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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2018-00286-01

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2018-00286-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Modificar el ordinal segundo de la sentencia del 13 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila. SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR la firmeza de la declaración privada presentada el 21 de marzo de 2013 por Surpetroil S.A.S., correspondiente al impuesto de industria y comercio y complementarios de avisos y tableros del año gravable 2012, según lo determinado en esta providencia. Segundo: Condenar en costas en segunda instancia a la parte demandada, por haberse resuelto desfavorablemente el recurso. Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un (1) salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). En consecuencia, se ordenará al tribunal el respectivo incidente de liquidación de la condena en costas, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 41001-23-33-000-2018-00286-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00286-01 (29479)
Demandante: SURPETROIL S.A.S.
Demandada: Municipio de Tesalia – Huila

Temas: ICA 2012. Generación y comercialización de energía eléctrica.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 13 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila,
que resolvió1:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 001 – Expediente SHM-252-2014
del 9 de mayo de 2018 “Por la cual se resuelve un recurso de reconsideración”, proferido
por la Secretaría de Hacienda y Tesorería de Tesalia – Huila en la cual se confirma en
todas sus partes la Liquidación de Revisión No. 001 del 18 de abril de 2017, con la cual
sanciona por inexactitud a SURPETROIL S.A.S., identificada con NIT 830.023.853-6, por
concepto del impuesto de industria y comercio año gravable 2012.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que el proyecto de
corrección presentado el 14 de marzo de 2014 sustituye la declaración de impuesto de
industria y comercio que la actora presentó por el año gravable 2012.

Adicionalmente con el restablecimiento del derecho, se ordenará la devolución de la suma
que Surpetroil S.A.S. discute en la corrección como pagada en exceso ($96.362.000); de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 863 del Estatuto Tributario Nacional y siguiendo la
orientación del H. Consejo de Estado en un asunto relacionado con la devolución del pago
en exceso; se reconocerán intereses corrientes (en los términos consagrados en el artículo
864, ibidem), desde la fecha de notificación del requerimiento especial (7 de septiembre
de 2016), hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia, e intereses moratorios desde
el día siguiente de la ejecutoria de este fallo, hasta la fecha del giro del cheque, emisión
del título o consignación, también a la tasa prevista en el precepto anterior.

TERCERO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin condena en costas.

(…).

ANTECEDENTES

El 21 de marzo de 2013 Surpetroil S.A.S (en adelante Surpetroil) presentó ante el
municipio de Tesalia (Huila) la declaración del impuesto de industria y comercio y
complementarios de avisos y tableros (en adelante ICA) correspondiente al año
gravable 2012, en la que liquidó y pagó el impuesto en la suma de $101.663.0002.

1 SAMAI Tribunal índice 63.
2 Fl.126 c.p. 1.

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Radicado: 41001-23-33-000-2018-00286-01 (29479)
Demandante: Surpetroil S.A.S.

El 14 de marzo de 2014, la sociedad presentó solicitud de corrección de la anterior
declaración por menor valor, en la que redujo el impuesto a cargo a $5.301.0003.

El 9 de agosto de 2014 la Secretaría de Hacienda de Tesalia mediante el Oficio AMT-
SHM-252-2014, negó la solicitud de corrección4, confirmada con el Oficio ATM-SHM-
581 de 24 de noviembre de 2015, que resolvió el recurso de reconsideración 5.

El 7 de septiembre de 2016, la mencionada secretaría expidió el Requerimiento
Especial 001, mediante el cual propuso modificar la liquidación privada del año
gravable 2012, presentada y pagada el 21 de marzo de 2013 y 14 de marzo de 2014,
respectivamente, en el sentido de adicionar: (i) casilla 12 ingresos netos gravables por
la comercialización de energía producida, (ii) casilla 18 sanciones (extemporaneidad,
corrección e inexactitud) y (iii) casilla 23 cálculo de intereses de mora 6. La sociedad
dio respuesta al requerimiento, el 1º de diciembre de 20167.

El 18 de abril de 2017, la Secretaría de Hacienda de Tesalia profirió la Liquidación de
Revisión 001, mediante la cual modificó la declaración del ICA del año 2012,
presentada por Surpetroil y pagada el 21 de marzo de 2013 y 14 de marzo de 20148.
(Acto demandado).

Contra el citado acto la sociedad interpuso recurso de reconsideración9, decidido el 9
de mayo de 2018 mediante la Resolución 001-Expediente SHM- 252-2014, en el
sentido de confirmar la liquidación de revisión10. (Acto demandado).

DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA), la demandante
formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA:
Que es nula la Resolución No. 001 – Expediente SHM-252-2014 del 9 de mayo de 2018
“Por la cual se resuelve un recurso de reconsideración”, notificada el 16 de mayo de 2018,
acto proferido por la Secretaría de Hacienda y Tesorería de Tesalia – Huila en la cual se
confirma en todas sus partes la Liquidación de Revisión No. 001 del 18 de abril de 2017,
proferida por la Secretaría de Hacienda y Tesorería de Tesalia – Huila, con la cual
sanciona por inexactitud SURPETROIL S.A.S, identificada con NIT 830.023.853-6, por
concepto del impuesto de industria y comercio año gravable 2012, por haber sido expedida
con violación las normas nacionales y municipales a las que hubiere tenido que sujetarse.

SEGUNDA:
Que es nula la Liquidación de Revisión No. 001 del 18 de abril de 2017, proferida por la
Secretaría de Hacienda y Tesorería de Tesalia – Huila, con la cual se sanciona por
inexactitud a SURPETROIL S.A.S. identificada con NIT 830-023.853-6, por concepto de
impuesto de industria y comercio año gravable 2012, por haber sido expedida con violación
a las normas nacionales y municipales a las que hubiere tenido que sujetarse.

TERCERA:
Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se declare como impuesto válido
y único a pagar por parte de SURPETROIL S.A.S. identificada con NIT 830-023.853-6,

3 Fl. 213 c.p.2.
4 Fls. 216 a 218 c.p. 2.
5 Fls. 248 a 249 c.p. 2.
6 Fls. 256 a 260 c.p. 2.
7 Fls. 261 a 284 c.p. 2.
8 Fls. 289 a 301 c.p. 2.
9 Fls. 311 a 336 c.p. 2.
10 Fls. 358 a 368 c.p. 2.

