Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2021-00099-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2021-00099-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 41001-23-33-000-2021-00099-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
16 de octubre de 2025
Radicado: 41001-23-33-000-2021-00099-01 (29399)
Demandante: Vigía Servicio especial S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2021-00099-01 (29399)
Demandante: Vigía Servicio especial S.A.S.
U.A.E. Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Demandada:
Aduanas Nacionales DIAN
Temas: Impuesto sobre la renta CREE - Año 2016. Notificación de la
liquidación oficial de revisión. Demanda per saltum. Adición de
ingresos. Sanción por inexactitud.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 23 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Sexta de Decisión, que decidió2:
“Primero: Negar las pretensiones de la demanda
Segundo: Sin condena en costas”.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
La DIAN mediante requerimiento especial propuso modificar la declaración de renta
para la equidad CREE del año 20163 para aumentar el renglón de ingresos en
$2.193.668.000, disminuir el valor en deducciones por $1.851.389.000 y llevarlos como
costos, rechazar como deducciones la suma de $40.489.000, e imponer sanción por
inexactitud por la suma de $201.074.000. El 6 de julio de 2020 la sociedad Vigía
Servicio Especial S.A.S. radicó respuesta al requerimiento, en esta se allanó a la
modificación de las deducciones, reclasificándolas como costos, aumentó
parcialmente los ingresos en $33.100.000 y liquidó sanción por inexactitud reducida.
El 23 de noviembre de 2020, la DIAN emitió la Liquidación Oficial de Revisión nro.
900.009, en la que dispuso aceptar la corrección provocada, mantener la adición de
ingresos por $2.160.568.0004. Así mismo, impuso sanción por inexactitud, con lo que
se determinó un saldo por pagar de $361.959.000. La demandante en virtud del
artículo 720 del ET. demandó per saltum la liquidación oficial.
1
Ingresó al despacho el 11 de diciembre de 2024.
2
Samai Tribunal, índice 37.
3
Declaración inicial presentada el 20 de abril de 2017 en la que determinó saldo a favor de $31.685.000.
4 Corresponde a la suma de: i) $1.869.712.000 originados en la prestación del servicio de transporte por terceros y ii)
$290.856.000, por las inconsistencias entre la información exógena y certificado por los terceros y lo contabilizado por la
contribuyente.
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Radicado: 41001-23-33-000-2021-00099-01 (29399)
Demandante: Vigía Servicio especial S.A.S.
Demanda
Mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la sociedad Vigía Servicio Especial
S.A.S. formuló las siguientes pretensiones5:
“A. Nulidad de los actos administrativos:
Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión Impuesto sobre la Renta
para la Equidad – CREE No. 900.009 del 23 de noviembre de 2020 proferida por la División
de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuesto y Aduanas de Neiva de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
B. A título de restablecimiento del derecho se reconozca:
Que se declare que VIGIA SERVICIO ESPECIAL S.A.S., presentó en debida forma la
declaración del Impuesto sobre la Renta para le Equidad – CREE correspondiente a la
vigencia fiscal 2016; razón por la cual, la misma se encuentra en firme, no habiendo lugar
a la determinación de un mayor impuesto, así como tampoco a la imposición de una
sanción por inexactitud a su cargo.
C. Condena en Costas:
Que se condene en costas al demandado en virtud de la ilegalidad de los actos y, en el
evento de no acceder a las pretensiones de la presente demanda, no se condene en costas
a la parte demandante; lo anterior, en virtud de los fundamentos contemplados en el acápite
IX de este medio de control”.
Indicó como normas vulneradas los artículos 13, 29 y 83 de la Constitución Política; 26,
102-2, 563, 564, 565, 683, 710, 714 y 742 del Estatuto Tributario; 3 numerales 1, 4 y 9 de
la Ley 1437 de 2011, bajo el siguiente concepto de violación6:
1. Indebida notificación de la liquidación oficial de revisión. Ineficacia del acto
administrativo. Firmeza de la declaración privada
La liquidación oficial de revisión adolece de nulidad por falta de competencia temporal
de la administración de impuestos como consecuencia de la ausencia de su
notificación, siendo ineficaz e inoponible a la demandante, además de nula, por
disposición del numeral 3 del artículo 730 del ET. Advirtió que conoció el contenido de
la resolución por la comunicación por parte de la aseguradora Berkley Seguros S.A.
Afirmó que el acto no le fue notificado y que en consecuencia la declaración privada
se encuentra en firme.
Señaló que la notificación debía efectuarse a la dirección electrónica procesal
informada en la respuesta al requerimiento especial por ser preferente a las otras
formas de notificación conforme con los artículos 563 y 565 del ET. y las reglas
establecidas en la Resolución DIAN nro. 38 del 30 de abril de 20207.
5
Samai Tribunal, índice 18.
6
Samai Tribunal, índice 18.
7
Por medio de la cual se implementó la notificación electrónica.
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Demandante: Vigía Servicio especial S.A.S.
2. Nulidad de los actos por indebida adición de ingresos recibidos para terceros
($2.160.568.000)
Sostuvo que no hay lugar a la adición de ingresos determinada por la administración
de impuestos en cuantía de $2.160.568.000, por cuanto estos fueron percibidos por la
demandante como ingresos para terceros y transferidos a los beneficiarios finales
conforme se encuentra acreditado en la contabilidad, las certificaciones, las facturas
de venta, las retenciones practicadas, las planillas de viajes entre otros, pruebas que,
a juicio del demandante, no fueron debidamente valoradas por la DIAN en la actuación
administrativa.
La naturaleza de ingresos recibidos para terceros deviene de que la sociedad
subcontrata la prestación del servicio de transporte, sin alterar la relación comercial
con el contratante. Es por esta razón que el contratante, en la información exógena,
reporta su relación contractual con la demandante, en la medida en que desconoce la
sub-contratación de servicios con terceros.
La administración desconoce el artículo 26 del ET. al pretender que la demandante
tribute sobre partidas que no son ingresos propios, que se gravan en cabeza del
tercero beneficiario del pago. Aduce que, bajo la tesis de la DIAN, sobre un mismo
hecho económico se presenta una doble imposición y un enriquecimiento sin causa a
favor del Estado. Señala que la parte demandada ignora que constituyen ingreso
aquellas partidas que sean susceptibles de aumentar el patrimonio, por lo que no
constituyen renta líquida de la demandante aquellos ingresos percibidos para terceros.
Destaca que, en virtud del artículo 102-2 del ET., la demandante como empresa de
transporte reconoce el ingreso una vez descontada la porción atribuible al propietario
del vehículo, cuando el servicio se ha prestado a través de terceros; esto es, con
vehículos que no son de su propiedad.
3. Indebida valoración probatoria de los soportes que acreditan los ingresos para
terceros
Señaló que la DIAN no valoró en debida forma las pruebas aportadas que acreditan
que los ingresos adicionados son de terceros. Esto, porque la administración exigió
como único soporte válido el contrato suscrito entre la demandante y los propietarios
de los vehículos, con lo que desconoce el carácter consensual de este tipo de
contratos. La administración desconoció que la contabilidad constituye prueba de los
hechos económicos, junto con los documentos soporte, siempre que demuestren la
realidad económica de la operación y los ingresos percibidos para terceros, tal como
ocurre en el sub lite.
