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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 41001-23-33-000-2023-00103-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2023-00103-02

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2023-00103-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia del 11 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, el cual quedará así: 51 Visible a índice 47 del Sistema de Gestión Judicial Samai del exp. nro. 41001 23 33 000 2023 00103 00. 52 Visible a índice 48 del Sistema de Gestión Judicial Samai del exp. nro. 41001 23 33 000 2023 00103 00. 53Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia de Unificación de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 Radicado: 41001-23-33-000-2023-00103-02 Demandante: Procuraduría 11 Judicial II Ambiental y Agraria de Neiva Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros SEGUNDO: Como consecuencia del amparo a los citados derechos colectivos, impartir las siguientes órdenes: 1. A Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P.: 1.1. Realizar, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, un estudio técnico especializado, a través del cual se pueda determinar con probabilidad de verdad la proyección en años de vida útil de la actual celda de almacenamiento de disposición final de residuos sólidos que se encuentra en funcionamiento en el relleno sanitario ubicado en el Municipio de Pitalito – Huila, teniendo en cuenta, el promedio mensual de lixiviados que producen los nueve (9) municipios que vierten allí sus residuos, esto es, Pitalito, Isnos, Oporapa, Timaná, Acevedo, Saladoblanco, Elías, Palestina y San Agustín. 1.2. Una vez culminado el plazo establecido en el numeral anterior, y, con base en los resultados arrojados por el aludido estudio técnico especializado, adelantar, conforme la normatividad vigente en el ordenamiento jurídico sobre la materia, todas las diligencias, gestiones y acciones necesarias para la construcción y puesta en funcionamiento de un nuevo relleno sanitario, o, la ampliación del ya existente, según sea el caso, a saber, la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 41001-23-33-000-2023-00103-02

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C. veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 41001-23-33-000-2023-00103-02
Demandante: Procuraduría 11 Judicial II Ambiental y Agraria de Neiva
Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros1
Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos
Tema: Protección a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al
equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales con ocasión del colapso y posible cierre del relleno
sanitario ubicado en el municipio de Pitalito, Huila
Decisión: Modifica el fallo de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el departamento del Huila y
la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena en contra de la sentencia
proferida el 11 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Huila.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El 17 de mayo de 2023, el Procurador 11 Judicial II Ambiental y Agrario de Neiva,
promovió la acción popular de la referencia, solicitando la protección de los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano; al equilibrio ecológico y manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible; a la seguridad y salubridad pública; al acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública y al acceso a los servicios públicos y a que
su prestación sea eficiente y oportuna.

Específicamente, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

Primera: Que, de conformidad con lo expuesto en la presente acción, se declare que los
siguientes derechos e intereses colectivos de los habitantes de los nueve municipios del
sur del Huila mencionados en esta acción están en inminente riesgo:

a. Al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la constitución, la
ley y las disposiciones reglamentarias.

1 Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, el Departamento del Huila, los Municipios de
Pitalito, Isnos, Oporapa, Timaná, Acevedo, Saladoblanco, Elías, Palestina y San Agustín; Biorgánicos del
Sur del Huila S.A. ESP, Interaseo SAS ESP y la empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito –
Empitalito ESP.

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Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros

b. A la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible…(sic)
c. A la seguridad y salubridad públicas.
d. Al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública…” (sic)
e. Al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;”

Segunda: Que se ordene a los nueve municipios del Sur del Huila tomar las medidas
necesarias para afrontar la contingencia por la posible clausura del relleno sanitario
operado por Biorganicos del Sur del Huila S.A. E.S.P, ubicado en Pitalito, con el fin de
evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio,
sobre los derechos e intereses colectivos enlistados en el numeral anterior, adoptando las
siguientes acciones en los plazos que respetuosamente sugerimos, contados a partir de la
sentencia que resuelva esta acción:

A) Mantener actualizados y activados los Planes de Gestión Integrada de Residuos
Sólidos-PGIRS y acreditarlo ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-
CAM.

B) Revisar en sus planes de ordenamiento territorial vigentes que estén identificados los
sitios de contingencia para la disposición de los residuos sólidos. En caso de que en los
actuales POT no estén señalados estos sitios de contingencia, deberán adoptar de
manera inmediata las medidas que resuelvan esta situación.

C) Hacer las inversiones necesarias para adecuar los sitios municipales identificados para
atender las posibles contingencias para la disposición de los residuos sólidos
temporalmente y, evitar, mitigar, o corregir los impactos ambientales que irían a generar.

D) Inmediatamente, adoptar un plan (que deberán revisar y comentar Biorganicos del Sur
del Huila S.A. E.S.P) para asegurar la total separación en la fuente y/o de la totalidad de
los residuos sólidos que seguirán llevándose al actual sitio de disposición en el relleno de
Pitalito o al lugar temporal de contingencia identificado en el POT.

E) Adoptar un programa, que incluya medidas de policía, campañas educativas, medios
de comunicación, y otros, para reducir la cantidad de residuos enviados para su
disposición final a la celda del relleno sanitario en Pitalito o al lugar temporal de
contingencia identificado en el POT.

Tercera: Que de manera inmediata Biorganicos del Sur del Huila SA-ESP, y el
Departamento del Huila, por sí o por alguna de sus entidades descentralizadas, remuevan
(sic) los trámites administrativos que permitan hacer la inversión de los recursos
acorados(sic) mediante convenio y ya asignados para construir una nueva celda para la
disposición de los residuos sólidos en el relleno sanitario operado por la primera. Esta
tarea de coordinación implica especialmente un cronograma que permita la contratación y
ejecución de los recursos antes del inicio de las restricciones que impone la Ley de
Garantías Electorales durante el año 2023.

Para que se entienda claramente: la solución de la problemática que por esta acción se
plantea, se solucionaría si se construye, adecua y pone en funcionamiento una “nueva
celda de ampliación”, prevista para la disposición de hasta 121.043,93 mts3 y que ya está
licenciada ambientalmente por la CAM gracias a trámite adelantado por Biorganicos del
Sur del Huila SA-ESP.

Cuarta: Ordenar que de manera inmediata el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
priorice el trámite del proyecto radicado por Biorganicos del Sur del Huila S.A. E.S.P. para
la construcción de la Celda de Ampliación definitiva y demás infraestructura en el relleno
sanitario operado por la segunda. Incluso se contemple por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio la posibilidad de que asigne la totalidad de los recursos solicitados
para construir una celda diferente a la que podría construirse con los recursos ya
asignados por el Departamento del Huila, a fin de conjurar definitivamente y a futuro el

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riesgo de cierre definitivo de la planta de manejo y disposición final ubicada en Pitalito y
operada por Biorganicos del Sur del Huila S.A. E.S.P.

Quinta: Que, consecuente con lo anterior, se ordene a Biorganicos del Sur del Huila S.A.
E.S.P. subsanar lo más pronto posible y en plazos que no pueden superar los cinco (5)
días hábiles siguientes, en cuanto se le comunique, por el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio respecto de la puesta a punto del proyecto integral radicado el Ministerio para
la construcción de una Celda de Ampliación e infraestructura asociada en la planta
operada por Biorganicos del Sur del Huila S.A. E.S.P.

Sexta: Ordenar que de manera inmediata el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y
en conjunto con el departamento del Huila y la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena-CAM, adopten un plan integral de manejo regionales de residuos sólidos para
el departamento del Huila, si no existe o se revise el vigente. Y con esto se prevea a
futuro el riesgo que implica actualmente tener insuficientes plantas y sitios de disposición
final de residuos sólidos, lo que genera que los actuales existentes vean acortada también
su vida útil por tener que recibir residuos de un número creciente de municipios.

Frente al análisis que esta “comisión tripartita” debe hacer de la prospección del futuro del
actual sitio (capacidad) de la planta y relleno sanitario de Pitalito, operado por Biorganicos
del Sur del Huila S.A. E.S.P., se hará en conjunto con esta última. Y si es del caso definir
la ampliación futura del actual sitio o la identificación y consecución de un nuevo lugar
para operar hacia el futuro sin interrupciones.

Séptima: Que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM priorice y
agilice los procesos administrativos que sean necesarios para eventualmente modificar la
licencia ambiental para el proyecto de planta y relleno sanitario operado por Biorganicos
del Sur del Huila S.A. E.S.P. Igualmente para otorgar las otras autorizaciones para el uso
de los recursos naturales renovables que sean eventualmente necesarios para este
mismo propósito.

Octava: Que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM priorice y
agilice los procesos administrativos que sean necesarios para eventualmente autorizar la
operación, temporal o definitiva, de los sitios para la disposición de residuos sólidos
identificados en los POT de cada uno de los nueve municipios del sur del Huila.
Igualmente, para otorgar las autorizaciones para el uso de los recursos naturales
renovables que sean eventualmente necesarios para este mismo propósito.

Novena: Se ordene a los Personeros Municipales de los municipios de que trata esta
acción popular, para que en ejercicio de sus funciones como agentes del Ministerio
Público locales, vigilen el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el eventual fallo
constitucional a los municipios de su jurisdicción.

Igual y coherentemente, se establezca al momento de definir la conformación del Comité
de Verificación para hacer seguimiento a lo fallado, que estos Personeros Municipales lo
integren2.

1.2. Como sustento de las anteriores pretensiones la parte actora manifestó lo
siguiente:

Indicó que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (en adelante CAM)
emitió la Resolución nro. 2974 de 2020 a través de la cual autorizó la construcción de
una tercera terraza en el relleno sanitario del municipio de Pitalito con un volumen
parcial de 33.651 mts3 y hasta 230.518 mts3.

2 Visible a folios 22 a 25 del escrito de demanda.

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Informó que, en la actualidad, ésta ya se encuentra saturada, razón por la cual se puso
en operación “la celda de contingencia o de ampliación con un volumen de 20.453,23
mts3”3. Sin embargo, este sector está próximo a agotar su vida útil, por lo que resulta
necesario construir y adecuar una nueva zona con mayor capacidad, destinada a la
disposición de los residuos sólidos generados en los 9 municipios del sur del Huila.

Expuso que, si bien la solución de fondo a la problemática del relleno sanitario de
Pitalito es la construcción de una celda de ampliación, de manera complementaria y
como medida temporal para minimizar el riesgo, es procedente que los municipios que
disponen allí sus residuos reduzcan la generación de estos y fortalezcan la práctica de
separación.

Anotó que, la empresa Biorgánicos del Sur del Huila S.A. ESP (en adelante
Biorgánicos) es la encargada de la operación del relleno sanitario de Pitalito y la
beneficiaria de las licencias ambientales correspondientes. Resaltó que dicha planta,
tiene como fin recolectar, transportar, aprovechar, comercializar y disponer los residuos
de los municipios de Pitalito, Isnos, Oporapa, Timaná, Acevedo, Saladoblanco, Elías,
Palestina y San Agustín.

Adujo que mediante el Oficio nro. 20233400017961 del 27 de enero de 2023, la CAM le
informó a la compañía Biorgánicos, a las 9 autoridades territoriales a las que le prestan
el servicio y a la demandante, sobre la situación crítica del relleno sanitario que se
evidenció con la visita técnica efectuada el 14 de diciembre de 2022.

Manifestó que, a través del Oficio nro. PJAA-11-0377-23 del 10 de febrero de 2023, le
solicitó a la gobernación del Huila información sobre el avance del proyecto para la
financiación de la nueva celda de la planta de tratamiento de residuos.

