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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00278-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00278-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el cinco (5) de agosto de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2019-00278-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00278-01 (2787-2025)
Demandante: Departamento del Huila
Demandada: María Luisa Díaz Camacho

Tema: Marco normativo aplicable a la devolución de mesadas
percibidas. Buena y male fe. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el cinco (5) de agosto de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El departamento del Huila instauró demanda contra la señora María Luisa Díaz
Camacho, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de la Resolución Nro. 1193 de 2006, por medio de la
cual se reconoció una pensión de jubilación a favor del señor Farith Camacho
Narváez, a partir del 27 de noviembre de 2003; y de la Resolución Nro. 1329 de
2014, mediante la cual se reconoció la sustitución pensional a favor de la señora
María Luisa Díaz Camacho, con ocasión del fallecimiento del señor Camacho
Narváez.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene la suspensión del
pago definitivo de la pensión que se reconoció a favor de la demandada y que se le
condene a reintegrar las sumas que percibió desde el momento en que se le
reconoció la prestación y hasta cuando se profiera la sentencia.

HECHOS

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4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5. Que mediante Resolución Nro. 1193 de 2006, el Gobierno departamental
reconoció una pensión mensual vitalicia de jubilación a favor del señor Farith
Camacho Narváez, a partir del 27 de noviembre de 2003 y que dicho señor falleció
el 21 de julio de 2014, razón por la cual se reconoció una sustitución pensional a la
señora María Luisa Díaz Camacho, a través de la Resolución Nro. 1329 de 2014.

6. Que el 9 de febrero de 2017, el archivo departamental del Huila expidió una
constancia laboral del señor Farith Camacho Narváez, en la que se advirtió que no
reportaba historia laboral, por lo que se concluyó que se efectuó un reconocimiento
pensional sobre un tiempo de vinculación inexistente.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Se indicaron como violados los artículos 1, 2, 4, 121, 122, 123 y 305 de la
Constitución Política; el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945; el artículo 1 de la Ley 33
de 1985; el artículo 151 de la Ley 100 de 1993; el artículo 1 del Decreto 2527 de
2000; y las Sentencias T-1044 de 2001 y T-294 de 2003.

8. En el concepto de violación manifestó que los actos administrativos demandados
se expidieron con falsa motivación y con ellos se causó una lesión a los intereses
económicos y patrimoniales de la autoridad administrativa que los expidió.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

9. La demanda se admitió en auto del 28 de junio de 20191. La señora María Luisa
Díaz Camacho se opuso a las pretensiones, bajo el argumento de que el
departamento del Huila no demostró que no fuera beneficiaria de la sustitución
pensional por el fallecimiento del señor Farith Camacho Narváez, ya que no aportó
pruebas que permitieran concluir que el reconocimiento pensional que se hizo a
favor de este fue fruto de una falsedad.

10. Que el departamento tuvo el tiempo suficiente para revisar el cumplimiento de
los requisitos legales que acreditó quien en vida era su esposo y, de ese modo,
determinar si efectivamente los cumplió o no. Señaló que la demandante, desde
mayo de 2017, dejó de pagarle las mesadas pensionales, frente a lo cual no
manifestó queja alguna, ni inició trámite judicial para lograr el pago de las mesadas.

11. Considera que no hay lugar a la devolución de las mesadas pagadas, en la
medida que no se valió de medios fraudulentos para obtener el reconocimiento
pensional, porque solo reclamó lo que en derecho le correspondía2.

12. El 13 de abril de 2021 se celebró la audiencia inicial, en la que se fijó el litigio y
se decretaron las pruebas3. El 5 de agosto de 2025 se dictó sentencia que fue
apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.

1 Véase a folios 52-53 PDF del archivo «2019-00278» del expediente digital.
2 Véase a folios 76-99 PDF, ibid.
3 Véase el archivo «009ActaAudienciaInicial» del expediente digital.

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

13. El Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia del cinco (5) de agosto de dos
mil veinticinco (2025), accedió parcialmente a las pretensiones. Indicó que de
acuerdo con el material probatorio se concluyó que el reconocimiento pensional que
se efectuó a favor del señor Farith Camacho Narváez se fundamentó en los
requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985.

14. Que, según el registro civil de nacimiento, el señor Camacho Narváez cumplió
55 años el 2 de noviembre de 1997, fecha a partir de la cual se indicó en la
Resolución Nro. 1193 de 2006 que la pensión se hacía exigible, pero que era
efectiva, por prescripción trienal, a partir del 27 de noviembre de 2003, por lo que
se acreditó el primer requisito para ser beneficiario de la prestación.