4. Falta de competencia de la DIAN para calificar los contratos de transporte
La DIAN no tiene competencia para desconocer el contenido y alcance de los contratos
de transporte autorizados a la demandante, facultad que recae exclusivamente en el
Ministerio de Transporte. Desconoce la DIAN que, conforme con las resoluciones de
habilitación aportadas al expediente, la contribuyente cuenta con la licencia para
prestar el servicio de transporte especial de manera indefinida, así como para usar
carros de terceros, correspondiendo al Ministerio de Transporte y a la
Superintendencia de Transporte velar por esta información.
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Demandante: Vigía Servicio especial S.A.S.
5. Falsa motivación del acto administrativo
La liquidación oficial adolece de falsa motivación, por cuanto el fundamento de la
adición de ingresos no está debidamente soportado en el expediente administrativo.
Por el contrario, la parte demandada omitió los hechos y pruebas que acreditan los
ingresos percibidos para terceros.
6. Improcedencia de la sanción por inexactitud
Por último, alegó que no hay lugar a imponer la sanción por inexactitud, pues en la
declaración no se omitieron ingresos y la realidad de sus registros contables
corresponden a los valores declarados. En todo caso, se presentó una diferencia de
criterios en el derecho aplicable, sobre la interpretación que regula los ingresos para
terceros y los requisitos de la ley para que se configuren los contratos de transporte.
Solicitó condenar en costas a la entidad demandada conforme con el artículo 365 del
Código General del Proceso.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda 8 con fundamento en los
siguientes argumentos:
1. De la firmeza de la declaración privada, y la falta de competencia de la DIAN
para expedir la liquidación oficial de revisión por la indebida notificación del acto
Señaló que no operó la firmeza de la declaración privada, pues la liquidación oficial de
revisión fue notificada en tiempo a la dirección electrónica procesal informada por la
contribuyente en la respuesta al requerimiento especial, conforme con la constancia
del correo electrónico certificado en el que se verifica que el mismo fue entregado.
2. De la adición de ingresos y la indebida valoración probatoria
No se aportaron pruebas que permitieran establecer si los ingresos recibidos y
registrados por la sociedad corresponden, en parte, a terceros, así como la
identificación de estos. De igual manera, no hay prueba de los contratos suscritos, las
condiciones en que se ejecutaron y el concepto por el cual se contrató.
La falta de soportes que demuestren las condiciones de negociación con los terceros
del servicio prestado y la individualización de los beneficiarios de los pagos resta
credibilidad a la operación contable. Por ello, se deben tener como ingresos propios
todos los recibidos por la demandante. Además, no se aportó prueba que diferencie la
retención en la fuente que beneficia a cada uno de los terceros y la que correspondería
a la sociedad actora. Así, la liquidación oficial está debidamente motivada con
fundamento en los hechos, las normas y las pruebas recaudadas en la actuación
administrativa que dieron lugar a la adición de ingresos.
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Samai Tribunal, índice 16 y 26.
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3. De la falta de competencia de la DIAN. Calificación de los contratos de
transporte
La administración no se extralimitó en sus funciones. En el servicio de transporte
terrestre se permite prestación del servicio con terceros, a través de los contratos de
vinculación, cuando la empresa habilitada para ello no presta el servicio en vehículos
de su propiedad. El contrato en el que consta las condiciones de las prestaciones, los
cobros, la periodicidad entre otros, es un documento necesario y exigible por la
autoridad tributaria para el reconocimiento de los ingresos percibidos por la
demandante para terceros.
4. De la falsa motivación de la liquidación oficial de revisión
El acto administrativo contiene los hechos, fundamentos jurídicos y un análisis de las
pruebas aportadas en sede administrativa que dieron lugar a la adición de ingresos,
que la contribuyente tuvo la oportunidad de controvertir sin que discutiera el
procedimiento adelantado por la DIAN.
5. Procedencia de la sanción por inexactitud
La omisión de ingresos que derivó en un menor impuesto a cargo en la declaración de
renta para la equidad CREE del año 2016 constituye un hecho sancionable por
inexactitud, en virtud del artículo 647 del ET.
6. De la condena en costas
Solicitó la condena en costas, en la medida que está probada la causación de los
gastos y expensas del proceso conforme con la certificación de la Jefe de la División
de Gestión Administrativa y Financiera- supervisora del contrato- y, a título de agencias
en derecho, las cuales deben ser tasadas conforme a las tarifas del Consejo Superior
de la Judicatura.
Sentencia apelada
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda9 sin condenar en costas. Sostuvo
que, de acuerdo con el informe administrativo de la DIAN y el certificado de notificación
electrónica, la administración dio cumplimiento a la ley tributaria y notificó en debida
forma la liquidación oficial de revisión en la dirección electrónica procesal informada
en la respuesta al requerimiento especial. Esta dirección corresponde a la registrada
en el RUT de la sociedad y en el certificado de existencia y representación de la
Cámara de Comercio. Precisó que el certificado de acto administrativo da cuenta de la
notificación realizada a la garante la sociedad Berkley Seguros de Colombia S.A. y a
Vigía Servicio Especial S.A.S. mediante correo electrónico con fecha de notificación
del 25 de noviembre de 2020.
Así, al encontrarse probado que el acto de determinación fue notificado el 25 de
noviembre de 2020 al correo electrónico de la demandante, el Tribunal consideró que
la parte actora no podía acogerse a la figura per saltum, pues dicha facultad no le era
aplicable en la medida que la liquidación oficial fue notificada en debida forma lo que,
a juicio del a-quo, derivaba en la obligatoriedad de interponer el recurso. El Tribunal
indicó concretamente que la “demanda no se presentó dentro de los 4 meses siguientes a la
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Samai Tribunal, índice 37.
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Radicado: 41001-23-33-000-2021-00099-01 (29399)
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notificación del mismo, pues no basta con contestar en debida forma el requerimiento especial, como lo
dispone el artículo en cita”.
Con base en la supuesta ausencia de prueba de la falta de notificación de la liquidación
oficial, el Tribunal niega las pretensiones de la demanda, aduciendo la aplicación del
artículo 167 del CGP, que establece que le incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto que estas persiguen.
Todo lo anterior lleva al Tribunal a concluir que la demandante no desvirtuó la legalidad
del acto, puesto que este fue oportunamente notificado. En consecuencia, no justifica
la falta de interposición del recurso de reconsideración y el no presentar la demanda
dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la liquidación, por lo que señaló
que la sociedad no agotó la vía administrativa. Por efecto de lo anterior, el a quo se
abstuvo de estudiar los demás cargos.
Recurso de apelación
La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia 10. Impugna la decisión
afirmando que la interpretación dada al artículo 720 del ET. es errada. Dicha
disposición no dispuso requisitos adicionales a los allí previstos para la figura per
saltum. Concretamente, la norma no exige que cuando la liquidación oficial de revisión
sea notificada en debida forma el contribuyente, de manera obligatoria, deba
interponer el recurso de reconsideración y dentro de los 4 meses siguientes presente
la demanda.
