RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 41001-23-33-000-2019-00018-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00018-01

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00018-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°. Confírmase la sentencia de 15 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Hernando Mabesoy Lara contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, de conformidad con la parte motiva. 2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2019-00018-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

1 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 41001-23-33-000-2019-00018-01 (4023-2021)
Demandante : Hernando Mabesoy Lara
Demandado : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional
Tema : Reconocimiento de pensión de jubilación conforme al
Decreto 1214 de 1990

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el accionante
contra la sentencia de 15 de junio de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, mediante la cual negó las súplicas de la demanda
dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 3 a 75 c.1). El señor Hernando Mabesoy Lara,
mediante apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, para que se acojan las pretensiones que
en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de la Resolución 3586 de 31 de agosto
de 2018, mediante la cual se le negó al actor el reconocimiento de la pensión de
jubilación, en condición de personal civil del Ministerio de Defensa Nacional
(Ejército Nacional).

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
condene a la accionada a concederle una «[…] pensión de jubilación con lo
establecido en el artículo 98 del Decreto 1214 de 1990 a partir del momento en
que cumplió el status de pensionado» (sic) y «[…] la mesada 14 a la que tiene
derecho conforme a los artículos 142 y 279 de la Ley 100 de 1993» (sic);
indexar las sumas adeudadas, dar cumplimiento a la sentencia en los términos
del artículo 195 del CPACA y en costas.

Expediente: 41001-23-33-000-2019-00018-01 (4023-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Hernando Mabesoy Lara contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que (i) prestó servicio militar
al Ejército Nacional del 9 de noviembre de 1984 al 30 de septiembre de 1986,
esto es, por «1 año, 10 meses y 21 días»; (ii) fue soldado voluntario por un lapso
de «8 años, 6 meses y 29 días», entre el 1° de mayo de 1987 y el «30 de
noviembre de 1995»; (iii) el 6 de diciembre siguiente se posesionó como
personal civil de la misma institución, «en el grado D (3) (Adjunto Tercero)
para el cargo de peluquero», sin solución de continuidad; y (iv) para el 19 de
diciembre de 2018 seguía activo como «AUXILIAR SE SERVICIOS 12» («23
años y 13 días»), lo que equivale a un tiempo total de servicios de «33 años, 6
meses y 3 días».

Dice que el 26 de mayo de 2017 solicitó del Ministerio de Defensa Nacional el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, negada a través del acto
administrativo acusado, con el argumento de que su vinculación se dio con
posterioridad al 1° de abril de 1994.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto demandado los artículos 1, 2, 13, 29, 48, 53, 58, 93 y 94 de
la Constitución Política; 3 de la Ley 131 de 1985, 36, 142 y 279 de la Ley 100
de 1993 y 98 del Decreto 1214 de 1990; y los Decretos 1792 de 2000 y 2746 de
2010.

Arguye que el Ministerio de Defensa Nacional trasgredió los principios de
favorabilidad, pro homine y de inescindibilidad de la norma y sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y a la seguridad social, pues pese
a cambiar su forma de vinculación al Ejército Nacional, en cuanto al servicio
militar obligatorio, como soldado voluntario y como personal civil, nunca
perdió continuidad.

1.5 Contestación de la demanda (ff. 198 a 214 c.2). El Ministerio de Defensa
Nacional, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones
y se refirió a cada uno de los hechos de la demanda, en el sentido de que algunos
son ciertos, otros no, unos no le constan y los demás no constituyen situaciones
fácticas. Afirma que el demandante labora como personal civil del Ejército
Nacional desde el 6 de diciembre de 2005, motivo por el cual su situación
pensional se rige por la Ley 100 de 1993.

