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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2023-00022-01

Fecha
8 de junio de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2023-00022-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 17 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 41001-23-33-000-2023-00022-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

8 de junio de 2023

Radicado: 41-001-23-33-000-2023-00022-01
Demandante: Jorge Chavarro Córdoba

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 41-001-23-33-000-2023-00022-01
Demandante: JORGE CHÁVARRO CÓRDOBA
Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derechos
fundamentales al hábeas data y de petición

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, quien actúa a través de apoderado judicial, contra
la sentencia de 17 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del
Huila, en la que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante relató que por sentencia de 8 de octubre de 2018, el Juzgado Único
Promiscuo Municipal de Rivera, Huila, decidió condenarlo a la pena principal de
prisión de un año y nueve meses y por un lapso igual restringió los derechos
políticos.

Manifestó que mediante providencia de 20 de septiembre de 2021, el Juzgado
Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva declaró la
extinción de la pena y por oficio No. 5656 de 14 de diciembre de 2021 se notificó
esta decisión a la Procuraduría General de la Nación con el fin de que se
actualizará esa información en los antecedentes disciplinarios e inhabilidades.

Indicó que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, la Procuraduría
General de la Nación no había actualizado la información en los antecedentes
disciplinarios en lo pertinente a la inhabilidad para contratar con el Estado, pues
aún figura con extremos temporales 8 de octubre de 2018 hasta 7 de octubre de
2023.

Por último, señaló que el 8 de noviembre de 2022 formuló una petición ante la
Procuraduría General de la Nación para que se realizara la correspondiente
actualización de los antecedentes disciplinarios de conformidad con lo dispuesto
por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva,
sin embargo, adujo que no obtuvo respuesta.

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Demandante: Jorge Chavarro Córdoba

2. Fundamentos de la acción

El actor presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al
trabajo, habeas data y de petición, los cuales considera vulnerados con la falta de
actualización de los antecedentes disciplinarios en lo pertinente a la inhabilidad
para contratar con el Estado por cinco años y la falta de respuesta de la
Procuraduría General de la Nación a la petición formulada el 8 de noviembre de
2022, en ese sentido.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“1. Ampárense en mi favor los derechos constitucionales fundamentales al trabajo,
hábeas data y de petición, consagrados en nuestra Constitución.

2. Ordénese a la entidad accionada, dar respuesta favorable a mi petición eliminando
a la mayor brevedad posible la inhabilidad que registra el sistema”.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente los siguientes documentos:

• Copia del auto de 20 de septiembre de 2021, proferido por el Juzgado
Único Promiscuo Municipal de Rivera.

• Copia de la solicitud de 8 de noviembre de 2022, enviada por correo
electrónico a la Procuraduría General de la Nación y los respectivos
soportes de envío.

5. Trámite procesal

Por auto de 7 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila admitió la
demanda y ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad administrativa
accionada.

Del mismo modo, dispuso que se oficiara a la Procuraduría General de la Nación
para que informara si recibió la petición remitida por el actor el 8 de noviembre de
2022 al correo electrónico gruposiri@procuraduria.gov.co, y que en caso de que la
respuesta fuera positiva, informara si dio respuesta y remitiera los respectivos
soportes.

6. Oposición

Respuesta de la Procuraduría General de la Nación

Quien ejerce el cargo de asesora de la Oficina Jurídica de la entidad pidió que se
declare improcedente la acción de tutela, con sustento en lo siguiente:

Puso de presente un informe entregado por la División de Registro de Sanciones y
Causas de Inhabilidad y, a partir del mismo, explicó que la inhabilidad para
contratar con el Estado está vinculada a la pena accesoria de la inhabilidad para el
ejercicio de derechos y funciones públicas, la cual no se rige por la vigencia de la
condena porque el legislador en el literal d), numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80
de 1993 previó que el registro de la misma permanecería cinco años contados a
partir de la ejecutoria de la sentencia. Explicó que, en razón a ello, la decisión de

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suspensión condicional de la pena o extinción o prescripción de la sanción penal,
no afecta la vigencia de la inhabilidad para contratar.