La demandante cumplió con los 2 requisitos previstos en la norma. Atendió en
oportunidad el requerimiento especial e interpuso la demanda dentro de los 4 meses
siguientes a la notificación del acto -en consideración a la fecha de notificación de la
aseguradora Berkley International Seguros Colombia S.A.-.
Insistió en la indebida notificación del acto de determinación, pues asegura que no fue
enviado al correo electrónico informado en la respuesta al requerimiento especial; por
tanto, solo tuvo conocimiento de la resolución con ocasión de la remisión por parte de
la aseguradora. Afirma que los documentos presentados en el expediente no
proporcionan certeza sobre la entrega efectiva ni la recepción del correo en la bandeja
de entrada de la dirección electrónica. Solo se especifica la fecha y la hora de envío,
lo cual no constituye un certificado de autenticidad que valide la entrega real del acto
administrativo.
Como consecuencia de lo anterior, la DIAN perdió su competencia temporal para
modificar la declaración de renta, de allí que el acto demandado se torna en ineficaz e
inoponible al contribuyente y, en consecuencia, operó la firmeza de la liquidación
privada.
En consideración a lo anterior, el apelante solicitó que se analicen los cargos
sustanciales de la demanda y su reforma que no fueron resueltos en primera instancia.
Pronunciamientos finales
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
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Samai Tribunal, índice 42.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problemas jurídicos
En los términos del recurso de apelación presentado por la parte demandante le
corresponde a la Sala determinar:
(i) ¿Se notificó en tiempo y en debida forma la liquidación oficial de revisión?
(ii) ¿La demandante cumplió con los requisitos para demandar en debida forma la
liquidación oficial de revisión vía per saltum?
En caso de que prospere el cargo de naturaleza procesal, corresponde a la Sala
establecer si:
(iii) ¿Procede la adición de ingresos determinada por la DIAN por el servicio de
transporte especial terrestre?
(iv) ¿Procede la sanción por inexactitud?
1. Notificación electrónica de la liquidación oficial de revisión
La demandante considera que operó la firmeza de la declaración, pues la liquidación
oficial de revisión no fue notificada a la dirección procesal electrónica informada en el
requerimiento especial, por lo que no se entiende efectivamente notificada. Para resolver
este motivo de impugnación se advierte que, si bien el Decreto 491 de 2020 se
encontraba vigente para la época de los hechos esto es, para noviembre de 2020, la
parte actora no la invocó en la demanda como norma vulnerada ni desarrolló el cargo de
la notificación con fundamento en su aplicación. Además, no fue objeto de análisis por
parte del Tribunal de primera instancia.
Como quiera que el debate en el presente asunto recae sobre la notificación electrónica
del acto de determinación, pues tanto el concepto de violación y su réplica versaron sobre
la aplicación de los artículos 564, 565 y 566-1 del ET y la Resolución 38 de 30 de abril
de 2020, la Sala procede a resolver atendiendo al tenor literal de dichas disposiciones de
las cuales se infiere:
• Cuando el contribuyente informe un correo electrónico en el RUT, “se entiende de
manera expresa su voluntad de ser notificado electrónicamente”; por tanto, los actos
administrativos expedidos por la administración con posterioridad al suministro de
dicha información deben ser notificados a esa dirección, hasta que el contribuyente
informe expresamente el cambio de dirección. Lo dispuesto en este parágrafo
empezó a regir el 1.° de mayo de 2020 (parágrafo 4 del artículo 565 del ET11, Ley
2010 de 2019).
• Sobre el correo electrónico al que se debe transmitir el mensaje, si dentro de un
proceso el contribuyente informa una dirección electrónica para fines procesales,
esta dirección electrónica se utilizará de manera preferente (artículo 564 del ET11).
(…) parágrafo 4. Todos los actos administrativos de que trata el presente artículo incluidos los que se profieran en el proceso de
cobro coactivo, se podrán notificar de manera electrónica siempre y cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante haya informado un correo electrónico en el Registro Único Tributario (RUT), con lo que se entiende haber manifestado
de forma expresa su voluntad de ser notificado electrónicamente (…).
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• Si el contribuyente actúa en vía administrativa a través de apoderado, la notificación
se efectuará a la dirección que dicho apoderado tenga registrada en el RUT12
(parágrafo 2 del artículo 565 del ET, Ley 2106 de 2019).
• El artículo 566-1 del ET regula el proceso de notificación electrónica así:
“Es la forma de notificación que se surte de manera electrónica a través de la cual
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN pone en conocimiento
de los administrados los actos administrativos de que trata el artículo 565 del
Estatuto Tributario, incluidos los que se profieran en el proceso de cobro.
Una vez el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante informe la
dirección electrónica a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
en los términos previstos en el artículo 563 y artículo 565 del Estatuto Tributario,
todos los actos administrativos proferidos con posterioridad a ese
momento, independientemente de la etapa administrativa en la que se
encuentre el proceso, serán notificados a esa dirección hasta que se
informe de manera expresa el cambio de dirección.
La notificación electrónica se entenderá́ surtida para todos los efectos
legales, en la fecha del envío del acto administrativo en el correo electrónico
autorizado; no obstante, los términos legales para el contribuyente, responsable,
agente retenedor, declarante o su apoderado para responder o impugnar en sede
administrativa, comenzarán a correr transcurridos cinco (5) días a partir del
recibo del correo electrónico. (...).” (Se resalta)
• Mediante la Resolución 038 del 30 de abril de 2020, la DIAN implementó la
notificación electrónica regulada en el Estatuto Tributario. Específicamente, en los
literales e) y f) del artículo 2.° estableció que la fecha de envío del correo electrónico
para efectos de la notificación “es el momento en el cual el correo electrónico ha salido del buzón
de correo remitente” y la fecha de entrega la define como “el momento en el cual se ha
transmitido al buzón de correo del destinatario”.
Nótese que la norma de orden legal establece los parámetros para considerar
perfeccionada la notificación -envío-; sin embargo, no define de manera técnica
cuándo ocurre tal evento. Otro tanto ocurre con los términos concedidos al
contribuyente, toda vez que se precisa que se otorga un término de 5 días desde el
“recibo”, sin precisar cuándo se considera ocurrido el evento según la herramienta
tecnológica.
Ahora bien, la resolución le da contenido a las expresiones “envío” -salida del buzón del
correo del remitente- y “entrega” -transmisión al correo del destinatario-. Estas definiciones
no resuelven el problema cuando se presentan circunstancias de “anomalías en el
sistema” que llevan a que el contribuyente pruebe que no tuvo acceso real y material
al acto porque el correo “no entró” a su correo electrónico, o entró a spam, o a “correos
en cuarentena”, pese a que el correo -salió del buzón de la DIAN- y se recibió -se
transmitió al buzón del contribuyente-.
Haciendo abstracción del problema planteado, lo cierto es que el parágrafo del artículo 4
de la mencionada resolución dispone la certificación que debe emitir la DIAN en la que
“conste” la notificación realizada en los siguientes términos:
“Práctica de la notificación electrónica. La UAE-Dian, practicará la notificación electrónica
remitiendo una copia del acto administrativo a la dirección de correo electrónico que el
12
Modificado por el artículo 46 del Decreto Ley 2106 de 2019.