1.6 La providencia apelada (ff. 317 a 322 vuelto c.2). El Tribunal

2

Expediente: 41001-23-33-000-2019-00018-01 (4023-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Hernando Mabesoy Lara contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional

Administrativo del Huila, a través de sentencia de 15 de junio de 2021, negó las
pretensiones de la demanda (sin condena en costas), al estimar que «[…] para
la fecha de vinculación del demandante como personal civil de la demandada,
no existe ningún régimen especial que amparara su situación jurídica en virtud
del cual hubiera consolidado la prestación reclamada, razón por la cual no le
es dable invocar derecho adquirido alguno, tampoco el principio de
favorabilidad, pues como se estableció no coexisten normas aplicables para
efectos de preferir la más benéfica» (sic).

1.7 El recurso de apelación1. El actor, por intermedio de apoderada, interpone
recurso de apelación, puesto que «[…] la acumulación de tiempos es procedente
porque las normas del régimen del personal civil y de militares lo autorizan».

Aduce que «[s]i bien es cierto que, al hacer la transición de militar a civil, el
Actor debe hacer la solicitud de afiliación al fondo de pensiones de su
escogencia, también es cierto que la demandada no asesoró al mismo,
jurídicamente no hizo el comparativo prestacional en materia pensional y/o
asignación de retiro sobre su primera mesada pensional entre el régimen
especial del Decreto 1214 de 1990 y el Régimen General de Pensión de la Ley
100 de 1993. Omitió brindarle una asesoría jurídica clara y completa, frente a
las consecuencias de dicho trámite, porque de haberlas conocido, jamás se
hubiera cambiado de régimen. Asesoría que debió brindarse con apoyo de los
asesores de las Sociedades Administradoras de los Fondos de Pensiones, y por
ser estas entidades fiduciarias que prestan un servicio público, tienen desde su
nacimiento obligaciones de carácter legal, como por ejemplo la de brindar
información, lo cual guarda plena relación con el postulado de que los
contratos se deben ejecutar de buena fe, puesto que una vez sus trabajadores
se afiliaran a cualquiera de estos fondos, se daba inicio a una relación
contractual entre los fondos y los trabajadores» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 4 de agosto de
20212 y admitido por esta Corporación a través de auto de 20 de mayo de 2022
(f. 331 c.1), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA3, pero durante la
oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem los sujetos procesales guardaron
1
Índice 10 de la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
2
Ibidem.
3
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
3

Expediente: 41001-23-33-000-2019-00018-01 (4023-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Hernando Mabesoy Lara contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional

silencio.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con el Decreto ley
1214 de 1990; o, por el contrario, le es aplicable la Ley 100 de 1993, al haberse
vinculado al servicio público, como personal civil del Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, con posterioridad al 1° de abril de 1994, tal como
lo concluyó el a quo.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993 fue expedida con la
finalidad, entre otras, de acabar la diversidad de regímenes pensionales
existentes; no obstante, con el objetivo de evitar menoscabar derechos de
personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto
tiempo de servicios, se previó el régimen de transición y se establecieron
excepciones al sistema integral de seguridad social como en su artículo 279, que
preceptúa:

El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se
aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al
personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros
no remunerados de las Corporaciones Públicas. [...] (resalta y subraya la
Sala).

Por su parte, el Decreto ley 1214 de 19904, «que reguló la administración del
personal civil que presta sus servicios en el Ministerio de Defensa, la Policía
Nacional y en la Justicia Penal Militar y su Ministerio Público», estableció el
4
«Por el cual se reforma el Estatuto y el Régimen Prestacional del Personal Civil del Ministerio de Defensa y
la Policía Nacional».
4

Expediente: 41001-23-33-000-2019-00018-01 (4023-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Hernando Mabesoy Lara contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional

reconocimiento de pensiones de jubilación por tiempo continuo y discontinuo, de
la siguiente manera:

ARTICULO 98. Pensión de jubilación por tiempo continuo. El empleado
público del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que acredite
veinte (20) años de servicio continuo a éstas, incluido el servicio militar
obligatorio, hasta por veinticuatro (24) meses, prestado en cualquier tiempo,
tendrá derecho a partir de la fecha de su retiro, a que por el Tesoro Público
se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta
y cinco por ciento (75%) del último salario devengado, cualquiera que sea
su edad, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 103 de este
Decreto.

