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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2020-00602-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2020-00602-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 41001-23-33-000-2020-00602-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

6 de marzo de 2025

Radicado: 41001-23-33-000-2020-00602-01 (29120)
Demandante: Grupo GBC SAS, en liquidación

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2020-00602-01 (29120)
Demandante: Grupo GBC SAS, en liquidación
Demandada: DIAN

Temas: Procedimiento tributario. Presencia de la fuerza pública en la diligencia
de registro. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 25 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que
decidió2:

Primero. Negar las pretensiones de la demanda.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Previa diligencia de registro, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión
132412018000091, del 02 de octubre de 2018, que modificó la declaración de renta (año
gravable 2015) de la actora, en el sentido de calcular un mayor tributo a cargo e imponer
sanción por inexactitud. La decisión fue confirmada con la Resolución 132012019000023,
del 23 de octubre de 20193, que resolvió el recurso de reconsideración.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones4:

Que se declare la nulidad de … la Liquidación Oficial de Revisión 132412018000091 de fecha 02 de
octubre de 2018, proferida por … la [DIAN], mediante la cual se propone la modificación de la
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios … año gravable 2015, y con ella todos y
cada uno de los actos administrativos que anteceden el proceso.

1 Samai CE, índice 3, certificado C5C5D792C0DDAEFE AF02EA256EC4689D D108BBDD3D7C35A3 D0811CC043FA3540 (pdf), p. 1.
2 Samai tribunal, índice 44, certificado 83E52E9835C9C861 70815057C1D36939 5DF6F7D59BEE0590 4C2A398253FC8273 (pdf), p. 12.
3
Samai CE, índice 2, certificado F3BABD491BC79BCB 7C36B4713D4EE43C A03CDDC49B018386 9925655CCEB697FE (pdf), pp. 34 a 68
y 16 a 28.
4 Samai CE, índice 2, certificado F3BABD491BC79BCB 7C36B4713D4EE43C A03CDDC49B018386 9925655CCEB697FE (pdf), pp. 7 a 8.

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1

Radicado: 41001-23-33-000-2020-00602-01 (29120)
Demandante: Grupo GBC SAS, en liquidación

… Se declare la nulidad de … la resolución que resuelve el recurso de reconsideración
132012019000023 de fecha 23 de octubre de 2019, … proferida por la [DIAN], mediante la cual se
propone la modificación de la declaración del impuesto sobre la renta … 2015, y con ella todos y
cada uno de los Actos Administrativos que anteceden el proceso.

Compulsar copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación, … Contraloría General de la
República, … Procuraduría General de la Nación, para que se inicien las investigaciones por los
hechos ocurridos dentro del proceso de competencia de cada entidad …

En consecuencia y a título de restableciendo del derecho que se declare, que mi poderdante no
adeuda suma alguna.

Invocó como vulnerados los artículos 1, 13, 29, 83 y 95 de la Constitución; 683, 742, 743,
745 y 779-1 del ET (Estatuto Tributario); y 190, 191, 340, 416 y 428 del Código Penal
(Ley 599 de 2000)5:

