Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00166-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00166-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2019-00166-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00166-01 (5173-2024)
Demandante: Patricia Gutiérrez García, Mercedes Rodríguez, Fabio Tovar
Puentes y Yeny Deissy Bonilla Triana
Demandado: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de
Neiva1 y municipio de Neiva
Tema: Intereses de cesantías servidores públicos del sector salud.
Indemnización por no pago
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 23 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo del Huila,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Patricia Gutiérrez García, Mercedes Rodríguez, Fabio Tovar Puentes y Yeny
Deissy Bonilla Triana presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Demandante Acto administrativo Resuelve
-. Oficio G-0097 del 16 de A través de los cuales la HUN les negó i) el
febrero de 2018 reconocimiento y pago de los «intereses
-. Resolución 491 del 8 de equivalentes a la variación del índice de
1. Fabio Tovar Puentes
mayo de 2018 precios al consumidor3 sobre su saldo
-. Acto ficto o presunto por acumulado de cesantías a 31 de diciembre
medio del cual el del año inmediatamente anterior y
1 En lo sucesivo HUN.
2 En adelante CPACA.
3 En lo que sigue IPC.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 41001-23-33-000-2019-00166-01 (5173-2024)
Demandante: Patricia Gutiérrez García y otros
municipio de Neiva negó proporcional por la fracción año que
la petición radicada el 2 corresponda al momento de retiro, sobre el
de febrero de 2018, en el monto parcial o definitivo de las cesantías
cual se solicitó el pagadas» [sic]; ii) el interés equivalente al
«reconocimiento y pago 60% de la variación anual del IPC sobre las
de los intereses de que cesantías liquidadas; y iii) la sanción
trata el artículo 11 y 12 de moratoria por el pago inoportuno de las
la Ley 432 de 1998» [sic] cesantías
-. Oficio G-0641 del 27 de
noviembre de 2017
2. Mercedes Rodríguez
-. Resolución 501 del 8 de
mayo de 2018
-. Oficio G-0797 del 15 de
diciembre de 2017
3. Patricia Gutiérrez García
-. Resolución 495 del 8 de
mayo de 2018
-. Resolución 674 del 27 Mediante las cuales la HUN le negó el
de julio de 2017 reconocimiento y pago de los intereses a las
-. Resolución 868 del 27 cesantías a partir de la vigencia de 1994
de septiembre de 2017 «debidamente liquidados y cancelados los
respectivos intereses moratorios» [sic].
-. Oficio G-084 del 13 de A través de los cuales la HUN les negó i) el
febrero de 2018 reconocimiento y pago de los «intereses
-. Resolución 292 del 8 de equivalentes a la variación del IPC sobre su
marzo de 2018 saldo acumulado de cesantías a 31 de
4. Yeny Deissy Bonilla Triana
diciembre del año inmediatamente anterior y
proporcional por la fracción año que
corresponda al momento de retiro, sobre el
monto parcial o definitivo de las cesantías
pagadas» [sic]; ii) el interés equivalente al
60% de la variación anual del IPC sobre las
cesantías liquidadas; y iii) la sanción
moratoria por el pago inoportuno de las
cesantías
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitaron i) el reconocimiento y pago de los intereses equivalentes a la variación
anual del IPC «sobre el saldo acumulado de cesantías a 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior y proporcional por la fracción de año que corresponda al momento
de retiro, sobre el monto parcial o definitivo de la cesantía pagada»[sic] y «sobre las
cesantías liquidadas por la entidad nominadora correspondientes a la año inmediatamente
anterior o proporcional por la fracción de año que se liquide definitivamente» [sic]; ii) los
intereses de cesantías debidamente indexados y la sanción moratoria por su falta
de pago «de la Sra. Mercedes Rodríguez» [sic]; iii) la indexación de las sumas que
resultaren reconocidas; iv) el cumplimiento de la sentencia conforme con lo previsto
en los artículos 192 y 193 del CPACA; y v) la condena en costas.
2
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Demandante: Patricia Gutiérrez García y otros
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:
3.1. Patricia Gutiérrez García, Mercedes Rodríguez, Fabio Tovar Puentes y Yeny
Deissy Bonilla Triana prestaron sus servicios a favor del HUN y se afiliaron a los
siguientes fondos de cesantías, así:
Demandante Cargo Desde Hasta Fondo de cesantías
Ayudante de 1° de septiembre de 4 de julio de -. Fondo nacional del
saneamiento 1994 1996 ahorro (Del 1° de
Técnico de 5 de julio de 1996 31 de diciembre septiembre de 1994 al 31
Fabio Tovar saneamiento de 1997 de diciembre de 1996)
1.
Puentes Trasladado a la 1° de enero de 1997
secretaría
municipal de
Neiva
Mecanógrafa de 11 de julio de 1980 14 de junio de -. Fondo nacional del
biblioteca 2000 ahorro (Del 11 de julio de
Secretaria 15 de junio de 2000 «la actualidad» 1980 al 31 de diciembre
Mercedes
2. de 2003)
Rodríguez
-. Fondos privados (A
partir del 1° de enero de
2004)
Médico Rural 29 de diciembre de 1° de julio de -. Fondo de cesantías
1982 1983 horizonte (Del 29 de
Médico 9 de febrero de 1° de febrero de diciembre de 1982 al 30
Patricia
anestesióloga 1987 1995 de noviembre de 2006)
3. Gutiérrez
Médico 9 de febrero de 1° de abril de -. Fondo Nacional del
García
especialista 2006 2014 Ahorro (Del 1° de
anestesióloga diciembre de 2006 al 31
de marzo de 2014)
Auxiliar de 1° de octubre de 15 de junio de -. Fondo nacional del
Yeny Deissy
4. laboratorio 1994 2000 ahorro (Del 1° de octubre
Bonilla Triana
clínico de 1994)
3.2. El 12 de junio de 2017, los demandantes «junto a muchos otros empleados y/o
funcionarios de la ESE» [sic], solicitaron al HUN el reconocimiento y pago de los
intereses a las cesantías y su sanción moratoria. Dicha petición fue negada con la
Resolución 674 del 27 de julio de 2017, porque «la ESE, mes a mes, hizo aportes de
cesantías al Fondo conforme al Decreto 3118 de 1968 y que, por lo mismo, era ante el
Fondo ante quien se debía presentar la reclamación» [sic].
3.3. Contra el anterior acto se presentó recurso de apelación y por medio de la
Resolución 0868 del 27 de septiembre de 2017 se confirmó.
4 Para mayor comprensión los hechos se sintetizarán de acuerdo con el material probatorio allegado.
3
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Demandante: Patricia Gutiérrez García y otros
3.4. El175 y el 286 de noviembre de 2017, el 57 y el 78 de febrero de 2018,
respectivamente, solicitaron ante el Fondo Nacional del Ahorro9 el reconocimiento
y pago de los intereses de las cesantías. Dichas peticiones fueron negadas según
lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 432 de 1998, porque la responsabilidad
recaía en su empleador. Además, certificó los siguientes pagos:
Año Demandante Valor Fecha de abono
1999 Fabio Tovar Puentes $322.543 Saldo migrado
1999 Fabio Tovar Puentes $1.072.570 03/22/1999
2000 Mercedes Rodríguez $739.391 02/07/2001
Fabio Tovar Puentes $993.479 01/13/2001
2001 Mercedes Rodríguez $873.823 02/04/2002
Fabio Tovar Puentes $1.133.976 03/05/2002
2002 Mercedes Rodríguez $914.112 01/31/2003
Fabio Tovar Puentes $1.308.1388 07/17/2003
2003 Mercedes Rodríguez $1.004.425 02/19/2004
Fabio Tovar Puentes $1.458.676 03/07/2004
2004 Mercedes Rodríguez $0 03/10/2005
Fabio Tovar Puentes $1.549.837 03/23/2005
2005 Fabio Tovar Puentes $1.633.821 03/21/2006
2006 Fabio Tovar Puentes $1.726.792 04/12/2007
Patricia Gutiérrez García $383.500 05/04/2007
2007 Fabio Tovar Puentes $1.809.721 03/31/2008
Patricia Gutiérrez García $5.764.758 02/18//2008
2008 Fabio Tovar Puentes $1.764.934 02/25/2009
Patricia Gutiérrez García $6.061.750 02/19/2009
2009 Fabio Tovar Puentes $1.972.277 02/10/2010
Patricia Gutiérrez García $6.294.168 02/05/2010
2010 Fabio Tovar Puentes $2.142.793 02/08/2011
Patricia Gutiérrez García $6.508.832 01/31/2011
2011 Fabio Tovar Puentes $2.228.423 01/10/2012
Patricia Gutiérrez García $6.333.917 01/18/2012
2012 Fabio Tovar Puentes $2.183.596 03/20/2013
Patricia Gutiérrez García $7.953.083 03/06/2013
2013 Fabio Tovar Puentes $2.327.648 03/19/2014
Patricia Gutiérrez García $8.492.251 01/15/2014
2014 Fabio Tovar Puentes $2.591.421 07/02/2014
Patricia Gutiérrez García $3.052.917 07/02/2014
2015 Fabio Tovar Puentes $2.746.845 06/02/2016
2016 Fabio Tovar Puentes $2.832.322 08/30/2014
3.5. «Comoquiera que lo anteriormente reclamado correspondía a intereses sobre cesantías
