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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00454-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00454-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 8 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila – Sala Sexta de decisión dentro del proceso promovido por la Gobernación del Huila en contra del señor Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d.), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia, 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 41001 23 33 000 2019 00454 01 Número interno: 6899-2024 Demandante: Gobernación del Huila Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2019-00454-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001 23 33 000 2019 00454 01 (6899-2024)
Demandante: Departamento del Huila
Demandado: María Teresa Florián de Barrios, Carlos Arturo Barrios Pacheco
y demás herederos indeterminados como sucesores
procesales del señor Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d.) 1
Tema: Lesividad. Reconocimiento pensión.
Decisión: Confirma sentencia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide los recursos de apelación interpuestos por la
entidad demandante y la señora María Teresa Floran Barrios contra la sentencia
de 8 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila – Sala
Sexta de decisión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2

2.1.1. Pretensiones

2. La Gobernación del Huila, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 de la Ley 1437 del 20113 en su modalidad de lesividad, solicitó declarar
la nulidad de la Resolución 410 de 2002 que reconoció pensión mensual vitalicia
de jubilación del señor Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d.).

3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho se ordene suspender el pago de la mesada pensional y restituir los dineros

1 Mediante auto calendado el 20 de febrero de 2020, se reconoció como sucesora procesal del demandante a

la señora María Teresa Florián de Barrios en condición de conyugue supérstite y al señor Carlos Arturo Barrios
Pacheco hermano del causante y demás herederos indeterminados.
2 Expediente digital de primera instancia índice 49, archivo
“12_EXPEDIENTEDIGITAL_ESCRITODEMANDA.pdf”
3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en

adelante CPACA.

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pagados por ese concepto al señor Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d.) desde la fecha
de causación del derecho y hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia.

2.1.2. Hechos

4. El 21 de septiembre de 2001, el señor Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d.) solicitó el
reconocimiento de una pensión de vejez, para tal efecto aportó con la solicitud
certificados de tiempo de servicio, salarios devengados, registro civil de nacimiento
y copia de su documento de identidad. De los documentos aportados en especial
de las historias laborales y cotizaciones, acreditó que laboró en la Gobernación del
Huila del 1 de enero de 1968 al 30 de diciembre de 1979 y en la Licorera del Huila
del 16 de enero de 1980 al 16 de diciembre de 1994.

5. En respuesta a esa solicitud la Gobernación del Huila expidió la Resolución 410
de 2002, a través de la cual reconoció el derecho pensional a partir del 21 de
septiembre de 1998, teniendo en cuenta que cumplía con los requisitos del régimen
de transición contenido en la Ley 33 de 1985. Además ordenó reconocer la suma
de $30.962.486, por concepto de mesadas pensionales causadas entre el 21 de
septiembre de 1998 al 30 de abril de 2002, incluyendo las mesadas adicionales de
junio y diciembre.

6. No obstante lo anterior, como resultado de una auditoría realizada por la
Contraloría Departamental del Huila al Fondo Territorial de Pensiones, se evidenció
la existencia de irregularidades en el reconocimiento de la pensión, razón por la
cual el 5 de octubre de 2018, el archivo departamental del Huila expidió constancia
laboral del señor Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d.), en la que señala que no se
registra historia laboral, expediente de cesantías, nóminas y actos administrativos
que permitan acreditar la vinculación laboral en el periodo comprendido entre los
años 1968 al 1979.

7. Al momento en que el demandado solicitó el reconocimiento pensional, aportó
constancia de historia laboral que acreditaba el tiempo de servicio entre el 1 de
enero de 1968 al 30 de diciembre de 1979, sin embargo queda en evidencia que
utilizó documentación que indujo en error al funcionario de la entidad, con el fin de
obtener el reconocimiento pensional.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

8. Como normas vulneradas citó los artículos 1. °, 2. °, 4. °, 121, 122, 123 y 305
de la Constitución Política de 1991; articulo 1. ° numeral 3. ° del Decreto 2527 de
2000; artículo 151 de la Ley 100 de 1993; articulo 17 numeral b de la ley 6 de 1945;
articulo 1. ° parágrafo 2. ° de la ley 33 de 1985; sentencia T1044 de 2001 y T294
de 2003.