Al respecto, concluyó que “i) esta limitación es exclusiva para ser servidor público
o contratista del estado, más no para prestar los servicios en el sector privado y ii)
la inhabilidad para contratar con el Estado es por un término de 5 años, y su
desactivación se hará de manera automática una vez cumpla con el término de la
ley”.

En torno a la petición radicada el 8 de noviembre de 2022, señaló que la dirección
de correo electrónico o gruposiri@procuraduria.gov.co a la que hace referencia el
actor es inexistente y, por lo tanto, no es el canal de comunicación de la División
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad, pues el correcto es
siri@procuraduria.gov.co.

No obstante, puso de presente que teniendo en cuenta que en razón a la acción
de tutela tuvo conocimiento de la precitada solicitud, en virtud de los principios de
eficacia, economía y celeridad con oficio DRSCI 0429 de 9 de febrero de 2023 dio
respuesta a la misma en los términos expuestos anteriormente, sobre las razones
por las cuales se mantenía la anotación de la inhabilidad para contratar por cinco
años y, de esta manera, se garantizó al actor un pronunciamiento claro, de fondo,
preciso y congruente. Agregó que esa respuesta fue enviada al correo electrónico
proporcionado por el actor para tal efecto.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo del Huila por sentencia de 17 de febrero de 2023, negó
las pretensiones de la demanda al considerar que la Procuraduría General de la
Nación no vulneró los derechos invocados por el actor.

Sostuvo que se acreditó que el 27 de diciembre de 2021 se radicó el oficio No.
5656 de 14 de diciembre de 2021, expedido por el Juzgado Cuarto de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva que declaró la extinción de la pena
principal y accesoria que había sido impuesta al actor por sentencia de 8 de
octubre de 2018, proferida por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Rivera, y
que esa novedad se registró en el SIRI. Sin embargo, la inhabilidad para contratar
se mantiene teniendo en cuenta lo establecido en el literal d) numeral 1 del artículo
8 de la Ley 80 de 1993.

En relación con el derecho de petición consideró que el mismo no se vulneró, en
tanto el actor remitió la solicitud a un correo electrónico inexistente por lo que, al
no haberla recibido la entidad demandada, no puede exigirse una respuesta sobre
la misma. Agregó que, en todo caso, se acreditó que con ocasión de la acción de
tutela la Procuraduría General de la Nación procedió a dar respuesta a través del
oficio No. DRSCI-0429-JCPRD de 9 de febrero de 2023, en el que se le informa al
peticionario que la actualización de los antecedentes se efectuó en lo pertinente
con la sanción penal pero no respecto de la inhabilidad para contratar con el
Estado, pues dicho registro debe permanecer por cinco años contados desde la
ejecutoria de la sentencia. De igual modo, afirmó que se acreditó que dicha
respuesta fue enviada al correo electrónico jorgechavarro1503@gmail.com.

Por último, sobre el derecho al trabajo adujo que el actor no afirmó con exactitud el
empleo o el contrato que no pudo celebrar en virtud de la anotación de inhabilidad
que se encuentra en sus antecedentes, lo cual, en todo caso, se encuentra en el
marco de lo previsto en la ley.

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8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual solicitó que se
revoque y se acceda a las pretensiones de la solicitud. Para tal efecto, únicamente
manifestó la decisión de recurrir la decisión sin expresar los fundamentos en los
que sustenta el recurso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda de tutela o si, por el contrario, debe acceder al amparo de los derechos
fundamentales al trabajo, hábeas data y de petición supuestamente vulnerados
por la Procuraduría General de la Nación con la negativa de eliminar el registro de
la inhabilidad para contratar con el Estado en los antecedentes disciplinarios y la
falta de respuesta a la petición formulada el 8 de noviembre de 2022.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El Tribunal Administrativo del Huila por sentencia de 17 de febrero de 2023,
negó las pretensiones de la demanda de tutela, al considerar que no se vulneraron
los derechos fundamentales invocados por el actor, en tanto (i) encontró que las
razones dadas por la Procuraduría General de la Nación para mantener en los
antecedentes disciplinarios el registro sobre la inhabilidad para contratar con el
Estado a pesar de que el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Neiva decretó la extinción de la sanción penal no desconoce el
ordenamiento jurídico y (ii) evidenció que el actor envió la petición de 8 de
noviembre de 2022 a un correo inexistente por lo que la entidad no tuvo

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conocimiento de la misma y no estaba en el deber de responderla; empero,
señaló que con ocasión a la acción de tutela dio respuesta integral de la solicitud.

