Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2019-00258-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2019-00258-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 41001-23-33-000-2019-00258-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00258-01 (29165)
Demandante: Alcanos de Colombia S.A. – E.S.P.
Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Contribuciones al Sistema de la Protección Social - Enero a
diciembre de 2013. Competencia de la UGPP. Pagos que
integran el IBC - Bonificaciones. Artículo 30 de la Ley 1393 de
2010 - Límite del 40%. Exoneración de contribuyentes CREE.
Alcance del recurso de apelación.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1 contra
la sentencia del 4 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Sexta de decisión, que resolvió2:
«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas. (…)».
ANTECEDENTES
Previo requerimiento3, el 29 de abril de 2017 la UGPP profirió la Liquidación Oficial
RDO-2017-00584, en la que determinó a cargo de la demandante aportes omitidos
e inexactitudes en los subsistemas de salud, pensión, riesgos laborales, SENA,
ICBF y cajas de compensación familiar correspondientes al periodo enero a
diciembre de 2013, e impuso sanción por inexactitud. Esta liquidación fue recurrida
y mediante la Resolución RDC 226 del 24 de mayo de 2018, expedida por el director
de Parafiscales de la UGPP, se modificó en el sentido de disminuir los aportes y la
sanción por inexactitud.
DEMANDA
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento previsto en el artículo
138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones4:
«PRETENSIONES PRINCIPALES
Solicitamos a su señoría que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada,
declare la NULIDAD TOTAL de los siguientes actos administrativos, POR NO
1
Samai, Tribunal Administrativo del Huila, índice 64 .
2
Samai, Tribunal Administrativo del Huila, índice 59.
3
La Subdirección de Determinación de Obligaciones.
4
Samai, Tribunal Administrativo del Huila, índice 58, arch. «020_Cuaderno01», pp. 19-20.
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Radicado: 41001-23-33-000-2019-00258-01 (29165)
Demandante: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
ADEUDARSE SUMA ALGUNA AL SISTEMA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL por los
periodos de enero a diciembre de 2013. Los actos administrativos atacados son:
1. Resolución No. RDO-2017-00584 del 29/04/2017, por medio de la cual se profiere
Liquidación Oficial a la sociedad ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P, identificada
con NIT. 891.101.577, por mora e inexactitud en la presentación de las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social por los
periodos de enero a diciembre de 2013, liquidando un total de (…) ($257.773.300) y
sanción por inexactitud en la suma de (…) ($121.255.200)
2. Resolución No. RDC 226 del 24/05/2018, por medio de la cual se resolvió el Recurso
de Reconsideración interpuesto contra la Resolución No. RDO- 2017-00584 del
29/04/2017, a través de la cual se profirió Liquidación Oficial a la sociedad ALCANOS
DE COLOMBIA S.A. E.S.P, identificada con NIT. 891.101.577, por mora e inexactitud
en la presentación de las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la
Protección Social por los periodos de enero a diciembre de 2013, liquidándose la suma
de (…) ($232.460.700) y de sanción por inexactitud en la suma de (…) ($115.767.360).
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicito a su señoría, que, en caso de
no conceder la pretensión principal de nulidad TOTAL de los actos administrativos, se
realice un análisis detallado de cada uno de los cargos imputados en la presente
demanda, y se RELIQUIDE LA PRESUNTA DEUDA fijada por la UGPP por los
periodos de enero a diciembre de 2013, declarando la NULIDAD PARCIAL de los
actos, teniendo en cuenta que no se adeudan las sumas indicadas por la entidad
demandada en las siguientes resoluciones:
1. Resolución No. RDO-2017-00584 del 29/04/2017, por medio de la cual se profiere
Liquidación Oficial a la sociedad ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P, identificada
con NIT. 891.101.577, por mora e inexactitud en la presentación de las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social por los
periodos de enero a diciembre de 2013, liquidando un total de (…) ($257.773.300) y
sanción por inexactitud en la suma de (…) ($121.255.200).
2. Resolución No. RDC 226 del 24/05/2018, por medio de la cual se resolvió el Recurso
de Reconsideración interpuesto contra la Resolución No. RDO- 2017-00584 del
29/04/2017, a través de la cual se profirió Liquidación Oficial a la sociedad ALCANOS
DE COLOMBIA S.A. E.S.P, identificada con NIT. 891.101.577, por mora e inexactitud
en la presentación de las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la
Protección Social por los periodos de enero a diciembre de 2013, liquidándose la suma
de (…) ($232.460.700) y de sanción por inexactitud en la suma de (…) ($115.767.360).
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad total o parcial de los actos
administrativos, solicito que se restablezca el derecho de la empresa ALCANOS DE
COLOMBIA S.A. E.S.P., en la siguiente forma:
DAÑO EMERGENTE:
• Ordenar a las Administradoras que integran el Sistema de Seguridad Social Integral
y Ministerio de Hacienda y Crédito Público que realicen la devolución de los pagos
totales o los excedentes a que haya lugar, efectuados por la empresa ALCANOS
DE COLOMBIA S.A. E.S.P., por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pago
de los aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos comprendidos
entre enero y diciembre de 2013 y sanción por inexactitud por la vigencia 2013;
suma que deberá ser indexada junto con los respectivos intereses, de acuerdo con
la demostración de valores inexistentes por parte de la UGPP.
Valga señalar que la empresa demandante pese a no estar de acuerdo con el pago
dispuesto en la Resolución No. RDC 226 del 24/05/2018, por medio de la cual se
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resolvió el Recurso de Reconsideración, efectuó el pago total de (…)
($232.460.700) - APORTES y (…) ($115.767.360)- SANCIÓN POR
INEXACTITUD-.
• Que se reconozca el pago de los gastos incurridos en la defensa jurídica ejercida
por mi poderdante durante el proceso administrativo objeto de los actos
administrativos atacados, por un valor de diez (10) salarios mínimos legales
vigentes.
• Que se reconozca los gastos incurridos por concepto de un auxiliar administrativo
durante el periodo que duró la investigación administrativa, toda vez que mi
poderdante apoyó la defensa jurídica con profesionales idóneos en el tema, por el
valor de doce (12) salarios mínimos legales vigentes.
• Que se condene en costas a la (…) - UGPP, de conformidad con el artículo 188 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.»
Invocó como disposiciones normativas vulneradas los artículos 2, 4, 6, 13, 15, 29,
58 y 121 de la Constitución Política (CP); 156 de la Ley 1151 de 2007; 69 y 72 de la
Ley 1437 de 2011 (CPACA); 178 y 180 de la Ley 1607 de 2012; 730 del Estatuto
Tributario (ET); 9 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) y 19 y 21 del Decreto 575
de 2013.
Como concepto de violación expuso lo siguiente:
1. Sostuvo que la liquidación oficial se fundó de manera concurrente en las Leyes
1151 de 2007 y 1607 de 2012 y, con ello, configuró una norma inexistente «tercera
norma y/o Lex Tertia», lo que le impidió identificar el procedimiento aplicable, y
desconoció el principio de legalidad y el derecho al debido proceso.
2. Señaló que la liquidación oficial incumplió la exigencia prevista en el literal d) del
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, en cuanto omitió determinar y cuantificar los
intereses moratorios de cada uno de los aportes objeto de ajuste. Así, aunque
remitió en abstracto a su cálculo futuro, ni en su contenido ni en el medio magnético
anexo incluyó la liquidación precisa de aquellos, lo que desconoció el deber de
motivación.
3. Adujo que la liquidación oficial se sustentó en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto
575 de 2013, normas posteriores a los hechos objeto del procedimiento
administrativo, otorgándoles un efecto retroactivo no previsto por el legislador, en
contravía de los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima, y
del derecho al debido proceso administrativo.
4. Afirmó que los actos demandados fueron expedidos por dependencias y
funcionarios sin competencia, pues, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 creó a
la UGPP como una entidad encargada de las tareas de seguimiento, colaboración
y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las
contribuciones parafiscales de la protección social, sin determinar qué funcionarios
debían proferir el requerimiento para declarar y/o corregir, la liquidación oficial, las
decisiones sobre recursos, y las sanciones; tampoco dispuso la manera en que se
puede solicitar a los sujetos obligados a realizar aportes la información para la
determinación de estas obligaciones. Explicó que los Decretos 5021 de 2009 y 575
de 2013, al asignar a la Dirección de Parafiscales y a la Subdirección de
Determinación de Obligaciones facultades para adelantar el proceso de
determinación y requerir información y soportes privados, excedieron la potestad
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reglamentaria al asumir una función propia del legislador, motivo por el cual deben
ser inaplicados.
5. Sostuvo que la UGPP invadió competencias de la jurisdicción laboral al calificar
como factores salariales conceptos que no integran el IBC y alterar la base de
cotización con fundamento en criterios propios.
6. Manifestó que realizó oportunamente los pagos de los aportes del periodo enero
a diciembre de 2013, por lo que no incurrió en mora. Específicamente, expuso lo
siguiente:
6.1. Sostuvo que la UGPP desconoció la condición de aprendices SENA de las
personas incluidas en el cuadro de hallazgos, al clasificarlas como trabajadores
dependientes con obligación de cotizar a todos los subsistemas. Afirmó que cumplió
con la cuota de aprendices y con la monetización exigida para el período enero a
diciembre de 2013, lo cual acreditó con certificaciones del SENA, registros en el
Sistema de Gestión Virtual de Aprendices y en el Sistema Nacional de Pagos, y,
reiteró que el contrato de aprendizaje no genera las mismas obligaciones que un
contrato de trabajo. Añadió que, pese a ello, los ajustes persistieron incluso en sede
de reconsideración.
En relación con la aprendiz Diana Milena Valenzuela Losada, señaló que la UGPP
desconoció las circunstancias particulares de su vinculación, pues aunque el
contrato de aprendizaje registró como fecha de terminación el 19 de enero de 2012
y los aportes cuestionados corresponden al año 2013, está acreditado que sufrió un
accidente de origen común en diciembre de 2011, con incapacidades superiores a
180 días, lo que dio lugar a la suspensión del contrato y llevó a la empresa a
continuar realizando aportes al subsistema de salud hasta agosto de 2013. En este
contexto, refirió que no es jurídicamente procedente exigir aportes a otros
subsistemas ni mantener los ajustes.
6.2. Afirmó que la UGPP desconoció las novedades de retiro y efectuó ajustes sin
sustento. Señaló que, pese a haberse reportado oportunamente en PILA las fechas
de desvinculación y los IBC reales, la entidad mantuvo cobros en períodos
posteriores, en particular respecto de Rubén Darío Castro Andrade, Jennifer Álzate
Ochoa, Claudia Emilce Gutiérrez Garzón, Ronal René Ramos Portilla y Julián David
Pérez Castaño, frente a quienes —pese a acreditarse sus fechas de terminación con las
respectivas liquidaciones y documentos de desvinculación— persistieron ajustes en los
distintos subsistemas. Agregó que, en los casos de Claudia Emilce Gutiérrez
Garzón, Ronal René Ramos Portilla, Julián David Pérez Castaño y Edwar Antonio
Marín Alfonso, la UGPP presumió indebidamente días adicionales laborados y
cotizaciones por meses completos, desconociendo el principio de primacía de la
realidad y que los aportes se efectuaron sobre el salario efectivamente devengado.
6.3. Refirió que las observaciones de la UGPP son incongruentes, al imputar
simultáneamente mora e inexactitud para los mismos trabajadores y períodos se
imputan simultáneamente conductas de mora e inexactitud, en contravía del
principio non bis in ídem. Explicó que las diferencias en IBC, la aplicación del límite
del 40 % del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, vacaciones, otrosí de
desalarización, exoneraciones de aportes, corresponden, en todo caso, a supuestos
de inexactitud y no de mora.
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6.4. Indicó que persisten ajustes infundados respecto de María Alejandra Fonseca
Parra. Señaló que la UGPP partió de una tarifa de riesgos laborales del 6,96%, pero
luego reconoció que la aplicable era del 0,52%, y que en enero de 2013 la
trabajadora tenía la condición de aprendiz, lo que implicaba una variación en la
cotización. No obstante, mantuvo parcialmente el ajuste por la supuesta
imposibilidad de verificar los pagos, pese a que, a su juicio, las planillas acreditan el
cumplimiento íntegro de las obligaciones.
6.5. Controvirtió el ajuste por exoneración CREE. Sostuvo que la UGPP desconoció
el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y su propia doctrina (particularmente el
Concepto 20152200777681), al exigir aportes parafiscales al SENA, ICBF, o cajas
de compensación sobre contratos de aprendizaje, y explicó que, en caso de
suspensión por incapacidad, solo procede el aporte a salud. Añadió que aplicó
estrictamente las reglas de exoneración, y que una conclusión contraria por parte
de la UGPP obedeció a la reclasificación improcedente de conceptos no salariales
como salariales.
7. Reiteró que existen inconsistencias en los ajustes por inexactitud determinados
por la UGPP en los siguientes conceptos:
7.1. Señaló que la UGPP desconoció el inicio de labores del señor Juan Carlos
Barrera, pese a estar acreditado con el contrato de trabajo y la planilla PILA
correspondiente, desde el 1.º de febrero de 2013.
7.2. Indicó que algunos ajustes derivaron de haber remitido equivocadamente la
información contable de nómina, debido a un error involuntario que no fue
subsanado. Precisó que, pese a dicho error, los aportes se realizaron con base en
el ingreso efectivamente percibido por los trabajadores. Por ello, solicitó que, en
aplicación del principio de primacía de la realidad, la UGPP confrontara la nómina
con la información reportada en PILA.
7.3. Controvirtió la decisión de la UGPP de incluir en la base de cotización las
bonificaciones semestrales por mera liberalidad, bajo la consideración de que tienen
una naturaleza salarial. Sostuvo que esos pagos son ocasionales, responden a la
mera liberalidad del empleador, no retribuyen directamente el servicio y están
respaldados en acuerdos escritos en los que expresamente se pactó su carácter no
salarial, por lo que no integran la base de aportes al sistema de seguridad social ni
de los parafiscales, salvo en la proporción que exceda el 40 % de la remuneración.
Asimismo, refirió que la bonificación por mutuo acuerdo corresponde a un pago
único efectuado al finalizar el contrato de trabajo, no retributivo del servicio, otorgado
por mera liberalidad y amparado en pactos escritos de exclusión salarial suscritos
con los trabajadores.