PARAGRAFO. Para los reconocimientos que se hagan a partir de la
vigencia del presente Decreto, se entiende por tiempo continuo, aquel que
no haya tenido interrupciones superiores a quince (15) días corridos, excepto
cuando se trate del servicio militar.

ARTICULO 99. Pensión de jubilación por tiempo discontinuo. El empleado
público del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional que sirva veinte
(20) años discontinuos al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional o a
otras entidades oficiales, y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si
es varón, o cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a partir de la fecha
de su retiro a que por el Tesoro Público se le pague una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
último salario devengado, tomando como base las partidas señaladas en el
artículo 102 de este Estatuto.

No quedan sujetas a esta regla las personas que trabajen en actividades que
por su naturaleza justifiquen excepción y que la ley determine expresamente.

De la norma trascrita se infiere que el personal civil del Ministerio de Defensa
Nacional, la Policía Nacional y la justicia penal militar vinculado antes del 1°
de abril de 1994, fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 para los
empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional5, tiene derecho al
reconocimiento de una pensión de jubilación a partir de la fecha en que sean
retirados del servicio, luego de acumular 20 años de labores ininterrumpidas,
cualquiera que sea su edad, o el mismo tiempo de trabajo discontinuo en tal
calidad, caso en el cual también será necesario colmar el requisito de edad (55
hombres y 50 mujeres).

Ahora bien, sobre la excepción contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de

5
De acuerdo con los artículos 1° y 2° del Decreto 691 de 1994.
5

Expediente: 41001-23-33-000-2019-00018-01 (4023-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Hernando Mabesoy Lara contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional

1993 relativa al referido personal y la aplicación del Decreto ley 1214 de 1990,
la Corte Constitucional, en sentencia C-665 de 19966, se pronunció así:

Lo anterior no se opone a que como claramente se dispone en el aparte
acusado, contenido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, pueda el
legislador señalar que en tratándose del personal de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional, así como del regido por el Decreto 1214 de 1990,
vinculado a partir de la vigencia de la misma ley pueda aplicársele a estos
el Sistema Integral de Seguridad Social que rige por regla general para
todos los habitantes del territorio nacional.

En este sentido, cabe advertir que el artículo 11 de la misma ley señala que
el Sistema General de Pensiones, con las excepciones previstas en el
artículo 279 ibídem, se aplica sin distingo alguno a todos los habitantes
del territorio nacional. Desde luego que la normatividad en referencia,
respeta los derechos adquiridos conforme a las disposiciones anteriores
para quienes a la fecha de la vigencia de la ley hubieren cumplido los
requisitos para acceder a la pensión o ya estuvieren pensionados por
jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes tanto del sector
público como del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en
general.

En esta forma, cabe señalar lo que la norma acusada protege son los
derechos adquiridos y regulados por disposiciones especiales para
quienes al momento de la vigencia de la ley se encontraban vinculados
a las Fuerzas Militares, Policía Nacional y personal regido por el
Decreto 1214 de 1990. En tal sentido, con respecto a los nuevos
servidores, es decir, aquellos vinculados en el mismo ramo dentro de
la vigencia de la norma en referencia, no se desconocen derechos
adquiridos salvo lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 100 de 1993.

Por lo tanto, el precepto impugnado, contrario a lo que sostiene el actor,
no hace cosa distinta que reconocer la voluntad del constituyente,
diferenciando dos situaciones, que no constituyen en manera alguna
discriminación: de una parte, la del personal que se había vinculado al
Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Justicia Penal Militar antes
de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, para quienes se mantendrán las
disposiciones especiales en materia de seguridad social y en especial, el
previsto en el Decreto-Ley 1214 de 1990, cuyos derechos adquiridos
deben ser respetados y garantizados, y de la otra, el personal de las mismas
instituciones que se vinculó a partir de la vigencia de la citada ley, a
quienes se les aplica el Sistema Integral de Seguridad Social consagrado
en la Ley 100 de 1993, y que por consiguiente no gozan de derechos
adquiridos, razón por la cual es procedente, dada la fecha de su
vinculación, aplicarles el Sistema Integral de Seguridad Social consagrado

6
M.P. Hernando Herrera Vergara.
6

Expediente: 41001-23-33-000-2019-00018-01 (4023-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Hernando Mabesoy Lara contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional

en la Ley 100 de 1993 [destaca la Sala].