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9. En el concepto de violación explicó que el señor Barrios Pacheco (q.e.p.d.)
aportó documentación falsa correspondiente a constancias laborales de tiempos de
trabajo inexistente, razón por la cual el acto demandado se encuentra viciado de
nulidad por falsa motivación, toda vez que su contenido no corresponde a la verdad.

2.2. Contestación de la demanda

10. La señora María Teresa Florián de Barrios sucesora procesal del señor Fidel
Barrios Pacheco (q.e.p.d.)4, actuando por intermedio de apoderado judicial,
presentó oposición frente a las pretensiones formuladas en la demanda,
fundamentó su postura en los siguientes argumentos.

11. El Departamento del Huila como empleador de naturaleza pública, tenía la
obligación de conservar y garantizar la exactitud de los archivos laborales del señor
Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d.), así las cosas, cualquier inconsistencia o
irregularidad en el reconocimiento de la pensión, no puede atribuirse al causante o
a su beneficiaria, quienes actuaron de buena fe, confiando en el proceder diligente
de la administración. Además, la revocatoria abrupta de la pensión afectaría
gravemente los derechos fundamentales de la seguridad social, la vida digna y el
mínimo vital.

12. El derecho adquirido a la pensión no puede ser vulnerado por errores o
negligencias propias de la entidad, la pretensión de nulidad carece de sustento y
que, de prosperar, generaría un perjuicio irreparable a la beneficiaria, quien
depende económicamente de dicha prestación.

13. Finalmente, planteo las excepciones de i) Buena fe y ii) General o innominada.

14. Por otra parte, el curador ad litem en representación de los intereses de Carlos
Arturo Pacheco y los herederos indeterminados5, indicó que la Gobernación del
Huila es quien posee y emite las historias laborales de sus empleados, resultando
difícil que el trabajador las falsifique, especialmente, cuando deben ser revisadas
por empleados altamente calificados antes de expedir el acto de reconocimiento
pensional.

15. La certificación de tiempo laborado con la cual se reconoció la pensión de
jubilación al demandado fue radicada en la Gobernación del Huila en septiembre
de 2001, mientras que la certificación aportada al proceso por la entidad data del
año 2002, en ese orden la entidad no puede alegar que los documentos

4
Expediente digital de primera instancia índice 49, archivo
“18_RECEPCIONMEMORIAL_DEMANDADO_CONTESTACIONDEMANDA.pdf”.

5
Expediente digital de primera instancia índice 49, archivo
“118_410012333000201900454001RECEPCIONMEMORIALDEMANDADO20220518175050.pdf”.
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presentados eran falsos o adulterados.
16. No existe proceso penal en contra el señor Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d.) por
la presunta comisión del delito de falsedad en documento público, con la demanda
no se aporta prueba que demuestra tal situación, por lo que no se puede acudir al
causante de la prestación como un presunto falsificador.

17. La demanda tiene origen en una auditoría especial de la Contraloría
Departamental del Huila al Fondo Territorial de Pensiones, oportunidad en la que
se encontraron supuestas irregularidades en el reconocimiento pensional,
evidenciando la existencia de tarjetas kárdex que dan cuenta de la prestación del
servicio por parte del demandado, no obstante ante la falta de soportes respecto al
tiempo de servicio, para el ente de control el causante no cumple con los requisitos
para el reconocimiento pensional.

18. En ese orden, la simple afirmación de inexistencia de documentos que soporten
tales tarjetas, no es razón suficiente para que prima facie se determine el
incumplimiento de los requisitos para el reconocimiento pensional, máxime cuando
el demandado presentó documentos que se presumen originales y fueron
otorgados directamente por la entidad demandante.

19. Formuló la excepción de la prescripción extintiva del derecho, teniendo en
cuenta que la demanda se presentó el 30 de abril de 2018, razón por la cual salta
a la vista que transcurrieron más de tres años desde el reconocimiento pensional.