7.4. Sostuvo que la UGPP incluyó en la base de aportes los valores registrados
como «APORTES A AFC», pese a que dichos montos no corresponden a beneficios
asumidos por la empresa, sino a descuentos voluntarios autorizados por los
trabajadores para ser consignados en sus cuentas de ahorro AFC. Afirmó que no
existe incremento real en la remuneración del trabajador por este concepto, por lo
que no puede tratarse como un beneficio no constitutivo de salario sujeto al límite
del 40%, ni generar la obligación de aportar.
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7.5. Refirió que los aportes a fondos mutuos de inversión no son pagos adicionales
a favor de los trabajadores, sino descuentos efectuados en su nómina y transferidos
a CONFEDEGAS por concepto de aportes y contribuciones de los empleados
afiliados. Sostuvo que la UGPP desconoció las pruebas allegadas en vía
administrativa —v.gr. constancias de transferencias mensuales y formularios de afiliación
de 71 trabajadores—, de las cuales se evidencia que no constituyen ingreso laboral,
ni pueden integrar la base para calcular el IBC.
7.6. Indicó que los pagos por préstamos educativos no son constitutivos de salarios
toda vez que no contribuyen al enriquecimiento de los trabajadores, ya que son
«dádivas que voluntariamente la sociedad les concede […] para contribuir en su bienestar
y en ocasiones el de su familia».
7.7. Sostuvo que las aparentes diferencias en vacaciones obedecen a ajustes de
parametrización del sistema, mas no a un incumplimiento material, pues ha
reconocido y pagado dichas acreencias y los aportes correspondientes,
diferenciando adecuadamente entre vacaciones disfrutadas y compensadas en
dinero e incluyendo los factores salariales correspondientes en la base de
cotización. Añadió que, en línea con lo previsto en el artículo 70 del Decreto 806 de
1998 sobre la novedad de vacaciones disfrutadas en tiempo, los eventuales errores
técnicos en el registro no constituyen una base válida para liquidar inexactitudes.
7.8. Sostuvo que efectuó correctamente los pagos relacionados con incapacidades
y licencias, incluidos los ajustes retroactivos, realizando los aportes en la proporción
correspondiente al trabajador y al empleador, e incluso en algunos casos asumió la
totalidad de la cotización cuando el pago lo realizó con posterioridad. Señaló que,
tratándose de incapacidades y licencias no remuneradas —como causales de
suspensión del contrato conforme a los artículos 51 y 53 del CST—, garantizó la
continuidad en la afiliación al sistema y que, en el caso de licencias remuneradas,
cotizó en proporción a los subsistemas que correspondía. Indicó que las nóminas y
planillas PILA aportadas demuestran que los valores fueron pagados conforme a la
ley y que las diferencias detectadas por la UGPP obedecen a aspectos de registro.
7.9. Manifestó que los conceptos «auxilio de rodamiento», «gastos de viaje»,
«transportes municipales» y «transportes en general» corresponden a auxilios
extralegales de transporte pactados como no salariales, o a reembolsos de gastos
de desplazamiento necesarios para la ejecución de las funciones —como lo acreditan
las cuentas de cobro y los recibos de caja menor—, y no a una contraprestación directa
del servicio para el trabajador, por lo que no integran la base de aportes al Sistema
de Seguridad Social ni de los parafiscales y, en todo caso, tampoco exceden el 40%
de la remuneración.
7.10. Aseveró que la UGPP clasificó indebidamente como salariales los valores
registrados bajo el concepto «medios de transporte». Explicó que, en desarrollo de la
actividad, se entregan recursos a los trabajadores en misión para que paguen a
terceros los servicios de transporte necesarios, sin que dichas sumas ingresen a su
patrimonio ni remuneren el servicio personal. Afirmó que estos pagos se enmarcan
en el artículo 127 del CST como no salariales y deben tratarse como costos
operativos.
7.11. Manifestó que los viáticos y gastos reconocidos a algunos trabajadores fueron
ocasionales, y estuvieron destinados exclusivamente a cubrir gastos de
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desplazamiento y manutención, por lo que, contrario a lo considerado por la UGPP
no configuran factor salarial ni integran el IBC, de conformidad con el numeral 3° del
artículo 130 del CST.
7.12. Sostuvo que los gastos de representación están destinados a cubrir
erogaciones propias de la representación institucional y de las relaciones
comerciales. Por lo tanto, comoquiera que no incrementan el patrimonio del
trabajador ni constituyen retribución directa por el servicio, no integran el IBC ni la
base de aportes al Sistema de Seguridad Social.
7.13. Señaló que los valores registrados en la cuenta de flota y equipo de transporte
no corresponden a pagos constitutivos de salario, sino al alquiler de vehículos
destinados al traslado de personal para el cumplimiento de sus funciones.
7.14. Indicó que los montos contabilizados en el rubro de construcciones y
edificaciones corresponden a cánones de arrendamiento de inmuebles o vehículos
necesarios para la operación (sedes, oficinas), cuyo pago, por facilidad operativa,
en algunos casos se hace al trabajador para que este a su vez pague al propietario;
en todo caso, no son pagos constitutivos de salario.
7.15. Sobre el reporte de fraude, explicó que la «compañía cancela a cualquier persona
cuando ésta detecta y reporta un fraude para abastecerse de gas de forma irregular la suma
de $50.000 presentando la respectiva cuenta de cobro»; por tanto, los pagos por reporte
no derivan de la relación laboral ni remuneran servicios del personal. Son
erogaciones eventuales a terceros/denunciantes para la protección del servicio,
ajenas al salario.
7.16. Consideró que es necesario verificar la información de la nómina con la de las
planillas PILA para verificar si se pagó o no sobre lo realmente devengado por cada
uno de los trabajadores.
7.17. Afirmó que los acuerdos de exclusión salarial suscritos con sus trabajadores
se ajustan al límite del 40% previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010; por
tanto, los pagos no constitutivos de salario no superan ese tope y, de haber algún
exceso, solo el excedente fue incorporado al IBC. Solicitó verificar la nómina y las
planillas PILA, a fin de (i) constatar la existencia de los pactos, (ii) medir el porcentaje
real de pagos no salariales frente a la remuneración total y (iii) confirmar que
cualquier exceso —y no la totalidad del rubro— fue la base de los aportes.
7.18. Refirió que no procede la sanción por inexactitud prevista en el artículo 179 de
la Ley 1607 de 2012, porque la liquidación de aportes se efectuó con base en
hechos ciertos y verificables de cada período y conforme a las normas laborales y
de seguridad social. De este modo, las diferencias detectadas obedecen a criterios
interpretativos sobre el IBC y la no salarialidad de ciertos pagos, lo cual no configura
inexactitud sancionable. Así, reprochó que la UGPP haya aplicado la tarifa del 60%
sobre los valores considerados inexactos, sin demostrar ocultamiento, falsedad,
simulación o error imputable al obligado, ni valorar la razonabilidad y
proporcionalidad de la medida.
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OPOSICIÓN
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
siguiente:
1. Afirmó que no creó una «tercera norma» ni excedió sus competencias, pues actuó
en estricto ejercicio de las facultades conferidas por el legislador para verificar la
exactitud de las autoliquidaciones de aportes. Explicó que el artículo 156 de la Ley
1151 de 2007, así como los artículos 1.º del Decreto 169 de 2008, 178 de la Ley
1607 de 2012, 2.º del Decreto 3033 de 2013 y 21 del Decreto 575 de 2013 le
atribuyeron la función de determinar la adecuada, completa y oportuna liquidación
y pago de las contribuciones parafiscales, lo cual le supone revisar todos los
elementos que inciden en la determinación de la base de cotización.
2. Sostuvo que la falta de liquidación de intereses moratorios en la liquidación oficial
no afecta la claridad ni la exigibilidad de la obligación, pues no deben confundirse
estos con los ajustes por mora. Explicó que dichos ajustes corresponden a la
conducta de no liquidar y pagar los aportes dentro del plazo legal, prevista en el
numeral 6º del artículo 1.º del Decreto 3033 de 2013, y que, por ello, en la liquidación
oficial únicamente se determina en ese ítem el valor de los aportes que debieron
pagarse en cada periodo, sin que dichas sumas correspondan a intereses. Añadió
que los intereses moratorios se causan desde el vencimiento del plazo para declarar
hasta el pago efectivo, por lo que no es posible fijarlos en la liquidación oficial, dado
que su cuantía depende de hechos futuros e inciertos.
3. Frente al reproche de la aplicación retroactiva de la Ley 1607 de 2012 y el Decreto
575 de 2013, afirmó que los actos demandados se expidieron con fundamento en
un marco legal vigente—compuesto por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, el artículo
1º literal b) del Decreto Ley 169 de 2008, el Decreto 5021 de 2009, los artículos 178 y 180
de la Ley 1607 de 2012, el artículo 21 numeral 10° del Decreto 575 de 2013 y el libro V,
títulos I, IV, V y VI del ET—, el cual regula de manera integrada sus competencias y
el procedimiento para requerir información y proferir liquidaciones oficiales. Señaló
que la articulación de estas disposiciones no implica la creación ex novo de
facultades, sino el ejercicio de competencias previamente establecidas en la ley.
4. Indicó que la demandante no determinó en que consistió la supuesta
extralimitación en el ejercicio de los funcionarios de la UGPP, pues la administración
actuó en el marco jurídico de los artículos 156 de la Ley 1151 de 2007, 1. ° del
Decreto Ley 169 de 2008 y 178, 179 y 180 de la Ley 1607 de 2012 y demás normas
concordantes.
5. Señaló que no se abrogó competencias de la jurisdicción laboral, pues el artículo
156 de la Ley 1151 de 2007 le atribuyó funciones de fiscalización sobre las
contribuciones parafiscales. Asimismo, refirió que el examen de cláusulas
contractuales no persigue declarar derechos derivados de la relación laboral, sino
verificar la correcta determinación del IBC; análisis indispensable para el
cumplimiento de sus funciones.
6. Sobre los ajustes por mora en el pago de aportes al Sistema de la Protección
Social:
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6.1. Señaló que no procede el ajuste frente a Diana Milena Valenzuela Losada,
pues, aunque la demandante alegó la suspensión del contrato de aprendizaje por
incapacidades —lo que implicaría la obligación de cotizar únicamente al Sistema de
Salud—, de las pruebas se advierte que dicho contrato inició el 1.º de febrero de
2010, tenía como fecha de terminación el 19 de enero de 2012, y que las
incapacidades se extendieron del 29 de diciembre de 2011 al 29 de junio de 2012.
En ese contexto, aun aplicando la suspensión y reanudación prevista en el artículo
5.º del Acuerdo 15 de 2013, el contrato solo se prolongó hasta el 19 de julio de 2012,
por lo que no comprendía la vigencia 2013 objeto de fiscalización y no debían
ajustarse los aportes de ese año.
6.2. Frente a la presunta inexistencia de vinculación laboral en los periodos
cobrados, afirmó que en la liquidación oficial sí se consideraron las novedades de
retiro y que los ajustes subsistentes no obedecen al desconocimiento de los días
laborados, sino a errores de la empresa en la determinación del IBC.
En ese sentido, indicó que: i) en el caso de Jennifer Álzate Ochoa, los pagos
efectuados en septiembre (sueldos y comisiones) debían imputarse al IBC de
agosto, mes del retiro; ii) respecto de Claudia Emilce Gutiérrez Garzón, los valores
registrados en julio (sueldos, comisiones y vacaciones) correspondían a junio y
debían integrarse a su IBC; iii) en relación con Edward Antonio Marín Alfonso, el
ajuste se originó en la omisión de comisiones y vacaciones, lo que condujo a cotizar
por debajo de la base real; iv) frente a Julián David Pérez Castaño, al recalcular el
IBC con base en la contabilidad y la PILA se evidenció una cotización inferior,
además de la exclusión de vacaciones en los aportes a Caja de Compensación; v)
en el caso de Ronal René Ramos Portilla, el ajuste obedeció igualmente a la no
inclusión de vacaciones en dicha base; y vi) respecto de Rubén Darío Castro
Andrade, se derivó de la exclusión de la bonificación salarial. Concluyó que, en
todos los casos, los aportes se efectuaron sobre una base inferior a la que
correspondía.
6.3. Frente al cargo según el cual la UGPP habría determinado simultáneamente
mora e inexactitud para los mismos trabajadores y periodos, señaló que dicha
afirmación no es acertada, pues los ajustes por mora se identifican de manera
autónoma y responden exclusivamente al no pago de los aportes, mientras que la
columna de observaciones se limita a describir circunstancias del caso sin alterar la
naturaleza del ajuste. Indicó que, al revisar el archivo Excel, se identificaron 82
trabajadores con ajustes determinados únicamente por mora y que, en ningún caso,
para un mismo trabajador, periodo y subsistema, se imputaron valores por
inexactitud cuando la conducta correspondía a mora.
6.4. Señaló que, respecto del ajuste por tarifa de riesgos laborales aplicado a María
Alejandra Fonseca Parra, aunque inicialmente se utilizó el 6,96 %, al reexaminar las
pruebas —constancia de afiliación e histórico de cobertura— se estableció que la
correcta era del 0,52 %. No obstante, al verificar la información en PILA no fue
posible confirmar el pago de los aportes del periodo con dicho ajuste, por lo que
subsiste la conducta de «no registra pago de aportes» y el ajuste por mora procede,
aunque recalculado con la tarifa inferior.
6.5. Frente al ajuste por desconocimiento de la exoneración de aportes CREE al
SENA e ICBF, adujo que el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y los Decretos 862
y 1828 de 2013 condicionan aquella a que el trabajador devengue menos de 10
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SMLMV, entendiendo por «devengar» —salvo durante la vigencia transitoria del Decreto
862 de 2013 (mayo a agosto de 2013)— la totalidad de los ingresos percibidos, sean o
no salariales. Indicó que, al verificar el caso a caso de los trabajadores con ajustes,
encontró que, aunque el salario no superaba el tope, al incluir otros pagos
registrados en nómina y contabilidad, el total devengado lo excedía, por lo que no
procedía la exoneración, sin perjuicio de los ajustes realizados cuando se acreditó
el carácter no salarial de ciertos conceptos y se depuró la base.
Respecto de la aprendiz Diana Valenzuela, señaló que no se acreditó la vigencia
del contrato de aprendizaje en los periodos fiscalizados y que, además, entre enero
y abril de 2013 no operaba la exoneración, mientras que entre mayo y agosto no se
determinaron valores a cargo por SENA e ICBF, por lo que tampoco procedía
eliminar los ajustes.