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Radicado: 41001-23-33-000-2018-00286-01 (29479)
Demandante: Surpetroil S.A.S.

por concepto de impuesto de industria y comercio año gravable 2012, detallado a
continuación:

Descriptor Solicitud de corrección del
impuesto correcto a liquidar por el
año 201211
Total ingresos ordinarios y 21.205.326.000
extraordinarios
Menos ingresos fuera Tesalia 11.038.986.000
Total ingresos en Tesalia 10.166.340.000
Devoluciones, Rebajas, Descuentos 0
Deducciones y exenciones y actos 10.084.575.000
que no causan impuesto
INGRESOS NETOS GRAVABLES 81.765.000
Impuesto anual de industria y 5.301.000
comercio
Impuesto Anual de Avisos 0
Oficinas adicionales sector financiero 0
Total impuesto a cargo 5.301.000
Menos, valor que le retuvieron a título 0
de Impuesto de Industria y Comercio
Más sanciones 0
Total, saldo a cargo 5.301.000
Total, saldo a favor 0
Valor a pagar 5.301.000
Más sanciones 0
Intereses de mora 0
TOTAL A PAGAR 5.301.000

Debe advertirse al Honorable Magistrado, que este valor consignado en la solicitud de
corrección por menor valor, la cual fue negada por la Administración Municipal y cuya mora
en respuesta del recurso de reconsideración dio origen a una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho ante el Honorable Tribunal Administrativo del Huila bajo el
Radicado 41 001 23 33 000 2017 0007500 Magistrado de Conocimiento Ramiro Aponte
Pino12.

CUARTA
Se condene al demandado al pago de las costas procesales a favor del demandante, al
dar inicio a actuaciones jurídicas por fuera del marco de ley, desconociendo toda la
jurisprudencia existente al respecto.

QUINTA
Se condene al demandado al pago de las expensas en derecho a favor del demandante,
al dar inicio a actuaciones jurídicas por fuera el marco de ley, desconociendo toda la
jurisprudencia existente al respecto.

Invocó como disposiciones violadas los artículos 2, 6, 13, 29 y 92 de la Constitución
Política; 162, 163 y 164 del “Código de Procedimiento Administrativo”; 7 de la Ley 56
de 1981; 51 de la Ley 383 de 1997; 4 del Acuerdo 22 de 2012; 15 y 16 del Decreto
2024 de 1982; y 181 de la Ley 1607 de 2012.

Como concepto de violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Extemporaneidad en la expedición del Requerimiento Especial 001 del 7 de

11 El proyecto de corrección citado por el demandante difiere de los valores del cuadro de la demanda, específicamente en los
ingresos netos gravables.
12 Se advierte por la Sala que, mediante Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 11 de octubre de 2023, exp.
27708, C.P: Stella Jeannette Carvajal Basto, resolvió: REVOCAR la sentencia del 7 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila. En su lugar, se dispone: DECLARAR probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda por falta de integración de la proposición jurídica demandable, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de
esta providencia. En consecuencia, INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones de la demanda.

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Radicado: 41001-23-33-000-2018-00286-01 (29479)
Demandante: Surpetroil S.A.S.

septiembre de 2016, Violación de los artículos 705 y 714 del ET. El Requerimiento
Especial 001 de 7 de septiembre de 2016, por medio del cual pretende la modificación
de la declaración del ICA del año gravable 2012, presentada el 21 de marzo de 2013,
se expidió en forma extemporánea.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el término para declarar el ICA por el año 2012
vencía el 31 de marzo de 2013, por lo que los dos años de que trata el artículo 705
del ET, se cumplieron el 31 de marzo de 2015, y como el requerimiento se expidió el
7 de septiembre de 2016, sobrepasó el término dado por la ley en un año, cinco meses
y siete días, estando ya en firme la declaración – art. 714 de. ET-.

Advierte que la Administración se refiere a la corrección efectuada por la sociedad el
14 de marzo de 2014, y cuenta los términos a partir del 9 de agosto de 2014 cuando
esta fue negada, por lo que de aceptarse lo planteado por el ente territorial «la
administración no expidió liquidación especial de corrección, pues negó la solicitud, por lo que el término
para la facultad de revisión, de dos años, comenzó a correr a partir del vencimiento de los seis meses
de la solicitud» la firmeza de la declaración venció el 9 de agosto de 2016, razón por la
cual el requerimiento especial expedido el 7 de septiembre de 2016, es extemporáneo.

No obstante, lo anterior, al haberse negado el proyecto de corrección por parte del
municipio, no generó efectos jurídicos, que permitan ampliar los términos.

La base gravable para las empresas que generan energía eléctrica está regulada
por la Ley 56 de 1981, sin importar si estas se encuentran interconectadas con
el sistema eléctrico nacional. Según el municipio se debe pagar impuesto por
generar energía y, pagar impuesto por comercializarla, lo cual es contrario a la ley.

Precisa que Surpetroil es una empresa de energía eléctrica que generaba energía en
Campo La Hocha, razón por la cual debía liquidar la base gravable del ICA conforme
a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 56 de 1981 (art. 4 del Acuerdo 22 de 2012
de Tesalia).

Citó los artículos 51 de la Ley 383 de 1997, 15 y 16 del Decreto 2024 de 1982 y 181
de la Ley 1607 de 2012, y apartes de la sentencia C-587/14, y manifestó que la
comercialización hace parte de la producción de energía. La sociedad es generadora
de energía y la comercializa; por ende, toda la venta tiene una sola base gravable, la
cual se calcula conforme a las Leyes 56 de 1981 y 1607 de 2012.

Expone que la Corte Constitucional en las sentencias C-486/97 y C-194/98, señala
que el artículo 7 de la Ley 56 de 1981 no concede excepciones ni tratamientos
preferenciales en relación con el ICA, toda vez que se trata de una norma de carácter
especial que regula el citado impuesto, que se cobra a las centrales generadoras de
energía eléctrica, lo cual se ajusta a la Constitución Política. En igual sentido, se
pronunció el Consejo de Estado en providencias del 11 de septiembre de 2006, exp.
1404313, del 3 de septiembre de 2009, exp. 1713314 y del 14 de abril de 2011, exp.
1793015.