Indicó que el 2 de marzo de 2023, dicha autoridad dio respuesta advirtiendo que
mediante la Resolución nro. 041 del 28 de febrero de 2023 se aprobó la construcción de
la celda de ampliación del relleno sanitario de Pitalito.

Señaló que desconocía si se habían desembolsado los recursos para la ejecución de la
citada obra. Sin embargo, dicha construcción no disminuiría el riesgo que se presenta
en el momento, pues la celda de contingencia está por colapsar y no es posible esperar
el tiempo que dure la ejecución del proyecto de la celda adicional.

Aseguró que remitió un derecho de petición al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio solicitando información sobre el avance en la financiación de las nuevas
celdas, construcciones accesorias y los pasos del relleno sanitario de Pitalito. Precisó
que mediante Oficio nro. 2023EE0019047 del 15 de marzo de 2023, la entidad dio
respuesta, resaltando la necesidad de que tanto la empresa Biorgánicos como los
municipios debían adoptar las medidas necesarias para ampliar la vida útil del relleno
sanitario ubicado en Pitalito, con el fin de evitar la ocurrencia de emergencias sanitarias.

Afirmó que, con el fin de disminuir la afectación producida en la planta de tratamiento,
junto con la CAM y la empresa Biorgánicos, se remitió un escrito a los 9 municipios a
los que se le presta el servicio, para mostrarles sus comportamientos mensuales
durante el año 2021 y para fijar un encuentro el día 14 de enero de 2022, para buscar
una solución a la problemática.

3 Visible a folio 5 ibidem.

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Aseveró que, en dicha fecha, se evidenció que Pitalito era el territorio que más
generaba desechos, ya que producía el 65% de los que se disponían en el relleno y se
acordaron una serie de estrategias para disminuir la producción de residuos, en las que
estaba educación ciudadana, correcta separación en la fuente y la actualización del
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (en adelante PGIRS).

Señaló que solicitó a Biorgánicos un informe comparativo sobre el comportamiento
individual de los municipios en los primeros trimestres de los años 2021 y 2022, el cual
arrojó que no se cumplieron las metas de reducción que se habían acordado.

Adujo que, mediante Oficio nro. PJAA-11-0915-22 del 26 de mayo de 2022, requirió a la
CAM para que informara sobre la vigencia de los PGIRS de los 9 municipios del sur del
Huila, autoridad ambiental que dio respuesta mediante memorial con radicado nro.
202234001466021, afirmando que los planes se encontraban vigentes.

Anotó que la empresa Biorgánica en correo del 17 de febrero de 2023, le indicó que:

Dada la inminente clausura de la celda de contingencia en operación, se decidió
suspender el servicio de disposición final a los municipios, operadores, y empresas de
servicios públicos, clientes de la sociedad que no cumplan en su totalidad con la
implementación del código de colores (Resolución No. 2184 del 26 de diciembre de 2019)
y con la separación en la fuente de los residuos. En la misma se estableció que a partir
del 15 de marzo de 2023 se empezaría a dar cumplimiento de dicha orden4.

Precisó que, de llegar a proceder la clausura del relleno sanitario, se estaría vulnerando
el derecho a la prestación del servicio público de aseo, por lo que, lo procedente era
tomar medidas que brinden soluciones prontas, para evitar un daño mayor.

Resaltó que, los municipios de Pitalito, Isnos, Oporapa, Timaná, Acevedo,
Saladoblanco, Elías, Palestina y San Agustín eran responsables de gestionar la
prestación ininterrumpida del servicio y de garantizar el derecho de gozar de un
ambiente sano, lo que se podría ver afectado con el cierre de la planta de tratamiento,
por lo que dichos entes territoriales, tenían que velar por el cumplimiento del plan de
contingencia previsto en los PGIRS, con el fin de disminuir la producción de desechos.

Sostuvo que la estadística aportada por Biorgánicos, evidenciaba que las campañas de
concientización efectuadas por el municipio de Pitalito habían generado una reducción
de residuos. Sin embargo, esos esfuerzos no han sido suficientes, ya que la celda sigue
estando en amenaza.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Por auto del 19 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila admitió la
demanda y ordenó la notificación personal al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
a la CAM, al departamento del Huila, a los municipios de Pitalito, Isnos, Oporapa,
Timaná, Acevedo, Saladoblanco, Elías, Palestina y San Agustín, a la empresa
Biorgánicos, al Defensor del Pueblo y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica
del Estado5.

4 Folio 17 ibidem.
5 Visible a índice 5 del Sistema de Gestión Judicial Samai en el expediente nro. 41001 23 33 000 2023

00103 00.

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2.2. El municipio de Palestina6, mediante escrito radicado el 2 de junio de 2023,
contestó la demanda indicando que no se oponía a las pretensiones, ya que era
necesario que se ampararan los derechos colectivos, debido a la crisis que se presenta
en la región con la disposición de residuos sólidos.

2.3. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio7 presentó escrito el 9 de junio de
2023 en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones por carecer de
fundamentos fácticos y jurídicos.
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que
dicha cartera ministerial no era la llamada a responder por la vulneración de los
derechos colectivos invocados. Aseguró que, si bien era el encargado de regular las
políticas en materia de vivienda, de acuerdo con lo previsto en los Decretos 3571 de
2011 y 1077 de 2015 y la Ley 489 de 1998, no estaba dentro de sus competencias
ejecutar las obras solicitadas por la demandante.

Asimismo, formuló la excepción de inexistencia de vulneración de derechos colectivos,
aduciendo que la actora no le había atribuido alguna responsabilidad y que en el
expediente no existían pruebas que evidenciaran que por su parte se hubiese afectado
a la comunidad.

Manifestó que, de acuerdo con el artículo 311 de la Constitución Política y el artículo 5
de la Ley 142 de 1994 los municipios eran los encargados de prestar los servicios de
agua potable y saneamiento básico, a través de empresas de servicios públicos de
carácter oficial, privado o mixto o de forma directa, cuando se cumplan los requisitos del
artículo 6 ibidem. No obstante, dichas compañías, deben velar por otorgar un servicio
continuo y de calidad.

2.4. El municipio de Timaná8 en escrito del 14 de junio de 2023 dio respuesta a la
demanda indicando que la Gobernación del Huila, mediante la Resolución nro. 041 del
28 de febrero de 2023 le dio prioridad a la aprobación del proyecto denominado
“Construcción de la celda de ampliación del relleno sanitario de Biorganicos del sur del
huila S.A ESP en el municipio de Pitalito”9, con el que se busca disminuir el impacto
ambiental que puede presentar la celda de contingencia, si se llega a desbordar. Por lo
tanto, es dicha entidad la encargada de suministrar los recursos y la ejecución del
citado proyecto.

Afirmó que, la empresa Biorgánicos se acogió a una figura de suscripción de acciones
con el fin de recolectar dinero para financiar el diseño y construcción de una nueva
celda de disposición final como medida de contingencia, para seguir con la disposición
final de los residuos sólidos de los 9 municipios del sur del Huila.

Mencionó que, si bien era accionista de la citada compañía, su participación era mínima
por lo que no se le permitía tomar decisiones que pudieran afectar los derechos
invocados en la demanda.

2.5. Biorgánicos del Sur del Huila S.A. ESP10 presentó escrito el 15 de junio de 2023
en el que indicó que para la disposición de los residuos de los 9 municipios del sur del
Huila contaba con una celda tipo relleno sanitario. Sin embargo, como medida de
6 Visible a índice 31 del Sistema de Gestión Judicial Samai en el expediente
41001233300020230010300.
7 Visible a índice 45 ibidem.
8 Visible a índice 46 ibidem.
9 Visible a folio 3 del escrito de contestación de la demanda del municipio de Timaná.
10 Visible a índice 47 ibidem.

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prevención, en caso de que esta se llenara, radicó ante el Viceministro de Agua y
Saneamiento Básico el proyecto denominado como “construcción de la celda de
ampliación y adecuación de la infraestructura en el marco de la optimización de los
procesos, tratamientos, aprovechamientos y disposición final de los residuos sólidos
ordinarios en el relleno sanitario”11.

Expuso que, para el 30 de agosto de 2022 debieron construir de urgencia una celda de
contingencia con una capacidad de 20.453.23 mts3 con una vida útil de 13 meses, la
que, para el 30 de abril del mismo año, cuenta con un remanente de 7.894.43 mts3.

Afirmó que la Gobernación del Huila expidió la Resolución nro. 041 de 2023 para darle
prioridad al citado proyecto, destinando $3.145.106.275 y dejando como entidad
ejecutante a la empresa Biorgánicos.

Advirtió que, el 5 de junio de 2023, le solicitó al municipio de Pitalito unir esfuerzos
técnicos y económicos para construir la celda de disposición final temporal. Agregó que
el 9 de junio de 2023 celebró contrato de prestación de servicios nro. 11 de 2023 para
“Elaboración de estudios y diseños para la construcción de una celda de disposición
final de residuos sólidos como medida de contingencia en el relleno sanitario de
Biorganicos del sur del huila S.A. ESP”12.

2.6. El municipio de Pitalito13 contestó la demanda en el sentido de oponerse a la
prosperidad de las pretensiones.

Señaló que, mediante el Acuerdo nro. 034 de 1989, se constituyó la Empresa de
Servicios Públicos de Pitalito (en adelante Empitalito) para la operación de los servicios
de barrido de vías y áreas públicas, recolección, transporte, tratamiento y disposición
final en el relleno. Indicó que el 27 de julio de 2020 suscribió contrato con la compañía
Interaseo S.A.S. ESP para ejecutar esas mismas actividades.

Argumentó que, al tener conocimiento de la situación relacionada con la vida útil del
relleno sanitario de Biorgánicos, adoptó estrategias orientadas a disminuir el impacto
ambiental de la inadecuada separación de los residuos. Agregó que implementó una
política de recolección puerta a puerta, mediante la cual se instruyó a la ciudadanía
sobre el código de colores establecido en la Resolución nro. 2184 de 2019; de igual
forma, ordenó la revisión de los residuos sólidos dispuestos por “la comunidad
laboyana”14, con el fin de garantizar una adecuada recolección e implementar procesos
sancionatorios contra quienes incumplieron la norma.

Mencionó que contaba con la actualización del Plan de Emergencia y Contingencia
para el Manejo de Desastres y Emergencias Asociadas a la Prestación de los Servicios
Públicos desde el 20 de febrero de 2023, el cual se activaría en caso de que Interaseo
se viera en la necesidad de trasladar los residuos a un relleno sanitario distinto al
operado por la empresa Biorgánicos, tales como Los Ángeles en Neiva o Samamb SAS
ESP en Florencia. Adicionalmente, resaltó que la implementación de dicho plan
implicaría un incremento en los costos de la prestación del servicio público de aseo, los
cuales se reflejarían en las facturas de la comunidad Laboyana.

11 Visible a folio 5 del escrito de contestación de la empresa Biorgánicos.
12 Visible a folio 7 ibidem.
13 Visible a índice 48 ibidem.
14 Folio 4 del escrito de contestación del municipio de Pitalito.

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Sostuvo que, junto con la empresa de servicios públicos y el operador del servicio de
aseo, han obrado de forma diligente para mitigar los posibles daños ambientales que se
pueden generar con el cierre del relleno sanitario de Biorgánicos.