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Demandante: Vigía Servicio especial S.A.S.
Administrado haya informado en el RUT o a la Dirección Procesal Electrónica reportada,
en caso de existir. (...)
Parágrafo: Con fundamento en la constancia que emita la herramienta tecnológica, la
Coordinación de Notificaciones o quien haga sus veces a Nivel Nacional deberá expedir
una certificación de notificación en la que se determine de manera inequívoca la Fecha
de Envío del Correo Electrónico y la Fecha de Entrega del Correo Electrónico, o la
imposibilidad de entrega del correo electrónico al Administrado. En este último caso, se
dará aplicación al Parágrafo Segundo del artículo 6º de la presente resolución”.
(Negrilla y subraya fuera de texto)
Considerando el análisis normativo es menester establecer con el acervo probatorio
que ocurrió en el caso sub judice:
1. En el expediente se encuentra probado y no es objeto de discusión que en la respuesta
al requerimiento especial, el apoderado de la parte demandante señaló en el acápite de
notificaciones la dirección “Calle 17 No. 21- 65 en Bogotá y/o email:
contabilidad@vigiaespecial.com.”13
2. En el cuaderno de antecedentes obra copia de la Liquidación Oficial de Revisión nro.
900.009 del 23 de noviembre de 202014, notificada por correo electrónico el 25 de
noviembre de 2020 a la dirección de correo electrónico contabilidad@vigiaespecial.com.
Esto acorde con el informe del acto administrativo y el certificado de notificación
electrónica emitido por el Servicio Informático de Notificaciones Electrónicas de la DIAN,
el 13 de diciembre de 202115.
En dicho certificado consta que el acto se entregó satisfactoriamente en la dirección de
correo electrónico indicada en la dependencia productora del mismo, los detalles del
envío, la fecha y hora de entrega de la resolución -25 de noviembre de 2020 (10:29 GMT-5:00).
A su vez, en los detalles del envío se constata el correo electrónico certificado de
notificaciones originado por -notficaciones@dian.gov.co-. Este correo electrónico
certificado constituye el equivalente funcional al correo certificado físico16, pues brinda
como evidencia la prueba de envío y entrega, la hora oficial, de allí que se reconozca
su validez jurídica y probatoria en la medida que provee un registro de la entrega
y recepción del destinatario del correo electrónico conforme con los artículos 9 a
11 de la Ley 527 de 199917. En este caso, la imagen de la certificación indica:
13
Samai Tribunal, índice 2, folio 17 anexo 2.
14
Samai Tribunal, índice 16, folios 1289 a 1332, Tomo 7.
15
Samai Tribunal, índice 16.
16
Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la información y las Comunicaciones 1078 de 2015. Artículo
2.2.8.2.1.2. Definiciones y Acrónimos. Para efectos de la interpretación y aplicación del presente capítulo, se tendrán en cuenta
las siguientes definiciones, además de las establecidas en la ley 1369 de 20029:
(…) Correo Certificado: Definido por la UPU como servicio accesorio a los servicios de correspondencia y encomienda, que
comporta una garantía fija contra los riesgos de pérdida, expoliación o avería, y que facilita al remitente, a petición de éste, una
prueba de depósito del envío postal y de su entrega al destinatario.
17
“Artículo 9. Integridad de un mensaje de datos. Para efectos del artículo anterior, se considerará que la información consignada
en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún
cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado de confiabilidad requerido, será
determinado a la luz de los fines para los que se generó la información y de todas las circunstancias relevantes del caso.”
“Artículo 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de datos serán admisibles como medios
de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro
Segundo del Código de Procedimiento Civil.
En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de
información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber
sido presentado en su forma original.”
“Artículo 11. Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes
de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente
para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente, habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se haya
generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la
información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente.”
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9
Radicado: 41001-23-33-000-2021-00099-01 (29399)
Demandante: Vigía Servicio especial S.A.S.
Como se desprende de la anterior imagen, el acto administrativo demandado fue enviado
al correo electrónico contabilidad@vigiaespecial.com el 25 de noviembre de 2020, y
entregado el mismo día. Atendiendo lo dispuesto en la normativa tributaria anotada
previamente, la liquidación oficial fue notificada con el lleno de requisitos legales y
reglamentarios. La administración dio cumplimiento a la notificación electrónica regulada
y emitió el comprobante generado por el sistema de notificaciones que certifica el reporte
automático de la entrega del mensaje.
Ahora bien, una cosa es que la DIAN haya cumplido con todas las formas de notificación
y otra, diferente, que esta haya surtido su finalidad constitucional. En efecto, la
jurisprudencia ha señalado, de manera reiterada, que la notificación de los actos
administrativos no se entiende surtida solo con el envío de la comunicación mediante
la cual se notifica18 -que en este caso sería el correo electrónico-. En virtud del principio de
publicidad se requiere demostrar que el notificado recibió efectivamente tal
comunicación, para lo cual el “acuse de recibo no constituye el único elemento de prueba
conducente y útil para acreditar la recepción de una notificación por medios electrónicos, cual si se tratara
de una formalidad ad probationem o tarifa legal —abolida en nuestro ordenamiento con la expedición del
Código de Procedimiento Civil”19.
Para fines de notificación electrónica, es válido lo señalado en la Resolución 038 de 2020,
en el que se considera entregado el acto con la mera transmisión, no siendo admisible
exigir -como única prueba válida- el acuse de recibo. Así, en lo que toca con la carga
probatoria exigible a la DIAN, el certificado aportado constituye prueba suficiente de la
debida notificación electrónica al demandante, sin que se evidencia un error o alteración
en su recepción que conlleve una vulneración al derecho al debido proceso y de
contradicción de la contribuyente.
De hecho, como prueba adicional, se verifica el identificador de la comunicación y, al
ingresar los datos del NIT de la contribuyente, se puede constatar el envío del acto
18
Concepto del 4 de abril de 2017, Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, exp. 11001-03-06-000-2016-00210-
00(2316), sentencia STC13993-2019 del 11 de octubre de 2019, exp. 0500022130002019-00115-01, sentencias T-225 1993, C-
096 de 2001, C-1114 de 2003 y Auto 132 de 2007.
19
Sentencia del 19 de agosto de 2021, exp. STC10417-2021, M.P. Luis Alonso Rico Puerta.
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Radicado: 41001-23-33-000-2021-00099-01 (29399)
Demandante: Vigía Servicio especial S.A.S.
administrativo desde el correo electrónico certificado de la DIAN al correo electrónico de
la demandante, cuyo archivo adjunto corresponde a la liquidación oficial de revisión en
discusión.
Con las pruebas que obran en el expediente, la notificación por correo electrónico se
surtió en debida forma.
No obstante, se destaca que un cargo de esta naturaleza eventualmente podría
prosperar, si la parte demandante, además de la afirmación de no haber recibido el
correo –como ocurre en este caso-, desvirtúa válidamente la prueba de la DIAN,
mediante dictamen pericial o informe forense que evidencie tecnológicamente que, a
pesar de haberse enviado el correo -salió del buzón de la DIAN- y haberse surtido el
“recibo” formal -se transmitió al buzón del contribuyente-, cierta y realmente el correo no
ingresó al buzón del contribuyente en la fecha de transmisión. Es decir, corresponde
al contribuyente probar la ocurrencia de una anomalía del sistema20 que invalide
la prueba de la DIAN, en cuanto se evidencia que no recibió real y materialmente el
correo que se intentó transmitir por parte de la DIAN.