2.3. La sentencia apelada6

20. El Tribunal Administrativo del Huila – Sala sexta de decisión, en sentencia
proferida el 8 de octubre de 2024, declaró probada la excepción de buena fe
propuesta por la parte demandada y la nulidad de la Resolución 410 de 2002, por
medio de la cual se reconoció pensión de vejez al señor Fidel Barrios Pacheco
(q.e.p.d.), ordenó a la entidad demandante suspender en forma definitiva el pago
de la prestación, negó la devolución de las sumas devengadas de buena fe y se
abstuvo de condenar en costas a la parte vencida. Como fundamento de esa
decisión, señaló:

21. Luego de efectuar el recuento normativo y probatorio pertinente, concluyó que
el señor Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d.) el 21 de septiembre de 2001 solicitó al
Departamento del Huila el reconocimiento, liquidación y pago de una pensión de
vejez, para tal efecto aportó entre otros, certificado de tiempo de servicio expedido
por la entidad departamental, con fundamento en esos documentos la entidad
profirió la Resolución 410 de 2002, mediante la cual le reconoció pensión de

6 Expediente digital de primera
instancia índice 101, archivo
“60SalidaSentenc_ACCEDEAP_201900454DEPARTAMENT.pdf”.
4
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jubilación a partir del 21 de septiembre de 2001.

22. En el contenido del acto de reconocimiento pensional se indica que el señor
Barrios Pacheco (q.e.p.d.), fue trabajador oficial por 26 años, 11 meses y 1 día, así:
del 1 de enero de 1968 al 30 de diciembre de 1979 en el Departamento del Huila
afiliado a CAJANAL y del 16 de enero de 1980 al 16 de diciembre de 1994, en la
Industria Licorera del Huila, con aportes a pensión al ISS.

23. El 5 de octubre de 2018, la Secretaria General de la Gobernación del Huila
expidió certificación en la que se hace saber que el señor Fidel Barrios Pacheco
(q.e.p.d.) prestó servicios a la Industria Licorera del Huila como ayudante de
envasado del 18 de enero de 1980 al 15 de diciembre de 1994. No obstante,
revisado el kárdex zafiro ADM digitalizado, se verifica la existencia de un tiempo de
servicio como inspector de policía (enero de 1968 a diciembre de 1970, enero de
1972 a 30 de diciembre de 1975), sin que se evidencie la existencia de acto de
nombramiento, nómina, historia laboral, expediente de cesantía que permita
demostrar su vinculación laboral con el ente territorial.

24. Del contenido de los medios de prueba allegados al plenario se concluye que
el señor Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d.) no prestó sus servicios al Departamento
del Huila como inspector de policía dependiente de la Secretaría de Gobierno de
enero de 1968 a noviembre de 1978, en atención a que no se encontró documento
alguno que así lo demostrara, supuesto fáctico ratificado por la testigo María
Marcela Cely Montoya, quien bajo la gravedad del juramento señaló que con
ocasión de una auditoria por parte de la Contraloría Departamental del Huila
conoció las tarjetas kárdex que relacionan la información del demandante, pero que
al confrontar su contenido con los documentos del expediente laboral y prestacional
no se encontraron los actos de nombramiento o documentos que soporten
vacaciones, permisos, licencias y otros, con los que fuere posible acreditar las
vinculación laboral.

25. Aunado a lo expuesto, la Secretaría General de la Gobernación del Huila
mediante Oficio 2023SAL00029164 del 3 de marzo de 2023, informó que, revisadas
las bases de datos e inventarios documentales, no se registra información y/o
soportes documentales tales como historia laboral, pagos de prestaciones sociales,
actos de vinculación e incapacidades, permisos, licencias, vacaciones, pago de
nómina a nombre del señor Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d.).

26. De otra parte, si la parte demandada centra su defensa en el deficiente manejo
de la información por parte del Departamento del Huila o en la falta de archivos
confiables, precisando que las tarjetas kárdex para la época de los hechos no las
manipulaban los particulares, también lo es que no aporta ningún medio de prueba
al menos sumaria que justifique los tiempos registrados en las tarjetas y que permita
tener por acreditado que el causante laboró para la entidad desde el año 1986 al
1 de mayo de 1978 y que en consecuencia, dichos tiempos si deben computarse
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para adquirir el derecho a la pensión.

27. En ese orden existe un reconocimiento pensional irregular y con falsa
motivación como quiera que el Departamento del Huila reconoció la pensión del
demandado teniendo en cuenta como tiempo laborado el periodo comprendido
entre 1968 al 1 de mayo de 1978, cuando esta evidenciado que se tuvo en cuenta
un documento que no corresponde a la realidad, en tanto que no existe prueba
alguna que así lo corrobore, por lo que no se lograron acreditar los requisitos legales
para adquirir el derecho a la pensión.

