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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2022-00099-01

Fecha
19 de agosto de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2022-00099-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 16 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Huila que dispuso no tutelar los 55 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00. 41 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 41001 2333 000 2022 00099 01 Accionante: Germán Arturo Mojica Gómez derechos fundamentales invocados por el actor, según lo explicado en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 41001-23-33-000-2022-00099-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

19 de agosto de 2022

Radicación: 41001 2333 000 2022 00099 01
Accionante: Germán Arturo Mojica Gómez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 41001-2333-000-2022-00099-01
Accionante: GERMÁN ARTURO MOJICA GÓMEZ
Accionado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Tesis: No vulnera el derecho político a promover
la revocatoria del mandato, el acto
administrativo que decretó como medida
cautelar la suspensión de la expedición de
la certificación de los estados contables,
hasta tanto se determine si el comité
promotor cumple con las normas de
financiación del mecanismo de
participación ciudadana.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del
fallo de tutela proferido el 16 de junio de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Huila que negó el amparo de los derechos
fundamentales invocados.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Germán Arturo Mojica Gómez, quien manifestó actuar “en calidad
de vocero de la revocatoria del mandato del alcalde de Gigante – Huila

1

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Radicación: 41001 2333 000 2022 00099 01
Accionante: Germán Arturo Mojica Gómez

denominado “porque el pueblo se respeta – Gigante decide”1, promovió
acción de tutela en contra del Consejo Nacional Electoral, con el fin de
que se amparen los derechos fundamentales a la participación en el
ejercicio y control político, a la igualdad y al debido proceso; para ello
formuló las siguientes pretensiones2:

“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido
proceso, reserva de ley estatuaria, debido proceso, igualdad ante la
ley, presunción de inocencia, principio de buena fe, y los demás que
han sido conculcados por el CNE por las razones expuestas en los
hechos de la presente acción de tutela.

SEGUNDO: Decretar la procedencia de la acción de tutela como
mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas
desplegadas por el CNE en contra de la certificación de estados
contables para el proceso de revocatoria del Municipio de Gigante,
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable tal como se
ha expuesto en los hechos de la presente acción constitucional.

TERCERO: Suspender la aplicación del acto administrativo
Resolución nro. 2748 de 2022 (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991)
u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591
de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, en lo relativo a la SUSPENSION de
la certificación de estados contables para que el proceso de
revocatoria del mandato en el Municipio de Gigante, continúe los
otros pasos hasta que sea una realidad la consulta […]”.

[Mayúsculas en el escrito de tutela]

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que en fallo de primera instancia del 27 de abril de
2022, el Tribunal Administrativo del Huila amparó sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la participación política; en
consecuencia, ordenó al Consejo Nacional Electoral que certificara “si el
informe de ingresos y gastos presentado por el vocero de la iniciativa de
revocatoria “porque el pueblo se respeta – Gigante decide” satisface los

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Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
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radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
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requerimientos legales”3, decisión que fue impugnada por el Consejo
Nacional Electoral.

De otro lado, explicó que el 28 de abril de 2022, el Consejo Nacional
Electoral avocó conocimiento de la queja interpuesta por el alcalde de
Gigante, Huila, Cesar Germán Roa Trujillo, “por no presentar “según ellos”
los informes contables de acuerdo a las previsiones de ley”4.

Afirmó que el Consejo Nacional Electoral, “mediante oficio del 28 de abril
de 2022, CNE-SSLFR/24873/JNPT/CNE-E-DG-2022-011339 (…) corrió
traslado y me concedió el término de 1 día hábil (términos que no están
establecidos en ninguna norma) para que me pronunciara respecto de la
solicitud elevada en este expediente, para aportar las pruebas que
considere pertinentes; pero nunca fui notificado lo que obviamente no me
permitió contestar ni controvertir la queja y las supuestas pruebas
entregadas”5.

Añadió que “en el caso de haberme notificado, un día hábil no era
suficiente para poder organizar los descargos y controvertir las supuestas
evidencias entregadas por el alcalde”6.

Aseguró que, a través de la Resolución nro. 2748 del 11 de mayo de 2022,
se ordenó abrir investigación administrativa y formular cargos contra el
comité promotor de la iniciativa de revocatoria del mandato denominada
“porque el pueblo se respeta – Gigante decide” adelantada contra el
alcalde del municipio de Gigante, Huila, señor Cesar Germán Roa Trujillo,
“por la presentación irregular de los estados contables del citado

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mecanismo de participación ciudadana, y se decreta una medida cautelar,
dentro del expediente radicado nro. CNE –E-DG-2022-011339”7.

Argumentó que “no se agotó ni siquiera una etapa de indagación
preliminar prudente para determinar las circunstancias de tiempo, modo
y lugar y de esta manera garantizar que existe alguna falla en los estados
contables entregados, y con el trámite tan ágil que le dieron a la queja,
se suspende “oportunamente para el alcalde” el proceso de revocatoria
en el municipio de Gigante, justo en medio del término para el
cumplimiento a un fallo de tutela que desentrababa las etapas del proceso
de revocatoria”8.

Sostuvo que, “desde el 28 de abril fecha que avoca conocimiento de la
queja el magistrado ponente, transcurrieron tan solo 8 días hábiles, para
que el 11 de mayo se expidiera la Resolución 2748 de 2022, donde se
decretan medidas cautelares, se suspende la certificación del libro
contable, se abre investigación administrativa y se formularan pliego de
cargos en contra de Germán Arturo Mojica promotor de la revocatoria,
justo en medio de un fallo de tutela “entrando claramente en un abierto
desacato de la decisión ordenada por el tribunal administrativo del Huila”
(…)”.

Insistió en que, mediante la Resolución nro. 2748 de 2022, además de
abrir la investigación administrativa y formular cargos, se decretó la
medida cautelar consistente en “suspender, sin decir por cuanto tiempo,
la certificación de estados contables”9, lo que estima, “deja en la
incertidumbre este mecanismo de participación ciudadana que goza de

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temporalidad, pues solo hasta este año es posible adelantar el proceso de
revocatoria”10.

Expuso que “la no expedición de la certificación de los estados contables,
causa un mayor daño a la democracia del que supuestamente se busca
proteger, pues dicha certificación es solo un paso para que sea realidad
el derecho a la revocatoria del mandato, y no en si la revocatoria del
elegido alcalde y/o gobernador, por lo que éste tendría la posibilidad de
usar esas quejas como instrumento para dilatar las certificaciones, si se
supedita la certificación al agotamiento del proceso sancionatorio”11.

Alegó que “en el presente caso, no existe un medio eficaz, idóneo y menos
existe un mecanismo de protección de nuestros derechos constitucionales
ante las decisiones de suspender indefinidamente por parte del CNE el
proceso de certificación de los estados contables, con la prominente
decisión tomada a través de la Resolución nro. 2748 de 2022 (11 de
mayo), no hay otra opción más que la de acudir a la acción de tutela para
evitar el consecuente perjuicio irremediable de convertir la participación
política de los firmantes dentro del proceso de revocatoria del mandato,
en un saludo a la bandera, debido a la decisión contra la cual no procede
recurso alguno, y que fuera tomada por parte del CNE, puesto que la
temporalidad de la revocatoria del mandato y los pasos que se deben
seguir para su llamado a las urnas, son legalmente perentorios”12.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

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Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
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Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
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Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
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Accionante: Germán Arturo Mojica Gómez

3.1. Por auto del 3 de junio de 202213, el Tribunal Administrativo del Huila
admitió la tutela y dispuso notificar al Consejo Nacional Electoral, así como
vincular a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al alcalde de
Gigante, Huila14.

Igualmente, requirió al Consejo Nacional Electoral para que remitiera los
antecedentes administrativos que originaron la expedición del acto
administrativo nro. 2748 del 11 de mayo de 2022, los cuales fueron
allegados15.

3.2. El Jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado
Civil rindió informe vía correo electrónico16, en el que indicó que la entidad
no ha incurrido en una actuación administrativa o en omisión alguna que
implique la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el
actor.

Explicó que la Registraduría, en “cumplimiento de sus funciones adelantó
la verificación de apoyos ciudadanos del mecanismo de participación
ciudadana revocatoria del mandato denominada “porque el pueblo se
respeta Gigante decide” (…) conforme a lo preceptuado en la Ley
Estatutaria 1757 de 2015 y de la Resolución nro. 6245 de 2015 emitida
por el CNE, por lo que se está a la espera, del pronunciamiento del CNE
en relación con los estados contables presentados por el comité promotor,
para poder expedir la certificación del cumplimiento o no, de los requisitos
de la iniciativa ciudadana, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15
de la Ley 1757 de 2015 que dispone que el Registrador del Estado Civil
correspondiente, no podrá certificar el cumplimiento de los requisitos

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Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
14
Esta orden se cumplió el 3 de junio de 2022. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 01.
15
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.

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Accionante: Germán Arturo Mojica Gómez

constitucionales y legales cuando el promotor no haya entregado los
estados contables dentro del plazo contemplado en esta ley o cuando los
estados contables reflejen que la campaña excedió los topes individuales
y generales de financiamiento permitidos por el Consejo Nacional
Electoral”.