5 Reclamación de Mercedes Rodríguez.
6 Reclamación de Patricia Gutiérrez García.
7 Reclamación de Yeny Deissy Bonilla Triana.
8 Reclamación de Fabio Tovar Puentes
9 En adelante FNA.
4
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causadas» [sic], el 1610 y el 2711 de noviembre de 2017, el 1°12 de enero y el 513 de
febrero de 2018, los demandantes, respectivamente, solicitaron al HUN el
reconocimiento y pago de los intereses de que tratan los artículos 11 y 12 de la Ley
432 de 1998, estos son el equivalente a la variación anual del IPC sobre su saldo
acumulado y el 60% de la variación anual del IPC. Dichas peticiones fueron negadas
a través de los actos demandados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53 y 209 de la
Constitución Política; 17 de la Ley 6 de 1945; 59 del Decreto 1042 de 1978; 99, 102
y 104 de la Ley 50 de 1990, 4 de la Ley 4 de 1992; 2 de la Ley 244 de 1995; 13 de
la Ley 344 de 1996; 6, 11, y 13 de la Ley 432 de 1998; 1 del Decreto 1582 de 1998;
33 de la Ley 734 de 2002, 1 del Decreto 1919 de 2002; y 10 y 37 de la Ley 1437 de
2011.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente14:
5.1. Adiferencia de las cesantías que deben ser consignadas en el fondo de
cesantías elegido por el empleado, sus intereses deben ser dispuestos a quien
laboró en el año anterior a su causación «lo anterior sin importar la fecha de ingreso […]
e incluso sin importar si la vinculación laboral del empleado viene desde años atrás» [sic].
5.2. Los intereses a las cesantías equivalen a la utilidad o rendimiento que obtiene el
empleado por las cesantías a las que por ley tiene derecho. Dicho pago debe
efectuarse a más tardar el 31 de enero del año siguiente al causado y de no
efectuarse en el término previsto se genera la sanción moratoria prevista en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
5.3. Para los servidores afiliados al FNA «en la fecha establecida para efectuar las
consignaciones de los aportes a los sistemas generales de pensiones y de seguridad social
en salud», el empleador deberá transferir al fondo de cesantías «una doceava parte
de los factores de salario que sean base para liquidar las cesantías, devengados en el mes
inmediatamente anterior». El incumplimiento de la obligación da derecho al fondo para
cobrar a su favor intereses moratorios mensuales equivalentes al doble del interés
bancario corriente.
10 Reclamación de Mercedes Rodríguez.
11 Reclamación de Patricia Gutíerrez García.
12 Reclamación de Fabio Tovar Puentes.
13 Reclamación de Yenny Deissy Bonilla Triana.
14 Samai del tribunal, índice 56, Contrato Digitalizacion (.pdf)(.pdf) NroActua 56; 2026151680C.pdf;
folios 4 al 51; 2026151698.pdf; folios 11 al 15.
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5.4. De conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 432 de 1998, el empleador
que no cumplió con la obligación de transferir al FNA la doceava parte de los
factores de salario que sean base para liquidar las cesantías, «será responsable del
pago de los intereses en la cuantía determinada por el artículo 11» [sic].
1.2. Admisión del medio de control
6. Mediante el auto del 27 de junio de 2019, el tribunal admitió parcialmente la
demanda y rechazó las pretensiones relativas a la anulación de las resoluciones
674 y 868 del 27 de julio y septiembre de 2017, por haber operado la caducidad del
medio de control15.
1.3. Contestación de la demanda
7. El municipio de Neiva se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, con fundamento en los siguientes argumentos16.
7.1. Patricia Gutiérrez García, Mercedes Rodríguez y Yeny Deissy Bonilla Triana
nunca tuvieron vínculo laboral con la entidad territorial.
7.2. Solo está obligado al pago de las cesantías de Fabio Tovar Puentes a partir de
la entrada en vigencia de la Ley 1797 de 2016, pues «las entidades del sector salud
que actualmente reciben recursos provenientes del SGP., la Nación gira directamente a la
cuenta maestra de la ESE los aportes patronales que venían financiando antes de la
entrada en vigencia» [sic].
7.3. El municipio nunca ha pagado cesantías al personal que labora en el sector salud
que se financia con recursos del Sistema General de Participaciones, pues dicha
obligación recae directamente en cabeza de la ESE.
7.4. A partir del 1° de enero de 2017, el municipio asumió el pago de aportes
patronales a ARL, salud, pensión y cesantías.
7.5. No se configuró la existencia del acto ficto porque, según la guía MCRS778166,
la comunicación del «oficio adiado catorce (14) de marzo de 2018, fue entregado» [sic] a
Fabio Tovar Puentes el 26 de ese mes y año. En dicho acto, se resolvió lo relativo
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria y, además, «se le dice que la
certificación se encuentra en trámite y que será remitida en el término de diez (10) días»
[sic].
15 Samai del tribunal, índice 56, Contrato Digitalizacion (.pdf)(.pdf) NroActua 56; 2026151698.pdf.
folios 36 al 38.
16 Ibidem, folios 72 al 105.
6
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7.6. Por último, propuso las excepciones de i) falta legitimación en la causa «de la
parte pasiva municipio de Neiva con relación a los señores Mercedes Rodríguez, Patricia
Gutíerrez García y Yeny Deissy Bonilla Triana» [sic]; ii) caducidad del medio de control
«con relación al señor Fabio Tovar Puentes» [sic]; iii) inexistencia del acto ficto o
presunto «en consecuencia improcedencia de demandar el acto ficto o presunto de
reclamación administrativa del señor Fabio Tovar Puentes» [sic]; iv) indebida
conformación del litisconsorcio necesario; y v) la genérica e innominada.
8. El HUN contestó la demanda y se opuso a lo pretendido por la parte demandante,
por los siguientes motivos17:
8.1. La penalización prevista por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 solo aplica para
los servidores públicos afiliados a los fondos privados de cesantías. Para los
afiliados al FNA no se estableció dicha sanción.
8.2. La entidad de manera oportuna cumplió con la obligación de consignar y
reportar las cesantías desde «el año 1979 y en tales condiciones no tendría derecho a la
aplicación del sistema retroactivo de las mismas» [sic].
8.3. El personal vinculado con anterioridad a 1990 optó por el sistema de liquidación
y manejo de las cesantías regulado en el Decreto 318 de 1968, es decir el sistema
de liquidación anual, razón por la cual el pago de los intereses está a cargo del FNA
para «la protección contra la pérdida del calor adquisitivo de la moneda, valores que figuran
en los respectivos extractos individuales de cesantías» [sic].
8.4. Planteó las excepciones de i) prescripción; ii) inexistencia de la obligación a
cargo de la ESE; iii) inexistencia de causa para solicitar la nulidad del acto
administrativo demandado; iv) cobro de lo no debido; y v) la genérica.