Asimismo, en sentencia C-1143 de 2004, dicho tribunal constitucional señaló:

4.6. Finalmente, el Decreto 1214 de 1990 consagra en las normas
demandadas la pensión de jubilación y la pensión por aportes para el
personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, una vez
cumplan los requisitos a que se refieren los artículos 98 y 100 acusados,
pero solamente cobija a aquellas personas que se incorporaron con
anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, como lo dispone el
artículo 279 de esa normatividad, artículo éste que fue declarado exequible
por esta Corte, en aras de proteger los derechos adquiridos de quienes se
encontraban en esa particular situación, como quedó visto en esta
sentencia. Ello se traduce en que los civiles que laboran para el servicio de
esas entidades, vinculados con posterioridad a la vigencia de la Ley 100
de 1993 no cuentan con un régimen especial, sino que por el contrario, se
encuentran sujetos a la normatividad general del régimen de seguridad
social, aplicable a todos los servidores del Estado.

Sobre el particular, la sala de consulta y servicio civil de esta Corporación, en
concepto de 12 de agosto de 20037, concluyó que «[e]l personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional que ingresó a la Institución con anterioridad a
la vigencia de la Ley 100 de 1993 continúa regido por el régimen pensional
exceptuado, contenido en el Decreto Ley 1214 de 1990, en razón a que la Ley
797 de 2003 no modificó ni derogó la excepción contenida en el artículo 279
de la ley 100 respecto de estos servidores». Igualmente, en concepto emitido el
22 de febrero de 20118, sostuvo:

Como corolario de lo anterior se tiene que el Sistema de Seguridad Social
integral de que trata la ley 100 de 1993 no se aplica a los miembros activos
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional independientemente de
la fecha de su vinculación, ni al personal regulado por el decreto ley 1214
de 1990, esto es, al personal Civil del Ministerio de Defensa y de la Policía
Nacional, que había sido vinculado antes de entrar en vigencia la ley 100
de 1993. Por el contrario, al personal Civil de estas instituciones cuya
vinculación fue posterior a la vigencia la ley 100, se le aplica en su
totalidad el referido Sistema.

A su vez, en lo concerniente a los cargos desempeñados por civiles en la justicia

7
C. P. Jorge Murgueitio Cabrera.
8
Consejo de Estado (sala de consulta y servicio civil); expediente 11001-03-06-000-2010-00081-00 (2020); C.
P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
7

Expediente: 41001-23-33-000-2019-00018-01 (4023-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Hernando Mabesoy Lara contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional

penal militar, en sentencia de 1° de septiembre de 20149, en un caso en el que
se discutía la aplicación del régimen pensional previsto en el Decreto 1214 de
1990, esta Corporación consideró:

En cuanto al segundo interrogante, la Sala de Consulta y Servicio Civil
manifestó que en tratándose de un cargo de periodo fijo legal, como lo era
el de la actora, la vinculación para efectos de determinar si era beneficiario
del régimen contemplado en el Decreto 1214 de 1990 correspondía a la
fecha de nombramiento y posesión en el cargo de la Justicia Penal Militar.
Al respecto, precisó:

“1.3. (...) En relación a los cargos de período fijo, como el de
Magistrado del Tribunal Superior Militar, reitera la Sala que el
vocablo “vinculación” para efecto de determinar el régimen
pensional aplicable está determinado por el “acto administrativo
de nombramiento como magistrado y su posesión en ese cargo”;
en razón a que el hecho del retiro del servicio activo no produce una
nueva vinculación, pues ésta ocurrió con el acto de nombramiento y
posesión en dicho empleo, el cual podía seguir desempeñando bien
como miembro activo o retirado de las Fuerzas Militares, hasta
completar el período legal.