3.3. La Profesional Universitaria adscrita a la Oficina de Asesoría Jurídica
y Defensa Judicial del Consejo Nacional Electoral remitió informe vía
correo electrónico17, en el que manifestó lo siguiente:

Expuso que, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 1757 de 2015, el
Consejo Nacional Electoral puede iniciar investigaciones por las denuncias
que se presenten sobre el incumplimiento de las normas de financiación
de las campañas relacionadas con los mecanismos de participación
ciudadana, lo que ocurre en este caso, toda vez que el alcalde de Gigante,
Huila, solicitó que “se abstuviera de expedir el certificado por presuntas
irregularidades de la iniciativa de revocatoria de su mandato”.

Señaló que, por ello, mediante la Resolución nro. 2748 de 2022, se ordenó
abrir investigación administrativa y formular cargos al promotor de la
iniciativa de revocatoria de mandato denominada “porque el pueblo se
respeta – Gigante decide” por la presunta omisión “en el reporte de los
ingresos y gastos de la campaña de recolección de los apoyos para la
presentación de la iniciativa. Aunado lo anterior, se decreta una medida
cautelar, dentro del expediente radicado nro. CNE-E-DG-2022-011339”.

Aseguró, para la fecha en que fue rendido el informe, que dicho acto
administrativo fue notificado el 18 de mayo de 2022 y que estaba en
término para que los sujetos procesales presenten los escritos de
descargos.

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4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 16 de junio
de 2022, dispuso lo siguiente18:

“[…] PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales a la
participación a través de los mecanismos de participación ciudadana,
igualdad, debido proceso, principio de reserva de ley estatutaria, no
culpabilidad, principio de inocencia, y buena fe, del señor Germán
Arturo Mojica Gómez, conforme la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DESVINCULAR de la presente acción constitucional a
la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme lo motivado
[…]”.

[Negrillas y mayúsculas en la providencia]

Para dilucidar el asunto examinó que, en este caso, la acción de tutela es
procedente, por cuanto el actor no cuenta con otro mecanismo de defensa
para garantizar la protección de los derechos fundamentales que estima
vulnerados, “pues está reprochando la resolución nro. 2748 del 11 de
mayo de 2022, por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral, decide
abrir investigación administrativa y formular cargos en su contra como
vocero del comité promotor de la iniciativa de revocatoria del mandato
denominada “porque el pueblo se respeta - Gigante decide”, por la
presunta presentación irregular de los estados contables del citado
mecanismo de participación ciudadana, al ser decretada una medida
cautelar, acto administrativo que, al tener la naturaleza de trámite, pues
no crea, modifica o extingue la situación jurídica del accionante, no es
demandable ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; razón
por la cual, esta Corporación estudiará de fondo la presente acción
constitucional”19.

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Dicho lo anterior, el a quo, analizó20:

“[…] 45. La parte actora señala que el Consejo Nacional Electoral
vulnera su derecho fundamental al debido proceso por la falta de
notificación del auto que avoca conocimiento de la queja interpuesta
por el alcalde del municipio de Gigante Huila, y por no haber agotado
la etapa de indagación preliminar.

46. De los antecedentes administrativos se evidencia que, como
consecuencia de la petición elevada por el señor César Germán Roa
Trujillo, alcalde del Municipio de Gigante – Huila, en relación con los
estados contables presentados por el comité promotor de la
iniciativa de revocatoria de mandato denominado “porque el pueblo
se respeta – Gigante decide” el Consejo Nacional Electoral asumió el
conocimiento del asunto, el cual fue radicado bajo el nro. CNE-E-
DGCNE-E-DG-2022-011339.

47. Efectivamente, por auto nro. 55 del 28 de abril de 2022, el
Magistrado Sustanciador avocó conocimiento de la solicitud
formulada por el señor César Germán Roa Trujillo, alcalde del
municipio de Gigante – Huila, ordenó la práctica de pruebas,
concedió al Comité promotor de la iniciativa de revocatoria del
mandato “porque el pueblo se respeta – Gigante” un día hábil para
que se pronunciara respecto de la solicitud elevada por el alcalde;
indicándole además, que podía aportar las pruebas que considerará
pertinentes.

48. En igual sentido ordenó correr traslado de la totalidad del
expediente por el medio digital al citado comité. Decisión que fue
comunicada por correo electrónico (…).

49. Según se advierte del mismo expediente el vocero del comité
promotor guardó silencio.

50. Con fundamento en las respuestas dadas, que fueron solicitadas
en el auto citado en líneas anteriores, el Consejo Nacional Electoral,
evidenció que presuntamente, se omitió reportar algunos ingresos y
gastos relacionados con la logística para la recolección de las firmas
obtenidas, por cuanto no se registraron las donaciones en especie
valoradas a su precio comercial, ni los insumos de gastos de
papelería, lo que a su criterio, conllevaría a una supuesta evasión de
la información contable, generándose duda respecto de la
superación o no de los topes de gastos máximos fijados en la
resolución 0145 de 2021 en el artículo 1 numeral 2.2.

51. Por lo anterior el Consejo Nacional Electoral mediante resolución
nro. 2748 del 11 de mayo de 2022, decide abrir investigación
administrativa y formular cargos contra el comité promotor de la

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Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
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Accionante: Germán Arturo Mojica Gómez

iniciativa de revocatoria del mandato denominada “porque el pueblo
se respeta - Gigante decide”, además, dispone que los investigados
cuentan con 15 días para presentar descargos, así como para
aportar o solicitar la práctica de las pruebas que consideren
pertinentes; y ordena notificar a las partes, conforme el artículo 56
del CPACA (…).

52. Así las cosas, el auto que avocó conocimiento de la petición
presentada por el alcalde del municipio de Gigante fue notificado al
señor Germán Arturo Mojica vocero de la iniciativa de revocatoria
del mandato denominada “porque el pueblo se respeta - Gigante
decide”, por lo que no se evidencia trasgresión al derecho
fundamental al debido proceso por falta de notificación como lo alega
el actor […]”.

En cuanto al reparo consistente en que el Consejo Nacional Electoral debió
agotar la etapa de indagación preliminar, explicó que “la citada fase,
contrario a lo manifestado por el accionante, fue agotada en cuanto se
infiere que el magistrado sustanciador consideró suficiente la queja para
iniciar el procedimiento y es así que mediante el auto con el cual se avocó
conocimiento de la solicitud relacionada con la certificación de los estados
contables de la iniciativa de revocatoria del mandato del alcalde de
Gigante- Huila, se ofició a la Registraduría municipal del citado municipio
allegara copia del expediente de la iniciativa de revocatoria”21.

De otro lado, expuso que “el actor sostiene que el término concedido de
un día en el auto que avoca conocimiento, no era suficiente para poder
organizar los descargos y controvertir las supuestas evidencias
entregadas por el alcalde, por lo que la vulneración al debido proceso es
notable; argumento, que no comparte esta Corporación, de un lado
porque si bien el auto al que hace mención el actor, en lo referente al
término para contestar, no se encuentra regulado en el CPACA y es de
aquellos actos discrecionales en cuanto al término y por ende queda al
arbitrio de la autoridad imponer el plazo para que contesten los
requerimientos, tal circunstancia no implica que se trasgreda el debido
proceso del accionante, entre otras cosas porque fue el mismo plazo que

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radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.

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Accionante: Germán Arturo Mojica Gómez

el CNE dio a todas las entidades a los que se les pidió información, quienes
contestaron oportunamente, lo que no ocurrió con el accionante, quien
guardó silencio a lo requerido por la accionada”22.

En lo atinente a la “violación de los mecanismos de participación
ciudadana”, el a quo estimó que “tampoco advierte que el CNE vulnere
este derecho, pues si bien, mediante resolución 2748 del 11 de mayo de
2022, se decretó como medida cautelar la suspensión de la expedición de
la certificación respecto de la recolección de apoyos requeridos para la
promoción de la iniciativa de revocatoria del mandato del alcalde de
Gigante, ello no implica que se trasgreda el derecho que tiene la
comunidad y el accionante de llevar a cabo el proceso de revocatoria de
su alcalde, pues este proceso debe estar supeditado al cumplimiento de
requisitos que debe cumplir el comité promotor, dentro de los cuales se
encuentran las reglas de la debida presentación de los estados contables
de la campaña de recolección de apoyos reguladas en la resolución 0150
del 20 de enero de 2021; y dado que, en el presente caso, el CNE advirtió
presuntas inconsistencias frente a su cumplimiento por la queja
presentada por el alcalde, la entidad debe tomar las medidas
correspondientes, tendientes a desvirtuar o confirmar lo afirmado”23.

Por último, indicó que ordenaría la desvinculación de la Registraduría
Nacional del Estado Civil “por cuanto no es de su competencia adelantar
los procesos administrativos relacionados con la presentación de los
estados contables en las campañas de recolección de apoyos”24.