7. De los ajustes por inexactitud en el pago de los aportes al sistema de la protección
social, refirió lo siguiente:
7.1 Señaló que, frente al ajuste por la fecha de ingreso del trabajador Juan Carlos
Barrera, las pruebas aportadas con el recurso —una captura del correo electrónico, un
histórico de pagos y auxiliares contables— no desvirtuaron lo concluido en la liquidación
oficial; contrario sensu, probaron que el trabajador ya devengaba salario y
comisiones en enero de 2013, lo que confirma la existencia del vínculo desde antes
de febrero. En consecuencia, al no haberse efectuado correctamente los aportes
del periodo, el ajuste se mantiene.
7.2. Indicó que no procede la aplicación del principio de primacía de la realidad para
corregir supuestos errores en la nómina, pues la empresa no aportó pruebas
idóneas que desvirtúen la información inicialmente reportada. Explicó que, al
confrontar dichos registros con lo autodeclarado en PILA, se evidenciaron
conductas de mora e inexactitud, y que, aunque se alegaron equivocaciones, no se
identificaron los trabajadores ni se allegaron soportes que permitieran establecer los
valores realmente devengados o los días laborados. Añadió que solo fue posible
recalcular los casos con respaldo documental y que el archivo Excel aportado por
la empresa, al no estar certificado ni soportado, no es suficiente para modificar los
ajustes.
7.3. Señaló que, frente al ajuste por bonificaciones y otros pagos no salariales, si
bien los otrosíes permitieron confirmar su naturaleza no salarial, ello no implica su
exclusión automática del IBC, pues, conforme al artículo 30 de la Ley 1393 de 2010,
deben integrarse cuando superan el 40 % de la remuneración. Indicó que, con base
en la información de nómina y contabilidad, verificó que las sumas mantenidas en
la base cumplían ese criterio. Precisó que la bonificación por mera liberalidad fue
tratada como no salarial en los meses de junio y diciembre, al existir pacto expreso
de exclusión, mientras que la bonificación por mutuo acuerdo se mantuvo como
salarial, al no estar comprendida en los acuerdos de desalarización que solo
calificaban como no salariales determinados beneficios (alimentación,
comunicaciones, vivienda, transporte, vestuario).
7.4. Señaló que, frente al ajuste por aportes a cuentas AFC, tras revisar el auxiliar
contable 242590003001 y el balance de prueba de 2013 concluyó que
correspondían a descuentos efectuados a los trabajadores y no a pagos del
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empleador, por lo que no debían integrar la base de cotización; en consecuencia,
recalculó el IBC y modificó los ajustes por dicho concepto.
7.5. En relación con los aportes a fondos mutuos de inversión, indicó que, aunque
la empresa aportó la política de ahorro voluntario y los formularios de afiliación a
Confedegas, los valores cuestionados provenían de las cuentas contables
5101639901 y 7505797001 —propias de gastos operativos y no de descuentos a
empleados— y, según el documento «6. DESCRIPCIÓN OTROS PAGOS» (rad.
201670010196592), eran pagos asumidos directamente por la compañía, razón por
la cual concluyó que no correspondían a descuentos efectuados a los trabajadores
y mantuvo su inclusión en la base de cotización.
7.6. En cuanto a los auxilios o préstamos educativos, señaló que, aunque estaban
sometidos a pactos de desalarización, debían integrarse al IBC conforme al artículo
30 de la Ley 1393 de 2010; además, descartó la tesis de la empresa de que la
«deuda es impagable debido a que se carece del sujeto beneficiario de pago» porque los
auxiliares contables, oficios y actas de apoyo económico demostraban que los
beneficiarios reales eran los trabajadores, por lo que mantuvo estos valores en la
base y no modificó los ajustes.
7.7. Refirió que, en materia de vacaciones, los aportes a salud y pensión deben
liquidarse con base en el IBC del mes inmediatamente anterior al disfrute, conforme
al artículo 70 del Decreto 806 de 1998, y que dichos pagos hacen parte de la nómina
mensual de salarios, por lo que deben integrar la base de aportes para SENA, ICBF
y Cajas de Compensación, según el concepto de la Sala de Consulta del Consejo
de Estado5. Indicó que, al contrastar estas reglas con la nómina y la contabilidad,
se evidenció que la empresa no aplicó correctamente tales criterios, pues en
algunos casos no utilizó el IBC del mes anterior y en otros omitió incluir el valor de
las vacaciones en la base parafiscal; en consecuencia, mantuvo los ajustes, aunque
precisó haber recalculado el IBC en los eventos con errores de cálculo.
7.8. Indicó que, en cuanto a los ajustes por incapacidades, estos se originaron en
errores en la determinación del IBC, como la omisión de factores salariales o del
excedente de pagos no salariales, y que no se aportaron soportes que permitieran
corregir días o valores. Precisó que el archivo Excel denominado «NÓMINA 2013 (4)»
no era suficiente para modificar los ajustes, al carecer de respaldo documental y
certificación de revisor fiscal o contador público, por lo que estos deben mantenerse;
igualmente, señaló que no procede modificación respecto de licencias
remuneradas, al no acreditarse su ocurrencia.
7.9. Señaló que, frente al ajuste por auxilios de rodamiento, taxis y buses, aunque
se trata de pagos no salariales conforme al artículo 128 del CST, ello no implica su
exclusión del IBC, pues deben integrarse cuando superan el límite del 40% previsto
en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Indicó que la empresa no acreditó que
dichas sumas se pagaran a terceros ni que no ingresaran al patrimonio de los
trabajadores, y que los registros contables evidencian su percepción directa. Añadió
que el tope del 40 % se calcula sobre el conjunto de pagos no salariales, por lo que,
aunque estos conceptos no lo superen individualmente, pueden hacerlo al sumarse
con otros, razón por la cual los ajustes se mantienen.
5
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 8 de febrero de 2011, radicado con el No. 11001-03-06000-2010-
00069-00, MP. Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
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7.10. Señaló que, frente al ajuste por la clasificación de los medios de transporte
como pagos salariales, en general dichas sumas fueron tratadas como pagos no
salariales sometidos al artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Precisó que únicamente
en el caso de la trabajadora Yanira Salazar los valores registrados como salariales
($246.400) correspondían en realidad a gastos de alimentación y transporte, por lo
que fueron reclasificados como no salariales y se recalculó la base de cotización y
los ajustes.
7.11. Manifestó que los viáticos fueron incluidos en el IBC porque cumplían con la
característica de pago no salarial prevista en el artículo 130 del CST y excedieron
el límite previsto en la Ley 1393 de 2010.
7.12. Señaló que, respecto de los gastos de representación, no se incluyó ningún
valor por ese concepto en la base de aportes, por lo que no hay lugar a
pronunciamiento ni a modificación de ajustes.
7.13. En relación con el concepto de flota y equipo de transporte, sostuvo que, dado
que los registros contables muestran los pagos a nombre de los trabajadores y no
de terceros, y que se trata de sumas destinadas a permitir el cumplimiento de sus
funciones, constituyen pagos no salariales sujetos al artículo 30 de la Ley 1393 de
2010; en consecuencia, no es procedente excluirlos de la base de cotización ni
modificar los ajustes.
7.14. Señaló que, respecto del concepto de construcciones y edificaciones, aunque
la empresa afirmó que los valores registrados a nombre de los trabajadores
correspondían a cánones de arrendamiento, no se aportaron contratos ni soportes
que acreditaran su pago a terceros —como en los casos de Carlos Antonio Pinto Díaz y
Juan Darío Castiblanco—, por lo que no procede eliminar los ajustes.
7.15. Sobre el reporte de fraude, adujo haber verificado el comunicado interno del
10 de enero de 2010 —aportado con el radicado 201670010196592— donde la empresa
calificó expresamente la «recompensa por fraudes» como no salarial. Dijo que al estar
los valores registrados contablemente en cabeza de los trabajadores y haberse
otorgado bajo esa connotación, la UGPP incluyó correctamente dichos pagos en la
base, por lo que no es posible modificar ajustes.
7.16. Por último, señaló que la sanción por inexactitud es procedente, en tanto no
se desvirtuaron los ajustes que le sirven de fundamento.
SENTENCIA APELADA
El 4 de junio de 2024 el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión,
negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas6. Como sustento de
su decisión, adujo lo siguiente:
Sostuvo que, en cuanto a la competencia, para la fecha de expedición de la
liquidación oficial el Decreto 575 de 2013 atribuía a la Subdirección de
Determinación de Obligaciones la función de proferir actos de determinación, y a la
6
Samai, Tribunal Administrativo del Huila, índice 59.
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Dirección de Parafiscales la de resolver los recursos de reconsideración, por lo que
los actos demandados se ajustaban a derecho.
En relación con la irretroactividad, afirmó que no se desconoció dicho principio, pues
el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 y el artículo 21 del Decreto 575 de 2013 son
normas procesales de aplicación inmediata, además de encontrarse vigentes al
inicio de la actuación administrativa, con el requerimiento para declarar.
Precisó que la competencia asignada a los jueces laborales para dirimir conflictos
derivados, directa o indirectamente, del contrato de trabajo es distinta y autónoma
de la que ejerce la UGPP como autoridad de fiscalización, pues esta última está
facultada para investigar hechos generadores de obligaciones en materia de
contribuciones parafiscales, verificar la exactitud de las autoliquidaciones,
determinar la completa y oportuna liquidación de aportes y analizar los contratos de
trabajo para establecer los pagos que integran el IBC de las contribuciones al
sistema de la protección social.
En relación con los ajustes por mora, en particular frente a los aprendices del SENA,
señaló que en la liquidación oficial la UGPP revirtió los ajustes correspondientes,
con excepción de Diana Valenzuela. Precisó que su contrato tenía como fecha de
terminación el 19 de enero de 2012 y que fue suspendido por incapacidades entre
el 29 de diciembre de 2011 y el 28 de junio de 2012, reanudándose únicamente por
el tiempo restante hasta su vencimiento definitivo en 2012. Con fundamento en ello,
concluyó que para el año 2013 no existía un contrato de aprendizaje vigente, por lo
que no se desconoció su condición ni había lugar a modificar los ajustes.
En cuanto al cargo relativo a la inexistencia de vinculación laboral para el periodo
cobrado, el Tribunal señaló que en la liquidación oficial la UGPP ya había ajustado
los aportes de manera que solo se causaran hasta el mes de desvinculación de
cada trabajador en 2013, conforme a la base de datos utilizada en la resolución. A
saber, Claudia Emilce Gutiérrez Garzón, hasta junio; Ronal Rene Ramos Portilla,
hasta julio; Julián David Pérez Castaño y Jennifer Álzate Ochoa, hasta agosto, y
Rubén Darío Castro Andrade, hasta octubre.
En relación con las observaciones frente al tipo de incumplimiento, el Tribunal
advirtió que, aunque la demandante sostuvo que existía incongruencia entre los
ajustes por mora y por inexactitud, al revisar el archivo Excel utilizado para la
Resolución RDC 226, concluyó que los valores imputados por inexactitud y por mora
«no son coincidentes y corresponden a diferentes causantes, conceptos y periodos», por
lo que negó este cargo.
Sobre el ajuste de María Alejandra Fonseca Parra (riesgos laborales), constató que
la UGPP corrigió la tarifa aplicable (de 6,96 % a 0,522 %), por lo que el cargo carece
de sustento.
Respecto de la exoneración de aportes CREE prevista en el artículo 25 de la Ley
1607 de 2012, el Tribunal precisó que la UGPP solo propuso aportes al SENA e
ICBF respecto de IBC superiores a ese tope ($5.890.000 para 2013), por lo que no
desconoció la exoneración. En consecuencia, el cargo fue desestimado.
En cuanto a los ajustes propuestos por inexactitud en el pago de los aportes al
Sistema de Protección Social, específicamente sobre los trabajadores registrados
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en PILA y no en nómina, el a quo refirió que frente al caso de Juan Carlos Barrera
no se registraron ajustes en su contra, por lo que el reproche es infundado.
En relación con los errores en el registro de nómina y la alegada primacía de la
realidad, el Tribunal observó que la demandante se limitó a afirmar que existieron
equivocaciones que la condujeron a reportar salarios superiores a los realmente
percibidos, pero no identificó casos concretos ni aportó soporte alguno que
permitiera verificar tales inconsistencias, por lo que el cargo no prosperó.
En relación con los pagos no constitutivos de salario, consideró que la UGPP aplicó
adecuadamente el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, al incluir en el IBC —en la
proporción que excede el 40 % de la remuneración— los siguientes conceptos:
bonificaciones otorgadas por mera liberalidad y por mutuo acuerdo; aportes a
fondos mutuos de inversión, subsidios de estudio, medios de transporte; los valores
registrados en las cuentas contables de flota y equipo de transporte y de
construcciones y edificaciones; y recompensas.
No obstante, precisó que los aportes a cuentas AFC no integran el IBC, por
corresponder a descuentos salariales, razón por la cual fueron excluidos.
Sobre los gastos de representación, se abstuvo de pronunciarse al no existir ajustes
por este concepto.
Respecto de las vacaciones, incapacidades y licencias no remuneradas, precisó
que la demandante reconoció fallas de parametrización susceptibles de generar
desajustes en los valores reportados, y concluyó que los ajustes practicados por la
UGPP en la base asociada al recurso de reconsideración no abarcaron a todos los
trabajadores con esas novedades, sino únicamente a aquellos casos en que se
verificó que el IBC había sido liquidado de forma incorrecta.
Finalmente, en relación con la sanción por inexactitud, constató que la demandante
declaró aportes inferiores por $192.945.600 y omitió declarar otros por $39.515.100,
lo que configuró la conducta prevista en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012. Por
ello, consideró procedente la sanción impuesta por la UGPP, equivalente al 60 %.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante interpuso recurso de apelación7, en el que solicitó que se revoque
la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se acceda a las pretensiones de la
demanda con base en los siguientes argumentos:
Preliminarmente, sostuvo que el expediente digitalizado no reúne la totalidad de los
documentos aportados con la demanda, pues se radicaron 17 cuadernos con 1.697
folios y seis CD; sin embargo, la plataforma SAMAI no contiene la información
almacenada en estos últimos. Alegó, asimismo, que el fallador de primera instancia
no valoró ninguno de esos elementos probatorios, particularmente, piezas
relevantes como otrosíes, contratos, préstamos otorgados a los trabajadores,
denuncias por fraude, entre otros.
