Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2020-00688-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2020-00688-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 41001-23-33-000-2020-00688-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
13 de febrero de 2025
Radicado: 41001-23-33-000-2020-00688-01(28619)
Demandante: Grupo GBC S.A.S. En liquidación
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 41001-23-33-000-2020-00688-01 (28619)
Demandante GRUPO GBC S.A.S. EN LIQUIDACIÓN
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Impuesto al consumo. Bimestre 3 del año 2016. Diligencia
de registro. Reiteración de jurisprudencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 30 de enero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila, Sala Sexta de Decisión, que resolvió lo siguiente1:
«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: SIN condena en costas en esta instancia (…)»
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Grupo GBC S.A.S. en liquidación (en adelante Grupo GBC) presentó la declaración del
impuesto al consumo por el tercer periodo del año 2016 el 15 de julio de 2016,
declaración que por carecer de la firma del revisor fiscal fue dada por no
presentada. El 7 de mayo de 2018 la sociedad presenta la declaración subsanando
la inconsistencia planteada por la DIAN.
El día 4 de octubre de 2017, la DIAN ordenó diligencia de registro a los
establecimientos de comercio que tenía la actora registrados en el RUT de acuerdo
con lo establecido en el artículo 779-1 del Estatuto Tributario.
Previa expedición de requerimiento especial, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (en adelante DIAN) profirió la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 900.024
del 26 de noviembre de 2018, en la que adicionó ingresos brutos operacionales e
impuso sanción por inexactitud.
La sociedad interpuso recurso de reconsideración en contra del acto de liquidación,
el cual fue negado mediante la Resolución Nro. 900012 del 2 de diciembre de 2019.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes
1
SAMAI del Tribunal, índice 27.
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Radicado: 41001-23-33-000-2020-00688-01(28619)
Demandante: Grupo GBC S.A.S. En liquidación
pretensiones :
«5.1. Que se DECLARE la nulidad del Acto Administrativo contenido en la LIQUIDACIÓN
OFICIAL DE REVISIÓN No. 900024 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018,
proferida por el Doctor ÁNGEL ALBERTO LAGUNA CUBILLOS, Jefe de la división de
Gestión de Liquidación Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Seccional
Neiva, mediante la cual se propone la modificación de la declaración del IMPUESTO
NACIONAL AL CONSUMO PERIODO 03 AÑO GRAVABLE 2016, y con ella todos y
cada uno de los Actos Administrativos que anteceden el proceso.
5.2 De igual manera se DECLARE la nulidad del Acto Administrativo contenido en la
RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN No.
900012 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2019, notificada mediante EDICTO con
fecha de des fijación del DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019, proferida por la Doctora
ALICIA PORTELA FARFAN, Jefe de la división de Gestión Jurídica Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales - Seccional Neiva, mediante la cual se propone la
modificación de la declaración del IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO PERIODO
03 AÑO GRAVABLE 2016, y con ella todos y cada uno de los Actos Administrativos
que anteceden el proceso.
5.3. Compulsar copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría
General de la República, a la Procuraduría General de la Nación, para que se inicien
las investigaciones por los hechos ocurridos dentro del proceso de competencia de
cada entidad (Responsabilidad Penal y Disciplinaria).
5.4. En consecuencia y a título de restableciendo del derecho que se DECLARE,
poderdante no adeuda suma alguna.»
La demandante precisó como normas vulneradas los artículos 1, 13, 29, 83 y 95 de
la Constitución Política; 683, 742, 743, 745 y 779-1 del Estatuto Tributario; 190,
191, 340, 416 y 428 de la Ley 599 del 2000.
El concepto de violación se resume así:
Indicó que en el trámite de fiscalización se violó el debido proceso, pues al
realizarse la diligencia de registro prevista en el artículo 779-1 del Estatuto
Tributario, la DIAN omitió vincular a la fuerza pública, de modo que no se
garantizaron los derechos constitucionales y legales de la demandante.
Como consecuencia de lo anterior, estimó que se desconoció el espíritu de justicia
del artículo 683 del Estatuto Tributario y los principios de justicia y equidad y buena
fe de los artículos 13, 83 y 95 de la Constitución. Adicional, consideró que se
inaplicó el artículo 742 del Estatuto Tributario, que ordena que las decisiones de la
administración deben basarse en hechos probados, el artículo 743 ibidem relativo a
la idoneidad de los medios de prueba, y el artículo 745 ibidem que propende por la
resolución de las dudas en favor del contribuyente.
Añadió que los excesos cometidos corresponden a actividades de los servidores
públicos, no de la entidad, por lo que se incurrió en las conductas tipificadas como
delitos en los artículos 190, 191, 340, 416 y 428 de la Ley 599 del 2000. Consideró
que, por este motivo, también se deben considerar nulos los actos acusados.