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Radicación: 41001 2333 000 2022 00099 01
Accionante: Germán Arturo Mojica Gómez

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó
con fundamento en lo siguiente25:

Arguyó que “en el fallo objeto de impugnación no se tuvo en cuenta que
la Resolución nro. 2748 de 2022 (11 de mayo), por medio de la cual se
ordena abrir investigación administrativa y formular cargos contra el
promotor y comité de la iniciativa de revocatoria del mandato denominada
“porque el pueblo se respeta - Gigante decide”, no concede recursos de
ley y, por lo tanto, es un acto administrativo que goza de presunción de
legalidad en los términos del artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, pero al
mismo tiempo si se agota la vía administrativa, el proceso de revocatoria
del mandato, está condenado al fracaso, por lo que se invocó la protección
a través de fallo de tutela con el fin de evitar un perjuicio irremediable”26.

Alegó que “la notificación del auto que avoca conocimiento (…) de la queja
presentada por el alcalde nunca me fue notificado de manera legal por
parte del mencionado magistrado, ya que en mi correo electrónico ni en
la bandeja principal ni en los correos no deseados, existió dicha
notificación, (como se evidencia en pantallazo adjunto) por lo que existe
una clara y flagrante violación al debido proceso, pues no existe una
prueba aportada por parte del CNE o del magistrado, si quiera sumaria de
que se notificó dicho auto al suscrito, pues no basta con solo hacer una
manifestación, sino que la carga de la prueba reposa en manos del CNE
quien deberá probar al Honorable Tribunal que fue cierta la notificación”27.

25
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
26
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
27
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
12

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Accionante: Germán Arturo Mojica Gómez

Manifestó que “frente al derecho a la igualdad, el Honorable Magistrado
del Tribunal Administrativo del Huila, omitió pronunciarse, (pese a que
fue aportada la resolución 2746 del 11 de mayo de 2022, donde se
concede la certificación de los estados contables en el municipio de
Aguachica, por la presunción de inocencia y buena fe por parte de ese
comité – situación contraria y desigual en el municipio de Gigante donde
fue suspendido la certificación de dicho documento) por lo que solicitó se
emita el fallo en ese sentido”28.

Por auto del 29 de junio de 2022 se concedió la impugnación29 y la misma
fue asignada por acta de reparto el 1 de julio de 202230.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199131, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201532, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202133, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12

28
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
29
Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
30
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 01.
31
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
32
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
33
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
13

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de marzo de 201934 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente35:

6.2.1. Por auto nro. 55 del 28 de abril de 2022, el magistrado de
conocimiento del Consejo Nacional Electoral resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO. - AVOCAR CONOCIMIENTO de la
solicitud relacionada con la certificación de los estados contables de
la iniciativa de revocatoria del mandato del alcalde de GIGANTE-
HUILA, denominada “PORQUE EL PUEBLO SE RESPETA - GIGANTE
DECIDE”, elevada por el señor CESAR GERMÁN ROA TRUJILLO,
dentro del expediente con radicación CNE-E-DG-2022-011339 […]”.

[Negrillas en el acto administrativo]

6.2.2. Mediante la Resolución nro. 2748 del 11 de mayo de 202236, el
Consejo Nacional Electoral dispuso:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR como medida cautelar la
suspensión de la expedición de la certificación respecto de la
recolección de apoyos requeridos para la promoción de la iniciativa
de revocatoria del mandato del alcalde de Gigante – Huila, el señor
CESAR GERMÁN ROA TRUJILLLO, hasta que pueda determinarse
dentro de la presente investigación el cumplimiento o no de las
normas contables y electorales por parte del Comité “PORQUE EL
PUEBLO SE RESPETA - GIGANTE DECIDE”.

34
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
35
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por el actor. Visto en el índice 3 de la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 41001 2333 000
2022 00099 00.
36
“Por medio de la cual se ordena ABRIR INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA y
FORMULAR CARGOS contra el COMITÉ PROMOTOR de la iniciativa de revocatoria del
mandato denominada “PORQUE EL PUEBLO SE RESPETA - GIGANTE DECIDE”,
adelantada contra el alcalde del municipio de Gigante, Huila, señor Cesar Germán Roa
Trujillo, por la presentación irregular de los estados contables del citado mecanismo de
participación ciudadana, y se decreta una MEDIDA CAUTELAR, dentro del expediente
radicado nro. CNEE-DG-2022-011339”.

14

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Accionante: Germán Arturo Mojica Gómez

ARTÍCULO SEGUNDO: ABRIR INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA Y FORMULAR CARGOS contra el señor CESAR
(sic) ARTURO MOJICA GÓMEZ, identificado con Cedula de
Ciudadanía nro. 12.210.978 miembro y promotor de la iniciativa de
revocatoria de mandato denominada “PORQUE EL PUEBLO SE
RESPETA - GIGANTE DECIDE” adelantada en contra del alcalde del
municipio de Gigante, departamento de Huila, por la presunta
omisión en el reporte de los ingresos y gastos de la campaña de
recolección de los apoyos para la presentación de la iniciativa.

ARTÍCULO TERCERO: DESCARGOS. Los investigados disponen de
un término de quince (15) días hábiles para presentar descargos, así
como para aportar o solicitar la práctica de las pruebas que
consideren pertinentes. Para tal efecto podrán acceder al expediente
contentivo de la investigación, el que permanecerá durante dicho
termino a su disposición, en el Despacho del Magistrado
Sustanciador.
(…)
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución no procede
recurso alguno […]”.

[Negrillas en el acto administrativo]

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el caso bajo examen, el Tribunal Administrativo del Huila, en fallo del
16 de junio de 2022, denegó el amparo de los derechos fundamentales
invocados por el actor y, para resolver, analizó que la tutela sí era
procedente debido a que la inconformidad del interesado radicaba en lo
ordenado por la Resolución nro. 2748 del 11 de mayo de 2022 que, según
señaló el a quo, constituye un acto administrativo de trámite no
demandable ante la jurisdicción contencioso administrativa; por
consiguiente, examinó de fondo el asunto.

A su turno, el accionante impugnó la precitada decisión con fundamento
en que el a quo no tuvo en cuenta que, en contra de la Resolución nro.
2748 de 2022, no proceden recursos y, en esa medida, alegó que, “si se
agota la vía administrativa, el proceso de revocatoria del mandato, está
condenado al fracaso, por lo que se invocó la protección a través de fallo

15

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de tutela con el fin de evitar un perjuicio irremediable, que a todas luces”37
no fue examinado.

Bajo dicho contexto, la Sala observa que, tal como lo indicó el a quo al
analizar la procedencia de la acción de tutela, la solicitud de amparo
deriva de la expedición de la Resolución nro. 2748 del 11 de mayo de
2022, y, específicamente, por la decisión allí adoptada por el Consejo
Nacional Electoral, consistente en el decreto de la medida cautelar de
“suspensión de la expedición de la certificación respecto de la recolección
de apoyos requeridos para la promoción de la iniciativa de revocatoria del
mandato del alcalde de Gigante – Huila”38.

En ese sentido, la Sala estima pertinente examinar si, tal como lo señaló
el a quo, la acción de tutela es procedente para controvertir lo dispuesto
en la citada Resolución nro. 2748 del 11 de mayo de 2022.

Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia SU – 077 de 201839,
explicó que, por regla general, la acción de tutela es improcedente para
controvertir actos administrativos de trámite, en los siguientes términos:

“[…] Procedencia de la tutela para controvertir actos administrativos
de trámite

13. El artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo define los actos definitivos como
aquellos que “(…) decidan directa o indirectamente el fondo del
asunto o hagan imposible continuar la actuación”.

Por regla general, según lo dispone el artículo 74 de la normativa en
cita, contra los actos definitivos proceden los siguientes recursos:
“1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare,
modifique, adicione o revoque; 2. El de apelación, para (sic) ante el
inmediato superior administrativo o funcional con el mismo

37
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
38
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
39
M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
16

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propósito (…) y; 3. El de queja, cuando se rechace el de apelación
(…)”.

De otra parte, los actos de trámite, que comprenden los
preparatorios, de ejecución y, en general, todos los actos de impulso
procesal, son los que no crean, modifican o extinguen una situación
jurídica concreta sino que están encaminados a contribuir con su
realización. Con respecto a dichos actos, esta Corporación ha
establecido que “(…) no expresan en conjunto la voluntad de la
administración, pues simplemente constituyen el conjunto de
actuaciones intermedias, que preceden a la formación de la decisión
administrativa que se plasma en el acto definitivo y, en la mayoría
de los casos, no crean, definen, modifican o extinguen situaciones
jurídicas”.

14. La distinción entre actos definitivos y de trámite obedece a la
forma que adoptan las actuaciones de la administración, en la que
se adelantan actos previos para la determinación o alteración de una
situación jurídica -preparatorios-, se emiten decisiones que crean,
modifican o extinguen la situación jurídica concreta -definitivos- y
se realizan diversos actos dirigidos a ejecutar u obtener la
realización efectiva de la decisión de la administración -de ejecución-

La diferenciación en mención es relevante para determinar cuáles
son los mecanismos de contradicción con los que cuentan los
ciudadanos. Así pues, mientras el artículo 74 del CPACA prevé los
recursos que proceden contra los actos definitivos, el artículo
75 ibídem establece que “[n]o habrá recurso contra los actos de
carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de
ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa”.