7
Samai, Tribunal Administrativo del Huila, Índice 59.
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Afirmó que la UGPP se extralimitó en sus competencias al calificar pagos como
salariales o no salariales, función que —conforme al artículo 2.º del Decreto Ley 2158
de 1948— corresponde a la jurisdicción laboral, en contra de lo sostenido por el a
quo. Para reforzar su postura, invocó la sentencia del Consejo de Estado del 17 de
septiembre de 2020, que anuló parcialmente el Acuerdo 1035 de 2015 al concluir
que la UGPP excedió sus competencias operativas al reglamentar los conceptos de
remuneración, pagos no salariales, mera liberalidad y ocasionalidad, así como el
límite del 40 % del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, e incluso al fijar criterios
generales sobre el alcance del artículo 128 del CST en contravía de la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.
En cuanto a la inexistencia de vinculación laboral en los periodos cobrados, refirió
que la UGPP imputó ajustes por 30 días completos pese a que los trabajadores
relacionados en la base de datos que soportó la Resolución RDC 226 cesaron
labores antes de finalizar el mes —v.gr. Claudia Emilce Gutiérrez Garzón (28/06/2013),
Ronal René Ramos Portilla (06/07/2013), Julián David Pérez Castaño (10/08/2013) y
Edward Antonio Marín Alfonso (05/08/2013)—, de modo que, aun cuando la entidad
reconoció documentalmente la terminación de los contratos, no excluyó los aportes
en todos los subsistemas y terminó liquidando deudas presuntas por días no
trabajados. Sostuvo que los ajustes obedecieron a una presunción de cotización por
mes completo, pese a las novedades de ingreso y retiro registradas en PILA, en
desconocimiento del principio de primacía de la realidad, pues los aportes debían
liquidarse sobre los días efectivamente laborados y el IBC realmente pagado.
Añadió que, cuando el retiro ocurrió antes de completar el mes, cotizó sobre lo
efectivamente devengado y no sobre el salario mínimo.
En cuanto a las observaciones frente al tipo de incumplimiento, sostuvo que la
UGPP imputó simultáneamente mora e inexactitud respecto de los mismos
trabajadores, periodos y aportes, en contravía del principio non bis in idem. Indicó
que, al revisar el archivo en Excel elaborado por la entidad y filtrar por «inexactitud»
y «mora», aparecen los mismos trabajadores y meses, lo que evidencia un doble
cobro por un mismo hecho. Añadió que no puede sostenerse que la inexactitud
subsuma la mora, pues los intereses moratorios no hacen parte del aporte, sino que
se liquidan al momento del pago a través de la PILA.
En relación con el ajuste aplicado a María Alejandra Fonseca Parra, sostuvo que,
aunque la UGPP corrigió la tarifa de riesgos laborales (de 6,96 % a 0,522 %),
mantuvo un ajuste de $3.100 con el argumento de no poder confirmar el pago
correspondiente al periodo faltante. Señaló que, a la luz de la certificación expedida
por ARL SURA, donde consta la tarifa correcta, y de las planillas de aportes
allegadas al expediente, se acredita el cumplimiento íntegro de la obligación, por lo
que el ajuste debía eliminarse.
Respecto de la exoneración de aportes CREE, sostuvo que el Tribunal no analizó
adecuadamente el cargo. Señaló que, conforme al artículo 25 de la Ley 1607 de
2012, desde mayo de 2013 las sociedades están exoneradas de aportar al SENA e
ICBF por trabajadores que devenguen menos de 10 SMMLV. En ese contexto,
afirmó que, frente a la aprendiz Diana Valenzuela, solo era exigible el aporte a salud,
y que la UGPP reclasificó indebidamente como salariales diversos pagos, con el fin
de superar dicho umbral. Reprochó que el Tribunal se limitara a verificar el monto
total devengado, sin analizar su composición ni el alcance real de la exoneración.
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Frente a los ajustes por inexactitud aplicados a trabajadores registrados en PILA y
no en nómina, sostuvo que, en el caso de Juan Carlos Barrera, la base de datos en
Excel sí registra ajustes por periodos anteriores al 1.º de febrero de 2013. Indicó
que el contrato de trabajo y la planilla PILA acreditan que la vinculación inició en esa
fecha, por lo que los ajustes previos carecen de sustento y deben eliminarse.
En cuanto al cargo por errores en el registro de nómina, sostuvo que las
inconsistencias obedecieron a equivocaciones formales y no a un pago indebido de
los aportes, los cuales se efectuaron conforme al ingreso realmente percibido y
reportado en la PILA. En ese sentido, afirmó que, en aplicación del principio de
primacía de la realidad, la UGPP debía atender a los documentos aportados y
verificar la correspondencia con la remuneración efectivamente devengada.
Reprochó que el Tribunal concluyera que no se individualizaron los casos, pese a
que estos fueron identificados en el archivo Excel allegado con la demanda.
En lo relativo a los pagos no constitutivos de salario, sostuvo que las bonificaciones
—por mera liberalidad (respecto del cual no se valoraron los otrosíes a los contratos) y por
mutuo acuerdo (estas últimos sobre los cuales el a quo no hizo pronunciamiento alguno)—
corresponden a pagos ocasionales no retributivos del servicio, amparados en pactos
de desalarización, por lo que solo integran el IBC en la proporción que exceda el 40
%, y no hacen parte de la base parafiscal del ICBF. Reprochó que la UGPP las
hubiera reclasificado como salariales sin valorar dichos acuerdos.
Sobre los descuentos y giros a cuentas AFC alegó que no corresponden a pagos a
favor del trabajador, sino a montos que este autoriza descontar de su salario para
ser trasladados a sus cuentas de ahorro para el fomento de la construcción, por lo
que no procede incorporarlos adicionalmente en el IBC para calcular los aportes al
Sistema. Reprochó que la UGPP los hubiera tratado como pagos no salariales a
cargo del empleador y solicitó al fallador de segunda instancia que verificara en el
archivo Excel el detalle de los registros, a fin de que dichos ajustes desaparezcan.
Frente a los aportes a fondos mutuos de inversión adujo que el a quo omitió valorar
las pruebas aportadas —en particular, las transferencias mensuales a CONFEDEGAS y
los formularios de afiliación—, de las cuales se colige que dichos valores no
corresponden a pagos efectuados por la empresa, sino a descuentos aplicados a
71 trabajadores afiliados. Por ello, afirmó que los ajustes realizados por la UGPP
deben eliminarse.
Frente a los préstamos educativos, indicó que son ayudas voluntarias pactadas
como no salariales, que no integran el IBC, y que la UGPP construyó una deuda sin
soporte al no existir un beneficiario concreto sobre el cual efectuar el aporte.
Sostuvo que liquidó y cotizó las vacaciones conforme a los artículos 186 a 190 del
CST y al artículo 70 del Decreto 806 de 1998, incluyendo los factores salariales que
corresponden tanto en el disfrute como en la compensación, lo que se refleja en las
nóminas y planillas PILA aportadas. Cuestionó que la UGPP hubiera formulado
ajustes sin identificar, para cada trabajador y periodo, el yerro concreto en la
liquidación, ni analizar la prueba documental contenida en el medio magnético, lo
que evidencia un defecto en la motivación específica sobre este concepto; reprochó,
asimismo, que el Tribunal confirmara la determinación de la Administración sin
verificar el archivo en Excel de manera detallada.
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Adujo que la empresa realiza correctamente los aportes derivados de incapacidades
y licencias, incluso cuando los pagos deben reportarse de manera retroactiva,
ajustando las planillas en la proporción correspondiente al trabajador y al empleador,
conforme a los artículos 51 y 53 del CST y a las normas del Sistema de Seguridad
Social. Explicó que, por las restricciones del sistema, ciertos aportes pueden
reflejarse en meses posteriores sin que exista omisión del pago. Asimismo, sostuvo
que las incapacidades y las licencias, tanto remuneradas como no remuneradas, se
encuentran debidamente soportadas en las nóminas y planillas PILA, y solicitó que
en segunda instancia dichos registros fueran analizados conforme al detalle
consignado en el archivo Excel.
Respecto de los pagos por transporte, viáticos y gastos de representación, afirmó
que corresponden a auxilios o erogaciones no salariales, destinados al
cumplimiento de funciones o a cubrir gastos del trabajador, que no constituyen
salario ni deben integrar el IBC.
En cuanto a los registros de flota y equipos de transporte, construcciones y
edificaciones y reporte de fraudes, sostuvo que corresponden a costos operativos o
pagos a terceros, ajenos a la relación laboral, por lo que no podían ser tratados
como pagos no salariales sujetos al límite del 40 % ni integrar la base de cotización.
En lo concerniente al aporte correcto a lo real devengado, la empresa afirmó que,
según las planillas PILA auditadas (correspondientes al periodo de enero a
diciembre de 2013), los aportes se calcularon sobre valores inferiores a lo realmente
devengado por algunos trabajadores. En ese sentido, solicitó cotejar la Nómina con
la PILA —según el detalle en el Excel— para verificar y ajustar los aportes al ingreso
efectivamente percibido por cada trabajador.
Sobre los excedentes por desalarización, señaló que el artículo 30 de la Ley 1393
de 2010 limita los pagos no constitutivos de salario al 40 % de la remuneración, y
que, cuando dicho límite se supera, el excedente debe integrar el IBC, regla que la
empresa aplicó correctamente en cinco casos identificados. Sostuvo que esta
verificación se encuentra respaldada en la prueba documental aportada —nóminas
y soportes contables— y reprochó que el Tribunal hubiera sustentado su decisión
únicamente en el archivo Excel, sin valorar la documentación allegada ni
pronunciarse sobre el cargo concreto.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
El recurso se admitió mediante auto del 1.° de octubre de 2024, 8 sin
pronunciamiento frente a este. Al ser innecesaria la práctica de pruebas en segunda
instancia no se corrió traslado para alegar (numerales 4 y 5, artículo 247 del
CPACA). El Ministerio Público no conceptuó.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide sobre la legalidad de la liquidación oficial proferida por la UGPP contra
Alcanos de Colombia, mediante la cual se determinaron aportes al Sistema de la
Protección Social por los periodos de enero a diciembre de 2013, por mora e
inexactitud en las autoliquidaciones y pagos, así como de la resolución que resolvió
el recurso de reconsideración.
8
Samai, índice 4, Consejo de Estado.
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Demandante: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
Previo a abordar el fondo del asunto, la Sala advierte que la adecuada delimitación
del caso sometido a decisión exige precisar que, si bien la demandante señaló en
el recurso de apelación que en la plataforma SAMAI no se encontraban cargados
los CD allegados con la demanda, lo cierto es que en el índice 58 del aplicativo —
correspondiente al proceso tramitado ante el Tribunal Administrativo del Huila—
obra un archivo denominado «21_LinkOneDrive(.pdf)», el cual contiene el
hipervínculo a una carpeta en OneDrive en la que reposan todas las actuaciones y
elementos probatorios, incluidos los CD aportados por la demandante.
Con base en lo expuesto, la Sala abordará los cargos de apelación formulados por
Alcanos de Colombia S.A. —apelante única— en los siguientes términos9: i) si la
UGPP asumió competencias propias de los jueces laborales; ii) la inclusión en el
IBC de pagos no constitutivos de salario; iii) los ajustes relativos al trabajador Juan
Carlos Barrera; iv) la correcta determinación de los aportes al subsistema de riesgos
laborales respecto de la señora Diana Valenzuela Lozada; v) la eventual existencia
de errores en la determinación de los días laborados de los trabajadores
desvinculados, en los casos debidamente individualizados por la apelante; y,
finalmente, vi) la exoneración de aportes asociada al impuesto CREE.
Análisis del caso concreto
Competencia de la UGPP
La apelante refirió que el a quo erró al reconocer a la UGPP la competencia para
determinar qué pagos son salariales, pues esa definición corresponde en forma
exclusiva a la jurisdicción laboral, conforme al Decreto 2158 de 1948, modificado
por la Ley 712 de 2001. En ese sentido, alegó la indebida abrogación de funciones
por parte de la demandada y respaldó su postura en la sentencia del Consejo de
Estado 10 , que anuló parcialmente el Acuerdo 1035 de 2015 por exceder dicha
entidad sus competencias al reglamentar los conceptos de «remuneración», «pagos
no salariales», «mera liberalidad», «ocasionalidad», el límite del 40% del artículo 30 de
la Ley 1393 de 2010, así como al fijar criterios generales sobre el alcance del artículo
128 del CST.
Frente a este cargo, conviene aclarar preliminarmente que el argumento fundado
en la referencia a la sentencia de esta Corporación del 17 de septiembre de 202011
fue introducido por primera vez con la apelación. Del mismo modo, es menester
aducir que, con fundamento en los artículos 281 y 320 del CGP, esta Sección ha
referido que «la especialidad del objeto del recurso de apelación, unido al principio de
congruencia de las sentencias, exige que exista unidad temática y consecuente entre: el
9
Del cotejo entre la demanda y el recurso de apelación se advierte que la parte demandante no formuló reparos concretos
frente a la decisión de primera instancia sobre los aportes a cuentas AFC; préstamos educativos; medios de transporte;
auxilios de rodamiento; viáticos y gastos de viaje; gastos de representación; flota y equipo de transporte; construcciones y
edificaciones; reportes de fraude, y ajustes por aporte correcto a lo realmente devengado y excedentes por desalarización.
La apelación se limitó a reproducir de manera literal los cargos inicialmente planteados, sin controvertir lo resuelto por el a
quo, razón por la cual, la Sala no examinará dichos cargos. Ello así, conforme el artículo 320 del Código General del Proceso
el cual dispone que el objeto del recurso de apelación consiste en que el superior examine la cuestión decidida, únicamente
respecto de los reparos concretos formulados por el apelante en su escrito de apelación; además, en concordancia con el
artículo 328 ibid., conforme al cual la competencia del juez de segunda instancia se circunscribe a los argumentos expuestos
por quien impugna. Sobre el particular, esta Sección ha señalado que «la competencia del juez de segunda instancia se
restringe a los aspectos formulados en la apelación; pero los cargos de apelación deben ser consonantes con lo decidido y
razonado por el a quo» (sentencias del 25 de julio de 2024, exp. 28335 y 28529, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección «A», sentencia del 17 de septiembre de 2020, exp. 3235-2016, C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
11
Ibidem.