Por último, solicitó la vinculación de las empresas Empitalito ESP e Interaseo, por ser
las encargadas de prestar el servicio de aseo en dicho territorio.

2.7. El municipio de Oporapa15 manifestó que ya no envía sus residuos orgánicos al
relleno sanitario de Pitalito, pues en el marco de su PGIRS, destinó una finca ubicada
en la vereda la Lajita, donde se adelantan actividades de aprovechamiento y
reutilización de los residuos.

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que no
se formularon imputaciones concretas ni se aportaron pruebas, siquiera sumarias, que
vincularan a ese municipio con la generación del riesgo alegado y mucho menos la
afectación de derechos colectivos.

Aseveró que se opone a la prosperidad de las pretensiones, al estimar que ha venido
implementando cada una de las acciones exigidas por la parte demandante. Explicó
que el PGIRS había sido estudiado y analizado, y que mediante el Decreto nro. 040 del
7 de mayo de 2021 se adoptó un nuevo plan para el periodo de 2021-2033, en el cual
se fijó como meta de bienestar un aprovechamiento del 10% de los residuos generados
en el municipio.

Señaló que se han desarrollado diversos programas de sensibilización, educación y
capacitación dirigidos a los usuarios sobre la práctica de reciclaje, lo que permitió una
disminución del 26.38% en el ingreso de residuos, así:

2.8. La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM16 en escrito del
20 de junio de 2023 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, para lo cual
expuso que, mediante la Resolución nro. 2974 del 29 de diciembre de 2020, se autorizó
la construcción de una tercera terraza en la celda de operación en el relleno sanitario de
Pitalito, con un volumen parcial de 33.651 mts3 hasta alcanzar 230.581 mts3 y de una
nueva celda de ampliación de hasta 121.043.93 mt3.

Manifestó que la empresa Biorgánicos no ha empezado la construcción de la nueva
celda de ampliación para la disposición de hasta 121.043 mt3 de residuos sólidos, a
pesar de que cuenta con el permiso, obra que solucionaría la problemática que pone en
riesgo el ambiente.

15 Visible a índice 49 ibidem.
16 Visible a índice 50 ibidem.

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Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros

Adujo que, no era responsable de la vulneración de los derechos colectivos invocados,
pues había cumplido con otorgar las licencias ambientales y emitir los actos de control y
seguimiento correspondientes, con la finalidad de evitar que se causara un daño con la
disposición final de los residuos sólidos de los 9 municipios del sur del Huila.

Señaló que, requirió a la empresa prestadora del servicio de aseo, así como a los
territorios que hacían uso de este para que acogieran las medidas necesarias que
evitaran el colapso de la celda de depósito y su eventual cierre.

Sostuvo que el departamento del Huila no cuenta con un PGIRS regional, toda vez que
los 37 municipios acordaron que cada uno implementaría lo dispuesto en la Resolución
nro. 754 de 2014, “Por el cual se adopta la metodología para la formulación
implementación evaluación seguimiento y control de los planes de gestión Integral de
residuos sólidos”17, de acuerdo con sus necesidades.

Refirió que en cumplimiento de sus competencias brindó asesoría técnica a los
municipios y a las prestadoras de servicios públicos para que dieran cumplimiento a los
mandatos legales sobre el manejo integral de los residuos sólidos y su
aprovechamiento.

Precisó que no existía evidencia que permitiera atribuirle responsabilidad a la CAM por
la presunta vulneración de los derechos colectivos invocados, ya que no existe material
probatorio que demuestre que la entidad incurrió en alguna acción u omisión que
pusiera en riesgo el ambiente.

2.9. La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito – Empitalito
E.S.P.18 señaló que las pretensiones no se relacionan con esa compañía como
prestadora del servicio público de aseo, sino como accionista de Biorgánicos. Sin
embargo, dicho servicio es garantizado mediante el contrato de operación nro. 190 del
27 de julio de 2020 firmado con Interaseo S.A. ESP.

Afirmó que no ha incurrido en la vulneración de los derechos colectivos, ya que ha
implementado estrategias que mejoran la separación en la fuente y el tratamiento de los
residuos orgánicos, remitiendo únicamente al relleno los inorgánicos y aprovechables.

Finalmente, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.10. Interaseo S.A. E.S.P.19 manifestó que carecía de legitimación en la causa por
pasiva, al estimar que no es la competente para dar cumplimiento a las pretensiones
propuestas por la demandante.

2.11. El 30 de octubre de 2024, se declaró fallida la audiencia de pacto de
cumplimiento20.

2.12. En auto del 21 de noviembre del 2024, el Tribunal Administrativo del Huila21, al
pronunciarse sobre el decreto de pruebas solicitadas por las partes, advirtió que los
escritos de contestación presentados por los municipios de San Agustín, Saladoblanco,

17 Visible a folio 9 del escrito de contestación de la CAM.
18 Visible a índice 124 ibidem.
19 Visible a índice 126 ibidem.
20 Visible a índice 201 ibidem.
21 Visible a índice 203 ibidem.

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Acevedo, Isnos, Elías y por el departamento del Huila fueron radicados de forma
extemporánea, toda vez que, según la constancia secretarial visible en el índice 52 del
Sistema de Gestión Judicial Samai, el término venció el 16 de junio de 2023 y dichos
memoriales fueron allegados con posterioridad a la citada fecha.

III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 11 de marzo de 2025,
amparó los derechos colectivos invocados. Específicamente, en su resuelve señaló22:

PRIMERO: DECLARAR la amenaza de vulneración de los derechos colectivos al goce de
un ambiente sano de conformidad con lo establecido en la constitución, la Ley y las
demás disposiciones reglamentarias; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; la seguridad y salubridad públicas;
el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; y, el
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna por parte de
las accionadas, previstos en los literales ),(sic) c), g) h), y j), del artículo 4 de la Ley 472
de 1998, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia del amparo a los citados derechos colectivos, impartir
las siguientes órdenes:

1. A Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P.:

1.1. Realizar, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente
providencia, un estudio técnico especializado, a través del cual se pueda determinar con
probabilidad de verdad la proyección en años de vida útil de la actual celda de
almacenamiento de disposición final de residuos sólidos que se encuentra en
funcionamiento en el relleno sanitario ubicado en el Municipio de Pitalito – Huila, teniendo
en cuenta, el promedio mensual de lixiviados que producen los nueve (9) municipios que
vierten allí sus residuos, esto es, Pitalito, Isnos, Oporapa, Timaná, Acevedo,
Saladoblanco, Elías, Palestina y San Agustín.

1.2. Una vez culminado el plazo establecido en el numeral anterior, y, con base en los
resultados arrojados por el aludido estudio técnico especializado, adelantar, conforme la
normatividad vigente en el ordenamiento jurídico sobre la materia, todas las diligencias,
gestiones y acciones necesarias para la construcción y puesta en funcionamiento de un
nuevo relleno sanitario, o, la ampliación del ya existente, según sea el caso, a saber, la
presentación de los respectivos proyectos ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, y, el Departamento del Huila, a efectos de la asignación de recursos, obtención
de las respectivas licencias ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena –
CAM, y demás trámites requeridos para tal efecto. Lo anterior, en un término máximo de
dos (2) años, contados a partir del vencimiento del término de seis (6) meses otorgados
para la realización del aludido estudio técnico especializado, con el ánimo de mitigar un
nuevo evento de colapso y clausura del relleno sanitario ubicado en el Municipio de
Pitalito - Huila.

1.3. Vencido el término otorgado a los entes territoriales para adoptar, implementar y/o
actualizar, según sea el caso, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS,
abstenerse de recibir residuos sólidos de los municipios que se sirven del relleno sanitario
de Pitalito (H), si no llegan debidamente separados, y aptos para su disposición final.

2. A los Municipios de Pitalito, Isnos, Oporapa, Timaná, Acevedo, Saladoblanco, Elías,
Palestina y San Agustín, adoptar, implementar y/o actualizar, según sea el caso, en el
término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, y,

22 Visible a índice 251 ibidem.

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con base en los parámetros y lineamientos establecidos tanto en el Decreto No. 1077 de
2015, como en la Resolución No. 754 de 2014, su respectivo anexo técnico, y demás
normas que lo adicionen, modifiquen o aclaren, el Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos - PGIRS, el cual deberá contener como mínimo, los siguientes tópicos:

2.1. La identificación del lugar, o potenciales lugares para la disposición final de residuos
sólidos de manera provisional, que sirvan de sitio de contingencia a fin de conjurar un
nuevo posible colapso del relleno sanitario.

2.2. La formulación de diferentes estrategias, planes y programas, tendientes a asegurar
la correcta separación en la fuente de la totalidad de residuos sólidos que serán
transportados al actual relleno sanitario ubicado en el Municipio de Pitalito (H), de manera
que solo se entreguen los no aprovechables y los aprovechables vuelvan al ciclo de vida
productivo en cada uno de sus territorios.

2.3. Implementar campañas educativas y, acciones policivas, a efectos de promover la
disminución en la producción de residuos sólidos, y sancionar a los usuarios del servicio
público de aseo que no acaten adecuadamente el sistema de separación en la fuente.

3. A la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM:

3.1. Prestar asesoría técnica, y ejercer funciones de control y seguimiento, a los
Municipios accionados, en la formulación de planes y programas en materia de protección
ambiental, a saber, la adopción, implementación y actualización del Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.

3.2. Prestar asesoría técnica a Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P., en la
estructuración de los proyectos a presentar ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, y, el Departamento del Huila, correspondientes a las obras requeridas en
relación con la ampliación y/o construcción de un nuevo sitio destinado para la disposición
final de los residuos sólidos.

3.3. Vencido el término otorgado a los entes territoriales para adoptar, implementar y/o
actualizar, según sea el caso, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS,
visitar los lugares que cada uno de los municipios demandados disponga para la
separación de los residuos y su eventual o temporal depósito; a efectos de constatar la
viabilidad, el adecuado manejo ambiental y las recomendaciones que deban ser tenidas
en cuenta para su apropiado funcionamiento.

4. Al Departamento del Huila, financiar, o cofinanciar las obras que eventualmente sean
necesarias para garantizar la prestación efectiva y eficiente del servicio público de aseo,
en la actividad complementaria de disposición final de residuos sólidos, a los Municipios
de Pitalito, Isnos, Oporapa, Timaná, Acevedo, Saladoblanco, Elías, Palestina y San
Agustín, en cumplimiento de los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y
complementariedad establecidos en el artículo 4 de la Ley 136 de 1994.

5. A la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito – EMPITALITO E.S.P.,
apoyar y brindar asesoría técnica al Municipio de Pitalito – Huila, en el cumplimiento de
las órdenes impartidas al ente territorial en la presente providencia.

TERCERO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de este fallo,
que estará integrado por la suscrita Magistrada Ponente, quien lo presidirá, las partes del
proceso, y, el Ministerio Público; bajo la coordinación de la Procuraduría 11 Judicial II
Ambiental y Agrario de Neiva quien deberá rendir un informe sobre el cumplimiento del
fallo, el cual será remitido a las entidades públicas del proceso, y, a esta Corporación.

CUARTO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, propuestas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, e, Interaseo S.A.S.
E.S.P.

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QUINTO: LEVANTAR las medidas cautelares decretadas por este Tribunal, mediante auto
del 22 de junio de 2023, y confirmadas por el Consejo de Estado, el 5 de octubre de 2023.