1.4. Tramite de primera instancia
9. A través del auto del 11 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo del Huila
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por el
municipio de Neiva en relación con las demandantes Mercedes Rodríguez, Patricia
Gutiérrez García y Yeny Deissy Bonilla Trina18.
1.5. La sentencia apelada
10. El Tribunal Administrativo del Huila en sentencia proferida el 23 de abril de 2024,
17 Ibidem, 2026151713.pdf: folios 52 al 82.
18 Samai, índice 2; 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_1392024zi(.zip) NroActua 2;
003CorreTraslado.pdf.
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i) declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa de la parte
pasiva «con relación a los señores Mercedes Rodríguez, Patricia Gutiérrez García y Yeny
Deissy Bonilla Triana; de caducidad y de inexistencia de acto ficto o presunto e
improcedencia para demandar el acto ficto o presunto de reclamación administrativa del
señor Fabio Tovar Puentes, propuestas por el Municipio de Neiva» [sic]; de cobro de lo no
debido; de inexistencia de la obligación a cargo de la ESE HUN y de causa para
solicitar la nulidad del acto administrativo demandado; ii) negó las pretensiones de
la demanda; y iii) no condenó en costas.
11. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de algunos preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto concluyó lo siguiente19:
11.1. De acuerdo con lo previsto por el artículo 225 de la Ley 1955 de 2019 que
modificó el 12 de la Ley 432 de 1998, los intereses sobre las cesantías
administradas por el FNA equivalen a la variación anual de la unidad de valor real20
certificada por el Banco de la Republica sobre las cesantías liquidadas por la entidad
nominadora.
11.2. El incumplimiento por parte del empleador en la consignación en el FNA del
valor de las cesantías otorga el derecho al fondo para exigir las sumas respectivas
y sobre ellas los intereses moratorios, equivalentes al 2% mensual por el tiempo de
mora, pero en manera alguna puede considerarse esa sanción como un crédito a
favor del empleado.
11.3. Con el fin de proteger la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, el
legislador en el artículo 11 de la Ley 432 de 1998 previó el pago de un interés «atado
a la variación porcentual del IPC aplicado a los saldos acumulados de cesantías de cada
empleado, está a cargo del FNA y no de la empleadora por ello no se aprecia la vulneración
de estas disposiciones» [sic].
11.4. Si bien, ante el incumplimiento del empleador en el pago los intereses a las
cesantías para los servidores del nivel territorial afiliados al FNA, el legislador no
dispuso el pago de la sanción moratoria, lo cierto es que facultó al fondo para el
cobro del interés moratorio a su favor «por ser características propias del sistema de
liquidación del FNA y de los beneficios que tienen sus afiliados» [sic].
11.5. No se configuró el acto ficto o presunto por falta de respuesta a la reclamación
de reconocimiento y pago de los intereses de que trata el artículo 11 y 12 de la Ley
432 de 1998, radicada el 2 de febrero de 2018 por Fabio Tovar Puentes, toda vez
que esta fue atendida por medio del Oficio del 14 de marzo de 2018 «en el que la
19 Ibidem del tribunal, índice 58; 31SalidaSentenciaNiegaPretensiones(.pdf) NroActua 58.
20 En lo que sigue UVR.
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administración informa que el actor presentó similar petición el 19 de julio de 2017 siendo
atendida mediante Resolución N° 1165 del 8 de agosto de 2017 (f. 523-530) por medio del
cual niega el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, decisión confirmada mediante
Resolución 0018 del 6 de febrero de 2018 (f. 531-542), quedando agotada la vía
gubernativa» [sic].
11.6. Comoquiera que con el Oficio del 14 de marzo de 2018 que se comunicó el 26
de ese mes y año «situación que no fue discutida por las partes» [sic], el municipio de
Neiva dio respuesta a la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria
por la falta de pago de los interés de las cesantías presentada por Fabio Tovar
Puentes y la demanda se radicó el 29 de noviembre de 2018, «sin haberse
interrumpido por la solicitud de conciliación extrajudicial porque fue radicada el 11 de
septiembre de 2018» [sic], se configuró la excepción de caducidad propuesta por la
apoderada del ente territorial.
11.7. Según el régimen de la Ley 432 de 1998, los intereses de protección de la
pérdida del poder adquisitivo a favor de los demandantes fueron consignados de
forma oportuna en el FNA por sus empleadores y por tanto no les asistía el derecho
pretendido.
11.8. Entre el 1° de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2016, por haber estado
afiliada a fondos privados, la cesantía de Mercedes Rodríguez «se sujetó a las
previsiones de la Ley 50 de 1990 y los intereses se pagaron en las nóminas del 31 de enero
de cada año por parte del HUN, de manera que no asiste el derecho pretendido» [sic].
11.9. Sobre los intereses a las cesantías regulados en el artículo 12 de la Ley 432 de
1998, se pudo demostrar con los extractos expedidos por el FNA, que los
reconocieron y depositaron en la cuenta de cada demandante durante el periodo
que estuvieron afiliados al FNA.
11.10. Si bien, para todos los demandantes, el HUN transfirió de manera tardía las
doceavas partes de los factores para liquidar las cesantías, lo cierto es que el
reconocimiento de los intereses moratorios por la omisión era a favor del FNA y no
de los servidores afiliados a dicho fondo.
1.6. El recurso de apelación
12. La parte demandante interpuso recurso de apelación y lo sustentó así21:
12.1. Se comparte la negación de las pretensiones de Patricia Gutiérrez García,
Fabio Tovar Puentes y Yeny Deisy Bonilla Triana; sin embargo, deberá revocarse
21 Samai del tribunal, índice 63, 35_RecursoApelacion(.pdf) NroActua 63.
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Demandante: Patricia Gutiérrez García y otros
la sentencia apelada porque el a quo erró «al considerar que todos los demandantes,
incluida la señora Mercedes Rodríguez, en su régimen de cesantías, le resultaba aplicable
la legislación que rige para los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, aún sabiendo que
desde el 01 de enero de 2004 se encontraba afiliada a fondos privados de cesantías» [sic].
12.2. Sin pruebas, el tribunal sostuvo que a partir del 1° de enero de 2004, cuando
Mercedes Rodríguez trasladó sus cesantías del FNA a los fondos privados de
cesantías [ Colfondos, Horizonte y Porvenir] hasta el año 2016, el interés de su
prestación se sujetó a las previsiones de la Ley 50 de 1990 y los intereses se
pagaron en las nóminas del 31 de enero de cada año por parte del HUN.
12.3. Según lo previsto por el Decreto 116 de 1976, reglamentado por la Ley 52 de
1975 «aunque es antigua aún se encuentra vigente» [sic], los intereses a las cesantías
de los servidores afiliados a los fondos privados es un valor que se debe «entregar
directamente a cada uno de los empleados que viene laborando desde el año pasado. Lo
anterior sin importar la fecha de ingreso […] e incluso sin importar si la vinculación laboral
del empleado viene desde años anteriores» [sic].
12.4. Mercedes Rodríguez tenía derecho al reconocimiento de la indemnización
moratoria por la falta de pago de los intereses de sus cesantías «las que debieron ser
pagadas por el empleador, a mas tardar, en la nómina del mes de enero siguiente» [sic],
según lo previsto por los artículos 1 de la Ley 52 de 1975 y 99 de la Ley 50 de 1990,
correspondientes a «un valor adicional igual al de los intereses causados, debidamente
actualizados y/o indexados al IPC certificado por el DANE aplicados sobre el valor que por
cada año no le pagó esos interese» [sic].
1.7. Intervenciones en segunda instancia
13. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.