Así las cosas, el impuesto liquidado por Surpetroil -quien tiene la propiedad de la planta de
energía eléctrica- fue el correspondiente al pago por kilovatio colocado, y no por la
totalidad de los ingresos, como lo pretende el municipio, contradiciendo además la

13 C.P: Héctor J. Romero Díaz.
14 C.P: Martha Teresa Briceño de Valencia.
15 C.P: Martha Teresa Briceño de Valencia.

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Radicado: 41001-23-33-000-2018-00286-01 (29479)
Demandante: Surpetroil S.A.S.

jurisprudencia16. Concluye que no violó ninguna disposición vigente en el municipio ni
se configura omisión sancionable.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Municipio de Tesalia contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la
demanda17, con fundamento en lo siguiente:

Con la declaración de corrección del ICA, presentada por Surpetroil el 14 de marzo de
2014, comenzó a correr el término para que la Administración la revisara, venciendo
el 14 de septiembre de 2016 conforme al artículo 589 del ET -dos años y seis meses-,
fecha posterior a la notificación el requerimiento especial -07 de septiembre de 2016-, de
manera que su expedición fue oportuna.

Precisa que, según la jurisprudencia18, la actividad de generación de energía eléctrica
es distinta a las actividades de generación (sic), transmisión, comercialización y
distribución, por lo que las empresas generadoras propietarias de obras para la
generación eléctrica continúan gravadas por su actividad industrial, conforme a la Ley
56 de 1981 y, en relación con las demás actividades que desarrolla aplica las reglas
establecidas en el artículo 51 de la Ley 383 de 1997.

De otra parte, el artículo 1 de la Ley 143 de 1994 distingue las actividades de
generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad,
denominándolas de manera genérica actividades del sector. Así mismo, el artículo 5
ibidem, dispone que cada una de esas actividades, están destinadas a satisfacer
necesidades colectivas primordiales, por lo que se consideran servicios públicos de
carácter esencial; en igual sentido, el artículo 6 ib. trata cada una de ellas como
actividades separadas, y en el mismo orden, el artículo 7 distingue las actividades de
la cadena de energía eléctrica.

Si en gracia de discusión se aceptara que no se puede gravar la actividad de
comercialización, se debe tener en cuenta que la demandante no ha acreditado ser
propietaria de las obras en los términos de los artículos 1 y 2 de la Ley 56 de 1981,
requisito exigido en el artículo 7 ib., para que la actividad generadora eléctrica se grave
no con base en los ingresos sino en kilovatios de capacidad instalada.

Respecto a que la comercialización de la producción por parte del industrial es la fase
final de su actividad y no una distinta, según el artículo 181 la Ley 1607 de 2012,
declarado exequible en sentencia C-587/14, señala que esa ley no puede aplicarse
porque comenzó a regir después de iniciar la vigencia, es decir, en el año 2013.

Finalmente, propuso las excepciones de carencia de objeto del medio de control por
superación de las causas materiales que dieron origen a la demanda, y la genérica.

SENTENCIA

16 Citó la sentencia del 10 de septiembre de 2015, exp. 19730, C.P: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
17 Fls. 149 a 168 c.p. 1.
18 Sentencia del 14 de abril de 2011, exp. 17930, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

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Radicado: 41001-23-33-000-2018-00286-01 (29479)
Demandante: Surpetroil S.A.S.

El Tribunal anuló los actos administrativos demandados; a título de restablecimiento
del derecho: (i) declaró que el proyecto de corrección presentado el 14 de marzo de
2014 sustituyó la primera declaración del ICA del año 2012, y (ii) ordenó la devolución
de la suma de $96.362.000, de acuerdo con el artículo 863 del ET, con los intereses
corrientes y moratorios, conforme al artículo 864 del ET, (iii) negó las demás
pretensiones de la demanda y, (iv) se abstuvo de condenar en costas19.

Sostuvo que independientemente del trámite que le dio la Administración a la solicitud
de corrección, de acuerdo con el artículo 589 del ET, el municipio contaba con seis
meses adicionales para efectuar su revisión. Como el término de presentación de la
declaración del ICA por el año 2012 venció el 31 de marzo de 2013, el término inicial
de dos (2) años para proferir el requerimiento especial venció el 31 de marzo de 2015
-art. 705 del ET-; sin embargo, con la presentación del proyecto de corrección del 14 de
marzo de 2014 -art 589 del ET- el municipio contaba con seis meses más para practicar
liquidación oficial de corrección. En consecuencia, la facultad de revisión de dos años
comenzó a contarse a partir del 14 de septiembre de 2014 y finalizó el 14 de
septiembre de 2016 –inc 2 del art. 589 del ET-, fecha posterior a la notificación del
requerimiento especial -7 de septiembre de 2016-, el cual, por tanto, fue oportuno.

En cuanto a la base gravable para liquidar el ICA de las empresas generadoras de
energía, precisó que, debido a su evolución normativa, la actividad de generación,
transformación, distribución y comercialización de energía eléctrica se regía por las
Leyes 56 de 1981, 142 de 1994 y 383 de 1997, normas que aplicaban en la jurisdicción
en donde se grava el impuesto y precisan los elementos del tributo.

Por su parte, el artículo 51 de la Ley 383 de 1997 previó que la actividad de generación
de energía eléctrica continuará gravada de acuerdo con lo establecido en el artículo 7
de la Ley 56 de 1981. En sentencia de 24 de octubre de 201320, el Consejo de Estado
precisó que «el artículo 51 de la Ley 383 de 1997 se remitió a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
56 de 1981, lo cual, según el artículo 14 del Código Civil, significa que el artículo 51 de la Ley 383 de
1997 se entiende incorporado a aquella».

También, en providencia de 3 de septiembre de 200921 indicó que la actividad de
generación de energía eléctrica solo podría ser gravada por los municipios, en los
términos de la Ley 56 de 1981, en el caso que las empresas sean consideradas como
entidades propietarias de las obras, según su definición en el artículo 2 de dicha ley,
sin que les sea dado hacerlo por la Ley 14 de 1983. Además, destacó que la Ley 383
de 1997 utiliza la expresión “continuará gravada”, es decir, mantiene el régimen legal
vigente en ese momento – Ley 56 de 1981-, el cual rigió sin interrupciones, aún
después de proferida la Ley 14 de 1983.

Agregó que con la expedición de la Ley 1607 de 2012, se zanjó las diferencias
interpretativas, al establecer en el artículo 181 que la comercialización de energía
eléctrica por parte de las empresas generadoras de energía continuará gravada de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 56 de 1981. Citó jurisprudencia en
respaldo de esta tesis22.

