Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00428-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00428-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2019-00428-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
29 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00428-01 (2239-2023)
Demandante: Gilberto Garzón Rodríguez
Demandados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Temas: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 22 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Segunda de Decisión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Gilberto Garzón Rodríguez presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2 en orden a que
se declarara la nulidad la nulidad del Auto ADP 000010 del 2 de enero de 2019
proferido por la subdirectora (e) de Determinación de Derechos Pensionales de la
UGPP, mediante el cual se reiteró la negativa del reconocimiento y pago de la
1 En adelante UGPP.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Gilberto Garzón Rodríguez
pensión gracia adoptada en la Resolución 48272 del 16 de octubre de 2013.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) el reconocimiento de la pensión gracia a partir del 18 de marzo de 2018,
en cuantía de $3.820.774,74; ii) el reajuste de la pensión de acuerdo con lo
establecido en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; iii) el ajuste del valor sobre las
sumas adeudadas conforme con el IPC según lo dispuesto en el artículo 187 del
CPACA, así como, el pago de los intereses moratorios establecido en el artículo
192 ejusdem; y iv) la condena en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Gilberto Garzón Rodríguez nació el 27 de septiembre de 1958, por lo que en
igual día y mes del año 2008 cumplió 50 años de edad.
3.2. Prestó sus servicios a la educación pública como docente en interinidad entre
el 1° de agosto y el 30 de septiembre de 1977, en el departamento de
Cundinamarca, para un total de 2 meses. Tiempo de carácter departamental-
nacionalizado, que quedó cubierto por la nacionalización de la educación prevista
en la Ley 43 de 1975 y, por lo tanto, válido para la pensión gracia.
3.3. Mediante Resolución 4980 del 28 de marzo de 1979 expedida por el
Ministerio de Educación Nacional, se vinculó como docente de educación básica
secundaria en el municipio de Gigante en el departamento del Huila; tomó posesión
del cargo el 12 de marzo de 1979 y laboró allí hasta el 24 de febrero de 1992.
3.4. Posteriormente, fue trasladado al colegio nacionalizado Gabriel Plaza del
municipio de Villavieja desde el 25 de febrero de 1992 hasta el 10 de abril de 1994,
y, luego, al municipio de Neiva del 11 de abril de 1994 al 17 de mayo de 1998. Por
consiguiente, laboró con vínculo nacional hasta el 17 de mayo de 1998.
3.5. El anterior vínculo laboral de carácter nacional mutó a departamental y luego
a municipal en virtud de las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, por lo que el tiempo
de servicio que corrió desde el 18 de mayo de 1998 hasta el 23 de enero de 2003
es de carácter departamental y el que transcurrió entre el 24 de enero de 2003 y el
16 de mayo de 2018, municipal, por lo tanto, aptos para el reconocimiento de la
pensión gracia.
3.6. Acreditó 20 años de servicio y se desempeñó con honradez, consagración y
2
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buena conducta.
3.7. El 6 de septiembre de 2018 solicitó a la UGPP el reconocimiento de la
pensión gracia, petición que fue negada por medio del Auto ADP 000010 del 2 de
enero de 2019 en el que la subdirectora (e) de Determinación de Derechos
Pensionales indicó «[q]ue a los elementos de juicio que obran en el expediente
administrativo no hacen variar la decisión tomada en la Resolución No. 48272 del 16 de
octubre de 2013, puesto que sigue demostrando vinculación de carácter NACIONAL que
negó la pensión gracia al interesado, no habrá lugar por parte de esta entidad a emitir
nuevamente un pronunciamiento al respecto».
3.8. La anterior decisión fue comunicada el 23 de enero de 2019, y contra ella no
se concedieron recursos, por lo que se debe entender agotada la vía gubernativa.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288,
356 y 357 de la Constitución Política; 3, 4 y 13 de la Ley 39 de 1903; 1, 2, 3 y 4 de
la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1 de la Ley
24 de 1947; 4 de la Ley 4 de 1966; 5 del Decreto Reglamentario 1743 de 1966; 1 y
10 de la Ley 43 de 1975; 1, 2, 3, 5 y 6 del Decreto Ley 2277 de 1979; 1 y 15 numeral
2, literal a) de la Ley 91 de 1989; 2, 3, 4, 6, 14 y 15 de la Ley 60 de 1993; 14 de la
Ley 100 de 1993; y, 19, 34, 36, 40, 41, 42, 66, 67, 68, 69 y 74 de la Ley 1437 de
2011.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos3:
5.1. El acto administrativo demandado se expidió de manera irregular por cuanto
la UGPP no dio el trámite correspondiente a la petición mediante la cual pretendía
el reconocimiento de la pensión gracia; esto, al remitirse en su respuesta a lo
manifestado en la Resolución 48272 del 16 de octubre de 2013. Aunado a que el
reconocimiento pensional es un derecho imprescriptible y, por lo tanto, la decisión
debió motivarse, seguir el procedimiento previsto en el artículo 34 del CPACA,
notificarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 ejusdem, y conceder los
recursos en sede administrativa según el artículo 74.
5.2. Fue falsamente motivado porque la petición contaba con nuevos
fundamentos y pruebas que no fueron analizadas. En ese sentido, aunque en
principio las solicitudes tenían igual objeto, esto es, el reconocimiento de la pensión
gracia, en la que originó el pronunciamiento que ahora se cuestiona se solicitó
3 Folios del 320 al 352 del cuaderno principal 2
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Demandante: Gilberto Garzón Rodríguez
desechar tiempos de servicios considerados nacionales e incluir unos de carácter
departamental nacionalizados y otros que mutaron de nacionales a
departamentales y posteriormente a municipales, sin que la entidad se refiriera a
tales consideraciones.
