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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2021-00151-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2021-00151-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia del 15 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. NO CONDENAR en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 41001-23-33-000-2021-00151-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 41001-23-33-000-2021-00151-01 (29679)
Demandante JHON FARID MÉNDEZ LUGO
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Impuesto sobre las ventas. Año 2015. Tercer Cuatrimestre.
Alcance del recurso de apelación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 15 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión, que decidió:
PRIMERO. Declarar la nulidad parcial de la liquidación oficial de revisión No. 132412019000085-
código 05-01 de octubre 1 de 2019 y de la resolución No. 132012020000011 de octubre 29 de
2020, a través de la cual la DIAN modificó la declaración de IVA del tercer cuatrimestre del año
gravable 2015 del demandante, en los términos indicados en la providencia.

SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, téngase como liquidación la efectuada
por la Sala en esta instancia.

TERCERO. Sin condena en costas […]1

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 22 de marzo de 2017, Jhon Farid Méndez Lugo presentó su declaración del
impuesto sobre las ventas (IVA) del tercer cuatrimestre del año 2015, liquidando un
saldo a pagar por el período.2

Previa expedición del requerimiento especial3 y su correspondiente respuesta4, la
DIAN expidió la liquidación oficial de revisión 132412019000085 del 2 de octubre de
20195, a través de la cual incrementó los ingresos brutos por operaciones gravadas
a la tarifa general; los ingresos brutos por operaciones no gravadas6; rechazó
compras de bienes gravados a la tarifa general; así como de bienes y servicios
excluidos, exentos y no gravados; y, correlativamente, rechazó impuestos
descontables. Como consecuencia de lo anterior, la Administración determinó un
1
Samai Tribunal, índice 21.
2
Folio 9, Tomo 1, Caa. En el expediente se observa otra declaración a folio 30, pero a folio 55 obra una comunicación de
la DIAN fechada del 13 de marzo de 2017 en donde le informa al señor Méndez que las declaraciones de IVA inicialmente
reportadas por los períodos del 2015 se entienden como no presentadas, toda vez que debía declarar y pagar de manera
cuatrimestral. A folio 62 se observa comunicación del contribuyente del día 22 de marzo de 2017, corrigiendo esta
situación.
3
Folio 1792, Tomo 10, Caa.
4
Folio 1827, Tomo 10, Caa.
5
Folio 2039, Tomo 11, Caa.
6
Se observa que los ingresos gravados del contribuyente corresponden a venta de muebles, enseres y equipos de cómputo
y arrendamientos, y los no gravados a la venta de computadores que no sobrepasan los 82 UVT. Como consecuencia de
la investigación se adicionaron ingresos relacionados con actividades desarrolladas a través de consorcios, en donde
estos no declararon IVA, correspondiéndole a sus miembros, por omisión en el registro de compras, por otros arriendos
de inmuebles no residenciales y con una nota de contabilidad, que daba prueba de ingresos.

1

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Radicado: 41001-23-33-000-2021-00151-01 (29679)
Demandante: JHON FARID MÉNDEZ LUGO

mayor impuesto a pagar por el periodo fiscal. También liquidó sanción por
inexactitud.

El contribuyente interpuso recurso de reconsideración7, el cual fue resuelto por la
DIAN, a través de la resolución 132012020000011 del 29 de octubre de 20208,
confirmando todos los aspectos de la liquidación oficial.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones9:
IO - REVISAR LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS PREVIAS Y EL FUNDAMENTO Y EL FUNDAMENTO
DE LAS PRUEBAS CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE, CONCERNIENTES CON LA EXPEDICIÓN Y LA
NOTIFICACIÓN DE LOS SIGUIENTES ACTOS ADMINISTRATIVOS:

A- RESOLUCIÓN NO. 132012020000011 DE OCTUBRE 29 DEL AÑO 2020, NOTIFICADA
PERSONALMENTE EN ENERO 18 DE 2021, EXPEDIDA POR EL GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA DE LA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - UAE DIAN DE NEIVA, MEDIANTE
LA CUAL LA MENCIONADA INSTITUCIÓN FISCAL HA PRETENDIDO DETERMINAR EL IMPUESTO SOBRE
IVA A MI CARGO POR EL PERÍDO (SIC) SEPTIEMBRE – OCTUBRE - NOVIEMBRE DICIEMBRE, TERCER
CUATRIMESTRE DEL AÑO GRAVABLE DE 2015.

B- LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN NO. 132412019000085-CÓDIGO 05-01 DE OCTUBRE IO(SIC) DE
2019, NOTIFICADA MEDIANTE AVISO EN LA PÁGINA WEB DE LA DIAN EN OCTUBRE 22 DE 2019,
EXPEDIDA POR LA SECCIÓN DE GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UAE-DIAN DE NEIVA, MEDIANTE LA CUAL LA REFERIDA
UNIDAD ADMINISTRATIVA FISCAL HA PRETENDIDO DETERMINAR EL IMPUESTO SOBRE IVA Y
SANCIONES A MI CARGO, POR EL PERÍODO SEPTIEMBRE – OCTUBRE – NOVIEMBRE –DICIEMBRE
TERCER 3O CUATRIMESTRE DEL AÑO GRAVABLE DE 2015.

IIO - QUE SEAN DECLARADOS COMO NULOS, INEFICACES Y SIN EFECTO JURÍDICO ALGUNO, LOS
SIGUIENTES ACTOS ADMINISTRATIVOS:

RESOLUCIÓN NO. 132012020000011 DE OCTUBRE 29 DE 2020, NOTIFICADA PERSONALMENTE EN
ENERO 18 DE 2021, EXPEDIDA POR EL GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – UAE DIAN DE NEIVA, Y LA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE
REVISIÓN IVA - NO. 132412019000085-CÓDIGO 05-01 DE OCTUBRE 10 DE 2019, NOTIFICADA
MEDIANTE PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA DIAN EN OCTUBRE 22 DE 2019, EXPEDIDA POR
LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES UAE-DIAN DE NEIVA, ACTOS MEDIANTE LOS CUALES LAS ANTES REFERIDAS
INSTITUCIONES DE LA UAE DIAN, HAN PRETENDIDO DETERMINAR EL IMPUESTO SOBRE IVA Y
SANCIONES A CARGO DE MI PODERDANTE, POR EL PERÍODO SEPTIEMBRE – OCTUBRE –
NOVIEMBRE – DICIEMBRE, TERCER 3O CUATRIMESTRE DEL AÑO GRAVABLE DE 2015.

IIIO - QUE SEA RESTABLECIDO EL DERECHO DE MI PROCURADO, EN EL SENTIDO DE QUE SEA
EXONERADO DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE IVA Y SANCIONES CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN
NO. 132012020000011 DE OCTUBRE 29 DE 2020, NOTIFICADA PERSONAL MENTE EN ENERO 18 DE
2021 Y EN LA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN IVA - NO. 132412019000085-CÓDIGO 05-01 DE
OCTUBRE 1O DE 2019, NOTIFCADA (SIC) EN OCTUBRE 22 DE 2019, ACTOS ADMINISTRATIVOS
LIQUIDATORIOS EXPEDIDOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES UAE DIAN DE NEIVA.

7
Folio 2179, Tomo 12, Caa.
8
Folio 2233, Tomo 12, Caa.
9
Samai Tribunal, índice 35, CarpetaExpedienteOnedrive 002Demanda, págs. 2 y 3.

2
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Demandante: JHON FARID MÉNDEZ LUGO

