro. 01 de 2016; 59 del Decreto-Ley 898 de 2017; 41 y 46 de la Ley 909
de 2004; 2.2.11.1.1, 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto nro. 1083 de 2015. Al exponer
el concepto de violación, invocó la siguiente causal de nulidad:
16. Violación de las normas en que debía fundarse. La supresión de cargos
ordenadas en el Decreto-Ley 898 de 2017, no guarda relación directa, estricta y
suficiente con el cumplimiento del artículo 3.4.4 del acuerdo final para la terminación
del conflicto en los términos dictados por la sentencia C-699 de 2016. Tanto es así,
que la creación y puesta en marcha de la Unidad Especial de Investigaciones pudo
realizarse sin la supresión antes mencionada.
17. Adicionalmente, el antedicho decreto no sustentó la urgencia y necesidad de
eliminar los cargos para adecuar el funcionamiento de la Fiscalía General de la
Nación al escenario del postconflicto.
18. Por otra parte, comoquiera que el nombramiento del demandante era en
provisionalidad, su retiro se encontraba condicionado a la provisión en forma
definitiva del cargo, siempre y cuando se acreditara una causal objetiva para su
desvinculación, lo cual no sucedió.
19. Por último, manifestó que el estudio técnico realizado no se ajustó a los
parámetros legales (artículos 46 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.12.2 y 2.2.12.12.3 del
Decreto 1083 de 2015), por cuanto, no efectuó una evaluación de la prestación de
los servicios a cargo de los empleos suprimidos, ni tuvo en cuenta sus perfiles,
funciones y cargas de trabajo, resultados y estadísticas.
20. Un análisis correcto hubiese explicado los motivos por los cuales sólo se
suprimieron 12 cargos, cuando inicialmente se había ordenado la eliminación de
291.
21. Falsa motivación. Reiteró el argumento del párrafo anterior, en el sentido de
indicar que en el estudio técnico no se plasmaron los criterios que se tuvieron en
cuenta para la exclusión de 12 cargos.
22. Desviación de poder. Sostuvo que la reestructuración de la planta no buscó el
mejoramiento del servicio, sino la desvinculación selectiva de algunos empleados.
23. Contestación de la demanda3. Dentro de la oportunidad de ley, la accionada
contestó la demanda en los siguientes términos:
2 Los dos últimos hechos fueron producto de la reforma de la demanda, la cual fue admitida por el Tribunal
Administrativo del Huila por medio del auto del 5 de julio de 2018 visible a folio 384 del expediente físico.
3 Ver folios 199 a 219 del expediente físico.
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24. La Fiscalía General de la Nación actuó en cumplimiento de un deber legal, en
tanto que la supresión del cargo del demandante obedeció a las facultades
otorgadas en el Decreto 898 de 2017.
25. Mediante el mencionado decreto, se creó al interior de la institución la Unidad
Especial de Investigación con el fin de desmantelar las organizaciones criminales
responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de
derechos humanos, movimientos sociales o políticos o que amenacen o atenten
contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la
construcción de la paz.
26. Lo anterior, trajo consigo la modificación parcial de la estructura de la Fiscalía
General de la Nación y la supresión de cargos al interior de la entidad, entre otras
acciones.
27. Cabe resaltar que dicha supresión y la redefinición de la planta «serán el canal
que permitirá reforzar la función principal de la entidad, la cual es el ejercicio de la
acción penal y la investigación de los hechos que revisten características de delito,
esto por medio del uso eficiente de los recursos que se han dispuesto para el gasto
del personal».
28. Ahora bien, en cuanto a la competencia para adelantar procesos de
reestructuración, en la sentencia C-306 de 2004, la Corte Constitucional reconoció
que, si bien el Congreso de la República es el titular de dicha facultad, resulta viable
que se delegue esa potestas en el ejecutivo, a través de facultades extraordinarias.
29. La modificación de la planta de cargos en la Fiscalía General de la Nación,
cumplió a cabalidad con los parámetros constitucionales establecidos para esta
clase de procesos, ya que i) se realizó dentro de los principios que rigen la
administración pública; ii) su principal propósito fue cumplir con los mandatos
establecidos en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera y; iii) se garantizaron los derechos fundamentales
de los servidores.
30. Así las cosas, propuso las excepciones de «inepta demanda por demandarse
un acto administrativo no sujeto a control judicial», «inepta demanda por indebida
acumulación de pretensiones», «cumplimiento de un deber legal» y «genérica».
31. Sentencia de primera instancia4. El 5 de julio de 2022, el Tribunal
Administrativo del Huila dictó sentencia en la que negó las súplicas de la demanda.