5.3. Se expidió con infracción de las normas en que deberían fundarse, esto es
los artículos 1 al 4 de la Ley 114 de 1993, 3 de la Ley 37 de 1933, y 15, numeral 2,
literal a), de la Ley 91 de 1989, en tanto acreditó tiempos de servicio a la educación
pública anteriores a 1980 con carácter departamental-nacionalizado, luego como
educador departamental, y posteriormente municipal, tiempos que le permitían la
acumulación de 20 años de servicios, teniendo en cuenta el proceso de
nacionalización de la educación. Asimismo, se desconocieron normas de carácter
constitucional, en especial los principios de favorabilidad y la garantía a la seguridad
social contenidos en el artículo 53 superior.
5.4. Su vinculación de carácter nacional mutó a departamental por mandato de la
Ley 60 de 1993, por cuanto el departamento del Huila mediante Resolución 3023
del 11 de agosto de 1997 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, fue
certificado en educación, y según acta del 18 de mayo de 1998 se le hizo entrega
del servicio, fecha a partir de la cual se entiende perfeccionado el proceso de
descentralización, de tal manera que, de ahí en adelante cambió el carácter nacional
de su vínculo laboral y adquirió por mandato de la ley el de departamental.
Posteriormente, el vínculo de carácter departamental mutó a municipal por mandato
de la Ley 715 de 2001, por cuanto el municipio de Neiva fue certificado según
Resolución 2986 del 18 de diciembre de 2002 proferida por el Ministerio de
Educación Nacional y el departamento, y se le entregó el servicio con el Decreto
0010 del 24 de enero de 2003. En esa medida, el tiempo servido con vínculo
departamental y luego municipal debe computarse para el reconocimiento de la
pensión gracia.
1.2. Contestación de la demanda
6. La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente:
6.1. Los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a derecho por
cuanto fueron expedidos con respeto de las normas que regulan la situación jurídica
de la parte demandante.
6.2. No es cierto que con la Ley 60 de 1993 el tipo de vinculación de los docentes
de carácter nacional mutó al del orden territorial por el hecho de que los entes
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Demandante: Gilberto Garzón Rodríguez
territoriales hubiesen asumido competencias de asignación de recursos, que en
todo caso provenían de la nación, pues la norma no lo consideró expresamente y si
así lo hubiese hecho no era posible darle un alcance retroactivo, ya que los actos
administrativos de posesión del demandante señalaron que su vinculación era del
orden nacional.
6.3. Al resolver la reclamación administrativa de la parte actora, se encontró que
el demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago por concepto de pensión
de jubilación gracia, por cuanto pretende computar tiempos de servicio de carácter
nacional, lo cual no resulta viable, pues solo es posible tener en cuenta los tiempos
de carácter territorial [municipal, departamental] o nacionalizado4.
6.4. Propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de la obligación
demandada; ii) ausencia de vicios en el acto administrativo demandado;
iii) prescripción; y iv) genérica e innominada.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión en sentencia
proferida el 22 de julio de 2022 negó las pretensiones de la demanda y no condenó
en costas. Para tal efecto se pronunció así5:
7.1. El demandante nació el 27 de septiembre de 1958 por lo que cumplió los 50
años de edad el 27 de septiembre de 2008, con lo que acreditó el primer requisito.
7.2. En torno al tiempo de servicio en la docencia oficial acreditó 2 meses con
vinculación nacionalizado entre el 1° de agosto de 1977 y el 30 de septiembre de
ese año y 39 años, 2 meses y 4 días con vinculación nacional entre el 12 de marzo
de 1979 y el 16 de mayo de 2018. Luego cumplió con el requisito de haber sido
vinculado al servicio educativo oficial antes del 1º de enero de 1980, para acceder
a la pensión gracia [en caso de completar la totalidad de los requisitos] en
concordancia con el criterio del Consejo de Estado6 según el cual no se requiere
estar vinculado el 31 de diciembre de 1980, sino tener experiencia anterior a esa
fecha, y lo cierto es que Gilberto Garzón Rodríguez laboró como docente
nacionalizado en la Escuela Rural El Cortijo del municipio de Madrid, Cundinamarca,
durante 2 meses en 1977, lo cual debe considerarse para el reconocimiento
pensional.
4 Folios del 626 al 629
5 Índice 42 de Samai del Tribunal
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Subsección B,
sentencia del 6 de agosto de 2020, radicado: 47001-23-33-000-2016-00282-01(5636-18). C.P. César
Palomino Cortés.
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Demandante: Gilberto Garzón Rodríguez
7.3. Empero, es necesario que los 20 años de servicio se hubiesen prestado en
calidad de docente del orden territorial o nacionalizado, sin que sea viable tener en
cuenta los periodos servidos como docente nacional. Sin embargo, la vinculación
posterior fue como docente nacional, lo que no es válido para el reconocimiento de
esta prestación, según los certificados emitidos por las autoridades competentes.
7.4. En la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, se determinó que para
probar la calidad de docente territorial se requiere copia de los actos administrativos
que demuestren el vínculo laboral y que confirmen que la plaza ocupada es
territorial, o una certificación de la autoridad nominadora que lo acredite de manera
inequívoca. En el caso específico, los certificados indicaron que el tiempo de
servicio del demandante a partir del 12 de marzo de 1979 era de carácter nacional,
lo que no es válido para el reconocimiento de la pensión gracia.
7.5. El argumento de la parte demandante que sostiene que su vínculo laboral
mutó de nacional a departamental debido a la descentralización de la educación
dispuesta por la Ley 60 de 1993 y luego a municipal por la Ley 715 de 2001, no es
aceptado. Aunque la descentralización implicó que los entes territoriales asumieran
la administración del personal docente, esto no cambió la naturaleza de su
vinculación para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
7.6. La Ley 91 de 1989 y el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 establecen claramente
quiénes tienen derecho a la pensión gracia, y estos criterios no pueden ser
modificados argumentando la descentralización educativa, máxime cuando se
mantuvo el régimen prestacional vigente. Aunado a que la Corte Constitucional en
sentencia SU-014 de 2020, al analizar el proceso de nacionalización dispuesto por
la Ley 43 de 1975, concluyó que el proceso no implicó el cambió del vínculo docente,
como tampoco lo hizo la Ley 60.
