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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2020-00832-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2020-00832-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 31 Número Interno: 1045-2022 Demandante: Blanca Sofía Palencia Demandado: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Otro. PRIMERO. – CONFIRMAR integralmente la sentencia del Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de Huila, mediante la cual, se declararon probadas las excepciones de cosa juzgada y caducidad, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2020-00832-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintisiete (27) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 41001-23-33-000-2020-00832-01 (1045-2022)
Demandante: Blanca Sofía Palencia
Demandada: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
Otro
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Situaciones administrativas – Terminación de
nombramiento en provisionalidad por supresión del cargo
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), proferida por el
Tribunal Administrativo de Huila, mediante la cual, se declararon probadas las
excepciones de cosa juzgada y caducidad.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

1.1. Pretensiones

1. La señora Blanca Sofía Palencia, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad del acto
administrativo contenido en la comunicación de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019),
expedido por el Subgerente PAR INCODER administrado por FIDUAGRARIA S.A., por
medio del cual, se niegan sus reclamaciones laborales.

1
Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 002DemandaPoderyAnexos.

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Número Interno: 1045-2022
Demandante: Blanca Sofía Palencia
Demandado: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
Otro.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar solidariamente a la
Fiduagraria S.A. en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de
Remanentes INCODER en liquidación, y a la Nación - Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, a reintegrar a la demandante al mismo cargo que ocupaba en el
momento del retiro, (Técnico Administrativo código 3124-grado 16) o a otro de igual o
superior categoría y remuneración, declarándose la no solución de continuidad, para
todos los efectos laborales y de seguridad social.

3. Solicitó condenar a las demandadas a pagar a favor de la señora Palencia, a título de
indemnización, todos los salarios, con sus aumentos anuales y prestaciones sociales,
causadas entre el retiro y el reintegro.

4. De manera subsidiaria, solicitó condenar a las demandadas a pagar a favor de la
demandante, la indemnización por despido, consagrada en el artículo 44 de la Ley 909
de 2004, independientemente del pago de los salarios y prestaciones causadas entre el
retiro y la fecha que se declare la imposibilidad física y jurídica del reintegro.

5. Además, solicitó ordenar el ajuste de valor conforme al artículo 187 del CPACA, sobre
los valores causados y el pago de intereses, en cumplimiento del inciso final del artículo
192 de la misma normativa, a partir de la ejecutoria de la sentencia y hasta el pago
efectivo.

6. También solicitó ordenar el pago de la sanción moratoria contenida en la Ley 244 de
1995, por el no pago oportuno de las prestaciones sociales finales, dentro de los 45 días
siguientes a la terminación de la relación laboral.

7. Finalmente, solicitó condenar al PAR INCODER a pagar costas procesales.

1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:

8. La señora Blanca Sofía Palencia, laboró en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
– INCODER, entre el Veintisiete (27) de enero de Dos Mil Seis (2006) y el Cinco (05) de
diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016).

9. Inicialmente fue nombrada mediante Resolución No. 055 del Once (11) de enero de
Dos Mil Seis (2006), en la ciudad de Ibagué, y posteriormente, sin mediar solución de

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Número Interno: 1045-2022
Demandante: Blanca Sofía Palencia
Demandado: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
Otro.

continuidad, a través de Resolución 4633 del Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil
Siete (2007), fue nombrada para desempeñar el cargo de Técnico Administrativo Código
3124 Grado 16, de la Planta Global del INCODER en la Dirección Territorial Huila, con
sede en Neiva.

10. Mediante Decreto 2365 del Siete (7) de diciembre del Dos Mil Quince (2015), el
Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, INCODER, y en su artículo 21, le ordenó al liquidador, respetar la
garantía constitucional del fuero sindical.

11. El Catorce (14) de octubre de 2016, el INCODER procedió a instaurar proceso
especial de levantamiento del fuero sindical, garantía que amparaba a la demandante por
ser directiva sindical. El proceso judicial se encuentra en trámite en primera instancia, en
el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva. (Rad. 41001310500220160072900),
sin decisión judicial al momento de presentación de la demanda.

12. El Cinco (05) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), el INCODER en liquidación,
mediante comunicación escrita despidió a la demandante, señalando que, la vinculación
se extendería hasta el 6 de diciembre, fecha en la cual, se cerraría el proceso de
liquidación de la entidad; no obstante, para dicha data, no se había proferido sentencia
del juez laboral autorizando el despido, ni el proceso liquidatario había culminado, puesto
que, culminó el Veintiocho (28) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), conforme a la
fecha del levantamiento y suscripción del acta final de liquidación.

13. La señora Palencia presentó demanda especial de fuero sindical en acción de
reintegro, obteniendo sentencia parcialmente favorable, puesto que, el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Neiva, en sentencia del Seis (06) de diciembre de Dos Mil
Diecisiete (2017), confirmada por el Tribunal Superior de Neiva, Sala Civil, Familia,
Laboral, en sentencia del Dieciocho (18) de mayo de Dos Mil Dieciocho (2018), negó el
reintegro, pero ordenó a FIDUGRARIA S.A., el pago de los salarios y prestaciones
sociales causadas entre la fecha del despido, Seis (06) de diciembre de Dos Mil Dieciséis
(2016) y la fecha de liquidación definitiva del INCODER, el Veintiocho (28) de marzo de
Dos Mil Diecisiete (2017).

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Número Interno: 1045-2022
Demandante: Blanca Sofía Palencia
Demandado: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
Otro.

14. El Once (11) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), el PAR INCODER, procedió a
pagar las prestaciones sociales finales, sin incluir la indemnización por el despido,
además, consignó el auxilio de cesantías en la cuenta de la demandante en el Fondo
Nacional del Ahorro, por la suma de $2.684.097.00, por fuera del plazo de gracia que
tiene el Estado, según la Ley 244 de 1995, en su artículo 2º.

15. El Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), la señora
Palencia presentó reclamación administrativa tanto a Fiduagraria S.A. como a la Nación-
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre las mismas pretensiones de la
demanda, obteniendo respuesta negativa, el Trece (13) de diciembre de Dos Mil
Diecinueve (2019).

16. La conciliación se declaró fallida, en audiencia virtual del Veintiuno (21) de agosto
de Dos Mil Veinte (2020), ante la Procuraduría 34 Judicial de Neiva.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

17. La demandante sostiene que, los actos administrativos acusados vulneran:

• Los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 44, 47, 48, 49, 53, 58, 125, 128; 228, 229 y 230 de la
Constitución Política.
• Artículo 138 del C.P.A.C.A.
• Artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
• Ley 909 de 2004.
• Ley 3135 de 1968.

18. Aduce que, el Tribunal Superior de Neiva, Sala Civil, Familia, Laboral en sentencia
del Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), dentro del proceso especial
de fuero sindical contra FIDUAGRARIA, sostuvo que, el Patrimonio Autónomo de
Remanentes PAR INCODER en liquidación, administrado y con vocería de
FIDUAGRARIA S.A., es quien debe asumir el pago de las condenas impuestas en la
providencia objeto de alzada, sin que de ello se entienda que, es dicha sociedad
fiduciaria, quien de su patrimonio propio, debe asumir dichos emolumentos.

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Número Interno: 1045-2022
Demandante: Blanca Sofía Palencia
Demandado: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
Otro.

19. Arguye que, dado que la liquidación definitiva del INCODER, ocurrió el Veintiocho
(28) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), la demandante no podía ser desvinculada
con antelación, además, no era factible dar por terminada la relación laboral de la
demandante, por estar amparada en la garantía constitucional del fuero sindical,
circunstancia conocida por la entidad, al punto que, el Catorce (14) de octubre de Dos Mil
Dieciséis (2016), instauró proceso especial de fuero sindical, solicitando su
levantamiento, ante el Juzgado Segundo Laboral de Neiva, pero, sin esperar el resultado
del proceso o autorización judicial, procedió con dolo y mala fe a despedirla.