Después de relacionar los hechos debidamente probados en el expediente,
concluyó lo siguiente:
32. Infracción en las normas en que debería fundarse. El Decreto Ley 898 de
2017 y la Resolución nro. 2358 del 29 de mayo del mismo año, fueron expedidos
con base en las facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la República
4 Folios 479 a 500 del expediente físico.
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con el fin de facilitar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final
para la paz, superando, en consecuencia, el juicio de necesidad estricta.
33. Por tanto, al guardar una conexidad estricta, directa, suficiente y necesaria, los
decretos que implementaron la reestructuración al interior de la entidad, el primer
cargo presentado por el actor no está llamado a prosperar.
34. Desviación de poder. Adujo el apoderado de la parte actora que la
irregularidad que se invoca en la demanda consiste en que la decisión de suprimir
un empleo no puede ser indiscriminada, sino que tiene que surgir a partir de los
principios orientadores de la función administrativa, de la función pública en procura
del fortalecimiento de las capacidades investigativas y de judicialización del ente
acusador.
35. En el presente caso, una vez transcritas las consideraciones de la Corte
Constitucional en lo que corresponde a las modificaciones de la planta de personal,
el a quo sostuvo que el proceso de reajuste institucional se encuentra fundamento
en la necesidad de hacer presencia estatal, con carácter urgente, en los territorios
anteriormente controlados por las extintas FARC, y de esa manera, contribuir de
manera institucional a la correcta implementación del Acuerdo de Paz.
36. Por lo anterior, es claro que no se encuentra reparo válido para afirmar que la
decisión de suprimir el cargo que desempeñaba hubiera sido fundamentada en
consideraciones subjetivas o indiscriminadas, ni mucho menos se encontró probado
que el acto administrativo demandado hubiera sido expedido con desconocimiento
del interés general, por el contrario, es claro que la referida decisión, estuvo fundada
en los principios orientadores de la función pública (eficiencia, eficacia, economía,
celeridad, mejoramiento del servicio, entre otros) y conforme con los principios
rectores, como en efecto lo concluyó la Corte Constitucional.
37. Falsa motivación. Luego de citar los artículos 94 de la Ley 270 de 1996, 96 de
la Ley 909 de 2004, el estudio técnico del 5 de enero de 2017 y la Resolución nro.
2358 de 2017, el tribunal advirtió que no prospera dicho cargo, debido a que el
Decreto Ley 898 de 2017 estableció claramente los cargos de la planta de personal
objeto de la supresión, dentro de los cuales se incluyeron 291 de los Fiscales
Delegados ante los Juzgados Penales del Circuito Especializado (como lo encontró
la Corte Constitucional), indicando, además, las razones por las cuales adoptó tal
decisión, todas ellas basadas en la necesidad de modificar la planta de cargos de
la entidad con el fin de facilitar y concretar la implementación y cumplimiento de las
obligaciones del ente acusador estipuladas en el acuerdo final de paz,
especialmente en lo relacionado con la creación de la Unidad Especial de
Investigación y la nueva organización del área misional de la Fiscalía General de la
Nación.
38. Además, los actos acusados fueron expedidos con fundamento en el estudio
técnico realizado por la entidad, el cual se basó en criterios de conveniencia,
modernización, estrategias, de apoyo, control y mejora, lo cual fue reafirmado por
la Corte Constitucional en la sentencia C-013 de 2018.
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39. Adicional a lo expuesto, para el a quo, la entidad demandada en los estudios
técnicos, hizo claridad respeto de que las incorporaciones y movimientos de
personal que se realicen como resultado de la modificación de la planta de personal
de la Fiscalía General de la Nación, no generarán para los servidores que ostenten
derechos de carrera o estén en retén social, pérdida o desmejora; sin embargo, lo
anterior no es aplicable para el actor, comoquiera que no tenía derechos de carrera,
ni mucho menos demostró encontrarse en alguna circunstancia de estabilidad
laboral reforzada y en esas condiciones, la entidad bien se encontraba facultada
para retirarlo del servicio por supresión del empleo, respetando en todo caso, la
constitución, la ley y los procedimientos pertinentes, como en efecto lo hizo.
40. Por último, si bien la Fiscalía General de la Nación, luego de la supresión del
cargo, manifestó que el cargo de fiscal segundo delegado ante los Juzgados
Penales del Circuito Especializado de Neiva –cargo que ocupada el actor conforme
al expediente laboral allegado; fue reactivado por la Resolución nro. DS-20 221 del
29 de agosto de 2017, tal situación es ajena a la supresión inicial de cargo y
comporta factores diferenciales para su reactivación y por tanto, no se puede
deprecar de ello que los actos demandados carecieran de legalidad.