SEXTO: Abstenerse de condenar en costas en esta instancia.

[…].

Previo a descender al caso en concreto, procedió a analizar el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos; luego, el marco normativo y
jurisprudencial de la prestación oportuna, eficiente y de calidad del servicio público
domiciliario de aseo y la competencia de las entidades acusadas frente a dicho servicio.

Frente a ese último asunto expuso que, de acuerdo con lo regulado en el Decreto nro.
1077 de 2015, en principio los llamados a realizar la ampliación del relleno sanitario que
opera la empresa Biorgánicos son los municipios que disponen allí sus residuos y a su
vez, son accionistas de dicha compañía, que son Pitalito, Isnos, Oporapa, Timaná,
Acevedo, Saladoblanco, Elías, Palestina y San Agustín.

Agregó, que el departamento del Huila también tiene la obligación de asesorar y
financiar las obras requeridas con la finalidad de garantizar el servicio de saneamiento
básico a los habitantes de la zona objeto de litigio.

Respecto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio adujo que, no era el
competente para prestar el servicio público de aseo en el sur del Huila, por lo que
declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Sobre la CAM mencionó que, era la autoridad encargada de conceder los permisos
necesarios para poner en marcha el nuevo relleno sanitario o la ejecución de la
ampliación del mismo. Indicó que su competencia no es limitada, pues de acuerdo con
el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, tiene como obligación prestar asesoría y apoyo a
los entes territoriales, para garantizar un adecuado manejo de los recursos naturales.

Frente a la empresa Biorgánicos señaló que, por ser la encargada de la prestación de
los servicios de recepción, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos
sólidos ordinarios, es la responsable de que dichos servicios se presten de manera
eficiente y oportuna en los municipios de Acevedo, Palestina, San Agustín, Isnos,
Timaná, Elías, Saladoblanco, Oporapa y Pitalito.

En lo que tiene que ver con la sociedad Interaseo S.A.S. informó que el 27 de julio de
2020 suscribió un contrato con Empitalito para la operación especializada del servicio
de aseo en el municipio de Pitalito, por un plazo de 15 años, cuyo objeto era “recolectar,
transportar y descargar en el sitio de tratamiento o disposición final los residuos
generados por usuarios residencial, comercial, industrial, oficial o institucional, de
pequeños y grandes productores, de plazas de mercado, residuos de barrido y limpieza
de vías y áreas públicas, residuos producto de eventos especiales. Se excluyen los
residuos peligrosos y patógenos”23, por lo que no se encontraba legitimada para ser
parte en el proceso de la referencia.

Con relación a Empitalito E.S.P. indicó que era la entidad encargada del tratamiento,
aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos en el municipio de Pitalito,
teniendo en cuenta que las demás actividades fueron trasladadas a Interaseo, tal como
se especificó en el párrafo anterior.

23 Visible a índice 251 ibidem.

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Posteriormente, procedió a descender al caso en concreto enlistado cada una de las
pruebas que se encontraban en el plenario. Señaló que se encontraba acreditada la
vulneración a los derechos colectivos al goce de un espacio público; a la utilización y
defensa de los bienes de uso público; la defensa del patrimonio público; la seguridad y
salubridad pública y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollo
urbano respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando
prevalencia al beneficio de calidad de vida de los habitantes, como consecuencia de la
finalización de la vida útil de las celdas del relleno sanitario administrado por la empresa
Biorgánicos, las cuales se encontraban en operación y funcionamiento para el momento
de presentación de la demanda.

Puso de presente que, desde el 17 de mayo de 2023, fecha de radicación del libelo
introductorio, las entidades accionadas han adelantado actividades encaminadas a
hacer cesar las amenazas a los derechos invocados como vulnerados con la finalidad
de evitar una emergencia ambiental con el colapso de la planta de tratamiento de
Pitalito.

Advirtió que, en la audiencia de pacto de cumplimiento del 17 de julio de 2024, el actor
informó que ya se había acatado la pretensión tercera de la demanda, debido a que la
empresa Biorgánica el 23 de mayo de 2024 inauguró una nueva celda de contingencia
para la disposición de residuos sólidos en el municipio de Pitalito, tal como se puso
presente en el escrito de contestación en el que se indicó que existía un proceso de
selección nro. BIO-COP-LP-01-2023 en la plataforma SECOP II.

Indicó que, si bien podría entenderse que, en la actualidad, el colapso y clausura del
relleno sanitario de Pitalito se encuentra superado, con ocasión a la construcción de la
referida celda de ampliación, lo cierto es que una vez finalice la vida útil de la misma
nuevamente surgirá el daño, motivo por el cual resulta necesario que las autoridades
ejerzan las acciones pertinentes para prever la situación.

Agregó que teniendo en cuenta que el artículo 2 de la Ley 472 de 1998 estableció que
la acción popular ostenta una naturaleza preventiva, en tanto busca evitar la ocurrencia
de daños contingentes, consideró que lo procedente en el caso bajo estudio era
declarar configurada la amenaza a los derechos colectivos invocados y, en
consecuencia, impartir las órdenes correspondientes.

Por último, resolvió no condenar en costas, puesto que no se lograron acreditar, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso
(en adelante CGP).

IV. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

4.1. El departamento del Huila24 solicitó que se revoque la decisión de primera
instancia, debido a que son los municipios y las empresas de servicios públicos
domiciliarios, los responsables de suministrar el servicio de aseo eficiente y oportuno.

Sostuvo que, Biorgánicos es la encargada de operar el relleno sanitario de Pitalito y la
beneficiaria de los permisos ambientales para su ejecución, tal como se advierte en la
Resolución nro. 2144 del 4 de septiembre de 2013. Asimismo, indicó que los
municipios, conforme a la regulación legal, son los responsables del servicio de
transporte, recolección, disposición final y tratamiento de sus propios residuos sólidos

24 Visible a índice 257 ibidem.

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orgánicos e inorgánicos; además, se encargan de cobrar una tarifa a cada uno de sus
usuarios por dichas actividades.

Informó que los principales accionistas de la citada empresa eran los municipios de
Pitalito, Isnos, Oporapa, Timaná, Acevedo, Saladoblanco, Elías, Palestina y San
Agustín, tal como se evidencia en el certificado de participación:

Resaltó que esas autoridades territoriales son las que suministran los residuos que se
aprovechaban en el relleno sanitario y a su vez, las beneficiadas con el recaudo de las
tarifas de aseo que pagan sus habitantes, dineros que ingresan al presupuesto
municipal y que deben ser invertidos en la solución oportuna del tratamiento de sus
basuras.

Manifestó que, con la construcción de la celda requerida para la continuación del
funcionamiento de la zona de disposición final de residuos, obra que fue ejecutada con
los recursos aportados por la Gobernación del Huila, mediante la aprobación del
proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA DE AMPLIACIÓN DEL
RELLENO SANITARIO DE BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P. EN EL
MUNICIPIO DE PITALITO”25, se logró superar la problemática planteada por la
accionante.

Indicó que Empitalito S.A.S está llamada a financiar el proyecto de ampliación del
relleno sanitario, teniendo en cuenta que suscribió el contrato de operación nro. 190 de
2020 con Interaseo S.A.S, para la prestación del servicio de tratamiento y
aprovechamiento de basuras.

Expresó su conformidad con la decisión del Tribunal en cuanto a que es obligación del
Estado, a través de los municipios, garantizar la prestación oportuna y eficiente de los
servicios públicos domiciliarios. Aseguró que no se realizó un estudio de fondo sobre la
financiación del proyecto a futuro, toda vez que no se vinculó a los 9 municipios del sur
del Huila, en el sentido de ordenarles invertir los recursos provenientes del pago de las
tarifas que los habitantes cancelan por el servicio público de aseo, dineros que, a su
juicio, deberían destinarse a la construcción y mantenimiento del relleno sanitario donde
se disponen los residuos.

25 Folio 6 del recurso de apelación del departamento del Huila.

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4.2. Por su parte, la CAM26 manifestó que había cumplido con las funciones de control y
vigilancia para evitar y mitigar la problemática ambiental denunciada con la acción
popular, por lo que no es responsable de la vulneración de los derechos colectivos.

Afirmó que sus acciones se han extendido hasta el punto de requerir y prevenir a la
empresa Biorgánicos y a los municipios para que acojan medidas administrativas y
ambientales que eviten el colapso de la celda de depósito de residuos sólidos.

Señaló que el Decreto nro. 1077 de 2015, estableció que la obligación de elaborar,
diseñar, implementar y actualizar los PGIRS recae en cabeza de los municipios, más no
en la autoridad ambiental, pues ésta exclusivamente se encarga de controlar y hacer
seguimiento a la ejecución de ese plan en lo que tiene que ver con las metas de
aprovechamiento y autorizaciones ambientales. Por lo tanto, la orden impartida en el
numeral 3.1. de la sentencia impugnada se aparta de lo definido por el legislador.

Adujo que la obligación que le impuso el Tribunal respecto de “prestar asesoría técnica
y ejercer funciones de control y seguimiento a los municipios accionados en la
formulación, adopción, implementación y actualización del PGIRS”, no hace parte de las
funciones y competencias legales de la CAM, pues en el marco de los residuos sólidos,
solo puede ejercer control y seguimiento del PGIRS.

Resaltó que, si prestaba la asesoría técnica y ejercía funciones de vigilancia, era actuar
como autoridad y parte al mismo tiempo, ya que estaba ayudando a conformar un
documento que posteriormente iba a revisar. En consecuencia, solicitó revocar las
órdenes impartidas en los numerales 3.1 y 3.3 de la sentencia impugnada y que se
modifiquen en el sentido de definir que sólo tendrá que hacer seguimiento y control de
los PGIRS en lo que tiene que ver con el aprovechamiento y autorizaciones
ambientales requeridas para prestar el servicio de aseo.

Por otro lado, adujo que la decisión del numeral 3.2 del fallo, vulneraba los principios de
independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad de la CAM, ya que no se
encuentra ajustada con la normativa ambiental aplicable, pues si presta asesoría a
Biorgánica, se podría ver impedida para ejercer sus funciones.

Advirtió que era la entidad competente para otorgar o negar las licencias ambientales
para el proyecto de construcción y operación del relleno sanitario ubicado en el
municipio de Pitalito, conforme al artículo 2.2.2.3.2.3 numeral 13 del Decreto 1076 de
2015. Asimismo, especificó que en caso de requerirse la ampliación o construcción de
un nuevo sitio de disposición final, la empresa Biorgánica tendrá que adelantar un
nuevo trámite ambiental que cumpla con los requisitos del citado decreto, el cual
implicaría la evaluación de aspectos técnicos, ambientales y jurídicos, como el
diagnóstico ambiental de alternativas, estudio de impacto ambiental, términos de
referencia, condiciones, restricciones, obligaciones en materia de manejo de impactos y
los permisos o concesiones para el uso de recursos naturales renovables durante la
vida útil del proyecto.

Manifestó que no busca evadir la orden judicial, sino garantizar que sus funciones como
autoridad ambiental no se vean comprometidas, puesto que si brinda asesoría técnica a
la citada compañía para la formulación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y el departamento del Huila, sería como intervenir en etapas propias
del trámite ambiental, como la elaboración de estudios y diseños, el diagnóstico

26 Visible a índice 259 ibidem.

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ambiental de alternativas, el estudio de impacto ambiental, los términos de referencia,
condiciones, restricciones y medidas de manejo de impactos.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

5.1. Mediante auto del 14 de mayo de 2025, el despacho sustanciador ordenó ajustar al
efecto suspensivo los recursos interpuestos por el departamento del Huila y la CAM27.