Por tanto, en este caso en concreto, por la falta de agotamiento de la carga probatoria
en cabeza del demandante, la Sala no encuentra configurada la pretendida vulneración
al debido proceso o al principio de publicidad, que sostiene la apelante. Por tanto, no
prospera el cargo de apelación.
2. Agotamiento de la actuación administrativa. Cumplimiento de la demanda per
saltum
Frente a la oportunidad de acudir a la jurisdicción contenciosa, debe establecerse si el
artículo 720 del ET. incorpora una excepción al numeral 2.° del artículo 161 del CPACA
que establece que, cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular, es
necesario que se hayan ejercido y decidido los recursos que sean obligatorios de acuerdo
con la ley. Para tal fin se retoma el texto de la norma tributaria, aplicable por ser la norma
especial que rige la materia:
20
Las anomalías en la entrega de correos electrónicos pueden deberse a errores en la dirección del destinatario, problemas
temporales del servidor del destinatario (como buzones llenos), filtros de spam o listas negras, tamaño excesivo de los archivos
adjuntos, problemas de autenticación del remitente o errores en la configuración de la cuenta del remitente o destinatario
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Radicado: 41001-23-33-000-2021-00099-01 (29399)
Demandante: Vigía Servicio especial S.A.S.
“Recursos contra los actos de la administración tributaria. (...)
El recurso de reconsideración, salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse ante
la oficina competente, para conocer los recursos tributarios, de la Administración de
Impuestos que hubiere practicado el acto respectivo, dentro de los dos meses siguientes a
la notificación del mismo. (...)
Parágrafo. Cuando se hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial y
no obstante se practique liquidación oficial, el contribuyente podrá prescindir del
recurso de reconsideración y acudir directamente ante la jurisdicción contencioso
administrativa dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la liquidación
oficial.” (Se subraya y se destaca)
Nótese que el parágrafo del citado artículo prevé una excepción al agotamiento del
recurso de reconsideración que consiste en presentar la demanda per saltum, siempre
y cuando se cumpla con dos requisitos: i) que el contribuyente haya contestado
oportunamente el requerimiento para declarar y/o corregir y ii) que la demanda se
presente dentro del término de caducidad, contado desde la notificación de la liquidación
oficial.
En el presente caso se cumplen los requisitos de la demanda para acudir a la jurisdicción
bajo la figura per saltum; esto es, no se requiere el agotamiento previo de la vía
gubernativa, como pasa a verse:
• La demandante dio respuesta al requerimiento especial en tiempo como quedó
consignado en el acto de determinación y la sentencia de primera instancia21.
• No se presentó recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión.
• La demanda presentada el 24 de marzo de 2021, fue oportuna en la medida que
se radicó dentro de los 4 meses siguientes a la notificación del acto que ocurrió el
25 de noviembre de 2020.
Por lo anterior, procede el cargo de apelación. En consecuencia, la Sala revocará la
decisión de primera instancia, y analizará los argumentos de la demanda respecto a la
adición de ingresos que no fueron objeto de estudio por el a quo.
3. De la falsa motivación de los actos por la falta de competencia de la DIAN para
clasificar los contratos
El artículo 10 de la Ley 336 de 1996 –Estatuto Nacional de Transporte- dispone que
para la prestación del servicio público de transporte, las personas naturales o jurídicas
organizadas como unidad económica permanente, deben tener autorización del
Estado22 y contar con los equipos e instalaciones23 y órganos de administración que
les permitan garantizar la eficiencia del servicio y seguridad de los usuarios24.
21
Samai Tribunal, índice 37.
Artículo 11.-Las empresas interesadas en prestar el servicio público de transporte o constituidas para tal fin, deberán solicitar y
obtener habilitación para operar.
La habilitación, para efectos de esta ley, es la autorización expedida por la autoridad competente en cada modo de transporte
para la prestación del servicio público de transporte. (…)”.
Artículo 16.- De conformidad con lo establecido por el artículo 3º, numeral 7º de la Ley 105 de 1993, sin perjuicio de lo previsto
en tratados, acuerdos o convenios de carácter internacional, la prestación del servicio público de transporte estará sujeta a la
habilitación y a la expedición de un permiso o a la celebración de un contrato de concesión u operación, según que se trate de
rutas, horarios o frecuencias de despacho, o áreas de operación, servicios especiales de transporte, tales como: escolar, de
asalariados, de turismo y ocasional.
23
Artículo 22 Toda empresa operadora del servicio público de transporte contará con la capacidad transportadora autorizada para
atender la prestación de los servicios otorgados. De conformidad con cada modo de transporte, el reglamento determinará la
forma de vinculación de los equipos a las empresas, señalando el porcentaje de su propiedad y las formas alternas de cumplir y
acreditar el mismo.
24
Artículo 12 de la Ley 336 de 1996.
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Radicado: 41001-23-33-000-2021-00099-01 (29399)
Demandante: Vigía Servicio especial S.A.S.
El servicio público de transporte terrestre automotor especial, regulado en el artículo
2.2.1.6.425 del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015, es aquel que se presta por
una empresa habilitada bajo dicha modalidad a un grupo específico de personas que
tengan una característica común y homogénea en su origen y destino, como
estudiantes, turistas, empleados, entre otros, que requieren de un servicio expreso,
siempre que hagan parte de un grupo determinable. El servicio se presta previa
celebración de contrato entre la empresa transportadora y la persona contratante del
servicio, el cual debe contener las condiciones, obligaciones y deberes pactados por
las partes.
El artículo 983 del Código de Comercio dispone que las empresas de transporte de
servicio público celebrarán un contrato de vinculación con los dueños de los vehículos
cuando presten el servicio a través de estos, así:
“Artículo 983. Las empresas de transporte son de servicio público o de servicio particular.
El Gobierno fijará las características de las empresas de servicio público y reglamentará
las condiciones de su creación y funcionamiento. Las empresas de servicio público
someterán sus reglamentos a la aprobación oficial y, si no prestan el servicio en vehículos
de su propiedad, celebrarán con los dueños de éstos el respectivo contrato de vinculación,
conforme a las normas reglamentarias del transporte. (...)” (se subraya y se destaca).
Con lo anterior, la vinculación de los vehículos de propiedad de terceros se rige por el
derecho privado que cumplan con las características generales de la norma
reglamentaria que regula la actividad de transporte especial.
El artículo 36 del Decreto 348 de 201526 prevé que el contrato de administración de
flota permite que la empresa habilitada para prestar el servicio de transporte terrestre
automotor especial incorpore a su parque automotor y administre los vehículos de
propiedad de socios o terceros que prestarán el servicio. Acto que se perfecciona con
su suscripción y la expedición de la tarjeta de operación por parte del Ministerio de
Transporte27 -que constituye el documento único que autoriza la operación-.