41. Recurso de apelación5. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de
la parte demandante la recurrió en apelación. Con tales propósitos, arguyó lo
siguientes puntos:
42. Vulneración de los derechos laborales de los servidores públicos
afectados con la reestructuración. No es de recibo que los servidores públicos
nombrados en provisionalidad no gocen de protección de su derecho a la estabilidad
laboral relativa en los procesos de reestructuración de las entidades públicas, pues,
al igual que los empleados de carrera administrativa, para su retiro deben cumplirse
con los requisitos constitucionales y legales, lo cual no sucedió en el presente caso.
43. Ilegalidad de la reestructuración por los errores del estudio técnico.
Contrario a lo afirmado por el a quo, el estudio técnico del 5 de enero de 2017 no
se ajustó a los requisitos establecidos en los artículos 46 de la Ley 909 de 2004,
2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015.
44. Lo anterior, por cuanto i) no contuvo las reglas de la reestructuración de la planta
de personal y; ii) no dispuso el procedimiento a seguir para la selección de los 38
cargos de fiscal delegado ante los jueces penales del circuito especializado
ocupados en provisionalidad que debían ser suprimidos, así como tampoco fijó los
criterios y objetivos para su escogencia.
45. Ilegalidad de la reestructuración – ausencia de criterios objetivos para la
supresión de cargos. Reiteró que el estudio técnico del 5 de enero de 2017 no
estableció parámetros y criterios objetivos para seleccionar los 38 cargos ocupados
en provisionalidad que serían suprimidos entre los 661 empleos de fiscal delegado
ante los jueces penales del circuito especializado de la Fiscalía General de la
5 Ver índice 82 de la plataforma SAMAI de primera instancia.
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Nación, provocando que se suprimieran algunos que, dada su importancia, debían
mantenerse en la planta de personal.
46. En efecto, el demandante tenía una carga laboral de 284 investigaciones y
procesos penales, y una calificación de 95.78 puntos por 181 días, circunstancias
que reflejaban su óptimo desempeño.
47. Pese a ello, el cargo de fiscal segundo delegado ante los jueces penales del
circuito especializado de Neiva fue suprimido en el marco de la reestructuración del
artículo 59 del Decreto Ley 898 de 2017, sin que existieran razones objetivas para
hacerlo. El error de eliminar el mencionado cargo fue de tal gravedad, que el director
seccional de fiscalías del Huila mediante la Resolución DS nro. 221 del 29 de agosto
de 2017 reactivó nuevamente el mencionado cargo.
48. Lo anterior, quiere decir que los actos administrativos que retiraron del servicio
al actor se encuentran falsamente motivados y que la supresión del cargo ostentado
por el demandante no era necesaria para la reestructuración de la Fiscalía General
de la Nación, pues el empleo duró inactivo dos (2) meses y sirvió únicamente para
retirar del servicio al señor Iriarte Gómez.
49. En conclusión, ni el estudio técnico ni las respuestas brindadas por la Fiscalía
General de la Nación permiten identificar los criterios para la selección de los 38
cargos de fiscal delegado ante los jueces penales del circuito especializado que
fueron suprimidos.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
50. La admisión del recurso6. Mediante auto de 13 de abril de 2023 se admitió el
recurso de apelación y por medio del auto del 25 de abril de 20257 se negó la
práctica de pruebas solicitada por el demandante.
51. Control de legalidad8. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
52. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,9 esta sala de
subsección es competente para resolver el recurso de apelación.
6 Folio 505 del expediente físico.
7 Folio 507 del expediente físico.
8 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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53. Marco de análisis de la segunda instancia. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso,10 el juez de segunda instancia
debe pronunciarse únicamente sobre los argumentos invocados por el recurrente,
salvo que ambas partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual podrá
resolver sin limitaciones. En el asunto actual, este tribunal solo emitirá juicio frente
a las razones expuestas en la alzada por el apoderado de la parte demandante, en
su condición de apelante único.
54. Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados por la
apelante, se deben resolver los siguientes problemas jurídicos.
55. ¿La supresión de cargos al interior de la Fiscalía General de la Nación vulneró
el derecho a la estabilidad laboral del demandante?
56. ¿El estudio técnico del 5 de enero de 2017 incumplió lo dispuesto en los
artículos 46 de la Ley 909 de 2004, 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015?
57. ¿Existió ausencia de criterios objetivos para la supresión de cargos en la
Fiscalía General de la Nación?
58. El caso concreto.
59. Marco constitucional y legal de la supresión de cargos al interior de la
Fiscalía General de la Nación.