Para el caso, puntualizó que Surpetroil es una empresa generadora de energía sujeta
al ICA a la tarifa establecida en el artículo 7 de la Ley 56 de 1981, por lo cual la
sociedad tuvo razón al corregir la declaración privada el 14 de marzo de 2014.

19 SAMAI Tribunal índice 63.
20 Exp. 18938, C.P: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
21 Exp. 17133, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
22 C- 587/14.

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Demandante: Surpetroil S.A.S.

Comoquiera que, en el requerimiento especial, la Administración modificó los valores
considerando los contratos de comercialización de energía suscritos con Emgesa S.A.
E.S.P. y omitió pronunciarse sobre la declaración de corrección pese a que cumplió
con los requisitos formales para su aceptación, concluyó que «es del caso acceder a la
corrección de la liquidación privada presentada y pagada el 21 de marzo de 2013»23.

Consideró que existieron argumentos suficientes para que la Administración aceptara
la corrección de la liquidación, porque: (i) solo podía negarla por motivos formales, los
cuales se acreditaron, y (ii) el contribuyente reclamó el haber liquidado y pagado un
mayor impuesto sobre una tasa que no aplicaba, bajo el supuesto que lo hizo sobre la
tarifa general, siendo que por ser generador de energía le correspondía la especial del
artículo 7 de la Ley 56 de 1981.

Advirtió que, si el municipio consideraba que la actora no tenía derecho a liquidar el
impuesto de ICA como generador de energía, aplicando la tarifa contenida en el
artículo 7 de la Ley 56 de 1981, debió aceptar la corrección y luego iniciar el proceso
de revisión. Además, incurrió en imprecisiones en el requerimiento especial al
remitirse a la declaración inicial y de corrección presentadas por la sociedad. En
consecuencia, anuló los actos demandados y declaró que la liquidación de corrección
sustituye la inicial.

Finalmente, conforme al inciso 2 del artículo 188 del CPACA no condenó en costas
porque la demanda no se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada24 -apelante única-, solicitó en el recurso “(…) que el Consejo de
Estado revoque en su totalidad la sentencia de primera instancia proferida por Tribunal
Contencioso Administrativo del Huila el 13 de agosto de 2024; se nieguen las
pretensiones de la demanda y se declaren probadas las excepciones presentadas por
el MUNICIPIO DE TESALIA – HUILA”. Ello con fundamento en lo siguiente:

La Jurisprudencia25 ha establecido que las actividades que se enmarcan en la
generación, transmisión, comercialización y distribución de energía eléctrica están
regladas de manera independiente, por lo que cada actividad se grava de manera
individual, con bases gravables diferentes, teniendo en cuenta que, si el generador es
propietario de las obras, lo que no está probado, no se aplica lo establecido en el
artículo 7 de la Ley 56 de 1981.

Se allegó como prueba en el proceso el contrato de suministro de energía eléctrica
SC-34-009-2011, suscrito con Emgesa S.A. E.S.P. el 1 de agosto de 2011, que tiene
como objeto «[p]or el presente contrato el VENDEDOR, se obliga a poner a disposición del
COMPRADOR y este a comprar una potencia total instalada igual a la definida en el anexo 1 de este
contrato y su equivalente de energía eléctrico (sic) destinarla (sic) a la construcción de la hidroeléctrica
El Quimbo, a cambio de un precio…», generándose una comercialización de energía, es
decir, con destino a una empresa de servicios públicos, para la construcción de la
hidroeléctrica, a cambio de un precio, que hace parte del total de los ingresos
mensuales obtenidos por la demandante durante el año 2012.

23 Pp. 22 de la sentencia.
24 SAMAI Tribunal índice 68.
25 Sentencia del Consejo de Estado del 14 de abril de 2011, exp. 17930, Martha Teresa Briceño de Valencia.

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Radicado: 41001-23-33-000-2018-00286-01 (29479)
Demandante: Surpetroil S.A.S.

En cuanto a la comercialización de energía eléctrica, el artículo 181 de la Ley 1607 de
2012 dispone que la comercialización de energía eléctrica por parte de las empresas
generadoras de energía continuará gravada de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 56
de 1981; sin embargo, esta ley fue promulgada el 26 de diciembre de 2012, por tanto,
según la Constitución Política, las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen
contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un
período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience
después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo, lo que implica
que está ley solo aplica para el 2013. Por ende, la demandante no estaría cobijada
por dicha ley.

Como la sentencia aplicó dicha normativa, la actuación de la Administración se
encuentra conforme a la ley vigente para la época.

Pronunciamientos en segunda instancia

La parte demandante y el ministerio público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Se decide la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales el municipio
de Tesalia, Huila modificó la declaración del impuesto de ICA a cargo de la
demandante, por el año gravable 2012.

En los términos del recurso interpuesto por el municipio en su calidad de apelante
única, corresponde establecer si: i) la actividad desarrollada por Surpetroil durante el
año gravable 2012 constituyó una actividad de generación de energía eléctrica, sujeta
a la tarifa especial prevista en el artículo 7 de la Ley 56 de 1981, o si, por el contrario,
se trató de una actividad de comercialización de energía, gravada bajo el régimen
general del impuesto ICA; o si, como lo sostuvo el Municipio de Tesalia, ambas
actividades resultaban gravadas de manera autónoma, al corresponder a hechos
económicos distintos previstos en la ley; ii) la sociedad acreditó la calidad de
propietaria de las obras de generación, en los términos del artículo 2 de la Ley 56 de
1981, requisito indispensable para aplicar la tarifa especial del artículo 7 de la misma
ley; y iii) el artículo 181 de la Ley 1607 de 2012 resulta aplicable al período gravable
2012 o solo podía regir a partir del año 2013, de acuerdo con el principio de
irretroactividad tributaria previsto en el artículo 338 de la Constitución Política.

Cuestión previa

Antes de estudiar los cargos de apelación, la Sala advierte que el Tribunal ordenó (i)
declarar que el proyecto de corrección presentado el 14 de marzo de 2014 sustituye
la declaración del impuesto de industria y comercio que la actora presentó por el año
2012 y (ii) la devolución de la suma discutida por Surpetroil S.A.S. en el proyecto de
corrección presentado el 14 de marzo de 2014.