1.8. Concepto del Ministerio Público
14. El agente del Ministerio Publico no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
15. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación22, el
22 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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problema jurídico consiste en determinar ¿si Mercedes Rodríguez tenía derecho al
reconocimiento y pago de los intereses de cesantías y a la indemnización por falta
de pago, por los periodos correspondientes a los años 2004 a 2016, lapso en el que
estuvo afiliada a los fondos privados de cesantías Colfondos, Horizonte y Porvenir?,
en caso afirmativo ¿si operó el fenómeno jurídico de la prescripción?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. El régimen de las cesantías para los servidores públicos
16. Es importante precisar los regímenes de liquidación de cesantías que han sido
aplicables a los empleados públicos, a saber:
16.1. Régimen retroactivo: de conformidad con los artículos 17 de la Ley 6.ª de 1945;
1 del Decreto 2767 de 1945, 1 de la Ley 65 de 1946, y 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1160
de 1947, los empleados públicos de los órdenes nacional, departamental, municipal
o distrital estaban cobijados por el régimen de retroactividad y la liquidación se
efectuaba «a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio»23. Ahora, los
servidores públicos que accedieron a este régimen conservaron la posibilidad de
mantenerlo, tal y como se desprende de los artículos 5 de la Ley 432 de 1998, 2 del
Decreto 1252 de 2000 y 3 del Decreto 1919 de 2002, entre otros.
16.2. Fondo Nacional del Ahorro: el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional
del Ahorro -FNA- como un establecimiento público al cual debían afiliarse de forma
obligatoria empleados públicos y trabajadores oficiales de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
empresas industriales y comerciales del estado del orden nacional. La excepción a
esta regla estaba constituida por los miembros de las cámaras legislativas y sus
empleados, los miembros de la fuerza pública, así como el personal civil del ramo
de la Defensa Nacional.
16.2.1. Para los afiliados obligatorios al FNA, el Decreto 3118 de 1968 introdujo un
sistema de liquidación anualizado del auxilio de cesantías. Sin embargo, la norma
no impuso igual condición para los trabajadores que se vincularan a dicha entidad
de forma voluntaria.
16.2.2. Posteriormente, la Ley 432 de 1998 reorganizó el FNA y dispuso, en su
artículo 6, que las entidades públicas empleadoras debían transferir mensualmente
«una doceava parte de los factores de salario que sean base para liquidar las cesantías».
Con todo, en el parágrafo del artículo 5 determinó que «[e]n los casos en que los
23 Ley 6.ª de 1945, artículo 45, literal a).
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servidores públicos tengan régimen de retroactividad en las cesantías, el mayor valor será
responsabilidad de la entidad empleadora».
16.3. Régimen anualizado: el sistema de liquidación anual de la prestación se
instituyó como regla general para los empleados públicos con ocasión de la Ley 344
de 1996 y estableció que para las personas que en adelante se vincularan con
entidades del Estado las cesantías se liquidarían el 31 de diciembre de cada año
(artículo 13). Por su parte, el Decreto 1582 de 1998 extendió el régimen previsto por
los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990 a los empleados públicos del orden
territorial que ingresaran a partir del 31 de diciembre de 1996.
16.3.1. La anterior disposición se mantuvo en el Decreto 1919 de 2002, que extendió
el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos de la rama ejecutiva
del nivel nacional a los servidores del orden territorial, con la salvedad 24 de que los
beneficiarios del régimen retroactivo continuarían disfrutándolo, en concordancia
con la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.
2.2.2. El régimen de las cesantías para los servidores públicos del sector salud
17. Antes se precisó que el sistema retroactivo de liquidación de cesantías acogió a
los servidores públicos de manera uniforme, hasta 1968, año en el que se
implementó un sistema de liquidación anualizado administrado por el FNA para sus
afiliados obligatorios; estos trabajadores, en todo caso, eran las personas
vinculadas a entidades de la rama ejecutiva del orden nacional.
18. Lo expuesto determina la relevancia de definir el marco jurídico aplicable a los
servidores del sector de la salud, particularmente del orden territorial, con el
propósito de identificar el régimen aplicable en materia de cesantías. En efecto, es
necesario definir si la afiliación al FNA desde 1968 los hace destinatarios del sistema
de liquidación anualizado allí dispuesto, o si, por el contrario, podían mantener la
retroactividad del auxilio.
19. Para efectos del análisis propuesto, conviene señalar que el Sistema Nacional
de Salud Pública se reorganizó por virtud del Decreto 2470 de 1968, como el
conjunto de organismos encauzados por la finalidad de procurar la salud de la
comunidad. En el nivel local estaba constituido por recursos tales como hospitales,
centros y puestos de salud y demás instituciones encargadas de ejecutar los
programas de salud en su respectiva jurisdicción. Luego, el Decreto 621 de 1974
definió las funciones que debía desarrollar el Ministerio de Salud Pública como
director del Sistema.
24 Artículo 3 del Decreto 1919 de 2002.
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20. Posteriormente, el Decreto 56 de 1975 definió el Sistema Nacional de Salud
como «el conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como
finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción,
protección, recuperación y rehabilitación». Esta norma indicó que los servicios
seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de
Salud Pública [artículo 8], entidad que, al tiempo velaría por el cumplimiento de sus
normas y vigilaría el ejercicio presupuestal, entre otros asuntos. A su vez, el Decreto
706 de 1974 dispuso que los servicios seccionales de salud serán creados por
contratos suscritos entre la Nación, Ministerio de Salud Pública y los departamentos,
intendencias, comisarías y Distrito Especial de Bogotá y las correspondientes
beneficencias y loterías.
21. En relación con el modelo descrito, la jurisprudencia del Consejo de Estado
concluyó que los servidores de la salud de las entidades territoriales no podían ser
considerados como empleados de la rama ejecutiva del orden nacional. Ello es así,
en atención a que la creación, organización y funcionamiento del sistema seccional
de salud se adelantaba a través de contratos con las entidades territoriales. Este
sistema implica que las entidades que prestaban el servicio de salud en el orden
departamental no están dentro de los organismos que integran la rama ejecutiva del
orden nacional, descritos por el artículo 1 del Decreto 1050 de 196825. Con base en
lo anterior, esta Sección ha reiterado que los empleados del sector salud vinculados
a una dirección seccional de salud son servidores departamentales y no
nacionales26.
22. Posteriormente, la Ley 10 de 1990 reorganizó el sistema nacional de salud y
dispuso en el artículo 30 que los empleados de las entidades públicas de cualquier
nivel de la administración que prestaran servicios de salud serían beneficiarios,
como mínimo, del régimen prestacional previsto en el Decreto 3135 de 1968, esta
previsión se extendió a los servidores del orden territorial, con la salvedad de que
no se les podían disminuir los niveles salariales y prestaciones de que venían
gozando en las entidades cuya liquidación se ordenó [artículo 17].
23. En línea con lo anterior, la Ley 60 de 1993 creó el Fondo Prestacional del Sector
Salud como una cuenta especial de la Nación, para garantizar el pasivo prestacional
de los servidores pertenecientes a las entidades de salud del sector oficial, del
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 4 de mayo de
1993, expediente: C-231 del 4 de mayo de 1993. En este auto se dirimió un conflicto de competencias
entre el Ministerio de Salud y la Gobernación del Huila.
26 Al respecto se puede revisar la tesis reiterada contenida entre otras en las siguientes providencias:
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 17 de febrero de 2011,
radicación: 440012331000200300906-02 (0553-10); 8 de marzo de 2018, radicación:
4400123330002014000155-02(0816-17); 22 de marzo de 2018, radicación:
440012331000200300906-02 (0553-10); y de la Subsección A, sentencia del 18 de enero de 2018,
radicación: 440012333000201490035-01 (1575-2016).
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subsector privado sostenido y administrado por el Estado, de las entidades de
naturaleza jurídica indefinida pero igualmente sostenidas por el Estado, por
concepto de cesantías, reservas para pensiones y pensiones de jubilación,
causadas hasta el fin de la vigencia presupuestal de 1993. Para dar cumplimiento a
esta finalidad de financiación y garantía, el artículo 33, parágrafo 2 ejusdem dispuso:
«[…] PARÁGRAFO 2. - El Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales
Distritales y Municipales podrán emitir bonos de reconocimiento u otros títulos de deuda
pública para pagar el pasivo prestacional según reglamento que para el efecto se expida.