60. Mediante el Acto Legislativo 01 de julio 7 de 2016 «[P]or medio del cual se
establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el
desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera», se concedieron facultades al
presidente de la República para expedir Decretos con fuerza de ley, dirigidos a
«facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera».11
61. Guiado por esa deferencia, se emitió el Decreto Ley 898 de 29 de mayo de
2017,12 dispositivo de carácter instrumental a través del cual se implementaron
desarrollos normativos tendientes a cumplir con los puntos del acuerdo final que
comprometían al ente investigador y relacionados, entre otros, con el «sistema de
seguridad en el ejercicio de la política y garantías para líderes y lideresas de
10 «competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las disposiciones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]»
11 Ver artículo 2.°
12 «Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para
el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres,
que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que
amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción
de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del
paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos
para su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la
Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones».
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organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos
humanos» y la «lucha contra las organizaciones criminales y sus redes de apoyo,
incluyendo las que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo, que
representan la mayor amenaza a la implementación de los acuerdos y la
construcción de la paz».
62. Con tales fines, surgieron para el ente acusador una serie de retos ligados al
ejercicio de la potestad punitiva «especialmente en los acuerdos de participación
política, garantías de seguridad y víctimas» que le impusieron la obligación de «(i)
fortalecer la capacidad investigativa y de judicialización para procesar a quienes
atenten contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y quienes ejercen
la política, combatir la corrupción, intensificar la persecución penal de las
organizaciones criminales y los fenómenos criminales relacionados con drogas
ilícitas, […] (iii) implementar la Unidad Especial de Investigación para el
desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de
homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos,
movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las
personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de
la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo».
63. El cumplimiento de esas obligaciones generó la necesidad de ajustar la
estructura de la Fiscalía General de la Nación, con la consecuente e indispensable
modificación de su planta de personal. Así, en cuanto a la estructura se refiere, la
nueva organización quedó plasmada entre los artículos 25 y 55. Por su parte, la
supresión de cargos fue depositada en el artículo 59 ejusdem. En lo que aquí
concierne, se eliminaron 291 empleos de fiscal delegado ante jueces penales de
circuito especializados.
64. Se destaca que en el artículo 62 se estableció que, con ocasión al proceso de
reforma adelantado, la continuidad en el servicio estaría limitada por: i) la
incorporación a la nueva planta; ii) un nuevo nombramiento y; iii) la comunicación
de supresión del cargo respectivo. Asimismo, en el artículo 64 se condicionaron
todos los movimientos de personal a la no afectación, perdida o disminución de los
derechos de los servidores inscritos en carrera administrativa.
65. Al examinar la constitucionalidad de estos dos artículos, la Corte Constitucional
expresó:
«El artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017 regula la continuidad en el servicio. Se
prevé que los servidores continuarán desempeñando las funciones del empleo en
el cual se encuentran nombrados y devengado su respectiva remuneración, hasta
tanto se produzca su incorporación, un nuevo nombramiento o se les comunique la
supresión de sus cargos, aclarando que “La supresión efectiva de los cargos de los
servidores que tienen causada la pensión, se efectuará una vez ingresen en nómina
de pensionados».
[…]
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Demandante: Giovanni Iriarte Gómez
Dado que las modificaciones a la planta de personal de la Fiscalía General de la
Nación persiguen unos fines constitucionalmente válidos y que no se advierte
persecución sindical alguna, la Corte declarará exequibles los artículos 59, 60 y 61
del Decreto Ley 898 de 2017.
Sin embargo la Sala considera que dentro del proceso de ajuste institucional que se
surte, resulta necesario preservar los derechos de los trabajadores y la vigencia y
contenido del retén social, en el sentido de asegurar que los hombres y mujeres
cabeza de familia en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional; las
personas que a 29 de mayo de 2017, fecha de expedición del Decreto Ley 898 de
2017, les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la
respetiva pensión; y las personas en condición de discapacidad, respecto de
quienes se suprimen los cargos que venían ocupando, no sufran la afectación de
sus derechos constitucionales. En este sentido, se declarará la exequibilidad
condicionada del artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017, en el entendido que las
personas a las que se ha hecho referencia, cuyos cargos hayan sido suprimidos con
ocasión del proceso de ajuste institucional, deberán ser reubicados o nombrados y
posesionados en otro cargo igual o del mismo nivel de los que se crean o de los que
se mantienen en la Fiscalía General de la Nación.
[…]
El artículo 64 del Decreto Ley 898 de 2017 trata sobre las incorporaciones y
movimientos de personal. Al respecto prevé que los cambios de personal que se
realicen como resultado de la modificación de la planta de personal de la Fiscalía
General de la Nación, “no generarán para los servidores que ostenten derechos de
carrera su pérdida o desmejora”. Lo anterior se ajusta a los dictados del artículo 125
Superior».13
66. De lo expuesto se concluye que la garantía de estabilidad laboral -incorporación
a la nueva planta de personal o reintegro en caso de ser posible-, se extendió -por
disposición legal y por mandato de la Corte Constitucional- a los servidores de
carrera administrativa, a los prepensionados y los que se encontraran en
condiciones de discapacidad.
