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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2021-00116-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2021-00116-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 23 de julio de 2024. 2. Sin condena en costas en segunda instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 41001-23-33-000-2021-00116-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

3 de abril de 2025

Radicado: 41001-23-33-000-2021-00116-01 (29254)
Demandante: Dutega Colombia S.A.S. en Liquidación

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 41001-23-33-000-2021-00116-01 (29254)
Demandante DUTEGA COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
Temas Impuesto sobre la renta para la equidad – CREE. Año 2016.
Diligencia de registro. Reiteración de jurisprudencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 23 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila, que decidió2:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia (..)”.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 23 de abril de 2017, la sociedad Dutega Colombia S.A.S. - En liquidación-
presentó la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE,
correspondiente al año gravable 2016, en la que registró un saldo a favor.

Previa expedición del requerimiento especial, la DIAN profirió la Liquidación Oficial
Nro. 900.033 del 28 de octubre de 2019, que modificó la declaración adicionando
ingresos gravados, lo que llevó a incrementar el impuesto a cargo e imponer sanción
por inexactitud en la tarifa del 100%.

La sociedad interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto por la
Resolución Nro. 900020 del 6 de noviembre de 2020, que confirmó el acto
liquidatorio.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes
pretensiones3:
1
Ingresó al despacho por primera vez el 30 de agosto de 2024.
2
SAMAI Tribunal, Índice 29.
3
Se relacionan los cargos planteados en la demanda y en el memorial de subsanación de la demanda. SAMAI, índice 2.
Expediente digital. «PrimeraInstanciazi(.zip)», «002DemandaPoderyAnexos.pdf» y
«008MemorialSubsanacionDemanda.pdf».

1
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Radicado: 41001-23-33-000-2021-00116-01 (29254)
Demandante: Dutega Colombia S.A.S. en Liquidación

“6.1. Que se DECLARE la nulidad del Acto Administrativo contenido en la LIQUIDACION
OFICIAL DE REVISION No. 900033 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2019, proferida
por el Doctor (...), Jefe de la división de Gestión de Liquidación Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales - Seccional Neiva, mediante la cual se propone la modificación
de la declaración del IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE
PERIODO 01 AÑO GRAVABLE 2016, y con ella todos y cada uno de los Actos
Administrativos que anteceden el proceso.
6.2. De igual manera se DECLARE la nulidad del Acto Administrativo contenido en la
RESOLUCION QUE RESUELVE EL RECURSO DE RECONSIDERACION No. 900020
DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020, notificada por CORREO ELECTRONICO el
DIA 07 DE ENERO DE 2021, proferida por la Doctora (…), Jefe de la división de Gestión
Jurídica Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Seccional Neiva, mediante la
cual se propone la modificación de la declaración del IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PARA LA EQUIDAD CREE PERIODO 01 ANO GRAVABLE 2016, y con ella todos y
cada uno de los Actos Administrativos que anteceden el proceso.
6.3. Compulsar copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría
General de la República, a la Procuraduría General de la Nación, para que se inicien
las investigaciones por los hechos ocurridos dentro del proceso de competencia de cada
entidad (Responsabilidad Penal y Disciplinaria).
6.4. En consecuencia y a título de restableciendo del derecho que se DECLARE, que mi
poderdante no adeuda suma alguna.”

A estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 1, 13, 29, 83 y 95 de
la Constitución Política; 683, 742, 743, 745 y 799-1 del Estatuto Tributario; 190, 191,
340, 416 y 428 del Código Penal; bajo el siguiente concepto de violación:
Cuestionó que los actos acusados vulneran el artículo 779-1 del Estatuto Tributario,
porque el Acta de la diligencia de registro “no vinculó a la Fuerza Pública” para proteger
las pruebas recaudadas y los derechos del contribuyente. Así, la diligencia
desarrollada atentó contra el espíritu de justicia, el derecho al debido proceso, y los
principios de equidad, igualdad y buena fe, como tampoco observó los artículos 742,
743 y 745 ibidem, que establecen que las decisiones de la Administración deben
fundarse en hechos probados, la idoneidad de los medios de prueba, y la resolución
de los vacíos probatorios a favor del contribuyente, respectivamente.
Dijo que los excesos cometidos por los servidores públicos en la diligencia de
registro corresponden a las conductas tipificadas en los artículos 190, 191, 340 y
416 y 428 del Código Penal (violación de habitación ajena por servidor público, violación en
lugar de trabajo, concierto para delinquir, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, y abuso de
función pública).

Transcribió las normas constitucionales que consideró vulneradas, para afirmar que,
los actos imponen una carga desmesurada, la diligencia de registro se desarrolló
con excesos de la función pública, el contribuyente no fue tratado en igualdad de
condiciones que otras personas ni se le respetó el principio de buena fe, y las
pruebas obtenidas en la diligencia de registro son nulas.
Insistió que los funcionarios públicos de la DIAN que adelantaron la diligencia de
registro actuaron con abusos y excesos de la función pública, por lo que incurren en
los señalados tipos penales.
Oposición de la demanda

La DIAN4 se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
siguiente.

4
SAMAI, índice 2. Expediente digital. «PrimeraInstanciazi(.zip)», «015ContestacionDemandaDian.pdf».

2
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Puso de presente que no es procedente la pretensión de la demanda de compulsar
copias a la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y
la Procuraduría General de la Nación, pues las conductas alegadas por el actor no
se cometieron, ni se aportó prueba si quiera sumaria de las mismas.

Frente a los cargos de la demanda, consideró que ninguno está dirigido a cuestionar
las modificaciones determinadas en los actos acusados, sino únicamente están
dirigidos a la diligencia de registro, pues a juicio del actor, se vulneraron sus
derechos porque la fuerza pública no estuvo durante el desarrollo de la misma.

Al respecto, señaló que el registro del establecimiento de comercio de la sociedad
se realizó conforme a los lineamientos previstos en el artículo 779-1 del Estatuto
Tributario, por cuanto la resolución que lo ordenó se motivó adecuadamente, fue
proferida por funcionario competente, y notificada en el momento en que se practicó
la diligencia; y el lugar no coincidió con la casa de habitación del contribuyente.
Adicionó que, el acto que ordenó el registro autorizó solicitar la colaboración de la
fuerza pública para efectos de garantizar la ejecución de la diligencia. Concluyó que
el registro es una facultad de fiscalización de la Administración, en aras de
establecer la veracidad de las declaraciones privadas5, que las pruebas recaudadas
en esa diligencia se obtuvieron e incorporaron legalmente, y se valoraron
probatoriamente dentro de la investigación tributaria, y se garantizó el debido
proceso.

Señaló que de acuerdo con las pruebas del proceso se encuentra acreditado la
omisión de ingresos gravados, por lo que debe mantenerse la sanción por
inexactitud impuesta en los actos demandados.

En relación con la comisión de abusos y conductas penales por parte de los
servidores públicos que adelantaron la diligencia de registro, que alega el
demandante, señala que no se informaron los supuestos fácticos ni las pruebas que
soportan tales afirmaciones. Y, cuestionó que en la demanda no se expusieron
motivos de ilegalidad de los actos demandados, pues se limitó a señalar que
vulneraban normas jurídicas, sin argumentar o demostrar en qué consistía la
supuesta nulidad.

En escrito separado6, la DIAN interpuso la excepción previa de inepta demanda,
insistiendo que el actor no expuso los motivos por los cuales la actuación acusada
infringía las normas invocadas como violadas7.