1.4. el recurso de apelación
8. Gilberto Garzón Rodríguez interpuso recurso de apelación en el cual manifestó
lo siguiente7:
8.1. No es cierto, como lo indica el Tribunal Administrativo del Huila, que el tiempo
de servicio desde el 12 de marzo de 1979 hasta el 16 de mayo de 2018 fuera de
carácter nacional, pues lo cierto es que el lapso que transcurrió entre el 12 de marzo
de 1979 y el 24 de febrero de 1992, y desde el 11 de abril de 1994 hasta el 17 de
mayo de 1998, obedeció a un vínculo de carácter nacional, por lo que ni en sede
7 Índice 47 de Samai del Tribunal
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Demandante: Gilberto Garzón Rodríguez
administrativa, ni en sede judicial se solicitó el cómputo de dicho tiempo. Pero el
período comprendido entre el 25 de febrero de 1992 y el 10 de abril de 1994,
laborado en el colegio municipal Gabriel Plaza, en el municipio de Villavieja, es
válido para el reconocimiento de la prestación de conformidad con la sentencia de
unificación de 21 de junio de 2018; así como el que corrió desde el 18 de mayo de
1998 hasta el 23 de enero 2003, fue un vínculo departamental y, entre el 24 de
enero de 2003 y el 16 de mayo de 2018, fue municipal, ambos por efecto de la
descentralización de la educación y, por lo tanto, válidos para el reconocimiento y
pago del derecho pensional.
8.2. En efecto la descentralización no implicó un nuevo nombramiento, pero sí un
nuevo vínculo laboral, pues no podía descentralizarse la educación, con autonomía
para el manejo de la educación a las entidades territoriales, y tampoco podía
entregarse los colegios que eran nacionales a las entidades territoriales, con título
traslaticio de dominio y asumir que los planteles continuaron con carácter nacional
[artículo 3 de la Ley 60 de 1993]. De otro lado, la ley ordenó que los maestros y los
educadores que eran nacionales y nacionalizados pasarían a plantas distritales,
departamentales, y municipales, entonces tampoco puede afirmarse que los
docentes nacionales continuaron en plantas nacionales y consecuentemente en
plazas nacionales, porque legal y realmente pasaron a plantas y plazas distritales,
departamentales, y municipales.
8.3. Si bien no hubo cambio de régimen prestacional, cumplió con los requisitos
de las leyes especiales de pensión [114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de
1989)] y sus tiempos de servicio están enmarcados en lo exigido en sentencias de
unificación del Consejo de Estado8 y en atención a la descentralización de la
educación, por lo tanto, son válidos para el reconocimiento pensional.
8.4. La descentralización en Colombia provocó una transformación en los
vínculos laborales de los docentes nacionales y nacionalizados, quienes, a medida
que se implementó en cada departamento o municipio, pasaron a ser considerados
como docentes departamentales, municipales o distritales. Se tiene entonces que,
la Constitución de 1991 otorgó autonomía a las entidades territoriales
[departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas] para gestionar sus
intereses, incluyendo la administración de la educación. Las leyes 60 de 1993 y 715
de 2001 desarrollaron este proceso descentralizador y, para ello, establecieron que
los departamentos y municipios, una vez certificados, asumirían la responsabilidad
de este servicio. Lo anterior significó que las instituciones educativas y el personal
8 S-699 de 26 de agosto de 1997, Magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda; sentencia proferida
el 22 de enero de 2015, Magistrado ponente Alfonso Vargas Rincón; sentencia proferida el 21 de
junio de 2018, Magistrado ponente Carmelo Perdomo Cuéter
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Demandante: Gilberto Garzón Rodríguez
docente, que antes eran de carácter nacional, pasaron a ser gestionados por las
entidades territoriales, dejando la nación de ser el empleador directo de los
maestros, tal y como se ha señalado en los conceptos por el Consejo de Estado9.
8.5. La Ley 60 de 1993 no descentralizó automáticamente el servicio educativo,
sino que estableció un proceso que requería la certificación de las entidades
territoriales y un acta de entrega. Por su parte, la Ley 715 de 2001 continuó este
proceso, otorgando competencias a los distritos y municipios para gestionar la
educación, consolidando la transición del vínculo laboral de los docentes de
nacional a territorial.
8.6. La sentencia apelada es contraria a la jurisprudencia del Consejo de Estado10
referida a la mutación de vínculos laborales nacionales y nacionalizados a
territoriales y que ha señalado que Ley 60 de 1993 distribuyó competencias entre la
nación y las entidades territoriales, descentralizando los servicios de educación y
salud a favor de los departamentos y distritos. Además, que los departamentos y
municipios dirigirían y administrarían los servicios educativos, que las instituciones
educativas y el personal docente tendrían carácter departamental y que los recursos
del situado fiscal serían administrados por las entidades territoriales que cumplieran
con ciertos requisitos. En cuanto al traspaso de competencias se formalizaría
mediante un acta que definiría los términos y actos administrativos necesarios y que
la descentralización plena de la educación y la salud ocurriría una vez completado
el proceso de transformación, con la departamentalización como primer paso,
seguida por la municipalización gradual de los servicios. En igual sentido se
profirieron las sentencias del 22 de junio de 200011 y del 20 de febrero de 200312.
En esta última se indicó que algunos docentes siguieron siendo nacionales porque
pertenecían a establecimientos públicos del orden nacional, pero que
posteriormente dejaron de serlo por mandato de la Ley 715 de 2001, y del artículo
9 de la Ley 790 de 2002.
8.7. En la sentencia SU-014 de 2020, aludida en la sentencia recurrida, se llegó
a igual conclusión a la del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 21 de
junio de 2018, esto es que «[l]o esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada» y es claro que se acreditó el carácter territorial del vínculo
por la descentralización, porque operó por mandato de la ley el fenómeno de
9 Sala de Consulta y Servicio Civil, el 27 de noviembre de 2014, dentro del expediente con radicado:
11001- 03-06-000-2014-00183-00(C), consejero William Zambrano Cetina; del 14 de diciembre de
2016, radicado: 11001-03-06-000-2016-00109-00, consejero Álvaro Namén Vargas
10 sentencia del 24 de agosto de 1994, radicado 8183;
11
Radicado 2630-99, M.P. Ana Margarita Olaya Forero
12
Radicado 08001-23-31-000-1994-9207- 01(3762-01), M.P. Tarsicio Cáceres Toro
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Radicado: 41001-23-33-000-2019-00428-01 (2239-2023)
Demandante: Gilberto Garzón Rodríguez
sustitución patronal.