67. Precisado lo anterior, se destaca que en el citado Decreto no se identificaron
los empleos y las áreas misionales a las que pertenecen que serían objeto de
supresión, de modo tal que permitieran advertir, en esa primera instancia, los
resultados concretos que ese proceso de reestructuración tendría frente a todos los
servidores de la entidad. En este delimitado contexto, se indica que dicha orden
contaba, a voces de ese dispositivo «[…] con el concepto técnico favorable del
Departamento Administrativo de la Función Pública y la viabilidad presupuesta (sic)
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público».
68. A pesar de ello, con la Resolución 02358 de 29 de junio de 2017, 14 la fiscal
general de la Nación (E) distribuyó los cargos de la planta de personal, identificando
las personas, los empleos, las dependencias y la ubicación laboral de los servidores
que continuarían prestando sus servicios a esa institución. En consecuencia, los
funcionarios que no fueron incluidos en esas decisiones, fueron retirados del
servicio al considerar que sus empleos habían sido suprimidos.
13 Sentencia C-013 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
14 Aclarada-modificada por la Resolución 02386 de 30 de junio de 2017.
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69. Primer interrogante: ¿La supresión de cargos al interior de la Fiscalía General
de la Nación vulneró el derecho a la estabilidad laboral del demandante?
70. Sobre el particular, la sala observa que, conforme se indicó tanto en la demanda
como en el recurso de apelación, el demandante se desempeñó en provisionalidad
en el cargo de fiscal delegado ante los Juzgados Penales del Circuito
Especializados, adscrito a la Subdirección Seccional de Fiscalías y Seguridad
Ciudadana de Huila.
71. En ese contexto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia de esta
corporación15 y de la Corte Constitucional16, los servidores públicos nombrados en
provisionalidad gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, que si bien
no equivale a las garantías propias de quienes ostentan derechos de carrera
administrativa, tampoco los asimila a los cargos de libre nombramiento y remoción,
razón por la cual su desvinculación debe obedecer a causas objetivas y
debidamente justificadas.
72. Por lo tanto, la estabilidad de un servidor vinculado en provisionalidad se
concreta en el deber de la administración de expresar los motivos que sustentan su
retiro, con el propósito de que el afectado cuente con los elementos necesarios para
valorar la viabilidad de acudir ante la jurisdicción contenciosa y controvertir la
legalidad del acto respectivo.
73. En el sub lite, se advierte que la desvinculación del actor obedeció a la supresión
del cargo como consecuencia de la reestructuración institucional ordenada
mediante el Decreto Ley 898 de 2017, lo que quiere decir que el retiro del
demandante se produjo por una causal objetiva -supresión del empleo-, producto
de los acuerdos de paz que estableció el gobierno nacional.
74. Finalmente, dado que el demandante no acreditó la condición de servidor de
carrera ni demostró encontrarse dentro de alguno de los supuestos de especial
protección constitucional que justificaran un tratamiento distinto, la Sala concluye
que no se configura vulneración de derechos fundamentales y, por tanto, no
prospera el cargo.
75. Segundo interrogante. ¿El estudio técnico del 5 de enero de 2017 incumplió
lo dispuesto en los artículos 46 de la Ley 909 de 2004, 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del
Decreto 1083 de 2015?
76. El apelante sostiene que el estudio técnico elaborado desconoció las
disposiciones legales antes mencionadas, por cuanto no definió las reglas
aplicables al proceso de reestructuración de la planta de personal, ni precisó el
procedimiento para la selección de los 38 cargos de fiscal delegado ante jueces
penales del circuito especializados que serían suprimidos, ni explicó los criterios que
se adoptarían para su eliminación.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A., C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves, sentencia del 24 de
julio de 2025 identificada con el siguiente radicado: 68001-23-33-000-2017-00687-01 (2125-2023).
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-917 del 16 de noviembre de 2010, M.P: Jorge Iván Palacio Palacio.
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77. No obstante, al revisar las normas invocadas por el recurrente, encuentra la sala
que el antedicho artículo 46 de la Ley 909 de 2004 se refiere a la obligación de
motivar los estudios técnicos en necesidades del servicio o en razones de
modernización de la administración, mientras que los artículos 2.2.12.2 y 2.2.12.3
del Decreto 1083 de 2015 disponen que dichos estudios deben fundarse en
metodologías de diseño organizacional y ocupacional, que contemplen como
mínimo: 1) análisis de procesos técnico-misionales y de apoyo, 2) evaluación de la
prestación de los servicios y 3) evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas
de los empleos.