La jurisprudencia constitucional se ha referido a la clasificación de
los actos antes descrita. En particular, en la sentencia C-557 de
2001, este Tribunal indicó:

“(…) los actos de trámite son ‘actos instrumentales’, que integran el
procedimiento anterior a la decisión que finalmente resuelva el
asunto y sus defectos jurídicos podrán cuestionarse cuando se
impugne el acto definitivo, el cual podrá ser inválido, v.gr., por
haberse adoptado con desconocimiento del procedimiento previo
que constituye requisito formal del mismo acto. Por lo tanto, es
necesario esperar a que se produzca la resolución final del
procedimiento para poder plantear la invalidez del procedimiento por
haberse presentado anomalías en los actos de trámite”.

15. De la clasificación de los actos de la administración y, en
particular, la categoría de actos de trámite se deduce que por regla
general la tutela es improcedente para cuestionarlos, en la medida
en que no expresan en concreto la voluntad de la administración y
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son susceptibles de control por parte del juez natural del asunto
cuando se controvierta la legalidad del acto administrativo definitivo.

En la sentencia SU-201 de 1994, la Corte Constitucional indicó que
corresponde al juez de tutela examinar en cada caso concreto, según
las especiales circunstancias que lo rodeen, si un determinado acto
de trámite tiene la virtud de definir una situación especial y
sustancial dentro de la actuación administrativa y, por consiguiente,
sea susceptible de ocasionar la vulneración de un derecho
constitucional fundamental. Entonces, en caso de ser así, la tutela
es procedente como mecanismo definitivo destinado a proteger un
derecho fundamental vulnerado o amenazado por la acción de la
administración.

En ese orden de ideas, la tutela procede excepcionalmente para
cuestionar actos administrativos de trámite, cuando constituya una
medida preventiva, “(…) encaminada a que la autoridad encauce su
actuación conforme a los preceptos constitucionales que amparan
los derechos fundamentales, y a que el desarrollo de su actividad
sea regular desde el punto de vista constitucional y,
consecuencialmente, el acto definitivo que expida sea legítimo, es
decir, ajustado al principio de legalidad”.

Ahora bien, esta Corporación ha señalado que para que
excepcionalmente sea procedente el mecanismo de amparo para
cuestionar la legitimidad de tales actos, deben concurrir los
siguientes requisitos: (i) que la actuación administrativa de la cual
hace parte el acto no haya concluido; (ii) que el acto acusado defina
una situación especial y sustancial que se proyecte en la decisión
final; y (iii) que ocasione la vulneración o amenaza real de un
derecho constitucional fundamental.

En el mismo sentido, de forma reciente la Corte ha considerado que
contra los actos de trámite procede excepcionalmente la acción de
tutela cuando el respectivo acto tiene la potencialidad de definir una
situación sustancial dentro de la actuación administrativa y ha sido
fruto de una actuación “abiertamente irrazonable o
desproporcionada del funcionario, con lo cual vulnera las garantías
establecidas en la Constitución” […]”. [La Sala destaca]

En otra oportunidad, la Corte explicó40:

“[…] 4.5.4.2. En cuanto a los actos administrativos de trámite o
preparatorios, que como su nombre lo indica –y en contraposición a
los actos definitivos– son aquellos en los que no hay una expresión
concreta de voluntad de la administración, sino únicamente

Corte Constitucional. Sentencia T – 405 del 27 de septiembre de 2018. M.P.: Luis
40

Guillermo Guerrero Pérez.
18

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Accionante: Germán Arturo Mojica Gómez

actuaciones que preceden a la formación de una decisión, esta
Corporación ha determinado que, en la medida que no son
susceptibles, por regla general, de recursos en la vía gubernativa ni
de acciones judiciales autónomas, cabe, por excepción, el ejercicio
de la acción de tutela, siempre que se acrediten los siguientes
requisitos:

• En primer lugar, el acto de trámite debe ser producto de
una actuación arbitraria o desproporcionada que transgrede o
amenaza los derechos fundamentales de una persona. En este
sentido, se ha explicado que la finalidad de la acción de tutela en
estos casos es impedir que la administración concluya una actuación
con desconocimiento de las garantías mínimas constitucionales de
una persona, de forma tal que el amparo se convierte en “una
medida preventiva encaminada a que la autoridad encauce su
actuación conforme a los preceptos constitucionales que amparan
los derechos fundamentales, y a que el desarrollo de su actividad
sea regular desde el punto de vista constitucional (…)”.

• En segundo lugar, se requiere que el acto de trámite resuelva algún
asunto que se proyecte en la decisión principal. En efecto, aunque
los actos preparatorios no envuelven decisiones definitivas, si se ha
advertido que dicha actuación debe tener incidencia en la
construcción de la decisión final, pues de lo contrario se trataría de
una simple deficiencia, que no tendría la capacidad de afectar el
trámite seguido, al carecer de un efecto sustancial.

• En tercer lugar, además de los anteriores requisitos, también es
necesario que la acción de tutela se presente antes de proferirse el
acto definitivo, por cuanto si ya existe una decisión de tal naturaleza,
la actuación ya habrá concluido y lo que existirá es el deber de
activar los medios de defensa judicial ante el juez contencioso. En
este punto, cabe insistir que, como se expuso ut supra, la finalidad
del amparo contra un acto de trámite es impedir que se culmine una
actuación administrativa, en desconocimiento del orden
constitucional.

4.5.5. Precisamente, atendiendo a la excepcionalidad expuesta, la
Corte en pocas ocasiones ha admitido la procedencia de la acción de
tutela en contra de actos de trámite. Un ejemplo se encuentra en la
Sentencia T-688 de 2014, en la que una empresa cuestionó que en
una actuación administrativa notarial dirigida a resolver la situación
jurídica de un predio, la primera medida adoptada por el registrador
de una oficina de instrumentos públicos fue la de bloquear, de
manera preventiva, los folios de matrícula sobre los que ésta
versaba. Para este Tribunal, a pesar de que se trataba de un acto
preparatorio, procedía el amparo, pues a través de la actuación
cuestionada se definió una situación sustancial que resultó ser lesiva
de los derechos fundamentales de la sociedad demandante.

19

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Contrario a lo decidido en el citado caso, en varias oportunidades, la
Corte ha declarado la improcedencia de acciones de tutela dirigidas
a cuestionar actos de trámite. Por ejemplo, en la Sentencia T-545
de 1995, se estudió una acción de tutela dirigida contra un acto
administrativo proferido dentro de una actuación dirigida a la
obtención de una licencia de urbanización de un predio, en dicha
oportunidad se decidió declarar la improcedencia del amparo, por
cuanto no se evidenció que el acto hubiese afectado algún derecho
fundamental. A igual conclusión se llegó en la Sentencia T-499 de
2013, en la que decidió que la acción de tutela no era procedente
contra dos actos de trámite en un proceso disciplinario, ya que a
través de su expedición no se vulneraron ni amenazaron los
derechos fundamentales de la accionante […]”.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la tutela
contra los actos administrativos de trámite procede de manera
excepcional y solo cuando estén reunidos los siguientes requisitos:

(i) Que la actuación administrativa de la cual hace parte el acto no haya
concluido.

(ii) Que el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se
proyecte en la decisión final.

(iii) Que ocasione la vulneración o amenaza real de un derecho
constitucional fundamental.

En el asunto bajo examen, como se dijo, la inconformidad del actor tiene
que ver con la medida cautelar decretada por el Consejo Nacional
Electoral en la Resolución nro. 2748 del 11 de mayo de 2022, consistente
en suspender “la expedición de la certificación respecto de la recolección
de apoyos requeridos para la promoción de la iniciativa de revocatoria del
mandato del alcalde de Gigante – Huila, el señor CESAR GERMÁN ROA
TRUJILLLO, hasta que pueda determinarse dentro de la presente
investigación el cumplimiento o no de las normas contables y electorales

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por parte del Comité “porque el pueblo se respeta - Gigante decide”
(…)”41.

En esa medida, y al margen del alcance que tiene una medida cautelar,
la Sala advierte que están cumplidos los requisitos exigidos por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional para la procedencia de la acción
de tutela contra el acto administrativo, dado que:

(i) La actuación administrativa no ha concluido.

(ii) De acuerdo con lo expuesto por el actor, el acto define una situación
especial y sustancial, que se proyecta en la decisión final y puede tener
efectos sobre su eficacia, lo que permite identificar un eventual perjuicio
irremediable, pues expresamente manifiesta que la suspensión del
proceso de la revocatoria hasta que se produzca el pronunciamiento sobre
la certificación tendrá como consecuencia la imposibilidad de revocar el
mandato del alcalde.

(iii) La medida cautelar decretada por el Consejo Nacional Electoral,
relativa a suspender la expedición de la certificación “respecto de la
recolección de apoyos requeridos para la promoción de la iniciativa de
revocatoria del mandato del alcalde de Gigante – Huila, el señor CESAR
GERMÁN ROA TRUJILLLO, hasta que pueda determinarse dentro de la
presente investigación el cumplimiento o no de las normas contables y
electorales por parte del Comité “porque el pueblo se respeta - Gigante
decide” (…)”42, podría comprometer el derecho político que tienen todos
los ciudadanos de “revocar el mandato de los elegidos en los casos y en
la forma que establecen la Constitución y la ley” previsto en el numeral
4 del artículo 40 de la Constitución Política, toda vez que dicha medida
cautelar, según lo explicado por el actor, impide continuar con el proceso

41
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radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
42
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de revocatoria del mandato, lo que podría conllevar a la imposibilidad de
revocar el mandato del alcalde.