Al respecto, se advierte que esta Corporación en sentencia del 11 de octubre de 2023,
mismas partes, dentro del proceso con radicado interno No. 27708, declaró probada

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de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de integración
de la proposición jurídica demandable. Por lo tanto, el acto administrativo que negó el
reconocimiento del proyecto de corrección de la declaración inicial quedó en firme,
cuya consecuencia implica que el proyecto de corrección de la declaración no surtió
efectos legales.

En ese sentido, cumpliendo con los deberes que tienen los jueces de adoptar las
medidas necesarias para preservar el principio de congruencia de las sentencias (art.
42-5 del CGP), en concordancia con lo previsto en el artículo 187 del CPACA y el
artículo 281 del CGP, que exige que la sentencia se pronuncie expresamente sobre
las pretensiones formuladas por la parte actora, limitándose al petitum de la demanda
y a lo planteado en la contestación26. Por consiguiente, la Sala reconducirá de oficio
el restablecimiento del derecho27, como se expondrá más adelante.

Impuesto de industria y comercio de las empresas generadoras y
comercializadoras de energía eléctrica.

La Sala28 se ha pronunciado sobre el impuesto de industria y comercio (ICA) aplicable
a las empresas generadoras y comercializadoras de energía eléctrica, criterio que en
lo pertinente se reitera en esta oportunidad.

Para la época de los hechos, sobre la generación de energía eléctrica, la Sala señala
que esta actividad estaba gravada de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley
56 de 198129, norma que, a su vez fijó como aspecto espacial del elemento objetivo
del ICA, el municipio en donde se encuentre ubicada la central generadora en
consideración a los kilovatios instalados en ella, y señaló los sujetos pasivos de dicho
impuesto, sin pretender gravar la propiedad.

Asimismo, el artículo 51 de la Ley 383 de 1997 adoptó las reglas de territorialidad bajo
las cuales se determina la causación del ICA, particularmente, para las actividades
reguladas por la Ley 142 de 1994, relativas a la prestación de los servicios públicos
domiciliarios. El precepto dispone que la prestación de esos servicios públicos se
grava en el municipio donde esté ubicado el usuario final, regla general que aplica sin
perjuicio de las especiales adoptadas por la misma disposición para las actividades
de (i) generación, (ii) transmisión y conexión y (iii) compraventa de energía.

El citado artículo 51 tiene por objeto declarar el sentido del artículo 7 de la Ley 56 de
1981; por ello, conforme al artículo 14 del Código Civil, debe entenderse incorporado
a la ley cuyo alcance aclara. En palabras de la jurisprudencia: «Esta norma ratifica la
anterior argumentación, haciendo explícita la voluntad del legislador para que el impuesto de industria
y comercio de las entidades propietarias de obras para la generación de energía eléctrica, no se regule
por la Ley 14 de 1983, sino por el artículo 7° de la Ley 56 de 1981. Se destaca que la Ley 383 de 1997
utiliza la expresión “continuará gravada”, es decir, mantiene el régimen legal vigente en ese momento,

26 Sentencias del 29 de abril de 2020 Exp 22085 CP: Stella Jeannette Carvajal Basto, y del 17 de junio de 2021, Exp 23733
C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
27 Sentencia del 7 de octubre de 2021 Exp. 23314 CP Julio Roberto Piza
28 Sentencias del 2 de diciembre de 2015, exp. 21310, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 23 de julio y 20 de agosto
de 2015, exps. 19942 y 20006, C.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 10 de diciembre de 2015, exp. 20012, CP: Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas; del 04 de diciembre de 2019, exp. 23568, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 07 de abril de
2022, exp. 25860, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto; 28 de abril de 2022, exp. 25859, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello y
del 9 de noviembre de 2023, exp. 27815, Wilson Ramos Girón.
29 “Artículo 7. Las entidades propietarias, pagarán a los municipios los impuestos, tasas, gravámenes o contribuciones de
carácter municipal diferentes del impuesto predial, únicamente a partir del momento en que las obras entren en operación o
funcionamiento y dentro de las siguientes limitaciones:
a) Las entidades propietarias de obras para generación de energía eléctrica, podrán ser gravadas con el impuesto de industria y
comercio, limitada a cinco pesos ($5.00) anuales por cada kilovatio, instalado en la respectiva central generadora.
…”. Mediante sentencia C-486 de 1997 declaró exequible el literal a) del artículo 7 de la Ley 56 de 1981.

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contenido en la Ley 56 de 1981, el cual rigió sin interrupciones, aún después de proferida la Ley 14 de
1983»30.

Sobre el régimen de tributación, el legislador, en el artículo 181 de la Ley 1607 de
2012, aclaró que, en los casos en los cuales las empresas generadoras de energía
comercialicen la energía producida, dicha comercialización «continuará gravada de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 56 de 1981» (subraya la Sala). Frente a esta
norma, la Corte Constitucional se pronunció en la sentencia C-587 de 2014, y declaró
su exequibilidad condicionada «en el entendido de que lo allí establecido no aplica respecto de
la comercialización de energía no producida por parte de las empresas generadoras de energía
eléctrica».

Al estudiar el ámbito de aplicación temporal del artículo 181 de la Ley 1607 de 2012,
la Sección expuso que es una norma interpretativa, que tiene efecto retrospectivo, lo
que significa que dicha norma “se incorpora a la interpretada constituyendo con ésta, desde el
punto de vista sustancial, un sólo cuerpo normativo, esto es, un sólo mandato del legislador, por lo que
es claro que entre una y otra disposición debe existir plena identidad de contenido normativo, de
acuerdo con los artículos 14 del Código Civil y 58 del Código de Régimen Político y
Municipal, de manera que se entiende vinculada a la norma cuyo alcance se
especifica, es decir, a la Ley 56 de 1981, conformando un solo cuerpo normativo, con
la misma vigencia de esta, aunque sin afectar «los efectos de las sentencias ejecutoriadas
que se hubieren dictado en el tiempo intermedio»31.

Si bien el artículo 338 de la Constitución Política dispone que las normas tributarias
relativas a impuestos de periodo no pueden aplicarse sino a partir del siguiente periodo
gravable, también lo es que el artículo 181 de la Ley 1607 de 2012 no crea ni modifica
un tributo que exija la determinación de sus elementos esenciales conforme con el
principio de legalidad. Por el contrario, como se explicó, se trata de una norma
interpretativa destinada a precisar el alcance de la base gravable del ICA a cargo de
las empresas generadoras, tal como lo reconoció la Corte Constitucional en la
sentencia C-587 de 2014. Por ello, su aplicación a un período anterior no vulnera el
artículo 338 de la Carta Política.