Invocó como normas violadas el artículo 363 de la Constitución Política; 197 de la
Ley 1607 de 2012 y 26, 27, 28, 58, 59, 178 y 683 del Estatuto Tributario. Los
conceptos de violación se resumen a continuación10:
Frente a la adición de ingresos brutos por operaciones gravadas, explicó cada uno
de los conceptos que agregó la DIAN y los reparos frente a estos. Indicó que, según
la DIAN, debía declarar el 75% del ingreso recibido por el consorcio Guaduas, con el
correspondiente IVA generado, dada la calidad de miembro de este. Sin embargo,
reiteró lo manifestado en la vía administrativa, en el sentido de que no percibió
ingresos como parte de ese consorcio, pues todos los pagos fueron reclamados y
percibidos por el señor Carlos Andrés González, en calidad de persona natural, por
lo que no puede afirmarse que recaudó IVA en nombre del Estado.
En cuanto a la adición de ingresos por omisión en el registro de compras, dijo que
la DIAN incluyó valores que «no son coincidentes»11 con la fórmula de que trata el artículo
760 del Estatuto Tributario, toda vez que supuestamente estableció omisión de
compras con dos proveedores por valor de $43.759.076, pero adicionó, en
aplicación de la norma, $51.013.145. Afirmó que reiteraba lo señalado en el recurso
de reconsideración, en el sentido de que las compras a sus proveedores están
soportadas en la contabilidad y en una certificación de contador público. Relacionó
un cuadro que precisa que los supuestos valores que no se registraron en la
declaración del tercer cuatrimestre del 2015 corresponden a una factura del período
2014 y a otra que el proveedor nunca le envió.
Sostuvo que no percibió ingresos por el arrendamiento de un inmueble no
residencial, cuyo arrendador es el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social Regional Huila, del que es propietario en un 50%, ya que suscribió un contrato
de administración con la sociedad Comercializadora Lucicar del Huila S.A.S, quien
estaba facultada para percibir los ingresos por arrendamiento, habiéndolos
declarado dicha sociedad.
Sobre los ingresos percibidos por la operación con el señor William Vargas
Espinosa, precisó que la DIAN los adicionó porque, según ella, a pesar de que en el
curso de la investigación se aceptó haber recibido estos ingresos, que sostiene
clasifican como no gravados pues son de actividades ganaderas, no se probó o
allegó soporte de que correspondieran a ese tipo de actividades. Cuestionó que,
bajo esa misma premisa, la Administración no demostró que se tratara de
operaciones gravadas y que no correspondieran actividades ganaderas.
Frente al desconocimiento de compras e impuestos descontables, señaló la
necesidad que tuvo de incurrir en esas erogaciones, las cuales deben considerarse
para obtener la renta líquida gravable, base para liquidar los impuestos. Adujó que
la modificación efectuada por la DIAN resulta en el supuesto, económicamente
imposible, de obtener una utilidad del 62% y explicó, respecto de cada tercero,
cuándo procedía y cuándo no el desconocimiento, así:
Sobre las compras de productos y servicios gravados
• La DIAN desconoció compras e IVA descontable con el tercero Clarycon S.A.S., de acuerdo con
la diferencia entre lo certificado por el liquidador de dicha compañía y lo declarado, sin

10
Resáltese que, en varios apartes de la demanda, se habla como si se tratase del recurso de reconsideración, a manera
de ejemplo: “A partir del medio folio 72 hasta el párrafo séptimo – 7º del folio 74, del Anexo Explicativo de la Liquidación
Oficial de Revisión, que es objeto del presente Recurso de Reconsideración (…)”. ¨ De conformidad con lo descrito en los
párrafos 6 y 7 del folio 78, y hasta el medio folio 79, del Anexo Explicativo de la Liquidación Oficial de Revisión, que es
objeto del presente Recurso de Reconsideración (…).”
11
Ibidem, pág. 10.

3
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Demandante: JHON FARID MÉNDEZ LUGO

considerar que esa diferencia se da porque la factura No. 11204 fue anulada por ese
proveedor, pero ese gasto quedó reemplazado, ya que se les compró a otros proveedores,
Madecentro, Ferretería Mundial y Comercializadora Licuaespress S.A.S. Dijo que había
entregado la factura de este último proveedor e indicó que esa expensa era necesaria y tenía
relación de causalidad, en cumplimiento del artículo 107 del Estatuto Tributario.
• Dijo que no hizo ninguna referencia en la respuesta al requerimiento especial al rechazo de
las compras realizadas a Distribuidora de Papeles SAS, motivo por el cual lo acepta.
• Sobre Liberty Seguros, citó el artículo 496 del Estatuto Tributario, sobre la oportunidad para
contabilizar el IVA descontable, pero posteriormente indicó que como no se pronunció sobre
este en la respuesta al requerimiento especial, acepta la glosa.
• Respecto al tercero Madecentro, explicó que estas compras reemplazaban parte de aquellas
hechas a Clarycon, y adujo que, contrario a lo indicado por la DIAN, sí existe relación de
causalidad y necesidad, pues se incurrió en las mismas para ejecutar contratos que fueron
realizados y declarados. Adicionó que pagó estas de contado, según relación de compras y la
factura de crédito firmadas por la directora de cartera de ese proveedor. Dijo que no es cierto
que los soportes no cumplieran el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, y que no tiene
importancia quien firma los documentos, porque a los compradores no les es posible
determinar quién es el representante legal y revisor fiscal de sus proveedores, motivo por el
cual proceden los soportes.
• Respecto del tercero Canal Digital, explicó que se digitó dos veces por error la compra, porque
se confundió con facturas del tercero Licuaexpress S.A.S.

