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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2018-00347-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2018-00347-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Huila que negó las súplicas incoadas en la demanda dentro del proceso promovido por la señora Aliria Cadena Ayala en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora, conforme lo indicado en la parte motiva. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2018-00347-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C, tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001 23 33 000 2018 00347 01 (2383-2023)
Demandante: Aliria Cadena Ayala
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Temas: Reconocimiento pensión de sobrevivientes a favor de cónyuge
supérstite. Análisis de conformidad con el Decreto 2063 de
1984. Equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial -
artículo 230 de la Carta no resulta aplicable por cuanto no se
acreditaron circunstancias que permitan inferir una situación
injusta que vulnere los derechos de la demandante.
Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la demandante contra la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2021 por
el Tribunal Administrativo del Huila, que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos y Pretensiones1
2. Se afirma que el señor Jesús Antonio Quinayas Rodríguez se desempeñó como
agente de la Policía Nacional y falleció el 27 de marzo de 1988; en consecuencia,
la demandante, en calidad de cónyuge elevó petición ante dicha entidad con el fin
de obtener el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, solicitud que fue
resuelta en forma negativa mediante Oficios 339548 del 18 de noviembre de 2015
y 026521 del 8 de mayo de 2018. En ese orden, la señora Aliria Cadena Ayala
pretende la nulidad de dichos actos, y como restablecimiento del derecho, el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en cuantía equivalente al
100% de lo devengado por el causante, prestación efectiva a partir del 27 de marzo
de 1988, sin prescripción.

3. Así mismo, se reconozca la diferencia entre los valores pagados y los que le
correspondan por concepto de indemnización por muerte; el pago de 100 SMLMV
por la postración física y psíquica a la que fue sometida ante la negativa del derecho
reclamado; se dé cumplimiento a la sentencia en los términos ordenados por el
C.P.A.C.A. y se condene a la demandada al pago de las costas del proceso.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 41001 23 33 000 2018 00347 01 (2383-2023)
Demandante: Aliria Cadena Ayala

1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
4. Se citan los artículos 2, 4, 13, 25, 48 y 53 de la Constitución; 275 del Código
Sustantivo del Trabajo; 46 y 288 de la Ley 100 de 1993 y 1 y 2 de la Ley 238 de
1995.

5. Solicita en aplicación del principio de favorabilidad en materia laboral ordenar
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante con
fundamento en la Ley 100 de 1993, que consagra requisitos más favorables que los
contenidos en el régimen especial de la fuerza pública, tal como lo ha orientado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

6. La entidad demandada al aplicar el Decreto 2063 de 1984 desconoce los fines
esenciales del Estado y contraviene los principios constitucionales de igualdad y
favorabilidad. Los beneficiarios de los miembros de la fuerza pública tienen derecho
a acceder a las prestaciones consagradas en el régimen general, cuando cumplen
con las semanas de cotización, así las cosas, insistir en la aplicación de las normas
especiales de la Policía Nacional, deviene en un trato discriminatorio carente de
justificación.

1.3. Contestación de la demanda2
7. La entidad contestó en tiempo la demanda, se opuso a las pretensiones
argumentando que el agente José Antonio Quinayas Rodríguez al momento de su
muerte no reunía los requisitos establecidos en el Decreto 2063 de 1984 para que
a sus beneficiarios les sea reconocida pensión de sobrevivientes. En punto a la
violación al principio de favorabilidad por no aplicar la Ley 100 de 1993, indicó que
para la fecha en que se produjo el deceso del causante la norma vigente
correspondía al Decreto 2063 de 1984, además la Ley 100 de 1993, no había sido
proferida, en ese orden y atendiendo a la orientación que sobre el tema ha impartido
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, aplicar las disposiciones del régimen
general a situaciones consolidadas en vigencia de normas anteriores bajo el amparo
de la retrospectividad, implica violación al principio general de irretroactividad y de
contera los principios de seguridad jurídica y certidumbre sobre la vigencia del
ordenamiento legal.

1.4. Sentencia de primera instancia3
8. El Tribunal Administrativo del Huila en sentencia del 28 de septiembre de
2021 negó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas, con tal fin y luego
de realizar el recuento normativo, jurisprudencial y probatorio pertinente concluyó
que la norma que rige la pensión de sobrevivientes es aquella vigente a la fecha en
que se produjo el deceso del causante, que para el presente asunto corresponde al
Decreto 2063 de 1984 sin que sea aplicable retrospectivamente la Ley 100 de 1993.