15. Adujo que el punto de discusión se centraba en el cumplimiento o no de los 20
años de servicio continuos o discontinuos al departamento del Huila. Que la
Resolución Nro. 1193 del 1° de diciembre de 2006 señaló que el causante laboró
en forma ininterrumpida desde el 1° de enero de 1966 hasta el 30 de diciembre de
1986 como empleado oficial, periodo para el cual estuvo afiliado a la Caja
Departamental de Provisión Social.

16. Que la certificación de tiempo de servicios no se aportó al proceso con la
demanda y tampoco con el expediente administrativo que le fuera solicitado a la
Gobernación del Huila pero que, pese a ello, en el testimonio que rindió la señora
María Marcela Cely Casanova se precisó que la certificación del tiempo de servicios
fue expedida el 15 de noviembre de 2006 por el jefe de archivo de la época, en la
cual se indicó que el causante desempeñó los siguientes cargos en la Gobernación
del Huila: obrero de la Secretaría de Agricultura, secretario del inspector de Policía
e inspector de vías de la Secretaría de Obras Públicas.

17. Sostuvo que si bien era cierto que la Contraloría Departamental del Huila realizó
en el 2016 una auditoría especial al Fondo Territorial de Pensiones del
departamento en las vigencias 2002-2007, en la misma se arribó a la conclusión de
que se efectuaron reconocimientos pensionales a personas sin evidencia de su
vinculación laboral, ni soportes como funcionarios del departamento, que se
enlistaron 21 casos, entre los cuales no se mencionó al señor Farith Camacho
Narváez.

18. Que la presunta irregularidad en el reconocimiento pensional del señor Farith
Camacho Narváez fue advertida por un «veedor pensional» mediante oficio del 16
de enero de 2016 dirigido al secretario general de la época de la Gobernación del
Huila, en el que se indicó que aquel no laboró un solo día en dicha entidad, por
cuanto su domicilio estuvo en el departamento del Meta, principalmente, en
Villavicencio, donde estaba ubicada su residencia.

19. Que el anterior documento fue remitido a la Dirección Seccional de Fiscalías,
en el que se indicó que revisado y confrontado el archivo central del departamento
del Huila no se registró información del señor Farith Camacho Narváez en los
índices de historias laborales, expedientes de cesantías, Kardex Zafiro ADM y
nóminas de los respectivos años certificados como laborados. Que, en el mismo

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sentido, se profirió la certificación del 1° de abril de 2019, en la que se indicó que:
«revisados los índices y los inventarios documentales como historias laborales,
expedientes de cesantías y nóminas que se tienen en esta oficina del Archivo
Central, no se registra información relacionada con el señor antes mencionado, que
nos permita demostrar su vinculación laboral con este Ente Territorial».

20. De igual manera, por medio del oficio del 29 de abril de 2021 se certificó que
revisados los tomos de nóminas no existía ninguno a nombre del señor Farith
Camacho Narváez, que le permitiera autenticar que prestó sus servicios al
departamento del Huila. Que tampoco se encontró afiliación a la Caja
Departamental de Previsión Social del Huila, por lo que no pudo expedirse
certificado de afiliación, de pagos o de cobro de cesantías.

21. Que de lo manifestado por la señora María Luisa Díaz de Camacho en su
interrogatorio de parte, tampoco podía tenerse como cierto el tiempo laborado por
el señor Farith Camacho Narváez, porque de manera reiterada precisó que no
conocía en que trabajaba su esposo, a quien no le podía preguntar nada al respecto,
limitándose simplemente a las tareas del hogar y el cuidado de sus hijos, por lo que
fue después de su fallecimiento que se enteró que este devengaba una pensión de
vejez.

22. Señaló que todo lo anterior, permitía tener por demostrado que el señor
Camacho Narváez no tuvo la calidad de empleado público o trabajador oficial del
departamento del Huila, por lo que no le asistía derecho al reconocimiento y pago
de la pensión de vejez; motivo por el cual resultaba improcedente que se hubiera
reconocido la sustitución pensional a la señora María Luisa Díaz de Camacho, en
calidad de cónyuge supérstite.

23. Declaró la nulidad de las Resoluciones Nro. 1193 de 2006 y 1329 de 2014.
Respecto del restablecimiento del derecho, señaló que como no se desvirtuó la
buena fe que cobija a la parte demandada, no se accedía a la pretensión de
reintegro de los dineros pagados y dispuso que no había lugar a que se siguiera
pagando las mesadas pensionales a la señora María Luisa Díaz de Camacho4.