Sobre las compras de bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados
• La Administración cuestionó la veracidad de la transacción realizada con Aprendizaje
Interactivo Ltda., de acuerdo con el análisis probatorio que detalló, frente a lo cual afirmó que
no era responsable por los errores, incumplimientos y omisiones de ese tercero, y en esa
medida no se le podía condenar ni sancionar por las actuaciones de este, así que no era
procedente el rechazo de las compras.
• Respecto al tercero Hernan Arciniegas, señaló que se aportan documentos de fecha cierta,
factura original, certificado de contador, contrato de compraventa, entre otros, para probar que
la transición se hizo (la DIAN cuestionó la veracidad de esa operación con varios indicios).
• Sobre la operación con el tercero Milton Armando Gómez, señaló que se aporta factura
autenticada, soportes contables y certificado del contador que prueban que la operación se
realizó, y que no puede imputársele consecuencias por la omisión de ese tercero respecto de
sus obligaciones tributarias.

Por último, controvirtió la sanción por inexactitud, argumentando que no existe
prueba del perjuicio infligido a la DIAN y que contraviene los principios de
proporcionalidad, gradualidad y economía previstos en el artículo 197 de la Ley
1607 de 2012.

Oposición de la demanda

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda12, para lo cual sostuvo que los
actos administrativos demandados se soportaron en el material probatorio producto
de cruces efectuados con terceros y la inspección contable adelantada al
demandante. Aseveró que el demandante no logró desvirtuar las glosas, pues
reiteró en cada etapa los argumentos expuestos en la respuesta al requerimiento
especial y no aportó en ningún momento las pruebas que afirma haber allegado.

En relación con la adición de ingresos brutos por operaciones gravadas, explicó que
el demandante debió declarar los ingresos percibidos por el consorcio Guaduas,
atendiendo a su participación del 75%. Agregó que no se cometieron errores al
aplicar la fórmula para la adición de ingresos por omisión en el registro de compras
12
Samai Tribunal, índice 35, CarpetaExpedienteOnedrive 014ContestacionDian.

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prevista en el artículo 760 del Estatuto Tributario, y que el demandante no aportó
pruebas para desvirtuar la presunción allí establecida. Sostuvo que el demandante
si percibió ingresos por el arrendamiento de un inmueble que es 50% su propiedad,
ya que el contrato suscrito con la sociedad Lucicar del Huila S.A.S. únicamente la
facultaba para administrar dicho bien y no le concede su usufructo, con lo cual los
ingresos le pertenecen al demandante en la proporción indicada. Reiteró que el
contribuyente no presentó ninguna prueba que demostrase lo alegado por él, esto
es que los ingresos percibidos en la transacción con el señor William Vargas fueron
producto de una actividad no gravada con IVA.

Sobre el desconocimiento de compras e impuestos descontables, refutó las
explicaciones proporcionadas por el demandante frente a cada tercero, así:
• Respecto al tercero Clarycon S.A.S., explicó que la anulación de la factura No. 11204 no
justifica que haya declarado una compra por mayor valor del que certificó el proveedor.
• Sobre la operación con el tercero Liberty Seguros, advirtió que el demandante no planteó
motivos de inconformidad y que ello mismo fue expresado en la demanda.
• Del tercero Madecentro advirtió que no existe discusión, pues el rechazo de compras en
relación con dicho proveedor se descartó en la liquidación oficial.
• Respecto al tercero Canal Digital, planteó que la aceptación del error por parte del demandante
confirma la glosa.
• Sobre las operaciones con los terceros Hernan Arciniegas y Milton Armando Gómez, señaló
que los documentos aportados no demuestran la ejecución de estas desde un punto de vista
sustancial, pues sólo muestran la realidad formal, y que las facturas, aunque son requisito
para el tomar el IVA descontable, no le impiden ejercer sus facultades de fiscalización para
verificar la efectiva realización de las operaciones mediante con otros medios probatorios.

En lo atinente al rechazo de compras de bienes y servicios excluidos, exentos y no
gravados, explicó que el demandante no aportó documentos pertinentes que
permitieran verificar la realidad de las operaciones.

Finalmente, afirmó que es procedente la sanción por inexactitud y solicitó que se
reconocieran costas en su favor, por concepto de agencias en derecho.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión, declaró la nulidad
parcial de los actos demandados, reliquidó el impuesto y la sanción por inexactitud,
y no condenó en costas13, con fundamento en lo siguiente.

En cuanto a la adición de ingresos brutos por actividades gravadas, consideró
improcedente la adición que se hizo en virtud de la participación del demandante en
el consorcio Guaduas, puesto que las partes del consorcio acordaron que la
facturación la haría cada parte por separado, con lo cual, en contravención de esto
la DIAN le agregó al contribuyente los ingresos que obedecían a facturas expedidas
por Carlos Andrés González.