Oposición de la demanda
La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
siguiente:
Señaló que se configuró la excepción de inepta demanda porque la actora no
desarrolla el concepto de la violación. Los pocos argumentos expuestos no son
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Demandante: Grupo GBC S.A.S. En liquidación
claros, pertinentes ni consecuentes, así como tampoco suficientes para soportar la
supuesta ilegalidad o vicio que pudiese dar lugar a la nulidad de los actos
administrativo objeto del medio de control2. Se anticipa que esta excepción fue
negada por el a quo mediante auto del 11 de agosto de 20223.
Indicó que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados y que
la actora no controvirtió la adición de ingresos y la imposición de la sanción por
inexactitud en el procedimiento administrativo ni en el judicial.
Aseguró que la diligencia de registro cumplió lo dispuesto en el artículo 779-1 del
Estatuto Tributario porque i) contó con resolución motivada, pues fue ordenada
mediante la Resolución Nro. 0465 del 4 de octubre de 2017 exponiendo las razones
de la decisión; ii) la diligencia no se practicó en la casa de habitación de una
persona natural, dado que el contribuyente es una persona jurídica y el registro se
practicó en el establecimiento de comercio; iii) se ordenó por el director seccional
de impuestos y aduanas de Neiva, quien es competente conforme el Decreto 2321
de 2011; y iv) se notificó el acto a los presentes, entre quienes se encontraban el
administrador, el auxiliar de sistemas y el asistente contable de la entidad4.
Con relación a que los funcionarios de la entidad incurrieron en delitos, manifestó
que la demandante no indicó de modo siquiera sumario el motivo para esa
afirmación. Transcribió apartes del acta en la que consta la terminación del trámite
sin ningún tipo de salvedad.
Adujo que no es cierto que las pruebas recaudadas en la diligencia de registro
fueran nulas, pues su recaudo fue acorde con la ley y el respeto del derecho al
debido proceso.
Destacó que la demandante no aportó prueba o argumento alguno dirigido a
cuestionar la liquidación oficial de la declaración objeto de debate. Sin embargo,
mencionó que las pruebas sobre las cuales se reliquidó la obligación y se impuso
la sanción por inexactitud son conducentes, pertinentes y útiles para sustentar la
diferencia en los ingresos dejados de declarar en el año gravable 2016.
Solicitó no condenar en costas a la DIAN, pues la entidad obró en pro del interés
público5. Pero sí solicitó condenar en costas a la demandante.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Huila negó las pretensiones con base en las
siguientes consideraciones:
Relacionó los hechos que encontró probados y, frente al caso concreto, puso de
presente que reiteraba lo expuesto en la sentencia del 24 de mayo de 2022 (Rad.
41001-23-33-000-2021-00146-00), expedida por la Sala Quinta del mismo Tribunal, en la
que resolvió un caso idéntico relacionado con actos de liquidación oficial del
impuesto nacional al consumo del segundo periodo del año gravable 2017.
Indicó que, conforme la sentencia reiterada, la diligencia de registro es una facultad
2
Citó la sentencia del 07 de septiembre de 2018, exp. 60578 del Consejo de Estado; y sentencia C-197 de 1999 de la
Corte Constitucional.
3
Samai del Tribunal, índice 14.
4
Citó la sentencia C-505 de 1999 de la Corte Constitucional; y la sentencia del 11 de octubre de 2012, exp. 18599, C.P.
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
5
Citó la sentencia C-714 de 2001 de la Corte Constitucional; y la sentencia del 25 de octubre de 2015, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez (rad. 73001-23-33-000-2013-00019-01).
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Demandante: Grupo GBC S.A.S. En liquidación
reglada de la Administración. Pese a ello, la demandante no controvierte la omisión
de alguna de ellas, ni su irregularidad o incumplimiento total o parcial, sino que se
limitó a realizar afirmaciones genéricas y alegaciones de delitos sin sustento
probatorio.
Aseguró que el acompañamiento de la fuerza pública corresponde a una
colaboración que la DIAN puede solicitar cuando la considere necesaria para
impedir la alteración, ocultamiento o destrucción de pruebas. Empero, no se trata
de un imperativo legal cuya ausencia vicie el procedimiento.
El Tribunal puso de presente que la anterior decisión fue confirmada por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 14 de septiembre de 2023 (exp.
27086, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello), la cual reafirmó que la diligencia de registro
únicamente tiene dos formalidades, que consisten en el decreto mediante
resolución motivada y su notificación inmediata al momento de su inicio, por lo que
la DIAN no está obligada a convocar a la fuerza pública, y el artículo 779-1 del
Estatuto Tributario no prevé ninguna consecuencia adversa para la Administración
cuando omite solicitar su colaboración.
Finalmente, no condenó en costas por no encontrarlas probadas.