20. Sostiene que el acto administrativo demandado, incurrió en abuso de poder y falsa
motivación, circunstancia que acarrea su nulidad, máxime, si se tiene en cuenta que, el
Decreto 2365 del Siete (07) de diciembre de Dos Mil Quince (2015), ordenó al liquidador
del INCODER, respetar la garantía constitucional del fuero sindical, norma que no fue
atendida.

21. Concluye que, el Consejo de Estado en varios pronunciamientos ha manifestado
el deber de pagar indemnización en caso de retiro del servicio, cuando no es posible
cumplir con la orden de reintegro por supresión de la entidad estatal, señalando que,
debe garantizarse un medio de pago a modo de indemnización de perjuicios, como una
forma de respeto a las garantías mínimas laborales, en condiciones de igualdad y equidad
para cada trabajador o empleado.

2. Contestación de la demanda
2.1. Patrimonio Autónomo de Remanentes Incoder en Liquidación2

22. El Patrimonio Autónomo de Remanentes Incoder en Liquidación, se opuso a las
pretensiones de la demanda, señalando que, estas se edifican sobre la calidad de aforada
de la demandante, y la imposibilidad de ser retirada del servicio, enfatizando que, la
acción instituida en el ordenamiento jurídico cuando se desconoce la garantía del fuero
sindical, es la acción de reintegro ante la jurisdicción ordinaria laboral y no, la nulidad y
restablecimiento del derecho; con el agravante que la demandante hizo uso de la primera,
y con los mismos argumentos intenta la acción contencioso administrativa.

2
Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 019ContestaciónDemandaParIncoderLiquidación.

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Número Interno: 1045-2022
Demandante: Blanca Sofía Palencia
Demandado: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
Otro.

23. Consideró censurable que, aunque la demandante ya obtuvo la indemnización por
parte de la justicia laboral, nuevamente solicita la indemnización del artículo 44 de la Ley
909 de 2004, sin que haya sido inscrita en la carrera administrativa, con la intención de
desgastar la administración de justicia.

24. Explicó que, el Seis (6) de diciembre del Dos Mil Dieciséis (2016), venció el plazo
otorgado por el Gobierno Nacional al Incoder, para concluir las actividades propias del
proceso liquidatorio, y el Cinco (5) de abril del Dos Mil Diecisiete (2017), se publicó en el
diario oficial No. 50197 el Acta Final de Liquidación, por medio del cual, se declaró
terminado el proceso concursal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del
Decreto Ley 254 de 2000, norma que regula los procesos liquidatorios de las entidades
públicas del orden nacional. Como consecuencia de lo anterior, se extinguió la personería
jurídica del INCODER.

25. Señaló que, el Patrimonio Autónomo de Remanentes Incoder en Liquidación, es
diferente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder en Liquidación, pues su
finalidad está determinada de acuerdo con las cláusulas del contrato de fiducia mercantil
No. 072, por lo que no es la llamada a responder en el presente asunto, ya que no es la
sucesora procesal de esta última.

26. Indicó que, ante el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Neiva, se
surtió el proceso 41001333300220170024900, en el cual, se dictó sentencia el Diez (10)
de septiembre del Dos Mil Diecinueve (2019), mismo que quedó debidamente
ejecutoriado, al no haberse apelado.

27. Adujo que, para los empleados vinculados en provisionalidad y son retirados del
servicio sin motivación del acto administrativo, la jurisprudencia ha determinado el valor
de su indemnización, en seis meses de salario, que corresponde a la expectativa legal
de la vinculación, y, por lo tanto, los precedentes jurisprudenciales relacionados en la
demanda, no corresponden a la desvinculación de un funcionario amparado por fuero
sindical; sin embargo, señaló que, la desvinculación de la demandante se dio por
mandato legal y no es un acto administrativo con falta de motivación.

28. Manifestó que, no se adeudan sumas por concepto de prestaciones sociales y la
inconformidad sobre las cesantías, se efectuó la consignación el Once (11) de mayo del
Dos Mil Diecisiete (2017), con la correspondiente sanción moratoria.

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Demandante: Blanca Sofía Palencia
Demandado: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
Otro.

29. Finalmente, adujo que, de las pruebas allegadas al expediente, se advierte que en
el mes de enero de Dos Mil Diecisiete (2017), la actora realizó la reclamación
administrativa solicitando su reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir,
solicitud que fue respondida mediante oficio 00219 del Dos (02) de febrero de Dos Mil
Diecisiete (2017), en consecuencia, a la fecha de presentación de la presente demanda
la acción se encontraba caducada.

30. Propuso como excepciones las siguientes: Falta de legitimación en la causa por
pasiva, falta de competencia para conocer acciones de fuero sindical por parte de la
justicia administrativa, caducidad de la acción, falta de competencia para declarar la
nulidad de un acto de carácter privado, inexistencia de la relación laboral entre el
demandante y el demandado, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido.

2.2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural3.

31. La entidad argumentó que, no es la llamada a responder por las pretensiones de
la demanda, comoquiera que, no realizó acciones u omisiones en los hechos descritos,
y, sus funciones son taxativas a la luz del Decreto 2364 del Siete (07) de diciembre de
Dos Mil Quince (2015).

32. Aunado a ello, sostuvo que, la FIDUAGRARIA S.A, es la entidad responsable del
pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, al tenor Del decreto 1850
de 2016.

33. Además, sostuvo que, opera la cosa juzgada, puesto que, en los argumentos
fácticos de la demanda, se advierte la existencia de otros procesos con un mismo objeto,
esto es, obtener un reintegro y el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones
sociales, con la misma identidad de partes, objeto y causa.

34. Propuso como excepciones las siguientes: Inexistencia de la obligación de hacer,
cosa juzgada, inexistencia del nexo causal del hecho causado, omisión u operación
administrativa endilgado a la Nación Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

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Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 020ContestaciónDemandaMinAgricultura.

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Número Interno: 1045-2022
Demandante: Blanca Sofía Palencia
Demandado: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
Otro.

3. Sentencia de primera instancia4

35. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia anticipada del Treinta y Uno
(31) de agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), declaró probadas las excepciones de cosa
juzgada y caducidad, sin condena en costas procesales.

36. El A-quo sostuvo, con relación a la cosa juzgada que, se cumple con el requisito de
identidad de partes, frente a los procesos adelantados ante la jurisdicción ordinaria
laboral, y ante el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito del Huila y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento el derecho No.
41001333300220170024900, con el presente medio de control.

37. Asimismo, consideró que, la identidad de objeto estaba acreditada, porque la parte
actora presentó las mismas pretensiones, esto es, el reintegro al mismo cargo que
ocupaba, técnico administrativo código 3124-grado16, así como, el reconocimiento de los
salarios y prestaciones, entre el momento del retiro y hasta el reintegro.

38. También concluyó que, hubo identidad de causa, esto es que: i) las entidades
demandadas retiraron a la demandante de su cargo, sin haber obtenido previamente
autorización del juez laboral, ii) que se procedió al retiro de la actora el Cinco (05) de
diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), por haber finalizado en dicha fecha el proceso de
liquidación, cuando ello ocurrió sólo hasta el Veintiocho (28) de marzo de Dos Mil
Diecisiete (2017).