9. El artículo 121 del Decreto 2063 de 1984 prescribe un tiempo mínimo de 12
años para hacerse acreedor de la pensión mensual, no obstante, como el causante

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Demandante: Aliria Cadena Ayala

trabajó poco más de 6 años, la demandante no tiene derecho al reconocimiento
pensional que reclama. Con relación a la Ley 100 de 1993, señaló que no es posible
dar aplicación al principio de favorabilidad, como tampoco a la retrospectividad de
la ley, pues la favorabilidad solo se predica de una dicotomía entre dos regímenes
que se encontraban vigentes a la fecha en que se causa el derecho, y los cuales
son aplicables a la misma situación, escenario que no se presenta en el sub
examine, pues la Ley 100 de 1993, no se encontraba vigente a la fecha en que se
produjo el deceso del causante.

10. Para finalizar sostuvo que, si bien es cierto la Corte Constitucional dispuso
que en cada caso debía analizarse si la aplicación de la ley preconstitucional es una
carga desproporcionada y por tanto se debe flexibilizar su interpretación en pro de
evitar graves afectaciones a derechos fundamentales; en el presente asunto se
evidencia que entre la fecha de la muerte del causante 27 de marzo de 1988 y la
petición de reconocimiento pensional 29 de octubre de 2015, transcurrieron más de
27 años, lo que desvirtúa que la negativa del reconocimiento de la prestación genere
afectación actual y grave a los derechos fundamentales de la demandante.

1.5. Recurso de apelación4
11. A través de apoderado la demandante solicitó revocar la sentencia y en su
lugar conceder las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta que dadas las
particularidades del caso es posible otorgar la pensión de sobrevivientes con
fundamento en el Decreto 2063 de 1984 en aplicación del criterio auxiliar de equidad
consagrado en el artículo 230 Constitucional, que busca evitar la arbitrariedad y la
injusticia que se pueda derivar de la aplicación de la ley a una situación particular
cuyas especificidades exigen una solución distinta a la estricta y rigurosamente
deducida en la norma.

12. Además señaló que el propósito de la pensión de sobrevivientes es garantizar
a los familiares de una persona fallecida estabilidad económica para asegurar su
subsistencia en condiciones dignas, más aún cuando la pensión es la única fuente
de ingreso de sus beneficiarios, en consecuencia solicitó reconocer, liquidar y pagar
la pensión de sobrevivientes en las condiciones previstas en el literal c del artículo
120 del Decreto Ley 2063 de 1984.

1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
13. Mediante auto de 20 de mayo de 2024, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la demandante5. No hubo intervenciones en esta instancia.

14. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que
observe la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

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Demandante: Aliria Cadena Ayala

II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
15. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo6, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso7, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante.

2.2. Del problema jurídico
16. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si a la señora Aliria Cadena
Ayala le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de
sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su esposo el agente Jesús Antonio
Quinayas Rodríguez.

17. Importante destacar que, si bien inicialmente se solicitó reconocer la prestación
con fundamento en la Ley 100 de 1993, el a quo negó ello, con fundamento en la
irretroactividad de la ley, aspecto frente al cual no se presentaron cargos de
apelación.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicables al asunto
2.3.1. Sobre la pensión de sobrevivientes
18. Los miembros de la Policía Nacional se encuentran amparados por un
régimen especial en materia de seguridad social a voces de lo ordenado en el
artículo 218 Constitucional8, en consecuencia, resulta pertinente analizar los
requisitos y prestaciones establecidas en materia de pensión de sobrevivientes
atendiendo a la fecha en que se causó el deceso del agente Jesús Antonio Quinayas
Rodríguez, bajo la consideración de que la muerte fue calificada en actos del
servicio. En ese orden, la norma que resulta aplicable a su situación jurídica
corresponde a la contenida en el Decreto 2063 de 19849.