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petitum de la demanda, las razones fácticas y jurídicas que la fundamentan; los argumentos
de oposición a las mismas; la sentencia que examinó y resolvió la discusión planteada por
las partes; y los cuestionamientos de la apelación»12. Por ello, comoquiera que el estudio
de este planteamiento conduciría a formular una nueva discusión en el trámite de
segunda instancia en contravención de los derechos al debido proceso y defensa
de la contraparte, se abstiene la Sala de considerarlo.
En lo demás, sobre la cuestión discutida, esta Sala13 ha considerado que la UGPP
cuenta con la competencia funcional para determinar la adecuada, completa y
oportuna liquidación y pago de los aportes parafiscales a los diversos subsistemas
que conforman el Sistema de Protección Social. Asimismo, ha referido que, en
ejercicio de sus facultades de fiscalización, la UGPP puede aplicar normas laborales
como los artículos 127 y siguientes del CST y 17 de la Ley 344 de 1996, así como
las normas que regulan cada subsistema, no para dirimir controversias entre
empleadores y trabajadores, sino para efectos de evaluar, a partir de un análisis
probatorio, si determinados pagos tienen o no naturaleza salarial en torno a la
obligación tributaria y la relación empleador – UGPP.
Al respecto, la Sección 14 ha señalado que cuando se inician las actuaciones
administrativas encaminadas a formular liquidaciones oficiales, las autoridades
tributarias están facultadas para valorar si determinadas erogaciones laborales
tienen o no carácter salarial, lo que incluye la verificación de cualquier acuerdo al
que lleguen las partes, sin perjuicio de la competencia de la jurisdicción ordinaria
para dirimir controversias individuales entre empleador y trabajador. No prospera
el cargo.
2. Desconocimiento de pagos no salariales por parte de la UGPP y su inclusión
en el IBC para liquidar los ajustes al Sistema de Seguridad Social
La apelante sostuvo que el Tribunal erró al avalar la decisión de la UGPP de incluir
en el IBC pagos que no tenían connotación salarial en virtud del artículo 128 del
CST, el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 y lo acordado entre la empresa y los
trabajadores mediante pactos de desalarización.
En el caso objeto de estudio, la Sala observa que los conceptos cuya exclusión en
el IBC de los aportes a seguridad social reclama Alcanos de Colombia, son los
siguientes:
Pagos reportados Concepto registrado por el Concepto equivalente
por el aportante aportante reconocido por la UGPP
como no Bonificaciones por mera liberalidad Bonificaciones salariales
constitutivos de y por mutuo acuerdo según Ugpp
salario, pero Aportes a cuentas AFC Otros auxilios
determinados por la Aportes a fondos mutuos de Otros pagos no detallados
UGPP como Inversión en nómina
constitutivos de
salario
12
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 20 de junio de 2024, exp. 28106, MP. Myriam Stella Gutiérrez Arguello.
13
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 28 de agosto de 2025, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
14
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 1 de noviembre de 2012, exp.17786, MP. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas. Reiterada en sentencias del 10 de marzo de 2022, exp.24971 y del 25 de agosto de 2022, exp. 26284,
respectivamente. Asimismo, en sentencia del 1 de junio de 2023, exp.26182, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y del 28
de noviembre de 2024, exp. 28711, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Para resolver este asunto, la Sala se remitirá a la Sentencia de Unificación del 9 de
diciembre de 202115, sobre los aportes al sistema de seguridad social y, el alcance
y aplicación de la limitación contenida en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010;
providencia en la cual se formularon las siguientes reglas:
«1. El IBC de aportes al Sistema de Seguridad Social (subsistemas de pensión, salud
y riesgos profesionales) únicamente lo componen los factores constitutivos de salario,
en los términos del artículo 127 del CST, estos son, los que por su esencia o naturaleza
remuneran el trabajo o servicio prestado al empleador.
2. En virtud de los artículos 128 del CST y 17 de la Ley 344 de 1996, los empleadores
y trabajadores pueden pactar que ciertos factores salariales no integren el IBC de
aportes al Sistema de Seguridad Social.
3. El pacto de “desalarización” no puede exceder el límite previsto en el artículo 30 de
la Ley 1393 de 2010, es decir, el 40% del total de la remuneración. En estos eventos,
los aportes se calcularán sobre todos aquellos factores que constituyen salario,
independientemente de la denominación que se les dé (art. 127 CST- contraprestación
del servicio) y, además, los factores que las partes de la relación laboral pacten que
no integrarán el IBC, en el monto que exceda el límite del 40% del total de la
remuneración.
4. El pacto de “desalarización” debe estar plenamente probado por cualquiera de los
medios de prueba pertinentes.
5. Los conceptos salariales y no salariales declarados por el aportante en las planillas
de aportes al sistema de la seguridad social o PILA se presumen veraces. Si el ente
fiscalizador objeta los pagos no constitutivos de salario para incluirlos en el IBC de
aportes, por considerar que sí remuneran el servicio, corresponde al empleador o
aportante justificar y demostrar la naturaleza no salarial del pago realizado, a través
de los medios probatorios pertinentes.»
Partiendo de esta providencia, la Sala reitera que no todo pago recibido por el
trabajador integra el IBC: únicamente lo hacen aquellos que, conforme al artículo
127 del CST, tienen naturaleza salarial. Los pagos que carecen de ese carácter, en
los términos del artículo 128 ib., no hacen parte de la base, pues no retribuyen el
servicio. Esta distinción constituye el eje de la primera regla de unificación: «el IBC
de los aportes al Sistema de Seguridad Social únicamente lo componen los factores
constitutivos de salario».
Asimismo, la SU precisó el alcance de los acuerdos celebrados entre empleador y
trabajador para excluir determinados beneficios del IBC. Aclaró que «la naturaleza
salarial de un pago no depende del acuerdo entre las partes, sino de si, por su esencia,
constituye o no retribución del servicio prestado»; es decir, si el pago retribuye el
servicio, es salario con independencia de la denominación que se le asigne. Por esa
razón, la providencia indicó que «para efectos de los aportes parafiscales y las
contribuciones a la seguridad social, cuando se pacte que un pago no constituye salario,
significa que no hará parte del ingreso base de cotización». Así, es posible excluir de la
base gravable factores salariales que ordinariamente la integrarían, sin que por ello
cambie su naturaleza jurídica.
Finalmente, adujo que lo referente a los acuerdos de exclusión, debe interpretarse
en armonía con el límite de pagos no salariales previsto en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010, según el cual, «para los efectos relacionados con los artículos 18
15
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de Unificación del 9 de diciembre de 2021, exp. 25185, MP. Milton Chaves
García.
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[subsistema de pensión] y 204 [subsistema de salud] de la Ley 100 de 1993, los pagos
laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser
superiores al 40% del total de la remuneración». Como se explicó en la SU, el propósito
del legislador con la citada norma «no fue incluir en el ingreso base de cotización, pagos
que, por su esencia o naturaleza, no son constitutivos de salario, sino, establecer una
limitante a la desalarización que se venía pactando entre empleadores y trabajadores al
amparo de los artículos 128 del CST y 17 de la Ley 344 de 1996 y que erosionaba la base
de aportes al Sistema de Seguridad Social».
En ese sentido, se explicó que el límite del 40 % fijado en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010 opera exclusivamente respecto de los pagos que, siendo salariales,
las partes deciden excluir de la base. No aplica a los pagos que la ley define como
no salariales, porque estos —al no remunerar el servicio— no integran el IBC.
Bajo las anteriores premisas, la Sala procederá a realizar el análisis de cada uno de
los conceptos pactados como no salariales, conforme lo reseñado en el recurso de
apelación, y a la luz de lo dispuesto en el artículo 128 del CST, con el fin de
determinar el carácter salarial o no salarial de cada uno, considerando el carácter
retributivo o no a las labores desarrolladas por los trabajadores.
2.1. Bonificación por mera liberalidad
El Tribunal señaló que la UGPP trató las bonificaciones por mera liberalidad como
pagos no salariales e incluyó en el IBC el valor que excedía el 40 % de la
remuneración. A su vez, la apelante sostuvo que se trata de pagos ocasionales no
constitutivos de salario, conforme a los otrosíes suscritos, los cuales no fueron
valorados por el a quo.
A efectos de resolver este asunto, conviene señalar que en dichos acuerdos se
estipuló expresamente que las bonificaciones semestrales no constituyen salario, al
tenor de lo previsto en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo (CST)16.
Específicamente se consignó que:
«PRIMERA: las partes han convenido de mutuo acuerdo que EL EMPLEADOR pagará
al TRABAJADOR(A) un Bonificación No Salarial la cual se denomina Bono Semestral,
por un valor equivalente a medio salario básico mensual y medio salario variable
promedio mensual, el cual será pagadero en la nómina de los meses de Junio y
Diciembre de cada año, previa autorización de la Junta Directiva.
PARAGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo previsto en el artículo 128 del C.S.T
modificado por el artículo 15 de la ley de 1990, las partes expresamente convienen
que el Bono Semestral no se considerará como salario, ni se tendrá en cuenta como
factor salarial para efectos de realizar los aportes la seguridad social, parafiscales o
cualquier otro beneficio.
SEGUNDA: EL TRABAJADOR (A) manifiesta que ha leído el presente otro si y que
este no constituye una desmejora de sus condiciones laborales. A lo anterior se agrega
que este cambio no busca afectar al trabajador en su dignidad personal pues solo
busca contribuir el desarrollo por competencia.
TERCERA: Las partes acuerdan expresamente que han leído el presente OTRO SI y
que este empieza a regir a partir del 1 de diciembre del 2012. Las demás estipulaciones
del contrato laboral que no hayan sido modificadas mediante el presente OTRO SI
conservan plena validez y vigencia.
16
Samai, Tribunal Administrativo del Huila, índice 58, arch. «020_Cuaderno01», pp. 156-173.
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En fe de lo anterior, ambas partes firman el presente otro si en la ciudad de La Dorada,
a los tres (3) días del mes de diciembre de 2012, en dos (2) ejemplares del mismo
tenor».
Ahora bien, en la Liquidación Oficial RDO-2017-00284, aunque la entidad
demandada describió este concepto como «Bonificaciones salariales según UGPP (*)»,
lo calificó como un pago no salarial de conformidad con el artículo 128 del CST y
sometió los valores reconocidos al límite del 40 % previsto en el artículo 30 de la
Ley 1393 de 2010, bajo las siguientes consideraciones:
«(…) esta unidad procedió a verificar los OTRO SI allegados como prueba, en donde
se puede observar la naturaleza no salarial de dicho pago, por lo que se puede ver
claramente que corresponde a un pago por concepto de bonificación otorgada por
parte del empleador, por lo cual se constituye como pago que se le realiza al
trabajador, por voluntad del empleador.
Visto lo anterior, ésta Subdirección estima que si bien es cierto la Bonificación carece
de carácter salarial por cuanto no se configura como una retribución directa del
servicio, condición sine qua non de los conceptos salariales, la misma se constituye
en un estímulo, por lo tanto, de acuerdo con los artículos 127 y 128 del Código
Sustantivo de Trabajo, en concordancia con el 17 de la Ley 344 de 1996, esta
Subdirección considera que “no constituye salario, ni remuneran la actividad del
trabajador” por tanto NO es contraprestación del servicio, sino que goza de la calidad
de Bonificación ocasional, en los términos que para el efecto establece el artículo 128
del Código Sustantivo del Trabajo.
Así las cosas, se aclara al Aportante que esta Unidad pese a que no encuentra viable
asignarle naturaleza salarial, a dichos pagos, se les aplicará el límite establecido en el
artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, dado que se enmarcan en aquellos pagos no
constitutivos de salario, para los efectos de la determinación del ingreso base de
cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos
Laborales. Esto para los casos en los cuales el aportante allego el respectivo soporte».
Asimismo, al resolver el recurso de reconsideración, adujo haber evidenciado que,
conforme a los otrosíes aportados:
«entre la empresa y sus trabajadores se celebró un pacto de exclusión salarial por lo
que resulta procedente en esta instancia, al igual que ocurrió en la liquidación oficial
como no constitutivos de salario los pagos por concepto de bonificación
semestral al confirmarse que cumple con la cuarta característica de los pagos
no salariales prevista en el artículo 128 del CST. Es de aclarar que la modificación
en la connotación dada al pago únicamente aplicará para los pagos entregados de
junio y diciembre pues fue sobre los pagos entregados en dichos meses que se pactó
el carácter no salarial».
Conviene precisar que el artículo 128 del CST distingue entre pagos que son no
salariales por su propia naturaleza y pagos que, pese a retribuir el servicio, son
excluidos del salario por acuerdo entre las partes. A la luz de la sentencia de
unificación, el límite del 40 % previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 no
recae sobre los primeros, sino sobre los segundos.
Con ello, en el presente caso se tiene que, aunque las bonificaciones semestrales
fueron objeto de pacto de desalarización, la apelante no argumentó por qué tales
pagos, al margen de esa estipulación, no retribuían el servicio prestado y, por tanto,
debían excluirse totalmente del IBC. Por el contrario, revisados los otrosíes17, se
17
Samai, Tribunal Administrativo del Huila, índice 58, arch. «020_Cuaderno01», pp. 156-173.
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observa que aquellas bonificaciones no aparecen descritas como meras
liberalidades del empleador, no tienen carácter ocasional, pues se reconocen
periódicamente en junio y diciembre y, además, se calculan con base en el salario
del trabajador.
De este modo, aunque la entidad demandada denominó este concepto como
«Bonificaciones salariales según UGPP (*)» y lo calificó como un pago no salarial al
amparo del artículo 128 del CST, la Sala reitera que la bonificación otorgada por
mera liberalidad conserva naturaleza salarial, en la medida en que retribuye de
manera directa el servicio prestado; no obstante, al haberse pactado su
desalarización a través de los otrosíes, resulta aplicable el criterio fijado en la
sentencia de unificación, conforme al cual dichos pagos, deben computarse para
efectos del límite del 40 % previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.En
consecuencia, el cargo de apelación no prospera.
2.2. Bonificación por mutuo acuerdo
Similar a lo señalado en el rubro anterior, el Tribunal manifestó que, al resolver el
recurso de reconsideración, la UGPP incluyó las bonificaciones por mutuo acuerdo
dentro de los pagos no salariales y calculó los aportes sobre el valor que excedió el
40 % del total de la remuneración. Por su parte, la apelante indicó que este cargo
no fue objeto de análisis por parte del a quo y reiteró que dicha bonificación
corresponde a un pago único, no retributivo del servicio, que se reconoce a los
trabajadores al momento de la finalización del contrato de trabajo, se otorga de
manera esporádica por mera liberalidad y, por lo mismo, no constituye salario.