Sentencia apelada

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas, con base
en las siguientes consideraciones:

De manera preliminar, aclaró que “Si bien en la demanda no se alude a una causal expresa
de nulidad de los actos administrativos demandados, el Tribunal al interpretar la demanda considera
que la argumentación es indicativa de invocar la de “haberse expedido el acto administrativo con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa”, concretamente en el procedimiento de la
diligencia de registro adelantada el 4 y 5 de octubre de 2017 por funcionarios de la Dian, y bajo ese
entendido se abordará su análisis”.

5
Citó la sentencia C-505 de 1999 de la Corte Constitucional; entre otras.
6
SAMAI, índice 2. Expediente digital. «PrimeraInstanciazi(.zip)», «016EscritoExcepcionesDian.pdf».
7
Mediante Auto del 1 de diciembre de 2021, el Tribunal declaró no probada la excepción de inepta demanda, por cuanto
al realizar una lectura integral de la demanda se observa el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley. SAMAI,
índice 2. Expediente digital. «PrimeraInstanciazi(.zip)», «024ActaAudienciaInicialYDePruebas.pdf».

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Puso de presente que mediante la Resolución Nro. 0468 del 04 de octubre de 2017,
se ordenó el registro del establecimiento de comercio del contribuyente informado
en el RUT, acto que se notificó en la misma fecha. Que, en el acta del registro
constan las preguntas realizadas por la DIAN a la sociedad y sus respuestas, así
como la documentación que se recolectó.

El a quo encontró que no se configura una violación al debido proceso, pues la
resolución que ordenó el registro se dictó por funcionario competente, se motivó
adecuadamente, y el registro se realizó en las instalaciones de la empresa.

Frente a las pruebas obtenidas, indicó que no se presenta alguna de las causales
de exclusión por ilicitud, en la medida que el actor no demostró los presuntos
excesos de los funcionarios de la DIAN en la diligencia de registro. Que, por el
contrario, el acta de registro da cuenta del desarrollo de una diligencia en
normalidad, sin oposición por quienes la atendieron, y también evidencia que los
cuestionamientos de la autoridad tributaria con el fin de obtener la información son
pertinentes, conducentes y útiles, y que la recopilación de documentación física y
en medio magnético se realizó sin advertirse irregularidades.

Añadió que, no existe denuncia ante las autoridades penales y/o disciplinarias
respecto de los abusos o excesos aludidos, pues tan sólo son afirmaciones de la
parte actora, por tanto, no hay lugar a adelantar un estudio sobre la prejudicialidad,
como ésta sugiere en los alegatos de conclusión.

Precisó que en el acta se dejó constancia del acompañamiento de los miembros de
la fuerza pública, y advirtió que, aún en el caso de que no hubieren hecho presencia,
no se vicia el procedimiento, pues lo que se busca con la intervención de dicha
autoridad es garantizar la ejecución de la diligencia, “y no como parte de la cadena de
custodia de la información recopilada lo cual le compete exclusivamente a la DIAN”.

Posteriormente, el a quo hizo un recuento de las actuaciones surtidas por la DIAN y
el contribuyente durante el procedimiento tributario, y concluyó que no es posible
afirmar que se haya impuesto una carga impositiva desmesurada, pues la misma se
sustenta en las pruebas recaudadas durante la investigación, entre estas, las de la
diligencia de registro. Adicionó que, ante la comprobación especial de la
Administración, la carga de la prueba se trasladó a la sociedad.

No se impuso condena en costas al no encontrarse probadas.

Recurso de apelación

La parte demandante8 presentó el recurso de apelación con los siguientes
argumentos.

Afirmó que el a quo desatendió los argumentos esbozados en la demanda, reiterados
en los alegatos de conclusión, que dan cuenta de la ilegalidad de la diligencia de
registro desplegada por la DIAN, pues se omitió el “deber que manifiesta el Estatuto
Tributario de llevar a cabo estas actividades con presencia de la fuerza pública, y aún más presencia
(sic) del Ministerio Público”, además que los funcionarios se alejaron de sus funciones.