8.8. El tribunal incurrió en indebida valoración probatoria pues el actor no laboró
para la nación sino para el departamento del Huila, y posteriormente para el
municipio de Neiva, porque en los colegios en los cuales trabajó en los mencionados
períodos son departamentales, la planta de personal docente es departamental, por
ende, el vínculo es de ese nivel. Igualmente, a partir del 24 de enero de 2003 laboró
para el municipio de Neiva, en un colegio municipal, en una planta docente
municipal, y por ende su vínculo laboral es de ese orden. El certificado de tiempo
fue expedido por la Secretaría de Educación de Neiva, quien funge como entidad
nominadora, luego no se comprende que catalogara todo el tiempo servido como
nacional, lo que constituye falsedad ideológica.
8.9. Tampoco se valoraron los siguientes documentos: i) el Decreto 100 del 25 de
febrero de 1992, mediante el cual se le comisionó como educador en el Colegio
Municipal Gabriel Plazas, en el municipio de Villavieja (Huila); ii) la Resolución 3023
del 11 de agosto de 1997, proferida por el Ministerio de Educación Nacional,
mediante la cual se certificó al departamento del Huila, para prestar el servicio
educativo, iii) el acta del 18 de mayo de 1998 mediante la cual ese Ministerio le
entregó el servicio educativo al departamento; iv) la Resolución 2986 del 18 de
diciembre de 2002, por la cual se certificó al municipio de Neiva; v) el Decreto 0010
del 24 de enero de 2003, a través del cual el departamento del Huila le entregó la
educación al municipio de Neiva; vi) el Decreto 097 del 30 de enero de 2004, por el
cual fue incorporado a la planta global de cargos del municipio de Neiva; y vii) el
Decreto 498 del 19 de junio de 2008.
8.10. El a quo vulneró el principio de favorabilidad al realizar una interpretación
restrictiva pues reconoció que la administración de las plantas de personal fueron
cedidas a las entidades territoriales certificadas en educación, así como las demás
competencias trasladadas, pero que el vínculo no cambió, entonces «para unos
efectos la plaza si es departamental y municipal, pero para efectos de la pensión gracia
no».
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
9. La UGPP solicitó que se confirmara la sentencia apelada con fundamento en los
siguientes argumentos:
9.1. Si bien el demandante alegó haber trabajado como docente en 2 periodos
como docente nacionalizado en Cundinamarca (del 1 de agosto al 30 de septiembre
de 1977) por 2 meses en interinidad; y como docente nacional en Gigante, Huila
(del 12 de marzo de 1979 al 16 de mayo de 2018) por un total de 39 años, 2 meses
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Radicado: 41001-23-33-000-2019-00428-01 (2239-2023)
Demandante: Gilberto Garzón Rodríguez
y 4 días, también lo es que frente al último periodo no pudo demostrar que estos
tiempos fueron descentralizados, lo que es necesario para el reconocimiento de la
pensión gracia.
9.2. Según el artículo 167 del CGP, la carga de la prueba recae sobre el
demandante, quien debe desvirtuar la constitucionalidad y legalidad de los actos
administrativos cuestionados. Sin embargo, las certificaciones presentadas no
cumplen con los requisitos mínimos para validar la vinculación laboral, y el tiempo
trabajado bajo la Ley 91 de 1989 no es válido para la pensión gracia, ya que dicha
ley garantiza igualdad de derechos remunerativos, eliminando las diferencias
salariales que justificaban la pensión gracia.
9.3. El fallo de primera instancia se encuentra ajustado a derecho, ya que se basa
en que el demandante, vinculado como docente del 12 de marzo de 1979 al 16 de
mayo de 2018, ocupó una plaza cofinanciada por la nación y la entidad territorial,
con su salario proveniente del presupuesto nacional. Comoquiera que sus
emolumentos fueron equiparados a los de los docentes nacionales, no existió
desigualdad salarial, lo cual desestima su derecho a la pensión gracia con la
finalidad prevista en la Ley 114 de 1913.
9.4. La Ley 91 de 1989 eliminó la brecha salarial existente hasta el 31 de
diciembre de 1980, y la Ley 60 de 1993 estableció que los docentes vinculados
desde entonces son considerados del orden nacional, rigiéndose por el régimen
pensional correspondiente. Por lo tanto, la solicitud de pensión gracia del
demandante es improcedente, ya que no cumplió con los requisitos ni el objetivo de
la norma13.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio14.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
11. Se circunscribe a establecer ¿si Gilberto Garzón Rodríguez acreditó los
requisitos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de
conformidad con el régimen prestacional previsto en la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la regulan?
13 índice 12 de Samai
14 Índice 10 de Samai
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2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. En torno a la pensión gracia
12. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.
13. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 191315 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
14. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicios en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.
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15. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 193317, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
16. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
15 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
16 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
17 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
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docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
17. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.
18. En efecto, la Ley 60 de 199318 asignó la administración de los servicios
18 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
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educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al FOMAG, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.
19. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja19, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196820, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos21 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199422 (artículo 179, literal d).
20. Sin embargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del personal
docente serían giradas directamente al FOMAG, tanto las que provenían del situado
fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las prestaciones
causadas y no pagadas.
21. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al FOMAG se
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
19 Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
20 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
21 Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
22 «Por la cual se expide la ley general de educación»
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reglamentó con el Decreto 196 de 199523, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
21.1. Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del FOMAG, luego de su
afiliación.
21.2. Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en
tres grupos, a saber:
21.2.1. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al FOMAG, así
como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa
de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan
efectuado los correspondientes aportes.