Los pagos del pasivo prestacional por cesantías y pensiones podrán ser hechos a los
fondos privados de cesantías y pensiones, a las cajas de previsión, al Instituto de
Seguros Sociales o a los fondos territoriales que para el efecto se creen, y en todos los
casos se entenderá que en la fecha de los pagos del pasivo prestacional causado se
interrumpe cualquier retroactividad con cargo a la Nación, a las entidades territoriales o
a la entidad de prestación de servicios de salud que corresponda […]» (Subrayas fuera
del texto original).
24. Lo destacado en el texto fue objeto de pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional en sentencia C-687 de 1996 que resolvió que las diferencias surgidas
con ocasión de la liquidación retroactiva de las cesantías, con posterioridad al 31 de
diciembre de 1993, deben ser reconocidas por las entidades territoriales; así:
«[…] 3.1. Hay que reconocer que la redacción del aparte normativo acusado del art. 33
no fue afortunada, porque por su imprecisión da pie para una interpretación equívoca,
en el sentido de que puede estar consagrando el congelamiento de las cesantías de
aquéllos servidores que con arreglo a la ley puedan gozar del beneficio de la
retroactividad de esta prestación.
3.2. Para la Corte es claro que el entendimiento real de la norma es otro.
Cuando la disposición se refiere a la irretroactividad para efectos de pagar el pasivo
prestacional, con cargo a las entidades señaladas, hace alusión a las relaciones
obligacionales entre el Fondo y los organismos que recibieron el pago (Fondos de
pensiones, Cajas de Previsión, ISS, Fondos Territoriales), pero no a las prestaciones
que originan la obligación; por lo tanto el aparte normativo acusado no desconoce ningún
derecho a los servidores sometidos a su régimen.
En resumen, diríase que para la norma en cuestión la expresión de que el pago de los
pasivos prestacionales interrumpe la retroactividad con cargo a la Nación o a las
entidades territoriales, significa que la medida soluciona definitivamente la obligación y
hacía adelante, es decir, que después del 31 de Diciembre de 1993 se consolida la
responsabilidad prestacional para los servidores de la salud, pero a cargo de las
entidades territoriales como resultado del proceso de descentralización […]»
25. La Ley 100 de 1993 se refirió de igual forma al Fondo Prestacional del sector
Salud en el artículo 242, para aclarar que asumiría el costo adicional generado por
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concepto de la retroactividad de las cesantías del sector salud en los términos
señalados por el artículo 33 de la Ley 60 de 1993. Igualmente, dispuso que a partir
de su vigencia no podría reconocerse ni pactarse la retroactividad de las cesantías,
para los nuevos servidores del sector salud.
26. Las anteriores disposiciones fueron reglamentadas por el Decreto 530 de 1994,
que fijó los requisitos para ser beneficiario del Fondo del Pasivo Prestacional del
Sector Salud y la forma de pago de dicho pasivo. En el artículo 13, precisó que la
garantía del auxilio de cesantía recaía sobre el valor neto causado al 31 de
diciembre de 1993, incluso si la persona tenía derecho a la retroactividad. Sin
embargo, si el servidor estaba afiliado al FNA o a un fondo que no reconociera dicho
régimen, el Fondo se abstendría de liquidar y pagar tal retroactividad. Para el giro
de los pagos, se impuso la suscripción de contratos entre el Ministerio de Salud y
los entes territoriales o instituciones correspondientes, según el artículo 19 ibidem.
27. Con la expedición de la Ley 715 de 2001 se suprimió el Fondo Pasivo
Prestacional para el Sector Salud y se trasladó su responsabilidad financiera al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público [artículo 61]. El Decreto 306 de 2004
reglamentó lo anterior y precisó la forma de pago del pasivo de cesantías [artículo
4], así como sus beneficiarios [artículo 8], estos son: «aquellos servidores públicos y
trabajadores privados que fueron certificados como tales por el Ministerio de Salud de
conformidad a la normatividad entonces vigente, sin perjuicio de las modificaciones a que
haya lugar con ocasión de la revisión que efectúe el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público […]».
28. Todo lo expuesto permite concluir que los empleados públicos y trabajadores
oficiales del sector salud del nivel territorial vinculados antes de la entrada en vigor
de las Leyes 10 de 1990 y 100 de 1993, por regla general, son beneficiarios del
régimen de retroactividad, a menos que se hubiesen acogido al sistema anualizado.
29. En lo atinente a este último aspecto, conviene tener presente que el solo hecho
de afiliarse a un fondo de cesantías privado no conlleva el cambio de régimen al
anualizado. Ciertamente, el artículo 2 del Decreto 1585 de 1998 prevé la posibilidad
de que las entidades administradoras reciban los recursos destinados al pago de
cesantías de los servidores públicos del orden territorial cobijados por el régimen de
retroactividad, en virtud de convenios suscritos entre los empleadores y los
mencionados fondos. De ahí que esta corporación sostenga que, para que opere el
cambio de régimen retroactivo de cesantías al anualizado, es necesario que el
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servidor territorial, vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344
de 1996, manifieste expresamente su voluntad en tal sentido27.
2.2.3. El régimen de las cesantías para los servidores públicos del orden
territorial
30. La Ley 6 de 194528 en su artículo 17 literal a), señaló que los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente gozarán de un auxilio de cesantía a razón de un
mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, y solamente se tendría en cuenta
el tiempo de servicio prestado después del 1 de enero de 1942.
31. En desarrollo del mandato contenido en el artículo 22 de la anterior ley se expidió
el Decreto 2767 de 1945, «[p]or el cual se determinan las prestaciones sociales de los
empleados y obreros al servicio de los Departamentales y Municipios» que en su artículo
1 indicó que dichos empleados tienen derecho a las prestaciones establecidas en
el artículo 17 de la Ley 6 de 1945, entre las cuales se encuentra el auxilio de
cesantías.
32. Adicionalmente, en el artículo 6 ejusdem se señaló que, para la liquidación de las
prestaciones de los empleados, por la terminación de los contratos de trabajo, o la
situación que ocasione el retiro, se debe incluir el auxilio de las cesantías.
33. Por su parte, la Ley 65 de 194629 en el artículo 1 estableció que los empleados
de la nación tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado, y
en el parágrafo extendió dicho beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios.
34. El Decreto 2567 de 1946 «[p]or el cual se determinan las prestaciones sociales de los
empleados y obreros al servicio de los Departamentales y Municipios» en el artículo 1
estableció que el auxilio de cesantía a que tengan derecho tales empleados y
obreros se liquidará de conformidad con el último sueldo o jornal devengado.
35. En cuanto a la liquidación de las cesantías, inicialmente se estableció un sistema
retroactivo en el que el empleador debe liquidar y pagar la prestación con carácter
definitivo a la terminación de la relación laboral, teniendo como parámetro el último
salario realmente devengado o el promedio de lo percibido en el último año de
servicio, en el evento en que, durante los últimos 3 meses de labores, el monto del
27 Al respecto, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 8
de junio de 2006, radicación: 15001-23-31-000-2000-02249-01(8593-05) y de la Subsección A,
sentencia del 11 de febrero de 2016, radicación: 080012331000201100794 01 (1519-2015).
28 Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo
29 Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras.
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ingreso hubiere sufrido modificaciones, sin lugar a intereses. Ello, con fundamento
en lo establecido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945, 1 del Decreto 2767 de
1945 y 1 y 2 de la Ley 65 de 1946.
36. Posteriormente, se determinó el sistema de liquidación de cesantías anualizado,
cuya característica principal es la obligatoriedad del empleador de liquidar esta
prestación cada año, con corte a 31 de diciembre, y de consignar estos dineros en
el fondo administrador que el empleado elija, a más tardar el 14 de febrero del año
siguiente a su causación. Sobre el particular la Ley 50 de 1990 en su el artículo 99
se refirió en los siguientes términos:
«1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que
se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del
año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que
el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de
salario por cada retardo».
37. Por su parte, la Ley 344 de 1996 en el artículo 13 señaló que, a partir de su
publicación, es decir el 31 de diciembre de 1996, las personas que se vinculen a las
entidades del Estado, tendrían un régimen anualizado de cesantías.