Avaló la adición de ingresos por omisión en el registro de compras, porque el
demandante no logró desvirtuar los hallazgos de la DIAN.

Sobre el arrendamiento del inmueble del que es propietario el demandante en un
50%, concluyó que la totalidad de ingresos producto de ese arrendamiento fue

13
Samai Tribunal, índice 21.

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facturado y registrado por la señora Carolina Lizcano (propietaria de la otra mitad
del inmueble) y que fue ella quien suscribió el contrato en calidad de arrendadora,
por lo que no es procedente la adición de ingresos.

Frente a los ingresos recibidos del señor William Vargas Espinosa por supuestas
operaciones de ganadería, el Tribunal avaló la adición de estos como gravados, por
cuanto la nota de contabilidad que los respalda carece de concepto específico y,
por tanto, le es aplicable la presunción que establece el artículo 763 del Estatuto
Tributario, según la cual cuando no se diferencia la venta o prestación de bienes y/o
servicios gravados de aquellos que no lo son, se presumirá que la totalidad de las
ventas y servicios no identificados corresponden a bienes o servicios gravados con
la tarifa más alta de los bienes que venda el responsable.

Sobre el desconocimiento de compras gravadas e IVA descontable, estimó
improcedente el desconocimiento de las compras efectuadas al proveedor
Arciniegas Guzmán, entre otros, porque dicho gasto-ingreso figura en la
contabilidad y en las declaraciones de renta y ventas de ambas partes y ese tercero
no es un proveedor ficticio. Respecto del proveedor Gómez González, consideró
que varios de los argumentos que la DIAN tuvo como fundamento del rechazo no le
eran imputables al demandante, pero validó el rechazo de las compras que se
soportaron en facturas sin numeración consecutiva autorizada por la DIAN. Declaró
parcialmente procedente el desconocimiento hecho por la Administración.

En relación con los demás terceros, consideró procedente el desconocimiento de
compras gravadas, bien porque el demandante aceptó la glosa, no presentó
argumentos frente a ella (Dispapeles S.A.S., Liberty Seguros y Canal Digital) o no
logró desvirtuarla (Clarycon) con otras pruebas.

Sobre el rechazo de compras de bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados,
concluyó procedente el desconocimiento, por cuanto el demandante no aportó
documentos idóneos que permitieran desvirtuar la glosa, salvo por una factura
ilegible en la que no se puede identificar al comprador.

Concluyó que el demandante incurrió en inexactitudes sancionables y que no es
dable exculparlo de la sanción, ya que no basta con que exista una diferencia de
criterios entre las partes, sino que se debe argumentar de manera suficiente las
razones que motivaron una interpretación errada o diferente de la norma aplicable.

Recurso de apelación

El demandante apeló la decisión de primera instancia14, señalando su total
desacuerdo con la liquidación efectuada por el a quo y reiterando en su integridad
los argumentos planteados en la demanda y en los alegatos de conclusión.

Presentó un recuento de los folios en los que la sentencia apelada analizó las glosas
de los actos administrativos demandados y, frente a cada una, hizo referencia a
determinados folios de su memorial de alegatos de conclusión15 por considerar que
los argumentos presentados en ese escrito abordaron cada uno de los puntos en
discusión y fueron razonablemente expuestos16. Transcribió los argumentos
presentados en la demanda en relación con cada una de las glosas que se discuten,
mismos que fueron transcritos en el memorial de alegatos de conclusión.
14
Samai Tribunal, índice 26.
15
Samai Tribunal, índice 18.
16
Ibidem, págs. 5 y 6.

6
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Por último, además de transcribir los argumentos de la demanda, en relación con la
sanción por inexactitud, invocó la «superior categoría de las sentencias de institucionalidad»17
y citó la sentencia C-160 de 1998, en la que la Corte Constitucional resolvió declarar
la exequibilidad condicionada de la sanción por el envío de información errónea, en
el entendido de que procede siempre que el error en la información haya generado
daño y la sanción sea proporcional a este.

Oposición al recurso de apelación

La demandada solicitó que se confirme la providencia recurrida y expresa que no
hubo errores en la determinación de la adición de ingresos por omisión en el registro
de compras; que el contribuyente no probó que los ingresos obtenidos de William
Vargas Espinosa fueran resultado de actividades ganaderas no gravadas con IVA y
que el desconocimiento de compras gravadas y no gravadas obedece a la ausencia
de pruebas que demuestren la realidad de las operaciones o que justifiquen las
diferencias con los valores certificados por los proveedores18.