Adujo que los actos se fundamentaron en el artículo 779-1 del ET pese a vulnerar tal
norma, pues la fuerza pública no participó en la diligencia de registro a sus instalaciones,
aun cuando su intervención garantizaba la protección de los medios probatorios y sus
derechos constitucionales y legales. A raíz de lo anterior, su contraparte transgredió los
artículos 3, 13, 29, y 95.9 de la Constitución porque impuso una carga tributaria
desmesurada con base en atropellos y excesos e infringió el principio de igualdad dado
que otras personas en idénticas condiciones no recibieron el mismo tratamiento. Subrayó
el desconocimiento a su buena fe y la inobservancia a los principios de justicia y equidad,
de modo que las pruebas allí recopiladas eran nulas de pleno derecho. Finalmente, indicó
que los funcionarios que adelantaron el registro incurrieron en los tipos penales descritos
en los artículos 190 -violación de habitación ajena por servidor público-, 416 -abuso de
autoridad por acto arbitrario e injusto- y 428 -abuso de función pública- del Código Penal.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora6. Propuso la excepción previa
«ineptitud de la demanda por incumplimiento de requisitos legales »7, toda vez que el «concepto de
violación» no se argumentó la presunta vulneración a las normas citadas como
«fundamentos de derecho» y, en su lugar, transcribió dichos preceptos, presentó
afirmaciones genéricas sobre «atropellos y excesos de la función pública» y no expuso «la
ilegalidad o vulneración a la norma». De igual forma, subrayó que los «pocos argumentos» de la
contribuyente no eran claros, pertinentes ni suficientes para sustentar la supuesta
ilegalidad de sus actos. Especificó el alcance y requisitos del «concepto de violación» y
recalcó la ausencia de elementos en la demanda que controviertan las decisiones, de ahí
que la calificó como defectuosa por incumplir lo previsto en el artículo 162.4 del CPACA8.

Descartó la vulneración a las normas constitucionales o legales invocadas, pues la
Resolución 0465, del 04 de octubre de 2017, expedida por el Director Seccional de
Impuestos y Aduanas de Neiva, ordenó la diligencia del artículo 779-1 del ET a los
establecimientos de comercio de la actora inscritos en el Registro Único Tributario (Rut),
lo cual ocurrió al día siguiente, respetó la citada disposición y no incurrió en vicios o
nulidades que afectaran su eficacia, de modo que las pruebas allí obtenidas eran legales.

5 Samai CE, índice 2, certificado FFC48FF092376438 0709722BAAD7B387 C329B1333AF11901 70ECC2080534443F (pdf), pp. 4 a 9.
6 Samai CE, índice 2, certificado 39D504A1E948C3B9 08ABD6A9887F7BE3 C964A269D3B8BC17 161D9A21C2993A15 (pdf), pp. 1 a 22.
7
El a quo inadmitió la demanda con el auto del 22 de julio de 2020 (índice 2 de Samai) porque -entre otras cosas- el concepto de violación no
especificó los vicios que afectaban a las decisiones demandadas con base en las disposiciones allí indicadas. Posteriormente, la demandante
presentó la respectiva subsanación y, a su turno, el tribunal admitió la demanda con auto del 07 de septiembre de 2020 (índice 2 de Samai).
8 Mediante el Auto A-277, del 13 de agosto de 2021 (índice 2 de Samai), el tribunal rechazó la excepción previa. Al respecto, manifestó que el

juez debía direccionar sus actuaciones hacia la garantía y respeto a los derechos constitucionales y legales de los usuarios, de ahí que no
podía apegarse a ritos procedimentales en detrimento al derecho sustancial. Igualmente, aseguró que el «estudio integral» de la demanda
respaldó su observancia al artículo 162.4 del CPACA. Sin embargo, precisó que esta circunstancia no implicaba que, al momento de decidir
los presuntos vicios de los actos, aquellos no estuvieran «claramente definidos» y, en consecuencia, las pretensiones resultaran imprósperas.

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Demandante: Grupo GBC SAS, en liquidación

Destacó que la contribuyente no discutió la adición de ingresos brutos operacionales ni
la sanción por inexactitud en sede administrativa y/o judicial, toda vez que centró el
debate en los requisitos del artículo 779-1 ejusdem. Luego, precisó que su «facultad de
registro» no era discrecional ni arbitraria y recalcó el cumplimiento a los «requisitos» para
ejercerla porque: (i) en la Resolución 0465, del 04 de octubre de 2017, el Director
Seccional ordenó la diligencia en virtud de «posibles irregularidades de carácter tributario», de
manera que existió una decisión motivada; (ii) no hubo coincidencia entre el lugar de
registro y la casa de habitación, pues el contribuyente era una persona jurídica y el
procedimiento tuvo lugar en los establecimientos de comercio informados en el Rut; (iii)
el registro fue ordenado por el funcionario competente de acuerdo con el artículo 1 del
Decreto 2321 de 2011; y (iv) la diligencia fue notificada al empleado de la demandante
que estaba en el lugar -administrador-. Agregó que durante el trámite compareció un
«auxiliar de sistemas y colaborador contable» de la actora, quien suscribió la respectiva acta.