En el presente caso, la DIAN no descalifica la subcontratación que hace la demandante
para cubrir la demanda del servicio prestado a sus clientes, sino que echa de menos
25
Artículo 2.2.1.6.4. Servicio público de transporte terrestre automotor especial. Es aquel que se presta bajo la responsabilidad
de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de
personas que tengan una característica común y homogénea en su origen y destino, como estudiantes, turistas, empleados,
personas con discapacidad y/o movilidad reducida, pacientes no crónicos y particulares que requieren de un servicio expreso,
siempre que hagan parte de un grupo determinable y de acuerdo con las condiciones y características que se definen en el
presente capítulo.
Parágrafo. Para todo evento, la contratación del servicio público de trasporte terrestre automotor especial se hará mediante
documento suscrito por la empresa de trasporte habilitada y por la persona natural o jurídica contratante que requiera el servicio,
el cual deberá contener las condiciones, obligaciones y deberes pactados por las partes, de conformidad con las formalidades
previstas por el ministerio de transporte y lo señalado en el presente Capitulo.
26
Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor especial y se adoptan otras disposiciones.
27
Artículo 36. Contrato de Administración de flota. El contrato de administración de flota es un contrato de naturaleza privada, por
medio del cual la empresa habilitada para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, incorpora
a su parque automotor y se compromete a administrar los vehículos de propiedad de socios o de terceros con los cuales prestará
el servicio. El contrato se perfecciona con su suscripción y la expedición de la tarjeta de operación por parte del Ministerio de
Transporte.
El contrato de administración de flota se regirá por las normas del derecho privado y debe contener como mínimo las obligaciones,
derechos y prohibiciones de cada una de las partes, su término, causales de terminación y preavisos requeridos para ello, así
como aquellas condiciones especiales que permiten definir la existencia de prórrogas automáticas y prever mecanismos
alternativos de solución de conflictos entre las partes, Igualmente, el clausulado del contrato deberá contener en forma detallada
los Ítems que conformarán los cobros y pagos a que se comprometen las partes y su periodicidad. De acuerdo con Éste, la
empresa expedirá al propietario o locatario del vehículo un extracto que contenga en forma discriminada los rubros y montos,
cobrados y pagados, por cada concepto.
Cuando el vehículo haya sido adquirido mediante arrendamiento financiero o leasing, el contrato de administración de flota debe
suscribirse entre la empresa y el poseedor del vehículo o locatario previa autorización del representante legal de la compañía
financiera con quien se celebre la operación de leasing.
Para los vehículos que sean de propiedad de la empresa habilitada no es necesaria la celebración del contrato de administración
de flota.
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el contrato escrito de vinculación con los terceros como prueba documental que
acredite el ingreso a favor de este. Luego, la administración tributaria no asumió
competencias propias del Ministerio de Transporte, dado que no desconoce la
habilitación reconocida por la entidad competente para operar como empresa de
transporte especial. Tampoco ha prohibido el uso de vehículos de propiedad de
terceros para la prestación del servicio. Por tanto, la DIAN no se atribuyó funciones
propias del Ministerio de Transporte, toda vez que no impone una carga adicional al
contribuyente, limitándose a exigir el cumplimiento mínimo de lo previsto en la
regulación especial y propia de la actividad de la demandante. En consecuencia, no
prospera el cargo.
4. Falsa motivación. Adición de ingresos para terceros por la prestación del
servicio de transporte especial. Valoración probatoria
Sea lo primero advertir que la adición de ingresos determinada por la DIAN en la
liquidación oficial por valor total de $2.160.568.290, corresponde a dos conceptos:
• Un mayor ingreso originado en la prestación del servicio de transporte a través de
vehículos de terceros en la suma de $1.869.712.000.
• Un mayor ingreso por inconsistencias detectadas entre la información exógena y
certificado por los terceros y lo contabilizado por la contribuyente en $290.856.000.
La demandante controvierte la glosa de manera general bajo el argumento de que los
ingresos no son propios sino para terceros, conforme con las pruebas allegadas en el
proceso. Al tratarse de un rubro adicionado con fundamentos de hecho diferentes, la
Sala procederá a su análisis en el mismo sentido para efectos de establecer su
procedencia.
4.1 Adición de ingresos recibidos para terceros por valor de $1.869.712.000
No es objeto de discusión que la contribuyente se encuentra habilitada por la Dirección
Territorial del Huila del Ministerio de Transporte, como empresa operadora para la
prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial28. La controversia se
suscita en la procedencia o no de la adición de ingresos percibidos por la demandante
para terceros.
Para este cargo específico, y se hace énfasis en esto, la DIAN aduce que hay lugar a
la adición porque no se allegaron los contratos suscritos con los terceros,
propietarios de los vehículos. Es decir, centra el cargo específicamente en la falta de
una presunta prueba calificada. Así, para tal fin, se procede analizar el contenido del
artículo 102-2 del ET:
“Distribución de los ingresos en el transporte terrestre automotor. Cuando el
transporte terrestre automotor se preste a través de vehículos de propiedad de terceros,
diferentes de los de propiedad de la empresa transportadora, para propósitos de los
impuestos nacionales y territoriales, las empresas deberán registrar el ingreso así: para el
propietario del vehículo la parte que le corresponda en la negociación; para la empresa
transportadora el valor que le corresponda una vez descontado el ingreso del propietario
del vehículo” (Se subraya)
Esta norma permite que el operador habilitado solo registre (i) el valor de los ingresos
percibidos por el servicio prestado con vehículos propios y (ii) el valor que le
28
Samai Tribunal, índice 18, anexo 6. Resolución nro. 25 del 13 de julio de 2010.
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corresponda atribuible al servicio prestado con vehículos de terceros -subcontratados-.
La norma no establece una tarifa legal para demostrar el ingreso percibido para
terceros; luego, son admisibles los medios de prueba legalmente aceptados por la
legislación fiscal y por el Código General del Proceso, en lo que sea compatible.
En el caso concreto, la administración en la liquidación oficial de revisión explica de
manera general las cuentas que la demandante afectó para realizar el registro contable
de los servicios de transporte tercerizados, así como la dinámica de las cuentas
utilizadas para el efecto. Concluye que dicho registro pierde credibilidad por la
ausencia de contratos escritos con los terceros que prestan el servicio de
transporte, en los cuales conste la comisión pactada y las condiciones del servicio que
sirvan de soporte a la operación económica. En este caso, toma como único ejemplo
la factura 7194 expedida al cliente Almacenes Éxito por valor de $32.250.000, además
evidencia el movimiento contable cuando se genera la factura y su registro respecto al
tercero transportador y al cliente. Solo para este caso, advierte que el valor de la
retención contabilizada en la cuenta 135515 por valor de $1.128.750 obedece al total
del servicio facturado, de donde concluye que “al tomarse el total de la retención, debe tomar
todo el ingreso”. Se destaca que es una prueba aislada, porque sobre este punto la DIAN
no agotó un trabajo juicioso e íntegro sobre el manejo de las retenciones en la fuente,
de donde se pudiera evidenciar un comportamiento único y homogéneo en torno al
tema. Esta prueba aislada tampoco se planteó como indicio de algún hecho, y tampoco
puede tomarse como tal.