38. En el Decreto 1582 de 1998, reglamentario de la Ley 344 de 1996, se precisó
que el régimen de los servidores públicos de nivel territorial vinculados a partir del
31 de diciembre de 1996, que se hallaran afiliados a un fondo de cesantías sería el
establecido en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990.
39. La anterior disposición se conservó en el Decreto 1919 de 2002, que extendió el
régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos de la rama ejecutiva
del nivel nacional a los servidores del orden territorial, con la salvedad 30 de que los
beneficiarios del régimen retroactivo continuarían disfrutándolo, en concordancia
con la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.
2.2.4. Prescripción de acreencias laborales
40. La prescripción, para efectos del caso en estudio, se constituye en una forma de
extinción de los derechos laborales que se materializa con el paso del tiempo y la
inactividad del titular del derecho que presume dejación o abandono de su derecho.
30 Artículo 3 del Decreto 1919 de 2002.
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En cuanto a las normas que rigen esta figura para los empleados públicos y
trabajadores oficiales se encuentran:
41. El Decreto 3135 de 1968 «[p]or el cual se prevé la integración de la seguridad social
entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados
públicos y trabajadores oficiales.», en su artículo 41 dispuso:
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto
prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho
exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre
un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo
por un lapso igual».
42. En esa misma línea el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto
3135 de 1968», en el artículo 102 establece:
«Artículo 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968
y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa
obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual».
43. De acuerdo con las disposiciones transcritas se advierte que la primera
reclamación de un derecho laboral que el empleado o trabajador hace ante la
autoridad competente interrumpe el término de prescripción trienal extintivo previsto
en dichas normas. Ahora bien, con el fin de determinar el marco temporal de dicha
interrupción, es importante tener en cuenta lo previsto en el artículo 103 del
mencionado Decreto 1848 de 1969, según el cual:
«Articulo 103. Ejercicio de acciones judiciales.
1. Las acciones judiciales de todo orden a que se refiere el artículo anterior, sólo podrán
intentarse cuando respecto de cada caso se haya agotado el procedimiento
administrativo general que señalan las leyes vigentes.
2. Una vez en firme la decisión administrativa, la entidad correspondiente dispondrá del
término de sesenta (60) días para su cumplimiento, si en todo o en parte fuere favorable
al interesado. Vencido dicho término sin que se haya cumplido la providencia, lo que se
demostrará por el interesado mediante certificado expedido por el Director de la entidad
correspondiente, el juez competente podrá avocar el conocimiento del asunto» [se
subraya]
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44. En consonancia con las disposiciones contenidas en los artículos 41 del Decreto
3135 de 1968 y 102 y 103 del Decreto 1848 de 1969, encuentra la sala que el marco
temporal de la interrupción del término de prescripción se presenta desde la
reclamación que hace el empleado o trabajador ante la autoridad competente.
2.3. Caso concreto
45. Respecto de Mercedes Rodríguez, al expediente se aportaron los siguientes
documentos:
45.1. Certificación CC112 del 17 de noviembre de 201731, en la cual la jefe de la
Oficina de Talento Humano del HUN manifestó que Mercedes Rodríguez «presta sus
servicios en es[a] institución como personal de planta, desempeña el cargo de secretaria
de tiempo completo (8 horas)» [sic]; vinculada a la entidad por medio de la Resolución
873 del 1º de julio de 1980 como mecanógrafa de biblioteca. Cargo del que tomó
posesión el 11 de julio de 198032.
45.1.1. Además, certificó que hasta el 31 de diciembre de 2003 estuvo afiliada al FNA,
y de ahí en adelante, la administración de sus cesantías estuvo a cargo de los
fondos privados Colfondos, Horizonte y Porvenir.
45.2. Liquidaciones de auxilio de cesantías correspondientes a los años 1980 a
199633.
45.3. Certificados de factores devengados entre enero de 1997 y diciembre de
201534.
45.4. Extractos del Fondo de Cesantías BBVA Horizonte en los cuales se certificaron
los pagos de los años 2012 y 201335.
45.5. Comprobantes de pago de los meses de enero de los años 2016 y 2017 36.
45.6. Desprendible de «totales nómina de los grupos» correspondiente al mes de enero
de 201837.
31 Samai del tribunal, índice 56; Contrato Digitalizacion (.pdf)(.pdf) NroActua 56; 2026151680C.pdf;
folios 73 al 76.
32 Ibidem, folios 77 y 78.
33 Ibidem, folios 79 al 96.
34 Ibidem, folios 97al 100; y 2026151684.pdf; folios 1 al 15.
35 Ibidem, folio 51 al 56.
36 Ibidem, 2026151684.pdf; folio 17 y 18.
37 Ibidem, folio 16.
19
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45.7. Oficio 01-2303-201711090163910 sin fecha, a través del cual el coordinador
GARCF-Cesantías del FNA le informó a la apelante que «su calidad de afiliado por el
Hospital Hernando Moncaleano Perdomo es Retirado […] con respecto al régimen legal
aplicable a sus cesantías, le informamos que este tema es de competencia de la entidad
empleadora. El Fondo Nacional de Ahorro es una entidad administradora y pagadora de
cesantías, no liquidadora y solo administra los valores reportados por las entidades
empleadoras; por ello di tiene alguna duda o reclamo de los valores que le consolidaron por
concepto de cesantías le sugerimos aclararlo directamente con su entidad nominadora»38
[sic].
45.8. Escrito del 3 de agosto de 201739, en el cual Mercedes Rodríguez le solicitó a
Colfondos información relacionada con el pago de sus intereses a las cesantías.
Esta petición fue resuelta por la entidad con el Oficio sin número del 5 de septiembre
de esa anualidad, en el cual le informó que «la cuenta que usted presentó para el
producto de cesantías administrado por Colfondos SA., se encuentra en estado de traslado
con destino a la administradora Horizonte […] esta administradora no realiza liquidación de
mora por el no pago de las cesantías, este trámite debe ser realizado directamente por el
empleador en acuerdo con su empleado para lo cual puede remitirse a la Ley 50 de 1990»
40
[sic].
45.9. Oficio 104 del 10 de noviembre de 2017, el gerente de clientes del Fondo de
Cesantías Porvenir le manifestó a la apelante que «[u]sted se encuentra afiliado al
fondo de cesantías Porvenir, a partir del 10 de noviembre de 2009, fecha en que ingreso su
primer aporte a nombre del ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo […]
sus cesantías fueron abonadas en su cuenta de ahorro individual bajo el régimen [L]ey 50
de 1990»41 [sic].
45.10. Con escritos del 342 y 1643 de noviembre de 2017, Mercedes Rodríguez le
solicitó la ESE HUN: el reconocimiento y pago de i) los intereses de cesantías
«desde su ingreso a la institución» y su sanción moratoria por falta de pago; ii) «en el
evento de no proceder la sanción moratoria, toda suma que se liquide a título de intereses
legales del 12% deberán ser cancelados debidamente indexados a la fecha de pago» [sic];
y iii) «en el evento en que me encuentre afiliado al FNA» [sic] los intereses previstos en
los artículos 11, 12 y 13 del Decreto 432 de 1998.
45.11. A través del Oficio G-0641 del 27 de noviembre de 201744, el gerente del HUN
le negó la anterior petición, con fundamento en que la sanción moratoria establecida
por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 solo aplicaba para los servidores afiliados a
38 Ibidem, folios 19 al 23.
39 Ibidem, folios 31.
40 Ibidem, folios 28 al 30.
41 Ibidem, folios 32 al 50.
42 Ibidem, folios 79 y 80.
43 Ibidem, 20216151722.pdf; folios 71 al 78.
44 Ibidem, 2026151684.pdf; folios 59 al 73.
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fondos privados de cesantías y la solicitante «se encuentra afiliada al Fondo Nacional
del Ahorro cuyo régimen de cesantías se rige por la Ley 432 de 1998, que no previó la
referida sanción a favor del trabajador» [sic].