39. A partir de lo anterior, determinó que, conforme los supuestos fácticos y el concepto
de la violación de la demanda, la presente demanda no difiere de lo solicitado ante las
jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativo, por lo que declaró probada la
excepción de cosa juzgada.

40. Frente a la excepción de la caducidad, expuso que, en los procesos en los que se
discute una desvinculación por causa de la supresión de cargos, los actos administrativos
que contienen la presunta ilegalidad que se demanda, son el general que ordenó la
supresión, la comunicación particular que le indica al trabajador la desvinculación y/o el

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Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 024SentenciaAnticipada.

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Número Interno: 1045-2022
Demandante: Blanca Sofía Palencia
Demandado: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
Otro.

nuevo acto administrativo que define la planta de personal, sin incorporar al
correspondiente actor.

41. En el caso concreto, refirió que, se profirió el Decreto 2365 del 2015, por medio del
cual, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, que se efectivizó a través del Decreto 1193 del Veintiuno (21) de julio
de Dos Mil Dieciséis (2016), y, dicha entidad profirió la comunicación No. 20162138381
del Veintitrés (23) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), mediante la cual, le informó a
la señora Palencia la supresión del empleo Técnico Administrativo 3124-16.

42. Expuso que, el Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), la actora
solicitó reconsiderar la decisión, para que no fuera suprimido el correspondiente cargo,
solicitud despachada de forma desfavorable por el Patrimonio Autónomo de Remanentes
del INCODER, por medio del Oficio No. 000219 del Dos (02) de febrero de Dos Mil
Diecisiete (2017).

43. Evidenció que, previo a que el PAR-INCODER profiriera el acto administrativo
demandado (comunicado de octubre de 2019), ya se había pronunciado sobre el
reintegro, por lo tanto, el acto administrativo que definió la situación jurídica de la
demandante, fue la comunicación No. 20162138381 del Veintitrés (23) de agosto de Dos
Mil Dieciséis (2016).

44. Exaltó que, la comunicación del Seis (6) de diciembre del Dos Mil Dieciséis (2016),
demandada ante la jurisdicción ordinaria laboral, no fue un acto administrativo que
modificó la situación laboral de la demandante.

45. Refirió que, la petición hecha por la actora el Veinticuatro (24) de septiembre de Dos
Mil Diecinueve (2019), con la cual, hizo que la demandada se pronunciara a través del
acto administrativo demandado, contenía las mismas pretensiones de la petición del
Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), precisando que, su intención fue
revivir términos para poder acudir nuevamente a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

46. Concluyó que, los cuatro meses descritos en el literal d) numeral 2) del artículo 164
del CPACA, para presentar la demanda, se vencieron el Tres (03) de junio de Dos Mil
Diecisiete (2017), mientras que, la demanda se radicó el Veinticinco (25) de agosto de

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Número Interno: 1045-2022
Demandante: Blanca Sofía Palencia
Demandado: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
Otro.

Dos Mil Veinte (2020), es decir, fuera de término legal, teniendo por configurada la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. Recurso de apelación5

47. El extremo procesal activo apeló la decisión de primera instancia, por considerar que,
el fenómeno de la cosa juzgada no se configura, puesto que, en el proceso de fuero
sindical, se solicita el reintegro con fundamento en el derecho fundamental de asociación
sindical y el fuero para los representantes de los trabajadores, consagrado en el artículo
39 constitucional, mientras que, en el proceso de nulidad y restablecimiento, se debate
un derecho de origen legal; el objeto y la causa en uno y en otro son radicalmente
diferentes, así como las acciones judiciales y la jurisdicción, son también diferentes.

48. Afirma que, no hay identidad de causa y objeto, porque el proceso especial de fuero
sindical que se tramitó en el Juzgado Primero Laboral de Neiva, tenía como objeto
principal, el averiguar procesalmente si, el Incoder en Liquidación (Patrimonio Autónomo
de Remanentes, Incoder en Liquidación), obtuvo o no el permiso judicial previo, para el
despido de la demandante, y, por el contrario, este proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho no se originaba en tal circunstancia, ni se pretendía determinar la misma
cuestión que en el proceso especial, no obstante las consecuencias puedan ser similares.

49. Añadió que, en la demanda administrativa laboral se solicita el reintegro, en virtud de
lo ordenado en el decreto de liquidación, esto es que, la desvinculación se haría efectiva
a partir de la fecha que el juez laboral les autorizara el despido, fallo que no obtuvieron y
que a la fecha de presentación del recurso, no han obtenido, además que, el proceso
liquidatorio no culminó el Seis (6) de diciembre del Dos Mil Dieciséis (2016), cuestión que,
en su criterio, constituye un abuso injustificado y una afrenta al Estado Social de Derecho.

50. En cuanto a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada ante el
Juzgado Segundo Administrativo de Neiva – Huila, señaló que, aunque las partes son
coincidentes, las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos son distintos, en virtud de
los actos administrativos respecto de los cuales, se solicita la declaratoria de nulidad.

5
Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 027RecursoApelacionDemandante.

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Número Interno: 1045-2022
Demandante: Blanca Sofía Palencia
Demandado: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
Otro.

51. Respecto a la excepción de caducidad, señaló que, a partir de la desvinculación de
la demandante, acaecida el Cinco (05) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), tenía
tres años para reclamar sus derechos laborales, los que efectivamente reclamó por
escrito ante Fiduagraria, el Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019),
obteniendo respuesta negativa el Trece (13) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019),
y es a partir de esta fecha, en que empieza a correr el término de caducidad de la acción
para la presentación de la demanda.

52. Además, agotó lo ordenado en el artículo 161 del CPACA sobre la procedibilidad de
la conciliación como prerrequisito de la demanda, conciliación declarada fallida el
Veintiuno (21) de agosto de Dos Mil Veinte (2020), y la demanda fue presentada a los
cuatro días siguientes, el Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil Veinte (2020), dentro de
los cuatro meses que la FIDUAGRARIA S.A. emitió respuesta a la reclamación
presentada, descontando el tiempo que duró el trámite de la conciliación administrativa,
lo que implica que no se dio caducidad de la acción.

53. Consideró imprescindible vincular a Fiduagraria S.A., teniendo en cuenta que, el
Patrimonio Autónomo no cuenta con personería y sólo puede actuar a través de la fiducia,
y dado que Fiduagraria no había emitido acto alguno en la negativa de los derechos
laborales que se reclaman, salvo la del Trece (13) de diciembre del Dos Mil Diecinueve
(2019), no habría caducidad del medido de control.

5. Trámite de segunda instancia

54. Mediante auto Primero (1°) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)6, se admitió el recurso
de apelación de acuerdo con lo establecido por el artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se incorporó una
prueba documental7 y se corrió traslado para alegar.

55. En este término, las partes demandante8 y demandada9, presentaron escrito de
alegatos de conclusión.

6
Samai, índice 00018.
7
Sentencia de Diez (10) de septiembre
de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Neiva – Huila, dentro del proceso con radicado 41001-33-33-002-2017-00249-00.
8
Samai, índice 00036.
9
Samai, índice 00035.

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Número Interno: 1045-2022
Demandante: Blanca Sofía Palencia
Demandado: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
Otro.

56. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reitero que, el acto administrativo
demandado, no creó ni extinguió una situación jurídica diferente de aquella consolidada
con ocasión de la desvinculación de la señora Palencia en diciembre de Dos Mil Dieciséis
(2016), pues, su contenido se limitó a responder una petición respecto de los mismos
hechos y las mismas consecuencias jurídicas, además, conforme al material probatorio
allegado al proceso, quedó demostrado que, la demandante instauró anteriormente el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos
administrativos expedidos con ocasión de la supresión de su cargo, el cual, culminó con
la sentencia del Diez (10) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva, en virtud de ello, la controversia
jurídica suscitada, ya había sido estudiada y fallada de fondo por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

57. Adicionalmente, precisó que, la presente acción se encuentra caducada, debido a
que el proceso pretende cuestionar las consecuencias jurídicas derivadas de la supresión
del cargo ocurrida en el año 2016, la cual, fue conocida oportunamente por la parte
demandante, a pesar de haber presentado la reclamación administrativa en septiembre
de Dos Mil Diecinueve (2019), por lo tanto, solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia.

58. La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – Fiduagraria S.A,
argumentó que, el INCODER en liquidación suscribió con Fiduagraria S.A. el contrato de
Fiducia Mercantil No. 072 de 2016, mediante el cual, se constituyó el Patrimonio
Autónomo de Remanentes INCODER en Liquidación (PAR INCODER), no obstante,
destacó que, actuó única y exclusivamente como vocera y administradora del referido
patrimonio autónomo, desarrollando las actividades expresamente previstas en el
contrato de fiducia y sujetándose estrictamente a las instrucciones impartidas en dicho
instrumento y sus anexos, en consecuencia, nunca asumió la condición de sucesora
procesal del extinto INCODER, ni adquirió de manera autónoma las obligaciones
sustanciales derivadas de los asuntos judiciales relacionados con dicha entidad.

59. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el escrito de apelación,
aduciendo que, el fenómeno de la cosa juzgada no se configura en el presente asunto,

13

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puesto que, en el proceso de fuero sindical, la pretensión principal es el reintegro,
sustentado en la protección del derecho fundamental de asociación sindical y en el fuero
de los representantes de los trabajadores, por el contrario, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, se controvierte un derecho de origen legal, lo que implica
que la causa petendi y el objeto litigioso son sustancialmente distintos en uno y otro
proceso, a ello se suma que, las acciones judiciales y las jurisdicciones competentes
también difieren, porque, mientras el fuero sindical se ventila ante la jurisdicción ordinaria
laboral, la nulidad y restablecimiento corresponde a la jurisdicción contenciosa
administrativa.

60. Asimismo, con respecto a la excepción de la caducidad de la acción, refirió que, la
demandante contaba con un término de tres años (prescripción laboral aplicable a
empleados oficiales), para presentar dicha reclamación, plazo que fue ejercido
oportunamente el Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), fecha
en la cual, elevó ante Fiduagraria S.A. las mismas pretensiones que hoy se formulan en
esta demanda, en virtud de ello, la fiduciaria respondió de manera negativa el Trece (13)
de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), y es a partir de esta fecha que comienza a
correr el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
pues, solo con la respuesta expresa de la administración, se configura el acto definitivo
que habilita la vía contenciosa-administrativa.

6. Concepto del Ministerio público

61. El Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

62. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)10, el Juez de segunda instancia

10
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

14

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debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

2.2. Problema jurídico

63. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

i) ¿Se configuraron o no, las excepciones de cosa juzgada y caducidad?
ii) De resultar negativa la respuesta al problema jurídico anterior, ¿Debe
declararse la nulidad del acto administrativo demandado, y ordenar el reintegro
de la demandante al cargo que ocupaba, o en otro de superior categoría?
iii) De no ser posible el reintegro, ¿Debe ordenarse la indemnización por despido,
consagrada en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, independientemente del
pago de los salarios y prestaciones causadas entre el retiro y la fecha que se
declare la imposibilidad física y jurídica del reintegro?

64. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial; 2.4. Material probatorio; 2.5. Caso
concreto; 2.6. Condena en costas.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Sobre el fenómeno de cosa juzgada

65. Acerca del instituto de la cosa juzgada, resulta pertinente recordar que, el artículo
30311 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión del 306 12 del
CPACA, establece tres (3) presupuestos para su configuración, a saber: (i) que el nuevo
proceso debe versar sobre el mismo objeto, es decir que, la pretensión sea idéntica a la
debatida en el anterior trámite en el que se dictó el fallo ejecutoriado; (ii) se debe fundar
en la misma causa, esto es, que entre la demanda y la sentencia proferida en el anterior

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.”
11
«La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse
sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes».
12
«ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo».

15

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asunto, haya semejanza en los fundamentos de hecho y de derecho; y (iii) debe existir
identidad jurídica de partes.

66. Por su parte, el artículo 189 del CPACA, en relación con la cosa juzgada respecto a
las sentencias de nulidad dictadas por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo,
preceptúa que, «la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá
fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes
pero solo en relación con la causa petendi juzgada (…)».

67. En cuanto a la finalidad de la figura de la cosa juzgada, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo señaló13 que, la misma tiene por objeto «impedir que entre las
mismas partes se promueva un proceso con base en los mismos hechos y con idénticas pretensiones de
otro proceso que ya ha sido decidido de fondo, con la finalidad de que dicha providencia lleve inmerso un
carácter inmutable o definitivo que garantice la seguridad jurídica e impida que la controversia se
perpetúe». Asimismo, esta Colegiatura14 ha precisado que:

«Para que asistan simultáneamente aquellos tres elementos (…) al proceso a) deben concurrir las
mismas partes e intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la decisión que constituye
cosa juzgada; b) debe existir identidad de causa petendi, es decir, la demanda y la decisión que
hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Pero
que cuando además de los mismos hechos la demanda presenta nuevos elementos, solamente se
permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual el juez puede retomar los fundamentos
que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa; y c) la demanda debe
versar sobre la misma pretensión material inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se
presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre
una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos
elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.»

68. Por lo tanto, la figura de la cosa juzgada tiene como fundamento el principio
constitucional de la seguridad jurídica, por cuanto, una vez en firme las decisiones
judiciales, no es dable que se reabra el debate jurídico zanjado en el marco de otro
proceso judicial, en atención a la intangibilidad e inmutabilidad que adquieren.

2.3.2. Caducidad del medio de control

69. La caducidad ha sido concebida como un instituto procesal que encuentra su
fundamento en el artículo 228 de la Constitución Política, y con el cual, se busca la
protección material de los derechos y la resolución definitiva de los conflictos que surgen

13
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 13 de febrero de 2024. Exp. 11001-03-15-000-2022-
06769-01. M.P. Milton Chaves García.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso,
sentencia de 1° de agosto de 2013, expediente 11001-03-15-000-2013-01171-00.

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a diario en el complejo tejido social, garantizando el derecho de acceso a la justicia,
dentro de los límites de su ejercicio razonable y proporcional15.

70. En ese sentido, corresponde a una figura de estricto orden público, de obligatorio
cumplimiento, innegociable e irrenunciable, en tanto y en cuanto, implica el
reconocimiento normativo de un término habilitador para el ejercicio de ciertas acciones
judiciales -o medios de control, para el caso-16. Así las cosas, la caducidad se
institucionaliza como un concepto temporal, perentorio y preclusivo, encaminado a
generar certidumbre y seguridad jurídica entre los asociados y la administración.

71. En línea con lo expuesto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-832 del Ocho (8)
de agosto de Dos Mil Uno (2001) 17, explicó que, la caducidad es una «institución jurídico
procesal a través del cual el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el
tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia.” Además, anotó que, «su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado

social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico .»