28. Si bien no existe prueba que indique que el demandado fue responsable de la
adición de tiempos contenida en la documentación que sirvió de base para el
reconocimiento pensional o que adulteró tal documento, esto no es razón suficiente
para desestimar los argumentos de la entidad demandante, por cuanto no existe
soporte probatorio que acredite que el demandante laboró entre el 1 de enero de
1968 al 1 de mayo de 1978.

29. En consecuencia, declaró la nulidad del acto demandado y a título de
restablecimiento del derecho ordenó la suspensión del pago de la mesada
pensional reconocida al señor Fidel Barrio Pacheco (q.e.p.d.) sustituida a la señora
María Teresa Florián de Barrios, de otra parte, negó la pretensión de las sumas
pagadas por concepto de mesada pensional, teniendo en cuenta que no se probó
la mala fe en el actuar del demandado.

30. Para el Tribunal se trató de un error compartido, pues la administración
departamental era la encargada y responsable de los archivos y documentos que
reposaban en sus dependencias, y bajo esa consideración fue que el demandado
en vida tuvo acceso al certificado de tiempo de servicio y labores desempeñadas,
razón de más para concluir que obró de buena fe.

2.5. Recurso de apelación.

31. El Departamento del Huila7 sostiene que la parte demandada tenía igualmente
la carga dinámica de la prueba para aportar documentales que demostraran las
presuntas situaciones administrativas de su vida laboral, tales como resoluciones
de vacaciones, permisos, desprendibles de pago, comprobantes de afiliación al
sistema de salud de la entonces Caja Departamental de Previsión Social del Huila,
y actos administrativos de reconocimiento de cesantías, documentación que «brilla
por su ausencia» según la apelante.

32. Adicionalmente, allegó el informe de auditoría especial adelantado por la
Contraloría Departamental al Fondo Territorial de Pensiones entre 2001-2011, que

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Expediente digital primera instancia índice Samai 107
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concluyó un presunto daño patrimonial al Estado por el reconocimiento de 28
pensiones sin el lleno de los requisitos formales, señalando que los soportes
documentales que sirvieron de base para el reconocimiento pensional no alcanzan
el peso probatorio necesario, pues los tiempos de servicio registrados en el Kardex
Zafiro fueron presuntamente manipulados, razón por la cual no existen
documentales complementarios que permitan evidenciar una efectiva prestación de
servicios laborales con el Departamento del Huila y evidenciando la «mala fe» del
señor Barrios Pacheco (q.e.p.d.).

33. Por otra parte, la señora María Teresa Floran Barrios8, argumentó que la
decisión judicial vulneró flagrantemente sus derechos fundamentales al mínimo
vital, a la seguridad social, al debido proceso y a la dignidad humana, garantías
constitucionales que propenden por el respaldo de quien ha perdido la posibilidad
de acceder a una fuente económica propia para satisfacer sus necesidades
básicas.

34. Adicionalmente, destacó que la beneficiaria de la pensión es una persona de
79 años, diabética, con serios problemas de salud y sin ninguna renta diferente a
la pensión que hoy recibe, constituyéndose en un sujeto de especial protección por
su condición de adulta mayor vulnerable.

35. No existe en el expediente prueba suficiente que desvirtúe la presunción
constitucional de buena fe o que demuestre participación fraudulenta del
pensionado Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d) en la obtención de su prestación,
además la administración departamental incurrió en negligencia al no adoptar las
medidas necesarias para la revisión de los documentos que se encontraban en sus
archivos.

36. Al realizar la valoración probatoria se desconoce que los reportes al parecer
fueron manipulados por terceros que realizaban los registros en los archivos de la
entidad y que teniendo la demandante la posibilidad de revisarlos, no lo hizo y ahora
no puede alegar en su favor su propia culpa.

2.6. Trámite en segunda instancia

37. A través de auto de 14 de febrero de 20259, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por las partes y se ordenó correr traslado al agente del Ministerio
Público para emitir concepto en segunda instancia.

38. En el término otorgado las partes y el agente del Ministerio Público guardaron
silencio.

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Expediente digital primera instancia índice Samai 106
9 Expediente digital segunda instancia Índice 4 de SAMAI.