21.2.2. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el
Ministerio de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del
nivel territorial. Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva
entidad territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente
convenio de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los
respectivos convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con
cargo al situado fiscal.
Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados
21.2.3.
con recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el FOMAG.
24
22. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
, en la sentencia
25
SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».
26
23. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
23 «Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
24 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
25 Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
26 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
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no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
24. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala27 ha señalado:
«[…] Sobre los tiempos nacionales.
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198928 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]
27 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
28 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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25. Aunado, a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201829, así:
«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o del -situado
fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».
26. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202230 indicó:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».31
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
29 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
31 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]
27. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicios en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.3. Caso en concreto
28. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
28.1. Gilberto Garzón Rodríguez nació el 27 de septiembre de 195832.
28.2.En declaración juramentada del 16 de mayo de 2018, manifestó que se
desempeñó como docente con honradez, consagración y buena conducta33.
32Folio 51 cuaderno principal 1, registro civil de nacimiento
33Folio 45 cuaderno principal 1
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28.3. Por medio del Decreto 1944 de 1977 expedido por la Gobernación de
Cundinamarca fue nombrado en interinidad como maestro de la Escuela Rural El
Cortijo del municipio de Madrid por el término de 30 días a partir del 1° de agosto
de 197734.
28.4. Mediante el Decreto 2379 de 1977 expedido por la Gobernación de
Cundinamarca fue nombrado en interinidad como maestro de la Escuela Rural El
Cortijo del municipio de Madrid por el término de 30 días a partir del 1° de septiembre
de 197735.
28.5. La Dirección de Personal de Establecimientos Educativos y la Coordinación
de Historias Laborales y Certificación del departamento de Cundinamarca con
certificado 200800074903-336 del 28 de octubre de 2008 hizo constar que prestó
sus servicios en la Secretaría de Educación como docente interino con vinculación
nacionalizada con los decretos 1944 de 1977 y 2379 de 197736.
28.6. El 18 de marzo de 1979 tomó posesión del cargo de profesor de enseñanza
segundaria especializado en español, en la Normal Nacional de Señoritas de
Gigante (Huila)37, según Resolución 4980 del 28 de marzo de 1979, con efectos
fiscales desde el 12 de ese mes y año.
28.7. A través del Decreto 100 del 25 de febrero de 1992, el gobernador del Huila
lo comisionó del cargo de educador Normal Nacional de Señoritas de Gigante, a
educador del Colegio Municipal Gabriel Plazas de Villavieja.
28.8. Con el Decreto 498 del 19 de junio de 2008, la alcaldía de Neiva lo trasladó
por permuta libremente convenida de la Institución Educativa Gabriel García
Márquez a la Institución Educativa Liceo de Santa Librada del municipio de Neiva38.
28.9. El 21 de noviembre de 2008, la Secretaría de Educación de Neiva certificó
que Gilberto Garzón Rodríguez, prestó sus servicios en el nivel básica media,
vinculación en propiedad, como nacional en forma continua. Para la fecha de
expedición del certificado se encontraba activo como docente de la Institución
Educativa Liceo de Santa Librada. Y refirió su historia laboral según el siguiente
cuadro39:
34 Folios del 183 al 185 cuaderno principal 1
35 Folios del 190 al 195 cuaderno principal 1
36 Folio 61 cuaderno principal 1
37 Folio 85 cuaderno principal 1
38 Folio 311 cuaderno principal 1
39 Folio 362 cuaderno principal 2, certificado de tiempo de servicio
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Acto
Novedad Fecha fiscal Fecha hasta Tiempo
administrativo
Normal de Señoritas Resolución 4980
12 de marzo de 24 de febrero de 12 años, 11
Gigante- posesión del 28 de marzo de
1979 1992 meses y 13 días
por nombramiento 1979
Colegio nacionalizado
Decreto 100 del 25 25 de febrero de 31 de mayo de
Gabriel Plazas, 3 meses y 6 días
de febrero de 1992 1992 1992
Villavieja, - comisión
Colegio nacionalizado
Gabriel Plazas, Decreto 513 del 1° 1° de julio de 10 de abril de 1 año, 9 meses y
Villavieja, - de julio de 1992 1992 1994 10 días
terminación comisión
Instituto Técnico
Decreto 271 del 11 11 de abril de 4 de septiembre 4 meses y 24
Superior, Neiva, -
de abril de 1994 1994 de 1994 días
traslado
Instituto Nacional de Decreto 864 del 5
5 de septiembre 16 de febrero de 8 años, 5 meses
Protección Social, de septiembre de
de 1994 2003 y 12 días
Neiva, - traslado 1994
Colegio Gabriel
Decreto 101 del 17 17 de febrero de 23 de febrero de
García Márquez, 1 año y 7 días
de febrero de 2003 2003 2004
Neiva, - traslado
Promoción Social de Decreto 157 del 24 24 de febrero de 18 de junio de 4 años, 3 meses
Neiva – incorporación de febrero de 2004 2004 2008 y 25 días
Colegio Liceo Santa
Decreto 498 del 19 19 de junio de
Librada, Neiva, - - -
de junio de 2008 2008
traslado
28.10. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio certificó que
prestó sus servicios como docente en propiedad, del nivel básica secundaria,
nacional, grado 14 del escalafón docente, del 1° de enero de 2017 al 16 de mayo
de 2018 (fecha de expedición del certificado), y devengó los siguientes factores
salariales: asignación básica, bonificación mensual docentes, HE Adultos G. 12, 13
y 14 d. 2277, pago sueldo de vacaciones, prima de alimentación especial, prima de
navidad, prima de servicios y prima de vacaciones docentes y horas extras40.