5.2. En proveído del 2 de julio de 2025 se admitieron los recursos de apelación28 y se
ordenó prescindir del traslado para alegar de conclusión.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo 150
de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 2019, proferido por el
Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los
Tribunales Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y derechos
colectivos.

6.2. Planteamiento

De acuerdo con lo expuesto en los recursos de apelación, la Sala advierte que son 5 los
puntos controvertidos. El primero de ellos es si en el proceso de la referencia existe
hecho superado frente a la problemática que ocupa la atención de la Sala, eso es, la
vulneración de los derechos al goce de un ambiente sano; al equilibrio ecológico y
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible; a la seguridad y salubridad pública; al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y al acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, si se ejecutó el
proyecto “Construcción de la celda de ampliación del relleno sanitario de Biorgánicos
del sur del Huila S.A. ESP en el municipio de Pitalito”29, con el que se construyó una
celda adicional en el relleno sanitario. Frente a este punto, el Tribunal consideró que, si
bien el colapso y clausura de dicho lugar no ocurrió con ocasión a la construcción de la
referida celda de ampliación, una vez finalice la vida útil de la misma nuevamente
surgirá el daño, motivo por el cual resulta necesario que las autoridades ejerzan las
acciones pertinentes para prever la situación.

El segundo aspecto se refiere a que la CAM considera que no es responsable de la
vulneración de los derechos colectivos invocados, toda vez que, en ejercicio de sus
funciones, ha efectuado labores de control y seguimiento a la licencia ambiental
otorgada a Biorgánicos y ha requerido tanto a los 9 municipios como a la citada
empresa para que tomen las medidas necesarias que eviten el colapso del relleno
sanitario de Pitalito.

27 Visible a índice 4 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
28 Visible a índice 11 ibidem.
29 Folio 6 del recurso del Departamento del Huila.

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Demandante: Procuraduría 11 Judicial II Ambiental y Agraria de Neiva
Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros

El tercer punto hace referencia a que, para la CAM, dicha autoridad no es competente
para prestar asesoría técnica ni para ejercer funciones de control y seguimiento a los
municipios accionados en la formulación, implementación y actualización del PGIRS,
pues únicamente está facultada para verificar el cumplimiento de las metas de
aprovechamiento y las autorizaciones ambientales requeridas para la prestación del
servicio de aseo. Adicionalmente, sostiene que su imparcialidad se vería comprometida,
en la medida en que no podría vigilar documentos en lo que haya contribuido. Por su
parte, el Tribunal estima que, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la
autoridad ambiental tiene el deber de prestar asesoría y apoyo a las entidades
territoriales para garantizar un adecuado manejo de los recursos naturales.

En cuarto lugar, la autoridad ambiental cuestiona la obligación de prestar asesoría
técnica a Biorgánicos en la estructuración del proyecto que se presentaría ante el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el departamento del Huila, para la
ampliación y/o construcción del nuevo sitio de disposición final de residuos sólidos,
argumentando que dicha acción iría en contra de los principios de independencia,
autonomía, imparcialidad y objetividad, además de que afectaría su labor de control y
vigilancia sobre los permisos concedidos para esas actividades. No obstante, el
Tribunal estima que, por mandato legal, la CAM debe ofrecer esa asesoría, lo cual no
impide que actúe con objetividad.

El último de los aspectos hace referencia a que, para el departamento del Huila dicha
entidad territorial no es competente para financiar o cofinanciar el proyecto para la
construcción o ampliación del relleno sanitario de Pitalito, al estimar que los
responsables son las empresas prestadora del servicio de aseo Biorgánicos y
Empitalito E.S.P y los 9 municipios que son accionistas y hacen uso del lugar de
disposición, debido a que reciben los pagos de las tarifas que cancelan los usuarios por
el suministro del servicio. Sobre el particular, el a quo considera que de acuerdo con los
principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad la
autoridad departamental cuenta con la facultad de participar en el financiamiento del
área de disposición final de residuos, ya que una de sus finalidades es velar por la
prestación de calidad y continua del servicio domiciliario de aseo.

6.3. De la controversia sobre la configuración de la carencia actual de objeto
por hecho superado

6.3.1. Al respecto, la Sala tendrá que determinar si en el presente asunto se configura
la carencia actual de objeto por hecho superado, en relación con la vulneración de los
derechos colectivos invocados, derivada del colapso del relleno sanitario de Pitalito, si
se alega que se construyó una celda adicional en el relleno sanitario con ocasión de la
ejecución del proyecto “Construcción de la celda de ampliación del relleno sanitario de
Biorgánicos del sur del Huila S.A. ESP en el municipio de Pitalito”, en el cual la
gobernación del Huila aportó recursos.

6.3.2. Para resolver el anterior cuestionamiento, es necesario citar el contenido y
alcance de la citada figura. Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación en sentencia
de unificación sostuvo30:

[...] En esta ocasión, la Sala considera oportuno unificar su jurisprudencia no solamente
en relación con los requisitos de configuración de la vulneración del derecho colectivo a

30 Consejo de Estado, sentencia de unificación del 4 de septiembre de 2018. C.P. Stella Conto Díaz del

Catillo, rad. 05001 33 31 004 2007 00191 01.

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un medio ambiente sano libre de contaminación visual, sino, de igual manera, en el
aspecto recién analizado y es el atinente a la configuración del fenómeno de carencia
actual de objeto por hecho superado.

[…]

Es por lo anterior, que la Sala unifica la jurisprudencia en relación con la configuración de
la carencia actual de objeto por hecho superado, dentro de una acción popular, en los
siguientes dos sentidos:

i) Aun en aquellos casos en que el demandado o, incluso, la autoridad judicial de
conocimiento consideren que se ha superado la situación que dio lugar a la interposición
de la acción, es necesario verificar el cese de la amenaza o la vulneración de los
derechos colectivos comprometidos, sin que baste con la simple alegación de haberse
adelantado alguna actuación enderezada a la superación de la situación; en aquellos
casos en que la amenaza a los derechos colectivos subsista no es procedente declarar el
hecho superado, aun cuando se verifique que se ha adelantado alguna actuación a fin de
cesar la amenaza o vulneración de los mismos.

ii) El hecho de que, durante el curso de la acción popular, el juez compruebe la
desaparición de la situación que originó la afectación de derechos colectivos, no es óbice
para que proceda un análisis de fondo, a fin de establecer el alcance de dichos derechos.
(Subrayas de la Sala)

Asimismo, esta Sección sostuvo en relación con la carencia actual de objeto por hecho
superado lo siguiente31:

[…] Respecto a la configuración del fenómeno de carencia actual de objeto por hecho
superado, esta Sección, en sentencia proferida el 25 de agosto de 2016" expuso el
siguiente criterio:

"6.3. La carencia de objeto por hecho superado en acción popular

En relación con el fenómeno del hecho superado, esta Corporación ha puesto de presente
que:

"(...) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 472 de 1998, las acciones
populares se "ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza,
la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a
su estado anterior cuando fuere posible", de lo cual se deduce, que la orden de proteger
los derechos colectivos supone la existencia de las circunstancias que los amenazan o
vulneran; pues si éstas han desparecido, desaparece también la causa que da lugar a
dicha protección. No es posible hacer cesar la amenaza o vulneración de un derecho
colectivo, si éstas han dejado de existir; tampoco lo es restituir las cosas al estado
anterior, en tanto que, la ausencia de dichas circunstancias supone, precisamente, que
las cosas volvieron a su estado anterior sin necesidad de la orden judicial.

Así como la prosperidad de las pretensiones en una acción popular depende de lo
acreditado por la parte demandante en el proceso, la orden de proteger los derechos
colectivos sólo puede proferirse cuando, al momento de dictar sentencia, subsisten las
circunstancias, que a juicio de los actores, vulneran o amenazan tales derechos, pues de
lo contrario el fundamento fáctico y jurídico de dicha orden judicial habría desparecido. v
su objeto -que es, precisamente, la protección de los derechos colectivos- ya se habría
logrado. generándose, de esta manera, una sustracción de materia.

31 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1 de marzo de 2018. C.P. Oswaldo Giraldo López,

rad. 66001 23 31 000 2010 00356 02.

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Siendo ello así, si en el curso del proceso desaparecen las circunstancias que amenazan
o vulneran el derecho colectivo, no es posible ordenar su protección en la sentencia, pues
tal decisión sería inocua y alejada de la realidad. (Subrayas de la Sala)

De conformidad con la jurisprudencia referida, la carencia actual de objeto por hecho
superado procede siempre que, entre la interposición de la demanda y la sentencia que
defina el litigio, se verifique que han desaparecido las circunstancias que amenazaron o
vulneraron los derechos colectivos invocados, tarea que corresponde al juez popular.
Adicionalmente, de comprobarse que la amenaza o vulneración fue superada, el
fallador lo declarará en la sentencia sin que deba imponer órdenes a las autoridades
demandadas, toda vez que el daño o la amenaza han desaparecido.

6.3.3. Descendiendo al caso en concreto, resulta pertinente referirse a los elementos
probatorios que reposan en el expediente y que se relacionan con la construcción de la
celda adicional para el relleno sanitario:

a) La Resolución nro. 041 de 2023, por medio de la cual el departamento del Huila
viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto denominado “Construcción de la celda de
ampliación del relleno sanitario de Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P. en el
Municipio de Pitalito Huila” 32.

b) La publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (en adelante
SECOP II) del proceso de selección BIO-COP-LP-01, cuyo objeto es la “Construcción
de la celda de ampliación y adecuación de la infraestructura, en el marco de la
optimización de los procesos de tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los
residuos sólidos ordinarios en el relleno sanitario de Biorgánicos del Sur del Huila S.A.
E.S.P.”33

En ese orden, de la revisión de la documentación aportada se desprende que, si bien
existe un esfuerzo por parte del departamento del Huila para resolver el colapso del
relleno sanitario de Pitalito con la construcción de una nueva celda de disposición, lo
cierto es que no se allegó ningún estudio técnico, certificado u otro archivo idóneo que
permita concluir que con la ejecución del proceso BIO-COP-LP-01, la situación que dio
origen a esta acción constitucional ha sido plenamente superada.

En otras palabras, aun cuando las partes, en los escritos de alegatos de conclusión de
primera instancia, manifestaron que la obra había sido entregada el 15 de mayo de
2024 y que cuenta con una vida útil de 7 años, ello no demuestra que el problema del
colapso y posible cierre del relleno sanitario administrado por Biorgánicos haya sido
mitigado. En efecto, aunque se alega que la nueva celda tiene una vida útil de varios
años, no se aportan ni se indican cuáles fueron los estudios y variables que se
analizaron para llegar a dicha conclusión y si en ellos se tuvo en cuenta las condiciones
del proceso de almacenamiento de los residuos sólidos que puedan afectar su vida útil.
En ese sentido, se reitera no obran los elementos de juicios suficientes que permitan
afirmar con total certeza que la celda que está en actual funcionamiento resuelva de
manera definitiva la problemática ambiental.

Por ende, es claro que no existe hecho superado.