19. En punto al reconocimiento de las prestaciones por muerte a favor de los
beneficiarios de un agente muerto en actos del servicio, el artículo 121 ibidem,
dispone:

«Artículo 121. Muerte en actos del servicio. Durante la vigencia del presente
estatuto, a la muerte de un Agente de la Policía Nacional en servicio activo, ocurrida
en actos del servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en el presente
Decreto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

A que el Tesoro Público les pague, por una sola vez, una indemnización equivalente
a tres (3) años de los haberes correspondientes, tomando como base las partidas
señaladas en el artículo 98 de este estatuto.

6
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
8
La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los
habitantes de Colombia convivan en paz.
La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.
9
Por el cual se reorganiza la carrera de Agentes de la Policía Nacional

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Demandante: Aliria Cadena Ayala

Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.

Si el Agente hubiere cumplido doce (12) años o más de servicio, a que por el Tesoro
Público se les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la
misma forma de la asignación de retiro, según el tiempo de servicio del causante.»

20. En relación con el orden de beneficiarios, el artículo 130 de la norma en cita,
prevé:

«Artículo 130. Orden de beneficiarios. Las prestaciones sociales por causa de
muerte de un Agente de la Policía Nacional en servicio activo o en goce de
asignación de retiro o pensión se pagará según el siguiente orden preferencial.

La mitad al conyugue sobreviviente y la otra mitad a los hijos del causante, en
concurrencia éstos últimos en las proporciones de ley.

Si no hubiere conyugue sobreviviente la prestación se dividirá por partes iguales
entre los hijos.

A la falta de hijos las prestaciones corresponden al conyugue.
(…)»

21. Conforme a lo expuesto, para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a favor de los beneficiarios de un agente fallecido en actos del
servicio, el uniformado debe acreditar como mínimo 12 años de servicio, así mismo
dentro del orden de beneficiarios se encuentra la cónyuge.

2.3.2. La equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial
22. De conformidad con el artículo 230 de la Constitución Política “Los jueces, en
sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la
jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios
auxiliares de la actividad judicial.” Lo anterior significa que la autoridad judicial debe
fundamentar sus decisiones en la ley, aunque es posible considerar otros criterios
para su interpretación y aplicación.

23. Ahora bien, la equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial permite al
juez bajo criterios de justicia, razonabilidad e igualdad corregir, complementar o
interpretar la ley cuando su aplicación estricta pueda derivar en una situación injusta
que vulnere los derechos del administrado.

24. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia SU - 837 de 200210,
orientó que la equidad está “en los espacios dejados por el legislador y su función
es la de evitar una injusticia como resultado de la aplicación de la ley a un caso
concreto.”11 Además fijó para ella tres rasgos característicos, así:

«El primero es la importancia de las particularidades fácticas del caso a resolver. La
situación en la cual se encuentran las partes – sobre todo los hechos que le dan al

10
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
11
Sobre el principio de equidad en materia de pensión de sobrevivientes se pronunció la Corte en sentencia T- 278 de 2016,
oportunidad en la cual ordenó el reconocimiento del derecho pensional pese a la insuficiencia de semanas de cotización, con
el fin de proteger al núcleo familiar del causante.

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Demandante: Aliria Cadena Ayala

contexto empírico una connotación especial – es de suma relevancia para determinar la
solución equitativa al conflicto. El segundo es el sentido del equilibrio en la asignación
de cargas y beneficios. La equidad no exige un equilibrio perfecto. Lo que repugna a la
equidad son las cargas excesivamente onerosas o el desentendimiento respecto de una
de las partes interesadas. El tercero es la apreciación de los efectos de una decisión en
las circunstancias de las partes en el contexto del caso.»

25. El Consejo de Estado por su parte ha aplicado el principio de equidad para
ordenar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de los
beneficiarios de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía en los términos
de la Ley 100 de 199312, así como cuando existe insuficiencia en las cotizaciones
para acceder a la prestación13, veamos:

«Considerando que el juez debe estar inspirado al momento de realizar la
interpretación normativa por principios de justicia material y no formal, y que conforme
el criterio auxiliar de equidad, éste se encamina a evitar la arbitrariedad y la injusticia
que se pueda derivar de la aplicación de una ley a una situación particular, cuyas
especificidades exigen una solución distinta a la estricta y rigurosamente deducida de
la norma legal, para la Sala es claro que si del 100% de la exigencia legal aplicable
para este caso (15 años de servicio), el causante y cónyuge de la accionante alcanzó
a cumplir el 98% (14 años 7 meses 16 días), no existe justificación real alguna que
invalide el derecho a otorgarle el reconocimiento pensional bajo el régimen especial
dispuesto en el aludido decreto, máxime que el ínfimo 2% restante, representado en
escasos 4 meses 14 días, no lo alcanzó a cumplir por un simple capricho o decisión
suya, sino por el acaecimiento de un hecho fortuito como es la muerte.14
Aunado a lo anterior, como está acreditado que la demandante y cónyuge supérstite
del causante en la actualidad cuenta con 77 años de edad, al haber nacido en 1948,
es diáfano que la hace merecedora de una protección especial, conforme lo ha
estimado nuestro Tribunal Constitucional en su profusa jurisprudencia, de ahí que
dejarla en el vacío al negarle la pensión de sobrevivientes, a pesar de las
particularidades reseñadas, sería exponerla a condiciones de indignidad por una
lectura literal y árida de la norma, comprometiendo su derecho a la seguridad social y
a su mínimo vital que, por supuesto, ofendería su derecho esencial a una vida digna.
[…]
Dadas las particularidades resaltadas, la Sala considera que es viable acceder en el
caso concreto a ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la
Sra. María Dioselina Raigosa de García, en su condición de cónyuge supérstite del
causante, conforme lo establecía el literal c) del artículo 120 del Decreto Ley 2063 de
1984, que comporta por derecho propio su afiliación al sistema de seguridad social en
salud que rige para los miembros de la Policía Nacional.

Igualmente, en aplicación del criterio de equidad, esta Colegiatura estima que el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes deberá efectuarse descontando, del
100% que arroje la liquidación de la mesada pensional, el 2% del faltante para el
cumplimiento de los quince (15) años de servicio exigidos en la norma.»

26. En ese sentido, si bien la jurisprudencia ha acudido a principios como la
equidad para reconocer la pensión de sobrevivientes con fundamento en

12
Subsección A, radicación 08001-23-31-000-2004-00283-01 (1514-08). Demandado: Ministerio de Defensa, Policía
Nacional. Subsección A, radicación 13001-23-33-000-2014-00459-01 (0405-17).
13
Radicado 05001-23-33-000-2012-00772-01 (0328-2014) - Radicado 41001-23-33-000-2013-00216-01 (0618-2015).
14
Valga decir que en oportunidades anteriores, y bajo ciertas circunstancias que resultan parecidas al caso bajo estudio, en
aplicación de criterios equidad y justicia, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha ordenado reconocer prestaciones
pensionales cuando lo que faltaba para cumplir el requisito de ley ha sido menor y obedece a circunstancias ajenas al querer
del interesado, tal y como lo resolvió, v.gr., en sentencias de la Subsección A, del 26 de octubre de 2006, radicado interno
4109-04, CP Dr. Jaime Moreno García, y del 10 de octubre de 2013, radicado interno 1776-12, CP Dr. Luís Rafael Vergara
Quintero, y la Subsección B, la sentencia del 30 de septiembre de 2010, radicado interno 1067-09, CP Dr. Gerardo Arenas
Monsalve, por mencionar algunas.

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disposiciones del régimen general a favor de beneficiarios de miembros de las
Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, así como en eventos de insuficiencia de
cotizaciones, ello ha obedecido a circunstancias particulares analizadas en cada
caso concreto, con el propósito de evitar decisiones manifiestamente injustas y
garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los
administrados. No obstante, se ha precisado de manera reiterada que la norma
aplicable para definir el derecho pensional es aquella vigente al momento de su
causación.

2.4 Análisis crítico de los medios de prueba y caso concreto
27. Se encuentra acreditado en el plenario y no es motivo de discusión que la
señora Aliria Cadena Ayala y el señor Jesús Antonio Quinayas Rodríguez (q.e.p.d.),
contrajeron matrimonio el 30 de mayo de 198715; así mismo que el señor Quinayas
Rodríguez falleció el 27 de marzo de 1988, mientras se encontraba prestando sus
servicios a la Policía Nacional y su muerte fue calificada en actos del servicio16.

28. En relación con el tiempo de servicio, se encuentra probado que el causante
acumuló 6 años, 11 meses y 27 días17 al servicio de la Policía Nacional. En
consecuencia, no acredita el tiempo de servicio requerido por el artículo 121 del
Decreto 2063 de 1984 (12 años), para que a sus beneficiarios les sea reconocida
pensión de sobrevivientes.