Precisó que conforme al inciso tercero del artículo 779-1 del Estatuto Tributario, el
acompañamiento de la fuerza pública es un requisito necesario para desarrollar la

8
SAMAI del Tribunal, índice 33.

4
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diligencia, pues se trata de un deber normativo, y no de una simple facultad como
lo alega la demandada. Que, sin embargo, dentro del proceso no existe evidencia
de la solicitud elevada a la fuerza pública, ni fue vinculada en el acta de la diligencia.

Sostuvo que, la ilegalidad se ve reflejada en el hecho de que la diligencia de registro
se extendió hasta el día siguiente de su instalación, en horas de la madrugada,
horario en el cual las personas a cargo de la diligencia no podían fungir como
funcionarios públicos.

Dijo que, si bien, el juez administrativo no tiene competencia para emitir un
“pronunciamiento en materia penal”, lo que solicita el actor es que se compulsen copias a
la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la
Procuraduría General de la Nación.

Señaló que la diligencia de registro como mecanismo para la obtención de pruebas
dentro del proceso, es de carácter subsidiario; sin embargo, en el presente caso,
este fue el único sustento probatorio.

Que, por lo expuesto, se encuentra demostrado que las pruebas fueron obtenidas
de forma ilegal, de manera que, no tienen valor probatorio en el proceso9.

Consideró que la “sentencia anticipada” desconoce “el término con el que contaba la entidad
demandada para resolver el recurso de reconsideración y la notificación en debida forma del mismo
al demandante”. Además, teniendo en cuenta los fundamentos que dan origen a la
presente controversia “NO se trataba de un fallo en DERECHO, pues existen argumentos que
denotan mayor análisis”.

Finalmente, indicó que con la decisión de primera instancia se causó un daño a la
demandante, al imponerle una carga que no está en capacidad de asumir.

Posteriormente, como fundamentos de derecho, transcribió el contenido de los
artículos 1, 13, 29, 83 y 95 de la Constitución Política; 179 y 247 de la Ley 1437 de
2011; 742, 743 y 745 del Estatuto Tributario; 190, 191, 340, 416 y 428 del Código
Penal.

Invocó como prueba oficiar a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales,
Seccional de Neiva, para que remita “copia del Requerimiento de los funcionarios
fiscalizadores (Art. 779-Inc.3) para el acompañamiento de la Policía Nacional de Colombia, en la
ejecución de las respectivas diligencias de registro llevada (sic) a cabo el 04 de octubre de 2017”.

Oposición a la apelación

Solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, con base en las siguientes
consideraciones10:

Indicó que, contrario a lo señalado por el apelante, en el acta de la diligencia consta
la presencia de un intendente y un patrullero adscritos al Grupo de la Fuerza
Disponible de la Policía Nacional. Y, sostuvo que el horario de trabajo de los
servidores comisionados se extendió en jornada continua hasta la terminación de la
diligencia. De modo que, está probado que el registro se desarrolló en debida forma,
acatando las previsiones legales.

9
Citó la sentencia T-916 de 2008 de la Corte Constitucional.
10
SAMAI, índice 11.

5
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Frente al señalamiento de conductas punibles por parte de los servidores públicos
comisionados, indicó que la demandante no explicó ni siquiera sumariamente cómo
se tipifican en el caso concreto, ni aportó pruebas al respecto.

Afirmó que la legislación tributaria no le atribuye el valor de prueba subsidiaria a la
diligencia de registro, y que la demandante no presentó argumentos que
desvirtuaran las glosas de la Administración.

Sostuvo que, en la providencia del 23 de julio de 2024, se explicaron los motivos
por los cuales resultaba procedente el trámite de sentencia anticipada, y que ante
esa decisión la demandante no interpuso recurso.