Por ende, acreditó las condiciones para llevar a cabo la diligencia de registro como
mecanismo que examinaba la veracidad de la declaración y la conducta del
contribuyente. A tenor de la sentencia C-505 de 1999 (MP: Alejandro Martínez Caballero),
mencionó que el mencionado procedimiento constituía un «acto preparatorio cautelar» y un
presupuesto importante para la decisión final, pero su naturaleza impedía que fuera
objeto de impugnación. Después, enfatizó que la orden para la diligencia autorizó la
solicitud de colaboración de la fuerza pública. Defendió la legalidad de su actuación para
obtener los documentos incorporados y valorados, máxime cuando la demandante
presentó afirmaciones que no controvirtieron el fondo de sus actos. Sobre la comisión de
«conductas penales» por los funcionarios que adelantaron el procedimiento, sostuvo que la
contribuyente no relacionó los supuestos fácticos ni probatorios que amparaban su
postura y enfatizó que sus empleados podían desempeñar tal gestión. Reivindicó el
respeto por el debido proceso, dado que siguió las formalidades legales, materializó el
derecho de contradicción y garantizó el derecho a solicitar, aportar y/o controvertir
pruebas, sin embargo, la obligada no formuló argumentos para desvirtuar las glosas.

Precisó que la adición de ingresos brutos operacionales era una conducta sancionable
(art. 647.1 del ET). Por último, solicitó la desestimación de la condena en costas en su
contra, debido a que actuó bajo las normas aplicables y el asunto debatido era de interés
público. Ahora bien, reclamó el reconocimiento de agencias en derecho y «gastos y
expensas procesales», para la cual aclaró que las primeras no requerían prueba y eran
tasadas por el juez según las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Frente a las segundas, indicó que acreditaría su causación en las etapas pertinentes.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda9. Con miras a establecer si las presuntas
irregularidades cometidas por la Administración en la diligencia de registro del artículo
779-1 del ET generaron la nulidad de los actos demandados, señaló que la actora no
refirió una «causal expresa de nulidad», pese a lo cual interpretó que su reclamo consistió en
el desconocimiento al derecho de audiencia y defensa por la forma en que ocurrió dicha
diligencia. Con base en el «fundamento fáctico» de la orden de registro y el acta que la
documentó, expuso que la primera fue notificada a un empleado de la contribuyente que
no suministró información porque no era el encargado de atender el trámite. Sin embargo,
un «auxiliar de sistemas» recibió a los funcionarios del fisco y suscribió el acta. Adujo que la
diligencia ocurrió simultáneamente en el domicilio fiscal de la demandante y en una
bodega que almacenaba su «contabilidad física». Aseguró que el acta detalló el registro y

9 Samai tribunal, índice 44, certificado 83E52E9835C9C861 70815057C1D36939 5DF6F7D59BEE0590 4C2A398253FC8273 (pdf), pp. 1 a

12.