4.2. El actor impugnó el fallo de primera instancia sin expresar los fundamentos en
los que sustentaba el recurso, por lo que la Sala abordará el estudio teniendo en
cuenta los argumentos expresados en la acción de tutela, en aras de garantizar el
derecho de acceso a la administración de justicia.

Al respecto, resulta relevante señalar que aun cuando no se invoquen las razones
por las cuales se impugna un fallo de tutela, se debe abordar un estudio integral
de la decisión, teniendo en cuenta que el legislador solo estableció como requisito
presentarlo oportunamente. En ese sentido, la Corte Constitucional en Auto 099
de 20061 expresó lo siguiente:

“1.- El Decreto 2591 de 1991 señala en sus artículos 31 y 32, los conceptos y
procedimiento de la impugnación en el trámite de un proceso de tutela. El artículo 31
indica expresamente el término máximo para la interposición de la impugnación al
disponer lo siguiente: “Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo
podrá ser impugnado...”. (Negrilla y subraya fuera del texto original).

Así, el único requisito de procedibilidad para que la impugnación sea viable, es que
haya sido presentada dentro del término legalmente estipulado para ello, sin que esto
implique el cumplimiento de alguna otra formalidad. Sólo así se da plena aplicación al
principio de informalidad que caracteriza a la acción de tutela como mecanismo judicial
excepcional de defensa de los derechos fundamentales. Igualmente, se da efectividad
y aplicación al derecho constitucional que permite controvertir las decisiones judiciales
mediante el acceso a la segunda instancia.

Es por lo anterior y a partir del principio de la informalidad que rige la acción de tutela,
que no resulta jurídicamente válido exigir requisitos adicionales como la sustentación
de la impugnación, a quien manifiesta su disconformidad con el fallo de primera
instancia. Basta, entonces, dicha manifestación para acceder a la segunda instancia”.

4.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala abordará, en primer lugar, lo relativo a
la supuesta vulneración al derecho fundamental de petición por la falta de
respuesta a la solicitud radicada ante la Procuraduría General de la Nación el 8 de
noviembre de 2022, respecto de la cual anticipa que no encuentra razones para
revocar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda
de tutela, en tanto esa entidad acreditó que no conocía el contenido de la solicitud
a la que hace referencia el demandante porque fue enviada a un correo
electrónico inexistente. En segundo término, se referirá a la supuesta vulneración
del derecho fundamental al hábeas data.

Sobre el derecho fundamental de petición, el artículo 23 de la Constitución Política
establece que “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

En lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional
ha precisado que:

“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que
debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que

1 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la
solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos
y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.

Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:

‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que
conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio,
examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo
significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a
conocimiento directo e informado del solicitante.

De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito
de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para
informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.

Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
respuesta adoptada por la entidad”2. (destacado fuera de texto)

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del
mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora
así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término
especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los
diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán
dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los
plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado,
antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la
demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta,
que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.

En definitiva, la garantía del derecho fundamental de petición conlleva el deber
constitucional y legal de dar respuesta a las peticiones de fondo, en forma clara,
precisa y congruente con lo solicitado, dentro de los términos establecidos por la
ley, siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela. Empero, la autoridad respectiva,

2 Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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en caso de no ser competente para atender la solicitud, tiene el imperativo legal de
remitirla a quien sí lo sea, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la
Ley 1437 de 20113.

De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que el 8 de noviembre de 2022
el señor Jorge Chavarro Córdoba envió una solicitud al correo electrónico
grupoSIRI@procuraduria.gov.co, con el fin de que la Procuraduría General de la
Nación eliminara de los antecedentes disciplinarios la inhabilidad para contratar
con el Estado, teniendo en cuenta que, a su juicio, el Juzgado Cuarto de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva por auto de 20 de septiembre de 2021
decretó la extinción de la condena impuesta por el Juzgado Único Promiscuo
Municipal de Rivera el 8 de octubre de 2018. Prueba del envío de esa solicitud se
evidencia en la siguiente imagen:

No obstante, en el informe rendido por esa entidad en el trámite constitucional
puso de presente que esa dirección electrónica es inexistente, lo cual acreditó con
la certificación de la Oficina de Sistemas de la entidad que expresa lo siguiente:

3 La disposición en cita establece: “ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado

por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la
petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de
los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente
a la recepción de la Petición por la autoridad competente”.