Intervención del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no se pronunció.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sección pronunciarse sobre la nulidad de la liquidación oficial de
revisión 132412019000085 del 2 de octubre de 2019 y la resolución
132012020000011 del 29 de octubre de 2020, proferidas por la DIAN que modificaron
la declaración de IVA del tercer cuatrimestre del año 2015 presentada por el
demandante el 22 de marzo de 2017.

1. Alcance del recurso de apelación

Previo a resolver, se pone de presente, que, según el artículo 320 del Código
General del Proceso, el objeto del recurso de apelación consiste en que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente, sobre los reparos concretos formulados
por el apelante en su escrito de apelación (que deben ser consonantes con lo decidido y
razonado por el a quo), lo cual es concordante con el artículo 328 ibidem, según el cual
la competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos expuestos
por el apelante, como lo ha precisado la Sección:
«la presunción de legalidad que se pretende debatir en el marco de la segunda instancia debe
ser objeto de discusión acorde con lo planteado en la demanda y lo decidido en primera
instancia. De no ser así, se vulneraría el derecho de contradicción de las partes procesales,
además de asumir competencias indebidas en sede de segunda instancia que desconocerían
el principio justicia rogada.»19

Sobre este tema, la Corte Constitucional ha establecido que, para que el recurso de
apelación cumpla su finalidad, es necesario que existan y se expongan verdaderos
motivos de discordia en contra de los planteamientos de la sentencia apelada, de

17
Ibidem, pág. 40.
18
Samai, índice 11.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2020, Exp. 24222,
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también sentencias del 12 de septiembre de 2019, Exp. 22058, M.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez; del 7 de mayo de 2020, Exp. 22498, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 9 de septiembre de 2021,
Exp. 25008, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, del 3 de marzo de 2022, Exp. 25562, M.P. Milton Chaves García, del
20 de noviembre de 2025, exp. 29260, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, entre otras.

7
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tal forma que el superior pueda llevar a cabo un efectivo control de la decisión
recurrida y, con ello, preservar el principio de legalidad y la integridad en la
aplicación del derecho:
«Particularmente, si la decisión inicial es correcta, la apelación no debe convertirse en el
instrumento a través del cual se pretenda probar suerte ante el juez superior, sino que solo
debería acudirse a ella en aquellos supuestos en los que existan elementos sólidos que den
cuenta de que el juzgador de primera instancia incurrió en una equivocación. Eso explica por
qué se exige que la apelación deba ser sustentada. Porque para controvertir una decisión
judicial y provocar la intervención del superior, con lo que eso implica en términos de desgaste
del aparato judicial, y en merma de la seguridad jurídica, es preciso mostrar razones serias
que generen en el fallador una cierta duda sobre el asunto recurrido, o, al menos, que se
planteen de manera clara y argumentada las razones de la discrepancia.” 20

A la luz de lo anterior, la Sección ha adoptado el criterio según el cual no es
procedente en segunda instancia analizar cargos de apelación que no se refieran,
en todo o en parte, a lo específicamente razonado en el fallo de primera instancia,
esto porque los cargos de apelación deben controvertir los análisis efectuados por
el a quo en la sentencia sobre la que recae el recurso.21

Lo anterior no significa que, al estar en desacuerdo con el fallo de primera instancia,
el apelante (el demandante, el demandado o ambos) no pueda insistir en los argumentos
que ha venido planteando a lo largo del proceso judicial, sino que, si lo hace debe
exponer o explicar de qué manera el juez de esa instancia incurrió en errores en su
sentencia, bien sea por los argumentos jurídicos, fácticos o probatorios o porque
incurrió en otros yerros (por ejemplo, cuando omite pronunciarse sobre un cargo).

Para la posición mayoritaria de la Sección, el recurso de apelación no puede
utilizarse como si se tratase de un acto procesal pensado para atacar directamente
los actos administrativos demandados, sin considerar o ignorando el fallo de primera
instancia:
«el requisito de sustentación del recurso de apelación exige que el interesado manifieste de
manera clara y concreta las inconformidades frente a la decisión recurrida. No se trata de
revivir la totalidad del debate, debe existir coherencia entre la decisión apelada y el recurso
de apelación, esto es, la sustentación debe referirse necesariamente a los fundamentos
de la providencia apelada».22 (negrita fuera del texto original).