RECURSO DE APELACIÓN

24. La demandante interpuso recurso de apelación parcial contra la sentencia de
primera instancia, por considerar que debe condenarse a la señora María Luisa Díaz
de Camacho a devolver los recursos que recibió mientras disfrutó del pago de una
pensión a la que no tenía derecho, porque quedó plenamente probado que el señor
Farith Camacho Narváez obtuvo el reconocimiento de su pensión de manera
fraudulenta y actuando de mala fe.

25. Que aun cuando el Tribunal adujo que no estaba probada la mala fe, la entidad
no compartía ese criterio porque en el plenario sí existió prueba que evidenciaba
que la señora María Luisa Díaz de Camacho, al solicitar el reconocimiento de la
sustitución pensional, sabía que su esposo no había trabajado los 20 años de
servicio con el departamento del Huila, lo cual puso de presente en las

4 Véase a índice 88 de SAMAI del Tribunal.

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declaraciones que rindió cuando se practicó el interrogatorio de parte 5.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

26. El 30 de septiembre de 2025 se admitió el recurso de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia6.

27. Las partes guardaron silencio.

28. La agente del Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó que se
confirmara el fallo de primera instancia. Respecto a la solicitud de la entidad
apelante, señaló que no se configuró la procedencia del reintegro de las sumas
pagadas por concepto de sustitución pensional, porque no se acreditaron las
condiciones normativas, ni los presupuestos jurisprudenciales exigidos para ordenar
la devolución de prestaciones percibidas7.

Se resolverá previas las siguientes

CONSIDERACIONES

29. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico
que deberá resolver la Sala consiste en determinar si es procedente ordenarle a la
señora María Luisa Díaz de Camacho que le reintegre al departamento del Huila los
dineros percibidos por concepto de mesadas pensionales.

Marco normativo aplicable a la devolución de mesadas percibidas

30. El principio de buena fe se reguló en el artículo 83 de la Constitución Política en
los siguientes términos:

«ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá
en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

31. Por su parte, según lo prescribe el numeral 1, literal c, del artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, «no
habrá lugar a recuperar lo que fuese pagado a particulares de buena fe».

32. Al respecto, esta Sección, en los casos en que las prestaciones periódicas, tales
como la pensión, han sido recibidas como resultado de un error de la
Administración, ha mantenido una posición pacífica en punto a que no procederá la
devolución de las mesadas por haber sido percibidas de buena fe. Específicamente,
se ha sostenido lo siguiente:

«[…] La Sala observa que evidentemente a la demandante no le asistía el
derecho al reajuste que le fue reconocido y que implicó el pago de la mesada
pensional a partir del 1º de enero de 1996 en un monto equivalente a seiscientos
diez mil novecientos cincuenta y nueve pesos con noventa y un centavos

5 Véase a índice 93 de SAMAI del Tribunal.
6 Véase a índice 4 de SAMAI.
7 Véase a índice 8 de SAMAI.

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($610.959,91) cuando por este concepto le correspondía solamente la suma de
quinientos sesenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco pesos con sesenta
y cuatro centavos ($565.965,64).

Lo anterior teniendo en cuenta que como obtuvo el derecho pensional a partir
del 1º de enero de 1996 no le era aplicable el incremento previsto en el artículo
143 de la Ley 100 de 1993.

No obstante, lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para
pretender unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por equivocación
pagó pues fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa medida, los
pagos efectuados por la entidad tienen amparo legal porque fueron
recibidos de buena fe por la demandante y en ese orden, no obstante, la
legalidad del acto que dispuso el reintegro, la Sala considera que la
administración no probó ni en la vía gubernativa ni en la judicial la mala fe
de la demandante en la obtención de los reajustes pagados»8 (negrita fuera
de texto).

33. Teniendo en cuenta que el principio de buena fe trae consigo una presunción
de legalidad que admite prueba en contrario, le corresponde a quien pretenda
desvirtuarla probar que el peticionario actuó de mala fe. En ese sentido, en los
eventos en los que por un error de la Administración se reconoce la pensión a quien
no reunió los requisitos, no puede alegar a su favor, con posterioridad, su propia
culpa, a fin de recuperar un dinero que fue recibido por una persona sin ningún tipo
de dolo o actuación malintencionada9.

34. No obstante, en aquellos casos en los que el error no provenga de la
Administración, deberá analizarse cada caso en particular, para determinar si hay
lugar o no a la devolución de los dineros.