Consideró que el argumento planteado por el demandante sobre el término de
notificación del acto que resuelve el recurso de reconsideración corresponde a un
argumento nuevo, que no fue objeto de debate en la vía administrativa, ni en sede
judicial, por lo que el juez de segunda instancia no puede analizarlo. Sin perjuicio
de ello, contabilizó los términos para dar respuesta al recurso de reconsideración y
concluyó que se resolvió oportunamente.
Finalmente, señaló que la solicitud de pruebas de la demandante no tiene lugar,
puesto que es innecesaria para el debate.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público no rindió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Liquidación Oficial Nro.
900.033 del 28 de octubre de 2019, mediante la cual se modificó la declaración del
impuesto sobre la renta para la equidad – CREE del año gravable 2016, a cargo de
la sociedad Dutega Colombia S.A.S. - En liquidación; así como de la Resolución
Nro. 900020 del 6 de noviembre de 2020, que la confirmó.
1. Delimitación del ámbito del recurso de apelación y del problema jurídico
En el escrito de apelación, el demandante cuestionó: i) el procedimiento de registro
y las pruebas recaudadas, por la ausencia de la fuerza pública y los funcionarios del
Ministerio Público; ii) el horario en que se practicó la diligencia; iii) el registro como
único sustento probatorio de los actos acusados; iv) la falta de compulsa de copias
a las autoridades competentes, pese a que los funcionarios de la DIAN se alejaron
de sus funciones; v) la sentencia de primera instancia desconoció el término de
notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración; vi) el
Tribunal dictó sentencia anticipada cuando “NO se trataba de un fallo en DERECHO”,
porque existen argumentos que denotan mayor análisis, y además, esa decisión
causa un daño a la parte actora al imponerle una carga que no está en capacidad
de asumir.
Sin embargo, se advierte que, en la demanda, el concepto de la violación se limitó
a discutir la legalidad de la diligencia de registro en cuanto: i) se practicó sin la
intervención de miembros de la fuerza pública, y ii) los funcionarios de la DIAN que
la desarrollaron incurrieron en conductas penales, por lo que debía ordenarse la
compulsa de copias. Además, sostuvo que los actos imponen una carga
desmesurada y alegó la violación de varias normas, sin argumentación alguna.

6
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De modo que, la Sala no se pronunciará sobre los cuestionamientos expuestos en
la apelación respecto de la ausencia de funcionarios del Ministerio Público y el
horario en que se practicó dicha diligencia, el registro como único sustento
probatorio de los actos acusados, y el desconocimiento del término de notificación
de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración; en la medida que se
tratan de argumentos nuevos no expuestos en la demanda.

Al respecto, se pone de presente, que la Sección ha señalado que “la especialidad del
objeto del recurso de apelación, unido al principio de congruencia de las sentencias, exige que exista
plena unidad temática y consecuente entre: el petitum de la demanda, las razones fácticas y jurídicas
que la fundamentan; los argumentos de oposición a las mismas; la sentencia que examinó y resolvió
la discusión planteada por las partes; y los cuestionamientos de la apelación 11”. Entender lo
contrario, implicaría abrir una nueva discusión en el trámite de segunda instancia,
contraviniendo los derechos al debido proceso, a la defensa y contradicción de la
contraparte, además de asumir competencias indebidas en sede de segunda
instancia que desconocerían el principio justicia rogada.

De otra parte, se aclara que la solicitud de pruebas en segunda instancia,
presentada en el recurso de apelación, fue negada mediante auto del 13 de
diciembre de 202412.

De manera que, el problema jurídico a resolver en segunda instancia se
concreta en determinar si i) la presencia de la fuerza pública es una exigencia para
la práctica del registro, ii) procede la compulsa copias respecto de las actuaciones
de los funcionarios de la DIAN en la diligencia. Una vez decididos estos aspectos
de fondo de la controversia, la Sala se pronunciará sobre los argumentos del
apelante que cuestionan la decisión del Tribunal por considerar que se dictó
sentencia anticipada cuando no se trataba de un fallo en derecho pues existen
argumentos que denotan un mayor análisis y se causó un daño a la sociedad por
imponerle una carga que no está en capacidad de asumir.