Al respecto, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración contra la
liquidación oficial, la UGPP indicó que:
«Siendo que la empresa diferencia las bonificaciones semestrales tratadas en el punto
anterior, de las bonificaciones otorgadas por mutuo acuerdo pactadas como no
salariales de este punto de discusión, entiende el Despacho que se está refiriendo a
los pagos considerados por esta Unidad como “Bonificación salariar ya que es el único
pago que cumple con la condición de ser una bonificación de carácter salarial y
encontrarse incluida en la base de aportes bajo esa condición.
Frente a estos pagos se aclara al aportante que fueron considerados como salariales
porque de esa manera habían sido reportados por la empresa en el formato de nómina
allegado al proceso.
Revisadas las pruebas aportadas con el recurso de reconsideración se identificaron
contratos de trabajo contentivos de pactos como el siguiente:
PARÁGRAFO TERCERO: las partes acuerdan que en los casos en que se le
reconozcan al TRABAJADOR beneficios diferentes al salario por concepto
de alimentación, comunicaciones, habitación o vivienda, transporte y
vestuario, se consideran tales beneficios o reconocimientos como no
salariales y por tanto no se tendrán en cuenta como factor salarial para la
liquidación de acreencias laborales, ni para el pago de aportes parafiscales, y
cotizaciones a seguridad social, de conformidad con los Arts.15 y 16 de la ley
50/90, en concordancia con el Art. 17 de la 344/96.
Frente a esa cláusula se puede afirmar que estamos en presencia de un pacto de
desalarización, sin embargo, no es posible relacionarlo con la bonificación salarial
debido a que en el contenido de la cláusula no se describe la misma como uno de los
pagos a ser considerados como no salariales. Por tal razón los contratos de trabajo
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contentivos de cláusulas como la previamente descrita no pueden tenerse en cuenta
para cambiar la connotación de bonificaciones salariales y pasarlas a no salariales.
Lo anterior debido a que el pacto en ningún momento describe como pagos no
salariales las sumas otorgadas al retiro del trabajador ni tampoco los pagos por
conceptos de bonificaciones.
Así las cosas, al no haber una manifestación expresa respecto del carácter no
salarial del concepto del pago analizado en esta oportunidad, no es posible
considerarlo como no constitutivo de salario de ahí que resulte improcedente
hacer alguna modificación a la base de cotización, el monto de los aportes y los
ajustes determinados en la liquidación oficial».
(Negrillas de la Sala).
Frente a este punto, esta Sección 18 ha precisado que los pagos extraordinarios
efectuados al término de la relación laboral no forman parte de la base de cotización
a la seguridad social ni de los aportes parafiscales, considerando que:
«En lo que respecta al concepto denominado como “bonificación plan de retiro” la
demandante señaló que no debían ser parte del IBC por no ser un pago salarial ni
estar sujetas a ningún límite. (…)
(…) Al respecto se pronunció la Sección14 dentro de un proceso en el que la
demandante solicitaba la deducibilidad en el impuesto de renta por lo que había
pagado a sus trabajadores a título de bonificación por retiro, así:
“(…) esos pagos no obedecen a la contraprestación directa del servicio,
que por lo demás ya terminó; sino, al resarcimiento de los perjuicios causados
al trabajador por el incumplimiento del empleador de lo pactado en el contrato”
(énfasis propio).
Dicho pronunciamiento se acompasa, con el señalamiento de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral15: “respecto de la bonificación por retiro es
incuestionable el carácter ocasional, pues se paga a la terminación del contrato y con
ocasión de la extinción del vínculo, lo que descarta la habitualidad y la contraprestación
del servicio.”
Teniendo en cuenta lo dicho, la bonificación por retiro no tiene carácter salarial y en tal
virtud, no podía tomarla la UGPP para efectos de aplicar la limitante del 40% de la
remuneración. En esa medida, y atendiendo las reglas de unificación, debe ser
excluida del IBC para determinar los ajustes respecto al sistema de la protección social
para los trabajadores que recibieron este pago.
(…)
Pone de presente lo anterior que, el cálculo efectuado por la entidad contraviene las
reglas de unificación que orientan este tema, pues no se debió integrar la bonificación
al IBC, comoquiera que este reconocimiento laboral, per se, no tenía la connotación
salarial, resultaba clasificable en el primer grupo del artículo 128 del Código Sustantivo
del Trabajo, que no en el cuarto grupo.
(Se subraya).
De lo expuesto se colige que la UGPP concluyó que las bonificaciones por mutuo
acuerdo tenían naturaleza salarial, por considerar que no existía una manifestación
expresa sobre su carácter no salarial. No obstante, según se indicó previamente, la
Sala advierte que la bonificación por mutuo acuerdo en ningún caso retribuye el
servicio prestado, por lo que encaja en el supuesto del artículo 128 del CST y, por
disposición legal, tiene naturaleza no salarial. En consecuencia, no debe integrar el
18
Sentencia del 5 de mayo de 2022, exp. 25553, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Criterio reiterado en sentencia del 1°
de junio de 2023, exp. 26304, MP. Milton Chaves García.
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IBC de los aportes ni se encuentra sujeta al límite del 40 % previsto en el artículo 30
de la Ley 1393 de 2010, razón por la cual prospera el cargo de apelación.
En esas condiciones, se ordenará a la UGPP practicar una nueva liquidación en la
que se eliminen los ajustes efectuados en aquellos casos en que se integraron al
IBC los pagos por «bonificación por mutuo acuerdo», por no constituir salario, no
integrar la base de aportes al sistema de seguridad social ni estar sujetos a la
limitante del 40%.
2.3. Aportes a fondos mutuos de inversión
El Tribunal sostuvo que los valores relativos a este concepto debían integrarse al
IBC en la proporción que excediera el 40 % de la remuneración, en atención a su
carácter no salarial, pues «es la demandada quien realiza el pago de esos aportes en
cabeza de sus trabajadores, pero con cargo a cuentas contables de gastos y costos de
personal». A su vez, la apelante afirmó que el a quo se abstuvo de valorar las pruebas
aportadas —en especial, las transferencias mensuales a CONFEDEGAS y los formularios
de afiliación—, las cuales acreditan que tales valores no corresponden a pagos
asumidos por la empresa, sino a descuentos aplicados a los 71 trabajadores
afiliados, motivo por el cual no es procedente mantener los ajustes realizados por la
UGPP.
Conviene entonces señalar que en la Resolución RDC 226 de 2018, la demandada
consideró lo siguiente:
«Debido a que el aportante discute que los aportes a fondos mutuos de inversión
corresponden a aportes que realiza el mismo trabajador y que por lo tanto le son
descontados, se identificó que los valores por este concepto se registraron como parte
de una sumatoria dentro de la columna denominada "Otros pagos no detallados en
nómina" del archivo excel adjunto a la liquidación oficial. Al verificar de dónde fue
tomada esta información se evidencia que corresponden a los registros de las cuentas
contables 5101639901 y 7505797001 denominadas "Aportes a fondos mutuos de
inversión", cuentas que están relacionadas con gastos operativos y no a deducciones
realizadas a los trabajadores.
Si bien la empresa aporta al proceso la política de Gestión Humana para ahorro
voluntario "CONFEDEGAS" y formularios de afiliación al fondo mutuo de inversión
"CONFEDEGAS", по es posible considerar con estas pruebas que las sumas de este
fondo corresponden exclusivamente a pagos hechos sólo por el trabajador, pues como
se indicó previamente, las cuentas donde se registraron los valores tomados en la
liquidación oficial son cuentas relacionadas con gastos operativos y no con
descuentos, de otra parte, al revisar la (sic) explicaciones entregadas por la sociedad
impugnante en el trascurso de la investigación con el radicado número
201670010196592 del 25 de enero de 2016, en el archivo nombre “6. DESCRIPCIÓN
OTROS PAGOS”, se reconoce que es ella quien hace los pagos:
Justificación
Nombre cuenta contable/
No. Cuenta Explique por qué se encuentran pagos
Nombre Concepto o
Contable contabilizados a nombre de trabajadores en la
Beneficio
cuenta
Es un beneficio extralegal no constitutivo de salario,
que otorga la empresa por mera liberalidad para
el fondo mutuo. Adicionalmente éste beneficio se
Aportes A Fondos
5101639901 otorga a los trabajadores que se encuentran afiliados
Mutuos de Inversión
al fondo mutuo y que realizan aportes; todo lo
anterior de acuerdo a lo establecido en la política de
Gestión Humana.
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Es un beneficio no constitutivo de salario, que
otorga la empresa por mera liberalidad para el
fondo mutuo. Adicionalmente éste beneficio se
Aportes A Fondos
7505797001 otorga a los trabajadores que se encuentren afiliados
Mutuos de Inversión
al fondo mutuo y que realizan aportes; todo lo
anterior de acuerdo a lo establecido en la política de
Gestión Humana.
Por lo anterior no es posible modificar ajustes y eliminar de la base de cotización los
pagos por concepto de aportes a fondo mutuo de inversión al no demostrar la empresa
que correspondían exclusivamente a descuentos realizados a los empleados».
En suma, la entidad concluyó que los aportes al fondo mutuo de inversión
constituían un pago de naturaleza salarial, pues estimó que, aunque Alcanos de
Colombia allegó la política de Gestión Humana para el ahorro voluntario en
Confedegas y los formularios de afiliación al fondo, tales documentos no eran
suficientes para acreditar que los rubros fueran asumidos exclusivamente por el
trabajador. Por el contrario, advirtió que las cuentas contables núm. 5101639901 y
7505797001, denominadas «aportes a fondos mutuos de inversión», registraban
gastos operativos de la empresa y no descuentos efectuados a los empleados.
Previo a analizar el fondo del asunto, resulta necesario precisar que los fondos
mutuos de inversión son personas jurídicas de derecho privado autorizadas por la
ley como un mecanismo para fomentar el ahorro de los trabajadores 19 . Se
constituyen a partir de un acuerdo entre las empresas, privadas o públicas y sus
empleados, con el fin de administrar e invertir los aportes que estos realizan y las
contribuciones que efectúa el empleador, así como sus rendimientos, en el
mercado de valores o en operaciones de crédito20. En ese sentido, los recursos del
Fondo se integran por dos rubros: i) los aportes del trabajador —que pueden ser
legales voluntarios o adicionales voluntarios— y ii) la contribución patronal, cuyo monto
se fija en el convenio y suele corresponder, por mandato legal, al cincuenta por
ciento (50 %) de los aportes legales voluntarios efectuados por el empleado.
A partir de lo anterior, advierte la Sala que en este caso el debate se origina —en
buena medida— por una imprecisión en la delimitación del objeto de discusión en
sede administrativa y judicial. Mientras Alcanos de Colombia centró su reparo en
los aportes efectuados por los trabajadores —que califica como descuentos de
nómina—, la UGPP fundamentó sus ajustes, en las contribuciones patronales
registradas en la contabilidad de la empresa como gastos operativos. Dicho de otro
modo, las partes no controvirtieron el mismo aporte, lo cual explica la divergencia
en sus conclusiones y exige precisar el rubro discutido para efectos de estudiar su
eventual integración al IBC.
En ese contexto, de la verificación de los comprobantes contables
correspondientes a las consignaciones realizadas entre enero y diciembre de 2013
con el Fondo Mutuo de Inversión Confedegas 21 , la Sala advierte que tales
movimientos se registraron en dos cuentas: la núm. 2425260101, «VR/APORTES
FDO MUTUO FUNC MES* ALCANOS», relativa a los aportes de los trabajadores y la
núm. 5101639901, denominada «VR/CONTRIB FDO MUTUO FUNC NOMBRE*»,
concerniente a las contribuciones patronales, de modo que, conforme lo expuesto
19
Decreto 232 del 19 de febrero de 2019, «Por el cual se modifica el decreto 2555 de 2010, en lo relacionado con el funcionamiento de
los fondos mutuos de inversión».
20
Decreto 1705 del 25 de junio de 1985, «Por el cual se dictan normas sobre la actividad de los Fondos Mutuos de Inversión».
21
Samai, Tribunal Administrativo del Huila, índice 21. Contiene un hipervínculo con acceso al expediente
41001233300020190025800. Ruta: «anexos demanda», «1. CD», «1. Aportes a Fondos Mutuos de Inversión».
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en la resolución que decidió el recurso de reconsideración, la controversia se
contrae exclusivamente a esta última.
En procura de decidir el asunto, conviene precisar que la Corte Constitucional en
la Sentencia C-159 de 199822, manifestó que los Fondos Mutuos de Inversión se
orientan a «facilitar y legitimar el apoyo económico-laboral de las empresas a sus
trabajadores; establecer un instrumento idóneo para fomentar el ahorro de estos;
conseguir el incremento de sus ingresos y mejorar sus condiciones económicas; y propiciar
relaciones laborales basadas en el respeto y la cooperación». Bajo esa finalidad, la
contribución del empleador —aunque calculada en proporción al aporte que el
trabajador decide voluntariamente destinar de su salario al Fondo— no comporta una
retribución por el servicio prestado; no es recibida ni queda a disposición del
trabajador; y se encuentra jurídicamente afectada a un propósito específico:
estimular el ahorro y fortalecer la capacidad económica del empleado mediante un
mecanismo de inversión colectiva. En esa medida, no puede endilgarse a dichas
contribuciones una naturaleza salarial, sino que configuran un beneficio extralegal
con finalidad de bienestar y fomento del ahorro.
En el caso concreto, se tiene probado que en el numeral 4.8. del documento
denominado «COMUNICADO INTERNO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN HUMANA» 23 se
estableció lo siguiente:
«La compañía ha realizado un convenio con el Fondo Mutuo de Inversión
"CONFEDEGAS", con el fin de que sus funcionarios puedan realizar un ahorro
mensual voluntario, el valor que a mera liberalidad el funcionario decida ahorrar, debe
estar ajustado a los rangos de descuentos establecidos por el fondo Confedegas, para
el cual se adjunta la tabla:
Este beneficio extra legal no es constitutivo de salario para ningún efecto, toda
vez que no es una remuneración de los servicios prestados por el trabajador, de
igual forma como es un beneficio a mera liberalidad. podrá ser aumentado,
disminuido o eliminado en cualquier momento, sin que esto constituya una
desmejora salarial.