28.11. En virtud de la facultad prevista en el artículo 15 de Ley 60 de 1993, la
ministra de educación nacional expidió la Resolución 3023 del 11 de agosto de
199741, por la cual certificó que el departamento del Huila cumplió con los requisitos
establecidos en el artículo 14 ibidem para asumir la administración de los recursos
del situado fiscal y la prestación de los servicios educativos de ese territorio. Por
medio del acta de verificación del 18 de mayo de 199842, el gobernador del Huila y
el ministro de Educación se reunieron con el fin de « verificar el cumplimiento de los
requisitos que permiten efectuar la entrega al Departamento del personal, bienes y
establecimientos para poder asumir el cumplimiento de las funciones y obligaciones
40 Folios 176 y 177 cuaderno principal 1
41 Folios del 179 al 181
42 Folios del 142 al 163cuaderno principal 1
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recibidas, de conformidad con las Leyes 60 de 1993, 115 de 1994 y demás normas que las
modifican y adicionan».
28.12. En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 20 de la Ley 715 de 2001, la
ministra de educación nacional expidió la Resolución 2986 del 18 de diciembre de
200243, por la cual certificó los requerimientos técnicos para asumir la prestación del
servicio educativo por parte del municipio de Neiva (Huila).
28.13. Por medio del Decreto 097 del 30 de enero de 2004, la alcaldía de Neiva
incorporó la planta global de personal docente, directivo docente y administrativo de
la planta de cargos adoptada por el municipio de conformidad con el artículo 2 del
Decreto 2030 de 2002. En el citado decreto se estableció:
«CONSIDERANDO
Que mediante Decreto N° 062 del 16 de Enero de 2004 el municipio de Neiva adoptó la
planta de cargos Docente, Directivos Docentes y Administrativos para la prestación del
servicio educativa en Neiva.
Que es facultad de la Alcaldesa de Neiva incorporar la planta global de personal docente,
Directivo Docente y Administrativo a la planta de cargos adoptada de conformidad con
el articulo 2° del Decreto 3020 de 2002.
Que constituye un deber de las autoridades territoriales cumplir y hacer cumplir lo
Constitución, la Ley, los reglamentos y las políticas del gobierno nacional relacionadas
con el sector educativo.
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Incorpórese a la planta de cargos adoptada de conformidad con
el artículo 2° del Decreto 3020 de 2002, la Planta de Personal Docente, Directivo
Docente y Administrativo con cargo a los recursos Sistema General de Participaciones,
así:
1. PLANTA DE PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE
[…]
1.2. PLANTA DE PERSONAL DOCENTE
[…]
ITEM APELLIDOS Y NOMBRE CEDULA CARGO
736 GARZON RODRIGUEZ GILBERTO 281.939 DOCENTE
[…]» (sic)
28.14. El 6 de septiembre de 2018, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia44.
43 Folios del 493 y 494 cuaderno principal 3
44 Folios del 170 al 173 cuaderno principal 1
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28.15.A través del auto ADP 000010 del 2 de enero de 2019 proferido por la
subdirectora (e) de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP indicó que
«en consideración a los elementos de juicio que obran en el expediente administrativo no
hacen variar la decisión tomada en la Resolución No. 48272 del 16 de octubre de 2013,
puesto que se sigue demostrando vinculación de carácter NACIONAL que negó la pensión
gracia al interesado, no habrá lugar por parte de esta entidad a emitir nuevamente un
pronunciamiento al respecto»45
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
29. El Tribunal Administrativo del Huila negó las pretensiones de la demanda por
cuanto Gilberto Garzón Rodríguez no acreditó el requisito de los 20 años de servicio
en una plaza docente del orden territorial, pues encontró acreditado que prestó sus
servicios como docente nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
entre el 1° de agosto de 1977 y el 30 de septiembre de ese año y que posteriormente
desde el 12 de marzo de 1979 hasta el 16 de mayo de 2018, como docente con
vinculación nacional.
30. El demandante interpuso recurso de apelación con el fin de que se revocara la
decisión adoptada por el tribunal de primera instancia al considerar, en esencia, que
el tiempo de servicio que transcurrió entre el 25 de febrero de 1992 y el 10 de abril
de 1994, laborado en el colegio municipal Gabriel Plaza del municipio de Villavieja,
así como el que corrió desde el 18 de mayo de 1998 hasta el 23 de enero 2003 y,
entre el 24 de enero de 2003 y el 16 de mayo de 2018, son válidos para el
reconocimiento y pago del derecho pensional, por cuanto producto del proceso de
descentralización de la educación su vinculación de carácter nacional mutó a
territorial.
31. De la valoración probatoria, la Sala encuentra acreditado que Gilberto Garzón
Rodríguez prestó sus servicios como docente i) nacionalizado del 1° de agosto al
30 de septiembre de 1977 por virtud del nombramiento en interinidad como maestro
de la Escuela Rural El Cortijo de Madrid, Cundinamarca, y ii) nacional desde el 12
de marzo de 1979 hasta el 16 de mayo de 201846 (fecha de expedición del
certificado de factores salariales devengados expedido por el Fomag).
32. Pues bien, esta Corporación ha señalado que, si bien en el ordenamiento jurídico
colombiano no se define expresamente la naturaleza de la interinidad, como una
forma de proveer cargos docentes, aquella debe entenderse como el mecanismo
45 Folios 36 y 37
cuaderno principal 1
46 certificado de tiempo de servicio del 21 de noviembre de 2008 emitido por la alcaldía de Neiva,
Secretaría de Educación.
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mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de
carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la
referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva
prestación del servicio educativo47.
33. Igualmente, ha establecido en forma reiterada48 que quienes se hayan
desempeñado antes del 31 de diciembre de 1980, en calidad de educadores
territoriales o nacionalizados, aunque hubieran laborado en calidad de interinos,
tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, siempre que
acreditaran el cumplimiento de la edad de 50 años y el tiempo de servicios de 20
años en esos niveles. Esto, en atención a que la normatividad que regula la materia
no exigió para efectos del acceso a ese tipo de beneficio pensional, haber sido
vinculado bajo una forma específica de provisión de empleo (de carrera o transitoria)
o, incluso, que su relación laboral sea continua y discontinua49.