78. Aclarado lo anterior, la sala observa que el estudio técnico que sirvió de sustento
a la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación se fundamentó en la
necesidad estricta de acatar las disposiciones derivadas del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito
por el Gobierno Nacional. Véase que, contrario a lo señalado por el apelante, en la
introducción del citado documento se precisaron los capítulos temáticos abordados,
así:
«En el primer capítulo, se consigna la naturaleza jurídica de la Fiscalía General de
la Nación, el objeto social y un recuento histórico desde su creación en la
Constitución de 1991, su evolución en su estructura y funciones.
En el segundo capítulo se relacionan los cambios normativos que han impactado
en la conformación actual de la entidad, desde su creación hasta el año 2016.
El tercer capítulo se ocupa de analizar el entorno en el cual se desenvuelve la
organización, destacando los factores de orden político, social, económico y
tecnológico, que inciden en el funcionamiento, desarrollo actual y futuro de la
entidad.
En el capítulo cuarto se consigna el análisis interno de la institución, en donde se
describe y analiza la plataforma estratégica de la FGN -misión, visión-, el modelo de
operación por procesos, la estructura actual, funciones generales, clientes y
usuarios; igualmente, se registran los resultados de la evaluación a la prestación de
los servicios de investigación y acusación que permiten evidenciar la problemática
de congestión judicial que aqueja a la entidad.
En el capítulo quinto se describe la estructura organizacional propuesta para la
Fiscalía General de la Nación, haciendo a su vez el análisis comparativo de las
dependencias nuevas y actuales, y las razones que motivaron su modificación.
A partir del capítulo sexto se inicia con la consolidación y diseño de la estructura
organizacional, continúa con el análisis de cargas de trabajo, perfiles de cargos y
planta de personal, incluido su impacto presupuestal.»
79. Asimismo, el estudio técnico incluyó un análisis comparativo detallado entre las
dependencias preexistentes y las de la nueva creación, exponiendo las razones que
justificaron su modificación, la consolidación y rediseño de la estructura
organizacional, la evaluación de las cargas de trabajo, la revisión de los perfiles de
los empleos y planta de personal incluido su impacto presupuestal.
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80. Todo lo anterior se realizó con sujeción a los parámetros metodológicos y
técnicos establecidos en la “Guía de Rediseño Institucional de Entidades Públicas”
de julio de 2014, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP), instrumento que orienta los procesos de modernización organizacional en
las entidades públicas del orden nacional y territorial.
81. En el acápite 7.7. Área administrativa, se dispuso lo siguiente:
«La modificación estructural de la Fiscalía necesaria para cumplir con los
compromisos establecidos en el Acuerdo Final, requiere un manejo gerencial del
área administrativa que incluya la tendencia actual de la austeridad inteligente en el
sector público. En este sentido, se propone una reducción en el número de
dependencias de la Dirección de Apoyo a la Gestión, como se mencionó
anteriormente, que pasa de 24 Subdirecciones Seccionales a 8 Subdirecciones
Regionales. Como consecuencia, hay una reducción importante en los cargos del
Nivel Directivo, Profesional y Asistencial (cargos de Auxiliar, Asistente, Secretario y
Conductor). Esto incide en la disminución en los gastos de personal (Tabla 34).
La atomización existente de algunas dependencias, tiene como consecuencia la
falta de coordinación y demora en la ejecución de los procesos en la entidad. Con
miras a la optimización de la comunicación interna y mayor articulación entre
dependencias, la parte misional de la Entidad, en cabeza de la Vice Fiscalía General,
se organiza en tres Delegadas: La Delegada para la Seguridad Ciudadana, la
Delegada contra la Criminalidad Organizada, y Delegada para las Finanzas
Criminales.
Esta reorganización estructural y el análisis de las cargas laborales, mostraron una
reducción significativa de cargos en todos los niveles, excepto en el Nivel Asesor,
toda vez que los cargos de este nivel serán los encargados de liderar las Secciones
de Fiscalía, Policía Judicial y Atención al Usuario en las 35 Direcciones Seccionales
del territorio Nacional.
La reducción del nivel Directivo, permitirá financiar la ampliación de cargos
misionales activos (Fiscales e Investigadores) que serán distribuidos a nivel
nacional, para aumentar la efectividad de las investigaciones a cargo.
En la Tabla 34, se evidencia la reducción de cargos en 4.706 y la disminución de
gastos de personal total en $495.659.163.645.