2. Diligencia de registro. Intervención de la fuerza pública

La apelante sostiene que la diligencia de registro es ilegal, porque se efectuó sin la
vinculación e intervención de la fuerza pública, pues a su juicio, se trata de una
exigencia prevista en el artículo 779-1 del Estatuto Tributario.

Para resolver, se pone de presente que el artículo 684 del Estatuto Tributario
confiere amplias facultades de fiscalización a la Administración para verificar la
correcta determinación de los tributos y el cabal cumplimiento del deber de
contribuir.

En ejercicio de dichas facultades, el artículo 779-1 ibidem autoriza a la DIAN para
registrar las oficinas o establecimientos comerciales, industriales o de servicios de
los contribuyentes, responsables o terceros que posean documentos contables,
para retenerlos y asegurarlos, con la finalidad de preservar su contenido y evitar
que se alteren, oculten o destruyan.

En cuanto a la intervención de la fuerza pública en la diligencia de registro, la Sala
en la sentencia del 13 de febrero de 202513, precisó lo siguiente:

11
Sentencia del 20 de junio de 2024, exp. 28106, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
12
SAMAI, índice 13.
13
Exp. 28619, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Esta providencia reitera la sentencia del 14 de septiembre de 2023,
exp. 27086, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

7
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“Respecto a la intervención de la fuerza pública, el inciso tercero del artículo 779-1 del
Estatuto Tributario establece lo siguiente: “Para tales efectos, la fuerza pública deberá
colaborar, previo requerimiento de los funcionarios fiscalizadores, con el objeto de garantizar
la ejecución de las respectivas diligencias. La no atención del anterior requerimiento por parte
del miembro de la fuerza pública a quien se le haya solicitado, será causal de mala conducta”
(subraya la Sala).
Con base en lo anterior, el precedente invocado para decidir este caso concluyó que “la norma
transcrita no establece la obligación para la DIAN de solicitar la intervención de la fuerza
pública para practicar el registro, sino el deber que recae sobre ella de prestar su colaboración
a la autoridad tributaria. Es por esto que el inciso transcrito no prevé ninguna consecuencia
adversa para la Administración cuando omite pedir el apoyo correspondiente, pero si
considera que el miembro de la fuerza pública que no atienda el requerimiento incurre en
causal de mala conducta”. (Resaltado del texto).

En tal sentido, contrario a lo dicho por la apelante, el artículo 779-1 del Estatuto
Tributario no dispone que la concurrencia de la fuerza pública sea un requisito de
validez de la diligencia de registro practicada por la DIAN, de tal modo que su
presencia no tiene incidencia en la legalidad de dicha actuación.

Con relación al caso concreto, la Sala destaca que en el expediente consta lo
siguiente:
▪ Mediante la Resolución Nro. 0468 del 04 de octubre de 201714; se ordenó llevar a cabo el
registro de que trata el artículo 779-1 del Estatuto Tributario, en el establecimiento de comercio
del contribuyente informado en el RUT. Se comisionaron los servidores públicos de la DIAN
para la tarea, y se solicitó acompañamiento de la fuerza pública en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 5º. Solicitar la colaboración de la Fuerza Pública, de conformidad con el inciso
tercero del artículo segundo de la Ley 383 de 1997, con el objeto de garantizar la ejecución
de las respectivas diligencias”.
▪ En el acta de la diligencia de registro15, respecto del acompañamiento de la fuerza pública
consta que: “Durante toda la diligencia se contó con el apoyo del intendente (…) y el patrullero
(…) de la Policía Nacional, adscritos al Grupo de la Fuerza Disponible”.

Conforme a lo anterior, la Sala encuentra que, aunque la asistencia de los miembros
de la fuerza pública no es una condición de validez de la diligencia de registro, sí se
demostró el acompañamiento de esa autoridad en el desarrollo del trámite, por lo
cual no procede este aspecto de la apelación.