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consignó la información recolectada, el estado de los bienes inspeccionados y el respeto
a los derechos fundamentales de las personas y establecimientos registrados, de modo
que rechazó la vulneración al debido proceso porque la gestión tenía soporte legal (art.
779-1 del ET), la resolución de registro fue suscrita por funcionario competente, motivada
y la diligencia sucedió en las instalaciones de la empresa. Además, sostuvo que el
registro era una actuación «administrativa» que difería de aquellas desplegadas por la
Policía Judicial, pues estas requerían coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Respecto de los medios probatorios obtenidos en la diligencia, subrayó la falta de
configuración de las causales de exclusión de la prueba por ilicitud dado que la actora no
demostró los «atropellos y excesos» de los funcionarios de la demandada y, al contrario, el
acta reflejó «normalidad» de la diligencia y la falta de oposición por parte de quienes la
atendieron. Asimismo, destacó que la recopilación de la documentación física y medios
magnéticos ocurrió sin irregularidades. Aunque en el acta no se dejó constancia del
acompañamiento de la fuerza pública, indicó que dicha circunstancia no vició el
procedimiento, por cuanto tal intervención solo garantizaba la ejecución de la diligencia y
no comprendía la custodia de la información recopilada, que competía exclusivamente a
la autoridad, de ahí que la interpretación de la obligada sobre el alcance del artículo 779-
1 ídem fue errónea. Resaltó la falta de denuncia ante autoridades penales o disciplinarias
sobre los presuntos «excesos» de los funcionarios que realizaron el trámite, pues solo
obraban las afirmaciones de la actora, lo cual no ameritaba el estudio de prejudicialidad
sugerido por la obligada en sus alegatos de conclusión (arts. 161 y 162 del CGP).

Tras describir el contenido del requerimiento especial y de la liquidación oficial, precisó
que la demandante no discutió el «fondo» de los actos y limitó su defensa a los presuntos
«atropellos» que tipificaban múltiples delitos y generaban la exclusión de las pruebas
contaminadas. Advirtió que el recurso de reconsideración no agregó ni solicitó medios
probatorios que demostraran dichas conductas. Así, concluyó que la carga tributaria
determinada en los actos no fue desmesurada, sobre todo porque la investigación se
basó en pruebas legalmente obtenidas que no fueron controvertidas por la contribuyente.

Recurso de apelación

La actora recurrió la decisión del tribunal10. En términos generales, manifestó que el fallo
desatendió sus alegaciones sobre la ilegalidad de la diligencia de registro, pues la
Administración omitió su deber legal de adelantarla con presencia de la fuerza pública «y
aun mas (…) del ministerio público». Igualmente, sostuvo que los empleados de la demandada
se alejaron de las funciones de sus cargos y transgredieron sus derechos fundamentales.

Invocó el inciso 3 del artículo 779-1 del ET y mencionó que la concurrencia de la fuerza
pública al registro era un deber legal del fisco, sin embargo, no existía evidencia de una
solicitud a la Policía Nacional ni de su vinculación en el acta del trámite. Subrayó que el
procedimiento abarcó hasta el día siguiente de su instalación, lo cual reflejó su ilegalidad
y ocurrencia en forma de operativo. Sobre el particular, reseñó que el registro duró hasta
horas de la madrugada, esto es, una franja en donde los empleados de la DIAN no podían
ejercer sus funciones. Puso de relieve la falta de competencia del tribunal para efectuar
pronunciamientos penales, más aún cuando su petición principal fue compulsar copias a
la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.

Censuró que la diligencia de registro fue utilizada como instrumento principal y único para
la obtención de pruebas, pese a que esta tenía un carácter subsidiario y a que el ET

10 Samai tribunal, índice 49, certificado 2E91896165C1BE31 75AF5F776257C031 BCC09979D4F773AB 2096B46A13F47E71 (pdf), pp. 3 a

13.

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previó otros medios probatorios. Por ende, consideró que su contraparte obtuvo las
pruebas en forma ilegal y a través de procedimientos errados, lo cual materializó una
carga tributaria que no debía soportar. A título de «fundamentos de derecho», reprodujo la
sentencia T-916 de 2008 de la Corte Constitucional (MP: Clara Inés Vargas Hernández)
y los artículos 1, 13, 29, 83 y 95 de la Constitución; 159, 179 y 247 del CPACA; y 683,
730, 742, 743, 745, 779-1 del ET. Finalmente, solicitó como prueba en segunda instancia
oficiar a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva para que remitiera
«copia del requerimiento de los funcionarios fiscalizadores (art. 779- inc. 3) para el correspondiente
acompañamiento de la fuerza pública (…) en la ejecución de las respectivas diligencias de registro »; no
obstante, mediante auto del 11 de diciembre de 2024, el magistrado sustanciador negó
el decreto de pruebas en segunda instancia, dado que no se acreditó ninguna de las
condiciones establecidas para tal fin en el artículo 212 del CPACA (índice 4 de Samai).