Tabla 1. Comparativo planta actual vs planta nueva
PLANTA ACTUAL PLANTA NUEVA
N° Cargos NIVEL Costos Total Anual N° Cargos NIVEL Costos Total Anual
226 Directivo 61.104.789.156 95 Directivo 30.987.492.740
81 Asesor 15.332.666.460 119 Asesor 27.338.335.949
9.009 profesional 1.472.084.767.359 7.444 profesional 1.223.317.997.437
17.163 Técnico 1.351.552.135.130 14.422 Técnico 1.137.640.770.026
2.357 Asistencia 105.885.350.408 2.050 Asistencia 91.015.948.718
Total 28.836 - 3.005.959.708.514 24.130 - 2.510.300.544.870
82. Así las cosas, considera la sala que no son de recibo los reparos del recurrente,
dado que el estudio técnico desarrolló de manera integral y coherente los distintos
componentes requeridos para sustentar el proceso de reestructuración institucional,
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aplicando una metodología de diseño organizacional y ocupacional que consideró:
i) el análisis de los procesos misionales y de apoyo; ii) la evaluación de la eficiencia
en la prestación de los servicios; y iii) la valoración de las funciones, perfiles y cargas
laborales de los empleos existentes.
83. De igual manera, el estudio enfatizó en la necesidad de fortalecer la
investigación y el ejercicio de la acción penal, con el propósito de potenciar las
capacidades operativas de la Fiscalía General de la Nación en todo el territorio
nacional, en especial, en aquellas zonas con mayores índices de criminalidad, en el
marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz.
84. Tercer interrogante. ¿Existió ausencia de criterios objetivos para la supresión
de cargos en la Fiscalía General de la Nación?
85. En la parte motiva de la Resolución 02358 de 29 de junio de 201717, la fiscal
general de la Nación distribuyó los cargos de la planta de personal de la entidad,
con fundamento en las siguientes consideraciones:
«Que, mediante el Decreto Ley 898 de 2017, se creó la Unidad Especial de
Investigación para el Desmantelamiento de las organizaciones y conductas
criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra
defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos
o que amenacen o atentes (sic) contra las personas que participen en la
implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las
organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesor (sic) del
paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto
3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación y, en
consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la
Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones.
Que, como consecuencia de esta modificación, se hace necesario distribuir los
cargos de la Planta adoptada para cada área de la Fiscalía General de la Nación.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 26 del artículo 4° del Decreto
Ley 016 de 2014 y el artículo 63 del Decreto Ley 898 de 2017, el Fiscal General de
la Nación tiene la facultad de distribuir, trasladar y reubicar los empleos dentro de
las Plantas Globales y flexibles de la Entidad y determinar sus funciones, de acuerdo
con las necesidades del servicio, los planes, estrategias y los programas de la
Entidad».
86. Pues bien, de los anteriores considerandos, podría concluirse, prima facie, que
ese acto administrativo carece de la motivación suficiente para entender y predicar
que el empleo del actor fue suprimido. Lo anterior, en razón a que en esos apartados
no se señalaron los parámetros que conllevaron a la administración a incorporar a
la nueva planta de personal los cargos allí descritos y, por contera, tampoco se
identificaron los criterios que determinaron la supresión de aquellos que no se
beneficiaron con aquella medida.
17 Cd obrante a folio 68 del expediente físico.
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87. Sin embargo, y atendiendo a que esa decisión devino del cumplimiento del
Decreto Ley 898 de 2017 -arriba reseñado-, es dable pregonar que la citada
resolución contiene una motivación tácita que no solo dimana de aquél, sino también
de las reglas concebidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-013 de 2018,
que se concretan en garantizar la estabilidad laboral de: i) los servidores inscritos
en carrera administrativa; ii) los empleados que detentan la condición de
prepensionados y; iii) los funcionarios que se encuentran en condición de
discapacidad.
88. Así entonces, para esta subsección es claro que la incorporación a la nueva
planta de cargos de unos funcionarios y el retiro de la institución de otros, provino
del respeto de los anteriores parámetros, al punto que conllevó la supresión del
empleo desempeñado por el actor, que se encontraba vinculado en provisionalidad
y quien, además, no acreditó estar adscrito a algunas de las condiciones especiales
definidas por la Corte Constitucional para los fines de estabilidad laboral.
89. Bajo esa óptica, la existencia de unos criterios legales y jurisprudenciales para
garantizar el derecho al trabajo de los funcionarios de la Fiscalía General de la
Nación, tornaba innecesaria la realización de un nuevo estudio técnico, pues se
contaban con elementos de juicio razonables y ponderados para adelantar los
movimientos de personal que el proceso de reestructuración requería.