En ese orden de ideas, la jurisprudencia reiterada ha concluido que la
comercialización de la energía generada por las propias empresas generadoras «está
gravada con el ICA en la jurisdicción municipal en la que esté ubicada la central generadora, y la cuota
tributaria estará determinada por la cantidad de kilovatios instalados, y en consecuencia, la venta de la
energía producida no puede gravarse como actividad comercial de venta de energía eléctrica», Sin
embargo, en los casos de comercialización de energía no generada, esto es, adquirida
de terceros y vendida a usuarios finales, dicha actividad se grava con el ICA conforme
a la regla general prevista en el numeral 3 del artículo 51 de la Ley 383 de 1997.

En el caso concreto

El a quo considera que la actividad de generación de energía eléctrica solo puede ser
gravada con ICA, en los términos de la Ley 56 de 1981, cuando las empresas sean
consideradas propietarias de las obras, según su definición -artículo 2-, sin que sea
aplicable la Ley 14 de 1983. Además, la Ley 383 de 1997 utiliza la expresión
“continuará gravada”, es decir, mantiene el régimen legal vigente en ese momento –
Ley 56 de 1981-, el cual rigió sin interrupciones, aún después de proferida la Ley 14 de
1983.

30 Sentencia de 3 de septiembre de 2009, exp. 17133, C.P: Martha Teresa Briceño de Valencia.
31 Sentencia del 20 de agosto de 2015, exp. 20006, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Reiterada en sentencia del 22 de abril
de 2021, exp. 25014, C.P: Stella Jeannette Carvajal Basto.

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Agrega que con la expedición del artículo 181 de la Ley 1607 de 2012, se zanjó las
diferencias interpretativas, al establecer que la comercialización de energía eléctrica
por parte de las empresas generadoras de energía continuará gravada conforme a lo
dispuesto en el artículo 7 de la Ley 56 de 1981. En ese marco, considera que
Surpetroil, en su condición de empresa generadora, estaba sujeta a la tarifa especial
prevista en dicha norma, por lo que actuó conforme a derecho al corregir su
declaración privada el 14 de marzo de 2014.

Por su parte, la parte demandada afirma que las actividades de generación,
transmisión, comercialización y distribución de energía eléctrica están regladas de
manera independiente, por lo que cada actividad se grava de manera individual, con
bases gravables diferentes. Afirma que, en el presente caso, no se probó que la
demandante fuera propietaria de las obras, por lo cual no resulta aplicable el artículo
7 de la Ley 56 de 1981. Alega también que el artículo 181 de la Ley 1607 de 2012 solo
puede aplicarse a partir del año 2013, conforme al artículo 338 de la Constitución
Política.

Para analizar el asunto, en el expediente se encuentran probados los siguientes
hechos:

• Según Certificado de cámara de comercio la actividad principal de Surpetroil
S.A.S. es 3511 (Generación de energía eléctrica)32.

• A través de Contrato de suministro de energía eléctrica SC-34-009-2011,
suscrito el 1 de agosto de 2011, entre Surpetroil S.A.S. y Emgesa S.A. E.S.P.,
se pactaron, entre otras las siguiente Clausulas:
PRIMERA: OBJETO.- Por el presente contrato el VENDEDOR (Surpetroil) se obliga a poner a
disposición del COMPRADOR (Emgesa) y este a comprar una potencia total instalada igual a
la definida en el Anexo 1 de este contrato y su equivalente de energía eléctrica para destinarla
a la construcción de la Hidroeléctrica el Quimbo 33, a cambio de un precio. (…) SEPTIMA: SITIO
DE ENTREGA. - EL COMPRADOR recibirá la energía contratada en los barrajes de su
propiedad según coordenadas E: 834416,7437 N: 763730, 1521. (…) VIGESIMA:
OBLIGACIONES ESPECIALES DEL VENDEDOR. Serán obligaciones especiales de EL
VENDEDOR a favor de EL COMPRADOR las siguientes, cuyo cumplimiento se constituye en
un respaldo adicional para asegurar la entrega de la energía por parte de EL VENDEDOR a
favor de EL COMPRADOR. A) Teniendo en cuenta que EL VENDEDOR es propietario de
la(s) planta(s) de generación y de la línea de distribución a 13,8 kV, para distribuir la energía
hasta el punto de entrega definido en la CLAUSULA SÈPTIMA, EL VENDEDOR se
compromete con EL COMPRADOR a tener instaladas e iniciar la operación, a la fecha de inicio
de la ejecución del suministro de energía, de acuerdo con lo establecido en la CLAUSULA
TERCERA (…)34 (Destaca la Sala).

• En el anexo de las operaciones con Emgesa, pese a que algunos datos son
borrosos, se logra extraer los siguientes reportes de suministro de energía
eléctrica:
MES MV kWh / MES
DIC-11 3.5 2.604.000
ENE-12 5.25 3.906.000
FEB-12 5.25 3.654.000

32 Mediante Acta No. 60 de la Asamblea de Accionistas, del 28 de noviembre de 2017, inscrita el 1 de febrero de 2018, fue
absorbida mediante fusión por SURENERGY HOLDINGS S.A.S. Según certificado de Cámara de Comercio de Bogotá de 18 de
julio de 2018.
33 Tesalia – Huila
34 Fls. 250 a 257 c.p. 2.

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MES MV kWh / MES
MAR-12 5.25 3.906.000
ABR-12 5.25 3.780.000
MAY-12 5.25 3.906.000
JUN-12 5.25 3.780.000
JUL-12 5.25 3.906.000
AGO-12 5.25 3.906.000
SEP-12 5.25 3.760.000
OCT-12 5.25 3.906.000
NOV-12 5.25 3.730.000
DIC-12 5.25 3.906.000

• En la Declaración inicial, presentada el 21 de marzo de 2015, la sociedad
reportó como nombre del establecimiento principal la “Generación Eléctrica en
el Campo de la Hocha” y los siguientes datos:

Concepto Valores de la D. Inicial

Total de ingresos ordinarios $ 21.205.326.000
Ingresos fuera del municipio $ 11.038.986.000
Ingresos brutos en Tesalia $ 10.166.340.000
Ingresos netos gravables $ 10.166.340.000
Actividad económica principal Tarifa
Otros servicios 10X MIL $ 10.166.340.000
Total impuesto a cargo $ 101.663.000