72. En esta medida, la Corte puntualizó que, la caducidad no concede derechos
subjetivos, sino que, por el contrario, apunta a la protección de un interés general. En la
misma providencia, reafirmó que, el fenómeno jurídico-procesal de la caducidad: « (…) es
una figura de orden público, lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de
oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.»18

73. En la sentencia C-115 de 1998, el Alto Tribunal Constitucional ya había hecho énfasis
en que, el fenómeno jurídico de la caducidad «es la consecuencia de la expiración del término
perentorio fijado en la ley para el ejercicio de ciertas acciones, cuando por un acto, hecho, omisión u
operación administrativa por parte de una autoridad pública, se lesiona un derecho particular. »19 En el

citado pronunciamiento, la Corte sostuvo lo siguiente:

«(…) Siempre se ha expresado que la caducidad es la extinción del derecho a la acción por
cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos
fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. De esta manera, no sería
dable alegar la carencia de medios de defensa en relación con el acceso a la administración de

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, Auto de 5 de septiembre de 2016,
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. No. 05001-23-33-000-2016-00587-01 (57625).
16
Ibíd., pág. 4, párr. 2.2.
17
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
18
Ibidem.
19
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-115 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.

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justicia si el interesado tuvo la oportunidad de iniciar un proceso dentro de los plazos
preestablecidos, de los cuales por su propia incuria no hizo uso para el efecto de ejercer la acción
correspondiente y en consecuencia obtener la reparación directa, frente a la responsabilidad
patrimonial y como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente del
Estado.

La ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas (artículo
136 del CCA), de manera que al no promoverse la acción dentro del mismo, se produce la
caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por los medios
judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños antijurídicos imputables al Estado.
Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. »

74. Esta Sala de Subsección, en reciente sentencia del Veintitrés (23) de Octubre de Dos
Mil Veinticinco (2025), recordó que, el fenómeno de la caducidad, no sólo es un medio
para garantizar la seguridad jurídica, el respeto por las situaciones consolidadas y la paz
social, sino que, además, se erige como una institución de orden público, debido a su
origen procesal y opera de pleno derecho, lo que impone al operador jurídico el deber de
declararla una vez se compruebe su ocurrencia.20

75. Ahora bien, por regla general, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, está sujeto al término de caducidad de
cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente a la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, con sujeción a lo dispuesto
en el numeral 2º, literal d), del artículo 164 ibidem. Empero, el numeral 1º, literal c), del
referido artículo, exceptúa la aplicación de la caducidad cuando la demanda se dirija
contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, o,
de acuerdo con el literal d) ejusdem, cuando la demanda se dirija contra actos producto
del silencio administrativo.

2.4. Material probatorio

76. En el plenario, reposan los siguientes medios de prueba, relevantes para la resolución
del caso concreto:

• Resolución 0055 del Once (11) de enero de Dos Mil Seis (2006), mediante la cual,
el Incoder nombró a la demandante, como técnico operativo, código 4080 grado
15, en provisionalidad21.

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 23 de octubre de 2025,
M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, Rad. 05001-23-33-000-2017-02911-01 (1915-2025).
21
Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 002DemandaPoderyAnexos, folios 78 a 79

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• Resolución 4633 del Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Siete (2007),
emitida por el Incoder, mediante la cual, incorpora a la demandante a la planta de
personal del Incoder en el cargo de Técnico Administrativa código 3124 grado 16
en la sede Neiva, en provisionalidad22.

• Copia del Decreto 2365 del 2015 por medio del cual, el Gobierno Nacional ordenó
la disolución y liquidación del Incoder23.

• Comunicación del Incoder en Liquidación, del Veintitrés (23) de agosto de Dos Mil
Dieciséis (2016), donde se le informa a la demandante, la supresión del empleo
técnico administrativo 3124 16, desempeñado en calidad de provisional24.

• Respuesta del Doce (12) de septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016) emitida por
Incoder en Liquidación, a la petición de revocatoria de la comunicación del
Veintitrés (23) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), no accediendo a ella, porque
respecto del fuero sindical se le indicó que, la supresión del empleo se hará
efectiva, cuando el juez laboral autorice tal gestión25.

• Copia del Decreto 1850 del Quince (15) de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016),
mediante el cual, se adoptan medidas con ocasión del cierre de la liquidación de
Incoder26.

• Oficio del Cinco (05) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), mediante el cual,
Incoder en Liquidación, le comunica a la señora Blanca Sofía Palencia la
terminación de su relación laboral, a partir del Seis (6) de diciembre del Dos Mil
Dieciséis (2016), «fecha en la cual se cierra el proceso de liquidación del
INCODER»27.

22
Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 002DemandaPoderyAnexos, folios 80 a 81
23
Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 002DemandaPoderyAnexos, folios 86 a 97
24
Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 002DemandaPoderyAnexos, folios 77.
25
Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 002DemandaPoderyAnexos, folios 82.
26
Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 002DemandaPoderyAnexos, folios 90 a 103.
27
Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 002DemandaPoderyAnexos, folios 76.

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• Resolución 1548 del Seis (06) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), proferida
por el Incoder en liquidación, mediante la cual, se reconocen las prestaciones
sociales a la demandante y se ordena su pago28.

• Acta de liquidación final del Incoder, del Veintiocho (28) de marzo de Dos Mil
Diecisiete (2017)29.

• Constancia del Fondo Nacional del Ahorro, del Quince (15) de mayo de Dos Mil
Diecisiete (2017)30.

• Petición del Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019),
presentada por la señora Blanca Sofía Palencia ante la Nación-Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural31, en la que solicitó el reintegro en el cargo que
ocupaba a la fecha del despido y los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones dejados de percibir, y, en el evento en que no sea posible, la
indemnización del artículo 44 de la Ley 909 de 2004, independiente del pago de
los salarios y prestaciones causadas, entre el retiro y la fecha en que se declare
la imposibilidad del reintegro.

• Petición del Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019),
presentada por la señora Palencia ante Fidugraria 32, en los mismos términos del
escrito anterior.

• Oficio PAR – JUR -2019 -3053, remitido a la demandante por correo electrónico,
el Trece (13) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), emitido por el Subgerente
de Par Incoder, administrado por Fiduagraria S.A, mediante el cual, se dio
respuesta negativa a la petición de la señora Palencia33.

28
Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 002DemandaPoderyAnexos, folios 83 a 84.
29
Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 002DemandaPoderyAnexos, folios 104 a 161.
30
Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 002DemandaPoderyAnexos, folios 85.
31
Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 002DemandaPoderyAnexos, folios 69 a 70.
32
Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 002DemandaPoderyAnexos, folios 71 a 72.
33
Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 002DemandaPoderyAnexos, folios 73 a 75.

20

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• Copia de la consulta del Dieciocho (18) de febrero del Dos Mil Veintiuno (2021),
realizada en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, donde no
aparece la señora Palencia inscrita en el escalafón de carrera administrativa34.

• Sentencia del Dieciocho (18) de mayo de 2018 (Dos Mil Dieciocho), proferida por
el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva – sala Laboral, dentro de la acción
de reintegro impetrada por la señora Palencia contra el Ministerio de Agricultura y
Patrimonio Autónomo de Remanentes Par Incoder, como vocera de dicho
patrimonio, y radicado No 411310500120170013535.

• Sentencia del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Neiva
expediente dentro de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
impetrado por la señora Blanca Sofía Palencia contra el Ministerio de Agricultura
Y Patrimonio Autónomo de Remanentes Par Incoder como vocera de dicho
patrimonio, y radicado No 41001333300220170024900036.

2.5. Caso concreto

77. En el presente asunto, las pretensiones de la parte demandante, están
encaminadas a la declaratoria de nulidad de la comunicación de octubre de Dos Mil
Diecinueve (2019), expedida por el Subgerente PAR INCODER administrado por
FIDUAGRARIA S.A., por medio de la cual, se niega la solicitud de reintegro, elevada el
Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), al mismo cargo (Técnico
Administrativo código 3124-grado 16) que ocupaba en el momento del retiro, o a otro de
igual o superior categoría y remuneración, declarándose la no solución de continuidad,
para todos los efectos laborales y de seguridad social.