La DIAN establece que los ingresos se consideran propios, al no existir contratos
escritos sobre la actividad prestada por los terceros que evidencien las condiciones,
individualicen los beneficiarios de los pagos, los ingresos reportados por los clientes y
por la demandante. Además, afirma que las pruebas aportadas por la contribuyente en
la inspección contable no acreditaron las condiciones de modo, tiempo y lugar, el
porcentaje de utilidad, la retención practicada a la demandante y la correspondiente a
los terceros por el servicio prestado, por lo que mantiene la adición de ingresos. Se
destaca que, en este caso, la ausencia probatoria se imputa en primer término a la
DIAN, toda vez que respecto de esta partida ($1.869.712.000) se abstuvo de hacer el
cruce de información con terceros y la validación de los giros, a diferencia del siguiente
cargo en el que sí desplegó su deber de probar sus afirmaciones.
En ese orden, la administración fundamentó esta reclasificación del ingreso de terceros
como ingreso propio ($1.869.712.000) bajo la premisa de que el contrato de
vinculación debe constar por escrito y contener las condiciones de las obligaciones
pactadas, el cual constituye único soporte de las transacciones declaradas por la
contribuyente.
Ya se analizó previamente que el artículo 893 del C.Co. simplemente dispuso que el
contrato de administración de flota es un acto jurídico de vinculación de los vehículos
de terceros, sin imponer su instrumentalización como requisito para la validez o
formalidad del contrato. Ahora bien, en materia comercial, la regla general es que
los contratos nacen a la vida jurídica por el solo consentimiento de las partes, es decir,
con el simple acuerdo verbal y sin la exigencia de un contrato por escrito. En este
sentido el artículo 824 del Código de Comercio dispone:
“Artículo 824. Principio de consensualidad. Los comerciantes podrán expresar su voluntad
de contratar u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco. Cuando
una norma legal exija determinada solemnidad como requisito esencial del negocio jurídico,
éste no se formará mientras no se llene tal solemnidad”.
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Así, las operaciones comerciales, por regla general, se entienden perfectas de manera
consensuada, salvo que la ley exija documentar el contrato como una formalidad.
Tratándose del contrato de administración de flota mediante el cual se vincula el
vehículo de un tercero a la empresa habilitada, las normas aplicables (art. 893 C.Co y
102-2 ET) no impusieron una solemnidad para su existencia o validez; por tanto, la
administración no puede exigir, para fines probatorios, que un contrato que es
consensual por mandato de la ley sea solemne. La exigencia de la DIAN equivale a
crear una tarifa legal de prueba en asuntos en los que legalmente existe libertad
probatoria.
En ese orden, atendiendo a que las normas comercial y fiscal no consagran reglas
especiales para demostrar la existencia del contrato de vinculación, resultan aplicables
los medios de prueba previstos en la ley tributaria y procesal civil, en cuanto estas sean
compatibles -artículo 742 del ET.- La imposición de la DIAN de aportar los contratos
escritos con los terceros que prestaron el servicio de transporte, además, desconoce
el artículo 743 ib. En efecto, esta última disposición señala que la idoneidad de los
medios de prueba la determina las exigencias de la ley y, a falta de exigencias de esta,
la conexidad con el hecho que se trata de probar y el valor del convencimiento
que se le atribuya conforme con las reglas de la sana crítica.
Así, no le era dable a la autoridad tributaria adicionar los ingresos con fundamento en
una solemnidad no predicable de contratos consensuales para la existencia y validez.
De allí que su exigencia no sea suficiente para desvirtuar el registro contable de la
contribuyente respecto de los ingresos propios y los recibidos para terceros y la
relación comercial entre ellos.
Conforme con el artículo 742 del ET, la determinación de tributos debe fundamentarse
en los hechos que aparezcan probados en el expediente y, en ese orden, es preciso
actuar acorde con el principio de la carga de la prueba previsto en el artículo 167 del
CGP. De manera que, los hechos deben ser demostrados por quien los invoca a su
favor, de ahí que en la adición de ingresos la carga de la prueba recae, en principio,
sobre la DIAN29, conforme con jurisprudencia reiterada en la que se ha reconocido que
“cuando la administración ejerza dicha carga y demuestre la procedencia de aumentar la base imponible
autoliquidada por el sujeto pasivo, es a este a quien corresponde desvirtuar los hallazgos de aquella” 30.
En este caso, al no resultar procedente el cargo de la DIAN sobre la insuficiencia
probatoria por la falta de contratos escritos, se observa que la DIAN no avanzó en el
análisis de las operaciones individuales con cada subcontratante (cruce de
información, verificación de la existencia del tercero, de los vehículos proveídos, del
destinatario de los giros, etc.) y del cúmulo de pruebas que aduce la demandante,
entre ellas, las facturas, las planillas de viaje, los pagos a terceros 31. La DIAN no
analizó o identificó un reproche concreto que permita hacer una valoración probatoria
tendiente a desconocer el tratamiento de ingreso para terceros dada por el
demandante a la suma en cuestión ($1.869.712.000). Por tanto, procede el cargo de
nulidad alegado por la parte actora.
4.2. Adición de ingresos por inconsistencias detectadas entre los certificados de revisor
fiscal de terceros y lo contabilizado por la contribuyente en $290.0856.00032
29
Sentencias del 31 de mayo y 29 de agosto del 2018, también del 08 de marzo de 2019, (exps. 20813, 21349 y 21295, CP: Julio
Roberto Piza Rodríguez). Citadas en la sentencia del 13 de diciembre de 2023 (exp. 26443, CP: Wilson Ramos Girón)
30
Ibidem.
31 Folios 89 a 141, 274 a 300 Tomo 4, Tomo 5, 1 a 72 Tomo 6 de los antecedentes administrativos.
32 Valor adicional que no integra los $1.869.712.000 originados en los servicios prestados por terceros.
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A diferencia de la glosa anterior, sobre esta partida, la DIAN sí agotó su deber
probatorio, con lo que sí se encuentran probadas diferencias que darán lugar a la
desestimación del cargo de nulidad.
Luego de la corrección provocada con ocasión de la respuesta al requerimiento
especial, la administración mantuvo la adición ingresos por las diferencias encontradas
entre los certificados de revisor fiscal de unos terceros- clientes- y la
demandante:
ADICIÓN DE INGRESOS
TERCERO
PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP $ 160.227.291
SUMMUN ENERGY SAS $ 11.799.602
RCN TELEVISIÓN S.A. $ 71.674.400
FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP SUC COL. $ 11.505.282
GRUPO D&C ENERGÍA BARBADOS SUCURSAL $ 16.785.040
INGEANDIA CONSULTORES DE INGENIERÍA S.A.S. $ 9.333.333
CONSORCIO PPS CPVEN $ 9.531.259
Subtotal $ 290.856.207
Aunque la DIAN identificó cada uno de los terceros y el valor que es adicionado, la
parte actora se limitó rechazar la adición afirmando que eran ingresos percibidos para
terceros conforme se desprende de la contabilidad y las pruebas que lo soportan, como
lo argumentó en el cargo anterior. Así, en relación con este cargo, a pesar de la
evidencia de las diferencias detectadas expuesta por la DIAN, es el demandante quien
no cumplió con el deber de explicar y desvirtuar las diferencias entre sus soportes
contables y lo certificado por los terceros.