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De igual modo, informó que los correos habilitados por la entidad para radicar las
peticiones ciudadanas son siri@procuraduria.gov.co o
quejas@procuraduria.gov.co.

Ahora bien, en el escrito de impugnación, el actor únicamente manifestó que
impugnaba la decisión de primera instancia sin expresar los fundamentos en los
que sustentaba su desacuerdo con la decisión, por lo que no expresó razones que
permitan desvirtuar la información suministrada por la Procuraduría General de la
Nación. Es decir, le correspondía al actor acreditar si el mensaje fue o no devuelto
o si le llegó una constancia de que el mensaje se encuentra en el buzón del
destinatario, pero no efectuó algún pronunciamiento sobre este aspecto, lo que es
suficiente para concluir que le asistió razón al juzgador de primera instancia al
señalar que no se vulneró el derecho fundamental de petición, en tanto la entidad
demandada no recibió la solicitud, por lo que no estaba en la obligación de proferir
una respuesta.

En todo caso, la Sala advierte que la Procuraduría General de la Nación al tener
conocimiento de la petición a través del presente trámite constitucional, dio
respuesta a la misma por oficio No. DRSCI-0429-JCPR de 9 de febrero de 2023
en el que informó las razones por las cuales no es posible acceder a la petición
consistente en eliminar la inhabilidad para contratar con el Estado del registro de
los antecedentes disciplinarios. Esta respuesta fue notificada al correo electrónico
señalado por el actor para tal efecto, como se muestra en la siguiente imagen:

Con todo, la Procuraduría General de la Nación no incurrió en la vulneración
alegada del derecho fundamental de petición.

4.4. De otra parte, el actor reprochó que se mantuviera en los antecedentes
disciplinarios el registro sobre la inhabilidad para contratar con el Estado por cinco
años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que impuso la condena
contra el actor, esto es, el 8 de octubre de 2018. Al respecto, la Sala concuerda
con el a quo en el sentido de que esa circunstancia no vulnera el derecho
fundamental al hábeas data.

El derecho al hábeas data está previsto en el artículo 15 de la Constitución
Política, en el que se establece que “[t]odas las personas tienen derecho a su
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y
hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos
de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección,

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tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías
consagradas en la Constitución”. (Negrilla fuera del texto original)

Dicha disposición constitucional contiene varios derechos fundamentales
autónomos como son el derecho a la intimidad, al buen nombre y al hábeas data,
los cuales, aun cuando son independientes deben interpretarse en conjunto. En
efecto, la Corte Constitucional para referirse a su contenido y alcance ha señalado
que “en lo relativo al manejo de la información, la protección del derecho al buen
nombre se circunscribe a que dicha información sea cierta y veraz, esto es, que
los datos contenidos en ella no sean falsos ni erróneos. Por su parte, la garantía
del derecho a la intimidad hace referencia a que la información no toque aspectos
que pertenecen al ámbito de privacidad mínimo que tiene la persona y que sólo a
ella interesa. Finalmente, el derecho al habeas data salvaguarda lo relacionado
con el conocimiento, actualización y rectificación de la información contenida en
los mencionados bancos de datos”4.

El derecho de hábeas data ha sido entendido por la Corte Constitucional como “la
autodeterminación informática”, que comprende el “plexo de facultades tales como
la de disponer de la información sobre sí mismo, la de preservar la propia
identidad informática, es decir, permitir, controlar o rectificar los datos
concernientes a la personalidad del titular de los mismos y que, como tales, lo
identifican e individualizan ante los demás”5.