En consecuencia, solo en los cargos de período legal, la fecha de
“vinculación” para determinar la aplicación del régimen
pensional de que trata el decreto ley 1214 de 1990, es la de
nombramiento y posesión en dicho empleo, indistintamente si se
tenía o no la condición de militar en servicio activo o en uso de retiro,
siempre que el acto administrativo de nombramiento y posesión fueren
anteriores a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993. En todos los
demás, la fecha de vinculación es aquella en que se adquirió la
condición de civil al servicio del Ministerio de Defensa.”. – SE
RESALTA

Por consiguiente, quienes con anterioridad al 1° de abril de 1994 estuviesen
vinculados como personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía
Nacional, la justicia penal militar y su Ministerio Público y acumulen 20 años
de labor continua, esto es, que no haya tenido interrupciones superiores a 15
días, tendrán derecho a recibir la pensión de jubilación de que trata el artículo
98 del Decreto ley 1214 de 1990, a partir del retiro del servicio, supuesto que
no ofrece dificultad interpretativa.

No ocurre lo mismo con la pensión de jubilación por tiempo discontinuo
9
Consejo de Estado (sección segunda, subsección A); expediente 25000-23-25-000-2010-000166-01 (1641-
12).
8

Expediente: 41001-23-33-000-2019-00018-01 (4023-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Hernando Mabesoy Lara contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional

preceptuada por el artículo 99 del mencionado estatuto, pues el cómputo de
lapsos interrumpidos impone analizar si aquellos que estuvieron vinculados
como personal civil con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de
1993, se retiraron del servicio sin acumular 20 años sucesivos de labor e
ingresen nuevamente en la misma calidad (en vigencia del sistema general de
seguridad social en pensiones), conservan el régimen de excepción y pueden
jubilarse cuando colmen los requisitos de edad y tiempo exigidos para tal fin.

Al respecto, la Sala observa que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 previó
que el sistema general de seguridad social resultaba inaplicable al personal
regido por el Decreto ley 1214 de 1990, «con excepción de aquel que se vincule
a partir de [su] vigencia […]», sin que pueda afirmarse que el legislador haya
impuesto, a manera de requisito sine qua non para conservar el régimen especial,
tener la calidad de personal civil en ese preciso momento. Entonces, como el
artículo 48 de la Constitución Política determinó que «[p]ara adquirir el derecho
a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las
semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que
señala la ley», no es dable exigir requisitos no establecidos en el ordenamiento
jurídico para mantener el régimen de jubilación por tiempo discontinuo.

En ese sentido, debe decirse que si el régimen especial del personal civil consagró
posibilidades de pensionarse con períodos continuos o discontinuos, no podría
entenderse que la excepción en comento se refirió exclusivamente a una de
aquellas modalidades, puesto que la garantía de efectividad de las prerrogativas
allí contenidas implica el respeto de las expectativas legítimas de pensionarse con
las normas más favorables contenidas en el artículo 99 del Decreto ley 1214 de
1990, que tenían todos aquellos que prestaron sus servicios en condición de
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, la justicia
penal militar y su Ministerio Público antes del sistema general de seguridad
social. Lo contrario, sería admitir una suerte de derogatoria de tal articulado,
conclusión contraria al artículo 279 de la mencionada Ley 100, que
precisamente quiso preservar las condiciones de jubilación del aludido personal.

Así las cosas, si bien es cierto que el cálculo de tiempo no continuo para efectos
del artículo 99 del Decreto ley 1214 de 1990 permite la acumulación de períodos
de vinculación independientes posteriores a la Ley 100 de 1993, también lo es
que no resulta adecuado desconocer los interregnos de servicio prestados, como
personal civil, antes de que empezara a regir esa normativa. En efecto, sería

9

Expediente: 41001-23-33-000-2019-00018-01 (4023-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Hernando Mabesoy Lara contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional

contrario a los principios de equidad, justicia social y pro homine, así como a los
tratados internacionales atañederos a estos10, desconocer que el trabajo efectuado
bajo la égida de este antes de la entrada en vigor de aquella, máxime cuando del
citado artículo 279 se infiere que su aplicación es para los nuevos empleados
civiles vinculados durante su vigencia, mas no para los que con anterioridad
fueron nombrados en dicha condición.