34. Además, el periodo laborado en interinidad es plenamente computable para el
reconocimiento de la pensión gracia, comoquiera que, además, constituye una
forma de vinculación a la administración, en cumplimiento de las formalidades
previstas en la ley, esto es a través de la toma de posesión de un cargo docente,
que daba lugar a la configuración de una relación legal y reglamentaria con carácter
autónomo50.
35. Por ende, tal y como lo indicó el a quo, con el período en interinidad completó un
tiempo de servicios de 2 meses, con el que acreditó una experiencia docente antes
del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa territorial o nacionalizada
y debe tenerse en cuenta para efectos de la pensión gracia, pues fungió como
docente con vinculación nacionalizada.
47 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, sentencia del 27 de enero de 2017, radicado 76001-23-33-000-2013-00406-01 (4259-15).
Igualmente ver la sentencia del 22 de marzo de 2018, radicación número: 25000-23-42-000-2014-
03024-01(1999-17).
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B: sentencias del 27 de enero de 2017.
Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00406-01(4259-2015), 18 de septiembre de 2020.
Expediente No. 25000-23-42-000-2016-05162-01(0402-19), 10 de julio de 2020. Expediente No.
15001-23-33-000-2016-00168-01(1520-18), 10 de octubre de 2020. Expediente No. 19001-23-33-
000-2013-00102-01(1665-14), y 19 de julio de 2018. Expediente No. 25000-23-42-000-2014-02885-
01(3254-15); Subsección A: fallos del 27 de septiembre de 2018. Expediente No. 25000-23-42-000-
2014-00012-01(3050-15), 5 de julio de 2018. Expediente No. 15001-23-33-000-2014-00468-
01(3406-15), 27 de junio de 2018. Expediente No. 68001-23-33-000-2014-00812-01(3597-15), 21 de
junio de 2018. Expediente No. 25000-23-42-000-2012-01016-01(0774-14), y 12 de julio de 2017.
Expediente No. 25000-23-25-000-2012-01224-01(3659-14).
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 19 de julio de 2018.
Expediente No. 25000-23-42-000-2014-02885-01(3254-15).
50 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 21 de junio de 2018.
Expediente No. 25000-23-42-000-2012-01016-01(0774-14).
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36. Posteriormente, el 12 de marzo de 1979 fue vinculado con carácter nacional en
el cargo de profesor de enseñanza segundaria especializado en español, en la
Normal Nacional de Señoritas de Gigante, Huila, [sin que esté en discusión tal
vinculación] hasta el 24 de febrero de 1992 cuando fue comisionado a través del
Decreto 100 del 25 de febrero de 1992, por el gobernador del Huila en el cargo de
educador del Colegio Municipal Gabriel Plazas de Villavieja. Frente a tal
circunstancia señaló que el lapso transcurrido entre el 25 de febrero de 1992 y el 10
de abril de 1994 [fecha de terminación de la comisión], lo laboró en el colegio
municipal Gabriel Plaza del municipio de Villavieja y es tiempo que debe computarse
a efectos del reconocimiento solicitado.
37. Al respecto, es preciso señalar que la comisión es una situación administrativa
en la que el empleado ejerce temporalmente las funciones propias de su cargo en
lugar diferente de la sede habitual de su trabajo o atiende transitoriamente
actividades oficiales distintas de las inherentes al empleo del cual es titular, sin que
esta situación constituya una forma de provisión de empleos.
38. El artículo 66 del Decreto 2277 de 1979, también denominado Estatuto Docente,
el cual se encontraba vigente para el momento en que se dio la situación
administrativa objeto de análisis, sobre la figura de comisión de docentes prevé lo
siguiente:
«[e]l educador escalafonado en servicio activo, puede ser comisionado en forma
temporal para desempeñar por encargo otro empleo docente, para ejercer cargos de
libre nombramiento y remoción, para adelantar estudios o participar en congresos,
seminarios u otras actividades de carácter profesional o sindical. En tal situación el
educador no pierde su clasificación en el escalafón y tiene derecho a regresar al cargo
docente, tan pronto renuncie o sea separado del desempeño de dichas funciones».
39. Así pues, el otorgamiento de una comisión de servicios no muta la naturaleza de
su relación o en este caso el vínculo de carácter nacional con el que fue nombrado;
en todo caso, el Decreto 100 del 25 de febrero de 1995 señaló que se comisionaría
a un educador a cargo de la nación y la certificación de tiempo de servicio emitida
por la entidad territorial no indicó para dicho período un cambio de vinculación.
Razones tales por las que el tiempo transcurrido entre el 25 de febrero de 1992 y el
10 de abril de 1994 en el que Gilberto Garzón Rodríguez estuvo en comisión no sea
válido para efectos del reconocimiento pensional.
40. Ahora bien, en el recurso de apelación se señaló que una vez se terminó la
comisión, esto es, desde el 11 de abril de 1994 y hasta el 17 de mayo de 1998 el
vínculo continuó siendo de carácter nacional. No obstante, después de esta última
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fecha el vínculo mutó a departamental por mandato de la Ley 60 de 1993, por cuanto
el departamento del Huila, mediante Resolución 3023 del 11 de agosto de 1997
proferida por el Ministerio de Educación Nacional, fue certificado en educación, y en
acta del 18 de mayo de 1998 se le entregó el servicio; y que, como consecuencia,
desde el 18 de mayo de 1998 hasta el 23 de enero de 2003 tuvo una vinculación de
carácter departamental. Asimismo, que el anterior vínculo [de carácter
departamental] mutó a municipal por mandato de la Ley 715 de 2001, pues el
municipio de Neiva fue certificado según Resolución 2986 del 18 de diciembre de
2002, proferida por el Ministerio de Educación Nacional y el departamento,
entregándosele la educación al municipio según Decreto 0010 del 24 de enero de
2003, por consiguiente, desde esa fecha [24 de enero de 2003] hasta el 16 de mayo
de 2018 tuvo vinculación de carácter municipal. Por ende, producto del proceso de
descentralización los anteriores períodos son útiles para el reconocimiento de la
pensión gracia.