78. Adicionalmente, solicitó condenar a las demandadas, a pagar a favor de la señora
Palencia, a título de indemnización, todos los salarios, con sus aumentos anuales y
prestaciones sociales, causadas entre el retiro y el reintegro.

34
Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 019ContestaciónDemandaParIncoderLiquidación, folios 23 a
24.
35
Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 019ContestaciónDemandaParIncoderLiquidación, folios 57 a
67.
36
Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 027RecursoApelacionDemandante, folios 13 a 27.

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79. De manera subsidiaria, solicitó condenar a las demandadas a pagar a favor de la
demandante, la indemnización por despido, consagrada en el artículo 44 de la Ley 909
de 2004, independientemente del pago de los salarios y prestaciones causadas entre el
retiro y la fecha que se declare la imposibilidad física y jurídica del reintegro.

80. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del Treinta y Uno (31) de
agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), declaró configuradas las excepciones de cosa
juzgada y caducidad.

81. El fenómeno de cosa juzgada lo encontró configurado, a partir de las sentencias
dictadas por la jurisdicción ordinaria laboral y el juez de lo contencioso administrativo; la
primera de ellas, tendiente a la acción de reintegro por fuero sindical, y la segunda para
obtener la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales, se desvinculó a
la demandante del servicio.

82. En cuanto a la excepción de caducidad, consideró que, con la petición de 2019, la
demandante buscó revivir términos legalmente concluidos, debido a que, el retiro y pago
de prestaciones sociales acaeció en el año 2017, y, por lo tanto, fue dichas decisiones
administrativas las que se debieron controvertir.

83. El extremo procesal activo, apeló la decisión de instancia, por considerar, frente a
la cosa juzgada que, no se cumple con los requisitos legales, debido a que, no existe
identidad de partes, de objeto, ni causa.

84. Frente a la caducidad, señaló que, la demandante se encuentra habilitada para
reclamar sus derechos, dentro de los 3 años siguientes a la finalización del vínculo
laboral, por lo que, la petición de 2019 y su correspondiente respuesta, no estaban
afectadas con el fenómeno, debiendo decidirse de fondo la controversia.

85. A efectos de resolver los cuestionamientos de la alzada, procede la Sala a señalar
que, de acuerdo con el material probatorio, la señora Blanca Sofía Palencia fue nombrada
como provisional, en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, el Once (11)
de enero de Dos Mil Once (2011), en el cargo técnico operativo código 4080 grado 15. El
Treinta y Uno (31), de diciembre del Dos Mil Siete (2007), fue nombrada en calidad de
provisional, en el cargo técnico administrativo código 3124, grado 16, en la Dirección
Territorial Huila.

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86. Mediante Decreto 2365 del Siete (7) de diciembre del Dos Mil Quince (2015), se
suprimió el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, y, en su artículo 2°, ordenó
la liquidación, durante el término de un año, el cual, podía ser prorrogado por el Gobierno
Nacional, por decreto motivado. Por su parte, el artículo 21, señaló que:

«Artículo 21°. Fuero sindical. Para efectos de la desvinculación del personal que goza de la
garantía del fuero sindical, el Liquidador adelantará el proceso de levantamiento de dicho
fuero, dentro de los términos y condiciones establecidos en las normas que rigen la materia.
Los jueces laborales deberán adelantar los procesos tendientes a obtener permiso para
retirar a un servidor amparado con fuero sindical, dentro de los términos establecidos en la
ley y con prelación a cualquier asunto de naturaleza diferente, con excepción de la acción
de tutela.»

87. Por su parte, el Decreto 1193 del 2016, por medio del cual, se suprimió
concretamente el empleo Técnico Administrativo, código 3124, grado 16, correspondiente
al ocupado en provisionalidad por la demandante, en su artículo 2 previó:

«ARTÍCULO 2º. En defensa de la garantía constituida por el fuero sindical, los siguientes
empleos se mantendrán temporalmente en la planta de personal del INCODER en
Liquidación hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia que autoriza el levantamiento del
fuero sindical, o hasta el vencimiento del término de este fuero contemplado en la ley o en
los estatutos, o hasta a la terminación del proceso de liquidación; fecha a partir de la cual
se entenderá suprimido el empleo: (…)»

88. Con Oficio del Veintitrés (23) de agosto del Dos Mil Dieciséis (2016), el liquidador
del Incoder, comunicó a la demandante, la supresión de su empleo, y, ante la solicitud de
revocatoria por parte de la empleada, se dio respuesta el Doce (12) de septiembre del
Dos Mil dieciséis (2016), señalando que, la desvinculación sería efectiva cuando el juez
laboral autorice la gestión, negando la petición.

89. El Cinco (5) de diciembre del Dos Mil Dieciséis (2016), el Incoder el Liquidación, le
informó a la demandante que, su vinculación laboral iría hasta el Seis (6) de diciembre
siguiente, por corresponder a la fecha de cierre del proceso de liquidación de la entidad.

90. Por medio de la Resolución 01548 del Seis (6) de diciembre del Dos Mil Dieciséis
(2016), el Incoder en Liquidación, ordenó el reconocimiento y pago de unas prestaciones
sociales.

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Número Interno: 1045-2022
Demandante: Blanca Sofía Palencia
Demandado: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
Otro.

91. Con Oficio 000219 del Dos (2) de febrero del Dos Mil Diecisiete (2017), el
apoderado general del Patrimonio Autónomo de Remanentes Incoder en Liquidación, dio
respuesta negativa a la solicitud de no desvinculación de la entidad, debido a que no se
ha levantado el fuero sindical, así como a la solicitud de indemnización, a partir de la
improcedencia por ocupar un cargo en provisionalidad37.

2.5.1 Del fenómeno de cosa juzgada

92. De acuerdo con la sentencia del Dieciocho (18) de mayo del Dos Mil Dieciocho
(2018), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva – Sala Segunda
de Decisión – Familia – Laboral, la señora Blanca Sofía Palencia, impetró demanda
especial de fuero sindical, acción de reintegro, en contra del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural - Incoder en Liquidación, y el Patrimonio Autónomo de Remanentes
Incoder en liquidación.

93. La pretensión correspondió al reintegro, así como el pago de salarios y
prestaciones, desde el despido hasta el reintegro. Como supuesto fáctico, se estableció
el retiro del servicio, sin la autorización previa del juez aboral, atendiendo su fuero
sindical.

94. La providencia en comento refirió que, la sentencia de primera instancia declaró:
i) que la demandante estaba ampara por el fuero sindical, al ser miembro del Comité
Seccional de Sintraincoder, para el momento de la desvinculación, esto es, para el Seis
(6) de diciembre del Dos Mil Dieciséis (2016); ii) la ineficacia de la desvinculación y el
consecuente reintegro y el pago de prestaciones sociales, entre el Seis (6) de diciembre
del Dos Mil Dieciséis (2016) y el Veintiocho (28) de marzo del Dos Mil Diecisiete (2017),
cuando concluyó el proceso liquidatorio del Incoder; iii) Declaró probada la excepción de
imposibilidad de reintegro propuesta por Fiduagraria S.A.

95. El recurso de alzada en dicho proceso, versó sobre la inconformidad de la parte
demandante, frente a la decisión de limitar el pago de salarios y prestaciones sociales,
hasta el acta de liquidación final del Incoder, por considerar que, aunque la sentencia SU
377 de 2014, estableció dicha data, podían darse otras interpretaciones, como la

37
Samai, índice 0002, ED_ONEDRIVE_1_232022(.zip) NroActua 2, 019ContestaciónDemandaParIncoderLiquidación, folios 25 a
27.