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

39. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15010 de la Ley 1437 de 2011.

3.2. Marco de análisis de la segunda instancia

40. Según el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez
de segunda instancia está circunscrita a los argumentos del apelante. Si ambas
partes apelan la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. En el asunto
objeto de estudio, interponen recurso de apelación la entidad demandante y la
señora María Teresa Florián Barrios, por lo que este Tribunal resolverá sin
limitaciones.

3.3. Cuestión previa

41. En recurso de apelación formulado por la señora María Teresa Florián De
Barrios, alega como primer cargo que la decisión adoptada por el Tribunal del Huila
desconoce sus derechos al mínimo vital, seguridad social, debido proceso y
dignidad humana, lo anterior teniendo en cuenta que pierde la posibilidad de
acceder a una fuente económica propia que le permita satisfacer sus necesidades
básicas.

42. Al respecto se advierte que tales afirmaciones no constituyen reparo concreto
frente a los argumentos que consideró el a quo para efectos de declarar la nulidad
de la Resolución 410 de 2002, por la cual el Departamento del Huila le reconoció
pensión de vejez al señor Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d.), esto es esencialmente
porque no existe prueba de la vinculación laboral del causante en el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 1968 al 1 de mayo de 1978. Por lo anterior, no
hay lugar a que la Sala se pronuncie sobre el citado cargo.

43. Ahora, en oposición a la apelación de la demandante, la señora Florian de
Barrios precisó que no resulta razonable el descuido en que incurrió la
administración Departamental del Huila, por no haber adoptado las medidas
necesarias, para la revisión de los documentos que se encontraban en sus propios
archivos, tendientes a evitar situaciones irregulares, por lo que ahora no es posible
beneficiarse de su propia culpa.

10 « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
8
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44. Destaca que la valoración probatoria omitió indicar que los reportes de tiempo
de servicio del causante al parecer fueron manipulados por terceros que realizaban
los registros en los archivos de la entidad demandante, hecho no atribuible al
pensionado. En ese orden insiste en que no se desvirtuó la presunción
constitucional de la buena fe.

3.4. Problema Jurídico

45. Corresponde a la Sala de Subsección determinar si la conducta desplegada por
el señor Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d.) en el trámite del reconocimiento pensional
efectuado a su favor, se encuentra o no viciado por la mala fe.

3.5. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso

3.5.1. Devolución de sumas percibidas de buena fe.

46. El artículo 164, numeral 1.°, literal c del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo estableció la premisa normativa según la cual
no hay lugar a recuperar las prestaciones periódicas pagadas a particulares de
buena fe.

47. Es preciso tener en cuenta que el principio de buena fe fue consagrado en el
artículo 83 de la Constitución Política, en los siguientes términos:

«ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá
en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

48. En la ponencia relativa al principio de buena fe en la Asamblea Nacional
Constituyente se señaló que este tiene dos elementos fundamentales:

49. El primer elemento lo constituye el deber genérico de obrar de buena fe, lo que
implica un límite a los derechos de los particulares, quienes no pueden abusar del
ejercicio de las prerrogativas que el ordenamiento les reconoce y además, sirve de
barrera para evitar la desviación de poder de las autoridades.

50. El segundo elemento, se encuentra en la presunción de buena fe en la actuación
de los particulares, la cual se justificó en los siguientes términos:

«Este principio que parecería ser de la esencia del derecho en Colombia ha sido
sustituido por una general desconfianza hacia el particular. Esta concepción negativa ha
permeado todo el sistema burocrático colombiano, el cual, so pretexto de defenderse del
asalto siempre mal intencionado de los particulares, se ha convertido en una fortaleza
inexpugnable ante la cual sucumben las pretensiones privadas, enredadas en una

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maraña de requisitos y procedimientos que terminan por aniquilar los derechos
sustanciales que las autoridades están obligadas a proteger»8.

51. En relación con este principio la Corte Constitucional ha señalado:

«[…] bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las actuaciones de
los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que sólo en el caso
de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba en contrario, la
presunción de la buena fe que protege las actuaciones de los particulares se mantiene
incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni mucho menos,
la mala fe. Sencillamente, que el margen de la presunción que favorece a los particulares,
las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al principio de
constitucionalidad que informa la ley y el principio de legalidad que nutre la producción
de los actos administrativos. Por consiguiente, podría decirse entonces que la presunción
de buena fe que milita a favor de los particulares, en la balanza Estado-
administración hace las veces de contrapeso institucional de cara a los principios de
constitucionalidad y legalidad que amparan en su orden a la ley y a los actos
administrativos»9.