Por consiguiente, es procedente descender al examen de la presente
petición de amparo y, para ello, la Sala estima pertinente retrotraerse a
las actuaciones surtidas en el expediente administrativo nro. CNE – E –
DG- 2022 – 011339 adelantado por el Consejo Nacional Electoral y que
fue allegado a esta acción de tutela43:

(i) El Alcalde del municipio de Gigante, Huila, señor Cesar Germán Roa
Trujillo, mediante escrito del 8 de abril de 2022 dirigido a la Asesora Fondo
Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, presentó
“objeciones al informe de ingresos y gastos. Revocatoria de mandato
denominada “porque el pueblo se respeta – Gigante decide”, en el que,
luego de referirse a “acerca de la no cuantificación de las donaciones”,
“del no registro de donantes en los libros contables”, “del libro de
contabilidad” y a las “cuentas de cobro incompletas”, solicitó lo
siguiente44:

“[…] Acorde con lo expuesto, solicito se omita la emisión del
certificado de cumplimiento de las normas contables y electorales
por parte del Comité de revocatoria denominada “Porque el pueblo
se respeta – Gigante decide”, tras el no cumplimiento de las
disposiciones que se ocupan de aquellos estados contables y que no
se acataron en el citado informe.

Adicionalmente y dada la gravedad de los hallazgos efectuados,
solicito se ordene investigar el obrar del profesional que certificó las
cuentas y procedimientos contables del citado Comité, acorde con lo
expuesto.

Finalmente y como quiera que acorde con lo investigado de nuestra
parte existen múltiples denuncias ciudadanas ante la Fiscalía
General de la Nación por suplantación de personas tipificadas como
delitos de falsedad y estafa (en total 180 denuncias ante la Fiscalía),
también pido que por esta vía, se atienda el llamado y se conceptúe
sobre el no cumplimiento de los requisitos para proseguir en el

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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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trámite de la revocatoria, por las razones ya expuestas. Bajo las
anteriores consideraciones y teniendo en cuenta que el umbral de
votos requeridos por la Ley para la continuidad del proceso
revocatorio (del 30%) es de 1330 firmas, según los votos válidos
recibidos por el alcalde electo para el presente período, entonces la
invalidación de tan solo 123 firmas de las aportadas para este
proceso de revocatoria – que son muchas menos que aquellas
cuestionadas judicialmente en su veracidad-, son suficientes para
impedir que el proceso continúe adelante […]”.

(ii) La Asesora del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas
Electorales trasladó por competencia el anterior escrito al Consejo
Nacional Electoral.

(iii) Por auto nro. 55 del 28 de abril de 2022 el magistrado de
conocimiento del Consejo Nacional Electoral resolvió45:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO. - AVOCAR CONOCIMIENTO de la
solicitud relacionada con la certificación de los estados contables de
la iniciativa de revocatoria del mandato del alcalde de GIGANTE-
HUILA, denominada “PORQUE EL PUEBLO SE RESPETA -
GIGANTE DECIDE”, elevada por el señor CESAR GERMÁN ROA
TRUJILLO, dentro del expediente con radicación CNE-E-DG-2022-
011339.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DECRETAR de oficio, de conformidad con
lo establecido en el artículo 39 de la Ley 130 de 1994 y 40 de la Ley
1437 de 2011 las siguientes pruebas:

a) OFICIAR a la Registraduría municipal de GIGANTE – HUILA
para que, en el término de un (1) día hábil siguiente a la
comunicación de este Auto, aporte a este despacho copia íntegra
del expediente contentivo de la iniciativa de revocatoria del
mandato denominada “PORQUE EL PUEBLO SE RESPETA –
GIGANTE DECIDE”.
b) OFICIAR a la Registraduría municipal de GIGANTE – HUILA
para que, en el término improrrogable de un (1) día hábil
siguiente a la comunicación de este Auto, rinda a este despacho
un informe en relación con las fechas de (i) entrega de
formularios de que trata el artículo 11 de la Ley 1757 de 2015;
(ii) vencimiento del plazo de recolección de apoyos o su prórroga;
(iii) entrega de los estados contables y (iv) subsanación al
mismo, de la iniciativa de revocatoria del mandato denominada
“PORQUE EL PUEBLO SE RESPETA – GIGANTE DECIDE”.

45
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
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Accionante: Germán Arturo Mojica Gómez

c) OFICIAR al FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN
POLÍTICA Y DE CAMPAÑAS ELECTORALES para que, en el
término improrrogable de un (1) día hábil siguiente a la
comunicación de este auto, remita informe en relación con los
estados contables de la iniciativa de revocatoria del mandato
denominada “PORQUE EL PUEBLO SE RESPETA – GIGANTE
– DECIDE” con los anexos que considere pertinentes.
d) OFICIAR al señor alcalde del municipio de Gigante – Huila, señor
CESAR GERMÁN ROA TRUJILLO para que en el término
improrrogable de un (1) día hábil siguiente a la comunicación de
este auto aporte a este expediente los elementos probatorios de
que disponga y resulten de utilidad en la presente actuación.

ARTÍCULO TERCERO. – CONCEDER al comité promotor de la
iniciativa de revocatoria del mandato denominada “PORQUE EL
PUEBLO SE RESPETA - GIGANTE DECIDE” el término
improrrogable de un (1) día hábil, siguiente a la comunicación de
este Auto, para que se pronuncie respecto de la solicitud elevada en
este expediente, para lo cual podrá aportar las pruebas que
considere pertinentes.

PARÁGRAFO. CORRER traslado de la totalidad del expediente, por
medio digital al comité promotor de la iniciativa de revocatoria del
mandato denominada “PORQUE EL PUEBLO SE RESPETA - GIGANTE
DECIDE” y al Ministerio Público.
(…)

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Auto no procede recurso
alguno […]”.

[Negrillas y mayúsculas del acto administrativo]

La precitada decisión tuvo como fundamento, entre otras, las siguientes
consideraciones46:

“[…] Que, mediante escrito electrónico radicado en la Corporación el
25 de abril de 2022 con el número CNE-E-DG-2022-011339, la
Asesora del Fondo Nacional de Financiación Política, remitió por
competencia petición elevada por el señor CESAR GERMÁN ROA
TRUJILLO, Alcalde del municipio de GIGANTE - HUILA, contentiva
de objeciones al informe de estados contables del comité de
revocatoria de mandato del alcalde del citado Municipio, “PORQUE
EL PUEBLO SE RESPETA - GIGANTE DECIDE”, en los siguientes
términos:

46
Ibídem.
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(…)
Finalmente, el peticionario realizó algunas consideraciones respecto
de algunas cuentas de cobro que se habrían presentado de forma
incompleta y sin el lleno de los requisitos, particularmente las
relativas a los servicios de trasporte y de contaduría y expuso
presuntas irregularidades, relacionada con supuestas
suplantaciones, en el trámite de recolección de firmas, por lo cual
solicitó: i) no se certifiquen los estados contables presentados por el
Comité de revocatoria de mandato denominado “PORQUE EL
PUEBLO SE RESPETA - GIGANTE DECIDE”, ii) investigar al
profesional que certificó las cuentas y procedimientos contables del
citado Comité, y, iii) se conceptúe sobre el no cumplimiento de los
requisitos para proseguir en el trámite de la revocatoria.
(…)
Que de acuerdo con el numeral primero del artículo 265 de la
Constitución Política de Colombia, el Consejo Nacional Electoral
ejerce la suprema inspección, vigilancia y control de la organización
electoral, para verificar el estricto cumplimiento de las normas en
materia electoral.

Que el artículo 35 de la Ley 1757 de 2015 dispone que el Consejo
Nacional Electoral es competente para investigar las denuncias
relacionadas con el incumplimiento de las normas de financiación de
las campañas de los mecanismos de participación ciudadana, dentro
de los que se incluye la revocatoria del mandato.

Que el inciso segundo del artículo 11 de la Ley 1757 de 2015 dispone
que quince días después de la entrega de los formularios de los que
trata ese artículo, o del vencimiento del plazo para la recolección de
firmas o su prórroga si la hubiere, el promotor o comité promotor
deberá entregar los estados contables de la campaña de recolección
de apoyos de cualquier propuesta sobre mecanismo de participación
ciudadana. Así mismo establece que en los estados contables
figurarán los aportes, en dinero o en especie, que cada persona
natural o jurídica realice durante la campaña respectiva.

Que el artículo 7 de la Resolución 0150 de 20 de enero de 2021 del
Consejo Nacional Electoral establece que el Fondo de Financiación
remitirá un informe a la Sala Plena de la Corporación respecto al
cumplimiento o no de las normas contables y electorales que le sean
aplicable. Del mismo modo, en el informe se indicará si los estados
contables fueron presentados dentro del plazo establecido en la Ley
1757 de 2015, y de la observancia de los topes individuales y
generales de financiamiento permitidos por el Consejo Nacional
Electoral.