El legislador, en aras de desarrollar este derecho fundamental expidió la Ley
Estatutaria 1266 de 2008. No obstante, en dicha normativa solo se establecieron
estándares básicos de protección para el dato financiero y comercial destinado a
calcular el nivel de riesgo crediticio de las personas, lo que fue advertido en la
sentencia de constitucionalidad del proyecto de ley que diera lugar a dicho marco
normativo (C-1011 de 20086). Por esta razón, en aras de reglamentar el resto de
aspectos relacionados con el derecho al habeas data, se promulgó la Ley
Estatutaria 1581 de 2012, la cual antes de que se surtiera la sanción presidencial
fue revisada en control de constitucionalidad previo, automático e integral por
medio de la sentencia C-748 de 2011, en la que además, se precisaron los
contenidos mínimos de este derecho, a saber:

“(i) el derecho de las personas a conocer –acceso- la información que sobre ellas
están recogidas en bases de datos, lo que conlleva el acceso a las bases de datos
donde se encuentra dicha información; (ii) el derecho a incluir nuevos datos con el fin
de que se provea una imagen completa del titular; (iii) el derecho a actualizar la
información, es decir, a poner al día el contenido de dichas bases de datos; (iv) el
derecho a que la información contenida en bases de datos sea rectificada o corregida,
de tal manera que concuerde con la realidad; (v) el derecho a excluir información de
una base de datos, bien porque se está haciendo un uso indebido de ella, o por simple
voluntad del titular –salvo las excepciones previstas en la normativa”7.

En definitiva, el derecho al hábeas data es un derecho autónomo de carácter
fundamental del que se desprenden varias prerrogativas consistentes en permitir a
las personas que conozcan (garantía de acceso), complementen, actualicen,
rectifiquen o corrijan (principio de veracidad) las informaciones que sobre ellas
estén recogidas en bases de datos, de las cuales en todo caso, deberá excluirse
aquella que resulte lesiva para otros derechos fundamentales, salvo las
excepciones previstas en la ley.

4 Sentencia T-1319 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
5 Sentencia C-336 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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Radicado: 41-001-23-33-000-2023-00022-01
Demandante: Jorge Chavarro Córdoba

En el asunto bajo examen, la Sala observa que la inhabilidad para contratar con el
Estado fue una consecuencia derivada de la sentencia de 8 de octubre de 2018,
proferida por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Rivera, que condenó
penalmente al señor Jorge Chavarro Córdoba a la pena principal de prisión de un
año y nueve meses y a la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y
funciones públicas.

De igual modo, constata que mediante providencia de 20 de septiembre de 2021,
el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva
declaró en favor del señor Jorge Chavarro Córdoba la extinción de la pena
principal y accesoria impuesta en la citada sentencia, y dispuso restituir sus
derechos políticos previstos en el artículo 40 de la Constitución Política. En
consecuencia, por medio de oficio No. 5656 de 14 de diciembre de 2021, esa
autoridad judicial comunicó a la Procuraduría General de la Nación dicha decisión
con el objeto de que se actualizara el registro correspondiente en virtud de lo
consagrado en el artículo 15 y 40 de la Constitución Política.

Al respecto, el 28 de diciembre de 2021 la Procuraduría General de la Nación, por
intermedio de la División de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad
(DRSCI) actualizó la información en el Sistema de información SIRI en lo
pertinente a la extinción de la condena en los términos del artículo 238 de la Ley
1952 de 2019. Sin embargo, la inhabilidad para contratar se encuentra vigente en
el certificado de antecedentes disciplinarios con fundamento en el literal d) del
numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, cuyo texto es el siguiente:

“ARTÍCULO 8.- De las Inhabilidades e Incompatibilidades para Contratar:

1o. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos
con las entidades estatales:

(…)

d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de
interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados
disciplinariamente con destitución.

(…)

Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d), e i) se extenderán por un término
de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la
caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución;
las previstas en los literales b) y e), se extenderán por un término de cinco (5) años
contados a partir de la fecha de ocurrencia del hecho de la participación en la licitación
o concurso, o de la celebración del contrato, o de la de expiración del plazo para su
firma”.

En efecto, el estatuto de contratación pública establece con claridad que quienes
hubieren sido condenados a la pena de interdicción de derechos y funciones
públicas automáticamente quedan inhabilitados para celebrar contratos con el
Estado y, además, prescribe que dicha inhabilidad estará vigente por cinco años,
los cuales se contaran dependiendo el escenario en el que se originó la
inhabilidad, en este caso, corresponde contabilizarlos desde la ejecutoria de la
sentencia que impuso la condena contra el señor Jorge Chavarro Córdoba.