52. En ese orden de ideas, para los efectos de la devolución de prestaciones
pagadas de buena fe, no basta con que el particular haya recibido unas sumas que
no encuentran fundamento en una norma jurídica, pues es necesario que haya
acudido a una maniobra fraudulenta o deshonesta con la cual se haya inducido en
error a la administración10.

53. Significa lo anterior, conforme al desarrollo del principio de buena fe, que no
basta con que el pago no sea acorde con el ordenamiento jurídico, sino que es
necesario que medie una maniobra deshonesta o con falta de lealtad respecto del
Estado.

3.6. Caso concreto

54. Sobre el particular sea lo primero señalar que en el curso del proceso no se
allegaron documentos que soporten una investigación penal adelantada en contra
del señor Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d.), relacionada con los documentos que
aportó con el fin de obtener el reconocimiento pensional.

55. Si bien la entidad demandada mencionó la existencia de un proceso penal en
contra del causante, lo cierto es que no probó que en efecto dicho proceso se
encuentre en curso o que en virtud del mismo el señor Fidel Barrios Pacheco haya
sido declarado culpable por falsedad en documento, situación que permitiría
concluir con certeza su actuar doloso o de mala fe en el trámite del reconocimiento
pensional.

56. Adicional y como bien lo analizó el a quo no existe en el plenario medio de
prueba que lleve a concluir que el señor Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d.), se valió
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de maniobras engañosas en aras de obtener el reconocimiento pensional, contrario
a ello está demostrado que el día 21 de septiembre de 2001 solicitó el
reconocimiento y pago de una pensión de vejez a la Gobernación del Huila, porque
en su sentir acreditaba los requisitos para ser beneficiario del derecho pensional.

57. Del contenido de la reclamación administrativa se extrae que como soporte de
la solicitud aportó: certificado de tiempo de servicios, especificando cargos
desempeñados, licencias concedidas y salarios devengados; fotocopia de la cedula
de ciudadanía y registro civil de nacimiento11.

58. Los citados documentos reposan en original en el expediente laboral del
demandado, aportado al proceso por la secretaria general de la Gobernación del
Huila12, los cuales no fueron tachados de falsos o desconocidos por la entidad
demandante.

59. Se reitera que la Gobernación del Huila profirió la Resolución 410 de 200213,
por la cual le reconoció pensión de vejez al señor Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d.),
teniendo en cuenta para tal efecto “Tres constancias expedidas (sic) la Secretaría
General – División Comercial y de Servicios – sobre tiempo de servicios y salarios
devengados, copia del contrato de trabajo con la Industria Licorera del Huila, copia
del acta de liquidación laboral con la Industria Licorera del Hula, registro civil de
nacimiento y fotocopia de la cédula de ciudadanía.”

60. Con fundamento en los documentos allegados por el demandado la entidad
concluyó que nació el 11 de octubre de 1943 y fue trabajador oficial durante 26
años, 11 meses y 1 día, además, que prestó sus servicios del 1 de enero de 1968
al 30 de diciembre de 1979 en el Departamento del Huila afiliado a la Caja
Departamental de Previsión Social y desde el 16 de enero de 1980 al 16 de
diciembre de 1994 en la Industria Licorera del Huila con aportes al ISS.

61. En cuanto a la auditoría especial allegada por la entidad demandante como
fundamento de su recurso de apelación, esta Sala encuentra que dicho documento
probatorio carece de eficacia respecto al caso concreto, toda vez que en el referido
informe de control fiscal no se hace mención alguna del pensionado fallecido, ni se
individualizan conductas irregulares específicamente atribuibles a su persona,
circunstancia que refuerza la conclusión de no haberse desvirtuado la presunción
de buena fe del accionado.