Incluso, en aquellos casos donde la apelación se limita a reproducir los argumentos
de la demanda la Sección ha indicado que:
« (…) Los escritos de impugnación contra fallos que reproduzcan íntegramente los cargos de
anulación de la demanda incumplen con la carga de sustentación del recurso de apelación,
en tanto adolecen de reparos concretos contra la providencia, tanto es así que de entrarse a
resolver, se retrotraería el juicio a un estudio ya efectuado por el tribunal de primer grado,
quien atendiendo los cargos de la demanda hizo los análisis jurídicos y fácticos que son los
que deben ser cuestionados por el recurrente para provocar el pronunciamiento de la segunda
instancia»23.

No debe dejarse de lado que la función de la segunda instancia es la de revisar y,
de ser el caso, corregir las decisiones judiciales de primera instancia, para
garantizar una correcta aplicación del derecho, que lleve a la materialización de los
principios de legalidad y justicia, con lo cual, si se accediera a revisar recursos de
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-418 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
21
Entre otras, en las sentencias del 20 de noviembre de 2025, exp. 29260 M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, y del 10
de diciembre de 2025, exp. 29358, M.P. Wilson Ramos Girón.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 29 de febrero de 2024, Exp.
27159, M.P. Wilson Ramos Girón.
23
Ibidem.

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apelación que simplemente reproducen argumentos que no tienen relación con lo
decidido en primera instancia se estaría pasando por alto lo razonado por el a quo,
y, en esa medida, resolver una apelación en esos términos implicaría que el juez de
cierre obvie el juicio que ya tuvo lugar en primera instancia.
2. Alcance del recurso en el caso concreto

En el recurso de apelación la parte demandante hace un resumen de la sentencia
de primera instancia, indicando su contenido por folios - A manera de ejemplo, menciona
que en los folios 1 al 23 se explican los argumentos de la demanda, que de lo folios 36 al 37, se
analiza la glosa de adición de ingresos brutos operacionales concernientes al consorcio, en donde
se le da la razón, y así consecutivamente-, y, cuando se presentan cargos contra la
sentencia en la parte que le fue desfavorable, el recurrente indica que debe
remitirse al contenido de sus alegatos de conclusión o de la demanda y cita los
párrafos y folios y trascribe argumentos, así:
(i) Sobre la adición de ingresos por omisión en el registro de compras, el tribunal constató
que el demandante omitió compras efectuadas a los terceros Industrias Offiline S.A.S.
e Internacional de Eléctricos S.A.S., avaló el cálculo de los ingresos que se adicionaron
y señaló que el demandante no presentó pruebas que desvirtuaran la legalidad de la
glosa.
Frente a esto, en el recurso de apelación, el demandante manifestó que es preciso
remitirse a los folios 7, 8 y 9 del memorial de alegatos de conclusión 24 y,
posteriormente, transcribió los argumentos de la demanda respecto de dicha glosa25.
(ii) Respecto de los ingresos recibidos del tercero William Vargas Espinosa, el tribunal
explicó que el registro contable de la operación únicamente se respaldó con una nota
de contabilidad que no permite identificar un concepto específico, de manera que es
procedente su adición como ingreso gravado en la declaración del demandante en
virtud del artículo 763 del Estatuto Tributario.
Frente a esto, en el recurso de apelación, el demandante manifestó que el asunto fue
analizado y expuesto en el folio 12 del memorial de alegatos de conclusión 26 y,
seguidamente, transcribió los argumentos de la demanda en relación con dicha
glosa27.
(iii) Frente al desconocimiento de compras gravadas efectuadas a los terceros Clarycon,
Canal Digital y Milton Armando Gómez Gonazález, así como compras no gravadas
efectuadas al tercero Aprendizaje Interactivo LTDA, el tribunal explicó que el
contribuyente no aportó material probatorio para controvertir las glosas y que,
específicamente frente al tercero Canal Digital, la explicación sobre el error de doble
contabilización (incluida en la demanda28) confirma el desconocimiento efectuado por
la DIAN.
El apelante, por su parte, expresó que es preciso remitirse a los folios 12 al 27 del
memorial de alegatos de conclusión29 y, posteriormente, transcribió los argumentos
de la demanda en relación con las glosas de desconocimiento de compras30.
(iv) Frente al desconocimiento de compras no gravadas al tercero Aprendizaje Interactivo,
por valor de $1.027.951.000, el tribunal indicó que el demandante no allegó ninguna
prueba documental pues la que había era ilegible, así como tampoco expuso
argumentos útiles, conducentes y pertinentes para desestimar la glosa.