Entonces, sin duda la Ley 80 de 1993 prevé una inhabilidad automática para
contratar con el Estado y establece el término en que la misma permanecerá
vigente, esto es cinco años. Contrario al entendimiento del actor, no la supedita a
las decisiones que frente a la condena se profieran con posterioridad. Por lo tanto,
teniendo en cuenta que la sentencia penal que impuso la condena al señor Jorge
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Demandante: Jorge Chavarro Córdoba

Chavarro Córdoba quedó ejecutoriada el 8 de octubre de 2018, los cinco años se
cumplen el 7 de octubre de 2023, y “su desactivación se hará de manera
automática una vez cumpla con el término de la ley”, conforme lo indicó la
Procuraduría General de la Nación en el escrito de contestación de la acción de
tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 1996 declaró
exequible la inhabilidad para contratar con el Estado consagrada en el literal d) del
numeral 1° del artículo 8° de la Ley 80 de 1993. En dicha providencia, explicó que
las inhabilidades e incompatibilidades “constituyen prohibiciones que restringen la
capacidad y la libertad de un contratista para acceder a la contratación, pero no
consagran una modalidad adicional de sanción penal a las previstas en el Código
de la materia”, por lo que consideró necesaria, conducente y proporcionada que
quienes hayan cometido delitos que conlleven la pena accesoria de interdicción de
derechos y funciones públicas queden inhabilitados de manera temporal para
celebrar contratos con el Estado porque esta actividad involucra el ejercicio de
funciones públicas.

En esa línea, la Corte Constitucional en la Sentencia T-699 de 20148 encontró que
no se vulnera el derecho fundamental al hábeas data al registrarse en el
certificado de antecedentes las anotaciones correspondientes a la inhabilidad para
contratar con el Estado, a pesar de que el juez de ejecución de penas y medidas
de seguridad declaró extinguida la condena penal que se impuso al actor.

Al respecto, consideró que el derecho al olvido constituye una garantía que hace
parte del núcleo esencial del derecho al hábeas data que consiste en el derecho a
que los datos negativos en materia financiera y de antecedentes penales o
disciplinarios no permanezcan registrados de manera indefinida, por lo que deben
mantenerse por el término fijado por el legislador previamente, esto en el caso de
la inhabilidad para contratar con el Estado es de cinco años desde la ejecutoria de
la sentencia. Vencido dicho término deberá eliminarse el respectivo registro pues
en caso contrario sí se estaría frente a un escenario de vulneración del derecho
fundamental al hábeas data.

Explicó que de la imposición de la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio
de derechos y funciones públicas el legislador derivó la aplicación automática de la
inhabilidad para contratar con el Estado y precisó que, aunque sin duda tienen una
relación estrecha, son figuras claramente diferenciables, principalmente porque
hacen parte de sistemas normativos diferentes: una se encuentra regulada en el
Código Penal, la otra en el estatuto de contratación estatal.

Adicional a ello, en la precitada sentencia la Corte Constitucional sostuvo que
ambas figuras persiguen fines diferentes. Así, (i) la inhabilidad para el ejercicio de
derechos y funciones públicas como pena accesoria busca resarcir a la sociedad
el perjuicio causado por la conducta punible y (ii) la prohibición para contratar con
el Estado “está ligada a finalidades diferentes de interés público, asociadas al
logro de la imparcialidad, la eficacia, la eficiencia y la moralidad en las operaciones
contractuales”.

En suma, la Sala encuentra que con la negativa de eliminar el registro de la
inhabilidad para contratar con el Estado en los antecedentes disciplinarios, la
Procuraduría General de la Nación no vulneró el derecho de hábeas data del
accionante. Ello, porque no han finalizado los cinco años que de acuerdo con lo
establecido en literal d) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 debe

8 M.P. Mauricio González Cuervo.

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permanecer dicha anotación y como se explicó anteriormente, la decisión de
decretar la extinción de la pena no implica la eliminación de la misma.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia impugnada que negó
las pretensiones de la acción de tutela.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 17 de febrero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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