Que el artículo 15 de la Ley 1757 de 2015 establece que el
Registrador del Estado Civil correspondiente NO podrá certificar el
cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de una

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iniciativa ciudadana, entre otras razones, cuando los estados
contables reflejen que la campaña excedió los topes individuales y
generales de financiamiento permitidos por el Consejo Nacional
Electoral.

Que, por lo tanto, al analizar los hechos dados a conocer por el señor
ROA TRUJILLO en sus observaciones a los estados contables de la
iniciativa ciudadana que nos ocupa y evidenciar que, de resultar
probados los mismos podría estarse ante una vulneración a la
normativa electoral previamente citada, particularmente en materia
de topes, el suscrito Magistrado avocará conocimiento de la solicitud
presentada por el ciudadano citado en precedencia, en relación con
los estados contables presentados por el comité de revocatoria de
mandato denominada “PORQUE EL PUEBLO SE RESPETA -
GIGANTE DECIDE”, adicionalmente, de conformidad con las
facultades contenidas en los artículos 39 de la Ley 130 de 1994 y 40
de la Ley 1437 de 2011, se decretarán de oficio algunas pruebas
para determinar la veracidad de los supuestos de hecho alegados en
el caso concreto.

Que para evitar decisiones contradictorias al interior de la Autoridad
Electoral y, de contera, garantizar los principios de eficacia,
economía y transparencia, se vinculará el trámite de certificación de
los estados contables de la iniciativa precitada al expediente con
radicación CNE-E-DG-2022-011339 […]”.

[Negrillas y mayúsculas del acto administrativo]

(iv) Luego de que fueron allegadas las pruebas decretadas en la precitada
decisión, el Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución nro. 2748 del
11 de mayo de 2022, en la que resolvió47:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR como medida cautelar la
suspensión de la expedición de la certificación respecto de la
recolección de apoyos requeridos para la promoción de la iniciativa
de revocatoria del mandato del alcalde de Gigante – Huila, el señor
CESAR GERMÁN ROA TRUJILLLO, hasta que pueda determinarse
dentro de la presente investigación el cumplimiento o no de las
normas contables y electorales por parte del Comité “PORQUE EL
PUEBLO SE RESPETA - GIGANTE DECIDE”.

ARTÍCULO SEGUNDO: ABRIR INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA Y FORMULAR CARGOS contra el señor CESAR
(sic) ARTURO MOJICA GÓMEZ, identificado con Cedula de
Ciudadanía nro. 12.210.978 miembro y promotor de la iniciativa de
revocatoria de mandato denominada “PORQUE EL PUEBLO SE

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RESPETA - GIGANTE DECIDE” adelantada en contra del alcalde del
municipio de Gigante, departamento de Huila, por la presunta
omisión en el reporte de los ingresos y gastos de la campaña de
recolección de los apoyos para la presentación de la iniciativa […]”.

La decisión de decretar la aludida medida cautelar se fundamentó en las
siguientes consideraciones:

“[…] 3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
(…)
3.3. DE LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE
LOS GRUPOS PROMOTORES DE LA REVOCATORIA DEL
MANDATO

Como previamente se señaló, el inciso 2 del artículo 11 de la Ley
1757 de 2015 obliga al promotor o al comité promotor de la iniciativa
ciudadana de la revocatoria del mandato a presentar los estados
contables del desarrollo de la campaña política.

3.3.1. Resolución 0150 del 20 de enero de 2021 del Consejo
Nacional Electoral

Este acto administrativo establece las reglas de la debida
presentación de los estados contables de las campañas de
recolección de apoyos, respecto de los mecanismos de participación
ciudadana, así:

“ARTÍCULO PRIMERO. DE LOS ESTADOS CONTABLES. En
los estados contables de la campaña de recolección de apoyos
de cualquier propuesta sobre mecanismos de participación
ciudadana deberán figurar los aportes, en dinero o en especie,
que cada persona natural o jurídica realice a la campaña
respectiva, así como los gastos de campaña efectuados”.

Igualmente, regula el registro en el libro contable y determina la
autoridad ante quien debe presentarse la relación de ingresos y
gastos en lo que atañe, en este caso, a la campaña para la
revocatoria del mandato, así:

“ARTÍCULO CUARTO. DE LOS ESTADOS Y LOS LIBROS
CONTABLES. Los estados contables de las campañas de
recolección de apoyos de cualquier propuesta sobre
mecanismos de participación deberán estar consignados en
un libro contable destinado a asentar los ingresos y gastos
que se realicen durante la campaña, este libro deberá ser
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registrado ante el Registrador del Estado Civil que realizó la
inscripción del promotor o comité promotor del mecanismo de
participación ciudadana.
El Registro del Libro Contable deberá realizarse a más tarde
a los cinco (5) días siguientes a la inscripción del promotor o
comité promotor del mecanismo de participación ciudadana.
También podrán registrarse libros conformados por hojas de
formas continuas.

En lo que corresponde a la revisión de los estados contables, esta
reglamentación señala como responsable al Fondo Nacional de
Financiación Política del Consejo Nacional Electoral, así:

“ARTÍCULO SEXTO. DE LA EVALUACIÓN DE LOS
ESTADOS CONTABLES. El Fondo Nacional de Financiación
Política previa asignación por reparto a los contadores
adscritos a la dependencia, revisará si los estados contables
presentados por el promotor o comité promotor de la
campaña de recolección de apoyos de cualquier propuesta
sobre mecanismos de participación ciudadana cumplen con la
normativa contable y electoral que le sea aplicable, así como
con los requisitos previstos en el presente acto
administrativo.
Revisado el informe y en caso de considerarlo necesario, el
contador responsable de la evaluación podrá por una sola vez
requerir al promotor o vocero del comité promotor, para que
dentro de los cinco (5) días siguientes de la comunicación
aclare o subsane los estados contables presentados”.

“ARTÍCULO SÉPTIMO. DEL INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. El contador responsable
de la evaluación, presentará por conducto del Asesor o quien
haga sus veces en el Fondo Nacional de Financiación Política,
un informe ante la Sala Plena de la Corporación respecto al
cumplimiento o no de las normas contables y electorales que
le sea aplicables, así como de los requisitos establecidos en el
presente acto administrativo para la presentación de los
estados contables para las campañas de recolección de
apoyos de cualquier propuesta sobre mecanismos de
participación ciudadana.
Del mismo modo, en el informe indicará si los estados
contables fueron presentados dentro del plazo establecido en
la Ley 1757 de 2015, y de la observancia de los topes
individuales y generales de financiamiento permitidos por el
Consejo Nacional Electoral”.

Finalmente, corresponde al Consejo Nacional Electoral, previa
revisión de los estados financieros, del informe que presente el
Fondo Nacional de Financiación Política y demás soportes
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documentales correspondientes, certificar contablemente lo
relacionado a la recolección de apoyos para la promoción de los
mecanismos de participación ciudadana, así:

“ARTÍCULO OCTAVO. DEL CERTIFICADO DE LOS
ESTADOS CONTABLES. La Sala Plena del Consejo Nacional
Electoral en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales, previa revisión de los estados contables, el informe
presentado por el Fondo Nacional de Financiación Política y
demás documentos que considere pertinentes, expedirá la
certificación que corresponda respecto al cumplimiento o no
de las normas contables y electorales que le sean aplicables
y de los requisitos establecidos en el presente acto
administrativo para la presentación de informes de ingresos y
gastos de la campaña de recolección de apoyos de cualquier
propuesta sobre mecanismos de participación”.

4. MEDIDAS CAUTELARES
(…)

4.1. De la medida cautelar solicitada por el señor el señor
CESAR GERMÁN ROA TRUJILLLO, Alcalde Municipal de
Gigante, Huila

El señor CESAR GERMÁN ROA TRUJILLLO, Alcalde Municipal de
Gigante, Huila, el día 25 de abril de 2022, solicitó al Consejo Nacional
Electoral abstenerse de certificar los estados contables de la
iniciativa de revocatoria de mandato “PORQUE EL PUEBLO SE
RESPETA - GIGANTE DECIDE” adelantada en su contra (…).

Al respecto, debe señalarse que, en virtud de lo previsto en el
artículo 11 de la Ley 1557 de 2015 “al vencer el plazo para la
recolección de apoyos, el promotor presentará los formularios
debidamente diligenciados, al Registrador del Estado Civil
correspondiente. Vencido el plazo sin que se haya logrado completar
el número de apoyos requeridos, la propuesta será archivada”.

Precisamente, para la solicitud de revocatoria del mandato del
alcalde Municipal de Gigante, Departamento de Huila, el comité
“PORQUE EL PUEBLO SE RESPETA - GIGANTE DECIDE” acreditó la
recolección de tres mil quinientas veintiséis (3.526) firmas, usando,
según lo señala el Formulario de Ingresos y Gastos -Formulario 14,
la suma de un millón cuatrocientos dieciocho mil pesos
($1.418.000), invertidos de la siguiente manera:
EGRESOS
FECHA NOMBRE DETALLE VALOR

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07-08 -2021 JUAN C.E 001 $618.000
GABRIEL GORAS,
(…) TAPABOCAS,
GEL Y
LAPICEROS
07-08-2021 YOLIMA C.E. 002 $300.000
BENAVIDES PUBLICIDAD-
(…) VALLAS
12-12-2021 ÁLVARO C.E. 003 $300.000
MORA (…) TRANSPORTE
08-09-2021 JOSÉ C.E. 004 $200.000
IGNACIO HONORARIOS
(…)
TOTAL, EGRESOS $1.418.000

Ahora, observa esta Sala que en el informe no se reportaron gastos
en lo que atañe específicamente a la recolección de firmas, se
registraron otros en los que se pudo incurrir durante la campaña,
pero no aquellas expensas lógicas que se debieron asumir para
recaudar los 3.526 apoyos ciudadanos para adelantar el proceso de
revocatoria del mandato, tales como costos por mano de obra de las
personas que prestaron sus servicios para la mencionada recolección
de firmas, así tal actividad se hubiera aportado a título de donación.