(…)
4.8.1 Para su respectiva afiliación se debe enviar con el formato de afiliación firmado,
fotocopia de la cédula de ciudadanía y certificado laboral donde conste (fecha de
ingreso, tipo de contrato, salario básico).
4.8.2 La Empresa (Alcanos) aporta al Fondo el 50% del valor del aporte voluntario
que realice el funcionario, en el primer año cumplido de su afiliación el Fondo carga
al afiliado el 33% del valor aportado por Alcanos, al siguiente año cumplido de su
afiliación el Fondo aportará el otro 33% para un total de 66%, al tercer año cumplido el
Fondo aporta el 100% del valor aportado por Alcanos.
El funcionario podrá realizar aportes voluntarios adicionales, siempre y cuando no
excedan el 10% del salario básico mensual y sobre estos aportes la empresa Alcanos
no aporta ningún valor».
(Negrillas de la Sala)
De lo expuesto, la Sala advierte que, contrario a lo concluido por el Tribunal, las
contribuciones patronales efectuadas al Fondo Mutuo de Inversión Confedegas no
22
Corte Constitucional. Sentencia C-159 del 29 de abril 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell.
23
Samai, Tribunal Administrativo del Huila, índice 21. Contiene un hipervínculo con acceso al expediente
41001233300020190025800. Ruta: «expediente digital», «017 expediente administrativo», «ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS»,
«RECURSO DE RECONSIDERACIÓN», «ALCANOS DE COLOMBIA», archivo. « POLITICA CONFEDEGAS AHORRO MUTUO.pdf».
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pueden asimilarse a pagos laborales —ni salariales ni no salariales— susceptibles de
integrar el IBC, pues no constituyen una retribución directa o indirecta del servicio ni
un ingreso disponible para el trabajador, sino un beneficio extralegal con destinación
específica orientado al fomento del ahorro. En ese contexto, no resulta procedente
aplicar la regla del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, ni incluir dichos valores en la
base de cotización. En consecuencia, los ajustes efectuados por la UGPP carecen
de sustento y prospera el cargo de apelación.
3. Ajustes propuestos por inexactitud en el pago de los aportes: trabajadores
registrados en PILA y no en nómina
El Tribunal concluyó que el reproche de la demandante carecía de fundamento, al
verificar que en la base de datos que soporta la Resolución RDC 226 de 2018 no
se registraban ajustes imputados al señor Juan Carlos Barrera por periodos
anteriores al 1.º de febrero de 2013. Por su parte, la apelante afirmó que dicha
conclusión es errónea, pues la hoja de cálculo que sustenta el acto administrativo
sí incluye ajustes a cargo del referido trabajador en meses previos a su vinculación
laboral —acreditada mediante contrato de trabajo y planilla PILA como iniciada el 1.º de
febrero de 2013—, razón por la cual tales valores carecen de sustento fáctico y
jurídico y deben ser eliminados.
Al respecto, de la Resolución RDC 226 de 2018 y del archivo Excel anexo, la Sala
advierte que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, el trabajador Juan Carlos
Barrera sí registra ajustes correspondientes al mes de enero de 2013 frente al
subsistema de riesgos laborales. No obstante, los documentos obrantes en el
plenario24 —en especial, los reportes de novedades de 2 y 3 de enero de 2013, así como
la comunicación en la que la auxiliar de gestión humana informa que el trabajador «seguirá
haciendo parte de la compañía, reanudando sus labores a partir del día viernes 4 de enero
de 2013»— dan cuenta de que el empleado efectivamente prestó sus servicios en
dicho periodo.
En ese contexto, si bien se constata la existencia del ajuste, también se verifica que
este se encuentra soportado en la efectiva prestación del servicio, lo que desvirtúa
el reproche. En consecuencia, el cargo de apelación no prospera.
4. Inexistencia de vinculación laboral para el periodo cobrado. Novedades de
ingreso y retiro
El Tribunal, con fundamento en la base de datos en Excel que soporta la Resolución
RDC 226 de 24 de mayo de 2018, concluyó que la UGPP ya había ajustado la
liquidación de manera que los aportes solo se causaran hasta el mes en que existió
vinculación laboral respecto de los trabajadores discutidos, por lo que consideró
infundado el cargo relativo a la inexistencia de vínculo en los periodos cobrados. La
apelante, por su parte, sostuvo que el reparo no se agotó en la verificación del mes,
sino en el número real de días laborados, pues la UGPP imputó ajustes por 30 días
completos aun cuando varios trabajadores cesaron labores antes de finalizar el mes
— Jennifer Alzate Ochoa, Claudia Emilce Gutiérrez Garzón, Ronal René Ramos Portilla,
Julián David Pérez Castaño y Edward Antonio Marín Alfonso —, de modo que se
liquidaron aportes presuntos por días no trabajados y no se excluyeron los ajustes
24
Samai, Tribunal Administrativo del Huila, índice 21. Contiene un hipervínculo con acceso al expediente
41001233300020190025800. Ruta: «expediente digital», «017 expediente administrativo», «ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS»,
«RECURSO DE RECONSIDERACIÓN», «ALCANOS DE COLOMBIA», archivo. «CTTO DE TRABAJO JUAN CARLOS BARRERA.pdf».
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en todos los subsistemas, pese a las novedades de retiro registradas en PILA y al
deber de cotizar sobre el IBC efectivamente devengado.
La Sala advierte que al revisar el archivo Excel y la Resolución RDC 226 de 24 de
mayo de 2018, que resolvió el recurso de reconsideración contra la Liquidación
Oficial RDO-2017-00584 de 29 de abril de 2017, los trabajadores Jennifer Álzate
Ochoa, Claudia Emilse Gutiérrez Garzón y Edward Antonio Marín Alfonso no
presentan ajustes asociados a un indebido cómputo de los días efectivamente
laborados, sino por razones distintas expresamente consignadas por la UGPP. En
todos los casos, las observaciones registran: «Persiste ajuste, el aportante no tuvo en
cuenta el total de pagos salariales para el cálculo del IBC», lo que evidencia que la
discusión no gira en torno a la novedad de retiro, sino al alcance de los factores
salariales incluidos en la base declarada.
En cuanto a Julián David Pérez Castaño, la información de la hoja de cálculo
muestra que solo laboró 10 días en agosto de 2013. En las observaciones se
consignó: «Disminuye ajuste, se revisan auxiliares contables que reposan en el
expediente, se corrigen los valores pagados por concepto de "sueldo"; el aportante canceló
aportes por valor inferior», lo que demuestra que el ajuste residual obedece a un IBC
inferior al registrado contablemente, y no a un desconocimiento de la fecha de retiro.
A su vez, respecto de Ronal Rene Ramos Portilla —desvinculado el 6 de julio de
2013— se evidencia un ajuste en dicho mes exclusivamente frente al subsistema de
caja de compensación familiar. La observación correspondiente señala: «Persiste
ajuste, el valor de las vacaciones se tiene en cuenta para el mes pagado en nómina de
salarios de acuerdo con el Art. 17 L. 21 de 1982». Es decir, el ajuste deriva de la
inclusión obligatoria de las vacaciones en el IBC del mes del retiro, y no de una
presunta presunción de treinta días.
En ese contexto, la Sala concluye que los ajustes controvertidos no se originan en
un supuesto desconocimiento de las novedades de retiro ni en una presunción de
cotización por mes completo —como lo afirma la demandante—, sino en elementos
objetivos verificados por la UGPP: inclusión de pagos salariales devengados al
cierre de la relación laboral, corrección de bases inferiores y aplicación de la regla
del artículo 17 de la Ley 21 de 1982. En consecuencia, el cargo no prospera.
5. Ajustes respecto de la señora Diana Milena Valenzuela
El Tribunal consideró acreditado que, aun con la suspensión del contrato de
aprendizaje por las incapacidades de la señora Diana Milena Valenzuela, este no
se extendió hasta la vigencia 2013, por lo que estimó procedentes los ajustes
efectuados para ese año. La apelante, por su parte, adujo que dicho contrato
terminaba en enero de 2012, pero que la aprendiz sufrió una incapacidad superior
a 180 días, circunstancia que condujo a la sociedad a continuar realizando aportes
al subsistema de salud hasta agosto de 2013, según se evidencia en las planillas
PILA 4449254, 4531136, 4607754, 14924476, 14862855, 14772347, 14678553 y
5078717, de modo que no habría lugar a los ajustes respecto de los demás
subsistemas.
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En el expediente se encuentra probado25 que en el contrato de aprendizaje suscrito
entre Alcanos de Colombia y la señora Diana Milena Valenzuela Losada se pactó
como fecha de inicio el 1.° de febrero de 2010 y de finalización el 19 de enero de
2012. Ahora bien, conforme con las incapacidades presentadas entre el 29 de
diciembre de 2011 y el 29 de junio de 2012, y teniendo en cuenta que en la última
expedida por el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo E.S.E. se
indica «incapacidad de 30 días desde el 30 de mayo de 2012», dicho contrato se reanudó
el 30 de junio de 2012, finalizando el 19 de julio de 2012, pues la suspensión fue de
22 días26, y no en agosto de 2013, como lo pretende la demandante. En ese sentido,
para el año de fiscalización 2013, el contrato de aprendizaje suscrito entre Alcanos
de Colombia y la mencionada aprendiz ya había finalizado, por lo que procede
mantener los ajustes determinados por la UGPP. En consecuencia, no prospera el
cargo de apelación.
6. Sobre los cargos relativos a mora e inexactitud, novedades laborales y
errores en el registro de nómina
Frente a la determinación de ajustes de las conductas de mora e inexactitud, la
apelante sostuvo que la UGPP sí endilgó ambas conductas sobre los mismos
trabajadores, periodos y aportes, considerando que al filtrar los archivos Excel y
SQL emergen idénticos sujetos y meses, en contravía del principio de non bis in ídem.
Agregó que la inexactitud no incorpora la mora, dado que los intereses moratorios
no se tasan en los actos ni integran el aporte a salud o pensión, sino que son una
consecuencia sancionatoria que se liquida al momento del pago a través de la PILA.
En lo relativo a las vacaciones, incapacidades y licencias no remuneradas, el a quo
señaló que los ajustes realizados por la entidad demandada en el archivo Excel
anexo a la resolución que resolvió el recurso de reconsideración no corresponden
a la totalidad de trabajadores que presentaron dichas novedades, sino únicamente
a aquellos casos en los que la UGPP determinó que no fueron liquidados
correctamente.
A su turno, respecto de la novedad de vacaciones disfrutadas en tiempo, la apelante
afirmó que la sociedad dio cumplimiento a lo previsto en los artículos 186, 187, 189
(modificado por el artículo 20 de la Ley 1429 de 2010, sobre compensación en
dinero de las vacaciones) y 190 del CST. En cuanto a las incapacidades, afirmó
que, cuando se generan pagos retroactivos, realiza los ajustes correspondientes en
materia de seguridad social, descontando los aportes en la proporción a cargo tanto
del trabajador como del empleador. En lo relativo a las licencias no remuneradas,
señaló que ha efectuado las cotizaciones conforme a derecho, reconociendo el pago
total por estos periodos en la proporción y subsistemas que corresponde. Por lo
anterior, solicitó que «se haga un análisis acucioso de cada novedad según se registra
en el archivo en Excel y no se examine de manera general ya que las novedades, periodos
y valores están debidamente relacionados en el cuadro que la misma entidad demandada
trabajó para proferir las resoluciones aquí atacadas».
Finalmente, en relación con el cargo denominado «Errores en el registro de nómina
deben prevalecer vs. el principio de primacía de la realidad», el Tribunal negó la
pretensión al considerar que la demandante no identificó de manera concreta los
25
Samai, Tribunal Administrativo del Huila, índice 21. Contiene un hipervínculo con acceso al expediente
41001233300020190025800. Ruta: «expediente digital», «017 expediente administrativo», «ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS»,
«RECURSO DE RECONSIDERACIÓN», «ALCANOS DE COLOMBIA», archivo. «AP DIANA MILENA VALENZUELA.pdf».
26
Tres (3) días de diciembre de 2011 y 19 del mes de enero de 2012.
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casos en los que se habrían presentado los errores. En la apelación, la sociedad
sostuvo que, por errores humanos y contables, remitió a la UGPP información
equivocada de nómina, aunque los pagos fueron registrados correctamente en las
planillas PILA, y sostuvo que los casos respectivos se encuentran relacionados en
el archivo Excel allegado.
Frente a este asunto, la Sala advierte que la apelante no efectuó la correlación
necesaria para individualizar los casos en los que se habrían configurado las
irregularidades alegadas —ya sea violación del principio de non bis in ídem, errores en
la determinación de ajustes por novedades o errores en los registros de nómina—.Se
destaca que no corresponde hacer en esta instancia un análisis sobre la totalidad
de los trabajadores de Alcanos de Colombia para los diferentes subsistemas, puesto
que solo es procedente conocer de los reparos concretos formulados contra la
decisión de primera instancia.
En ese sentido, la Sección27 ha reiterado el pronunciamiento de esta Corporación28
según el cual:
«(…) se desconoce el hecho que se ha abierto una instancia procesal diferente,
promovida por las propias partes (o una de ellas, como en este caso), para que el
superior “revise la providencia del inferior y corrija sus errores” -y no para que se
pronuncie de nuevo sobre la totalidad de la causa-. De ahí́ que se pueda calificar de
defectuoso e insuficiente, en tanto desconoce que la impugnación parte de la base,
señalada por igual por la legislación y la jurisprudencia e impuesta por el mandato
constitucional de garantía del debido proceso, de una exposición clara, razonada y
concreta de los motivos de inconformidad del recurrente con la decisión atacada. No
otra es la razón por la cual en esos eventos habitualmente se opta por dar por fallida
la censura intentada y se confirma la decisión apelada».
Es por lo anterior, que, al no contar con la precisión necesaria para estudiar las
presuntas irregularidades de la sentencia de primera instancia, debe confirmarse la
misma, en lo relacionado con estos cargos.
7. Ajustes respecto de Maria Alejandra Fonseca Parra
La Sala abordará el ajuste aplicado a María Alejandra Fonseca Parra, por tratarse
de un aspecto examinado con detalle en la sentencia apelada. Al respecto, la
recurrente sostuvo que, aunque la UGPP corrigió la tarifa de riesgos laborales —de
6,96 % a 0,522 %—, mantuvo un ajuste de $3.100 con el argumento de no poder
confirmar el pago correspondiente al período faltante. Indicó que, conforme a la
certificación expedida por ARL SURA —en la que consta la tarifa aplicable— y a las
planillas de aportes allegadas al expediente, se acredita el cumplimiento íntegro de
la obligación, por lo que el ajuste debía eliminarse.