Esta interpretación se encuentra en consonancia con la jurisprudencia de esta
Corporación acerca de la aplicación en el tiempo de los regímenes pensionales
exceptuados11, en aquellos casos en que el servidor no mantiene inalterada la
calidad que lo hace destinatario de la norma especial y colma el requisito de
tiempo con vinculaciones posteriores a la entrada en vigor, para cada caso, de la
Ley 100 de 199312.

Por ende, la Sala concluye que el régimen pensional previsto en el Decreto ley
1214 de 1990 cobija al personal civil que haya estado vinculado en esa calidad
con antelación a la entrada en vigor del sistema general de seguridad social, cuyos
integrantes tienen derecho, al cumplimiento de los requisitos establecidos en esa
norma, al reconocimiento de la pensión de jubilación por tiempo continuo o
discontinuo, sin que por el suceso de interrupciones que hubieren podido ocurrir
en la relación laboral y vinculaciones posteriores a la Ley 100 de 1993, pueda
colegirse que perdieron tal prerrogativa.

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

10
V. gr. Art. 5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); art. 29 Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADH); art. 5 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales
(PIDESC); art. 1.1. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
art. 41 Convención sobre los Derechos del Niño.
11
Al respecto, puede verse la interpretación que sobre la aplicación de la Ley 812 de 2003 ha efectuado la
Corporación respecto del régimen exceptuado del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en
sentencia de 5 de diciembre de 2019, (sección segunda, subsección B), Expediente 17001-23-33-000-2014-
00087-01 (4375-2015).
12
Sobre el aspecto en comento, la sala de consulta y servicio civil de esta Corporación, en concepto de 10 de
agosto de 2012, expediente 11001-03-06-000-2011-00004-00(2048), C. P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo,
precisó que, de acuerdo con la Ley 812 de 2003, existen dos grupos de personas: (i) «Integrado por los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que estaban vinculados al servicio público educativo oficial al
momento de entrar en vigencia la ley 812 de 2003, es decir el 27 de junio de 2003; para este grupo el régimen
prestacional aplicable es el establecido en las normas que como docentes los regían para esa fecha, es decir,
la ley 91 de 1989 y demás normas concordantes»; y (ii) «Conformado por quienes estando vinculados a otros
sistemas o sectores al entrar en vigencia la ley 812 de 2003, es decir, el 27 de junio de ese año, ingresan por
primera vez al sector público educativo oficial».
10

Expediente: 41001-23-33-000-2019-00018-01 (4023-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Hernando Mabesoy Lara contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional

a) Según cédula de ciudadanía del accionante, nació el 22 de abril de 1966 (f.
89 c.1).

b) Constancia expedida por el Ejército Nacional el 25 de octubre de 2016 (f. 13
c.1) y hoja de servicios 3-23191198 de 9 de agosto de 2018 (ff. 266 a 269 c.2),
conforme a las cuales el demandante prestó servicio militar del 9 de noviembre
de 1984 al 30 de septiembre de 1986, esto es, por 1 año, 10 meses y 21 días; fue
soldado voluntario entre el 1° de mayo de 1987 y el 1° de diciembre de 1995 (8
años y 7 meses); se vinculó como personal civil a esa institución en el cargo de
adjunto tercero (peluquero) desde el 6 de diciembre de 1995 y se encontraba
activo como auxiliar de servicios 12, con 22 años, 8 meses y 3 días, con lo que
acumula un total de 33 años, 5 meses y 25 días de «TIEMPOS PARA PENSIÓN
Y ASIGNACIÓN DE RETIRO».