De manera que, al no haberse reportado gastos, específicamente de
la recolección de firmas para la revocatoria del mandato del alcalde
del municipio de Gigante, Huila, el Comité supuestamente incurrió
en una irregularidad sustancial que puede comprometer la pureza
del proceso, consistente en la omisión de las expensas para
financiación del recaudo de rubricas ciudadanas.

Bajo este contexto, es importante señalar que, así como la
Constitución Política da a todos los ciudadanos la posibilidad de
actuar en el control de la gestión pública mediante los mecanismos
de participación ciudadana, como lo es la revocatoria del mandato,
también les exige transparencia en su financiación y respeto por el
debido proceso. De ahí que, quien ha sido elegido y es sometido a
una revocatoria de su mandato, también tiene derecho a conocer el
origen y los recursos que se utilizan con el propósito de apartarlo del
cargo, como también a conocer los señalamientos, las pruebas y a
ejercer en las oportunidades su defensa.

Al respecto, la honorable Corte Constitucional, en lo que atañe a la
revocatoria del mandato, mediante la sentencia SU 077 del 8 de
agosto de 2018, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado, señala:

“(…) el derecho al debido proceso, que también rige los
procedimientos administrativos conlleva el respeto por las
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garantías previstas por la ley en el desarrollo del proceso. En
particular, el procedimiento administrativo debe garantizar el
derecho de defensa, el cual se constituye en una garantía
procesal de aplicación inmediata que se deriva del debido
proceso en materia administrativa, y debe ser observado por
la administración. Por lo tanto, quienes hacen parte de un
procedimiento administrativo deben contar con la posibilidad
de ser oídos y, en esa medida, tener la oportunidad de ejercer
el derecho de contradicción.

62. En ese sentido, en el trámite de revocatoria del mandato
se debe dar aplicación a este contenido constitucional de
aplicación inmediata, pues el elegido tiene el derecho
subjetivo de controvertir las razones esgrimidas por
quien promueve la iniciativa y permitir que el
mandatario local cuente con instancias de defensa. Por
consiguiente, del derecho fundamental de defensa se deriva
la obligación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y
del Consejo Nacional Electoral, de garantizar que el elegido
cuente con instancias de conocimiento y controversia de las
razones que sustenta las iniciativas de revocatoria del
mandato (…)”.

Dentro del proceso de revocatoria del mandato la etapa de la
recolección de firmas es fundamental, no solo por ser un requisito,
sino por cuanto constituye un mecanismo legitimador de la solicitud
ciudadana de separar a la autoridad elegida popularmente del cargo.
De ahí que resulte relevante la transparencia en cuanto a los
recursos que se utilizan para obtener el apoyo ciudadano, que, de
ser turbios, en cuanto se desconozca su origen o cuantía, el proceso
no deba continuar.

Sobre este punto es importante traer a colación que, en lo atinente
al principio de transparencia en mecanismos de participación
ciudadana, la Honorable Corte Constitucional en sentencia C – 150
del 8 de abril de 2015, expone:

“(…) el vocero del comité promotor es “el responsable” en los
términos allí indicados, cuando actúa como tal en una
iniciativa popular legislativa o normativa y también cuando
ostenta la vocería durante el trámite de un referendo o una
revocatoria del mandato. La fijación de estas reglas de
responsabilidad tiene como propósito asegurar que las
actividades de proselitismo que se anudan a la mayoría
de los mecanismos de participación se encuentren
gobernadas por la transparencia, la publicidad y la
moralidad, y un adecuado régimen de responsabilidad
para este tipo de mecanismos contribuye
efectivamente a conseguir tal propósito.
(…)

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“Ahora bien, el principio de transparencia se aplica no
solamente en el caso de las elecciones encaminadas a
seleccionar a los integrantes de una Corporación Pública o al
responsable de un determinado cargo, sino igualmente en
materia de mecanismos de participación ciudadana, en tanto
que manifestaciones de la democracia directa, tal como lo
prevén los artículos 97 y 98 de la LEMP. En efecto, no se
entendería que las campañas que apuntan a que el
pueblo se manifiesta por una determinada opción
política, fuesen ajenas a los postulados de la
transparencia, es decir, que pudiesen ser financiadas
con toda suerte de recursos, sin importar sus orígenes
lícito o ilícito, ni tampoco sus montos; tanto menos y en
cuanto, como en el presente caso, la decisión a adoptar
apunte a reforma la Constitución (…)”.

En ese sentido, al desconocerse el origen total de los recursos
utilizados para la financiación específica de la recolección de firmas,
en lo que atañe, de manera particular, a la mano de obra para la
recaudación de más de tres mil quinientas firmas para el trámite de
la revocatoria del mandato del Alcalde Municipal de Gigante, Huila,
se evidencia una presunta vulneración al mencionado principio de
transparencia y adicionalmente el derecho al debido proceso del
burgomaestre, en cuanto a la posibilidad de conocer los costos de
ese recaudo.

En virtud de estas consideraciones, el Consejo Nacional Electoral
decretará como medida cautelar la suspensión de la expedición de
la certificación respecto de la recolección de apoyos requeridos para
la promoción del mecanismo de participación ciudadana, hasta que
pueda determinarse dentro de la presente investigación el
cumplimiento de las normas contables y electorales […]”.
[Negrillas, mayúsculas y subrayas en el acto administrativo]

Igualmente, cabe traer a colación las consideraciones expuestas por el
Consejo Nacional Electoral en el precitado acto administrativo en lo
relacionado con el examen del caso concreto, en el que se explicó con
mayor detalle las presuntas irregularidades antes anotadas, así48:

“[…] 5. CONSIDERACIONES

5.1. DE LA REVOCATORIA COMO MECANISMO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

48
Ibídem.
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(…)
5.2. DE LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS CONTABLES PARA
GRUPOS PROMOTORES DE REVOCATORIA DEL MANDATO
(…)
5.3. CASO CONCRETO

Mediante escrito radicado en la Corporación el 25 de abril de 2022,
con el número CNE-E-DG-2022-011339, la Asesora del FONDO
NACIONAL DE FINANCIACIÓN POLÍTICA, remitió por
competencia petición elevada por el señor CESAR GERMÁN ROA
TRUJILLO, alcalde del municipio de GIGANTE – HUILA, respecto
de los estados contables presentados por el comité que promueve la
revocatoria de su mandato, denominado “PORQUE EL PUEBLO SE
RESPETA – GIGANTE – DECIDE” en los siguientes términos:
(…)
Así las cosas, a fin de verificar las presuntas irregularidades en los
estados contables presentados por el comité promotor de la
iniciativa de revocatoria “PORQUE EL PUEBLO SE RESPETA –
GIGANTE DECIDE”, mediante Auto nro. 55 de 28 de abril de 2022,
el Magistrado Sustanciador ordenó la práctica de algunas pruebas,
dentro de las cuales se requirió a la Asesoría del Fondo Nacional de
Financiación Política remitir copia íntegra de la carpeta de ingresos
y gastos, anexos y soportes contables presentados por el Comité
mencionado.

La mentada Asesoría dio respuesta al requerimiento realizado,
mediante oficio CNE -S-FNFP-003090-2022-FNFPCE-900 de 3 de
mayo de 2022.

Por lo tanto, entra esta Sala a analizar el informe remitido por el
Fondo de Financiación Política de la Corporación, presentado por el
comité promotor de la iniciativa de revocatoria del mandato
“PORQUE EL PUEBLO SE RESPETA – GIGANTE DECIDE” (…).

(…)
De lo allegado, se observa en primer lugar, que el comité promotor
logró recolectar un total de tres mil quinientas veintiséis (3.526)
firmas, tal y como lo informó el señor CESAR ARTURO MOJICA
GÓMEZ, vocero de la iniciativa:

(…)
Así mismo, de acuerdo con el Formulario de Ingresos y Gastos-
Formulario 14, el comité promotor reportó como ingresos la suma
de un millón cuatrocientos dieciocho mil pesos ($1.418.000),
reportados como recursos propios del comité – código 101, que
conforme al comprobante de ingreso nro. 1, corresponde a una
donación realizada por el señor CESAR ARTURO MOJICA GOMEZ,
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vocero de la iniciativa de revocatoria denominada “PORQUE EL
PUEBLO SE RESPETA – GIGANTE DECIDE”.
(…)

En cuanto a los egresos de la campaña, se reportó la suma de un
millón cuatrocientos dieciocho mil pesos ($1.418.000) discriminada
como se muestra a continuación:

(…)

Ahora, de conformidad con el artículo segundo de la Resolución 0150
de 20 de enero de 2021 del Consejo Nacional Electoral, los estados
contables presentados por los comités promotores de los
mecanismos de participación ciudadana deberán contener:

“2.3. Relación discriminada de los ingresos, para lo cual
deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Si hay aportes en efectivo deben estar debidamente
soportados con los comprobantes de ingresos.
b. Si los aportes son en especie se deberá fijar un valor
comercial del aporte y adjuntar el acta de donación con
nombre completo, origen de los recursos, firmas, copia de la
cedula de ciudadanía, y demás documentos que soporten el
ingreso.
(…)
2.4. Relación discriminada de los gastos
(administrativos, papelería, publicidad, entre otros)
con sus respectivos soportes. Así mismo, se debe registrar
el valor en el mercado del contador que certifica los libros
contables”.