Recurso de apelación
La demandante sustentó su impugnación en que era necesario que en la diligencia
de registro contara con la presencia de la fuerza pública por mandato del artículo
779-1 del Estatuto Tributario, de modo que la omisión en solicitar su colaboración
vicia los actos de liquidación oficial. Reiteró que la presencia de los miembros de la
fuerza pública no es una potestad sino un deber con el que debe cumplir la
Administración.
Señaló que la diligencia de registro se extendió hasta la madrugada del día
siguiente a su inicio, situación que hace más evidente la vulneración a los derechos
de la demandante, pues en dicho horario el personal comisionado no podía fungir
como funcionarios.
Indicó que, como consecuencia de ello, el material probatorio recaudado debe
desecharse6, pues se obtuvo en desconocimiento de los derechos fundamentales
de la demandante. Así, al fundarse la modificación de los actos en pruebas
obtenidas ilegalmente, se debe desconocer el contenido de los mismos.
Adujo que la obtención de pruebas mediante la diligencia de registro constituye un
mecanismo subsidiario de convicción, por lo que a la DIAN le era exigible acudir a
otros medios de prueba y no basar la liquidación oficial exclusivamente en la
diligencia de registro.
Sostuvo que el pronunciamiento en materia penal no es de competencia de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que la petición de la demanda
se dirigió a que se compulsaran copias a la Fiscalía General de la Nación, a la
Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación.
Finalmente solicitó como prueba documental que se oficie a la demandada para
que remita copia del requerimiento de los funcionarios que asistieron a la diligencia
de registro para el correspondiente acompañamiento de la fuerza pública. Esta
6
Citó la sentencia T-916 de 2008 de la Corte Constitucional.
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Demandante: Grupo GBC S.A.S. En liquidación
petición fue negada por el despacho ponente mediante auto del 22 de octubre de
20247.
Oposición a la apelación
La DIAN solicitó8 confirmar la sentencia de primera instancia porque la diligencia
de registro se desarrolló en cumplimiento de las exigencias legales, por lo que las
pruebas que se recaudaron de forma lícita9. Señaló que la demandante no expuso
un concepto de violación suficiente, claro o pertinente.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Problema jurídico
En el recurso de apelación, la demandante plantea argumentos no propuestos en
la demanda. Estos son: i) la práctica del registro por fuera de horas hábiles, y ii) el
carácter subsidiario de la diligencia de registro, por lo cual se considera
improcedente su utilización como única fuente de elementos probatorios.
Estos nuevos cargos no pueden ser estudiados en virtud del principio de justicia
rogada, que impone al interesado la carga de exponer los argumentos que
sustentan su pretensión de nulidad en la demanda10 y le impide proponer nuevos
cargos de nulidad durante el trámite judicial11. Así mismo, el principio referido
prohíbe al juez analizar los argumentos no propuestos en el escrito de la demanda,
so pena de incurrir en una sentencia extra petita12.
Precisado lo anterior, corresponde a la Sala estudiar la legalidad de la Liquidación
Oficial de Revisión Nro. 900.024 del 26 de noviembre de 2018 y de la Resolución
Nro. 900012 del 2 de diciembre de 2019, actos administrativos proferidos por la
DIAN para determinar el impuesto nacional al consumo por el tercer periodo de
2016 a cargo del Grupo GBC S.A.S. en Liquidación.
2. Sobre la validez de la diligencia de registro
La apelante sostiene que la diligencia de registro se efectuó sin intervención de la
fuerza pública, lo que a su juicio desconoce el artículo 779-1 del Estatuto Tributario.
Para resolver la apelación, se pone de presente que la Sección decidió un caso
idéntico y en el que se propuso el mismo argumento, pero con relación al bimestre
2 de 2017, en sentencia del 14 de septiembre de 2023 (exp. 27086, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello), por lo que se reiterarán las consideraciones expuestas en esa
oportunidad.
7
Samai, índice 16.
8
SAMAI, índice 11.
9
Citó la sentencia del 29 de noviembre de 2021, exp. 20635, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
10
Sentencia del 16 de octubre de 2019, exp. 23331, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
11
Sentencia del 11 de julio de 2019, exp. 21636, CP: Milton Chaves García.
12
Sentencia del 3 de agosto de 2016, exp. 20865, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. En el mismo sentido, ver
sentencias del 16 de septiembre del 2010, exp. 16605, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, y del 30 de agosto de
2017, exp. 20778, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Reiteradas en sentencias del 30 de julio de 2020, exp. 24179
C.P. Milton Chaves García y del 14 de julio de 2022, exp. 26024, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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En la mencionada providencia se explicó que el artículo 684 del Estatuto Tributario
confiere amplias facultades de fiscalización a la Administración para verificar la
correcta determinación de los tributos y el cabal cumplimiento del deber de
contribuir.