6.4. De la controversia sobre la responsabilidad en la vulneración de los
derechos colectivos.

32 Visible a índice 47 ibidem.
33 Ibidem.

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6.4.1. La Sala tendrá que verificar si es responsable la Corporación Autónoma Regional
de la vulneración de los derechos colectivos, que fue ocasionada con el colapso del
relleno sanitario, si alega que ha efectuado acciones de seguimiento y control.

Con el fin de resolver este interrogante, es necesario referirse a las siguientes pruebas
relevantes, respecto del actuar de la CAM:

a) La Resolución nro. 1529 del 21 de junio de 2022, «Por la cual se modifica una
licencia ambiental y se imponen unas obligaciones».

b) El informe del 27 de enero de 2023, por medio del cual el Director Territorial Sur de la
CAM le indicó a los municipios accionados y a la empresa Biorgánicos sobre la
situación que se estaba presentando en el relleno sanitario de Pitalito. En este escrito
se solicitó que se activaran las medidas de aprovechamiento y contingencia
establecidas en el PGIRS de cada territorio y que la prestadora del servicio de aseo
llevara a cabo las obras requeridas para la construcción de la nueva celda de
disposición final; veamos:

[…] De conformidad con la visita de seguimiento y verificación de cumplimiento a las
obligaciones contenidas en la LICENCIA AMBIENTAL RELLENO SANITARIO
BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P., efectuada el 14 de diciembre de 2022
en la Vereda Llano Grande, km 8 vía Pitalito – San Agustín, esta autoridad ambiental
evidenció la existencia de una situación crítica en las condiciones actuales de operación
del relleno sanitario, teniendo en cuenta que la celda de ampliación o contingencia
viabilizada mediante Resolución No. 1529 del 21 de junio de 2022, cuyo volumen de
disposición autorizado fue de 20.453.23 m3 está alcanzando sus niveles máximos de
almacenamiento. Así mismo, es importante tener en cuenta que el periodo de vida útil de
esta celda finaliza en el mes de agosto de la presente anualidad.

(…)

Por tal circunstancia se reitera la solicitud urgente de activación del Plan de Gestión
Integral de residuos sólidos PGIRS de cada municipio, el cual tiene inmerso el plan de
contingencia y la aplicación de medidas apremiantes desde la gestión integral de residuos
sólidos, orientadas a la reducción de la disposición en la celda, para lo cual se requiere el
fortalecimiento del programa de aprovechamiento de residuos con estrategias de
separación en la fuente conforme lo establece la Resolución 2184 de 201934.

c) Oficio nro. 20223400146021 del 14 de julio de 2022, mediante el cual la CAM dio
respuesta a la petición presentada por la demandante, en el que se señaló que había
expedido los permisos correspondientes para la ampliación de las celdas de disposición
final y, a su vez, realizó seguimiento a los PGIRS de los municipios, sin encontrar
hallazgos que ameritaran la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental. A
continuación, se transcribe un aparte de esta comunicación:

Que mediante Resolución No. 1529 de fecha 21 de junio de 2022 este Despacho resolvió
modificar la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 604 del 28 de mayo de
2008, complementada por Resolución 3786 del 07 de diciembre de 2010, cedida mediante
Resolución No. 2144 de 2013, prorrogada mediante Resolución 1211 del 04 de mayo de
2016, modificada mediante Resolución 1086 del 02 de mayo de 2019, modificada por la
Resolución No. 1773 del 02 de julio de 2019 y esta a su vez modificada por la Resolución
No. 2974 del 29 de diciembre de 2020, de conformidad a la solicitud presentada por la
persona jurídica BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P. identificada con NIT

34 Visible a índice 3 ibidem.

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813.001.950-6, a través de su representante legal, JOSÉ RICARDO VILLARREAL
ARTUNDUAGA identificado con cédula de ciudadanía No. 12.240.063 expedida en
Pitalito, para el proyecto AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO BIORGÁNICOS DEL
SUR DEL HUILA, ubicado sobre las coordenadas proyectadas sistema Magna Sirgas
origen Bogotá EPSG3116 E 772249 N 698890 (WGS84 76.1241°W 1.8719°N) en la
vereda Llano Grande, jurisdicción del municipio de Pitalito.

[…]

Que debe agregarse que los nueve municipios del Sur del Huila, socios de
BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA S.A, - E.S.P.-, cuentan actualmente con Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS-, vigentes a la fecha, según lo informado
por el Ingeniero WILLIAM IGNACIO MONTEALEGRE, funcionario adscrito a esta
Dirección Territorial quien realizó seguimiento a este Plan en cada municipio y dentro de
los cuales no encontró hallazgos que presten mérito para iniciar procedimiento
sancionatorio ambiental o adelantar alguna otra acción administrativa por parte de esta
autoridad ambiental.

Que no obstante lo anterior, esta Dirección Territorial se encuentra muy atenta a la
situación que atraviesa el relleno sanitario ubicado en Pitalito, operado por la empresa
BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P., así como al seguimiento y verificación
permanente del cumplimiento de los PGIRS de cada uno de los nueve municipios socios
de esta empresa para en caso de ser necesario impulsar oportunamente las acciones
administrativas a que eventualmente haya lugar.35

6.4.2. De acuerdo con lo anterior, es claro que la CAM efectuó acciones de control y
seguimiento tanto a los 9 municipios que disponen sus residuos en el relleno sanitario
de Pitalito como a la empresa Biorgánicos que lo opera con la finalidad de evitar un
daño ambiental con el posible cierre o colapso del citado relleno sanitario, ya que desde
el 27 de enero de 2023, les informó el estado crítico en el que se encontraba dicho
lugar y la necesidad de que se pusieran en práctica las medidas de prevención
establecidas en el PGIRS, para mitigar el daño.

Así las cosas, la autoridad ambiental cumplió con su función de protección de los
recursos naturales, en particular en lo concerniente al manejo de los residuos sólidos y
a la prevención de daños ambientales derivados de su disposición en el suelo. En ese
contexto, en principio podría entenderse que le asiste razón al recurrente al sostener
que no es responsable de la vulneración de los derechos colectivos invocados. No
obstante, es preciso aclarar que el a quo no señaló en su providencia que la CAM fuera
la entidad infractora de los mismos, sino que indicó que, de conformidad con las
competencias asignadas por el legislador, dicha autoridad tenía el deber de brindar
acompañamiento a los municipios y a la empresa prestadora del servicio público de
aseo en el proceso de ampliación del relleno sanitario.

En ese sentido, si bien no resulta atribuible a la citada entidad la infracción de los
derechos colectivos sí es necesaria su participación en el trámite relacionado con la
construcción y puesta en funcionamiento de un nuevo relleno sanitario o la ampliación
del existente, en tanto que sus funciones como autoridad ambiental son indispensables
para la adecuada planeación y ejecución de la obra.

6.5. Sobre la competencia de la CAM para cumplir las órdenes impuestas en el
fallo de primera instancia

6.5.1. Del Plan para la gestión integral de residuos sólidos - PGIRS

35 Ibidem.

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6.5.1.1. Le corresponde a la Sala analizar si es competente una Corporación
Autónoma Regional para prestar asesoría técnica y ejercer funciones de control y
seguimiento a los municipios en lo relacionado con la adopción, implementación y
actualización de los PGIRS.

Con el fin de desatar el anterior cuestionamiento, lo procedente es traer a colación los
artículos 88 y 91 del Decreto nro. 2981 de 201336, compilado en el Decreto nro. 1077 de
2015, los cuales regulan el PGIRS en los siguientes términos:

Artículo 88. Plan para la gestión integral de residuos sólidos, PGIRS. Los municipios
y distritos deberán elaborar, implementar y mantener actualizado un plan municipal o
distrital para la gestión integral de residuos o desechos sólidos en el ámbito local y/o
regional según el caso, en el marco de la gestión integral de los residuos, el presente
decreto y la metodología para la elaboración de los PGIRS.

El PGIRS deberá incorporar y fortalecer de manera permanente y progresiva las acciones
afirmativas a favor de la población recicladora.

Así mismo, el PGIRS tendrá en cuenta entre otros, los siguientes lineamientos
estratégicos:

1. Reducción en el origen: Implica acciones orientadas a promover cambios en el
consumo de bienes y servicios para reducir la cantidad de residuos generados por parte
de los usuarios. Incluye el desarrollo de acciones que fomenten el ecodiseño de productos
y empaques que faciliten su reutilización o aprovechamiento, la optimización de los
procesos productivos, el desarrollo de programas y proyectos de sensibilización,
educación y capacitación.

2. Aprovechamiento: Implica el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de residuos
para su incorporación en el ciclo productivo con viabilidad social, económica y financiera
que garanticen su sostenibilidad en el tiempo y evaluables a través del establecimiento de
metas por parte del municipio o distrito.

3. Disposición final de los residuos generados que no puedan ser aprovechados.

La implementación de los programas y proyectos establecidos en el PGIRS deberá
incorporarse en los planes de desarrollo del nivel municipal y/o distrital y con la asignación
de los recursos correspondientes.

La formulación e implementación del Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos,
PGIRS, estará en consonancia con lo dispuesto en los planes de ordenamiento territorial y
lo establecido en este decreto. La revisión y actualización es obligatoria y deberá
realizarse dentro de los doce (12) meses siguientes al inicio del período constitucional del
alcalde distrital o municipal.

Parágrafo 1°. En los estudios de factibilidad para la elaboración del Plan de Gestión
Integral de los Residuos Sólidos, las autoridades distritales y municipales deberán
garantizar la participación de los recicladores de oficio en la formulación, implementación
y actualización.

Parágrafo 2°. El ente territorial no podrá delegar en la persona prestadora del servicio
público de aseo la elaboración, implementación y actualización de los PGIRS.

Parágrafo 3°. Los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ambiente y Desarrollo
Sostenible deberán adoptar la metodología para la elaboración de los PGIRS. Mientras se

36
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.

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expide la nueva metodología, se seguirá aplicando la Resolución 1045 de 2003, en lo que
no sea contrario a lo dispuesto en el presente decreto.

Artículo 91. Programa de aprovechamiento. En el marco de la Gestión Integral de
Residuos Sólidos, el municipio o distrito deberá diseñar implementar y mantener
actualizado un programa de aprovechamiento de residuos sólidos como parte del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

Parágrafo. A las autoridades ambientales competentes, les corresponde realizar el
control y seguimiento de la ejecución del PGIRS, exclusivamente en lo relacionado con
las metas de aprovechamiento y las autorizaciones ambientales que requiera el prestador
del servicio de aseo, de conformidad con la normatividad ambiental vigente. (Subrayas de
la Sala)

Igualmente, se destaca que el artículo 31 de Ley 99 de 199337 reguló las competencias
previstas para la Corporación Autónoma Regional, dentro de las cuales están las
siguientes:

[…] 4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades
integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en
especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión
territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y
proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y
acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales.

5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su
jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el
factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

[…]

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

[…]

20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya
realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

[…]

24) Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las entidades
de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte del
Sistema Nacional Ambiental, SINA, y prestar asistencia técnica a entidades públicas y

37 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

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privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de los recursos naturales
renovables y la preservación del medio ambiente, en la forma que lo establezcan los
reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el Ministerio del Medio
Ambiente.