41. En relación con lo anterior se tiene que, de las disposiciones contenidas en la Ley
60 de 1993, el Ministerio de Educación Nacional certificó el cumplimiento de los
requisitos establecidos por el legislador para efectos de asumir la administración de
la prestación de los servicios educativos por parte del departamento de Huila a partir
del año 1998, cuando aquel ente territorial asumió el servicio público educativo y,
posteriormente, el municipio de Neiva desde el año 2003.
42. Sin embargo, esta Subsección evidenció que el mencionado proceso de
certificación en educación no modificó la naturaleza nacional con la que nació el
vínculo de Gilberto Garzón Rodríguez el 12 de marzo de 1979. En ese sentido, la
Ley 60 de 1993, de manera expresa señaló «[e]l régimen prestacional aplicable a los
actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones».
43. En efecto, se advierte que la voluntad del legislador no fue modificar la naturaleza
del vínculo de los docentes que con ocasión del proceso de descentralización fueron
incorporados en las plantas territoriales, lo anterior se sustenta en el hecho de que
en las disposiciones que regularon el mencionado proceso mantuvo la distinción
entre docentes nacionales, nacionalizados y territoriales. En esa línea el Decreto
195 de 199551, en su artículo 2, reiteró dicha clasificación y definió a los docentes
nacionales y nacionalizados como «aquellos que han venido siendo financiados con
recursos de la Nación y que se financian con recursos del situado fiscal, a partir de la
51 «por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994, relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
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Demandante: Gilberto Garzón Rodríguez
entrada en vigor de la Ley 60 de 1993».
44. En ese sentido, resulta claro que la vinculación del demandante entre el 12 de
marzo de 1979 y el 16 de mayo de 2018 fue de carácter nacional, sin que se haya
demostrado a través de acto administrativo de nombramiento o una certificación en
forma inequívoca que la plaza a ocupar era de aquellas previstas por el legislador
como territorial, como lo exigió la regla de unificación jurisprudencial fijada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado52.
45. Valga señalar que en cuanto al periodo comprendido desde el 24 de enero de
2003 hasta el 16 de mayo de 2018 y frente al cual se trajo a colación el Decreto 097
del 30 de enero de 2004, por medio del cual la alcaldía de Neiva incorporó la planta
global de personal docente, directivo docente y administrativo de la planta de cargos
adoptada por este municipio, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y
legales, en especial las conferidas por los artículos 6 [7] y 34 de la Ley 715 de 2001,
ha de señalarse que aunque el demandante fue objeto de la incorporación a la
planta de personal del municipio de Neiva se mantuvo incólume la vinculación de
naturaleza nacional, configurada desde el primer momento en que fue nombrado y
posesionado, pues la naturaleza de su vinculación con la administración no mutó,
en tanto que lo que se transfiere a otra planta de personal es el empleo, de manera
que no se generó solución de continuidad ni terminación de la relación legal
primigenia, así como tampoco el comienzo de una nueva. En concordancia, el
artículo 2 del citado decreto alude:
«La incorporación se hará sin solución de continuidad. En ningún caso habrá
desmejoramiento de las condiciones laborales y salariales de los funcionarios que venían
vinculados en propiedad en la planta anterior. La incorporación se hará de acuerdo con
el acto administrativo que otorga al titular una situación administrativa. en propiedad. Por
lo tanto, no se podrá nivelar, promover, reclasificar o utilizar otras figuras que tengan por
objeto incrementar los salarios del personal incorporado.»
46. En línea con lo expuesto, las condiciones de vinculación docente del demandante
no cambiaron, aunque se presentaron diferentes situaciones administrativas y,
además, no se demostró que su régimen prestacional hubiese variado.
47. De manera que le asiste razón al tribunal de primera instancia al no encontrarse
acreditada la prestación del servicio docente durante 20 años con vinculación de
carácter territorial, municipal o distrital. Esto por cuanto solo el periodo laborado
desde el 1° de agosto de 1977 hasta el 30 de septiembre de ese año resulta válido
para el cómputo correspondiente al reconocimiento de la pensión gracia, al estar
vinculado como docente nacionalizado. Sin embargo, no es suficiente para el
52 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicado: 41001-23-33-000-2019-00428-01 (2239-2023)
Demandante: Gilberto Garzón Rodríguez
cumplimiento del requisito temporal exigido por la normativa.
48. Así las cosas, esta Sala concluye que si bien el demandante prestó sus servicios
como docente nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, lo cierto
es que la vinculación comprendida desde el 12 de marzo de 1979 no es válida para
acceder al reconocimiento de la prestación por su carácter de nacional, en tanto es
incompatible con la naturaleza de la pensión gracia concebida exclusivamente para
los docentes territoriales y nacionalizados, en virtud de las condiciones salariales
desfavorables que aquellos enfrentaban para la época de la promulgación de las
leyes 114 de 1913 y 116 de 1928.
49. De lo anterior se colige que en virtud de la Ley 91 de 1989 los docentes que
prestaron su servicio en instituciones educativas del orden territorial o
nacionalizadas vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 tendrían derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia, siempre que acreditaran todos los
requisitos previstos por el legislador; sin embargo, en el presente asunto no fue
cumplido el relacionado con el tiempo de servicios de 20 años en una plaza
territorial.
50. En consecuencia, para la Sala resulta evidente que la parte demandante no logró
desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre el acto administrativo
demandado, motivo por el cual, confirmará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila que negó las pretensiones de la demanda.
2.4. Costas
51. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
52. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
53. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
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Radicado: 41001-23-33-000-2019-00428-01 (2239-2023)
Demandante: Gilberto Garzón Rodríguez
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma53.
54. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
55. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
4. Conclusión
56. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Gilberto Garzón Rodríguez
no acreditó el requisito del ejercicio docente territorial o nacionalizado durante 20
años para el reconocimiento de la pensión gracia, según lo previsto en la Ley 114
de 1913. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 22 de julio de
2022 por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 22 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Gilberto Garzón
Rodríguez contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
53 En el igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Gilberto Garzón Rodríguez
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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