En ejercicio de dichas facultades, el artículo 779-1 ibidem autoriza a la DIAN para
registrar las oficinas o establecimientos comerciales, industriales o de servicios de
los contribuyentes, responsables o terceros que posean documentos contables,
para retenerlos y asegurarlos, con la finalidad de preservar su contenido y evitar
que se maquillen, alteren, oculten o destruyan.
El fallo reiterado indicó que la diligencia de registro tiene una marcada finalidad de
preservación de la prueba recaudada en ella, así:
“(…) el registro abre un espacio para recolectar todo tipo de pruebas que, en criterio de quien
lo realiza, tengan plena relevancia para la investigación fiscal previamente avistada, sin
ninguna restricción en cuanto al medio a asegurar, ni al individual criterio de utilidad que asista
a la Administración; de allí que el referido artículo 779-1 de ET lo haya incluido en la regulación
de los diferentes medios probatorios tributarios, sin más condicionamientos expresos que su
decreto mediante acto administrativo motivado, notificado en momento inmediatamente
anterior al inicio de la diligencia y no recurrible.
Asimismo, la perspectiva legal del registro advierte en él un claro propósito de conservación
documental auténtica, dirigido a mantener intacto el contenido de los documentos recaudados
dentro de la diligencia y a evitar que se maquillen, alteren, oculten o destruyan; para que
sobre ellos puedan realizarse los estudios detallados y necesarios que posibiliten el debido
control de los tributos, su correcta fiscalización y la efectiva y eficiente recaudación de los
mismos”13 (subraya la Sala).
De igual forma, se puso de presente que la Sala14 advirtió que esta diligencia no
tiene más condicionamientos expresos que su decreto mediante acto administrativo
motivado, notificado en el momento inmediatamente previo al inicio de la diligencia,
el cual no es susceptible de recursos.
Respecto a la intervención de la fuerza pública, el inciso tercero del artículo 779-1
del Estatuto Tributario establece lo siguiente: “Para tales efectos, la fuerza pública deberá
colaborar, previo requerimiento de los funcionarios fiscalizadores, con el objeto de garantizar la
ejecución de las respectivas diligencias. La no atención del anterior requerimiento por parte del
miembro de la fuerza pública a quien se le haya solicitado, será causal de mala conducta” (subraya
la Sala).
Con base en lo anterior, el precedente invocado para decidir este caso concluyó
que “la norma transcrita no establece la obligación para la DIAN de solicitar la intervención de la
fuerza pública para practicar el registro, sino el deber que recae sobre ella de prestar su colaboración
a la autoridad tributaria. Es por esto que el inciso transcrito no prevé ninguna consecuencia adversa
para la Administración cuando omite pedir el apoyo correspondiente, pero si considera que el
miembro de la fuerza pública que no atienda el requerimiento incurre en causal de mala conducta”.
De este modo, contrario a lo dicho por la apelante, el artículo 779-1 del Estatuto
Tributario no dispone que la concurrencia de la fuerza pública sea un requisito de
validez de la diligencia de registro practicada por la autoridad tributaria, de tal modo
que su presencia o ausencia no tiene ninguna incidencia en la legalidad de dicha
actuación.
Con relación al caso concreto, en el expediente obra la Resolución Nro. 0465 del 4
de octubre de 2017, que en el artículo 5, dispuso “Solicitar la colaboración de la Fuerza
13
Sentencia del 6 de mayo de 2021, exp. 22775, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
14
Sentencia del 23 de marzo de 2023, exp. 26520, C.P. Wilson Ramos Girón.
6
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Pública, de conformidad con el inciso tercero del artículo segundo de la Ley 383 de 1997, con el
objeto de garantizar la ejecución de las respectivas diligencias” 15. Entonces, contrario a lo
expuesto en el recurso de apelación, existe una constancia de que la demandada
se encontraba facultada para solicitar la colaboración de la Fuerza Pública.
De otro lado, la Sala observa que el acta de la diligencia de registro16 y en el informe
de auditoría de la misma actuación17 no tienen constancia alguna de que se hubiera
requerido a la fuerza pública o que no haya prestado su colaboración. Sin embargo,
se reitera que esto no tiene ninguna incidencia en la validez de la actuación, pues
el artículo 779-1 del Estatuto Tributario no establece que sea un requisito para su
práctica.
Por lo expuesto, no prospera la apelación.
3. Sobre la condena en costas
No habrá condena en costas en esta instancia porque no existe prueba sobre su
causación, tal y como lo exige el numeral 8 artículo 365 del Código General del
Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, el 30 de enero de 2024.
2. Sin condena en costas en segunda instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
15
Samai, índice 2, PDF de la oposición a la demanda, página 66.
16
Ibidem, páginas 68 a 74.
17
Ibidem, páginas 338 a 344.
7
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