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iniciación de un proceso ordinario laboral, para la indemnización ante la imposibilidad del
reintegro, adicional al pago de salarios y prestaciones sociales.

96. El problema jurídico por resolver, en segunda instancia en el proceso ordinario
laboral, se fijó en los siguientes términos:

«¿Si existe una imposibilidad de reintegro de la actora que la haga merecedora de
indemnización? Y en caso afirmativo ¿si el pago de los salarios y prestaciones
sociales causados desde el 06 de diciembre de 2016, hasta el 28 de marzo de 2017
satisface dicha reparación?»

97. La decisión de segunda instancia, confirmó aquella adoptada por el juez ordinario
laboral, al señalar que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, la imposibilidad de reintegro, tiene como consecuencia el pago de salarios y
prestaciones, ante la imposibilidad de reintegro, dada por la liquidación final del Incoder.

98. En el sub lite, la declaratoria de nulidad y el consecuente restablecimiento del
derecho, se sustenta en el retiro del servicio de la demandante, sin la obtención de
autorización por parte del juez ordinario laboral, para el levantamiento del fuero sindical,
que, en su criterio, da lugar al reintegro al cargo, con el pago de salarios y prestaciones
dejadas de percibir.

99. Bajo este panorama, es absolutamente claro para la Sala que, la pretensión relativa
al reintegro y pago a título indemnizatorio de salarios y prestaciones sociales, es idéntica
a la abordada en el proceso ordinario laboral, por lo que existe identidad de objeto; la
causa también es coincidente, al existir semejanza en los fundamentos de hecho y de
derecho, en tanto y en cuanto, la pretensión se sustenta en la presunta imposibilidad de
retiro del servicio, al no mediar autorización de levantamiento del fuero sindical por parte
del juez ordinario laboral; y existir identidad jurídica de partes.

100. En este punto, es necesario precisar que, aunque el juez ordinario laboral no
declara la nulidad de actos administrativos, pues, su competencia está reservada para el
juez de lo contencioso administrativo, esta cuestión por sí sola, no impide tener por
acreditada la identidad establecida por el artículo 303 del Código General del Proceso,
en tanto y en cuanto, la calidad de aforada sindical, le permitía a la demandante, acudir

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ante el juez ordinario para reclamar el derecho que consideraba a su favor, quien se
pronunció de fondo.

101. Vistas así las cosas, y toda vez que, entre las excepciones al fenómeno de cosa
juzgada, el artículo 304 del Código General del Proceso, no prevé el haber sido dictada
la sentencia, por diferente jurisdicción, la Sala insiste que, en el presente asunto, existe
una decisión definitiva, la cual, se pronunció sobre la calidad de aforada sindical de la
demandante, el derecho que le asistía a permanecer en el empleo hasta la liquidación
definitiva de la entidad, la imposibilidad de reintegro dada la liquidación del Incoder, y, el
pago de salarios y prestaciones a título de indemnización, hasta dicho momento.

102. De igual manera, el juez laboral de segunda instancia, definió de manera definitiva
la imposibilidad de una indemnización distinta a la ordenada, al considerar que, el límite
lo constituía la fecha de liquidación definitiva de la entidad.

103. En este orden de ideas, asiste razón al juzgador de primera instancia, al considerar
identidad de partes, objeto y causa, sin que el argumento de apelación, según la cual, la
demanda contencioso administrativo se fundamente en una causal legal distinta, tenga
asidero, pues, se insiste, los fundamentos de hecho y de derecho con la presente litis,
son coincidentes.

104. En lo que atañe al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 41001-33-33-002-2017-000249-00, conocido por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Neiva – Huila, en el cual, se dictó sentencia de primera
instancia el Diez (10) de septiembre de Dos Mil Diecinueve, además de tener por
acreditada la excepción de pago de la obligación, respecto de las primas de navidad y
servicios, declaró acreditada la excepción de caducidad frente a los oficios de retiro del
servicio y liquidación de prestaciones sociales, declarándose inhibido para decidir de
fondo sobre dichos actos.

105. Las pretensiones de la parte demandante, en dicho proceso judicial, versaron
sobre lo siguiente:

«Se declare la nulidad del acto administrativo general contenido en el oficio No.
20162146883 del 6 de diciembre de 2016, emitido por el liquidador del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER EN LIQUIDACIÓN-, por medio del
cual se comunicó la terminación de la vinculación laboral a la demandante.

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.- Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No.
01548 del 6 de diciembre de 2016, emitida por el liquidador del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER EN LIQUIDACIÓN-, en la que se
reconoció y ordenó el pago de la liquidación y cesantías a favor de la demandante.

• Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No.000058 del
12 de enero de 2017 proferido por el Subgerente del Patrimonio Autónomo de
Remanentes del Incoder en Liquidación, por medio del cual se da respuesta al
derecho de petición presentado por la demandante de fecha 19 de diciembre de
2016.
.- Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
se ordene a las entidades demandadas declarar que existió una relación laboral
entre el INCODER EN LIQUIDACION adscrito al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y la demandante, desde el 27 de enero de 2006 hasta el 6 de
diciembre de 2016, por tanto, deberá pagar a su favor los salarios, prestaciones
sociales dejados de cancelar, así como la indemnización conforme al Acuerdo 65
del C.S.T., artículo 5 de la Ley 1071 De 2006, desde el 7 de diciembre de 2016
hasta la fecha en que se materialice el pago correspondiente, los cuales deberán
ser debidamente indexados.»

106. El sustento de las pretensiones fue la supresión del cargo, la forma de motivación
del retiro de la demandante, en calidad de madre cabeza de familia, aforada sindical y el
pago de las pretensiones, que, de acuerdo con la demanda, se encontraban en mora.

107. Arguyó que, la relación laboral no fue en provisionalidad, sino en carrera
administrativa, al ser permanente, por más de cinco años, incumpliéndose el artículo
2.2.1.1.4 del Decreto 1083 de 2015 y el numeral 2 del artículo 24 de la Ley 909 de 2004,
en virtud del grado de estabilidad, reconocido por la jurisprudencia, quienes no pueden
ser removidos de sus cargos, hasta que no sean sujetos de acción disciplinaria, el cargo
se provea a través de concurso, o sea debidamente motivado.

108. De acuerdo con la sentencia en cita, el A -quo se abstuvo de acceder a las
pretensiones, por cuanto, encontró acreditado el pago de las prestaciones sociales
demandado, enfatizando en la ausencia de derecho de la demandante a una
indemnización derivada de la supresión del cargo con carácter de provisional,
considerando en todo caso que, se configuraba la caducidad de los actos administrativos
de retiro del servicio y liquidación de prestaciones sociales, los cuales datan del Seis (6)
de diciembre del Dos Mil Dieciséis.

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109. Nuevamente al verificar, si se cumplen los presupuestos de la cosa juzgada con
este proceso, se tiene que, la igualdad de partes se encuentra acreditada, siendo
demandante la señora Blanca Sofía Palencia y demandada, la Nación – Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y el patrimonio Autónomo de Remanentes Incoder en
Liquidación.

110. En cuanto a la identidad de objeto, la demandante pretende la indemnización
consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual, resulta
coincidente con la requerida en la presente litis.

111. La causa de la pretensión también resulta coincidente, por lo menos de manera
parcial con este proceso, comoquiera que, se sustenta, entre otras razones, en su calidad
de aforada sindical que, en su criterio, le daban derecho a la permanencia en su empleo
provisional, más allá de la supresión del cargo por liquidación de la entidad.