24
Samai Tribunal, índice 26, pág. 5.
25
Ibidem, pág. 11.
26
Ídem.
27
Ibidem, pág. 14.
28
Samai Tribunal, índice 35, CarpetaExpedienteOnedrive 002Demanda, pág. 25.
29
Samai Tribunal, índice 26, pág. 5.
30
Ibidem, págs. 21 y siguientes.

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El apelante, transcribió lo expuesto en la demanda, incluyendo el argumento de que
excede de sus responsabilidades el hecho que ese tercero no reporte ni lleve su
contabilidad en forma debida ni mucho menos que no actualice su información
comercial, hecho que no me es imputable y de la entera responsabilidad de ellos.

Con lo anterior, es evidente para la Sección que el apelante no formuló ningún
reparo contra el fallo del tribunal, pues el recurso de apelación no analizó los motivos
de la decisión del a quo, sino que simplemente transcribió los mismos argumentos
que resumió en sus alegatos, los cuales ya había planteado en la demanda, a tal
punto que se limita simplemente a transcribirlos, incluso a pesar de que algunos de
ellos en nada se relacionan con las conclusiones de la sentencia.
Esta circunstancia fue además puesta de presente por el propio recurrente, pues el
recurso mismo expresa que «como quiera que el libelo inicial de la Demanda de autos, contiene
la totalidad de los elementos analíticos de la actuación administrativa que es objeto de la presente
impugnación, reiteraré los Aspectos Fundamentales en él contenidos, por cuanto se encuentran
suficientemente explicadas las razones y los argumentos de impugnación de las Glosas propuestas
por la UAE-DIAN de Neiva»31.

Por otra parte, aunque el apelante refiere en el recurso a determinados folios de los
alegatos de conclusión, esta sección evidenció que esos folios son transcripciones
de los argumentos de la demanda y llama la atención que el apelante transcribió en
el recurso los argumentos de la demanda que estaban dirigidos a desvirtuar las
glosas respecto de las cuales la sentencia apelada le dio la razón, evidenciando que
el demandante trató el recurso como un acto dirigido a controvertir directamente la
liquidación oficial de revisión y la resolución que resolvió el recurso en contra de
esta.
Así las cosas, dado que el recurso no propuso una oposición real frente a la
sentencia de primera instancia, no le es posible a la Sección abordar su estudio de
fondo, pues de hacerlo desatendería el objeto del recurso de apelación, que no es
otro que se examine la cuestión decidida en primera instancia de cara a los reparos
concretos formulados por el apelante, siendo estos los que delimitan la competencia
del ad quem.
3. Sanción de inexactitud
Sólo en relación con la sanción por inexactitud la Sección encuentra que el apelante,
en su recurso, incluyó un texto adicional a la simple transcripción de la demanda
que consiste en una cita parcial de la sentencia de la Corte Constitucional C 160 de
1998 y en la conclusión de que, en aplicación de esa sentencia, la Administración
debe acreditar que se le infligió un daño como consecuencia de la conducta
sancionable, como presupuesto para aplicar la sanción.

Nótese que, más allá de la cita, el demandante no abordó los motivos expuestos
por el tribunal para confirmar la aplicación de la sanción de inexactitud -«el
contribuyente John Farid Méndez Lugo, incurrió en inexactitudes sancionables en su declaración de
IVA del tercer cuatrimestre del año 2015, al omitir ingresos e incluir compras no procedentes,
resultando adecuado la sanción por inexactitud».

En todo caso, los argumentos expuestos no están llamados a prosperar; en primer
lugar, porque la sanción por inexactitud procede ante la evidencia de una omisión
de ingresos o inclusión de descuentos improcedentes (entre otros conceptos) de los
cuales se derive un impuesto a pagar, supuestos que acreditó la Administración y

31
Ibidem, págs. 6 y 7.

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confirmó el a quo para ciertas glosas con su análisis (considerando que levanto
algunas total o parcialmente), y, en segundo lugar, porque la sentencia que citó el
apelante se refiere a la exequibilidad condicionada de la sanción por no suministrar
información o hacerlo con errores, cuyo supuesto sancionable no es equiparable al
de la sanción por inexactitud.

Por todo lo antes expuesto no prospera el recurso de apelación y se confirmará la
sentencia de primera instancia.

4. Costas

No habrá pronunciamiento frente a la decisión de no condenar en costas primera
instancia, dado que no se apeló la decisión del Tribunal de no imponerlas.

En cuanto a la condena en costas en esta instancia, esta no procede, de
conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 365 del Código General del
Proceso, pues se confirma la nulidad parcial de los actos demandados en los
términos expuestos en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia del 15 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

2. NO CONDENAR en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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