3. Solicitud de compulsa de copias

El apelante solicita que se compulse copias a la Fiscalía General de la Nación, la
Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, porque
los funcionarios de la DIAN se alejaron de sus funciones en la diligencia de registro.

Al respecto, la Sala observa que en la demanda y en la apelación, el actor se limitó
a transcribir disposiciones del Código Penal, y afirmó una supuesta comisión de
delitos, sin explicar cómo ocurrieron las conductas, ni aportó pruebas. Por el
contrario, en el acta de registro no se advierte que los funcionarios de la DIAN
hubieren incurrido en alguna irregularidad o la comisión de un delito durante el
desarrollo de la diligencia16.

14
SAMAI, índice 2. Expediente digital. «PrimeraInstanciazi(.zip)»,«017AnexosContestacionExpedienteAdmin«001TOMO1.pdf». Fl.
45.
15
Ibidem. Fl 48 vlto.
16 SAMAI, índice 2. Expediente digital. «PrimeraInstanciazi(.zip)»,«017AnexosContestacionExpedienteAdmin«001TOMO1.pdf». Fls.
47 vlto a 49.

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Radicado: 41001-23-33-000-2021-00116-01 (29254)
Demandante: Dutega Colombia S.A.S. en Liquidación

En ese sentido, no existe fundamento para que el Tribunal o esta Corporación
accediera a la solicitud de compulsa de copias pretendida por el actora. En todo
caso, si la demandante lo considera puede acudir ante las autoridades pertinentes.

4. Argumentos de la apelación contra la sentencia de primera instancia.

El apelante cuestiona que, de acuerdo con los fundamentos que dan origen a la
presente controversia, se dictó “sentencia anticipada” cuando “NO se trataba de un fallo en
DERECHO, pues existen argumentos que denotan mayor análisis”. También afirmó que con la
decisión de primera instancia se causó un daño a la demandante, al imponerle una
carga que no está en capacidad de asumir.

Al respecto, la Sala aclara que, en primera instancia, no se siguió el procedimiento
para dictar sentencia anticipada, sino que se surtieron las etapas del proceso con la
celebración de la audiencia inicial, el traslado para alegar por escrito y la expedición
de la sentencia de mérito17.

En cuanto a los argumentos del apelante que cuestionan el análisis realizado en la
sentencia de primera instancia, la Sala advierte que se tratan de afirmaciones sin
argumentación alguna, pues no especifica cuáles eran los cargos que ameritaban
“mayor análisis”, ni explicó en qué medida el estudio de la demanda fue insuficiente.
Por el contrario, conforme con lo expuesto en esta providencia, la Sala encuentra
que el Tribunal resolvió debidamente los cargos de la demanda y los argumentos
de defensa de la acusada, con fundamento en las normas jurídicas aplicables al
caso y las pruebas allegadas al proceso.

De igual forma, no le asiste razón al actor cuando sostiene que la sentencia de
primera instancia le causó un daño al imponerle una carga que no está en capacidad
de asumir, pues en la medida que el actor no desvirtuó la legalidad de los actos
acusados, se encuentra ajustada a derecho la decisión de confirmar la
determinación del tributo ordenado en los mismos. Además, se pone de presente
que el demandante no sustentó las razones por las cuales considera que la carga
tributaria determinada en los actos es desmesurada.

En consecuencia, no prospera este aspecto de la apelación.

Conclusión

Por lo expuesto, se confirma la sentencia de primera instancia.

Costas

A la luz de los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y
Contencioso Administrativo, y 365 (numeral 8) del Código General del Proceso, no
habrá condena en costas (gastos del proceso y agencias en derecho) en esta instancia, al
no encontrarse probada su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

17
SAMAI Tribunal, índices 23, 24 a 26 y 28.

9
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Demandante: Dutega Colombia S.A.S. en Liquidación

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila el 23 de julio de 2024.

2. Sin condena en costas en segunda instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

10
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