Resolución del caso concreto

35. El departamento del Huila sostiene que sí se probó la mala fe porque del
interrogatorio de parte que rindió la demandada podía concluirse que ella sabía que
su esposo no había trabajado con la entidad territorial.

36. Al respecto, luego de valorarse el interrogatorio de parte, se concluye que la
información que proporcionó la demandada dio cuenta de su condición sociocultural
que la situó en el rol histórico y tradicional de la mujer, esto es, en el que estaba
relegada al ámbito privado en el que solo cuidaba del hogar y de los hijos, de lo cual
no se desprende que tuviera conocimiento, cierto e inequívoco, de que su esposo
indujo al error a la parte demandante, con el fin de obtener una prestación a la que

8 Sentencia de 17 de mayo de 2007. Número interno: 3287-05.

Véanse también: Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de 2014. Radicación: 25000-
23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013). Actor: CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, hoy Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Luz
Mery Melo Melo.
Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de junio de 2007. Número interno: 0950-2006. Actora: Univ.
Distrital Francisco José de Caldas. Demandado: Arturo Spin Ramírez.
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de marzo de 2008. Radicado: 68001-23-15-000-2001-03370-
01 (0488-07). Actor: Universidad Industrial de Santander. Demandado: Ismael Pinto Rincón.
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de noviembre de 2016. Radicado: 130012333000201300149
01 (2677-2015). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Manuel Baquero Nova.
9 En este sentido, se pronunció la Subsección B, de la Sección Segunda en las sentencias del 17 de noviembre

de 2016, interno: 2677-15, y del 29 de junio de 2017, número interno: 4321-2016.

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no tenía derecho, o que la solicitud de reconocimiento de la sustitución pensional
estuviera intervenida por actuaciones de mala fe o abuso del derecho.

37. Nótese que en la audiencia celebrada el 16 de septiembre de 2021, la señora
Díaz Camacho manifestó que solo estudió hasta tercero de primaria; que no tuvo
conocimiento del lugar en el que laboró su esposo, porque él nunca le compartió
esa información y que ella no indagó porque sabía que él podía regañarla; que no
asistió a ninguna reunión del lugar en el que trabajó su esposo y que si bien algunas
veces este departía en la casa con sus compañeros de trabajo, ella no presenció
directamente esas reuniones.

38. También señaló que no tuvo conocimiento de que su esposo fuera pensionado,
que solo se enteró de eso una vez falleció; y que tampoco conoció a cuál entidad
cotizaba. Igualmente, dijo que no se enteró si aquel recibió algún pago por concepto
de cesantías, vacaciones, primas o incapacidades; que la solicitud de auxilio
funerario la presentó su hija, por lo que ella no supo ante quién se hizo ese trámite;
y que no recibía el pago de las mesadas pensionales desde hacía 3 o 4 años.

39. Por consiguiente, se considera que no hay lugar a ordenar la devolución de las
sumas percibidas por la demandada, porque en el expediente no quedó acreditado
que la señora Díaz Camacho haya aportado información falsa o que haya
desplegado una actuación fraudulenta que indujera al juez o, a la Administración, a
adoptar una decisión errada; máxime si se tiene en cuenta que el ejercicio probatorio
que hizo la parte demandante solo se dirigió a probar las inconsistencias que hubo
en la documentación que presentó el causante para obtener el reconocimiento
pensional.

40. Si bien el acervo probatorio permitió concluir que el señor Farith Camacho
Narváez desplegó actuaciones fraudulentas para hacerse acreedor de la prestación,
lo cierto es que la mala fe en su actuar no es transferible a su cónyuge supérstite,
porque esa figura es personal y subjetiva.

41. Entonces, en vista de que la entidad demandante no cumplió con su carga
procesal de acreditar que la beneficiaria de la pensión actuó de mala fe, resulta
procedente la aplicación de la disposición prevista en el artículo 164 del CPACA, de
tal suerte que no hay lugar a ordenar la devolución de las sumas que recibió la
demandada por concepto de mesadas pensionales, en la medida que no basta con
que haya recibido unas sumas sin fundamento legal, pues es necesario que haya
acudido a una maniobra fraudulenta o deshonesta con la cual se haya inducido a
error a la Administración.

42. De acuerdo con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones del
departamento del Huila.

Condena en costas de segunda instancia

43. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una

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lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

44. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

45. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

46. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Huila.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el cinco (5) de agosto de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente de acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

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