Pronunciamientos finales

La Administración11 reiteró los argumentos de la contestación a la demanda sobre el
cumplimiento a los requisitos legales del registro, la falta de suficiencia, claridad y
pertinencia de los argumentos de su contraparte e insistió en su respeto al debido
proceso. Ahora bien, precisó que el «registro domiciliario» no era una diligencia
obligatoriamente coordinada por la Fiscalía General de la Nación, sino que podía
ejecutarse por los «funcionarios» encargados de recaudar rentas públicas y manifestó que
la presencia de la fuerza pública en la diligencia de registro era de carácter facultativo.
Por su parte, el ministerio público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo los cargos de apelación
planteados por la demandante, en calidad de apelante única, contra la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.

Problema jurídico

2- Corresponde a la Sala definir si la presencia de los miembros de la fuerza pública
constituía un requisito obligatorio para la validez de la diligencia de registro prevista en el
artículo 779-1 del ET, cuya ausencia implicaría que los medios probatorios recaudados
en el procedimiento carecerían de validez probatoria y, en consecuencia, no podrían
soportar los actos definitivos que modificaron el denuncio privado de la actora.

Preliminarmente, la Sala advierte que en el recurso de apelación se incluyeron
planteamientos novedosos relacionados con la falta de presencia del ministerio público
en la diligencia de registro, la extensión del procedimiento hasta el día siguiente de su
instalación12, el carácter subsidiario del trámite y la improcedencia de su utilización como
única fuente de elementos probatorios, los cuales no hicieron parte de los planteamientos
de la demanda y, por ende, no fueron considerados por el tribunal, de manera que su
análisis excedería la competencia del juez de segunda instancia, quien debe limitar su
revisión a los aspectos controvertidos, aducidos y gestados en el trámite de primer grado
(art. 328 del CGP)13. En consecuencia, la Sección no se pronunciará sobre los mismos.

11 Samai CE, índice 11, certificado AE603B0F3A969B09 850256498B162116 93D5831A99434584 5463D44408EFAAE0 (pdf), pp. 1 a 5.
12 Aunque el hecho 3.2 enunció la fecha de inicio y finalización del registro, ni la demanda inicial o el escrito de subsanación presentaron

argumentos concretos sobre la forma en que tal circunstancia afectaba la legalidad de las decisiones demandadas, toda vez que el único
reclamo de la contribuyente consistió en la obligatoriedad de la presencia de la fuerza pública en la diligencia.
13 Sentencias del 11 y 18 de julio de 2024 (exps. 26450 y 26195, CP: Wilson Ramos Girón).

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En lo atinente a la falta de competencia del a quo para hacer un «pronunciamiento en materia
penal», por cuanto la solicitud principal consistía en enviar copias a la Fiscalía General de
la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, la Sala considera que dicho reparo
no constituye un motivo de inconformidad contra la decisión de primer grado, en la
medida en que la fundamentación de la providencia recayó en el carácter potestativo de
la presencia de miembros de la fuerza pública en la indicada diligencia de registro. Por
otra parte, aunque la sentencia impugnada referenció jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia para desestimar la ilicitud de las pruebas, aducida por la demandante, esto
no implica la asunción de competencias propias de un juez penal, sobre todo cuando el
a quo no efectuó juicios en esa materia y, en cambio, subrayó la ausencia de una
denuncia ante autoridades penales y/o disciplinarias dirigidas «a la investigación y juzgamiento
de los abusos o excesos aludidos», por lo que tales afirmaciones de la actora deben
desestimarse.