45.12. El anterior acto, fue confirmado por el HUN con la Resolución 0501 del 8 de
mayo de 201845, al resolver el recurso de reposición interpuesto.
2.3.1. Análisis sustancial
46. Para resolver el problema jurídico planteado, de acuerdo con las pruebas
allegadas al expediente se evidencia que Mercedes Rodríguez i) labora al servicio
de la ESE HUN desde el 11 de julio de 1980; ii) entre el 11 de julio de 1980 y el 31
de diciembre de 2003 estuvo afiliada al FNA; iii) a partir del 1º de enero de 2004 se
afilió a los fondos privados de cesantías Colfondos, Horizonte y Porvenir; iv) el 13 y
el 16 de noviembre de 2017 solicitó a la ESE el reconocimiento de los intereses de
cesantías y la indemnización por el no pago de ese concepto, lo que fue negado
con el acto acusado.
47. Asimismo, se le consignaron las cesantías de los años 2004 a 2016 en los fondos
privados de cesantías, así:
Fondo de cesantías Periodo
Colfondos Del 1º de enero de 2004 al 21 de diciembre de 2009
BBVA Horizonte Del 1º de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013
Porvenir Desde el 1º de enero de 2014
48. Valga precisar que el recurso de apelación se circunscribió a que a Mercedes
Rodríguez se le reconociera el pago de los intereses de cesantías anualizadas y la
indemnización moratoria por la falta de pago, según lo previsto por los artículos 1
de la Ley 52 de 1975 y 99 de la Ley 50 de 1990.
49. En ese sentido, lo primero que ha de indicarse es que, de acuerdo con el material
probatorio allegado al plenario, el régimen de cesantías aplicable a Mercedes
Rodríguez era el previsto en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, reglamentado por
el Decreto 1582 de 1998, que a su vez remite al artículo 99 de la Ley 50 de 199046,
que regula en su numeral la sanción moratoria por el incumplimiento de consignar
el valor liquidado por concepto de cesantía antes del 15 de febrero del año siguiente,
en cuenta individual a nombre del trabajador.
45 Ibidem, folios 78 al 94.
46 Aspecto que no se fue objeto de discusión.
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50. Lo anterior, toda vez que si bien los empleados públicos y trabajadores oficiales
del sector salud del nivel territorial vinculados antes de la entrada en vigor de las
Leyes 10 de 1990 y 100 de 1993, por regla general, son beneficiarios del régimen
de retroactividad, no es menos cierto que, tal y como quedó expuesto en el Oficio
104 del 10 de noviembre de 2017, «sus cesantías fueron abonadas en su cuenta de
ahorro individual bajo el régimen [L]ey 50 de 1990», situación que no fue discutida por
las partes.
51. Ciertamente, además del valor del auxilio de las cesantías, el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, previó sumas adicionales por concepto de intereses, en los
siguientes términos:
«1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que
se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del
año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que
el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de
salario por cada retardo».
52. En efecto, en relación con la oportunidad en el pago de los intereses sobre las
cesantías la Ley 52 de 1975 dispuso que debería realizarse en el mes de enero del
año siguientes a la causación de la prestación, así:
«ARTICULO 1. 1. A partir del primero de enero de 1975 todo patrono obligado a pagar
cesantías a sus trabajadores conforme al capítulo VII Título VIII parte 1a. del Código
Sustantivo del trabajo y demás disposiciones concordantes, les reconocerá y pagará
intereses del 12% anual sobre los saldos que, en 31 de diciembre de cada año, o en las
fechas de retiro del trabajador o de liquidación parcial de cesantía, tenga este a su favor
por concepto de cesantía.
2. Los intereses de que trata el inciso anterior deberán pagarse en el mes de enero
del año siguiente aquel en que se causaron, o en la fecha del retiro del trabajador o
dentro del mes siguiente a la liquidación parcial de cesantía, cuando se produjere antes
del 31 de diciembre del respectivo periodo anual, en cuantía proporcional al lapso
transcurrido del año.
3. Si el patrono no pagare al trabajador los intereses aquí establecidos, salvo los
casos de retención autorizados por la ley o convenios por las partes, deberá
cancelar al asalariado a título de indemnización y por una sola vez el valor
adicional igual al de los intereses causados.
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4. Salvo en los casos expresamente señalados en la ley, los intereses de las cesantías
regulados aquí estarán exentos de toda clase de impuestos y serán irrenunciables e
inembargables.
El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del
año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que
el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de
salario por cada retardo». [se resalta]
53. En lo relativo al pago y la indemnización por el no pago de los intereses de
cesantías se reiteró en el artículo 2.2.1.3.8. del Decreto 1072 de 2015, por medio
del cual, el gobierno nacional expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo.
54. En este punto, se destaca que para los beneficiarios del sistema de liquidación
anualizado de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990, además tienen derecho a
los intereses legales del 12% anual o proporcional por fracción sobre la suma
causada en ese período de liquidación. Al respecto, conviene señalar que este
beneficio ya lo había previsto la Ley 52 de 1975 para el régimen tradicional de
cesantías que regló el CST en el artículo 249. El desconocimiento de este deber por
parte del empleador generaba en su contra el pago de una « suma adicional igual a
dichos intereses» a título de indemnización por cada vez que incumpliera. El artículo
99, numeral 2, lo mantuvo para el régimen anualizado para ser pagado directamente
al trabajador dentro del mes de enero del año siguiente a la liquidación del auxilio47.
55. No obstante, si bien la Ley 52 de 1975 estipuló el reconocimiento de intereses
anuales a las cesantías de los trabajadores particulares a partir del 1 de enero de
197648 y las consecuencias derivada del incumplimiento de esta obligación por parte
del empleador, lo cierto es que sobre dicha sanción y su extensión al sector público,
el Consejo de Estado sostuvo que «por expreso mandato del artículo 1 de la Ley 52 de
1975, solo son beneficiarios los trabajadores a quienes se apliquen las normas del Código
Sustantivo de Trabajo relacionadas con el auxilio de cesantías»49.
56. Lo anterior, pues precisamente, la expresión «particulares», contenida en el título
de la Ley 52 de 1975, fue demandada en el ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad y en sentencia C-393 del 2011, la Corte declaró exequible la
expresión al considerar que la Ley 52 de 1975 tenía la finalidad de permitir que las
47 Artículo 3 del Decreto 1176 de 1991, compilado en el artículo 2.2.1.3.4.1. del Decreto 1072 de
2015.
48 Según lo dispuesto en el Decreto 116 de 1976, reglamentario de la Ley 52 de 1975, artículo 2.
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 5 de mayo de 2005,
radicación: 44001-23-31-000-2002-00632-01(1713-04); del 9 de mayo de 2005, radicación: 44001-
2331-000-2002-00713-01(1945-04); del 9 de mayo de 2005, radicación: 44001-23-31-000-2002-
00713-01(1659-04); y del 21 de junio de 2018, radicación: 47001 23 33 000 2012 00052-01 (3643-
14).
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sumas de cesantías pudieran ser utilizadas como capital de trabajo por los fondos
administradores privados a cambio de un rendimiento razonable de los trabajadores.
57. En esas condiciones, es razonable concluir que para los servidores públicos del
sector salud no les asiste el derecho al reconocimiento de la indemnización
estipulada en la Ley 52 de 1975 por el pago tardío de los intereses a las cesantías.