De la anterior normativa, es claro que son los municipios o distritos los encargados de
elaborar y actualizar los PGIRS, mientras que a las autoridades ambientales les
corresponde efectuar el control y seguimiento de la ejecución del citado plan en lo
relacionado con las metas de aprovechamiento y las autorizaciones ambientales
correspondientes a la prestación del servicio de aseo.

Así las cosas, la CAM no es la competente para realizar la formulación, aprobación o
adopción del PGIRS, pues dichas labores son propias de los municipios
correspondientes. Sin embargo, ello no le impide que pueda brindar asesoría técnica a
la entidad territorial en lo relacionado con el manejo de los recursos naturales
renovables y la preservación del medio ambiente al momento en el que se adopte,
implemente o actualice el citado plan. Por lo tanto, sí puede dar cumplimiento a la orden
impartida por el Tribunal Administrativo del Huila en el numeral 3.1. de la sentencia
apelada sin que se afecte su imparcialidad.

Ahora, en lo que tiene que ver con la decisión establecida en el numeral 3.3. del fallo
impugnado, la labor de visitar los lugares que cada uno de los municipios demandados
disponga para la separación de los residuos y su eventual o temporal depósito; a
efectos de constatar la viabilidad, el adecuado manejo ambiental y las
recomendaciones que deban ser tenidas en cuenta para su apropiado funcionamiento.
Se advierte que la autoridad ambiental, también está facultada para efectuar dicha
labor, teniendo en cuenta que entre sus obligaciones está ejercer control y seguimiento
ambiental a los recursos naturales, por lo que su participación en la verificación del
manejo de los desechos por parte de los municipios demandados es de vital
importancia, para efectuar de manera oportuna dicha labor. Por lo tanto, el cargo no
está llamado a prosperar.

6.5.2. Del proyecto de ampliación y/o construcción de un nuevo sitio de
destinación para la disposición final

Por otro lado, la Sala tendrá que establecer si carece de competencia una Corporación
Autónoma Regional para prestar asesoría técnica a una empresa prestadora del
servicio de aseo en la estructuración de un proyecto para la construcción de un nuevo
sitio de disposición final de recursos sólidos, si se puede ver comprometida la
imparcialidad de dicha autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Pues bien, para dar respuesta a este interrogante, es necesario hacer referencia
nuevamente a las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, contenidas
en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, listado entre el cual se encuentran las siguientes:

Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las
siguientes funciones:

[…]

4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades
integradas del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en
especial, asesorar a los Departamentos, distritos y Municipios de su comprensión
territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y
proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales
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renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y
acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales.

5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su
jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el
factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten;

6) Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas
y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor
manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de
funciones administrativas;

[…]

9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por
la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva;

[…]

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para
otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;

(...)

20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya
realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

(…)

24) Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las entidades
de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte del
Sistema Nacional Ambiental, SINA, y prestar asistencia técnica a entidades públicas y
privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de los recursos naturales
renovables y la preservación del medio ambiente, en la forma que lo establezcan los
reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el Ministerio del Medio
Ambiente. (Subrayas fuera del texto original)

A la luz de lo trascrito, se evidencia que, en efecto, tal como lo señala la CAM, en su
calidad de autoridad ambiental es la entidad encargada de conceder el permiso para el
funcionamiento del relleno sanitario cuya construcción fue ordenada por el Tribunal
Administrativo del Huila38. Sin embargo, también es cierto que, de conformidad con lo

38 Decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas
Regionales. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o
negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el

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dispuesto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, sus funciones no se limitan a autorizar
dichos permisos, ni a efectuar su inspección, vigilancia y control, sino que, además, se
encuentra obligada a prestar asesoría técnica y apoyo a los entes territoriales, a efectos
de garantizar un adecuado manejo de los recursos naturales.

En ese sentido, en sentencia del 11 de julio de 2019, se sostuvo lo siguiente:

[…] En conclusión, a juicio de la Sala, las competencias de las corporaciones autónomas
regionales no se limitan a la vigilancia en materia ambiental, toda vez que la ley estableció
que, como autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, deben garantizar la
protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, por medio, entre
otras cosas, de la ejecución, administración y operación, en coordinación con la entidades
territoriales, de proyectos y obras de infraestructura necesarias para la defensa y
protección o descontaminación o recuperación del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables; de la asesoría en la elaboración de proyectos en materia de
protección ambiental; de la realización estudios, diseños e inversión en sistemas de
tratamiento de aguas residuales; de la ejecución de programas de educación no formal en
material ambiental; de la asesoría a las entidades territoriales en la formulación de planes
de educación ambiental formal; del otorgamiento de permisos ambientales; y de la
imposición de sanciones por infracciones ambientales39. […] (Subrayas fuera del texto
original)

De lo expuesto, se evidencia que la orden dispuesta en el numeral 3.2. de la sentencia
recurrida, se ajusta a las competencias radicadas en la CAM por el artículo 31 de la Ley
99 de 1993, dado que están dirigidas a garantizar el acompañamiento de esa entidad
en proyectos que tienen especial relevancia para el medio ambiente, siendo este, la
construcción o ampliación del relleno sanitario de Pitalito.

Igualmente, la Sala advierte que el ejercicio de tales potestades no puede acarrear
alguna clase de impedimento sobre la CAM, como autoridad encargada de conceder los
permisos para el funcionamiento de la ampliación de la zona de disposición final y de la
inspección, vigilancia y control de aquel, como del relleno sanitario de Pitalito, pues,
contrario a lo que sostiene esa entidad en el recurso de alzada, ha quedado claro que el
ejercicio de dichas funciones corresponde a una expresa autorización legal, lo que, por
sí mismo, impide que su objetividad se vea comprometida.

Bajo las anteriores premisas, el cargo no prospera.

6.6. Sobre la competencia del departamento del Huila

6.6.1. Al respecto, se determinará si es competente el departamento del Huila para
financiar o cofinanciar la construcción o ampliación del relleno sanitario de Pitalito, si
aquel alega que los municipios y las empresas prestadoras del servicio son los
encargados de suministrar los recursos para la ejecución del proyecto, por ser los
beneficiarios de las tarifas que cancelan los usuarios del servicio de aseo.

Con miras a dirimir tal interrogante, debe indicarse que, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 365 de la Constitución Política, la prestación de los servicios públicos es un
asunto inherente a la finalidad social del Estado, a quien le corresponde en todo caso,
su regulación, control y vigilancia, además de asegurar que su ejecución sea eficiente a

área de su jurisdicción. […] 13. La construcción y operación de rellenos sanitarios; no obstante la
operación únicamente podrá ser adelantada por las personas señaladas en el artículo 15 de la Ley 142
de 1994. […]”
39 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 11 de julio de 2019, rad. 66001-2331-000-2011-

00360-02, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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todos los habitantes del territorio nacional, aun cuando se permita su prestación a los
particulares. La norma en cuestión es del siguiente tenor:

Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es
deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de
dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley
aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del
Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos,
deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden
privadas del ejercicio de una actividad lícita. (Subrayas de la Sala).

A su vez, el artículo 311 ibidem, respecto de la competencia de los municipios para la
prestación de los servicios públicos señala lo siguiente:

[…] como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás
funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

Por su parte, el artículo 366 ibidem, determinó:

Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población
son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución
de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de
agua potable. (Subrayas de la Sala).

Además, el artículo 288 Superior, dispuso que “Las competencias atribuidas a los
distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.”

En la misma vía, el artículo 298 ibidem expuso que, “los departamentos ejercen
funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción
municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los
servicios que determinen la Constitución y las leyes.”

A su vez, el artículo 3 de la Ley 1551 de 201240, definió los principios de coordinación,
concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, en los siguientes términos:

Artículo 3o. El artículo 4o de la Ley 136 de 1994 quedará así:

Artículo 4o. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los municipios
ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, conforme a los
principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de distribución
de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política, y en
especial con sujeción a los siguientes principios:

40 «Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios»

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a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus competencias y
sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la de otras entidades estatales
de diferentes niveles.
b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles tienen
competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de
conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.

Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden
nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí para alcanzar
el fin estatal.

Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del servicio
deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas previstas en la ley
orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y hacer más eficiente y
económica la actividad administrativa. Los municipios de categoría especial y primera
podrán asumir la competencia si demuestran la capacidad institucional que para el efecto
defina la entidad correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las
competencias regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales.

c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración
territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de menor desarrollo
económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando se demuestre su
imposibilidad de ejercerlas debidamente.

d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los servicios a
su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer uso de
mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios. (Subrayas de la Sala)

En ese sentido, es preciso indicar que conforme con el artículo 7º de la Ley 142 de
1994, a los departamentos, en observancia de los principios de coordinación y
complementariedad con los municipios, les corresponde auxiliarlos cuando por razones
técnicas y económicas sea necesario en la prestación de los servicios públicos41.

Por su parte, el numeral 19 del artículo 3º de la Ley 136 de 199442, determinó que es
función de los municipios solucionar las necesidades insatisfechas de la población, en
temas tales como agua potable y saneamiento básico. Dicha función debe ser ejercida
en concurrencia, complementariedad y coordinación con los demás entes territoriales y
la Nación43.

Entre tanto, el artículo 74 de la Ley 715 de 2001, determinó que las autoridades
departamentales en cumplimiento de los anotados principios deben:

41 Artículo 7o. Competencia de los departamentos para la prestación de los servicios públicos. Son

de competencia de los departamentos en relación con los servicios públicos, las siguientes funciones de
apoyo y coordinación, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a
ella expidan las asambleas: 7.1. Asegurar que se presten en su territorio las actividades de transmisión
de energía eléctrica, por parte de empresas oficiales, mixtas o privadas. 7.2. Apoyar financiera, técnica y
administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen en el Departamento o a los
municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con
participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en
materia de servicios públicos. 7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de
servicios públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, <sic> la organización
de asociaciones de municipios para la prestación de servicios públicos, o la celebración de convenios
interadministrativos para el mismo efecto. 7.4. Las demás que les asigne la ley.»
42 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los

municipios
43 Artículo 3o. Funciones de los municipios. “Corresponde al municipio: […] 19. Garantizar la

prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de
acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.”

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Artículo 74. Competencias de los departamentos en otros sectores. Los
Departamentos son promotores del desarrollo económico y social dentro de su territorio y
ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción
municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los
servicios.

Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los Departamentos el
ejercicio de las siguientes competencias:

74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios públicos
en el departamento y coordinar su ejecución con los municipios.

74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o
municipales de interés departamental. […]

Bajo el anterior contexto normativo, es claro que la prestación directa de los servicios
públicos se encuentra a cargo de los municipios, quienes pueden efectuar dicha
actividad de forma directa o a través de las personas que designen para esos efectos.
Mientras que, a los departamentos les corresponde potestades de carácter
complementario, es decir deben auxiliar a los municipios en esa materia, cuando así lo
requieran.

En efecto, así se pronunció esta Sección en providencia del 9 de julio de 2020, al
señalar:

Se reitera que estos principios deben guiar armoniosamente el desarrollo de las
competencias de las entidades territoriales. Esto es, en el caso concreto, el adecuado
relacionamiento entre el municipio de Morelia y el Departamento de Caquetá.

Nótese que a ese municipio “le corresponde prestar los servicios públicos que determine
la ley y construir las obras que demande el progreso local”, “cuando las características
técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen,
conforme a lo dispuesto en los artículos 311 y 367 superiores.