62. Por último, se encuentra acreditado en el plenario que el Secretario General de
la Gobernación del Huila a través de la Resolución 0037 de 202141, reconoció la
sustitución pensional a favor de la señora María Teresa Florián de Barrios con

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Expediente digital de primera instancia índice Samai 78
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Expediente digital de primera instancia índice Samai 78 folios 11 a 13
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Archivo 41_410012333000201900454001RECIBODERESPU20230315072930.pdf folios 117 a 126
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ocasión al fallecimiento del señor Fidel Barrios Pacheco, en cuantía de $1.583.955,
informando en dicho acto que sería incluida en nómina en el mes de febrero del
año 2021. Así mismo, le ordenó reconocer la suma de $28.600.527, por concepto
de mesadas atrasadas.

63. No obstante lo anterior, en cuanto al pago de las sumas reconocidas, señaló:

“PÁRAGRAFO 1:Los dineros que corresponden a cada mesada pensional, respecto
a la sustitución reconocida en el presente artículo a la señora MARÍA TERESA
GLORIAN DE BARRIOS identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.152.093 de
Neiva – Huila, deberán ser girados por el CONSORCIO FIDUCIARIO PENSIONES
HUILA 2006 a un Depósito Judicial que disponga el Magistrado a órdenes del proceso
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Lesividad, que instruye el Tribunal
Contencioso Administrativo del Hula, bajo el radicado 41001233000020190045400,
para que dichos dineros sigan la suerte del proceso judicial respecto de la Resolución
0410 de 2002 en comento, conforme lo disponga el Tribunal Administrativo del Huila
o quien haga sus veces.

PÁRAGRAFO 1.1: EL CONSORCIO FIDUCIARIO PENSIONES HUILA 2006, deberá
inmediatamente suspender o dejar de realizar los giros de que trata el presente
artículo, conforme a orden judicial debidamente ejecutoriada en el cual se suspenda
los efectos jurídicos de la Resolución No 0410 del 24 de abril de 2002 “Por el cual se
reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación”, o se
declare su NULIDAD total o parcial dentro del proceso judicial en cita.

64. Lo anterior significa que la señora María Teresa Florián Barrios, no ha recibido
suma alguna por concepto de la sustitución pensional que le fue reconocida con
ocasión al fallecimiento del señor Fidel Barrios Pacheco, las sumas reconocidas se
encuentran en poder de la entidad demandada. Se conoce en el expediente
conforme a lo informado por el Tribunal Administrativo del Huila en auto del 13 de
octubre de 2021, que en el proceso no se ha constituido deposito judicial pendiente
de pago.

65. Finalmente y si bien en el contenido del recurso de apelación formulado por la
señora María Teresa Florián de Barrios, se refiere a la buena fe en la actuación
adelantada por el señor Fidel Barrios Pacheco (q.e.p,d,) en el procedimiento
administrativo adelantado en aras de obtener el reconocimiento pensional, pese a
que en la sentencia proferida en primera instancia, no se ordenó la devolución de
las sumas pagadas por concepto de mesadas pensionales, la Sala interpreta que
estos argumentos están encaminados a defender su actuar ante la administración
y evitar la imposición de una condena que afecte sus intereses, teniendo en cuenta
su edad y los diferentes padecimientos de salud que la aquejan.

66. Por las anteriores consideraciones, esta Corporación concluye que la
presunción de buena fe no logró ser desvirtuada por el Departamento del Huila
mediante prueba idónea y suficiente. Las deficiencias documentales y los vacíos
probatorios identificados en el expediente pensional son atribuibles a las falencias
del sistema de gestión documental de la propia entidad territorial, circunstancia que
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no puede ser utilizada para sustentar una acusación de mala fe contra el
pensionado, por lo que se confirmará el fallo recurrido.

3.6. Condena en costas

67. La modificación del artículo 188 del C.P.A.C.A., efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

68. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del C.P.A.C.A. se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

69. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del C.G.P., teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del C.P.A.C.A.

70. En consecuencia, no se impondrán costas a la demandada, teniendo en cuenta
que las pretensiones del recurso de apelación formulado por el Departamento del
Huila no prosperan y los argumentos esbozados por la señora María Teresa Florián
Barrios en torno a la buena fe si tuvieron vocación de prosperidad.

71. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 8 de octubre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila – Sala Sexta de decisión dentro del proceso
promovido por la Gobernación del Huila en contra del señor Fidel Barrios Pacheco
(q.e.p.d.), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de acuerdo
con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia,

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Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.

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