58. Así las cosas, de los certificados de factores devengados por Mercedes
Rodríguez entre el 1° de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2016 y los
comprobantes de pago de los meses de enero de 2016, 2017 y 2018, se advierte
que en el lapso en que la demandante se afilió a los fondos privados de cesantías
le fueron otorgadas las siguientes acreencias:
Periodo reportado Factores
-. Sueldo devengado
-. Auxilio de alimentos
-. Bonificación especial
-. Incremento vacaciona
Año 2004 -. Menor valor Aux.Alim
-. Prima de navidad
-. Prima de servicios
-. Prima de vacaciones
-. Vacaciones
-. Sueldo devengado
-. Auxilio de alimentos
-. Bonificación por año D
Año 2005
-. Menor valor Aux.Alim
-. Prima de navidad
-. Prima de servicios
-. Sueldo devengado
-. Auxilio de alimentos
-. Bonificación especial
-. Incremento vacaciona
Año 2006 -. Menor valor Aux.Alim
-. Prima de navidad
-. Prima de servicios
-. Prima de vacaciones
-. Vacaciones
-. Sueldo devengado
-. Auxilio de alimentos
-. Bonificación especial
-. Bonificación por año D
Año 2007 -. Incremento vacaciona
-. Prima de navidad
-. Prima de servicios
-. Prima de vacaciones
-. Vacaciones
-. Sueldo devengado
-. Auxilio de alimentos
Año 2008
-. Bonificación especial
-. Bonificación por año D
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-. Incremento vacaciona
-. Licencia por enfermedad
-. Prima de navidad
-. Prima de servicios
-. Prima de vacaciones
-. Vacaciones
-. Sueldo devengado
-. Auxilio de alimentos
-. Bonificación especial
-. Bonificación por año D
Año 2009 -. Incremento vacaciona
-. Prima de navidad
-. Prima de servicios
-. Prima de vacaciones
-. Vacaciones
-. Sueldo devengado
-. Auxilio de alimentos
Año 2010 -. Bonificación por año D
-. Prima de navidad
-. Prima de servicios
-. Sueldo devengado
-. Auxilio de alimentos
-. Bonificación especial
-. Bonificación por año D
Año 2011 -. Incremento vacaciona
-. Prima de navidad
-. Prima de servicios
-. Prima de vacaciones
-. Vacaciones
-. Sueldo devengado
-. Auxilio de alimentos
-. Auxilio de transporte
-. Bonificación especial
-. Bonificación por año D
-. Compensación de vacac
-. Incremento vacaciona
Año 2012
-. Menor valor auxilio trans
-. Menor valor aux. alime
-. Prima de navidad
-. Prima de servicios
-. Prima de vacaciones
• Recargos nocturnos o
-. Vacaciones
-. Sueldo devengado
-. Auxilio de alimentos
-. Auxilio de transporte
-. Bonificación especial
-. Bonificación por año D
-. Incremento vacaciona
Año 2013
-. Licencia por luto
-. Prima de navidad
-. Prima de servicios
-. Prima de vacaciones
• Recargos nocturnos o
-. Vacaciones
Año 2014 -. Sueldo devengado
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Demandante: Patricia Gutiérrez García y otros
-. Auxilio de alimentos
-. Auxilio de transporte
-. Bonificación especial
-. Bonificación por año D
-. Incremento vacaciona
-. Prima de navidad
-. Prima de servicios
-. Prima de vacaciones
• Recargos nocturnos o
• Recargos dominicales
-. Vacaciones
-. Sueldo devengado
-. Auxilio de alimentos
-. Auxilio de transporte
-. Bonificación especial
-. Bonificación por año D
-. Incremento vacaciona
-. Licencia por enfermedad
Año 2015
-. Licencia por luto
-. Prima de navidad
-. Prima de servicios
-. Prima de vacaciones
• Recargos nocturnos o
-. Recargos dominicales
-. Vacaciones
-. Auxilio de alimentos
1° al 31 de enero de 2016 -. Auxilio de transporte
-. Sueldo devengado
-. Sueldo
1° al 31 de enero de 2017 -. Auxilio transporte
-. Auxilio alimentos
-. Sueldo
-. Auxilio transporte
1° al 31 de enero de 2018
-. Auxilio de alimentos
-. Intereses a las cesantías
59. Precisamente, contrario a lo afirmado por el a quo, si bien entre el 1° de enero
de 2004 y el 31 de diciembre de 2016, estuvo afiliada a fondos privados de
cesantías, lo cierto es que el único pago de intereses de cesantías acreditado fue el
realizado por el HUN en el mes de enero de 2018.
60. Al respecto, en este punto esta Sala encuentra necesario reiterar que de acuerdo
con lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso es a las partes a
las que les corresponde probar el supuesto de hecho de las normas que establecen
el efecto jurídico que ellas persiguen, y en el caso concreto el material probatorio
allegado demostró que, durante el periodo comprendido entre los años 2004 y 2016,
a la demandante no se le efectuaron los pagos correspondientes a los intereses de
cesantías.
61. En consecuencia, en este punto se revocará la sentencia de primera instancia y
en su lugar, se declarará la nulidad parcial de los actos administrativos a través de
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los cuales la entidad le negó el reconocimiento y pago de los intereses de cesantías
y su indemnización por falta de pago; a título de restablecimiento del derecho solo
se condenará al HUN al reconocimiento de los intereses de cesantías.
62. Ahora bien, lo referente a la configuración del fenómeno jurídico de la
prescripción, se recuerda, como ya se vio, que el legislador expresamente dispuso
en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969 que
el término de prescripción de acreencias laborales es de 3 años los cuales deben
ser entendidos conforme con el siguiente marco temporal, esto es que inicia con la
reclamación que el empleado o trabajador presenta ante la autoridad competente.
63. Asimismo, es claro que dicho lapso debe contarse a partir de la fecha en que las
acreencias laborales y prestaciones se hacen exigibles, lo cual para el caso de
Mercedes Rodíguez ocurrió una vez el empleador incumplió con la obligación de
pagarle los intereses de cesantías que dio origen a la reclamación administrativa.
64. Así, la Sala reitera que entre los años 2004 y 2016, el HUN no pagó el interés del
12% anual sobre los saldos que a 31 de diciembre de cada año tenía a su favor
Mercedes Rodíguez por concepto de cesantías, por tanto, a partir del 1° de febrero
de cada anualidad contaba con 3 años para solicitar vía administrativa su
reconocimiento.
65. En consideración con lo anterior, y de acuerdo con las normas aplicables al caso
concreto en torno a la configuración del fenómeno jurídico de la prescripción,
encuentra la Sala que respecto de acreencias anteriores a febrero de 201450 operó
el fenómeno jurídico de la prescripción, comoquiera que transcurrió un lapso
superior a 3 años para solicitar vía administrativa el reconocimiento y pago de los
intereses de cesantías y la indemnización por su falta de pago, pues la solicitud fue
presentada ante la entidad demandada el 3 y 16 de noviembre de 2017.
2.4. Costas
66. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
50 En tanto que la obligación se hizo exigible a partir del 1° de febrero de cada anualidad.
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67. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
68. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma51.
69. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
70. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
71. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Mercedes Rodríguez tenía
derecho al reconocimiento y pago de los intereses de cesantías, por el periodo en
que estuvo afiliada a los fondos privados de cesantías Colfondos, Horizonte y
Porvenir; no obstante, no hay lugar al pago de emolumentos por los periodos
anteriores al año 2014, pues estos se encuentran prescritos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar parcialmente la sentencia proferida el 23 de abril de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Huila que negó las pretensiones de la demanda
interpuesta por Mercedes Rodríguez contra la ESE HUN, por las razones expuestas
en esta providencia. En su lugar se dispone:
51En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Segundo. Declarar la nulidad parcial del Oficio G-0641 del 27 de noviembre de 2017
y la Resolución 501 del 8 de mayo de 2018, por medio de los cuales el gerente de
la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva le negó a
Mercedes Rodríguez el reconocimiento y pago de los intereses de cesantías y su
indemnización por falta de pago, por el periodo en que estuvo afiliada a los fondos
privados de cesantías Colfondos, Horizonte y Porvenir.
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, condenar a la ESE Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo de Neiva al reconocimiento y pago de los intereses de
cesantías, por los periodos correspondientes a los años 2014 a 2016, lapso en el
que estuvo afiliada al fondo privado de cesantías Porvenir.
Cuarto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Quinto. Declarar probada de oficio, la prescripción extintiva respecto de los
derechos causados con anterioridad al año 2014 y por lo tanto no hay lugar a su
pago.
Sexto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el
artículo 192 del CPACA
Séptimo. No condenar en costas en esta instancia.
Octavo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
Noveno. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Décimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
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Demandante: Patricia Gutiérrez García y otros
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
30
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