Esos preceptos constitucionales fueron desarrollados por el artículo 3°[44] (ordinales 10 y
19) de la Ley 136 de 1994[45]; el artículo 5°[46] de la Ley 142; y el artículo 8[47] de la Ley 388

[44] “[…] 10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y ambientales, de conformidad con
la constitución y la ley; […].
19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y de saneamiento básico a los habitantes de la
jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios […]”.
[45] “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
Municipios”.
[46] “Es competencia de los Municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los
términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, por empresas de servicios públicos de carácter oficial,
privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo Municipio en los casos
previstos en el artículo siguiente. […]”.
[47] “Artículo 8º.- Acción urbanística. La función pública del ordenamiento del territorio local se ejerce
mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las decisiones
administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento
del territorio y la intervención en los usos del suelo. Son acciones urbanísticas, entre otras: […].
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos
domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los
equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios,
aeropuertos y lugares análogos. […].

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de 1997[48], en el sentido de precisar que la prestación de los servicios públicos
relacionados con el saneamiento ambiental constituye una función principalísima a su
cargo.

Sin embargo, el artículo 298 superior también dispuso que “[l]os departamentos tienen
autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y
promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio”. Además, “ejercen
funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal,
de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que
determinen la Constitución y las leyes”. Y, adicionalmente, les asisten funciones de apoyo
y coordinación en materia de servicios públicos (artículo 367 Constitucional).

Por ello, los artículos 7° de la Ley 142 y 74[49] de la Ley 715 de 2001 contemplan, entre
sus responsabilidades, los deberes de apoyo financiero, técnico y administrativo, desde
un eje de planificación multisectorial que permita la materialización del principio de
coordinación. […]50 (Subrayas de la Sala).

6.6.2. Teniendo en cuenta el anterior recuento normativo, se advierte que, en principio,
asiste razón a la entidad recurrente cuando afirma que los municipios de Pitalito, Isnos,
Oporapa, Timaná, Acevedo, Saladoblanco, Elías, Palestina y San Agustín son los
responsables de suministrar los recursos necesarios para la construcción o ampliación
del relleno sanitario de Pitalito. Sin embargo, a la entidad territorial departamental
también le corresponde asesorar y financiar las obras que sean necesarias para
garantizar la prestación del servicio público de aseo en la zona objeto de controversia.

9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos
domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o por entidades mixtas o
privadas, de conformidad con las leyes. […]”.
[48] Modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 48 de 6 de julio de 2012 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de
1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”, el cual actualizó y adicionó las funciones de los
Municipios.
[49] “Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son
promotores del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas,
de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los
Municipios y de prestación de los servicios.
Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los Departamentos el ejercicio de las
siguientes competencias:
74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios públicos en el
departamento y coordinar su ejecución con los municipios.
74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés
departamental.
74.3. Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan.
74.4. Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con
la Nación.
74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las
instituciones de prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley,
cuando a ello haya lugar.
74.6. Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la prestación de los
servicios a cargo de estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación,
autoridades locales y a la comunidad. […].
74.9 Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del medio ambiente y los
recursos naturales renovables.
74.10. Coordinar y dirigir con la colaboración de las Corporaciones Autónomas Regionales, las
actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del
departamento. […]”. [Subraya la Sala].
50 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 9 de julio de 2020. Rad.18001 23 33 000 2018

00035 02. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Asimismo, consultar sentencia del 6 de febrero de 2025.
Rad. 15001-23-33-000- 2021-00424-02, Germán Osorio Cifuentes.

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En este punto, es importante traer a colación que el departamento del Huila mediante la
Resolución nro. 041 del 28 de febrero de 2023, ordenó priorizar y aprobar la
designación de recursos para la “Construcción de la celda de ampliación del relleno
sanitario de Biorgánicos del Sur del Huila S.A. en el municipio de Pitalito”51, lo que
corrobora que dicha entidad si es competente para gestionar proyectos que mejoren la
prestación de los servicios públicos para la comunidad afectada.

Así las cosas, al revisar la orden impuesta por el Tribunal en la sentencia recurrida, se
observa que la misma no desborda las competencias del departamento, ya que se le
impuso la carga de financiar o cofinanciar las obras que eventualmente fuesen
necesarias para suministrar el servicio público de aseo de forma continua y de calidad a
los municipios de Pitalito, Isnos, Oporapa, Timaná, Acevedo, Saladoblanco, Elías,
Palestina y San Agustín, en cumplimiento de los principios de coordinación,
concurrencia, subsidiariedad y complementariedad.

Sin embargo, de acuerdo con las competencias analizadas previamente, se advierte
que se requiere modificar la sentencia apelada en el sentido de ordenarle a los
municipios de Pitalito, Isnos, Oporapa, Timaná, Acevedo, Saladoblanco, Elías,
Palestina y San Agustín que brinden apoyo a la empresa Biorganicos S.A. ESP en el
cumplimiento de la orden prevista en el numeral 1.2. del fallo del 11 de marzo de 2025,
emitido por el Tribunal Administrativo del Huila.

6.6.3. Ahora, respecto del argumento relacionado con la responsabilidad que le asiste a
la empresa Empitalito S.A. ESP para responder en el financiamiento del proyecto de
ampliación del relleno sanitario, se advierte que no le asiste razón al departamento del
Huila, ya que de acuerdo con el contrato de operación nro. 190 de 202052, suscrito entre
la citada compañía e Interaseo S.A. ESP, esta última es la encargada del tratamiento,
aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos del municipio de Pitalito; por
lo que a Empitalito S.A ESP no le corresponde la construcción y/o ampliación del
relleno sanitario.

Bajo las anteriores premisas, el cargo no prospera.

6.7. Finalmente, la Sala confirmará las demás órdenes de amparo, y según lo previsto
en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 y
atendiendo al criterio sostenido por la Sala Especial de Decisión núm. 27 en la
providencia de 6 de agosto de 201953, no se condenará en costas en esta instancia
porque no se acreditó su causación.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia del 11 de marzo de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia, el cual quedará así:

51 Visible a índice 47 del Sistema de Gestión Judicial Samai del exp. nro. 41001 23 33 000 2023 00103

00.
52 Visible a índice 48 del Sistema de Gestión Judicial Samai del exp. nro. 41001 23 33 000 2023 00103

00.
53Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia

de Unificación de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.

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SEGUNDO: Como consecuencia del amparo a los citados derechos colectivos, impartir
las siguientes órdenes:

1. A Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P.:

1.1. Realizar, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente
providencia, un estudio técnico especializado, a través del cual se pueda determinar con
probabilidad de verdad la proyección en años de vida útil de la actual celda de
almacenamiento de disposición final de residuos sólidos que se encuentra en
funcionamiento en el relleno sanitario ubicado en el Municipio de Pitalito – Huila,
teniendo en cuenta, el promedio mensual de lixiviados que producen los nueve (9)
municipios que vierten allí sus residuos, esto es, Pitalito, Isnos, Oporapa, Timaná,
Acevedo, Saladoblanco, Elías, Palestina y San Agustín.

1.2. Una vez culminado el plazo establecido en el numeral anterior, y, con base en los
resultados arrojados por el aludido estudio técnico especializado, adelantar, conforme la
normatividad vigente en el ordenamiento jurídico sobre la materia, todas las diligencias,
gestiones y acciones necesarias para la construcción y puesta en funcionamiento de un
nuevo relleno sanitario, o, la ampliación del ya existente, según sea el caso, a saber, la
presentación de los respectivos proyectos ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, y, el Departamento del Huila, a efectos de la asignación de recursos,
obtención de las respectivas licencias ante la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena – CAM, y demás trámites requeridos para tal efecto. Lo anterior, en un
término máximo de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del término de seis
(6) meses otorgados para la realización del aludido estudio técnico especializado, con el
ánimo de mitigar un nuevo evento de colapso y clausura del relleno sanitario ubicado en
el Municipio de Pitalito - Huila.

1.3. Vencido el término otorgado a los entes territoriales para adoptar, implementar y/o
actualizar, según sea el caso, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS,
abstenerse de recibir residuos sólidos de los municipios que se sirven del relleno
sanitario de Pitalito (H), si no llegan debidamente separados, y aptos para su disposición
final.

2. A los Municipios de Pitalito, Isnos, Oporapa, Timaná, Acevedo, Saladoblanco, Elías,
Palestina y San Agustín, se les ordena brindar apoyo a la empresa Biorgánicos del Sur
del Huila S.A. ESP en el cumplimiento de lo dispuestos en el numeral 1.2. de la
sentencia.

Asimismo, tendrá que adoptar, implementar y/o actualizar, según sea el caso, en el
término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia,
y, con base en los parámetros y lineamientos establecidos tanto en el Decreto No. 1077
de 2015, como en la Resolución No. 754 de 2014, su respectivo anexo técnico, y demás
normas que lo adicionen, modifiquen o aclaren, el Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos - PGIRS, el cual deberá contener como mínimo, los siguientes tópicos:

2.1. La identificación del lugar, o potenciales lugares para la disposición final de residuos
sólidos de manera provisional, que sirvan de sitio de contingencia a fin de conjurar un
nuevo posible colapso del relleno sanitario.

2.2. La formulación de diferentes estrategias, planes y programas, tendientes a asegurar
la correcta separación en la fuente de la totalidad de residuos sólidos que serán
transportados al actual relleno sanitario ubicado en el Municipio de Pitalito (H), de
manera que solo se entreguen los no aprovechables y los aprovechables vuelvan al ciclo
de vida productivo en cada uno de sus territorios.

3. A la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM:

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Radicado: 41001-23-33-000-2023-00103-02
Demandante: Procuraduría 11 Judicial II Ambiental y Agraria de Neiva
Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros

3.1. Prestar asesoría técnica, y ejercer funciones de control y seguimiento, a los
Municipios accionados, en la formulación de planes y programas en materia de
protección ambiental, a saber, la adopción, implementación y actualización del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.

3.2. Prestar asesoría técnica a Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P., en la
estructuración de los proyectos a presentar ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, y, el Departamento del Huila, correspondientes a las obras requeridas en
relación con la ampliación y/o construcción de un nuevo sitio destinado para la
disposición final de los residuos sólidos.

3.3. Vencido el término otorgado a los entes territoriales para adoptar, implementar y/o
actualizar, según sea el caso, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS,
visitar los lugares que cada uno de los municipios demandados disponga para la
separación de los residuos y su eventual o temporal depósito; a efectos de constatar la
viabilidad, el adecuado manejo ambiental y las recomendaciones que deban ser tenidas
en cuenta para su apropiado funcionamiento.

4. Al Departamento del Huila, financiar, o cofinanciar las obras que eventualmente sean
necesarias para garantizar la prestación efectiva y eficiente del servicio público de aseo,
en la actividad complementaria de disposición final de residuos sólidos, a los Municipios
de Pitalito, Isnos, Oporapa, Timaná, Acevedo, Saladoblanco, Elías, Palestina y San
Agustín, en cumplimiento de los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad
y complementariedad establecidos en el artículo 4 de la Ley 136 de 1994.

5. A la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito – EMPITALITO E.S.P.,
apoyar y brindar asesoría técnica al Municipio de Pitalito – Huila, en el cumplimiento de
las órdenes impartidas al ente territorial en la presente providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

CUARTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 29
de enero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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