112. Siendo así las cosas, en criterio de la Sala, la cosa juzgada evidenciada por el A-
quo se encuentra debidamente configurada, al cumplirse la identidad de objeto, causa y
partes, encontrando la Sala que, las pretensiones de esta demanda, constituyen una
reiteración de los argumentos expuestos ante el juez laboral y el juez de lo contencioso
administrativo, existiendo actualmente, decisiones de fondo sobre cada uno de los puntos
de esta litis, razón suficiente para mantener la decisión de primera instancia.

2.5.2. Del fenómeno de caducidad

113. El Tribunal Administrativo del Huila, consideró configurada la excepción de
caducidad, al considerar que, el acto administrativo que había definido de manera
definitiva la situación de la demandante, correspondía al expedido en el mes de agosto
del 2016, en el cual, se le comunicaba la supresión del cargo desempeñado.

114. Adicionalmente, advirtió que, la pretensión de reintegro, ya había sido elevada ante
la entidad, previo a que se produjera el retiro del servicio, por lo cual, el término para
demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, había fenecido.

115. La parte demandante considera que, desde el momento de la desvinculación,
contaba con 3 años para reclamar sus derechos laborales, y, por lo tanto, al haber

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efectuado la solicitud ante Fiduagraria, el Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil
Diecinueve (2019), obteniendo respuesta negativa el Trece (13) de diciembre de Dos Mil
Diecinueve (2019), es a partir de esta fecha, en que empieza a correr el término de
caducidad de la acción para la presentación de la demanda.

116. De otra parte, advirtió que, la reclamación no había sido entablada ante
Fiduagraria, y dado que, el patrimonio autónomo no cuenta con personería, debía
pronunciarse la entidad.

117. Pese a que el A quo, para declarar configurada la excepción de prescripción,
consideró como acto administrativo definitivo, la comunicación a la demandante, del
Decreto 1193 de 2016, lo cierto es que, esta actuación administrativa que puso en
conocimiento de la demandante, la supresión del empleo, establecida en el decreto, debe
tenerse como una unidad inescindible, de acuerdo con el criterio de la Corte
Constitucional, decantado en la sentencia SU-055 de 2018, al precisar:

«(…)7.3. En esas circunstancias, el oficio de comunicación debe ser considerado, en
conjunto con el acto general, un acto administrativo demandable, y aunque es la
declaratoria de nulidad de los actos de incorporación-exclusión (acto bifronte) la que
produciría, en principio, el verdadero efecto jurídico sobre la relación subjetiva del servidor,
lo cierto es que al afectado sólo le es exigible la demanda de los actos conocidos, es
decir, el acto general y el oficio.

7.3.1. Así, en estricto sentido el oficio de comunicación no puede considerarse como un
simple acto de información de la administración, se trata en realidad, como en la teoría del
acto integrador, de un acto que le da eficacia al principal, puesto que particulariza la
situación jurídica del servidor desvinculado y le da la oportunidad de conocer el acto
principal para, en conjunto con la decisión general de restructuración, demandarlo.

En otras palabras, el oficio de comunicación como acto integrador de uno general, le permite
a la supresión “innominada” ser eficaz, pues sólo a partir de aquel acto complementario es
posible indicarle al afectado si su cargo fue suprimido o, según el caso, si permanece. En
ese sentido, tal comunicación materializa de cara al administrado su derecho a conocer que
mediante el acto principal, antes abstracto, se adoptó la decisión de suprimir su cargo, lo
que, entre otras cosas, tiene importantes implicaciones procesales, pues sólo a partir de allí
podría considerarse el parámetro para el cálculo de la caducidad de la acción en la justicia
contenciosa.(…)»

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118. Siendo así las cosas, en este asunto, estaríamos en el marco de un acto
administrativo complejo, comprendido entre el decreto de supresión del cargo de la
demandante y aquel, de la efectiva comunicación.

119. Sin embargo, la fecha de la aludida comunicación, no tendría por efecto iniciar, en
el presente asunto, el conteo del término de caducidad, dado que, el retiro del servicio
tuvo como sustento la culminación del proceso liquidatorio, y se materializó el Seis (6) de
diciembre del Dos Mil Dieciséis (2016), constituyéndose en la ejecución del acto
primigenio, y, por lo tanto, es a partir de dicha data que, iniciaba el conteo de los 4 meses
previstos en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, para acudir a la jurisdicción en
procura de sus derechos, máxime, si se tiene en cuenta que, al mediar la culminación del
vínculo laboral, el reclamo procedente era sobre las prestaciones definitivas, aspecto
tenido en cuenta por el Tribunal Administrativo del Huila.

120. Así lo ha establecido de manera pacífica la Sala, entre otros, en el auto de
Diecinueve (19) de enero del Dos Mil Veintitrés (2023) 38, en el que se reiteró:

«Para establecer el momento a partir del cual empezó a operar el fenómeno de la
caducidad, se advierte que como en este asunto se discute sobre el retiro del servicio de la
accionante, para esos casos la sección segunda de la corporación ha sostenido que tal
institución debe empezar a contabilizarse a partir del día siguiente del momento en que se
materializó la desvinculación laboral.

De forma que los 4 meses de caducidad de que trata el literal d) numeral 2 del artículo 164
del CPACA empezaron a contar a partir del día siguiente a aquel en que se efectuó el retiro
del servicio de la actora, esto es, desde el 2 de enero de 2016, por lo tanto, la oportunidad
para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, vencía el 2 de mayo de 2016.»

121. Vistas así las cosas, asiste razón al A – quo, al concluir que, la demanda
contencioso administrativo, debió interponerse hasta el Siete (7) de abril del Dos Mil
Diecisiete (2017); concretando que la petición elevada por la parte demandante ante
Fiduagraria en el mes de septiembre de 2019, buscaba revivir términos legalmente
concluidos; teniendo en cuenta además que, ni la solicitud de reintegro, ni la
indemnización solicitada, tienen el carácter de prestaciones periódicas.

38
Consejo de Estado. Sección Segunda – Subsección A. Radicado:25000234200020160525401 (2367-2020). M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.

30

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122. Finalmente, la Sala considera, en cuanto al argumento de la necesidad de
pronunciamiento de Fiduagraria como vocera del patrimonio autónomo de remanentes
del Par Incoder que, no tiene vocación de prosperidad, en razón a que, se insiste, el acto
administrativo que, presuntamente vulneró el derecho de la demandante lo constituye el
Decreto 1196 de 2016 y no así la negativa de reintegro.

123. Además, aun de considerarse que, fue la negativa al reintegro y al pago de la
indemnización requerida, la manifestación de la voluntad que conculca los derechos
debatidos, la parte demandante tenía conocimiento de la posición de la entidad, con el
Oficio 000219 del Dos (2) de febrero del Dos Mil Diecisiete (2017), emanado por el
apoderado general del Incoder; por lo que debió acudir ante la jurisdicción, dentro de los
cuatro meses siguientes.

124. Siendo así las cosas, la Sala mantendrá incólume la decisión de primera instancia,
al configurarse la excepción de caducidad del medio de control.

2.6. Condena en costas

125. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, razón por
la cual, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.

2.7. Conclusiones

126. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, al constatar que, en el presente
asunto se configuran las excepciones de cosa juzgada y caducidad, las cuales impiden
resolver de fondo el proceso.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

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PRIMERO. – CONFIRMAR integralmente la sentencia del Treinta y Uno (31) de agosto
de Dos Mil Veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de Huila, mediante
la cual, se declararon probadas las excepciones de cosa juzgada y caducidad, por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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