• Posteriormente, en el proyecto de corrección, no aceptado por la
Administración35, la sociedad refirió los siguientes valores:

Concepto Valores del proyecto de corrección

Total de ingresos ordinarios $ 21.205.326.000
Ingresos fuera del municipio $ 11.038.986.000
Ingresos brutos en Tesalia $ 10.166.340.000
Ingresos netos gravables $ 10.166.340.00036
Actividad económica principal Tarifa Ingresos netos gravables

Art. 7 Ley
Generación de energía $ 10.084.575.000
56/7981

Servicios empresas operadoras 10X MIL $ 81.765.000
Total impuesto a cargo $ 5.301.000

• A través de Liquidación Oficial de Revisión 001 de 2017, la Secretaría de
Hacienda Municipal de Tesalia modificó los siguientes renglones:

Concepto Liquidación Oficial de Revisión

35 Es oportuno señalar que, en sentencia del 11 de octubre de 2023 (exp. 27708), esta Sección resolvió la demanda en la que
se pretendía la nulidad del Oficio AMT-SHM-0399-2016 del 18 de agosto de 2016, mediante el cual se negó la solicitud de
reconocimiento del silencio administrativo positivo formulada por Surpetroil S.A. E.S.P., y se solicitaba el reconocimiento de los
efectos del silencio para tener como válido el proyecto de corrección del ICA presentado el 14 de marzo de 2014, correspondiente
al año gravable 2012. En esa oportunidad, la Sala revocó la sentencia del 7 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de
integración de la proposición jurídica demandable, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia. En
consecuencia, la Sala se inhibió de emitir pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones formuladas.
Esta decisión no hace tránsito a cosa juzgada, por lo cual no afecta la decisión que actualmente se examina.
36 Por ende, no es cierto como se afirmó en el proyecto de sentencia del tribunal que los ingresos gravados son $81.765.000

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Demandante: Surpetroil S.A.S.

Total de ingresos ordinarios $ 21.205.326.000
Ingresos fuera del municipio $ 11.038.986.000
Ingresos brutos en Tesalia $ 10.166.340.000
Ingresos netos gravables $ 10.166.340.000
Actividad económica principal Tarifa Ingresos netos gravables
Art. 7 Ley
Generación de energía 56/7981 $ 10.084.575.000
10605 KV
Comercialización de energía 10X MIL $ 10.084.575.000
Servicios empresas
operadoras 10X MIL $ 81.765.000
Total impuesto a cargo $ 106.964.000
Sanciones $ 162.660.800
Interés de mora $ 95.066.000
Total a pagar $ 364.690.800

Del acervo probatorio se establece que Surpetroil S.A.S. desarrolló durante el año
gravable 2012 la actividad de generación de energía eléctrica, con una capacidad
instalada de 10.605 kW, y que vendió parte de dicha energía en virtud del contrato de
suministro suscrito con Emgesa S.A. E.S.P.

Los soportes obrantes en el expediente dan cuenta de un suministro de energía total
de 45.982.000 kWh, equivalente a una potencia media anual de 5.250 kW (5,25 MW),
lo que representa aproximadamente el 50 % de la capacidad instalada. Estas cifras
evidencian que, en principio, la energía comercializada provino de la generación
propia de Surpetrol, sin que existan elementos que demuestren compras a terceros o
una comercialización independiente.

Con fundamento en el artículo 7 de la Ley 56 de 1981, la Sala reitera que la actividad
de generación de energía eléctrica constituye el hecho gravado con el impuesto de
industria y comercio (ICA), el cual se causa en el municipio donde se ubique la central
generadora, atendiendo a la potencia instalada. En este régimen, la venta de la
energía producida por la misma empresa forma parte de la explotación económica
inherente a la generación, y no de una actividad comercial autónoma.

La jurisprudencia de esta Sección, incluso con anterioridad a la Ley 1607 de 2012, ha
precisado que, si bien la generación y la comercialización pueden distinguirse desde
el punto de vista técnico, tributariamente configuran un solo hecho gravado cuando la
energía vendida proviene de la producción propia. Así lo ha sostenido la Corporación
al interpretar el artículo 7 de la Ley 56 de 1981 en concordancia con el artículo 51 de
la Ley 383 de 1997, para evitar gravar dos veces un mismo ingreso bajo distintas
categorías.37

Resulta relevante indica que no es objeto de controversia que si la actividad
desarrollada por la demandante corresponde a la generación de energía
hidroeléctrica, pues la discusión se centra en determinar si era viable gravar a la
demandante la generación y comercialización de energía con fundamento en la Ley
56 de 1981.

37 Sentencia del 2 de mayo de 2024. Exp 28032 C.P. Wilson Ramos Girón

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En este caso, la Administración municipal no acreditó que Surpetroil hubiese adquirido
energía de terceros ni que la comercialización correspondiera a una operación distinta
de la generación. Conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, la carga
de la prueba sobre ese hecho recaía en el municipio, en su calidad de parte que lo
alegó, carga que no cumplió.

Por tanto, la Sala concluye que Surpetroil actuó como empresa generadora que
comercializó la energía que produjo, de modo que su actividad se enmarca en el
régimen especial del artículo 7 de la Ley 56 de 1981, sin que proceda gravar de
manera separada una supuesta comercialización independiente bajo el régimen
general del ICA.

Ahora bien, en cuanto a la procedencia de la tarifa especial, el artículo 7 de la Ley 56
de 1981 dispone que las entidades propietarias de obras para la generación de
energía eléctrica podrán ser gravadas con el impuesto de industria y comercio,
limitado a cinco pesos ($5.00) anuales por cada kilovatio instalado en la respectiva
central generadora. A su vez, el artículo 2 ibídem define como propietario a la persona
pública o privada que a cualquier título explote o sea dueña de las obras para la
generación de energía.

En el expediente obra copia del Contrato de suministro de energía eléctrica SC-34-
009-2011, suscrito el 1° de agosto de 2011 entre Surpetroil S.A.S. y Emgesa S.A.
E.S.P. En la cláusula vigésima, el propio contrato señala expresamente que “ el
VENDEDOR es propietario de la(s) planta(s) de generación y de la línea de distribución a 13,8
kV, para distribuir la energía hasta el punto de entrega definido en la cláusula séptima”. Dicha
manifestación, contenida en un documento contractual bilateral, constituye un indicio
relevante de propiedad sobre las obras de generación, toda vez que refleja una
declaración directa de la sociedad acerca de la titularidad de los activos que utiliza
para generar y suministrar energía. Si bien no se allegaron otros documentos de
soporte, no existe prueba en contrario que desvirtúe tal afirmación, ni el municipio
aportó evidencia que demostrara que la planta o la línea de distribución pertenecieran
a un tercero.