En ese sentido, de acuerdo con lo estados contables entregados por
el Comité Promotor, se observa que, presuntamente, omitieron
reportar o incluir los siguientes ingresos o gastos, de acuerdo con la
logística para la recolección de las 3.526 firmas obtenidas:

• Registro de la remuneración o donación de los ciudadanos que
prestaron su mano de obra para la recolección de las 3.526
firmas de apoyo a la iniciativa de revocatoria del mandato.

Pues no existe cuantificación de la donación en especie de once (11)
personas que refieren haber prestado su servicio ad honorem, como
se evidencia de las actas de declaraciones de colaboración voluntaria
que reposan en el expediente, en donde se manifiesta de forma
escrita que el servicio prestado se hizo sin ningún tipo de vinculación
ni remuneración.
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Los nombres de los ciudadanos que aparecen firmando una
declaración de colaboración voluntaria son:
(…)
Ahora, el artículo 20 de la Ley 130 de 1994 en el punto f, expresa
que todo tipo de donación en especie debe estar valorada en su
importe comercial, igualmente lo contempla el artículo 11 de la Ley
1757 de 2015 y también lo expresa el artículo 2 de la Resolución
0150 de 2021, en el numeral 2.3 literal b. Razón por la que, es claro
que los servicios prestados por los colaboradores en la recolección
de apoyos debieron quedar cuantificados en el informe de estados
contables.

Adicionalmente se aportó un vídeo donde se ve a una joven que
manifiesta haber recibido remuneración por la recolección de firmas
(“cien mil pesos por 3 días de trabajo”) por parte de la iniciativa de
revocatoria del mandato denominada “PORQUE EL PUEBLO SE
RESPETA – GIGANTE DECIDE”, aseveración que alerta sobre la
presunta entrega parcializada de la información contable a esta
Corporación por parte de la mentada iniciativa.

(…)

• Registro de gastos o acta de donación por servicio de
papelería y fotocopias de los formatos utilizados para la
recolección de los apoyos ciudadanos, así como tablas de
apoyo.

No fue declara la adquisición de todos los elementos utilizados para
la recolección de firmas por parte del comité promotor de la
revocatoria, teniendo en cuenta que el señor alcalde municipal
anexó fotografías donde se ven tablas de soporte, de las cuales no
existe registro de su adquisición, dentro del reporte contable.

(…)

Así las cosas, se evidencia que esta campaña no registró las
donaciones en especie valoradas a su precio comercial, ni los
insumos de gastos de papelería, lo que conlleva a una supuesta
evasión de la información contable, por tanto, no existe certeza de
la superación o no de los topes de gastos máximos fijados en la
Resolución 0145 de 2021 en el artículo 1 numeral 2.2.

En virtud de estas consideraciones, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de investigación administrativa y formular
cargos en contra del señor CESAR ARTURO MOJICA GÓMEZ,
promotor de la iniciativa de revocatoria del mandato denominada
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“PORQUE EL PUEBLO SE RESPETA – GIGANTE DECIDE”, por la
presunta vulneración del artículo 11 de la Ley 1757 de 2015 y de los
artículos 1 y 2 de la Resolución 0150 de 2021 de esta Corporación,
con ocasión de la omisión en el reporte de la totalidad de los ingresos
y gastos de la campaña […]”.

[Mayúsculas y negrillas en el acto administrativo]

De las consideraciones expuestas, se observa que el Consejo Nacional
Electoral sustentó razonablemente la decisión de adoptar la medida
cautelar de suspender la expedición de la certificación respecto de la
recolección de apoyos requeridos para la promoción de la iniciativa de
revocatoria del mandato del alcalde de Gigante, Huila, toda vez que
advirtió la configuración de unas presuntas irregularidades al momento
de entregar los estados contables por parte del comité promotor,
específicamente, en lo relacionado con la recolección de firmas.

En esa medida, el Consejo Nacional Electoral consideró necesario, en
primer lugar, determinar si la iniciativa de revocatoria del mandato
cumple con las normas contables y electorales que buscan asegurar la
transparencia en la financiación de los mecanismos de participación
democrática.

Por lo anotado, no se acredita la vulneración de los derechos políticos del
actor, específicamente, el previsto en el numeral 4 del artículo 40 de la
Constitución, comoquiera que, tal como lo explicó el Consejo Nacional
Electoral, los mecanismos de participación ciudadana deben cumplir con
unas exigencias legales para promoverse por parte de los ciudadanos, las
cuales, en este caso, deben verificarse antes de la expedición del
certificado de los estados contables.

Ahora bien, en el escrito de impugnación, el actor expuso frente al
derecho a la igualdad que, mediante la Resolución nro. 2746 del 11 de
mayo de 2022, el Consejo Nacional Electoral concedió la certificación de
los estados contables para la revocatoria del alcalde en el municipio de

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Aguachica, “situación contraria y desigual en el municipio de Gigante
donde fue suspendido la certificación de dicho documento, por lo que
solicito se emita el fallo en ese sentido”49.

Sobre este aspecto, la Sala advierte que, según se verifica, la Resolución
nro. 2746 del 11 de mayo de 2022 tiene unos supuestos fácticos y
jurídicos distintos del acto que aquí se controvierte, esto es, la Resolución
nro. 2748 del 11 de mayo de 2022, por cuanto, en el primer caso, lo que
se alegaba era que el comité promotor de la revocatoria del mandato no
había presentado dentro del plazo previsto por la ley los estados contables
y que no registró los libros contables, reproches que el Consejo Nacional
Electoral examinó y encontró que no estaban acreditados; además,
estimó que no se advertía que los topes de financiamiento fijados por la
Corporación hubiesen sido presuntamente superados.

En consecuencia, la Sala confirmará el fallo de tutela proferido el 16 de
junio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Huila que dispuso no
tutelar los derechos fundamentales invocados por el actor.

Por último, el actor alegó que no le fue notificado el auto nro. 55 del 28
de abril de 2022 mediante el cual el Consejo Nacional Electoral avocó
conocimiento de la solicitud presentada por el alcalde de Gigante, Huila;
sin embargo, en el expediente con radicación nro. CNE -E- DG-2022-
01133950, remitido por dicha entidad, se observa que el mencionado auto
fue notificado vía correo electrónico a la Registraduría Municipal de
Gigante – Huila; a la Asesora del Fondo Nacional de Financiación de
Partidos y Campañas; al alcalde municipal de Gigante – Huila; al

49
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
50
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
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Ministerio Público y al comité promotor de la iniciativa “porque el pueblo
se respeta, Gigante decide”51.

Respecto del comité promotor de la iniciativa de revocatoria del mandato,
obra en el expediente administrativo la comunicación enviada por la
Subsecretaria del Consejo Nacional Electoral el 28 de abril de 2022 al
correo electrónico gamg18@hotmail.com52:

51
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
52
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.

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A continuación de esta comunicación, obra en el expediente
administrativo la constancia de envío a dicho correo electrónico así53:

53
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
39

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No sobra advertir que, mediante el auto nro. 55 del 28 de abril de 2022,
el Consejo Nacional Electoral pidió como prueba a la Registraduría
Municipal de Gigante – Huila copia del expediente de la iniciativa de
revocatoria del mandato promovida por el comité “porque el pueblo se
respeta – Gigante decide”, el cual fue remitido, y en el que se observa
que el correo electrónico para notificaciones del referido comité es
gamg18@hotmail.com. Al efecto, dicho correo figura en la “solicitud de
inscripción para promover el mecanismo de participación ciudadana –
revocatoria del mandato del señor alcalde del municipio de Gigante”
suscrita por el aquí accionante, señor Germán Arturo Mojica Gómez, así54:

54
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
40

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Radicación: 41001 2333 000 2022 00099 01
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Por consiguiente, contrario a lo manifestado por el actor, se advierte que
el Consejo Nacional Electoral sí acreditó, en el expediente de tutela, que
notificó del auto nro. 55 del 28 de abril de 2022 al accionante, quien
afirma es el “vocero de la revocatoria del mandato del alcalde de Gigante
– Huila denominado “porque el pueblo se respeta – Gigante decide”55.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 16 de junio de
2022 por el Tribunal Administrativo del Huila que dispuso no tutelar los

55
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00099 00.
41

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Radicación: 41001 2333 000 2022 00099 01
Accionante: Germán Arturo Mojica Gómez

derechos fundamentales invocados por el actor, según lo explicado en
precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

42

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