Análisis del caso concreto

3- Para resolver el problema jurídico relativo a la obligatoriedad de la presencia de
miembros de la fuerza pública en la diligencia de registro (art. 779-1 del ET), la apelante
manifestó que el fallo desatendió sus alegaciones sobre la ilegalidad del procedimiento,
pues la concurrencia de la fuerza pública no era potestativa de la Administración, máxime
cuando no existía evidencia de una solicitud a la Policía Nacional para que asistiera a la
diligencia ni tampoco había constancia de su vinculación en el acta del registro. Así,
sostuvo que la DIAN obtuvo las pruebas en forma ilegal y con procedimientos errados, lo
cual materializó una carga que no debía soportar y vulneró sus derechos fundamentales.

En contraposición, la demandada defendió el cumplimiento a los requisitos del artículo
779-1 ibidem porque: (i) en la Resolución 0465, del 04 de octubre de 2017, el Director
Seccional ordenó la diligencia en virtud de «posibles irregularidades», de ahí que existió una
decisión motivada; (ii) no hubo coincidencia entre el lugar de registro y la casa de
habitación, pues el contribuyente era una persona jurídica y el procedimiento ocurrió en
los establecimientos de comercio informados en el Rut; (iii) el registro fue ordenado por
funcionario competente (art. 1 del Decreto 2321 de 2011); y (iv) la diligencia fue notificada
al personal de la demandante que estaba en el lugar. Luego, salvaguardó la aptitud legal
de los documentos obtenidos, incorporados y valorados en la diligencia, sin perjuicio de
señalar que su contraparte efectuó afirmaciones que no controvirtieron los actos. Para
finalizar, aseguró que la presencia de la fuerza pública en la diligencia era facultativa.

El a quo consideró que la interpretación de la actora sobre el alcance del artículo 779-1
ídem fue errónea, pues la intervención de la fuerza pública en el registro garantizaba la
ejecución de la diligencia, pero no abarcaba la custodia de la información recopilada, lo
cual competía exclusivamente a la Administración. Con base en el «fundamento fáctico» de
la orden de registro y el acta que consignó su desarrollo, descartó la vulneración al debido
proceso, pues la gestión tenía soporte legal, la resolución de registro fue motivada,
suscrita por funcionario competente y la diligencia se efectuó en las instalaciones de la
empresa. Adicionalmente, sostuvo que el registro era una actuación « administrativa» que
difería de aquellas desplegadas por la Policía Judicial, pues estas requerían coordinación
con la Fiscalía General de la Nación. Respecto de los medios allí obtenidos, defendió la
falta de configuración de las causales de exclusión de la prueba por ilicitud, dado que la
contribuyente no demostró los «atropellos y excesos» de los funcionarios administrativos.
3.1- Para dilucidar el debate, la Sala reiterará el criterio de decisión adoptado
recientemente por esta Sección entre las mismas partes del sub lite14, oportunidades en
14 Sentencias del 14 de septiembre de 2023 exp. 27086, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello, del 09 de mayo de 2024 exp. 27407, CP: Milton

Chaves García y del 11 de julio de 2024 exp. 28621, CP: Wilson Ramos Girón.

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las cuales se precisó que la concurrencia de los miembros de la fuerza pública no era un
requisito de validez de la diligencia de registro prevista en el artículo 779-1 del ET, de
modo que «su presencia o ausencia no tiene ninguna incidencia en la legalidad de dicha actuación».

Como se consideró en aquellas controversias, la Administración ejerce por mandato legal
sus amplias potestades de fiscalización, lo cual la habilita para comprobar la veracidad o
realidad de los hechos económicos que soportan las declaraciones tributarias de los
contribuyentes, así como el cumplimiento de los demás presupuestos legales para
determinar y exigir los tributos a cargo del obligado tributario. Por lo tanto, la autoridad
puede adelantar «todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los
impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta
determinación», de acuerdo con lo previsto en la letra f. del artículo 684 ibidem.