En ese contexto, la Sala considera que Surpetroil actuó en calidad de propietaria de
las obras de generación, al menos para efectos tributarios, en la medida en que la
propia sociedad asumió dicha condición en un contrato vigente, debidamente suscrito
y reconocido por la contraparte.

Por tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 2 de la Ley 56 de 1981, lo que
habilita la aplicación de la tarifa especial del artículo 7 ibídem, sin que el municipio
hubiera demostrado lo contrario.

Finalmente, en cuanto a la inaplicabilidad del artículo 181 de la Ley 1607 de 2012, el
cual dispuso que la comercialización de energía eléctrica por parte de las empresas
generadoras “continuará gravada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la
Ley 56 de 1981”, y cuya aplicación, según la demandada, vulnera el principio de
irretroactividad tributaria previsto en el artículo 338 de la Constitución Política, la Sala
observa que esta disposición no introdujo un nuevo tributo ni modificó sus elementos
esenciales, sino que ratificó el alcance del régimen existente para las empresas
generadoras, al precisar que la venta de la energía producida forma parte del mismo
hecho gravado de la generación.

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Por tanto, más que una aplicación directa de la norma, su interpretación resulta
coherente con las disposiciones que ya regían durante el año 2012 —en particular,
los artículos 7 de la Ley 56 de 1981 y 51 de la Ley 383 de 1997—, así como con la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que han sostenido
que el artículo 181 tiene naturaleza interpretativa y declarativa.

En consecuencia, la Sala considera que la interpretación contenida en el artículo 181
de la Ley 1607 de 2012 resulta armónica y coherente con el régimen jurídico aplicable
al año gravable 2012, sin que su consideración vulnere el principio de irretroactividad
tributaria.

Estudiados los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por el
Municipio de Tesalia, la Sala concluye que no tienen vocación de prosperidad, pues
las razones invocadas no desvirtúan la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Huila. En consecuencia, será del caso confirmar la nulidad de los
actos administrativos enjuiciados.

En línea con lo expuesto en la cuestión previa, con el fin de garantizar la congruencia
del fallo y la plena correspondencia entre la nulidad declarada y sus efectos jurídicos,
la Sala efectúa las precisiones pertinentes en relación con el restablecimiento del
derecho.

La declaratoria de nulidad total de los actos oficiales de determinación tiene como
efecto natural y necesario la restauración de la situación jurídica existente antes de su
expedición, lo cual comporta el reconocimiento de la firmeza de la declaración privada
objeto de la liquidación oficial anulada, tal como lo ha aplicado de manera uniforme
esta Sección38. En ese sentido, la nulidad total de la actuación surtida por la
Administración implica que el restablecimiento del derecho no puede consistir en
rehacer la determinación del impuesto, sino en reconocer la plena eficacia del
denuncio privado, que constituye la única manifestación válida de la obligación
tributaria mientras no exista un acto oficial idóneo que la modifique.

De modo que, no es procedente depurar parcialmente la liquidación oficial ni
reconstruir el impuesto a partir de elementos aislados del acto anulado, como lo hizo
el a quo, ni ordenar la devolución de sumas derivadas de un proyecto de corrección
previamente negado mediante acto administrativo en firme, pues dicho proyecto
carece de efectos jurídicos, ni corresponde con las pretensiones de la demanda. Así
las cosas, al desaparecer del ordenamiento la Liquidación Oficial de Revisión y su
acto confirmatorio, no subsiste soporte jurídico alguno para mantener los valores
determinados en sede administrativa, ni para producir efectos de una corrección que
ya había sido rechazada por la autoridad tributaria y respecto de la cual está
Corporación se pronunció.

En tal virtud, el restablecimiento se adopta conforme a los argumentos expuestos en
la demanda frente al acto que modificó la declaración privada, de acuerdo con la
facultad prevista en el inciso tercero del artículo 187 del CPACA, que autoriza a la
Sala a ajustar el restablecimiento ordenado por el a quo para que resulte expreso,
congruente y conforme al debate procesal.

Por consiguiente, se modificará el ordinal segundo de la sentencia apelada, en el
sentido de indicar que, a título de restablecimiento del derecho, se declarará la firmeza

38
Sentencia del 23 de septiembre de 2010 Exp. 17309 CP. Hugo Fernando Bastidas.

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Radicado: 41001-23-33-000-2018-00286-01 (29479)
Demandante: Surpetroil S.A.S.

de la declaración privada presentada el 21 de marzo de 2013 por Surpetroil S.A.S.,
correspondiente al impuesto de industria y comercio y complementarios de avisos y
tableros del año gravable 2012, en la que liquidó y pagó el impuesto por la suma de
$101.663.000.

CONDENA EN SEGUNDA INSTANCIA.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 365 del CGP39, aplicable
por remisión expresa del artículo 188 del CPACA40, y teniendo en cuenta los criterios
de decisión adoptados por la Sala en la sentencia de 23 de septiembre de 202541
procede la condena en costas en segunda instancia contra la demandada al haberse
resuelto desfavorablemente el recurso de apelación. Al efecto, se tasan las agencias
en derecho en un (1) SMMLV. Por lo tanto, se ordenará al tribunal el respectivo
incidente de liquidación de la condena en costas, conforme a las reglas consagradas
en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Modificar el ordinal segundo de la sentencia del 13 de agosto de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR la firmeza de la
declaración privada presentada el 21 de marzo de 2013 por Surpetroil S.A.S.,
correspondiente al impuesto de industria y comercio y complementarios de avisos y
tableros del año gravable 2012, según lo determinado en esta providencia.

Segundo: Condenar en costas en segunda instancia a la parte demandada, por
haberse resuelto desfavorablemente el recurso. Al efecto, se tasan las agencias en
derecho en un (1) salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). En consecuencia,
se ordenará al tribunal el respectivo incidente de liquidación de la condena en costas,
conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclara voto

39 “ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
(…)”.
40 «Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
41 Sentencia del 23 de septiembre de 2025, Exp. 28292, CP. Wilson Ramos Girón.

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Demandante: Surpetroil S.A.S.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Salva voto parcial

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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