c) Mediante Resolución 3586 de 31 de agosto de 2015 (ff. 77 a 79 c.1), el
Ministerio de Defensa Nacional, secretaría general, negó al actor una pensión
de jubilación conforme al Decreto 1214 de 1990, para lo cual adujo que «[…]
[…] teniendo en cuenta la fecha en que […] se vinculó laboralmente con el
Ministerio de Defensa Nacional, esto es, el 6 de diciembre de 1995, es claro
que el marco normativo aplicable para efectos de reconocimiento de pensión
de jubilación, es el consagrado en la Ley 100 de 1993, toda vez, que las normas
consagradas en el Decreto 1214 de 1990, solamente cobija a las personas que
se incorporaron con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema general
de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, es decir el día 1 de abril de 1994»
(sic), motivo por el cual sus aportes a pensión se realizan al fondo de pensiones
Porvenir S. A.

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el demandante
nació el 22 de abril de 1966; (ii) prestó servicio militar en el Ejército Nacional
del 9 de noviembre de 1984 al 30 de septiembre de 1986, esto es, por 1 año, 10
meses y 21 días y fue soldado voluntario entre el 1° de mayo de 1987 y el 1° de
diciembre de 1995 (8 años y 7 meses); (iii) posteriormente, se vinculó a esa
misma institución, como personal civil, en el cargo de adjunto tercero
(peluquero) desde el 6 de diciembre de 1995 y se encontraba activo como
auxiliar de servicios 12 para el 9 de agosto de 2018, con 22 años, 8 meses y 3
días, con lo que acumula un total de 33 años, 5 meses y 25 días de «TIEMPOS
PARA PENSIÓN Y ASIGNACIÓN DE RETIRO»; y (iv) mediante Resolución
3586 de 31 de agosto de 2015, el ente estatal demandado le negó una pensión

11

Expediente: 41001-23-33-000-2019-00018-01 (4023-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Hernando Mabesoy Lara contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional

de jubilación conforme al Decreto 1214 de 1990, porque «[…] […] teniendo en
cuenta la fecha en que […] se vinculó laboralmente con el Ministerio de
Defensa Nacional, esto es, el 6 de diciembre de 1995, es claro que el marco
normativo aplicable para efectos de reconocimiento de pensión de jubilación,
es el consagrado en la Ley 100 de 1993, toda vez, que las normas consagradas
en el Decreto 1214 de 1990, solamente cobija a las personas que se
incorporaron con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, es decir el día 1 de abril de 1994»
(sic), motivo por el cual sus aportes a pensión se realizan al fondo de pensiones
Porvenir S. A.

De acuerdo con lo anotado en el acápite precedente, aquellos integrantes del
personal civil regidos por el Decreto ley 1214 de 1990 que hayan estado
vinculados en esa calidad con antelación a la entrada en vigor del sistema general
de seguridad social, tienen derecho, al cumplimiento de los requisitos establecidos
en esa disposición, a la pensión de jubilación de que trata tal norma.

No obstante, en el sub lite se tiene que si bien el demandante prestó servicio
militar al Ejército Nacional, su vinculación laboral como personal civil de la
misma institución fue posterior a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 (6
de diciembre de 1995). Por ende, a pesar de haber acumulado más de 20 años
de servicios en esa condición y adquirido la edad pensional fijada en el artículo
99 del Decreto ley 1214 de 1990 (55 años), no resulta procedente acceder a la
pensión allí prevista, toda vez que, como se dijo, del artículo 279 (inciso primero)
de la Ley 100 de 1993 se infiere que la aplicación de esta última es para quienes
se vincularon como empleados integrantes del personal civil durante su vigencia,
como es el caso del actor.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó
las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

12

Expediente: 41001-23-33-000-2019-00018-01 (4023-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Hernando Mabesoy Lara contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional

FALLA:

1°. Confírmase la sentencia de 15 de junio de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, que negó las súplicas de la demanda en el proceso
instaurado por el señor Hernando Mabesoy Lara contra la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Ejército Nacional, de conformidad con la parte motiva.

2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.