En efecto, los argumentos de la demanda y su reforma no diferencian, ni controvierten
las razones de hecho que sustentan la glosa. De las pruebas que aduce la demandante
se observan sendas facturas con terceros que prestaron el servicio de transporte,
planillas de viaje y comprobantes de pago33 que no justifican la diferencia
determinada por la DIAN y no permiten establecer la trazabilidad con los
ingresos adicionados según los certificados de revisor fiscal allegados por los
clientes de la demandante y que fueron el sustento de la glosa.
Esta Sección34 se ha pronunciado en diferentes oportunidades sobre el principio
general de la carga de la prueba contenido en el artículo 167 del Código General del
Proceso35, señalando que corresponde a la administración demostrar las operaciones
sometidas a tributación, demostrando el supuesto de hecho que da lugar al aumento
33 Folios 89 a 141, 274 a 300 Tomo 4, Tomo 5, 1 a 72 Tomo 6 de los antecedentes administrativos.
34
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 23 de febrero de 2023, exp. 27037,
M.P. Wilson Ramos Girón. En similar sentido sentencias del 29 de junio de 2023, exp. 27325, y del 23 de mayo de 2024, exp.
27163, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia del 27 de abril de 2023, exp. 27080, M.P. Wilson Ramos Girón; sentencia
del 14 de septiembre de 2023, exp. 26799, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; y sentencias del 31 de mayo de 2018 y del 5
de agosto de 2021, exps. 20813 y 22478, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
35
“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las
pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte
que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por
estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario
para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.
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de ingresos, para lo cual debe desplegar la actividad probatoria necesaria y motivar en
debida forma las modificaciones efectuadas a la declaración privada36. Por lo tanto, la
presunción de veracidad de la declaración es desvirtuada mediante el ejercicio de las
facultades de fiscalización e investigación previstas en el artículo 684 del ET25. Luego,
ante una comprobación especial o exigencia legal, corre por cuenta del contribuyente
la carga de la prueba26.
En consecuencia, no es posible concluir como lo pretende la demandante, que todos
los ingresos glosados son para terceros de acuerdo con las pruebas que obran en el
expediente, cuando no controvirtió de manera específica la glosa planteada por la
administración respecto a las diferencias encontradas entre la información exógena y
lo declarado por la contribuyente. Aunado a que en la liquidación oficial de revisión se
señaló que la diferencia encontrada no se presentó en la información endógena de la
contribuyente, sino frente a los ingresos certificados por los revisores fiscales de los
terceros y lo declarado por esta.
Por lo anterior, en la medida que la demandante no desvirtuó el planteamiento de que
existen inconsistencias entre los valores registrados en su contabilidad y lo reportado
y certificado por los terceros indicados -prueba contable en virtud del artículo 777 del
ET-, la adición de ingresos por valor de $290.856.207 es procedente. En
consecuencia, no prospera el cargo de la contribuyente.
5. Procedencia de la sanción por inexactitud
En el caso concreto, se demostró que la demandante omitió registrar en su declaración
privada ingresos, lo cual derivó en un mayor saldo a favor, razón por la que procede la
sanción por inexactitud impuesta en los términos del artículo 647 ET. No existe una
diferencia de criterios, habida cuenta de que los valores registrados por la demandante
en su declaración no son completos y verdaderos y no se derivaron de errores de
apreciación relativos a la interpretación del derecho aplicable, sino al desconocimiento
del derecho procedente.
En consideración a lo anterior, atendiendo a la procedencia parcial del cargo de la
adición de ingresos, procede la Sala a liquidar el impuesto sobre la renta para la
equidad CREE del año 2016 y la correspondiente sanción por inexactitud, así:
Declaración Liquidación Consejo
Conceptos Liquidación DIAN
privada de Estado
Ingresos brutos $3.774.456.000 $5.935.024.000 $4.065.312.000
Devoluciones, rebajas y descuentos $0 $0 $0
Ingresos no constitutivos de renta $0 $0 $0
Total ingresos netos $3.774.456.000 $5.935.024.000 $4.065.312.000
Costos $1.851.389.000 $1.851.389.000 $1.851.389.000
Rentas brutas especiales $0 $0 $0
Deducciones $1.740.277.000 $1.740.277.000 $1.740.277.000
Renta por recuperación de
deducciones $0 $0 $0
Renta líquida del ejercicio $182.790.000 $2.343.358.000 $473.646.000
Rentas exentas
Total rentas exentas $0 $0 $0
Base gravable por depuración
ordinaria $182.790.000 $2.343.358.000 $473.646.000
Base gravable mínima $113.254.000 $113.254.000 $113.254.000
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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 29 de junio de 2023, exp. 27325,
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Demandante: Vigía Servicio especial S.A.S.
Base gravable CREE $182.790.000 $2.343.358.000 $473.646.000
Impuesto sobre la renta líquida
gravable CREE $16.451.000 $210.902.000 $42.628.000
Saldo a favor año anterior sin solic.
Devolución $0 $0 $0
Autorretenciones a título de CREE $29.853.000 $29.853.000 $29.853.000
Anticipo de sobretasa liquidado año
anterior $14.068.000 $14.068.000 $14.068.000
Sanciones $527.000 $194.978.000 $26.704.000
Total saldo a pagar $0 $361.959.000 $25.411.000
Total saldo a favor $26.943.000 $0 $0
Sanción por inexactitud
Saldo a favor declarado antes de sanción $27.470.000
Menos: Saldo a favor determinado (retenciones -impuesto) $1.293.000
Total menor saldo a favor determinado $26.177.000
Base cálculo sanción por inexactitud determinado $26.177.000
Tarifa (artículo 288 Ley 1819 de 2016) 100%
Valor sanción por inexactitud $26.177.000
Más sanción declarada por el contribuyente $527.000
Total renglón sanciones $26.704.000
En consecuencia, procede la Sala a revocar la sentencia apelada y en su lugar,
declarará la nulidad parcial de la liquidación oficial y a título de restablecimiento del
derecho declarará que el saldo a pagar de la declaración de renta para la equidad
CREE del año 2016 asciende a $25.411.000, conforme con la liquidación inserta.
7. Costas
Finalmente, conforme a lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 numeral 5 del Código General
del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en costas, ante la prosperidad parcial
de las pretensiones.
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada y en su lugar, declarará la
nulidad parcial de los actos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia apelada por las razones expuestas en esta providencia.
2. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 900.009 del
23 de noviembre de 2020, por medio de la cual se modificó la declaración de del
impuesto de renta para la equidad CREE del año 2016.
3. A título de restablecimiento del derecho, fijar como saldo a pagar por el impuesto
de renta CREE del año 2016, a cargo de la sociedad Vigía Servicio Especial S.A.S,
la suma de veinticinco millones cuatrocientos once mil pesos ($25.411.000), de
conformidad con la liquidación contenida en la parte considerativa de esta
providencia.
4. Sin condena en costas.
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Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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