29. Ahora bien, en el recurso de apelación invocando la aplicación del principio
de equidad y “dadas las particularidades del caso” la demandante solicita que se
acceda al reconocimiento pensional con fundamento en el Decreto 2063 de 1984,
norma vigente a la fecha en que se produjo el deceso del causante, esto es, 27 de
marzo de 1988.

30. Sobre el particular, resulta pertinente señalar que, si bien esta Sección, en
casos específicos ha ordenado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
en favor de los beneficiarios de miembros de la Fuerza Pública con fundamento en
las normas del régimen general o pese a la insuficiencia de semanas de cotización,
tales decisiones respondieron a circunstancias fácticas y jurídicas particulares que
no se avizoran en el subjudice, por ejemplo, el actor acredita un poco más de la
mitad del tiempo de servicio exigido, como se mencionó solo 6 años 11 meses y 27
días, cuando la disposición requiere de 12 años de servicio; a ello se suma que no
se advierte una situación especial que amerite excepcionar la regla general de
cumplimiento de los requisitos de ley, pues, aunque en el recurso se alude a “las
particularidades del caso” no se sustenta en qué consisten las mismas, por lo que
la Sala no cuenta con mayores elementos al respecto.

15
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DEMANDA.pdf – folios 1 – 2
16
Expediente digital primera instancia índice Samai 72 - Contrato Digitalización (.pdf) – 7ED_C01_02 ANEXOS DE
DEMANDA.pdf – folios 14 – 21
17
Agente auxiliar del 4 de mayo de 1981 al 30 de abril de 1982; agente del 1 de mayo de 1982 al 27 de marzo de 1988,
fecha en que se produjo su retiro por muerte, cumplió los 3 meses de alta el 21 de junio de 1988 - Expediente digital primera
instancia índice Samai 72 - Contrato Digitalización (.pdf) – 7ED_C01_02 ANEXOS DE DEMANDA.pdf – folios 22 - 23

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Demandante: Aliria Cadena Ayala

31. En ese contexto, no resulta procedente acudir al criterio de equidad para
reconocer la pensión de sobrevivientes reclamada, pues ello implicaría otorgar un
trato excepcional desprovisto de sustento jurídico, en la medida en que en el
subjudice no se demuestran circunstancias que permitan inferir una situación injusta
que vulnere los derechos de la demandante.

32. Resulta oportuno señalar que, si bien la pensión de sobrevivientes tiene por
finalidad brindar protección económica al núcleo familiar de la persona fallecida, a
fin de evitar que sus beneficiarios queden expuestos a una situación de desamparo
o desprotección, ello no implica que para su reconocimiento se pueda prescindir del
cumplimiento de los requisitos legales, más si se tiene en cuenta que, en el presente
asunto desde la fecha en que se produjo el deceso del agente Jesús Antonio
Quinayas Rodríguez -el 27 de marzo de 1988-, hasta cuando la demandante acudió
a reclamar el reconocimiento de la prestación -el 29 de octubre de 2015-,
transcurrieron más de 27 años, tiempo en el cual la señora Aliria Cadena Ayala no
acreditó circunstancias que hayan afectado su congrua subsistencia, es más se
desconocen en absoluto sus condiciones de vida porque en el plenario no se aportó
prueba en este sentido, contrario a ello el recurso de apelación se limita a señalar
la existencia de circunstancias particulares, que como se explicó, no se sustentaron
ni acreditaron en debida forma.

33. Así entonces, hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia, que
negó las pretensiones de la demanda, por cuanto no se cumplen con los requisitos
de ley -tiempo de servicio-, para obtener el reconocimiento del derecho pensional
reclamado.

2.5. Condena en costas
34. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

35. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

36. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 41001 23 33 000 2018 00347 01 (2383-2023)
Demandante: Aliria Cadena Ayala

37. En consecuencia, se impondrán costas a la señora Aliria Cadena Ayala por
cuanto no prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo del Huila.

38. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Huila que negó las súplicas incoadas en la demanda
dentro del proceso promovido por la señora Aliria Cadena Ayala en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, conforme a lo expuesto en la
parte motiva.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora, conforme lo
indicado en la parte motiva.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

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