90. Por otra parte, aunque el actor aludió que tenía a su cargo más de 250
investigaciones y una calificación sobresaliente, tenía la obligación de demostrar
que la permanencia en la planta de personal de la entidad de las plazas
provisionales de fiscal delegado ante los jueces penales del circuito especializados
no satisfizo los aludidos requerimientos legales y jurisprudenciales y, además, que
tenía mejor derecho para que su empleo no fuera eliminado en ese proceso de
reestructuración.
91. A juicio de la sala, los actos que ordenaron la supresión de cargos no
establecieron criterios objetivos específicos para la supresión del cargo que
ocupaba el demandante, toda vez que estos se limitaron a disponer la
reestructuración orgánica de la entidad, sin individualizar cargos concretos ni
precisar las condiciones particulares de cada empleo suprimido.
92. Finalmente, y frente al argumento según el cual el cargo ejercido por el actor
fue reactivado dos meses después de su supresión, la sala advierte que dicha
“reactivación” no implicó la creación, en la planta de personal de la entidad
demandada, del empleo que anteriormente fue suprimido.
93. En efecto, se tiene que mediante Resolución DS – 20 No. 221 de 29 de agosto
de 201718, el director seccional (Huila) de la Fiscalía General de la Nación ordenó
la reactivación en los sistemas de reparto SIJUF y SPOA de la Fiscalía Segunda
Delegada ante los Juzgados Penales Especializados de Neiva, dependencia en la
que, para los fines de la continuidad en la prestación del servicio, fue reubicado el
18 Folios 175-177 del cuaderno principal.
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servidor Mario Enrique Afanador Armenta, quien ya venía vinculado a esa institución
como Fiscal Especializado adscrito a la Dirección Especializada contra Violaciones
a los Derechos Humanos de Neiva.
94. Con tales fines, esa decisión dio cuenta que, mediante Resolución 1 – 390 de 3
de agosto de 201719, la vicefiscal general de la Nación -delegataria de la función de
reubicación de empleos al interior de esa institución-, ordenó trasladar al citado
señor, de la Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos –
Neiva a la Dirección Seccional del Huila.
95. Como se indicó en apartes anteriores, el proceso de reorganización institucional
se fundamentó en la necesidad imperiosa de atender los compromisos derivados
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera, lo cual justificó de manera objetiva las decisiones adoptadas en
materia de supresión y redistribución de cargos.
96. Así entonces, se reitera que la inactivación20 y posterior reactivación de la
dependencia denominada Fiscalía Segunda Delegada ante los Juzgados Penales
Especializados de Neiva, no volvió las cosas al estado anterior al proceso de
supresión, pues no dejó sin efectos jurídicos esa determinación, ni mucho menos
volvió a crear el aludido empleo.
97. Por tanto, y aunque formalmente la denominación del cargo actual es similar al
del empleo suprimido, lo cierto es que dicha situación no invalida la supresión
ordenada, pues: i) En el Decreto Ley 898 de 201721, el presidente de la República
ordenó la supresión de 291 empleos de «FISCAL DELEGADO ANTE JUECES
PENALES DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS»; ii) En la Resolución 0-2358 de 29
de junio de ese mismo año, la fiscal general de la Nación (E), al distribuir y ubicar
en la planta de personal de esa institución los distintos cargos de fiscal, solo señaló
la naturaleza de cada uno de ellos, sin determinar y/o referenciar un número en
especial.
98. Así entonces, las personas incorporadas en cargos similares a los ejercidos por
el demandante fueron destinadas como «Fiscal Delegado ante Jueces Circuito
Especializados».
99. En consecuencia, el hecho de que el empleo en el que fue reubicado el servidor
Mario Enrique Afanador Armenta detente el mismo nombre del cargo que otrora
ejerció el actor no implica, como ya quedó dicho, que aquél fue nuevamente creado
en la institución demandada.
100. Corolario, el presenta cargo no prospera.
101. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del C.P.A.C.A.,
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
19 Folios 190-195, ejusdem.
20 Ordenada por Resolución DS – 20 119 de 30 de junio de 2017 (fls 187-189).
21 Artículo 59.
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entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.
102. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la
demanda carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo
188 del C.P.A.C.A. se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá
imponer costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se
regirá por las normas del C.G.P.22
103. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del C.G.P. teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del C.P.A.C.A.
104. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora, por cuanto en la
presente decisión no se acogieron los argumentos planteados en el recurso de
apelación por el presentado. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del respectivo
tribunal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 5 de julio de 2022, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo del Huila negó las pretensiones de la demanda que,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó
el señor Giovanni Iriarte Gómez en contra de la Fiscalía General de la Nación.
SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta
instancia, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.
22 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad
corresponde al Código General del Proceso.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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