Al respecto, la Sala advierte que en la liquidación oficial la UGPP determinó
inicialmente un ajuste de $41.000 por concepto de aportes a riesgos laborales, al
aplicar una tarifa del 6,96 % sobre un IBC de $589.000; no obstante, en la base de
datos que soporta la Resolución RDC 226 de 2018 se evidencia que dicho valor fue
27
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 8 de septiembre de 2022, exp. 25958. MP. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello. Ver también, Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 3 de marzo de 2022, exp 25206. MP. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
28
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 16 de julio de 2015, exp. 08001-23-31-000- 2009-00844-01. MP.
Guillermo Vargas Ayala.
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corregido, registrándose únicamente un ajuste de $3.100, calculado con la tarifa del
0,522 %. Por lo tanto, no prospera el cargo de apelación.
8. Exoneración de aportes al SENA e ICBF para los contribuyentes del
impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)
El Tribunal sostuvo que, a partir de mayo de 2013, la UGPP únicamente propuso
ajustes frente a los aportes al SENA y al ICBF, con fundamento en que ciertos
trabajadores devengaron un IBC superior a diez (10) SMMLV, límite previsto para
la procedencia del beneficio. Por su parte, la apelante afirmó que la empresa sí tuvo
en cuenta todos los ingresos percibidos por cada trabajador en el respectivo mes,
pero que la UGPP, al verificar la procedencia de la exoneración derivada del CREE,
desconoció la naturaleza jurídica de la mayoría de los pagos efectuados y calculó
el tope con base en la totalidad de los pagos, incluyendo conceptos no salariales, lo
que —en su criterio— condujo a ajustes improcedentes que debían ser eliminados.
Para la época de los hechos, la exoneración se encontraba regulada en el artículo
25 de la Ley 1607 de 201229, que dispuso que las personas jurídicas declarantes
del impuesto sobre la renta quedarían exoneradas del pago de aportes al SENA y
al ICBF respecto de los trabajadores que devengaran individualmente hasta diez
(10) SMMLV. Este beneficio fue reglamentado para efectos del impuesto sobre la
renta para la equidad —CREE— por el Decreto 862 de 2013 (antes 806 de 2013),
cuya aplicación inició el 1.º de mayo de 2013.
No obstante, de conformidad con el artículo 31 de la misma Ley 1607 de 2012 30,
durante el año 2013 no operaba la exoneración en materia de aportes a salud, pues
esta solo resultaba aplicable a partir del 1.º de enero de 2014. En consecuencia,
tratándose de los periodos fiscalizados —todos del año 2013—, la exoneración
únicamente cobijaba los aportes al SENA e ICBF.
A su turno, esta Sección 31 ha precisado que la expresión «devengar» hasta 10
SMMLV debe entenderse en función de los pagos que naturalmente conforman el
IBC, es decir, exclusivamente aquellos con naturaleza salarial, conforme a las reglas
de los artículos 127 y 128 del CST.
En el caso concreto, la UGPP expuso en la resolución que decidió el recurso de
reconsideración:
«(…) esta Dirección encontró que sí se tomaba únicamente los pagos por concepto de
sueldos para periodos diferentes a mayo, junio y julio y agosto de 2013, el monto no
superaba los 10 SMMLV, sin embargo, estos empleados percibieron pagos adicionales
descritos por esta Unidad como pagos no salariales tomados del formato de nómina y
la contabilidad allegadas al proceso, los cuales una vez sumados con el sueldo daban
como devengaron un valor superior al citado tope, por tanto, no es posible considerar
que devengaron menos del 10 SMMLV cuando es evidente que es todo lo contrario.
Para estos empleados fue es (sic) posible disminuir el total devengado de ahí que los
ajustes deban persistir en esta instancia.
29
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones
sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales». Derogado por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016.
30
“Artículo 31. Adiciónese un parágrafo al artículo 204 de la Ley 100 de 1993: // Parágrafo 4°. A partir del 1o de enero de
2014, estarán exoneradas de la cotización al Régimen Contributivo de Salud del que trata este artículo, las sociedades y
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, por sus
trabajadores que devenguen hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
31
Cfr. sentencias del 24 de febrero de 2022, exp. 25302, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, del 25 de agosto de 2022,
exp. 25623, del 17 de noviembre de 2022, exp. 26489 y 19 de octubre de 2023, exp. 27671, MP. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
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32
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Demandante: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
No obstante lo anterior, para el caso de los empelados a los que en esta oportunidad
se logró demostrar el carácter no salarial de las bonificaciones semestrales según se
explicará en el numeral 3.2.3.1, así como para aquellos a los que se eliminó de lavase
de aportes los descuentos a AFC según se explica en el numeral 3.2.4 de esta
providencia, sí resultó procedente modificar ajustes, tanto en los meses donde solo se
calculaba el tope con los pagos salariales como en aquellos en donde se tuvo en
cuenta los salariales y no salariales de acuerdo a la vigencia de las normas que
regularon la exoneración».
Como se observa, la demandada asumió que el límite de los 10 SMMLV debía
calcularse con base en el total devengado, comprendiendo tanto pagos salariales
como no salariales. Sin embargo, esta Sala reitera que el tope de devengo debe
determinarse únicamente a partir de los pagos salariales 32 , conforme al
entendimiento jurisprudencial consolidado.
En este proceso, la Sala ha establecido que varios de los pagos discutidos —entre
ellos, las bonificaciones semestrales— no tienen carácter salarial. Ello incide
directamente en la determinación del devengo mensual y, por tanto, en la
procedencia de la exoneración.
En consecuencia, prospera el cargo de apelación, y se ordenará a la UGPP eliminar
los ajustes efectuados frente a los subsistemas SENA e ICBF para los trabajadores
que, una vez depurado el IBC conforme a los criterios expuestos, devenguen por
concepto salarial una suma igual o inferior a diez (10) SMMLV, en los términos de
los artículos 25 y 31 de la Ley 1607 de 2012.
9. Devolución de las sumas pagadas como consecuencia de los actos
anulados
En atención a la nulidad que se declarará respecto de los actos demandados,
corresponde establecer si hay lugar a la devolución de las sumas pagadas al
amparo de estos, junto con la actualización de su valor, como lo solicitó la
demandante.
Frente a este asunto, la Sala reitera33 que, de conformidad con el artículo 311 de la
Ley 1819 de 2016, a la UGPP se le puede ordenar la devolución de los mayores
valores pagados por los aportantes a título de aportes o sanciones al Sistema de la
Protección Social (SPS), como consecuencia de la anulación de los actos
administrativos por ella expedidos, sin incluir corrección monetaria o indexación34;
además, habida cuenta de que no existe para esos conceptos un trámite específico
de devolución por pago en exceso o de lo no debido equivalente al previsto en los
artículos 850 y siguientes del ET, ni tales disposiciones resultan aplicables por
remisión.
En desarrollo de esa disposición normativa, corresponde a la demandada proferir,
dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la decisión judicial, el acto
administrativo mediante el cual ordene la devolución de los montos
correspondientes a las administradoras del SPS que recibieron los recursos. A su
vez, dichas administradoras deberán hacer efectiva la devolución dentro de los dos
32
Sentencia del 28 de noviembre de 2024, exp. 28711, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
33
Sentencias del 29 de junio de 2023, exp. 27166, y del 9 de marzo de 2023 exp. 26620, MP. Wilson Ramos Girón, y del 1.°
de septiembre de 2022, exp. 26208, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto y exp. 26343, MP. Milton Chaves García.
34
Sentencias del 29 de junio de 2023, exp. 27166, MP. Wilson Ramos Girón.
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meses siguientes a la notificación del acto que la ordena, so pena de causar
intereses moratorios a su cargo «a la tasa de interés bancario corriente certificada por la
Superintendencia Financiera por el período en el que se realiza el pago».
Sobre el particular, se observa que el 6 de septiembre de 2018 la demandante pagó,
a través de la PILA, aportes con destino al Sistema de Seguridad Social Integral por
valor de $590.662.25035, y que el 7 de septiembre siguiente canceló la suma de
$115.767.30036 por concepto de sanción por inexactitud; asimismo, mediante Auto
N.° AA-22597 del 20 de febrero de 2019 37 , la UGPP ordenó la terminación del
proceso administrativo de cobro 93563 por pago total de la obligación.
Así las cosas, teniendo en cuenta que se declarará la nulidad parcial de la
Liquidación Oficial RDO-2017-00584 del 29 de abril de 2017 y de la Resolución RDC
226 del 24 de mayo de 2018, y se ordenará la reliquidación de los aportes a que
ello da lugar, se ordenará a la entidad demandada la devolución de los pagos
realizados por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. con ocasión de dichos actos.
Conclusiones
La UGPP cuenta con la competencia funcional para determinar la adecuada,
completa y oportuna liquidación y pago de aportes parafiscales a los diversos
subsistemas que conforman el Sistema de Protección Social y conforme con las
facultades de fiscalización, puede aplicar las normas laborales como es el caso de
los artículos 127 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo y 17 de la Ley 344
de 1996, así como las normas que regulan cada subsistema para efectos de evaluar
si los pagos tienen naturaleza salarial o no en torno a la obligación tributaria y la
relación empleador – UGPP.
En cuanto al IBC, se establece que las bonificaciones por mutuo acuerdo tienen
naturaleza no salarial (art. 128 CST), por lo que no integran la base ni están sujetas
al límite del 40% del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Igual conclusión aplica a
los aportes patronales a fondos mutuos de inversión (Confedegas), que constituyen
un beneficio extralegal orientado al fomento del ahorro y, por ende, no remuneran el
servicio ni se someten a la limitante del 40%.
En relación con la indebida contabilización de los días laborados, la Sala evidenció
que los ajustes persisten por razones diferentes a las aludidas por la demandante
como son la inclusión en el IBC de los pagos salariales y la novedad de vacaciones,
por lo que el cargo de apelación de la demandante no prospera.
Asimismo, se estima que la UGPP debe eliminar los ajustes frente a los subsistemas
SENA e ICBF de los trabajadores que cumplan el requisito para beneficiarse de la
exoneración de aportes – devengos salariales hasta 10 SMMLV-, teniendo en cuenta el
análisis realizado en la sentencia respecto de los pagos que hacen parte del IBC.
35
Samai, Tribunal Administrativo del Huila, índice 21. Contiene un hipervínculo con acceso al expediente
41001233300020190025800. Ruta: «expediente digital», «017 expediente administrativo», «ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS»,
«RQI», «891101577.zip», «891101577.zip», «ALCANOS UGPP», «ALCANOS UGPP», «PLANILLAS CANCELADAS 2013 UGPP EXCEL» y
«PLANILLAS CANCELADAS 2013 UGPP PDF».
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Samai, Tribunal Administrativo del Huila, índice 21. Contiene un hipervínculo con acceso al expediente
41001233300020190025800. Ruta: «expediente digital», «017 expediente administrativo», «ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS»,
«RQI», «891101577.zip», «891101577.zip», «ALCANOS UGPP», «ALCANOS UGPP», «Soporte de pago sanci├│n UGPP sept 2018.pdf».
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Samai, Tribunal Administrativo del Huila, índice 21. Contiene un hipervínculo con acceso al expediente
41001233300020190025800. Ruta: «ExpedienteDigitalizado», «CD ANTEC ADTIVOS», arch. «ACC. QUE ORDENA TERMINACIÓN Y
ARCHIVO DEL PROCESO.pdf».
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En síntesis, ante la prosperidad parcial de los cargos relacionados con la inclusión
en el IBC de pagos que por su naturaleza no son salariales o fueron desalarizados,
la Sala revocará la sentencia del tribunal y declarará la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados y a título de restablecimiento del derecho ordenará a
la UGPP la reliquidación de los aportes excluyendo del IBC los conceptos por:
bonificación por mutuo acuerdo, así como los aportes a fondo mutuo de inversión
de acuerdo con lo expuso en la parte motiva de esta providencia. De igual manera,
se ordenará la exclusión de pago de los aportes a Sena e ICBF respecto de los
trabajadores que devengaron conceptos salariales inferiores al tope de los 10
SMMLV. Lo anterior conduce a que se modifique la sanción por inexactitud.
La UGPP expedirá el correspondiente acto administrativo, acto de ejecución
destinado a materializar las órdenes impartidas en la parte resolutiva de esta
sentencia. Las eventuales inconformidades con el acto de ejecución podrán ser
objeto de control mediante el proceso ejecutivo, con fundamento en este fallo como
título ejecutivo, conforme a los artículos 192, 297 y 298 del CPACA.
Condena en costas
La Sala se abstendrá de imponer condena en costas en esta instancia, comoquiera
que en este caso prosperaron parcialmente las pretensiones, conforme el numeral
5 del artículo 365 del Código General del Proceso (aplicable por remisión del artículo
188 de la Ley 1437 de 2011).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley.
FALLA
1. Revocar la sentencia del 4 de junio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila. En su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial nro. RDO-2017-
00584 de 29 de abril de 2017, expedida por la Subdirección de Determinación de
Obligaciones de la UGPP contra la sociedad Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. por mora
e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la protección
social por los períodos de enero a diciembre de 2013 e impuso sanción por inexactitud
y de la Resolución nro. RDC 226 de 24 de mayo de 2018, que decidió el recurso de
reconsideración, en el sentido de disminuir los ajustes y la sanción.
SEGUNDO: En consecuencia y, a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP que practique una nueva liquidación en la que elimine
del ingreso base de cotización (IBC) y del límite establecido en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010, los pagos por concepto de bonificación por mutuo acuerdo y de aportes
a fondos mutuos de inversión; elimine los ajustes efectuados por concepto de aportes
al SENA e ICBF respecto de los trabajadores cuyo devengo salarial, una vez excluidos
los pagos que no integran el IBC, no supere el tope de diez (10) SMMLV; y ajuste las
sanciones en la forma que corresponda.
Asimismo, ORDENAR a la UGPP que, previa verificación de los pagos realizados por
la demandante, adelante el procedimiento correspondiente para la devolución que
resulte procedente de las órdenes aquí dadas y en los términos del artículo 311 de la
Ley 1819 de 2016.
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Demandante: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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