Ahora bien, en el marco de tales facultades legales, el artículo 779-1 ídem autorizó a la
demandada para registrar las oficinas o establecimientos comerciales, industriales o de
servicios de los contribuyentes, responsables o terceros que posean documentos
contables, en aras de recaudarlos y asegurarlos para preservar su contenido y «evitar que
se maquillen, alteren, oculten o destruyan», de ahí que la diligencia tiene una clara finalidad de
«preservación de la prueba» para que «puedan realizarse los estudios detallados y necesarios que
posibiliten el debido control de los tributos, su correcta fiscalización y la efectiva y eficiente recaudación»15.

En tal sentido, con la sentencia del 23 de marzo de 2023 (exp. 26520, CP: Wilson Ramos
Girón), la Sección advirtió que esa diligencia no tiene más condicionamientos que su
decreto mediante acto administrativo motivado, el cual es notificado en el momento
inmediatamente previo al inicio del registro y tiene como propósito «garantizar el objeto de la
diligencia», esto es, el recaudo y aseguramiento de pruebas, de manera que se proteja su
integridad, para lo cual la Administración puede apoyarse o no en la fuerza pública. Tal
intervención en el procedimiento será potestativa y no obligatoria, de modo que su
ausencia no supone la nulidad de las pruebas recaudadas que fundamentan la actuación.

3.2- En el caso concreto, a través de la Resolución 0465, del 04 de octubre de 201716, el
Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva ordenó el registro del artículo 779-
1 del ET a los establecimientos de comercio inscritos en el Rut de la actora (artículo 1),
para lo cual comisionó a veinticuatro (24) funcionarios (artículo 3) y amplió los horarios
de tales servidores «hasta la terminación» de la diligencia (artículo 6). Del mismo modo, el
artículo 5 de la decisión solicitó «la colaboración de la Fuerza Pública, de conformidad con el inciso
tercero del artículo segundo de la Ley 363 de 1997, con el objeto de garantizar la ejecución de las
respectivas diligencias». Posteriormente, los resultados de la diligencia fueron consignados
en el «acta de registro» del 05 de octubre de 201717, la cual recopiló las actividades
realizadas durante el procedimiento y fue suscrita por el « auxiliar de sistemas y colaborador
contable» de la contribuyente, así como por doce (12) de los funcionarios comisionados.

3.3- Acorde con el derecho aplicable y los precedentes reiterados, esta judicatura
constata que la diligencia de registro se adecuó a lo dispuesto en el artículo 779-1 ibidem,
el cual no señaló como obligatorio el acompañamiento de la fuerza pública en dicho
procedimiento. En consecuencia, no prospera el cargo de apelación propuesto por la
parte demandante, lo cual impone confirmar la sentencia de primera instancia.

15 Sentencia del 06 de mayo de 2021 exp. 22775, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
16 Samai tribunal, índice 16, certificado 6CB11ACE3B0516F5 951550F7ED23C0AD 33988E85BE0F291C 45EBC76E73035073 (zip), 1 (pdf)

pp. 11 a 14.
17 Samai tribunal, índice 16, certificado 6CB11ACE3B0516F5 951550F7ED23C0AD 33988E85BE0F291C 45EBC76E73035073 (zip), 1 (pdf)

pp. 15 a 30.

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www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 41001-23-33-000-2020-00602-01 (29120)
Demandante: Grupo GBC SAS, en liquidación

Conclusión

4- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de la
presente sentencia que la concurrencia de los miembros de la fuerza pública no es un
requisito de validez de la diligencia de registro prevista en el artículo 779-1 del ET, de
modo que «su presencia o ausencia no tiene ninguna incidencia en la legalidad de dicha actuación».

Costas

5- Acogiendo la posición mayoritaria de la Sala, relativa a condenar en costas solo
cuando estén demostradas (art. 365.8 del CGP), no se ordenarán en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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